Adherir a la conmemoración del cuadragésimo aniversario del día 24 de marzo de 1976, destacando la importancia de recordar dicha jornada en un contexto dotado de espíritu reflexivo, de introspección y de toma de conciencia sobre la historia reciente de nuestro país.

Señor presidente:

Se cumple este año el cuadragésimo aniversario del 24 de marzo de 1976, fecha dolorosa y trágica para nuestra historia nacional. No podemos dejar de recordar y reflexionar acerca de los sucesos ocurridos en aquella fecha que marcaron fuertemente la memoria colectiva, social e institucional de nuestro país.

Aquel día no fue uno más; las Fuerzas Armadas derrocaron a la entonces Presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón; una vez más se pisoteó nuestra Carta Magna y los ciudadanos quedamos bajo el poder de una cúpula militar que llegaba para desalojar a un gobierno democrático a través de un golpe de Estado.

Aquel golpe fue el último, pero no el único. Desde el 6 de Septiembre de 1930 nuestro país ha sufrido repetidas interrupciones del orden democrático. La supresión de los gobiernos elegidos por el pueblo, la represión de los conflictos que surgían entre distintos sectores sociales y la apelación a la violencia lamentablemente fue demasiado frecuente desde aquella fecha. Sin embargo, la dictadura que se inició en 1976 tuvo características inéditas, aquel Proceso de Reorganización Nacional, - como se autodenominó - no sólo violentó nuestra Constitución Nacional suprimiendo las instituciones democráticas y la división de poderes, sino que violó sistemáticamente en aquellos duros años, todo derecho o garantía.

Podemos sostener que ese 24 de marzo se instauró el terrorismo de Estado en nuestro país, la represión fue organizada de manera sistemática y dirigida por los más altos niveles de decisión militar. Los centros clandestinos de detención y tortura fueron multiplicándose en todo el territorio nacional y la pena de muerte fue implantada por la Junta Militar tanto de hecho como de derecho.

No cabe la menor duda que desde la usurpación de poder por parte de las Fuerzas Armadas en 1976 nuestro país sufrió unos de los procesos más oscuros de su historia, pero esa oscuridad no solo se plasmó en el ámbito institucional sino que ese sistema perverso fue guiado y conducido por una cúpula militar que además se caracterizó por la corrupción con la que manejó los asuntos de Estado.

A pesar del horror, la sociedad argentina empujó una salida democrática y eligió a Raúl Alfonsín para conducirla, en el convencimiento de que sólo en el ámbito de la ley y del respeto a la Constitución era posible consolidar una política de Estado superadora, capaz de lograr hechos históricos de justicia y de reparación.

Así fue como uno de los primeros actos del Gobierno surgido de la voluntad popular en 1983, fue la reforma del Código de Justicia Militar para permitir abrir la vía recursiva ante la Cámara Federal, órgano civil que enjuiciaría a las Juntas Militares y en ese marco también se creó el 15 de Diciembre de 1983 la "Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas", CONADEP, conformada por notables representantes de diversos espacios sociales y culturales, con el objetivo de investigar las graves violaciones a los derechos humanos durante el período del terrorismo de Estado sucedido entre 1976 y 1983.

Además y en sintonía con esta línea política, se tomaron numerosas medidas apuntadas a disuadir o sancionar cualquier intento futuro de violación a los derechos humanos: el envío al Congreso de un proyecto de ley que declaró como "inconstitucional" e "insanablemente nula" la ley de autoamnistía promulgada por el gobierno militar, la sanción de la ley 23.098 que extendió y precisó el recurso de hábeas corpus, dando incluso lugar a que se revise la razonabilidad de las detenciones que se produzcan aún durante el estado de sitio; la equiparación de la pena de la tortura con la del homicidio.

Los hechos citados, dieron muestra de compromiso con la legalidad y los derechos humanos en el ámbito interno, aunque también merecen destacarse la firma y/o ratificación de numerosos tratados de Derechos Humanos en el ámbito de los foros multilaterales : durante la primera etapa de la administración del Dr. Alfonsín, podemos mencionar, en el ámbito de la OEA, la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), cuyo texto recibió además ratificación parlamentaria el 1º de marzo de 1984 por medio de la ley 23.054; la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, firmada por Argentina en 1985, con ratificación parlamentaria en 1986 mediante la ley 23.338; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo aprobado por ley 23.313 en el año 1986, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, firmada por Argentina el 10 de Febrero de 1986 y aprobada por ley 23.652 en el año 1988.

A más de recordar los mencionados acontecimientos, sostenemos la necesidad de conmemorar el día 24 de marzo con un verdadero sentido de reflexión; contrariamente, a lo dispuesto en marzo de 2006 cuando por ley 26.085 el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner impulsó la incorporación del "Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia" en el calendario de feriados inamovibles, con el débil argumento que de esa manera un feriado más fomentaría el turismo local, haciendo oídos sordos a la fuerte oposición que se expresara en el momento de aquella votación, tanto en el recinto del H. Congreso como en boca de dirigentes de numerosos organismos de Derechos Humanos quienes sostuvieron la importancia de la reflexión y el espíritu conmemorativo de tal fecha. Solo recordando críticamente lo que nos sucedió podremos "hacer escuela" para que no nos vuelva a pasar.

Por lo expuesto, Sr Presidente es que solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución.