Expresar su más enérgico repudio y preocupación por la excusación realizada a través del Decreto 1006/2016 publicado en el Boletín Oficial, el día 13/09/16 por el Presidente de la Nación Mauricio Macri, para con su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, por las actuaciones ilegales relacionadas con la empresa SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETROLEO S.A. y con las empresas vinculadas a ésta.

Señor presidente:

El Poder Ejecutivo excusó al ministro de Energía y exCEO de la empresa Shell de “intervenir durante su gestión en todas las actuaciones que estén particularmente relacionadas” con esa petrolera. Con esta decisión, quien estará a cargo de todas las decisiones administrativas al respecto será el titular de la cartera de la Producción, Francisco Cabrera.

Al ver el desenvolvimiento de esta causa que preocupa a la Nación toda y observar cómo se maneja el Poder Ejecutivo Nacional con respecto a las incompatibilidades manifiestas de sus funcionarios, no nos queda otra alternativa más que manifestar nuestro absoluto rechazo a estas prácticas ocultistas y oscurantistas.

El decreto por el cual se pretende excusar a un funcionario cuestionado desde el primer minuto del gobierno de Mauricio Macri es un nuevo hito en el culto a lo sospechoso, a lo poco claro, a la falta de transparencia y a la falta de vergüenza. Más aún, siguiendo las directrices perfectamente marcadas por la titular de la Oficina de la Autoprotección, licenciada Laura Alonso.

No alcanza solamente con poner un precio nominal y vender las acciones de una empresa energética que se benefició con el hecho de tener a uno de sus máximos directivos siendo también la máxima autoridad en materia energética del gobierno nacional. Lo que comúnmente se dice: “cobrar de los dos lados del mostrador”.

Es menester recordar a las autoridades competentes, por si no han sido notificadas de tal situación, que la Justicia Federal está investigando al ministro Aranguren por incompatibilidad en el ejercicio de la función pública, en una causa que ya lo cuenta como imputado. La incompatibilidad mencionada precedentemente no se borra con el desprendimiento de un paquete accionario, ni con un decreto posterior del Presidente de la Nación. Se es incompatible o no se es incompatible para ejercer un cargo público. Y si se es incompatible, todas y cada una de las decisiones adoptadas por el ministro en su calidad de tal, son nulas de nulidad absoluta e insalvable.

Una de las facultades que tiene este ministro, sospechado y sospechoso, es la de intervenir en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para llamar a concurso y licitaciones, así como también contrataciones directas con motivo de las acciones vinculadas a su competencia. En este sentido, es evidente el conflicto de intereses respecto de su situación dado que es socio de SHELL, y esta compañía tiene participación activa en el mercado energético, cuya regulación está a su propio cargo.

Es preciso mencionar la tarea llevada adelante por la Oficina Anticorrupción, o de la Autoprotección, que dirige la licenciada Laura Alonso, la cual tardó módicos nueve meses en “darse cuenta” de estas irregularidades, y no sólo eso, sino que actúa como un socio protector, recomendando que hacer y qué no hacer a los funcionarios que ella misma debe investigar.

Debe ser por eso que el presidente Mauricio Macri, nombra a Laura Alonso al frente de esta oficina, mediante un decreto de necesidad y urgencia que claramente viola aspectos fundamentales de la ley que regula su funcionamiento. Tal vez el objetivo haya sido asegurar que tanto él, cómo sus CEO-Ministros jamás sean investigados.

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, el acompañamiento a este proyecto de resolución.