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ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORG.NO GUBERNAMENTALES

Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P03 Oficina 309

Jefe SR. BAREIRO HECTOR LUIS

Miércoles 9.00hs

Of. Administrativa: (054-11) 6075-2308/2309 Internos 2308/09/11

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PROYECTO DE LEY

Expediente: 4035-D-2015

Sumario: PROMOCION DE LA ECONOMIA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA. REGIMEN.

Fecha: 24/07/2015

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 92

Proyecto
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
CAPÍTULO I.- DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
ARTÍCULO 1º.- OBJETO
La presente ley tiene por objeto establecer un régimen de promoción para el conjunto de actividades desarrolladas en el marco de la Economía Popular, Social y Solidaria, instituyendo las bases de las políticas públicas orientadas a este sector de la economía y sin perjuicio de las normas particulares y locales, más favorables, que le sean aplicables.
ARTÍCULO 2º.- CONCEPTO DE ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
A los efectos de esta ley se denomina Economía Popular, Social y Solidaria al conjunto de las actividades económicas de producción, distribución, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios que, de conformidad con los principios enunciados en el artículo 3º y basadas en relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación, estén dirigidas a satisfacer necesidades y generar ingresos, privilegiando el trabajo humano y el desarrollo sustentable sobre la acumulación de capital.
ARTÍCULO 3º.- PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.- Primacía de la persona, del trabajo creador y productivo y de la finalidad de satisfacción de necesidades y reproducción de la vida humana por sobre la acumulación del capital.
2.- Promoción del asociativismo como forma de organización de la actividad económica. Gestión autónoma, transparente, democrática y participativa de los emprendimientos asociativos, que garantice la toma de decisiones en función de las personas, de su trabajo y del fin social de la actividad y no de la tenencia del capital.
3.- Sistemas de producción y consumo socialmente responsable, con cuidado de la calidad de las tecnologías, de los productos y servicios, de su impacto social y comunitario y de la relación con el ambiente.
4.- Aplicación equilibrada de los resultados económicos acorde al trabajo realizado, destinándola a la satisfacción de las necesidades de las trabajadoras y los trabajadores, sus familias y los grupos sociales a los que pertenecen y a la mejora de la actividad común.
5.- Impulso de la solidaridad interna y con la sociedad, que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la soberanía alimentaria, la igualdad de género, la inclusión social, la generación de trabajo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el desarrollo sustentable.
6.- Incentivo a la eliminación de todas las formas de apropiación del excedente del trabajo ajeno. Reducción de toda intermediación que implique una apropiación indebida del excedente del trabajo de las productoras y los productores en manos de terceros; así como de contratación de personal en relación de dependencia. La cantidad de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia nunca podrá ser superior a la cantidad de trabajadoras y trabajadores asociados.
ARTÍCULO 4º.- SUJETOS DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.- Los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria son aquellas personas físicas, entidades con personería jurídica y organizaciones colectivas sin personería jurídica que realizan actividades económicas y de promoción, conforme los principios y fines enunciados en la presente ley.
Algunas de las formas organizativas que han adoptado hasta la actualidad los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria son: Asociaciones Civiles, Cooperativas, Mutuales, Organizaciones Vecinales, Organizaciones de Microcrédito, Organizaciones Campesinas, Organizaciones de la Agricultura Familiar, Empresas Recuperadas, Trabajadores Autogestivos, Productores Individuales y Familiares, Mercados Asociativos, Medios de Comunicación Comunitaria, Agrupamientos de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, Organizaciones de Consumidores Responsables, Consorcios de Cooperación, Comercializadoras Solidarias, Organizaciones Solidarias, Organizaciones Indígenas y Ferias Populares entre otros. Esta enunciación es solamente ejemplificativa y no resulta taxativa o excluyente de muchas otras formas organizativas vigentes.
2.- Por la presente ley el Estado reconoce a las organizaciones colectivas de la Economía Popular, Social y Solidaria como sujetos de derecho, con respeto de sus propias formas de organización; y adecuará en cada caso las normas de autorización para funcionar como persona jurídica a fin de garantizar este reconocimiento conforme la realidad, necesidades y posibilidades de estos sujetos.
ARTÍCULO 5º.- GRUPO ASOCIATIVO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
Dos o más personas físicas podrán constituir una organización común, denominada Grupo Asociativo de la Economía Social, con la finalidad de facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica o de promoción de sus miembros, definidas o no al momento de su constitución, de acuerdo con los principios y fines enunciados en la presente ley.
El Grupo Asociativo de la Economía Social constituye una persona jurídica de carácter privado con plena capacidad para el desarrollo de sus actividades y podrá tener como principal finalidad una actividad lucrativa. En cuanto a sus formas de constitución y funcionamiento se regirá por la normativa prevista para las simples asociaciones (art. 187 del Código Civil y Comercial de la Nación), en todo aquello que no se oponga a esta ley. La Autoridad de Aplicación certificará, en forma gratuita, las firmas de los constituyentes cuando así le sea requerido.
Su forma de organización interna deberá regirse por principios democráticos y establecer procedimientos que aseguren la participación activa de sus miembros y la representación de las minorías. Su actividad económica o de promoción deberá adecuarse a los principios establecidos en el artículo 3º de esta ley.
ARTÍCULO 6º.- ASOCIACIÓN DE LOS SUJETOS DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
Los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria pueden constituir asociaciones para la promoción de sus derechos e intereses, según el tipo de sujeto, las características de la actividad o el ámbito territorial en que ésta se desarrolle. Las asociaciones pueden agruparse entre sí, formando entidades representativas de grado superior.
Estas asociaciones deben constituirse bajo principios democráticos y establecer procedimientos que aseguren la participación activa de sus miembros y la representación de las minorías.
El Estado debe promover y facilitar mediante acciones positivas la constitución de estas asociaciones, respetando sus propias formas de organización y su autonomía.
ARTÍCULO 7º.- DERECHOS DE LOS SUJETOS DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
Los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria, en cuanto tales, sean personas físicas, entidades jurídicas u organizaciones colectivas sin personería jurídica, tienen los siguientes derechos:
7.1.- Derecho a un régimen impositivo y tarifario de promoción de sus actividades.
7.1.1.- La totalidad de los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria serán considerados pequeños contribuyentes y podrán solicitar su inclusión en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (Monotributo Social) y permanecerán en él hasta tanto los ingresos brutos provenientes de sus actividades no superen el doble del límite establecido para la máxima categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
7.1.2.- Los Grupos Asociativos de la Economía Social serán considerados pequeños contribuyentes y podrán solicitar su inclusión en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (Monotributo Social) y permanecerán en él hasta tanto los ingresos brutos provenientes de sus actividades no superen el límite establecido para la máxima categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes multiplicado por la cantidad de asociados del Grupos Asociativos de la Economía Social.
7.1.3.- Adicionalmente a lo previsto en los apartados anteriores y con el fin de ampliar el régimen de promoción modifíquese del Anexo de la Ley 24.977, texto sustituido por la Ley 26.565, el último párrafo del art. 11, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social que quede encuadrado hasta la Categoría D, tampoco deberá ingresar el impuesto integrado"; y el último párrafo del art. 39, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, que quede encuadrado hasta la Categoría D, estará exento de ingresar el aporte mensual establecido en el inciso a). Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) los ingresará con una disminución del cincuenta por ciento (50%)."
7.1.4.- En ningún caso será motivo de exclusión de los regímenes especiales establecidos en los apartados anteriores la realización de más de una actividad por parte del sujeto individual o colectivo comprendido en el régimen.
7.1.5.- Los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria deberán informar anualmente a la Autoridad de Aplicación de la presente ley, en los términos que establezca la reglamentación, su adecuación a los parámetros del régimen de promoción establecido en este artículo, quedando exceptuados de cualquier otra obligación de informar en virtud de sus propias características y del carácter promocional de este régimen. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para brindar dicha información a los restantes organismos del Estado Nacional que la requieran en función de sus facultades de control.
7.1.6.- La incorporación de los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (Monotributo Social) no implicará al pérdida de los beneficios provenientes de planes sociales hasta tanto no superen del límite establecido para la cuarta categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
7.1.7.- La totalidad de los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria quedarán eximidos del impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria. A tales fines incorpórese como inc. d) del art. 2 de la ley 25.413, el siguiente texto: d) Los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria.
7.1.8.- Las empresas prestatarias de servicios públicos -ya sean de propiedad privada o estatal- deberán establecer un régimen tarifario para los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria que no podrá ser más oneroso que las tarifas sociales o comunitarias para usuarios no residenciales.
7.2.- Derecho a gozar de la protección del sistema de seguridad social, sean trabajadoras o trabajadores con o sin remuneración de las distintas actividades de la Economía Popular, Social y Solidaria, de modo que se garantice el acceso universal a los beneficios del sistema.
7.2.1.- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá a su cargo diseñar un sistema de cobertura de riesgos del trabajo y de enfermedades y accidentes inculpables para las trabajadoras y los trabajadores de la Economía Popular, Social y Solidaria que complemente las prestaciones brindadas por el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
7.2.2.- El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tendrá a su cargo diseñar un sistema de asistencia y apoyo a la vida familiar de las mujeres trabajadoras de la Economía Popular, Social y Solidaria que garantice las condiciones para el desarrollo de su actividad económica.
7.2.3.- Toda persona mayor de 18 años en condiciones de desempeño real y efectivo que realice tareas vinculadas con la promoción y el desarrollo de la persona humana en organizaciones sin fines de lucro, a través de organizaciones libres del pueblo, sociales y/o comunitarias; asociaciones civiles; fundaciones relacionadas con la atención de individuos, grupos y/o comunidades en situación de vulnerabilidad social, económica y/o cultural que tengan celebrados convenios con el Estado será denominado/a "Trabajador/a Socio comunitario/a".
Los/as Trabajadores/as Sociocomunitarios/as percibirán un salario, el cual será abonado por la organización sociocomunitaria para la que presten servicios. El Estado subsidiará a dicha organización la totalidad de los importes necesarios para el pago de los haberes de los trabajadores/as sociocomunitarios/as, incluyendo los aportes y contribuciones al sistema de la Seguridad Social.
El Poder Ejecutivo reglamentará el presente régimen, debiendo garantizar que la retribución sea equivalente al salario percibido por trabajadores/as con tareas análogas contempladas en los distintos regímenes estatutarios de los empleados del Estado.
7.3.- Derecho al acceso a las fuentes de financiamiento reembolsable o no reembolsable que el Estado establezca, con el objeto de adquirir la propiedad de los medios de producción o de la tierra, para la promoción de las actividades productivas y/o comerciales que desarrollen y/o para la producción social del hábitat.
A tales fines modifíquese el art. 2 de la ley 26117 que quedará redactado de la siguiente manera:
"ARTICULO 2º - A los efectos de esta ley se entenderá por:
Microcrédito: Aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la Economía Popular, Social y Solidaria, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los QUINCE (15) salarios mínimos, vitales y móviles.
Destinatarios de los Microcréditos: Las personas físicas o grupos asociativos, que se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de Economía Popular Social y Solidaria Social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen los cincuenta (50) salarios mínimos, vitales y móviles por puesto de trabajo.
Serán también destinatarios de los Microcréditos las personas físicas o grupos asociativos que se organicen en torno a la producción social de hábitat popular.
Serán consideradas Instituciones de Microcrédito las asociaciones sin fines de lucro: asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la Economía Popular, Social y Solidaria.
7.4.- Derecho a la constitución de entidades propias de ahorro y préstamo.
7.5.- Derecho al acceso a espacios de producción y comercialización propios de la Economía Popular, Social y Solidaria que garanticen el acceso al mercado interno y al consumo popular.
El Estado Nacional promoverá la creación de Mercados Populares y Solidarios que constituyan tramas de valor para la Economía Popular, Social y Solidaria e impulsará su desarrollo a nivel provincial y municipal.
A tales fines las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán presentar ante la Autoridad de Aplicación creada por esta ley un Programa de Creación de Mercados Populares y Solidarios que tengan como mínimos las siguientes condiciones:
a) Constitución de una entidad jurídica pública y autárquica, administrada por representantes de la Autoridad de Aplicación de la presente ley, de la autoridad local impulsora del Programa de Creación de Mercados Populares y Solidarios y representantes de los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria de dicha provincia, municipio o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Identificación de los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria involucrados en el Programa de Creación de Mercados Populares y Solidarios y los requisitos de adhesión de otros sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria que deseen hacerlo en el futuro.
c) Asignación de uno o varios espacios físicos para la creación de los Mercados Populares y Solidarios adecuados para la producción, almacenamiento y comercialización, con instalaciones sanitarias y condiciones de habilitación de acuerdo a la normativa local donde se desarrolle. La titularidad de dichos espacios podrá adoptar la forma jurídica que mejor garantice el desarrollo de la actividad productiva y comercial de los sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria y nunca podrá convertirse en una carga que ponga en riesgo la continuidad del emprendimiento o de su participación en el Mercado Popular y Solidario.
d) Diseño de un reglamento -que deberá ser acorde a los principios de esta ley- estableciendo formas de incorporación, sistema de toma de decisiones, contribuciones económicas, días y horarios de funcionamiento y todo aquello concerniente al funcionamiento de los Mercados Populares y Solidarios.
e) Creación de mecanismos de acompañamiento y monitoreo de las actividades de los Mercados Populares y Solidarios, que permitan suministrar información a la Autoridad de Aplicación de la presente ley, a la autoridad local competente y a la comunidad, para la creación y aplicación de políticas públicas de apoyo y promoción acordes a las necesidades de cada Mercado Popular y Solidario.
El Estado Nacional asignará de manera prioritaria para la creación de Mercados Populares y Solidarios aquellos inmuebles de dominio privado del Estado que no estén afectados a otra política pública al momento de sanción de esta ley.
El Estado Nacional declara de interés público a las organizaciones de consumidores de productos de la Economía Popular, Social y Solidaria y desarrollará políticas públicas de promoción y financiamiento para dicho actor reconocido como sujeto de la Economía Popular, Social y Solidaria.
7.6.- Derecho a participar de manera privilegiada en los procesos de compra de bienes o contratación de servicios por parte del Estado, sus entes descentralizados, empresas en las que participe y entidades no estatales que subvencione.
El Estado Nacional promoverá en los procesos de compra de bienes o contratación de servicios por parte del Estado, sus entes descentralizados, empresas en las que participe y entidades no estatales que subvencione para su provisión de bienes y servicios una política que priorice a los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria incorporando desde un 5% (cinco por ciento) de sus adquisiciones anuales. A los fines de estas adquisiciones el Estado Nacional podrá adquirir bienes y servicios a través de contratación directa, previa verificación de la inscripción de los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria en el registro previsto por esta ley.
7.7.- Derecho a un sistema regulatorio de sus actividades que, sin descuidar los bienes públicos tutelados, contemple las particularidades y las condiciones de vida y de producción de los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria.
A tales fines la Comisión Interministerial de la Economía Popular, Social y Solidaria prevista en esta ley deberá dictar las normas necesarias para el adecuamiento de las exigencias regulatorias a las particularidades y las condiciones de vida y de producción de los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria.
7.8.- Derecho al acceso a la capacitación, formación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías, adecuadas a las condiciones y necesidades de las distintas actividades de la Economía Popular, Social y Solidaria, y orientadas tanto a los procesos productivos como a los organizativos y de gestión.
7.9.- Derecho al respeto a la diversidad de formas transaccionales no dinerarias y su inclusión en el marco de la legalidad.
7.10.- Derecho a un sistema de difusión y gestión de los beneficios que establezca a su favor el Estado, de modo tal que esté garantizado el acceso y permanencia, sin cargas incompatibles con sus capacidades y particularidades.
7.11.- Derecho a la difusión y divulgación de los valores de la Economía Popular, Social y Solidaria, mediante el acceso a los medios convencionales y alternativos de comunicación social y a su inclusión en las currículas educativas formales y no formales.
El Estado Nacional promoverá la incorporación en la currícula educativa de todos los niveles de los principios y valores de la Economía Popular, Social y Solidaria y su importancia como sector socioeconómico integrado en una economía plural.
7.12.- Derecho a participar activamente en las políticas públicas y de las asignaciones presupuestarias orientadas a la promoción y desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria.
CAPÍTULO II.- DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
ARTÍCULO 8º.- PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
El Estado debe orientar las políticas públicas para la Economía Popular, Social y Solidaria observando los siguientes principios básicos:
1.- La Economía Popular, Social y Solidaria se considera de interés público para la consecución del desarrollo sustentable con inclusión social.
2.- El Estado es responsable de generar las políticas públicas que garanticen a los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 7º.
3.- Participación: El Estado es responsable de asegurar y promover la participación de los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria, por sí o a través de sus asociaciones, en el diseño y ejecución de las políticas públicas que los comprenden.
4.- Respeto de la diversidad: Las políticas públicas de la Economía Popular, Social y Solidaria, en su diseño y ejecución, deben respetar las particularidades de los sujetos que la integran, garantizando el reconocimiento y reproducción de sus saberes y valores.
5.- Prioridad de los recursos: Las políticas públicas deben orientar sus recursos de manera prioritaria a las unidades domésticas, familiares o comunitarias, rurales o urbanas, que realizan su trabajo principalmente para el autoconsumo, y a los microemprendimientos familiares o asociados que están organizados para la producción y la venta en el mercado, sobre todo hacia aquellas familias o grupos que estén en situaciones de vulnerabilidad social.
6.- Integralidad: Orientadas a lo económico, siempre deben considerar aspectos tales como la inclusión social, la igualdad de género, la lucha contra el trabajo infantil, el desarrollo local ambientalmente sustentable, la producción social del hábitat, la soberanía alimentaria, la distribución de la tierra y el acceso responsable a los recursos naturales.
7.- Transversalidad: Su diseño e implementación debe concernir y comprometer a todas los áreas del Estado relacionadas con la Economía Popular, Social y Solidaria, procurándose una actuación coordinada y complementaria, de conformidad con los objetivos establecidos en el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria que se crea por esta ley.
8.- Territorialidad: Su diseño e implementación debe considerar la diversidad regional o local de las experiencias de la Economía Popular, Social y Solidaria, articulando, con criterio federal, las políticas públicas nacionales con las provinciales y municipales y con los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria de cada territorio.
9.- Progresividad: Las políticas públicas que se estén ejecutando al tiempo de la entrada en vigencia de la presente ley no pueden ser eliminadas ni reducidas o limitadas en su desarrollo. Pueden ser ampliadas o complementadas con nuevas políticas, programas y acciones, según establezca el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria que se crea por esta Ley.
ARTÍCULO 9º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN
La Autoridad de Aplicación de la presente ley es la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
ARTÍCULO 10º.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN.
La Autoridad de Aplicación es el órgano rector de la política nacional para la Economía Popular, Social y Solidaria y es responsable de asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 7º y de la aplicación de los principios del artículo 8º de la presente ley.
Tiene las siguientes atribuciones y funciones, sin perjuicio de otras no enunciadas y que sean inherentes al cumplimiento de sus fines:
1.- Ejercer las presidencias del Consejo Federal y de la Comisión Interministerial de la Economía Popular, Social y Solidaria, que se crean en los artículos 12° y 14° respectivamente y en tal carácter debe procurar el eficaz funcionamiento de estos organismos.
2.- Coordinar la aplicación en todo el territorio nacional de las acciones de política pública establecidas en el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria con los otros organismos del Estado Nacional con competencias específicas o relacionadas con el sector, y con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria, respetando el ámbito de aplicación propio de las políticas, programas y acciones locales.
3.- Administrar el Fondo Nacional para la Economía Popular, Social y Solidaria en forma articulada con las autoridades de aplicación y los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria, asegurando que los proyectos de desarrollo de actividades del sector que sean elegidos para su financiación sean congruentes con el objetivo de desarrollo sustentable con integración social, teniendo en cuenta el crecimiento equilibrado de las diferentes economías regionales.
ARTÍCULO 11º.- SISTEMA FEDERAL DE INFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
La Autoridad de Aplicación es responsable de la creación y organización de un sistema federal de información que integre, articule y complemente los distintos registros y bases de datos relacionados con la Economía Popular, Social y Solidaria, nacionales, provinciales y locales que se denominará Registro Único de la Economía Popular, Social y Solidaria.
La inclusión de las personas físicas, entidades con personería jurídica y organizaciones colectivas sin personería jurídica en el Registro Único de la Economía Popular, Social y Solidaria, conforme las condiciones establecidas en el artículo 4º de esta ley implicará el reconocimiento de la condición de Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria.
ARTÍCULO 12º.- CONSEJO FEDERAL DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.- Créase el Consejo Federal de la Economía Popular, Social y Solidaria, órgano colegiado que tendrá a su cargo la elaboración de las políticas públicas del sector de alcance nacional.
2.- Está integrado por un (1) representante de la Autoridad de Aplicación, que lo preside; un (1) representante de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sean los funcionarios titulares de los máximos organismos locales con competencia en la materia; y por ocho (8) representantes de las entidades representativas de los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria, buscándose asegurar una representación equitativa de todas las regiones del país.
3.- Sus integrantes duran en su representación cuatro años y pueden ser designados nuevamente.
4.- Debe reunirse por lo menos cuatro veces por año y cuando la Autoridad de Aplicación lo convoque.
5.- Las decisiones del Consejo Federal de la Economía Popular, Social y Solidaria serán vinculantes para la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 13º.- ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL CONSEJO FEDERAL DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
Son atribuciones del Consejo Federal de la Economía Popular, Social y Solidaria, sin perjuicio de aquellas que no están enunciadas y que sean inherentes a sus fines:
1.- Dictar su propio reglamento de funcionamiento.
2.- Elaborar el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria, según lo establece esta ley.
3.- Asesorar a la Autoridad de Aplicación, a las autoridades de aplicación y a las entidades locales en la organización, coordinación, promoción, difusión y aplicación de las políticas públicas nacionales en las diferentes regiones, provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.- Promover, participar y asesorar en la elaboración de proyectos de leyes, reglamentaciones u otras normas legales relacionadas con el sector.
5.- Convocar a organizaciones no gubernamentales, institutos de investigación y especialistas de reconocida trayectoria en el sector, a académicos y representantes de establecimientos terciarios o universidades, que tengan carreras específicas o relacionadas con la Economía Popular, Social y Solidaria a participar en consulta para la elaboración de las políticas públicas, quienes podrán asistir a las sesiones del Consejo Federal con voz, sin derecho a voto.
6.- Convocar en consulta a la Comisión Interministerial de la Economía Popular, Social y Solidaria para la elaboración o aplicación de normas legales o programas de política pública.
7.- Producir estudios, investigaciones, informes y estadísticas que den cuenta del estado del sector. A tal efecto puede crear órganos internos de carácter permanente dedicados de manera exclusiva a estas actividades.
8.- Conformar un observatorio permanente de la creación, implementación y cumplimiento de las normas legales y políticas públicas del sector en todo el territorio nacional.
9.- Convocar anualmente a una Conferencia Nacional de la Economía Popular, Social y Solidaria en que se reúnan todos los actores públicos y de la comunidad organizada para discutir las problemáticas del sector y definir sus rumbos. Ante esta Conferencia Nacional la Autoridad de Aplicación deberá presentar un balance anual de su gestión.
ARTICULO 14º.- COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.- Créase la Comisión Interministerial de la Economía Popular, Social y Solidaria, que tiene por objeto coordinar y asegurar la aplicación de las políticas públicas del sector en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo y de los organismos autárquicos.
2.- Está integrada por los funcionarios ministeriales de rango no inferior a subsecretario y por los titulares de los organismos autárquicos que tengan competencias o programas de política pública específicos o relacionados con la Economía Popular, Social y Solidaria.
3.- Debe conocer, coordinar y resolver la aplicación de las políticas públicas del sector en el ámbito del Poder Ejecutivo, en procura de la eficiencia de las acciones correspondientes, evitando superposiciones u omisiones.
4.- Participa de la elaboración del Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria a convocatoria del Consejo Federal.
ARTÍCULO 15º.- PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.- Créase el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria, cuya elaboración corresponde al Consejo Federal de la Economía Popular, Social y Solidaria y su implementación a la Autoridad de Aplicación, según sus respectivas competencias.
2.- El Programa Nacional establece las políticas públicas que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en el artículo 7º, de conformidad con los principios orientadores del artículo 8º, con objetivos y metas concretas, y puede proponer proyectos de normas legales que establezcan regímenes específicos.
3.- La Autoridad de Aplicación, con el asesoramiento del Consejo Federal, debe presentar el Programa Nacional de manera pública y difundirlo por internet.
4.- La Autoridad de Aplicación debe presentar un informe anual que dé cuenta de su implementación y resultados ante las comisiones permanentes con incumbencia de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación con competencia en la materia. El informe será público y difundido por internet.
ARTÍCULO 16º.- FONDO NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
1.- Créase el Fondo Nacional para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria a fin de financiar el Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria.
2.- El destino fundamental del Fondo Nacional para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria será la ejecución de proyectos que presenten los Sujetos de la Economía Popular, Social y Solidaria en todo el territorio nacional, en el marco del Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria.
3.- En el Presupuesto Anual de la Administración Nacional deben incorporarse los rubros específicos de recursos, así como las partidas de erogaciones correspondientes.
4.- El Fondo Nacional para la Promoción y el Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria estará integrado además por:
a.- Otras asignaciones de recursos que fije anualmente la ley de Presupuesto o leyes especiales.
b.- Los aportes o transferencias provenientes del Estado nacional y de sus organismos autárquicos y/o descentralizados.
c.- El producido de las operaciones realizadas con recursos del Fondo, así como los resultados por reintegros, intereses y sus accesorios, de préstamos que se acuerden de conformidad al Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria y cualquier otro ingreso derivado de las actividades de la Autoridad de Aplicación.
d.- El importe que resulte del 2% de los ingresos de la Lotería Nacional.
e.- Los provenientes de legados, donaciones o cualquier otro tipo de liberalidades.
f.- Fondos provenientes de otras entidades públicas o privadas.
ARTÍCULO 17º.- REGLAMENTACIÓN
La presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días contados a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 18º.- INVITACIÓN A LAS PROVINCIAS Y A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar las normas legales que resulten necesarias para la aplicación de las políticas públicas previstas en la presente ley, con especial énfasis en el reconocimiento de los derechos establecidos en el artículo 7º, generando regímenes de exención impositiva, como así también a la creación de fondos provinciales y municipales de promoción y desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria destinados a los mismos fines previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 19º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Este proyecto surge del resultado del trabajo y el debate de un sujeto social que en los últimos años se ha organizado, conformando un colectivo del conjunto de actividades desarrolladas en el marco de la Economía Popular, Social y Solidaria representado por Asociaciones Civiles, Cooperativas, Mutuales, Organizaciones Vecinales, Organizaciones de Microcrédito, Organizaciones Campesinas, Organizaciones de la Agricultura Familiar, Empresas Recuperadas, Trabajadores Autogestivos, Productores Individuales y Familiares, Mercados Asociativos, Medios de Comunicación Comunitaria, Agrupamientos de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, Organizaciones de Consumidores Responsables, Consorcios de Cooperación, Comercializadoras Solidarias, Organizaciones Solidarias, Organizaciones Indígenas y Ferias Populares entre otros.
Estas organizaciones con sus singularidades y experiencias se reconocen como entidades de y para el desarrollo de la Economía Social Solidaria y Popular. Que por convicción desarrollaron la herramienta del microcrédito en el marco de las Políticas Publicas Integrales llevadas adelante por un Estado presente que en sus distintos estamentos promueve la inclusión y la ampliación de derechos económicos y sociales del pueblo. Estas organizaciones se entienden así mismas como las participes activos de las transformaciones hacia una sociedad más justa e integrada.
Como colectivo están transitando este proceso de reconstrucción social, desde un nuevo paradigma económico y político, que promueve la producción nacional y la restitución de derechos, junto a un Estado presente, activo y promotor.
Estas organizaciones fueron y siguen siendo las que están dando una batalla cultural contra concepciones individualistas y egoístas de la vida, que privilegia el éxito personal por sobre el desarrollo colectivo.
Desde sus acciones y tareas quieren poner en cuestión el discurso hegemónico de "lo posible" que corta las alas de los ideales y de los sueños y oculta la politización de uno de los temas en lo que lo político tiene un carácter central: el tema del desarrollo.
Estos son los actores claves para promover el Desarrollo local con inclusión y han sido parte de los cambios profundos de las políticas sociales que se expresaron desde el 2003, como por ejemplo el Plan de Desarrollo Local y Economía Social "Manos a la Obra", principalmente están fuertemente involucrados con la aplicación de la Ley Nº 26.117 de "Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social". Desde la conformación de la Comisión Nacional de Microcréditos (CO.NA.MI)
En este marco y con estas premisas nace este proyecto de esta comunidad organizada promoviendo espacios en todo el país para:
El Fortalecimiento y financiamiento: de las distintas experiencias existentes y proyectos de comunidades y personas que son parte de la Economía Social Solidaria y Popular.
De Capacitación: En aspectos productivos, de gestión administrativas, en planificación participativa y estratégica, en competencias básicas laborales, etc.
De Adecuación y creación de nuevas normativas: En todos los niveles del Estado queremos incidir para promover la adecuación de las normativas a la situación del sector de la economía social para que contribuyan a impulsar su desarrollo y se continúen restituyendo los derechos de inclusión en el sistema de seguridad social.
De Asistencia Técnica: En aspectos vinculados con los procesos productivos, la estructura de costos y formación de precios, la comercialización, la administración, aspectos contables e impositivos y legales, etc.
De Comercialización e intercambio: Para la apertura de nuevos canales de comercialización, Consumo responsable, Formas asociativas de comercialización. Ferias. Sistemas virtuales de comercialización, Sistemas colectivos de adquisición de insumos de producción, etc.
Las organizaciones de la Economía Social Solidaria y Popular creen que la herramienta del crédito, en el marco de la ley 26.117 puede seguir creciendo y mejorando, generando nuevas líneas y modos específicos de financiamiento, constituyendo una poderosa herramienta que se vigoriza cuanto más se ajusta a la necesidad de los emprendedores.
Este proyecto de ley que fue construyéndose en conjunto entre el Estado y diferentes organizaciones populares en la problemática de la economía solidaria, principalmente con la herramienta del micro crédito a permitido visibilizar un potencial organizativo en temas como el hábitat y ambiente, las reivindicaciones de género, la educación popular y la inclusión de trabajadores migrantes como emprendedores de la ESS.
Creyendo firmemente en la necesidad de avanzar en la sanción de esta ley de Economía Popular, Social y Solidaria que promueve integralmente al sector contemplando la heterogeneidad de formas organizativas que se dan a su interior y que en el marco de una economía plural que lo fortalezca con políticas públicas de desarrollo inclusivo, es por lo que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto positivo al presente proyecto de ley DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR, SOCIAL Y SOLIDARIA
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
HARISPE, GASTON BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
ISA, EVITA NELIDA SALTA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
VILARIÑO, JOSE ANTONIO SALTA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
SIMONCINI, SILVIA ROSA SANTA FE FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
AVOSCAN, HERMAN HORACIO RIO NEGRO FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
GROSSO, LEONARDO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
ROMERO, OSCAR ALBERTO BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
SEGARRA, ADELA ROSA BUENOS AIRES FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORG.NO GUBERNAMENTALES (Primera Competencia)
COMERCIO
PRESUPUESTO Y HACIENDA