Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, en forma excepcional a las exigencias de la Ley 26.509, declare el estado de emergencia y desastre agropecuario previsto en esa normativa, para las provincias afectadas por las inundaciones producidas en el curso del año 2015, e implemente en forma urgente, y a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, todas las medidas paliativas y de asistencia allí previstas.

Señor presidente:

El presente proyecto es reproducción del iniciado el año pasado, registrado bajo número 0733-D- 2015, sin que llegara a considerarse en tiempo oportuno, pero dado que las circunstancias que lo justificaban aún hoy están presentes, volvemos a presentarlo.

No escaparán a la memoria de los Sres. Diputados las graves inundaciones que padecieron varias provincias del centro del país en los primeros meses del año 2015.

Los daños que produjeron y sus secuelas fueron gravísimos y de todo tipo: habitacionales, sanitarios, económicos, escolares, hídricos, sociales en general, y productivos. Frente a ello, y por su carácter excepcional, el Estado Nacional debe acudir a su auxilio.

Contamos con la Ley 26.509, que crea el Sistema Nacional para la prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios, que podría cubrir una parte de la problemática planteada, ya que se aplica "cuando factores de origen climático, meteorológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades agropecuarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales".

Para ello requiere la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada, "con delimitación del área territorial", habilitándose así el uso de los fondos con que cuenta el Sistema.

Las inundaciones de febrero de 2015 han arrasado sembradíos completos y tambos con todos sus animales, dañado todo tipo de emprendimiento de ganadería, cría de cerdos y caprinos, arruinado maquinarias y cercos, todo lo cual genera un daño inmediato, más una pérdida que al tiempo dificultará el pago de impuestos y demás insumos para sostener la línea productiva, situación que a la fecha no se ha superado.

El procedimiento que prevé la norma es que: a) los gobiernos provinciales declaren la emergencia agropecuaria -o zona de desastre- (art. 6°), b) adopten ellos mismos medidas similares (art. 8° in fine), c) pidan igual decisión a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (art. 6° in fine) y d) que, frente a ese pedido de la Comisión, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca gestione igual declaración del PEN (art. 9°). Recién ahí, una vez declarada, aquella dependencia puede asignar o reasignar recursos de distintos tipo, gestionar ante la Jefatura de Gabinete otros fondos, asistir desde todo punto de vista a los damnificados y coordinar las acciones que correspondan con los productores agropecuarios.

Este procedimiento resulta francamente incompatible con las urgencias de los productores. Prueba de ello era la cita que hicimos en el proyecto presentado el año pasado: la resolución de la Secretaría N° 44/2015, del 4 de marzo de 2015 resuelve la declaración de emergencia respecto de hechos sucedidos casi un año antes.

Lamentablemente si todo este camino se hubiera recorrido a partir de los hechos, y de acuerdo a esos tiempos, tal vez hoy tendríamos el apoyo para toda esa gente que perdió el trabajo de toda una vida.

Como esto no sucedió, encontramos justificado el objetivo del presente proyecto, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, de manera excepcional obvie, sino todos, por lo menos algunos de estos pasos, para que quede expedita la aplicación de la Ley, y así poder acudir en auxilio de nuestra gente a la brevedad posible.

Invito a los Señores Legisladores a acompañar esta iniciativa.