Expresar profunda preocupación por la carencia de un sistema de información oficial que centralice y consolide información actualizada sobre el uso de agroquímicos en el país.

Señor presidente:

La sanción en 2016 de la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios Nº 27.279 nos colocó nuevamente ante la realidad de tener que analizar situaciones sin contar con información oficial. En efecto, no es posible todavía hoy acceder a información sobre el uso de agroquímicos en el país, lo que constituye sin duda una situación que debe sanearse con urgencia. Para ese momento, debimos recurrir a la información sistematizada por empresas y asociaciones del sector, a fin de construir un cuadro de situación que no llegó al mínimo esperable para un análisis completo y coherente, y que claramente no pudo ser contrastado con información pública.

La realidad es que, para que las decisiones de políticas públicas resulten fundadas, transparentes y apropiadas para el contexto y la necesidad que se intenta zanjar, es preciso contar con información cierta, actualizada y completa.

Ya en 2010, el Informe "Niñez y Riesgo Ambiental en Argentina" elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación con el apoyo de las Naciones Unidas, puso de relieve la carencia apuntada, señalando que no es posible saber qué agroquímicos se aplican, cuánto, cuándo y cómo. Del Informe citado surge que ni el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ni el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) poseen esta información.

Ya la Ley General del Ambiente Nº 25.675 reconoce al diagnóstico y la información ambiental como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental, y específicamente dispone que “la autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambiental disponible; y que también “deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).”

Es decir que en el marco de esta norma de presupuestos mínimos de protección ambiental, existe ya la obligación de generar información ambiental, centralizarla y administrarla. Esta ley obliga a las autoridades a “informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas”, y al Poder Ejecutivo, a elaborar un informe anual sobre la situación ambiental del país, que debe ser presentado al Congreso de la Nación.

Si bien la obligación del Estado de generar información es distinta a la de garantizar su acceso, es pertinente señalar que la recientemente sancionada Ley Nº 27.275 de Acceso a la Información Pública prevé la denominada Transparencia Activa que obliga a la administración pública “a facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de terceros.”

Por su parte, ya en 2004 la Ley Nº 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental estableció que debía centralizarse y difundirse la información ambiental generada en las distintas jurisdicciones, con el fin de facilitar el acceso a la misma.

En definitiva, no contamos a la fecha con información oficial sobre el uso de agroquímicos, en un contexto de aumento de la productividad agrícola que lógicamente ha implicado el incremento del consumo de agroquímicos. Mientras en 1991 se utilizaron 39,3 millones de Kg/l, en 2012 fueron 317,17 millones de Kg/l, incluyéndose acaricidas, curasemillas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, y otros, según la información que surge del sector privado (CASAFE).

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta las características de las sustancias involucradas y los potenciales impactos ambientales y sobre la salud como así también nuestro deber de basar las decisiones públicas en información veraz, completa y actualizada, solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.