Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 99, inciso 2° de la Constitución Nacional, proceda a la inmediata reglamentación de la Ley N° 27.118 denominada “De reparación histórica de la agricultura familiar”, que fuera sancionada el 17 de diciembre de 2014.

Señor presidente:

La Ley N° 27.118 declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena, por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo argentino, y también por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.

También prevé la creación de un Régimen de Reparación Histórica de la agricultura familiar con la finalidad de aumentar la productividad y, a la vez, de proteger a un sujeto esencial de un sistema productivo sustentable como son los agricultores familiares. Este tipo de actividad tiene una importancia productiva no menor, ya que representa un alto porcentaje del PBI de nuestro sector agropecuario, pero también conlleva un valor agregado, que es la promoción del desarrollo humano y económico de las familias y trabajadores del medio rural, ligado asimismo a la radicación de éstas en dicho entorno y evitando la migración masiva hacia los grandes centros urbanos.

Otro punto central de la ley, y que está relacionado con el permanente reclamo de mayor federalismo en nuestro país, es lo que se establece como segundo objetivo de la misma: “Corregir disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones con mayor atraso, mediante una acción integral del Poder Ejecutivo nacional que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo real sustentable”.

Del mismo modo, a través de la mencionada ley, se busca contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de la nación y fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales.

Vale recordar que esta ley fue sancionada por unanimidad del Congreso Nacional en diciembre de 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015, pero aún sigue sin ser reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional.

En ese sentido, la demora en la reglamentación de la citada norma de reparación, está causando graves perjuicios para estos pequeños productores, muchos de los cuales han tenido que soportar inundaciones en el Litoral o sequías en el norte del país. Incluso, este retraso podría dejar a la Secretaría de Agricultura Familiar y a un número aproximado de 500.000 familias de agricultores familiares sin presupuesto propio para el 2017.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.