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AGRICULTURA Y GANADERIA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P01 Oficina 104
Secretario Administrativo SR. DARRE JUAN AGUSTIN
Martes 17.30hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2103 Internos 2103/04
cayganaderia@hcdn.gob.ar
- ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Reunión del día 09/11/2010
- -
- AGRICULTURA Y GANADERIA
Reunión del día 16/10/2018
- SEMILLAS CON INVITADOS
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de noviembre de 2010, a la hora 14 y 4:
SR. PRESIDENTE MORANTE Buenas tardes. Lamentablemente estamos sin el número necesario de diputados para empezar la reunión, y ya pasó la media hora de tolerancia.
De todos modos, quiero comentarles brevemente un pedido que recibimos. El señor diputado Macaluse me llamó hace unos instantes para decirme que se encuentra presente una comisión de vecinos del conurbano, que quieren plantearnos una inquietud, y decidimos escucharlos la semana que viene, antes de la reunión de la comisión. De todas maneras, nos van a dejar una documentación.
De todos modos, quiero comentarles brevemente un pedido que recibimos. El señor diputado Macaluse me llamó hace unos instantes para decirme que se encuentra presente una comisión de vecinos del conurbano, que quieren plantearnos una inquietud, y decidimos escucharlos la semana que viene, antes de la reunión de la comisión. De todas maneras, nos van a dejar una documentación.
SRA. BIANCHI Discúlpeme, señor presidente. Entonces, ¿levantamos la reunión de comisión o esperamos?
SR. PRESIDENTE MORANTE ¿Cuántos somos exactamente?
SRA. SECRETARIA Son once señores diputados.
SR. PRESIDENTE MORANTE Entonces, esperamos.
SR. MACALUSE Si quieren, mientras esperamos, vamos escuchando a la representante de esta delegación de vecinos.
Agradezco al señor presidente y le pido disculpas, porque sobre el inicio de la reunión de la comisión, vinieron a vernos organizaciones de vecinos que están afectados en su salud o en la de sus familiares por la colocación de antenas de telefonía alrededor de sus casas.
Ellos han acercado una iniciativa, pero quisieran que en lugar de que fuera tomada por un diputado o un grupo de diputados, o incluso por un bloque, pudiera ser analizada por toda la comisión en general, a efectos de ver si es posible convertirla en un proyecto de ley.
Obviamente hoy está previsto tratar el tema relativo a fertilización asistida, pero la idea es que, cuando el señor presidente lo estime oportuno, analicemos esta iniciativa que ahora se presenta, al menos para escuchar a los vecinos que se han acercado hoy aquí, así como a un grupo de profesionales y académicos que han venido haciendo un seguimiento comparativo de la legislación que existe en otros países y de los peligros que estos elementos entrañan para la salud. Incluso nos señalan que habiendo antenas muy cercanas al lugar donde pasamos entre diez y doce horas diarias, también nosotros estaríamos en riesgo.
Ellos han querido venir a esta comisión a manifestarnos su preocupación, y a ver si, por intermedio de los asesores, nos podemos poner de acuerdo en un buen proyecto que podamos impulsar juntos.
Solicito entonces autorización para que, mientras vamos alcanzando el quórum necesario para sesionar, pueda hablar uno de los vecinos que se ha hecho presente.
Agradezco al señor presidente y le pido disculpas, porque sobre el inicio de la reunión de la comisión, vinieron a vernos organizaciones de vecinos que están afectados en su salud o en la de sus familiares por la colocación de antenas de telefonía alrededor de sus casas.
Ellos han acercado una iniciativa, pero quisieran que en lugar de que fuera tomada por un diputado o un grupo de diputados, o incluso por un bloque, pudiera ser analizada por toda la comisión en general, a efectos de ver si es posible convertirla en un proyecto de ley.
Obviamente hoy está previsto tratar el tema relativo a fertilización asistida, pero la idea es que, cuando el señor presidente lo estime oportuno, analicemos esta iniciativa que ahora se presenta, al menos para escuchar a los vecinos que se han acercado hoy aquí, así como a un grupo de profesionales y académicos que han venido haciendo un seguimiento comparativo de la legislación que existe en otros países y de los peligros que estos elementos entrañan para la salud. Incluso nos señalan que habiendo antenas muy cercanas al lugar donde pasamos entre diez y doce horas diarias, también nosotros estaríamos en riesgo.
Ellos han querido venir a esta comisión a manifestarnos su preocupación, y a ver si, por intermedio de los asesores, nos podemos poner de acuerdo en un buen proyecto que podamos impulsar juntos.
Solicito entonces autorización para que, mientras vamos alcanzando el quórum necesario para sesionar, pueda hablar uno de los vecinos que se ha hecho presente.
SR. PRESIDENTE MORANTE Si hay asentimiento, se procederá en consecuencia.
Asentimiento.
SRA. VIGLIONE Mi nombre es Sabrina Viglione e integro una asamblea interbarrial de Lanús.
Soy una mamá afectada. Vivo a dos cuadras de dos antenas de telefonía celular. El año pasado diagnosticaron a mi nene con una leucemia linfoblástica aguda -cáncer en la sangre-, y los mismos oncólogos del Hospital de Niños "Doctor Ricardo Gutiérrez" me han dicho que la cercanía a una antena de telefonía celular es uno de los detonantes de la enfermedad que afecta a mi hijo. Yo no tengo antecedentes familiares de cáncer ni tampoco los hay en el resto de la familia de mi hijo.
Entonces, la idea de concurrir hoy aquí es que tomemos conciencia de este problema, porque la mayoría de las personas no saben lo que está pasando, ya que en los medios no se publica información sobre este tema.
Es importante que sepan que las antenas de celulares producen cáncer, y específicamente leucemia. Alrededor de cada antena hay cientos de personas enfermas y otras que ya murieron, incluyendo criaturas. También se producen abortos, malformaciones, insomnio, migrañas, etcétera.
En el edificio que está aquí al lado hay una antena enorme, y como decía el señor diputado Macaluse, ustedes pasan aquí entre diez y doce horas diarias.
Nosotros no estamos en contra de la telefonía celular. Por el contrario, sabemos que es un avance, pero también sabemos que hay alternativas, como sustituir las antenas por cable coaxil, que tiene una pequeña malla metálica que produce una mínima pérdida y baja la potencia y la frecuencia, por lo que no dañaría al cuerpo humano. En cambio, las antenas están irradiando constantemente con electromagnetismo. Se la denomina "contaminación blanca", porque no se siente ni se huele. Hoy mismo aquí nos estamos contaminando y nadie se da cuenta, hasta que lamentablemente padecemos una enfermedad tremenda como el cáncer.
Les dejo este tema a consideración de ustedes para ver cómo lo podemos seguir desarrollando.
Nosotros vinimos acompañados por el ingeniero Mata, de la Universidad de Córdoba, quien es muy entendido en el tema y editó un libro que podemos traerles para que puedan leer algunos estudios que se han hecho en otras partes del mundo, donde se comprueba que esto trae estas enfermedades y que existen alternativas como las del cable coaxil, que ya les comenté. Muchas gracias.
Soy una mamá afectada. Vivo a dos cuadras de dos antenas de telefonía celular. El año pasado diagnosticaron a mi nene con una leucemia linfoblástica aguda -cáncer en la sangre-, y los mismos oncólogos del Hospital de Niños "Doctor Ricardo Gutiérrez" me han dicho que la cercanía a una antena de telefonía celular es uno de los detonantes de la enfermedad que afecta a mi hijo. Yo no tengo antecedentes familiares de cáncer ni tampoco los hay en el resto de la familia de mi hijo.
Entonces, la idea de concurrir hoy aquí es que tomemos conciencia de este problema, porque la mayoría de las personas no saben lo que está pasando, ya que en los medios no se publica información sobre este tema.
Es importante que sepan que las antenas de celulares producen cáncer, y específicamente leucemia. Alrededor de cada antena hay cientos de personas enfermas y otras que ya murieron, incluyendo criaturas. También se producen abortos, malformaciones, insomnio, migrañas, etcétera.
En el edificio que está aquí al lado hay una antena enorme, y como decía el señor diputado Macaluse, ustedes pasan aquí entre diez y doce horas diarias.
Nosotros no estamos en contra de la telefonía celular. Por el contrario, sabemos que es un avance, pero también sabemos que hay alternativas, como sustituir las antenas por cable coaxil, que tiene una pequeña malla metálica que produce una mínima pérdida y baja la potencia y la frecuencia, por lo que no dañaría al cuerpo humano. En cambio, las antenas están irradiando constantemente con electromagnetismo. Se la denomina "contaminación blanca", porque no se siente ni se huele. Hoy mismo aquí nos estamos contaminando y nadie se da cuenta, hasta que lamentablemente padecemos una enfermedad tremenda como el cáncer.
Les dejo este tema a consideración de ustedes para ver cómo lo podemos seguir desarrollando.
Nosotros vinimos acompañados por el ingeniero Mata, de la Universidad de Córdoba, quien es muy entendido en el tema y editó un libro que podemos traerles para que puedan leer algunos estudios que se han hecho en otras partes del mundo, donde se comprueba que esto trae estas enfermedades y que existen alternativas como las del cable coaxil, que ya les comenté. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE MORANTE Si los señores diputados están de acuerdo, los recibimos el próximo martes a las 13 para escucharlos y que nos acerquen la documentación con la que cuentan.
Asentimiento.
Asentimiento.
SR. PRESIDENTE MORANTE Ahora sí contamos con el número necesario para comenzar la reunión prevista para el día de hoy.
En primer lugar, quiero pedirles disculpas por mi ausencia en la reunión anterior, pero estuve demorado afuera y no pude llegar. Quiero agradecer a todos los señores diputados que estuvieron presentes así como también al señor vicepresidente de la comisión, quien condujo la reunión durante toda su duración.
Hoy tenemos en consideración todos los proyectos de fertilización humana asistida. Como ustedes saben, en asesores estuvimos un tiempo bastante importante trabajando sobre todos estos proyectos, tratando de unificar aquellos que podían ser unificados. De hecho, hoy llegamos a esta reunión con tres predictámenes. A este respecto me parece importante mencionar que siempre fue nuestra intención tratar de encontrar un proyecto en el que se pudieran unificar todos los criterios, pero en este tema ello es muy difícil de lograr.
Por otra parte, también hicimos todas las consultas que pudimos y en tal sentido hemos avanzado en la resolución del gobierno de incluir los tratamientos de fertilización en el PMO: Programa Médico Obligatorio.
Creo que todos ustedes ya han estado en conocimiento de cada uno de los predictámenes, por lo que de esta manera daríamos inicio al tratamiento del tema.
Tiene la palabra la señora diputada Bianchi.
En primer lugar, quiero pedirles disculpas por mi ausencia en la reunión anterior, pero estuve demorado afuera y no pude llegar. Quiero agradecer a todos los señores diputados que estuvieron presentes así como también al señor vicepresidente de la comisión, quien condujo la reunión durante toda su duración.
Hoy tenemos en consideración todos los proyectos de fertilización humana asistida. Como ustedes saben, en asesores estuvimos un tiempo bastante importante trabajando sobre todos estos proyectos, tratando de unificar aquellos que podían ser unificados. De hecho, hoy llegamos a esta reunión con tres predictámenes. A este respecto me parece importante mencionar que siempre fue nuestra intención tratar de encontrar un proyecto en el que se pudieran unificar todos los criterios, pero en este tema ello es muy difícil de lograr.
Por otra parte, también hicimos todas las consultas que pudimos y en tal sentido hemos avanzado en la resolución del gobierno de incluir los tratamientos de fertilización en el PMO: Programa Médico Obligatorio.
Creo que todos ustedes ya han estado en conocimiento de cada uno de los predictámenes, por lo que de esta manera daríamos inicio al tratamiento del tema.
Tiene la palabra la señora diputada Bianchi.
SRA. BIANCHI Señor presidente: uno de los predictámenes es de mi autoría y habla justamente de esta técnica, que es la de reproducción humana asistida. Quisiera contarles brevemente cuáles son los puntos más importantes de este dictamen.
En primer lugar, la técnica de reproducción humana asistida va a ser aplicable en esterilidad e infertilidad que estén debidamente identificadas. Todos sabemos que esta es una enfermedad y la OMS da un tiempo para que pueda realizarse otro tipo de estudios a fin de decir que una mujer es estéril o infértil. Es decir que vamos a realizar esta técnica de reproducción humana asistida una vez que hayamos completado todos los estudios previos.
En segundo lugar, creo que también es importante el tema de los embriones. Nosotros decimos que hay que extraer tres embriones e implantar los tres; pero para hacer esta técnica debemos estar ante una relación estable de por lo menos tres años, y esto lo hemos planteado así para poder llegar a diagnosticar que realmente hay una esterilidad o infertilidad.
Por otra parte, la persona tiene que ser mayor de edad y estar en un estado de edad reproductiva. Esto es así en alusión a los casos que hemos visto de personas de setenta o setenta y cinco años que han procreado a través de este tipo de técnicas. Acá hay muchos médicos presentes y deben saber que con distinto tipo de hormonas y medicamentos se ha estimulado a mujeres de esas edades para que puedan llegar a ser madres.
Respecto de este tema me preocupan dos cuestiones. Una es la vida de la mujer. La otra, la vida de ese hijo que pronto, por las leyes de la naturaleza, quedará sin su madre.
Por otro lado, no estoy de acuerdo con la donación de gametos por dos motivos. Primero, por la comercialización que seguramente -a mi entender- se va a producir. Segundo, porque creo que un hijo debe tener el derecho de saber quién es su padre biológico. En otras palabras de conocer su identidad, su filiación.
Luego, en el artículo 14 de mi proyecto de ley enumero las prácticas con las que no estoy de acuerdo y que, por lo tanto, quedarían prohibidas.
Una de ellas es la criopreservación de embriones. Quedan excluidos aquellos que ya están criopreservados; por lo tanto, sería necesario realizar urgentemente un análisis y dictar una reglamentación para determinar el destino de esos embriones. Todos sabemos que muchos de ellos no toleran el frío al que son expuestos y finalmente mueren.
De acuerdo con el mismo artículo, también quedarían prohibidas la adopción, la destrucción, la comercialización y la donación de embriones, como asimismo su utilización para investigación, y -como dije antes- la comercialización de gametos.
Otra cuestión que aborda mi proyecto, sobre la base del cual emito mi propio dictamen, es la creación de un cuerpo de asesoramiento consultivo en Bioética dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Estaría conformado por profesionales especializados en Bioética provenientes de obras sociales, de empresas de medicina prepagas y de otras instituciones.
Por último, considero que se debería crear un registro de todos los centros que brindan atención en materia de fertilización asistida, a fin de que haya un control, una fiscalización de esas instituciones.
En primer lugar, la técnica de reproducción humana asistida va a ser aplicable en esterilidad e infertilidad que estén debidamente identificadas. Todos sabemos que esta es una enfermedad y la OMS da un tiempo para que pueda realizarse otro tipo de estudios a fin de decir que una mujer es estéril o infértil. Es decir que vamos a realizar esta técnica de reproducción humana asistida una vez que hayamos completado todos los estudios previos.
En segundo lugar, creo que también es importante el tema de los embriones. Nosotros decimos que hay que extraer tres embriones e implantar los tres; pero para hacer esta técnica debemos estar ante una relación estable de por lo menos tres años, y esto lo hemos planteado así para poder llegar a diagnosticar que realmente hay una esterilidad o infertilidad.
Por otra parte, la persona tiene que ser mayor de edad y estar en un estado de edad reproductiva. Esto es así en alusión a los casos que hemos visto de personas de setenta o setenta y cinco años que han procreado a través de este tipo de técnicas. Acá hay muchos médicos presentes y deben saber que con distinto tipo de hormonas y medicamentos se ha estimulado a mujeres de esas edades para que puedan llegar a ser madres.
Respecto de este tema me preocupan dos cuestiones. Una es la vida de la mujer. La otra, la vida de ese hijo que pronto, por las leyes de la naturaleza, quedará sin su madre.
Por otro lado, no estoy de acuerdo con la donación de gametos por dos motivos. Primero, por la comercialización que seguramente -a mi entender- se va a producir. Segundo, porque creo que un hijo debe tener el derecho de saber quién es su padre biológico. En otras palabras de conocer su identidad, su filiación.
Luego, en el artículo 14 de mi proyecto de ley enumero las prácticas con las que no estoy de acuerdo y que, por lo tanto, quedarían prohibidas.
Una de ellas es la criopreservación de embriones. Quedan excluidos aquellos que ya están criopreservados; por lo tanto, sería necesario realizar urgentemente un análisis y dictar una reglamentación para determinar el destino de esos embriones. Todos sabemos que muchos de ellos no toleran el frío al que son expuestos y finalmente mueren.
De acuerdo con el mismo artículo, también quedarían prohibidas la adopción, la destrucción, la comercialización y la donación de embriones, como asimismo su utilización para investigación, y -como dije antes- la comercialización de gametos.
Otra cuestión que aborda mi proyecto, sobre la base del cual emito mi propio dictamen, es la creación de un cuerpo de asesoramiento consultivo en Bioética dentro del Ministerio de Salud de la Nación. Estaría conformado por profesionales especializados en Bioética provenientes de obras sociales, de empresas de medicina prepagas y de otras instituciones.
Por último, considero que se debería crear un registro de todos los centros que brindan atención en materia de fertilización asistida, a fin de que haya un control, una fiscalización de esas instituciones.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra la señora diputada Majdalani.
SRA. MAJDALANI Señor presidente: en primer lugar, adelanto mi apoyo al dictamen de mayoría.
En segundo término, quisiera contestar a la señora diputada Bianchi...
En segundo término, quisiera contestar a la señora diputada Bianchi...
SRA. BIANCHI Si el señor presidente me permite, no vine a esta reunión para que me contesten sino para presentar mi dictamen, y creo que la señora diputada debería hacer lo mismo. Es decir, expresar su opinión y no entrar en discusiones. Independientemente de lo que me diga, yo no cambiaré de idea; de la misma manera, al margen de lo que yo pueda decir, ella no modificará la suya. Cada una tiene su postura; por lo tanto, me parece inapropiado discutir sobre un tema en el que obviamente no vamos a llegar a ningún acuerdo.
SR. PRESIDENTE MORANTE Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Majdalani.
SRA. MAJDALANI Señor presidente: por su intermedio, hago saber a la señora diputada Bianchi que en la reunión pasada -en la que ella no estuvo presente- todos nos pusimos de acuerdo en que hoy nos sentaríamos a debatir sobre las distintas posturas para ver la posibilidad de llegar a un consenso.
Por eso pretendí, respetuosamente, dar a la señora diputada mi opinión sobre su dictamen; pero si no le interesa escuchar los puntos de vista de los demás diputados, no tengo nada que decirle a ella específicamente.
Por eso pretendí, respetuosamente, dar a la señora diputada mi opinión sobre su dictamen; pero si no le interesa escuchar los puntos de vista de los demás diputados, no tengo nada que decirle a ella específicamente.
SRA. BIANCHI Exactamente, señor presidente. No me interesa escuchar la opinión de los demás diputados sobre mi dictamen porque tengo una posición tomada y no la voy a cambiar.
SR. PRESIDENTE MORANTE Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Majdalani.
SRA. MAJDALANI Señor presidente: de todas maneras, utilizaré mi derecho de expresión -que es lo que todos debemos hacer- para que los demás diputados, si les interesa, puedan conocer mi opinión sobre el requisito de acreditar una relación estable de al menos tres años para acceder a este tipo de tratamientos.
Pregunto cómo se sabe cuando una relación es estable y por qué debemos esperar tres años si la infertilidad puede diagnosticarse mucho tiempo antes.
Respecto de la limitación de la edad para efectuar un tratamiento, me parece más serio que sea el médico tratante el que disponga cuál es el límite de edad para realizarlo.
El tema de la criopreservación es muy controversial y delicado, pero tenemos que pensar que una mujer, por ejemplo, de cuarenta años, ya no tiene una ovulación tan copiosa como una mujer más joven y probablemente tenga problemas para hacerlo, y justamente por eso tiene un problema de infertilidad. Entonces, cuando ella logra producir una determinada cantidad de óvulos, porque se estimula su ovulación por medio de medicamentos, que son muy caros, lo lógico es que esos óvulos -que después se convierten en embriones- se congelen.
En todo el mundo está absolutamente desaconsejado implantar mucha cantidad de embriones, porque hace más riesgoso el embarazo. Además, un embarazo y un parto múltiples a las obras sociales y a las prepagas les resulta mucho más caro y problemático que un embarazo simple.
Esto es lo que quería expresar en este principio de debate. Le agradezco mucho, señor presidente.
Pregunto cómo se sabe cuando una relación es estable y por qué debemos esperar tres años si la infertilidad puede diagnosticarse mucho tiempo antes.
Respecto de la limitación de la edad para efectuar un tratamiento, me parece más serio que sea el médico tratante el que disponga cuál es el límite de edad para realizarlo.
El tema de la criopreservación es muy controversial y delicado, pero tenemos que pensar que una mujer, por ejemplo, de cuarenta años, ya no tiene una ovulación tan copiosa como una mujer más joven y probablemente tenga problemas para hacerlo, y justamente por eso tiene un problema de infertilidad. Entonces, cuando ella logra producir una determinada cantidad de óvulos, porque se estimula su ovulación por medio de medicamentos, que son muy caros, lo lógico es que esos óvulos -que después se convierten en embriones- se congelen.
En todo el mundo está absolutamente desaconsejado implantar mucha cantidad de embriones, porque hace más riesgoso el embarazo. Además, un embarazo y un parto múltiples a las obras sociales y a las prepagas les resulta mucho más caro y problemático que un embarazo simple.
Esto es lo que quería expresar en este principio de debate. Le agradezco mucho, señor presidente.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra el señor diputado Fiad.
SR. FIAD Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una aclaración. El miércoles pasado se habló de una posibilidad especulativa en cuanto a obstaculizar el trámite del proyecto, por el hecho de haber presentado en su momento un predictamen. No se ha querido obstaculizar el tema en absoluto sino que se intenta realizar algunos aportes sobre cuestiones que habíamos seguido exhaustivamente en el debate. Esto ya lo habíamos manifestado en la comisión de asesores, luego de analizarlo mucho, y teniendo en cuenta que el tema estaba en la agenda desde hace tiempo.
Después de la reunión del miércoles pasado, realizamos esfuerzos conjuntos para acercar posiciones y hemos introducido algunas modificaciones que quiero comentarles. Asimismo, quiero puntualizarles algunas diferencias que mantenemos con el dictamen original de la comisión.
Una de las modificaciones se vincula con la eliminación, para el acceso a esta técnica, de la necesidad de un trastorno documentado de capacidad reproductiva de una persona que tiene esa dificultad. Hemos tenido en cuenta lo manifestado en la última reunión de comisión respecto de que podía significar un obstáculo para algunos sectores.
También modificamos la franja etárea dentro de la cual se puede acceder a la técnica, dado que especificamos como mínimo los dieciocho años y como máximo los cincuenta años. En este punto quiero señalar que el límite máximo obedece a la necesidad doble de preservar la salud de la mujer que se somete a estas técnicas, porque todos sabemos -y particularmente los médicos- que tenemos razones para afirmar que estas técnicas no son indiferentes para su salud. En segundo lugar, se encuentran la complicación y los riesgos, que siempre son mayores en una mujer de más de cincuenta años.
Por encima de estas cuestiones, entendemos que es necesario y es un mandato de nuestra legislación considerar el interés superior del niño, que es lo que queremos preservar, considerando muchas necesidades en las cuales se lo involucra.
Más allá de ejemplos que se han dado, queremos recordar el caso -conocido en forma mediática- de una mujer con sesenta años que engendró con esta técnica mellizos, y al año siguiente falleció, dejando huérfanos a estos niños.
El interés superior del niño no es una cuestión declamativa para un discurso político sino que tiene que traducirse en acciones y en decisiones concretas. Por ello, estamos convencidos de establecer este límite de edad. No se trata de una cuestión personal, porque los especialistas en fertilización que hemos consultado también recomiendan que los tratamientos no se apliquen a mujeres mayores de cincuenta años. Como no existe legislación en este sentido, los centros de fertilización en el país trabajan sobre la base de acuerdos mínimos éticos y sobre esta base los embriones tampoco se utilizan para experimentación. En general, todos están de acuerdo con el límite de edad.
El tercer punto en el cual hemos insertado otra de las modificaciones en el predictamen se refiere a la eliminación del principio prohibitivo para la donación de gametos. Considero que esto es una demostración de nuestra vocación para promover el consenso en esta discusión.
Por otro lado, mantenemos diferencias y entre ellas se encuentra el requisito de la pareja estable. Hay que destacar que en la mayoría de los fundamentos de los proyectos que se presentaron se puntualizó la problemática de la pareja.
Nos parece que en este punto también se hace operativo el interés superior del niño, porque buscamos garantizarle a través de dos progenitores la vocación hereditaria y alimentaria, los cuidados y la protección. Este es el interés superior del niño. No estamos hablando de que la pareja sea heterosexual u homosexual sino de que sea pareja, es decir, que sean dos.
Muchos podrían decir que en nuestra legislación se permite la adopción monoparental. Entonces, volvemos a afirmar que en ese caso, el menor adoptado ya existe en situación de abandono y es necesario resolverle el problema. Sin embargo, en el tema que nos ocupa, se está engendrando para una deliberada orfandad. Por eso se trata de cuestiones que merecen discutirse y ponerse sobre la mesa.
La segunda diferencia se vincula con la cobertura. En este sentido, nos parece razonable y prudente ir incorporando las prestaciones de manera progresiva, para readecuar la oferta de servicios y conocer ciertamente la demanda de la que estamos hablando.
Vivimos en un país donde se mueren muchos chicos por diversas enfermedades. Me refiero a la desnutrición, al dengue, a la tuberculosis, y tenemos grandes problemas con la salud en general. Por ello, nos parece que la legislación debe tener la prudencia de ponderar y contemplar los derechos de todos. ¿Es válido que promovamos el empleo y la cobertura indiscriminada de estas técnicas y que desatendamos a grupos vulnerables de la sociedad? Si estamos diciendo que esta es una ley de derecho, me parece que pierde su condición de equidad cuando su aplicación necesariamente pueda estar afectando algunos derechos de otros. Para finalizar, hay una última diferencia que se mantiene y me sorprende que no haya existido alguna manifestación respecto de la prohibición de la identificación de los rasgos fenotípicos. Nos parece tremendo que se pueda encargar a los chicos como si fueran productos de una góndola de supermercado, seleccionando cuáles serán sus cualidades físicas y llegando a una suerte de eugenesia que realmente nos alarma.
Creo que este es el lugar en el que debemos realizar el debate para poder llegar a un consenso y eventualmente -si no lo hay- poner a disposición los dictámenes para valorarlos de acuerdo con lo que cada uno piensa.
También creo que no podemos equivocarnos fuertemente en este tema. Si bien este es el lugar del debate, la tolerancia democrática no significa aceptar resignadamente una equivocación ajena.
Les agradezco su deferencia al escucharme y pongo a consideración de los señores diputados este predictamen.
Después de la reunión del miércoles pasado, realizamos esfuerzos conjuntos para acercar posiciones y hemos introducido algunas modificaciones que quiero comentarles. Asimismo, quiero puntualizarles algunas diferencias que mantenemos con el dictamen original de la comisión.
Una de las modificaciones se vincula con la eliminación, para el acceso a esta técnica, de la necesidad de un trastorno documentado de capacidad reproductiva de una persona que tiene esa dificultad. Hemos tenido en cuenta lo manifestado en la última reunión de comisión respecto de que podía significar un obstáculo para algunos sectores.
También modificamos la franja etárea dentro de la cual se puede acceder a la técnica, dado que especificamos como mínimo los dieciocho años y como máximo los cincuenta años. En este punto quiero señalar que el límite máximo obedece a la necesidad doble de preservar la salud de la mujer que se somete a estas técnicas, porque todos sabemos -y particularmente los médicos- que tenemos razones para afirmar que estas técnicas no son indiferentes para su salud. En segundo lugar, se encuentran la complicación y los riesgos, que siempre son mayores en una mujer de más de cincuenta años.
Por encima de estas cuestiones, entendemos que es necesario y es un mandato de nuestra legislación considerar el interés superior del niño, que es lo que queremos preservar, considerando muchas necesidades en las cuales se lo involucra.
Más allá de ejemplos que se han dado, queremos recordar el caso -conocido en forma mediática- de una mujer con sesenta años que engendró con esta técnica mellizos, y al año siguiente falleció, dejando huérfanos a estos niños.
El interés superior del niño no es una cuestión declamativa para un discurso político sino que tiene que traducirse en acciones y en decisiones concretas. Por ello, estamos convencidos de establecer este límite de edad. No se trata de una cuestión personal, porque los especialistas en fertilización que hemos consultado también recomiendan que los tratamientos no se apliquen a mujeres mayores de cincuenta años. Como no existe legislación en este sentido, los centros de fertilización en el país trabajan sobre la base de acuerdos mínimos éticos y sobre esta base los embriones tampoco se utilizan para experimentación. En general, todos están de acuerdo con el límite de edad.
El tercer punto en el cual hemos insertado otra de las modificaciones en el predictamen se refiere a la eliminación del principio prohibitivo para la donación de gametos. Considero que esto es una demostración de nuestra vocación para promover el consenso en esta discusión.
Por otro lado, mantenemos diferencias y entre ellas se encuentra el requisito de la pareja estable. Hay que destacar que en la mayoría de los fundamentos de los proyectos que se presentaron se puntualizó la problemática de la pareja.
Nos parece que en este punto también se hace operativo el interés superior del niño, porque buscamos garantizarle a través de dos progenitores la vocación hereditaria y alimentaria, los cuidados y la protección. Este es el interés superior del niño. No estamos hablando de que la pareja sea heterosexual u homosexual sino de que sea pareja, es decir, que sean dos.
Muchos podrían decir que en nuestra legislación se permite la adopción monoparental. Entonces, volvemos a afirmar que en ese caso, el menor adoptado ya existe en situación de abandono y es necesario resolverle el problema. Sin embargo, en el tema que nos ocupa, se está engendrando para una deliberada orfandad. Por eso se trata de cuestiones que merecen discutirse y ponerse sobre la mesa.
La segunda diferencia se vincula con la cobertura. En este sentido, nos parece razonable y prudente ir incorporando las prestaciones de manera progresiva, para readecuar la oferta de servicios y conocer ciertamente la demanda de la que estamos hablando.
Vivimos en un país donde se mueren muchos chicos por diversas enfermedades. Me refiero a la desnutrición, al dengue, a la tuberculosis, y tenemos grandes problemas con la salud en general. Por ello, nos parece que la legislación debe tener la prudencia de ponderar y contemplar los derechos de todos. ¿Es válido que promovamos el empleo y la cobertura indiscriminada de estas técnicas y que desatendamos a grupos vulnerables de la sociedad? Si estamos diciendo que esta es una ley de derecho, me parece que pierde su condición de equidad cuando su aplicación necesariamente pueda estar afectando algunos derechos de otros. Para finalizar, hay una última diferencia que se mantiene y me sorprende que no haya existido alguna manifestación respecto de la prohibición de la identificación de los rasgos fenotípicos. Nos parece tremendo que se pueda encargar a los chicos como si fueran productos de una góndola de supermercado, seleccionando cuáles serán sus cualidades físicas y llegando a una suerte de eugenesia que realmente nos alarma.
Creo que este es el lugar en el que debemos realizar el debate para poder llegar a un consenso y eventualmente -si no lo hay- poner a disposición los dictámenes para valorarlos de acuerdo con lo que cada uno piensa.
También creo que no podemos equivocarnos fuertemente en este tema. Si bien este es el lugar del debate, la tolerancia democrática no significa aceptar resignadamente una equivocación ajena.
Les agradezco su deferencia al escucharme y pongo a consideración de los señores diputados este predictamen.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra la señora diputada Majdalani.
SRA. MAJDALANI Agradezco al señor diputado preopinante sus explicaciones y su respeto al brindarlas.
De ninguna manera es mi intención faltar el respeto hacia las ideas de nadie sino que simplemente quisiera ver si podemos ponernos de acuerdo respecto del término "estable" cuando se refiere a una pareja. Creo que estable es algo difícilmente probable; es una pareja y cada uno en su vida privada vive como quiere, lo cual no significa que no esté de acuerdo con que debe tratarse de una pareja que padezca la enfermedad de infertilidad.
Es más, me gustaría aclarar que a pesar de defender y creer firmemente en que esta ley posibilitará el cumplimiento de un derecho y que debemos sancionar una ley que respete el derecho igualitario, esta ley debe permitir que se cubran estos tratamientos solamente en el caso de la enfermedad. Yo no sostengo ni avalo que cualquier persona que quiera hacerse una fertilización asistida pueda hacerlo y se la tenga que cubrir su prepaga u obra social. Lo que yo digo es que quienes tengan un diagnóstico confirmado de infertilidad puedan hacerse un tratamiento, que será cubierto por su prepaga u obra social.
Si nosotros dejamos abierta esta práctica con cobertura y sin ningún límite, no hay dinero que alcance y entonces sí, señor diputado, estaremos perjudicando a otras personas que padecen otro tipo de enfermedades y estaremos quitando el presupuesto necesario para paliar un montón de otros flagelos que existen en materia de salud por este tema. Esto tampoco sería justo. Lo que yo sostengo es que siempre y cuando esté absolutamente probado que existe un problema de infertilidad, entonces sí sea cubierto.
De ninguna manera es mi intención faltar el respeto hacia las ideas de nadie sino que simplemente quisiera ver si podemos ponernos de acuerdo respecto del término "estable" cuando se refiere a una pareja. Creo que estable es algo difícilmente probable; es una pareja y cada uno en su vida privada vive como quiere, lo cual no significa que no esté de acuerdo con que debe tratarse de una pareja que padezca la enfermedad de infertilidad.
Es más, me gustaría aclarar que a pesar de defender y creer firmemente en que esta ley posibilitará el cumplimiento de un derecho y que debemos sancionar una ley que respete el derecho igualitario, esta ley debe permitir que se cubran estos tratamientos solamente en el caso de la enfermedad. Yo no sostengo ni avalo que cualquier persona que quiera hacerse una fertilización asistida pueda hacerlo y se la tenga que cubrir su prepaga u obra social. Lo que yo digo es que quienes tengan un diagnóstico confirmado de infertilidad puedan hacerse un tratamiento, que será cubierto por su prepaga u obra social.
Si nosotros dejamos abierta esta práctica con cobertura y sin ningún límite, no hay dinero que alcance y entonces sí, señor diputado, estaremos perjudicando a otras personas que padecen otro tipo de enfermedades y estaremos quitando el presupuesto necesario para paliar un montón de otros flagelos que existen en materia de salud por este tema. Esto tampoco sería justo. Lo que yo sostengo es que siempre y cuando esté absolutamente probado que existe un problema de infertilidad, entonces sí sea cubierto.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra el señor diputado Scalesi.
SR. SCALESI Señor presidente: al principio de la reunión usted comenzó hablando de un aporte del gobierno nacional, pero no sé si escuché bien o estoy confundido por mi distracción.
SR. PRESIDENTE MORANTE Lo que dije fue que independientemente del tiempo que demandó estudiar todos los proyectos que estaban siendo tratados en la comisión, nosotros también hicimos las consultas pertinentes respecto de la posición del gobierno en este tema. En este sentido, el gobierno tiene toda la intención de incluir los tratamientos de fertilización asistida en el Programa Médico Obligatorio.
Creo que es un avance importante.
Dado que no hay ninguna resolución, ni del Ministerio ni de la Superintendencia, seguiremos adelante con el tratamiento de estos dos proyectos. Así lo expresamos meses atrás cuando resolvimos conformar un subgrupo de trabajo para analizar todas las iniciativas. A propósito, aprovecho la oportunidad para felicitar a los grupos de asesores que trabajaron en el tema.
Me parece importante señalar que existe buena predisposición para que este tipo de tratamiento sea incluido en el Programa Médico Obligatorio. En mi humilde opinión, es un avance.
Lo que debemos hacer a partir de ahí es debatir cada punto y ver si podemos encontrar un camino común. De lo contrario, se avanzará en diferentes dictámenes.
Tiene la palabra la señora diputada Linares.
Creo que es un avance importante.
Dado que no hay ninguna resolución, ni del Ministerio ni de la Superintendencia, seguiremos adelante con el tratamiento de estos dos proyectos. Así lo expresamos meses atrás cuando resolvimos conformar un subgrupo de trabajo para analizar todas las iniciativas. A propósito, aprovecho la oportunidad para felicitar a los grupos de asesores que trabajaron en el tema.
Me parece importante señalar que existe buena predisposición para que este tipo de tratamiento sea incluido en el Programa Médico Obligatorio. En mi humilde opinión, es un avance.
Lo que debemos hacer a partir de ahí es debatir cada punto y ver si podemos encontrar un camino común. De lo contrario, se avanzará en diferentes dictámenes.
Tiene la palabra la señora diputada Linares.
SRA. LINARES Señor presidente: simplemente me gustaría continuar con el trabajo que comenzó la semana pasada y adelantar que el bloque del GEN acompañará el dictamen de mayoría que, a nuestro entender, dispone un marco regulatorio bastante amplio. Luego, por vía de la reglamentación, los expertos en el tema -que seguramente no están sentados a esta mesa- podrán determinar diferentes puntos; entre ellos, las edades. Además, como bien decía el señor diputado Fiad, nadie está de acuerdo con que se puedan seleccionar fenotipos.
Insisto en que el dictamen de mayoría permite que vía reglamentación se actualicen las metodologías, que irán variando año tras año a medida que se investigue sobre el tema.
Por las razones expuestas, y dado que la semana pasada ya discutimos sobre las opciones "A" y "B", nuestro bloque acompañará el dictamen de mayoría. Si no es posible llegar a un consenso, por lo menos intentaremos llegar a su firma.
Insisto en que el dictamen de mayoría permite que vía reglamentación se actualicen las metodologías, que irán variando año tras año a medida que se investigue sobre el tema.
Por las razones expuestas, y dado que la semana pasada ya discutimos sobre las opciones "A" y "B", nuestro bloque acompañará el dictamen de mayoría. Si no es posible llegar a un consenso, por lo menos intentaremos llegar a su firma.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra la señora diputada Storani.
SRA. STORANI Señor presidente: obviamente, para aquellos puntos en los que no podamos avanzar hoy, confiaremos en la reglamentación. Se trata de cuestiones muy específicas, lo que exige conocer mucho del tema e incluso ser profesional de la salud. Por eso confiamos en la reglamentación y en las personas idóneas que continuarán con el análisis de esta problemática.
Me parece interesante la corrección introducida al artículo 1°. Antes decía: "La presente ley tiene por objeto regular..." Ahora, la redacción sería: "La presente ley tiene por objeto facilitar...", refiriéndose al derecho de acceder a las técnicas de reproducción asistida.
Como es sabido, respecto del artículo 5°, vinculado con la donación de gametos y embriones, hay dos opciones: la "A" y la "B". Entendemos que la opción "B" es restrictiva, ya que la persona debe comprobar no tener enfermedades genéticas. Por eso nos parece que es más apropiada la opción "A".
Por otro lado, como bien lo señalara en la reunión pasada la señora diputada Giúdici, que es autora de uno de los proyectos, la prohibición de la práctica de madre subrogante es un tema tan serio que merece un debate y una legislación especiales. Por eso creo que el artículo 12 debería ser eliminado, ya que dice: "Se prohíbe la práctica de madres subrogantes, práctica conocida como 'alquiler de vientre o útero'."
Es tal la cantidad de situaciones que comprende esa problemática, que amerita una norma especial. No sé si los señores diputados siguieron el caso por los medios de prensa, pero hace tres o cuatro meses una madre prestó su vientre para su hija.
Además debemos tener en cuenta los matrimonios igualitarios, cuyos integrantes pueden requerir el uso de estas técnicas.
Se trata de temas que hay que regularlos en la especificidad, porque son puntuales y delicados, y hay que trabajarlos con idóneos.
Nuestra propuesta es retirar el artículo 12 y legislar separadamente sobre este punto.
Me parece interesante la corrección introducida al artículo 1°. Antes decía: "La presente ley tiene por objeto regular..." Ahora, la redacción sería: "La presente ley tiene por objeto facilitar...", refiriéndose al derecho de acceder a las técnicas de reproducción asistida.
Como es sabido, respecto del artículo 5°, vinculado con la donación de gametos y embriones, hay dos opciones: la "A" y la "B". Entendemos que la opción "B" es restrictiva, ya que la persona debe comprobar no tener enfermedades genéticas. Por eso nos parece que es más apropiada la opción "A".
Por otro lado, como bien lo señalara en la reunión pasada la señora diputada Giúdici, que es autora de uno de los proyectos, la prohibición de la práctica de madre subrogante es un tema tan serio que merece un debate y una legislación especiales. Por eso creo que el artículo 12 debería ser eliminado, ya que dice: "Se prohíbe la práctica de madres subrogantes, práctica conocida como 'alquiler de vientre o útero'."
Es tal la cantidad de situaciones que comprende esa problemática, que amerita una norma especial. No sé si los señores diputados siguieron el caso por los medios de prensa, pero hace tres o cuatro meses una madre prestó su vientre para su hija.
Además debemos tener en cuenta los matrimonios igualitarios, cuyos integrantes pueden requerir el uso de estas técnicas.
Se trata de temas que hay que regularlos en la especificidad, porque son puntuales y delicados, y hay que trabajarlos con idóneos.
Nuestra propuesta es retirar el artículo 12 y legislar separadamente sobre este punto.
SR. PRESIDENTE MORANTE Perdón, señora diputada. Quiero hacer una consulta. ¿Esto está prohibido en el Código Civil?
SRA. STORANI Sí.
SRA. BIANCHI Sí.
SRA. STORANI La propuesta es sacar la prohibición, por todas las aristas que estamos viendo, y que la comisión piense en trabajar solamente este tema. ¿Por qué nosotros tenemos que prohibir?
De hecho, esta práctica existe, se hace, se piden autorizaciones, etcétera, y por eso sería interesante avanzar específicamente en este tema. El ejemplo que mencioné fue de público conocimiento. Una madre de más de cincuenta años que le prestó el vientre a su propia hija. Son temas que hay que regular.
Respecto del matrimonio igualitario, quiero afirmar que quiero igualdad ante la ley, pero también pienso en los matrimonios igualitarios que quieran acceder a esta práctica, que tiene que ver con la libertad y la igualdad de oportunidades.
De hecho, esta práctica existe, se hace, se piden autorizaciones, etcétera, y por eso sería interesante avanzar específicamente en este tema. El ejemplo que mencioné fue de público conocimiento. Una madre de más de cincuenta años que le prestó el vientre a su propia hija. Son temas que hay que regular.
Respecto del matrimonio igualitario, quiero afirmar que quiero igualdad ante la ley, pero también pienso en los matrimonios igualitarios que quieran acceder a esta práctica, que tiene que ver con la libertad y la igualdad de oportunidades.
SRA. BIANCHI Quiero hacer una aclaración. Los asesores han venido trabajando desde julio del año pasado en toda esta cuestión, los diputados que ya estábamos también lo hemos analizado. Entonces, siguiendo la línea presentada por la señora diputada Linares, creo que debemos avanzar con los dictámenes. Tenemos que dar una solución a la gente. No nos hemos puesto de acuerdo en la reunión de asesores, siendo que ellos han llevado nuestra postura. Me parece importante que avancemos respecto de la firma de los dictámenes.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra la señora diputada Iturraspe.
SRA. ITURRASPE Señor presidente: quiero plantear nuestra postura antes de que se empiecen a firmar los dictámenes.
Nosotros acompañaremos el dictamen de mayoría. En relación con el debate sobre la opción "A" o "B", nos inclinamos por la opción "A", ya que con el avance de los estudios en cuanto al genoma humano y a las distintas enfermedades que pueden llamarse hereditarias, podríamos encontrarnos con que se prohíba donar a una persona que tiene hipertensión u osteoporosis, que hoy se ha demostrado que pueden ser hereditarias. En cuyo caso nos parece mejor la opción "A", que no plantea este tipo de situaciones.
Asimismo, estamos de acuerdo en eliminar el artículo 12, tal como lo plantea la señora diputada Storani, porque podría ser motivo de regulación en otro proyecto de ley más específico.
Con respecto al artículo 24, estamos planteando nuestro apoyo a la opción "B", que nos parece que deja más abierta la posibilidad de regular las modalidades. A nuestro modo de ver, en la opción "A" están descritas con demasiado detalle.
Asimismo, consideramos que en el último párrafo de la opción "B" habría que modificar el tema referido a los contenidos mínimos, porque no queda claro cuáles serían. Entonces, allí propondríamos que quede redactado de la siguiente manera: "Quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) su diagnóstico, tratamiento y cobertura de medicamentos de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación", ya que -reitero- no queda claro cuáles serían los contenidos mínimos y requeriría un nivel de debate más pormenorizado.
Con esas aclaraciones estaríamos acompañando el dictamen de mayoría.
Nosotros acompañaremos el dictamen de mayoría. En relación con el debate sobre la opción "A" o "B", nos inclinamos por la opción "A", ya que con el avance de los estudios en cuanto al genoma humano y a las distintas enfermedades que pueden llamarse hereditarias, podríamos encontrarnos con que se prohíba donar a una persona que tiene hipertensión u osteoporosis, que hoy se ha demostrado que pueden ser hereditarias. En cuyo caso nos parece mejor la opción "A", que no plantea este tipo de situaciones.
Asimismo, estamos de acuerdo en eliminar el artículo 12, tal como lo plantea la señora diputada Storani, porque podría ser motivo de regulación en otro proyecto de ley más específico.
Con respecto al artículo 24, estamos planteando nuestro apoyo a la opción "B", que nos parece que deja más abierta la posibilidad de regular las modalidades. A nuestro modo de ver, en la opción "A" están descritas con demasiado detalle.
Asimismo, consideramos que en el último párrafo de la opción "B" habría que modificar el tema referido a los contenidos mínimos, porque no queda claro cuáles serían. Entonces, allí propondríamos que quede redactado de la siguiente manera: "Quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) su diagnóstico, tratamiento y cobertura de medicamentos de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación", ya que -reitero- no queda claro cuáles serían los contenidos mínimos y requeriría un nivel de debate más pormenorizado.
Con esas aclaraciones estaríamos acompañando el dictamen de mayoría.
SR. PRESIDENTE MORANTE Entonces, señora diputada, la redacción que propone sería la siguiente: "Quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el diagnóstico, tratamiento y cobertura de medicamentos conforme lo establezca la autoridad de aplicación", ¿no es así?
SRA. ITURRASPE Sí, señor presidente, para eliminar lo relativo a los contenidos mínimos, que no queda claro.
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra la señora diputada Fein.
SRA. FEIN Señor presidente: en el mismo sentido que aquí se ha planteado, nosotros acordamos en general con el dictamen, y en el caso del artículo 5° nos inclinamos por la opción "A". No coincidimos con la opción "B", por considerarla restrictiva.
A su vez, estamos de acuerdo con eliminar el artículo 12, pues como lo expresó la señora diputada Storani, puede ser materia de otro debate, y además, parte de la reglamentación ya se refiere a ese tema.
En cuanto al artículo 24, que es el vinculado con la cobertura, si bien nos inclinamos por la opción "B", que consideramos más correcta, tenemos diferencias en cuanto a las restricciones. Entendemos el motivo, que tiene que ver con la restricción de la práctica. Es decir, entendemos el objetivo del párrafo que se refiere a "casos de esterilidad e infertilidad diagnosticadas, cuando otras medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces", pero creemos que esto deja afuera el tema de las parejas de igual sexo. Por lo tanto, no coincidimos con esa definición.
Por ese motivo, y entendiendo que va a salir así, vamos a presentar una disidencia parcial.
Finalmente, nos parece bien la propuesta que hiciera la señora diputada Iturraspe con respecto a la reglamentación. Queda más claro decir "reglamentación de la autoridad competente".
A su vez, estamos de acuerdo con eliminar el artículo 12, pues como lo expresó la señora diputada Storani, puede ser materia de otro debate, y además, parte de la reglamentación ya se refiere a ese tema.
En cuanto al artículo 24, que es el vinculado con la cobertura, si bien nos inclinamos por la opción "B", que consideramos más correcta, tenemos diferencias en cuanto a las restricciones. Entendemos el motivo, que tiene que ver con la restricción de la práctica. Es decir, entendemos el objetivo del párrafo que se refiere a "casos de esterilidad e infertilidad diagnosticadas, cuando otras medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces", pero creemos que esto deja afuera el tema de las parejas de igual sexo. Por lo tanto, no coincidimos con esa definición.
Por ese motivo, y entendiendo que va a salir así, vamos a presentar una disidencia parcial.
Finalmente, nos parece bien la propuesta que hiciera la señora diputada Iturraspe con respecto a la reglamentación. Queda más claro decir "reglamentación de la autoridad competente".
SR. PRESIDENTE MORANTE Tiene la palabra la señora diputada Linares.
SRA. LINARES Señor presidente: en la misma línea, quiero señalar que estamos de acuerdo con la eliminación del artículo 12 que propuso la señora diputada Storani. En cuanto al artículo 24, estamos de acuerdo con la corrección propuesta por la señora diputada Iturraspe.
Además, en el caso del artículo 5°, nos inclinamos por la opción "A".
Además, en el caso del artículo 5°, nos inclinamos por la opción "A".
SR. PRESIDENTE MORANTE Señora diputada Majdalani: usted es autora de uno de los proyectos que fue puesto a consideración, con el objetivo de lograr un dictamen que yo no denominaría "de mayoría" sino "unificado". Quisiera saber si tiene alguna opinión respecto de las modificaciones que se están planteando.
SRA. MAJDALANI Señor presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo que expresaron las señoras diputadas preopinantes. En pos de lograr un despacho, acepto la eliminación del artículo 12. Me parece que se refiere a una problemática que deberemos tratar el año que viene sí o sí.
Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. No tengo problemas en ceder en esa posición.
Sólo hay un tema respecto del cual la señora diputada dijo que iba a presentar una disidencia parcial y estoy de acuerdo. Por mi parte, podemos firmar.
Estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. No tengo problemas en ceder en esa posición.
Sólo hay un tema respecto del cual la señora diputada dijo que iba a presentar una disidencia parcial y estoy de acuerdo. Por mi parte, podemos firmar.
SR. PRESIDENTE MORANTE Si los señores diputados están de acuerdo, por Secretaría se dará lectura de las modificaciones introducidas en el dictamen.
Asentimiento.
Asentimiento.
SRA. SECRETARIA El artículo 5º queda redactado de la siguiente manera: "El donante debe ser mayor de edad, capaz y cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio médico que establezca la autoridad de aplicación."
El artículo 12 desaparece y cambia el capítulo.
El artículo 23 -anteriormente 24- quedaría redactado de la siguiente manera: "El Sistema Público de Salud, las Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción humana asistida en casos de esterilidad e infertilidad diagnosticadas, cuando otras medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces.
"Quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), su diagnóstico, tratamiento y cobertura de medicamentos conforme lo establezca la autoridad de aplicación."
El artículo 12 desaparece y cambia el capítulo.
El artículo 23 -anteriormente 24- quedaría redactado de la siguiente manera: "El Sistema Público de Salud, las Obras Sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, diagnóstico y tratamiento de las técnicas de reproducción humana asistida en casos de esterilidad e infertilidad diagnosticadas, cuando otras medidas terapéuticas de menor complejidad hubieren sido médicamente descartadas por inadecuadas o ineficaces.
"Quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), su diagnóstico, tratamiento y cobertura de medicamentos conforme lo establezca la autoridad de aplicación."
SR. PRESIDENTE MORANTE Estas serían las modificaciones del dictamen. Si están de acuerdo, leídas que fueron por Secretaría, podemos pasar el dictamen para su firma en los despachos luego de que se termine de imprimir.
SRA. ITURRASPE ¿Los otros dictámenes pueden firmarse ahora?
SR. PRESIDENTE MORANTE Claro. Se pasan a la firma en este momento los dictámenes de los señores diputados Fiad y Bianchi.
Tiene la palabra el señor diputado Llera.
Tiene la palabra el señor diputado Llera.
SR. LLERA Señor presidente: como profesional de la medicina, indudablemente es para mí una gran satisfacción que hoy estemos ante la firma de un dictamen que establecerá un marco legal a las técnicas de fertilización asistida y que, por ende, dará a mucha gente la posibilidad de tener un hijo.
He presentado un proyecto de ley que para los médicos que ejercen la profesión en el interior del país tiene un valor incalculable, ya que incorpora en el Programa Médico Obligatorio un estudio como la ecocardiografía fetal.
Quienes hemos ejercido la medicina hace tiempo en los lugares más alejados de la Argentina, sabemos que muchas veces no existen los medios necesarios para diagnosticar precozmente la patología de una mujer embarazada o del hijo que lleva en su vientre. Ahora, con la incorporación de la ecocardiografía fetal en el Programa Médico Obligatorio, esos diagnósticos serán posibles.
Para la práctica de ese estudio es necesaria una capacitación. Hemos llegado a un acuerdo con especialistas de Buenos Aires, y en especial con el jefe del Servicio de Cardiología Infantil del Hospital Italiano, para que se dicten cursos en el interior del país y se puedan realizar derivaciones cuando se detecte una malformación cardíaca en un niño que está en el vientre de su madre.
Esto permitirá una aproximación a los centros especializados de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde existe personal capacitado para realizar intervenciones quirúrgicas de este tipo.
Mi proyecto, al igual que otros presentados por distintos señores diputados, abre la posibilidad de incorporar en el PMO la ecocardiografía fetal como un estudio de rutina. Anualmente nacen en la Argentina entre 700.000 y 800.000 niños, de los cuales el 10 por ciento lo hace con una malformación cardíaca. Entre ellas, la transposición de grandes vasos es una de las más frecuentes; después de una intervención quirúrgica, la tasa de supervivencia es del 99,9 por ciento.
No podemos negar a aquella madre embarazada de un niño con una malformación cardíaca la posibilidad de acceder a la realización de este estudio en un centro de mayor complejidad, para que luego pueda ser intervenido quirúrgicamente durante las primeras horas que siguen al nacimiento.
Tuve la oportunidad de recibir en mi oficina a tres parejas que me contaron sus experiencias luego de que sus hijos fueran sometidos a un control.
Son personas que tienen un nivel económico alto y que han estado controladas por ginecólogos y obstetras de mucho prestigio en ciudades importantes de este país, pero aun así han tenido este problema.
Por ejemplo, nace un chico con 3.600 gramos, con todos los parámetros normales, con todas las vacunas y todos los controles, pero al segundo o tercer día se empieza a poner cianótico, no saben qué es lo que le está pasando, consultan al cardiólogo infantil, pero hasta que se produce la derivación y llega a Buenos Aires, al cuarto o quinto día, el niño muere en el Hospital Italiano. Tres casos como este he conocido. He tenido oportunidad de hablar con el cirujano cardiovascular infantil que los operó y llegaron totalmente descompensados.
Por eso, considero que sería un acto de estricta justicia incorporar dentro del Programa Médico Obligatorio la ecocardiografía fetal.
Si ustedes quieren, yo me ocuparía de invitar al jefe de Cardiología Infantil del Hospital Italiano y a los padres que han tenido esta mala experiencia, que son muchos, para que los escuchen.
He presentado un proyecto de ley que para los médicos que ejercen la profesión en el interior del país tiene un valor incalculable, ya que incorpora en el Programa Médico Obligatorio un estudio como la ecocardiografía fetal.
Quienes hemos ejercido la medicina hace tiempo en los lugares más alejados de la Argentina, sabemos que muchas veces no existen los medios necesarios para diagnosticar precozmente la patología de una mujer embarazada o del hijo que lleva en su vientre. Ahora, con la incorporación de la ecocardiografía fetal en el Programa Médico Obligatorio, esos diagnósticos serán posibles.
Para la práctica de ese estudio es necesaria una capacitación. Hemos llegado a un acuerdo con especialistas de Buenos Aires, y en especial con el jefe del Servicio de Cardiología Infantil del Hospital Italiano, para que se dicten cursos en el interior del país y se puedan realizar derivaciones cuando se detecte una malformación cardíaca en un niño que está en el vientre de su madre.
Esto permitirá una aproximación a los centros especializados de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, donde existe personal capacitado para realizar intervenciones quirúrgicas de este tipo.
Mi proyecto, al igual que otros presentados por distintos señores diputados, abre la posibilidad de incorporar en el PMO la ecocardiografía fetal como un estudio de rutina. Anualmente nacen en la Argentina entre 700.000 y 800.000 niños, de los cuales el 10 por ciento lo hace con una malformación cardíaca. Entre ellas, la transposición de grandes vasos es una de las más frecuentes; después de una intervención quirúrgica, la tasa de supervivencia es del 99,9 por ciento.
No podemos negar a aquella madre embarazada de un niño con una malformación cardíaca la posibilidad de acceder a la realización de este estudio en un centro de mayor complejidad, para que luego pueda ser intervenido quirúrgicamente durante las primeras horas que siguen al nacimiento.
Tuve la oportunidad de recibir en mi oficina a tres parejas que me contaron sus experiencias luego de que sus hijos fueran sometidos a un control.
Son personas que tienen un nivel económico alto y que han estado controladas por ginecólogos y obstetras de mucho prestigio en ciudades importantes de este país, pero aun así han tenido este problema.
Por ejemplo, nace un chico con 3.600 gramos, con todos los parámetros normales, con todas las vacunas y todos los controles, pero al segundo o tercer día se empieza a poner cianótico, no saben qué es lo que le está pasando, consultan al cardiólogo infantil, pero hasta que se produce la derivación y llega a Buenos Aires, al cuarto o quinto día, el niño muere en el Hospital Italiano. Tres casos como este he conocido. He tenido oportunidad de hablar con el cirujano cardiovascular infantil que los operó y llegaron totalmente descompensados.
Por eso, considero que sería un acto de estricta justicia incorporar dentro del Programa Médico Obligatorio la ecocardiografía fetal.
Si ustedes quieren, yo me ocuparía de invitar al jefe de Cardiología Infantil del Hospital Italiano y a los padres que han tenido esta mala experiencia, que son muchos, para que los escuchen.
SR. PRESIDENTE MORANTE Muchas gracias a todos y damos por levantada la reunión.
Es la hora 15 y 1.
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de octubre de 2018, a la hora 16 y 19:
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Buenas tardes, señores diputados y representantes de las distintas entidades que nos acompañan.
Vamos a dar inicio a una nueva jornada de exposiciones de los representantes de las distintas entidades sobre este proyecto de ley que nos convoca, la modificación de la ley 20.247, conocida como ley de semillas.
Si bien faltan algunos diputados para conseguir el quórum, podemos dar comienzo a esta reunión ya que es de carácter informativo. Por lo tanto, por respeto al tiempo de todos y dado que estamos con mucha actividad en el Congreso, comenzamos con las exposiciones.
Está previsto, de la misma forma que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que cada disertante dispone aproximadamente de diez minutos. En caso de ser necesario, haré algún señalamiento si veo que hay dificultad con el tiempo para que todos puedan exponer su posición.
En primer lugar, harán uso de la palabra los representantes de Fecoagro, Federación de Cooperativas Agropecuarias de la Provincia San Juan, los señores Iván Páez y Guillermo Pugliese.
Tiene la palabra el señor Iván Páez.
Vamos a dar inicio a una nueva jornada de exposiciones de los representantes de las distintas entidades sobre este proyecto de ley que nos convoca, la modificación de la ley 20.247, conocida como ley de semillas.
Si bien faltan algunos diputados para conseguir el quórum, podemos dar comienzo a esta reunión ya que es de carácter informativo. Por lo tanto, por respeto al tiempo de todos y dado que estamos con mucha actividad en el Congreso, comenzamos con las exposiciones.
Está previsto, de la misma forma que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que cada disertante dispone aproximadamente de diez minutos. En caso de ser necesario, haré algún señalamiento si veo que hay dificultad con el tiempo para que todos puedan exponer su posición.
En primer lugar, harán uso de la palabra los representantes de Fecoagro, Federación de Cooperativas Agropecuarias de la Provincia San Juan, los señores Iván Páez y Guillermo Pugliese.
Tiene la palabra el señor Iván Páez.
SR. PÁEZ Señor presidente: soy vicepresidente de Fecoagro. Se trata de una Federación de Cooperativas de la Provincia de San Juan integrada por treinta instituciones compuestas por pequeños productores distribuidas en todo el territorio provincial.
Nuestra principal actividad es la producción de semillas hortícolas. Nuestra organización fue fundada en el año 1992 y somos los proveedores del Programa Prohuerta. Producimos semillas de polinización abierta. No son modificadas genéticamente sino que son semillas creadas a través del INTA, alguna de las cuales ya están liberadas.
Asimismo, producimos aproximadamente treinta especies y cien variedades de semillas. La provincia de San Juan, a raíz del clima y diferentes tipos de suelo, tiene las condiciones óptimas para la producción de semillas hortícolas. Somos una de las principales provincias productoras de semillas hortícolas. Tenemos una producción diferente a la de la Pampa Húmeda. Es por eso que queremos ser parte de esta ley.
Le voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Guillermo Pugliese quien se referirá al tema técnico.
Nuestra principal actividad es la producción de semillas hortícolas. Nuestra organización fue fundada en el año 1992 y somos los proveedores del Programa Prohuerta. Producimos semillas de polinización abierta. No son modificadas genéticamente sino que son semillas creadas a través del INTA, alguna de las cuales ya están liberadas.
Asimismo, producimos aproximadamente treinta especies y cien variedades de semillas. La provincia de San Juan, a raíz del clima y diferentes tipos de suelo, tiene las condiciones óptimas para la producción de semillas hortícolas. Somos una de las principales provincias productoras de semillas hortícolas. Tenemos una producción diferente a la de la Pampa Húmeda. Es por eso que queremos ser parte de esta ley.
Le voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Guillermo Pugliese quien se referirá al tema técnico.
SR. PUGLIESE La provincia de San Juan tiene características ideales para la producción de semillas hortícolas. Incluso hemos logrado que en San Juan se sancione una ley que permita respetar los aislamientos destinados a la producción de estas semillas y la idea es que sean de óptima calidad.
Nuestra provincia se dedica a la multiplicación de semillas. Se trata de una actividad que le agrega mucho valor a la producción. Producimos, mantenemos y mejoramos semillas de polinización abierta que vienen de variedades de uso público y del INTA.
Por ello, sabemos lo difícil que es obtener nuevas variedades y cuidarlas. Al ser variedades de polinización abierta se difunden fácilmente y no hay un control sobre la producción.
Si bien nosotros producimos casi todas las semillas para el Programa Pro-Huerta, también difundimos el autoconsumo de las semillas, sabemos que en otras cadenas de la producción de semillas hay problemas y creemos que esto debe ser regulado.
Por supuesto, la regulación debe ser a través de la ley, con el INASE como rector de dicha ley y siendo el organismo de control. Sabemos que se vende mucha bolsa blanca, creemos que debe ser la ley y el INASE quienes rijan el mercado y no que haya otras cosas que intenten corregir los defectos que pueda tener la norma.
Por otra parte, hemos escuchado en los debates de la ley que se habla mucho de la agricultura familiar. Nosotros queremos hablar del productor pequeño, porque son nuestros productores, porque sabemos que son ellos quienes producen muchas de las verduras que entran a las ciudades y también que generan mucha mano de obra. Por eso creemos que estos productores sí o sí tienen que estar cuidados y no solo por la ley, que debe referirse a que pueden tener autoconsumo, sino también en otros aspectos.
Para nosotros la futura ley de semillas debe ser abarcativa para todas las producciones. Sé que como legisladores están debatiendo otros temas, pero quienes producimos semillas hortícolas también queremos sentirnos incluidos.
Desde nuestro punto de vista se deben estimular las creaciones fitogenéticas y a los multiplicadores revalorizando la cadena de producción de semillas que, desde San Juan, podemos decir que genera valor agregado. Son muchos los productores de semillas que han podido crecer gracias a la multiplicación.
Por último, si bien lo que voy a decir no se refiere a la ley de semillas, no quiero pasar por alto que se trata de una decisión que van a tomar los señores diputados a través del presupuesto. Nosotros producimos semillas para el programa Pro-Huerta -que es nuestro principal cliente si bien tenemos otros- y por la información que manejamos respecto del presupuesto asignado para dicho programa, no sabemos si va a alcanzar para hacer la compra de nuestras semillas.
Sabemos los problemas económicos que tiene el país, no somos ajenos a ellos, pero también queremos seguir trabajando y creciendo. Además, creemos que no nos afecta solo a nosotros sino a muchas familias, a pequeños productores y estimamos que nuestras semillas llegan a cuatro millones de personas.
Nuestra provincia se dedica a la multiplicación de semillas. Se trata de una actividad que le agrega mucho valor a la producción. Producimos, mantenemos y mejoramos semillas de polinización abierta que vienen de variedades de uso público y del INTA.
Por ello, sabemos lo difícil que es obtener nuevas variedades y cuidarlas. Al ser variedades de polinización abierta se difunden fácilmente y no hay un control sobre la producción.
Si bien nosotros producimos casi todas las semillas para el Programa Pro-Huerta, también difundimos el autoconsumo de las semillas, sabemos que en otras cadenas de la producción de semillas hay problemas y creemos que esto debe ser regulado.
Por supuesto, la regulación debe ser a través de la ley, con el INASE como rector de dicha ley y siendo el organismo de control. Sabemos que se vende mucha bolsa blanca, creemos que debe ser la ley y el INASE quienes rijan el mercado y no que haya otras cosas que intenten corregir los defectos que pueda tener la norma.
Por otra parte, hemos escuchado en los debates de la ley que se habla mucho de la agricultura familiar. Nosotros queremos hablar del productor pequeño, porque son nuestros productores, porque sabemos que son ellos quienes producen muchas de las verduras que entran a las ciudades y también que generan mucha mano de obra. Por eso creemos que estos productores sí o sí tienen que estar cuidados y no solo por la ley, que debe referirse a que pueden tener autoconsumo, sino también en otros aspectos.
Para nosotros la futura ley de semillas debe ser abarcativa para todas las producciones. Sé que como legisladores están debatiendo otros temas, pero quienes producimos semillas hortícolas también queremos sentirnos incluidos.
Desde nuestro punto de vista se deben estimular las creaciones fitogenéticas y a los multiplicadores revalorizando la cadena de producción de semillas que, desde San Juan, podemos decir que genera valor agregado. Son muchos los productores de semillas que han podido crecer gracias a la multiplicación.
Por último, si bien lo que voy a decir no se refiere a la ley de semillas, no quiero pasar por alto que se trata de una decisión que van a tomar los señores diputados a través del presupuesto. Nosotros producimos semillas para el programa Pro-Huerta -que es nuestro principal cliente si bien tenemos otros- y por la información que manejamos respecto del presupuesto asignado para dicho programa, no sabemos si va a alcanzar para hacer la compra de nuestras semillas.
Sabemos los problemas económicos que tiene el país, no somos ajenos a ellos, pero también queremos seguir trabajando y creciendo. Además, creemos que no nos afecta solo a nosotros sino a muchas familias, a pequeños productores y estimamos que nuestras semillas llegan a cuatro millones de personas.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Muchas gracias.
Tiene la palabra el representante de la Bolsa de Cereales de Córdoba, su prosecretario, el señor Pablo Lozano.
Tiene la palabra el representante de la Bolsa de Cereales de Córdoba, su prosecretario, el señor Pablo Lozano.
SR. LOZANO Buenas tardes a todos. Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de participar de esta reunión.
Como dijo el señor presidente, represento a la Bolsa de Cereales de Córdoba. Mi nombre es Pablo Lozano y vengo en mi carácter de productor primario.
Nuestra entidad es una institución sin fines de lucro que agrupa a toda la cadena agroalimentaria cordobesa y representa a los sectores primarios, de comercialización, y a la industria harinera, manicera, aceitera y exportadora. Como pueden observar, nuestra institución tiene la ventaja de representar a todo el sector, lo que nos da potencia a tierra.
Está formada tanto por una cámara como por una bolsa de cereales, y una de nuestras actividades es el registro contractual de operaciones de compra y venta de cereales. Estamos también abocados a la instrucción o a los cursos de capacitación a socios y público en general sobre distintos temas. Tenemos un departamento de investigación agroeconómica y una red muy extensa de estaciones meteorológicas en toda la provincia. Hacemos un monitoreo muy cercano de todas las actividades que tienen que ver con la agricultura. Actualmente, estamos expandiendo nuestro territorio a Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa y San Luis.
Queremos ofrecerles a los señores diputados toda la información que les pueda ser útil para hacer buenas políticas públicas.
Contamos además con laboratorios que reúnen todos los requisitos de las mayores exigencias.
Para nosotros, la semilla es el insumo fundamental y principal, donde comienza la cadena de valor; además, es un insumo estratégico para la economía argentina porque es la gran generadora de divisas.
Cuando hablamos de semillas, nos referimos a los germoplasmas y a todos los genomas que tienen, pero también a todas las herramientas biotecnológicas que, en los últimos tiempos, han permitido -gracias a la transgénesis, a los marcadores moleculares o a la edición génica- tener materiales nuevos. Por lo tanto, consideramos que la semilla tiene un altísimo valor agregado en toda la cadena de la producción agroalimentaria argentina.
De los 38 millones de hectáreas que sembramos en nuestro país, 10 tienen semillas híbridas, es decir, el productor elige el híbrido a sembrar en función de sus necesidades, de su presupuesto y, cuando decide la compra de la bolsa de semillas, tributa a toda la cadena anterior a la generación.
En el caso de las semillas de reproducción autógama, la situación difiere. En la Argentina, tres de cada cuatro hectáreas están sembradas con este tipo de semillas, por lo que es una cuestión muy cara a la economía nacional. El 74 por ciento de nuestra superficie tiene esta característica de multiplicación. A modo de ejemplo, si un productor compra una bolsa de soja y al año siguiente decide usar ese producto para sembrar, tendrá para 35 hectáreas; si lo hace por segundo año, para 1.225 hectáreas y en un tercer ciclo, para 43.000 hectáreas.
No permitir incentivar la investigación en desarrollo implica atentar contra las posibilidades futuras de la Argentina. Es muy triste mostrar este cuadro, según el cual las semillas autógamas son fiscalizadas solo en un 20 por ciento de la superficie sembrada. Esto da la oportunidad de evitar una gran pérdida de oportunidades.
En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el comercio de semillas genera 15.000 millones de dólares por año. No son muchos los países del mundo que tienen esta potencialidad.
En este sentido, la Argentina es uno de los países más competitivos, y creemos que tener una ley moderna nos permitiría generar un ingreso de divisas en mano de obra que posibilitará contar con una economía más equilibrada.
En este gráfico, de la FAO, se muestra la producción de trigo. Observen en la línea superior cómo evolucionan los rendimientos a través del tiempo en los países que han resuelto el incentivo a la investigación y el desarrollo.
En nuestro departamento hemos calculado que no contar con una ley moderna de semillas genera al productor 1.500 millones de dólares, adicionado el uso de herbicidas.
Crecemos solo al uno por ciento, en cuanto a mejora genética en soja y trigo, y si vemos el equivalente de Brasil -nuestro aliado y competidor cercano-, crece el doble que nosotros; por este retraso en tecnología se pierden 300 millones de dólares por año.
Dejamos de generar un mercado de 1.000 millones de dólares en inversiones de investigación y desarrollo, en lo que sería generar semillas, y estimamos 200 millones en maní, garbanzo, caña de azúcar y algodón.
Sin embargo, no se trata solo de la pérdida de oportunidades sino qué siembra nuestro productor. Aquí vemos análisis de nuestros laboratorios en los que tomamos la calidad como simiente, por ejemplo, en el cultivo de garbanzo. Obsérvese que en los cuatro años de monitoreo que llevamos no llegamos a los estándares mínimos del INASE. Ello significa pérdida de trazabilidad, de competitividad y no es solamente uso propio sino también el gran mercado negro que existe en el caso del garbanzo, un cultivo creciente e importante en la economía cordobesa.
Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución defiende los derechos del inventor y del propietario; el artículo 75 otorga a los señores legisladores nacionales las atribuciones para conducir la defensa, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Existen muchos antecedentes desde la sanción de la ley en 1973, los decretos reglamentarios y también las adhesiones de la Argentina a los distintos convenios internacionales.
En tal sentido, es importante desde nuestro sector indicar que se ha avanzado en algunos consensos, la última vez en la mesa de Semillas en 2017, y sería importante que sean los cimientos de este nuevo proyecto de ley.
El escenario mundial es el que tenemos: el mundo en un siglo tendrá más de 11 mil millones de personas y muy pronto, en 2050 llegaremos a 10 mil millones de habitantes. Sin embargo, las tierras cultivables no crecen en la misma proporción.
Por lo tanto, para nosotros es imprescindible y necesario aumentar la productividad por hectárea, para alimentar a esta población cada vez más demandante, y el mejoramiento genético es la herramienta fundamental para atender esta creciente demanda de alimentos y energía.
Necesitamos sustentabilidad, semillas con más rendimiento, que nos den resistencia a insectos y enfermedades y que nos permitan proteger más el medioambiente; además, mayor sanidad, mayor tolerancia a climas adversos -que posibilite ampliar las fronteras en nuestro país-, mejor valor nutricional de nuestros productos y la utilización de menos agua para completar un ciclo productivo.
Para finalizar, en relación con la nueva ley de semillas, hemos señalado seis puntos que nos parecen importantes. En primer lugar, creemos que no debe ser de orden público, puesto que este proyecto de ley no involucra los valores o intereses que la sociedad tiene sobre la moral, la tradición y la seguridad. Creemos que el uso propio es un arraigo cultural, que claramente debe ser oneroso y debe tener excepciones muy marcadas de cuáles son las poblaciones menos protegidas que puedan tener el uso gratuito.
La ley puede ser fantástica en su texto pero el Estado debe estar presente para controlar y fiscalizar; es fundamental la presencia del INASE fuerte. Entendemos que este organismo debe tener facultades para subcontratar algunas tareas y centrarse en la tarea fundamental de la fiscalización.
Podemos buscar algún tipo de incentivo fiscal para alentar a los productores a usar semilla.
Creemos que es fundamental generar fondos que nos permitan mantener la biodiversidad de los germoplasmas, secreto clave para la mejora genética. Además, habría que disponer de fondos para subsidiar la investigación y desarrollo en cultivos regionales. Esto debe darse en donde la investigación y desarrollo no encuentra la rentabilidad que necesita.
Por lo tanto, el Estado debe estar presente para subsidiar ese tipo de cosas.
El ingeniero agrónomo Norman Borlaug -obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1970- decía lo siguiente: "Si se desea la paz hay que cultivar la justicia, pero al mismo tiempo hay que cultivar los campos para que produzcan más alimento. De lo contrario, no habrá paz". (Aplausos.)
Como dijo el señor presidente, represento a la Bolsa de Cereales de Córdoba. Mi nombre es Pablo Lozano y vengo en mi carácter de productor primario.
Nuestra entidad es una institución sin fines de lucro que agrupa a toda la cadena agroalimentaria cordobesa y representa a los sectores primarios, de comercialización, y a la industria harinera, manicera, aceitera y exportadora. Como pueden observar, nuestra institución tiene la ventaja de representar a todo el sector, lo que nos da potencia a tierra.
Está formada tanto por una cámara como por una bolsa de cereales, y una de nuestras actividades es el registro contractual de operaciones de compra y venta de cereales. Estamos también abocados a la instrucción o a los cursos de capacitación a socios y público en general sobre distintos temas. Tenemos un departamento de investigación agroeconómica y una red muy extensa de estaciones meteorológicas en toda la provincia. Hacemos un monitoreo muy cercano de todas las actividades que tienen que ver con la agricultura. Actualmente, estamos expandiendo nuestro territorio a Santiago del Estero, Tucumán, La Pampa y San Luis.
Queremos ofrecerles a los señores diputados toda la información que les pueda ser útil para hacer buenas políticas públicas.
Contamos además con laboratorios que reúnen todos los requisitos de las mayores exigencias.
Para nosotros, la semilla es el insumo fundamental y principal, donde comienza la cadena de valor; además, es un insumo estratégico para la economía argentina porque es la gran generadora de divisas.
Cuando hablamos de semillas, nos referimos a los germoplasmas y a todos los genomas que tienen, pero también a todas las herramientas biotecnológicas que, en los últimos tiempos, han permitido -gracias a la transgénesis, a los marcadores moleculares o a la edición génica- tener materiales nuevos. Por lo tanto, consideramos que la semilla tiene un altísimo valor agregado en toda la cadena de la producción agroalimentaria argentina.
De los 38 millones de hectáreas que sembramos en nuestro país, 10 tienen semillas híbridas, es decir, el productor elige el híbrido a sembrar en función de sus necesidades, de su presupuesto y, cuando decide la compra de la bolsa de semillas, tributa a toda la cadena anterior a la generación.
En el caso de las semillas de reproducción autógama, la situación difiere. En la Argentina, tres de cada cuatro hectáreas están sembradas con este tipo de semillas, por lo que es una cuestión muy cara a la economía nacional. El 74 por ciento de nuestra superficie tiene esta característica de multiplicación. A modo de ejemplo, si un productor compra una bolsa de soja y al año siguiente decide usar ese producto para sembrar, tendrá para 35 hectáreas; si lo hace por segundo año, para 1.225 hectáreas y en un tercer ciclo, para 43.000 hectáreas.
No permitir incentivar la investigación en desarrollo implica atentar contra las posibilidades futuras de la Argentina. Es muy triste mostrar este cuadro, según el cual las semillas autógamas son fiscalizadas solo en un 20 por ciento de la superficie sembrada. Esto da la oportunidad de evitar una gran pérdida de oportunidades.
En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el comercio de semillas genera 15.000 millones de dólares por año. No son muchos los países del mundo que tienen esta potencialidad.
En este sentido, la Argentina es uno de los países más competitivos, y creemos que tener una ley moderna nos permitiría generar un ingreso de divisas en mano de obra que posibilitará contar con una economía más equilibrada.
En este gráfico, de la FAO, se muestra la producción de trigo. Observen en la línea superior cómo evolucionan los rendimientos a través del tiempo en los países que han resuelto el incentivo a la investigación y el desarrollo.
En nuestro departamento hemos calculado que no contar con una ley moderna de semillas genera al productor 1.500 millones de dólares, adicionado el uso de herbicidas.
Crecemos solo al uno por ciento, en cuanto a mejora genética en soja y trigo, y si vemos el equivalente de Brasil -nuestro aliado y competidor cercano-, crece el doble que nosotros; por este retraso en tecnología se pierden 300 millones de dólares por año.
Dejamos de generar un mercado de 1.000 millones de dólares en inversiones de investigación y desarrollo, en lo que sería generar semillas, y estimamos 200 millones en maní, garbanzo, caña de azúcar y algodón.
Sin embargo, no se trata solo de la pérdida de oportunidades sino qué siembra nuestro productor. Aquí vemos análisis de nuestros laboratorios en los que tomamos la calidad como simiente, por ejemplo, en el cultivo de garbanzo. Obsérvese que en los cuatro años de monitoreo que llevamos no llegamos a los estándares mínimos del INASE. Ello significa pérdida de trazabilidad, de competitividad y no es solamente uso propio sino también el gran mercado negro que existe en el caso del garbanzo, un cultivo creciente e importante en la economía cordobesa.
Por otra parte, el artículo 17 de la Constitución defiende los derechos del inventor y del propietario; el artículo 75 otorga a los señores legisladores nacionales las atribuciones para conducir la defensa, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Existen muchos antecedentes desde la sanción de la ley en 1973, los decretos reglamentarios y también las adhesiones de la Argentina a los distintos convenios internacionales.
En tal sentido, es importante desde nuestro sector indicar que se ha avanzado en algunos consensos, la última vez en la mesa de Semillas en 2017, y sería importante que sean los cimientos de este nuevo proyecto de ley.
El escenario mundial es el que tenemos: el mundo en un siglo tendrá más de 11 mil millones de personas y muy pronto, en 2050 llegaremos a 10 mil millones de habitantes. Sin embargo, las tierras cultivables no crecen en la misma proporción.
Por lo tanto, para nosotros es imprescindible y necesario aumentar la productividad por hectárea, para alimentar a esta población cada vez más demandante, y el mejoramiento genético es la herramienta fundamental para atender esta creciente demanda de alimentos y energía.
Necesitamos sustentabilidad, semillas con más rendimiento, que nos den resistencia a insectos y enfermedades y que nos permitan proteger más el medioambiente; además, mayor sanidad, mayor tolerancia a climas adversos -que posibilite ampliar las fronteras en nuestro país-, mejor valor nutricional de nuestros productos y la utilización de menos agua para completar un ciclo productivo.
Para finalizar, en relación con la nueva ley de semillas, hemos señalado seis puntos que nos parecen importantes. En primer lugar, creemos que no debe ser de orden público, puesto que este proyecto de ley no involucra los valores o intereses que la sociedad tiene sobre la moral, la tradición y la seguridad. Creemos que el uso propio es un arraigo cultural, que claramente debe ser oneroso y debe tener excepciones muy marcadas de cuáles son las poblaciones menos protegidas que puedan tener el uso gratuito.
La ley puede ser fantástica en su texto pero el Estado debe estar presente para controlar y fiscalizar; es fundamental la presencia del INASE fuerte. Entendemos que este organismo debe tener facultades para subcontratar algunas tareas y centrarse en la tarea fundamental de la fiscalización.
Podemos buscar algún tipo de incentivo fiscal para alentar a los productores a usar semilla.
Creemos que es fundamental generar fondos que nos permitan mantener la biodiversidad de los germoplasmas, secreto clave para la mejora genética. Además, habría que disponer de fondos para subsidiar la investigación y desarrollo en cultivos regionales. Esto debe darse en donde la investigación y desarrollo no encuentra la rentabilidad que necesita.
Por lo tanto, el Estado debe estar presente para subsidiar ese tipo de cosas.
El ingeniero agrónomo Norman Borlaug -obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el año 1970- decía lo siguiente: "Si se desea la paz hay que cultivar la justicia, pero al mismo tiempo hay que cultivar los campos para que produzcan más alimento. De lo contrario, no habrá paz". (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI A continuación, le damos la palabra al presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ingeniero Juan Balbín. Le voy a pedir que no se refiera a los temas vinculados con el presupuesto porque hoy pasaron por aquí algunos delegados que han hecho lobby en este sentido. (Risas.)
SR. BALBÍN Señor presidente: muchas gracias, pero no se olviden del presupuesto. (Risas.)
Si uno piensa en el mejoramiento vegetal desde su inicio, podemos decir que lo primero que se hizo fue domesticar a los cultivos y seleccionarlos. En la época de los egipcios existían apreciaciones visuales, se definían, seleccionaban y se generaba todo lo que significaron las primeras etapas de la humanidad en lo relativo a la agricultura.
La segunda selección fue la masal. Al tener mayor productividad dentro de una masa de germoplasma lograba aumentar y tener mayor presencia en una determinada muestra. Eso permitía generar estos incrementos.
El tercer punto tiene que ver con el cruzamiento de especies. La Revolución Verde genera los trigos enanos y el salto tecnológico. Es en la misma época donde surge nuestra ley vigente.
Hasta ese momento, con las herramientas que teníamos, sostengo que contábamos con una ley acorde a la tecnología vigente.
Pero lo que hay que destacar es lo que sucedió treinta años después y cómo tendríamos que repensar esa ley en función de las tres grandes herramientas con las que contamos hoy.
La primera de ellas -hoy no está tan vigente- está relacionado con la mutagénesis. Permitió variabilidad y algunas otras cosas como el pomelo rosado. No sé si lo saben, pero el pomelo rosado es una producción fitogenética a través de una mutagénesis que permitió una variabilidad.
El segundo gran aporte que tuvo la mutagénesis fue toda la tolerancia a herbicidas -a los denominados STS- que nos permitió un avance muy importante en aquellos lugares donde no hubo la transgénesis. Me refiero al arroz, cultivos de sorgo y aquellos que toleran determinados herbicidas gracias a que tienen esa propiedad.
La otra irrupción importante tiene que ver con la biotecnología. Muchas veces está visualizada por lo que es la transgénesis. Se trata de incorporar material genético de otra especie en una determinada especie. Sin embargo, es mucho más que eso. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy en todo lo que significa marcadores moleculares.
Hoy podemos identificar una determinada característica del material de cualquier especie, mapearlo genéticamente, hacer un cruzamiento y saber -casi online- si ese cruzamiento es viable y está en esa especie.
Este proceso hace cinco o seis años requería tal vez hasta cinco años para rechequear si ese cruzamiento había -como dicen los genetistas- pasado y perdurado en la nueva generación. Es decir, esa herramienta posibilita que aceleremos los procesos, tiene una trascendencia y una vigencia muy importante pero también, un costo grande.
El último tren que está arrancando en este momento, que nos brinda una enorme oportunidad como INTA siendo parte de eso, es la edición génica que de alguna manera significa identificar algún gen y tener la capacidad de silenciarlo para que no exprese o exprese otra característica.
Hoy concretamente el INTA está trabajando en todo lo que es alergia a la leche bovina. El 5 por ciento de la población humana tiene alergia a la leche bovina y estamos tratando de silenciar los genes que generan esa alergia. Ello nos permitiría un producto para ese 5 por ciento de la población que hoy no puede consumir lácteos libremente.
Otro tema sobre el que acabamos de hacer una publicación se refiere a la oxidación de la papa. Hemos silenciado los genes que generan la oxidación de la papa, que tiene un enorme impacto en la industria de la papa frita, porque permite almacenar durante tres o cuatro meses una mercadería muy perecedera, mejorar el valor y generar posibilidades de exportación a esa industria.
Otro tema mucho más reciente e importante es que estamos trabajando en los azúcares de la soja para permitir el consumo directo en peces -que hoy no es factible. Estamos trabajando en la forma de silenciarlo para tener un producto nuevo, que deja de ser soja y sería un alimento directo para los peces, con lo que hoy significa para las posibilidades del negocio de acuicultura a nivel mundial.
En este sentido, quiero reflejar cómo la situación se ha complejizado en el último tiempo, la infinidad de herramientas que necesitan atención y un modo de razonar distinto al que veníamos implementando en la selección en los últimos años.
La pregunta es qué papel juega el INTA en todo esto. El INTA hoy es el primer obtentor de variedades, tiene registradas 1.300, el segundo jugador tiene 500, pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las cinco o seis grandes especies, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos en las economías regionales que sostienen la investigación y los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética.
En tal sentido, no solo me refiero a semillas o de autógamas sino a pie de frutales, a yemas libres de virus y a toda la industria forestal con infinidad de oportunidades y de productos nuevos que -de algún modo- necesitan financiamiento y que estamos pensando por esta medida.
Como paradoja de lo que significa para nosotros hoy el mejoramiento vegetal, el 90 por ciento de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas mil variedades solo seis o siete están en Brasil y en el resto de Sudamérica y de América, y nos generan el 90 por ciento de los ingresos; eso significa una enorme asimetría y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, es todo lo que hoy se captura de valor a través del mejoramiento.
Quería poner toda esta situación en contexto porque considero que es algo importante de resaltar.
Con respecto al futuro, ¿cómo estamos viendo los próximos 10 o 15 años de la investigación y del desarrollo genético? Por un lado, ya planteé en esa pequeña historia lo que significaron estos diez mil años de agricultura, los costos y la velocidad de respuesta.
Actualmente tenemos un caso muy concreto en relación con la velocidad de respuesta. Ha quebrado un carbón en maní, el 95 por ciento de la producción del maní se sostiene en una sola variedad -que es un peligro y un negocio para el país de 1.000 millones de dólares- y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. En ese punto nos damos vuelta, miramos estas herramientas, los costos que tienen, y la retribución que tendrá a futuro ese esfuerzo en un cultivo que será difícil que sea cubierto por grandes empresas y que, para Argentina, tiene una estrategia fundamental.
El otro concepto es pensar de acá a diez, quince o veinte años, pensar en los jóvenes investigadores que van a generar un recambio generacional y moldear los próximos años de investigación. En ese sentido, sería muy interesante contar con un sustento claro a través de una ley que les permita tener un futuro previsible. Es muy difícil hoy en día incentivar a la gente de primerísimo nivel al desafío de destinar una vida de investigación a algo que no está claro cómo se va a retribuir.
Para que tengan una idea, de 100 pesos que vuelven al INTA a través de una regalía, un 30 por ciento va al investigador y su equipo, un 30 por ciento a los institutos que soportan eso, un 30 por ciento a patentes y un 10 por ciento al sector administrativo. Así se distribuyen, dentro del equipo, todos los fondos que ingresan al INTA a través de una regalía.
También quiero destacar la importancia de que la ley permita generar contratos privados. Y me referiré a dos o tres casos específicos que nos atañen.
En primer lugar, hemos logrado tecnología, por ejemplo, que nos permite generar fibras naturales en algodón con determinados colores. Esa capacidad con que contamos hoy tiene una enorme ventaja; por un lado, implica una mejora ambiental -ya no es necesario teñir las fibras con tinturas- y, por otro lado, requiere de una cadena muy ajustada, ya que no es posible sobrepasar producciones de un determinado color en algodón porque, en ese caso, tendríamos que hacer una ley para generar ese color en una prenda.
Son temas que, necesariamente, requieren de una articulación de la cadena, ya que son productos que salen de una commodity y pasan a ser una especialidad.
Ocurre lo mismo con la investigación que hacemos en trigos candeales, que son muy específicos; tienen un uso muy claro en pastas y no sirven para panes. Si nosotros no tenemos esa cadena muy ajustada, habrá una sobreproducción en determinado momento y un grado de inserción muy bajo en toda la cadena de harinas y, cuando no sea suficiente, eso se reflejará en la caída en la calidad de las pastas.
Creemos que la forma de los contratos privados genera una "descomoditización" y oportunidades muy chicas pero puntuales en un montón de productos. Lo mismo ocurre con la industria forestal. No es lo mismo producir madera para papel para una impresora que para una revista. Es necesario hacer contratos a largo plazo, a lo mejor a veinte o treinta años, ya que se trata de fibras muy específicas para un producto que se generará luego. Y es necesario plantear este concepto, que es interesante.
En cuanto al último concepto, de cómo redistribuir en forma justa la retribución al trabajo en el mejoramiento, creo que es el gran desafío que hoy tiene esta mesa. Dicho desafío merece de nuestra parte un aporte de capacidades en todo lo que significa y está en juego en la Argentina, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una dispersión territorial enorme y necesita materiales genéticos adaptados para realidades que son únicas en el mundo, sabiendo que, desgraciadamente, deben pasar por un desarrollo de esa investigación en procesos muy puntuales, dada su especificidad. Y esto abarca desde los frutos tropicales y el esfuerzo que está realizando San Juan en materia de cultivos hortícolas, por ejemplo, hasta un pie de vid, el desarrollo de una variedad de Malbec o un clon de un eucaliptus en Corrientes, cuyas características difieren del brasilero y del que existe en el resto del mundo.
Por un lado, cabe considerar esa retribución y, por otro, la responsabilidad que tenemos para generar el acceso a ese germoplasma por parte de una diversidad muy grande de actores que requieren, y requerirán en los próximos años, el desafío de tener las herramientas tecnológicas para producir y generar valor. Esto es todo. Muchas gracias. (Aplausos.)
Si uno piensa en el mejoramiento vegetal desde su inicio, podemos decir que lo primero que se hizo fue domesticar a los cultivos y seleccionarlos. En la época de los egipcios existían apreciaciones visuales, se definían, seleccionaban y se generaba todo lo que significaron las primeras etapas de la humanidad en lo relativo a la agricultura.
La segunda selección fue la masal. Al tener mayor productividad dentro de una masa de germoplasma lograba aumentar y tener mayor presencia en una determinada muestra. Eso permitía generar estos incrementos.
El tercer punto tiene que ver con el cruzamiento de especies. La Revolución Verde genera los trigos enanos y el salto tecnológico. Es en la misma época donde surge nuestra ley vigente.
Hasta ese momento, con las herramientas que teníamos, sostengo que contábamos con una ley acorde a la tecnología vigente.
Pero lo que hay que destacar es lo que sucedió treinta años después y cómo tendríamos que repensar esa ley en función de las tres grandes herramientas con las que contamos hoy.
La primera de ellas -hoy no está tan vigente- está relacionado con la mutagénesis. Permitió variabilidad y algunas otras cosas como el pomelo rosado. No sé si lo saben, pero el pomelo rosado es una producción fitogenética a través de una mutagénesis que permitió una variabilidad.
El segundo gran aporte que tuvo la mutagénesis fue toda la tolerancia a herbicidas -a los denominados STS- que nos permitió un avance muy importante en aquellos lugares donde no hubo la transgénesis. Me refiero al arroz, cultivos de sorgo y aquellos que toleran determinados herbicidas gracias a que tienen esa propiedad.
La otra irrupción importante tiene que ver con la biotecnología. Muchas veces está visualizada por lo que es la transgénesis. Se trata de incorporar material genético de otra especie en una determinada especie. Sin embargo, es mucho más que eso. Es una de las herramientas más poderosas que tenemos hoy en todo lo que significa marcadores moleculares.
Hoy podemos identificar una determinada característica del material de cualquier especie, mapearlo genéticamente, hacer un cruzamiento y saber -casi online- si ese cruzamiento es viable y está en esa especie.
Este proceso hace cinco o seis años requería tal vez hasta cinco años para rechequear si ese cruzamiento había -como dicen los genetistas- pasado y perdurado en la nueva generación. Es decir, esa herramienta posibilita que aceleremos los procesos, tiene una trascendencia y una vigencia muy importante pero también, un costo grande.
El último tren que está arrancando en este momento, que nos brinda una enorme oportunidad como INTA siendo parte de eso, es la edición génica que de alguna manera significa identificar algún gen y tener la capacidad de silenciarlo para que no exprese o exprese otra característica.
Hoy concretamente el INTA está trabajando en todo lo que es alergia a la leche bovina. El 5 por ciento de la población humana tiene alergia a la leche bovina y estamos tratando de silenciar los genes que generan esa alergia. Ello nos permitiría un producto para ese 5 por ciento de la población que hoy no puede consumir lácteos libremente.
Otro tema sobre el que acabamos de hacer una publicación se refiere a la oxidación de la papa. Hemos silenciado los genes que generan la oxidación de la papa, que tiene un enorme impacto en la industria de la papa frita, porque permite almacenar durante tres o cuatro meses una mercadería muy perecedera, mejorar el valor y generar posibilidades de exportación a esa industria.
Otro tema mucho más reciente e importante es que estamos trabajando en los azúcares de la soja para permitir el consumo directo en peces -que hoy no es factible. Estamos trabajando en la forma de silenciarlo para tener un producto nuevo, que deja de ser soja y sería un alimento directo para los peces, con lo que hoy significa para las posibilidades del negocio de acuicultura a nivel mundial.
En este sentido, quiero reflejar cómo la situación se ha complejizado en el último tiempo, la infinidad de herramientas que necesitan atención y un modo de razonar distinto al que veníamos implementando en la selección en los últimos años.
La pregunta es qué papel juega el INTA en todo esto. El INTA hoy es el primer obtentor de variedades, tiene registradas 1.300, el segundo jugador tiene 500, pero lo más importante es la distribución de dichas variedades. Estamos hablando de 126 especies y si sacamos las cinco o seis grandes especies, el INTA hoy se hace cargo de infinidad de productos en las economías regionales que sostienen la investigación y los próximos años de lo que hoy significa el desarrollo de esas economías a través del aporte de la genética.
En tal sentido, no solo me refiero a semillas o de autógamas sino a pie de frutales, a yemas libres de virus y a toda la industria forestal con infinidad de oportunidades y de productos nuevos que -de algún modo- necesitan financiamiento y que estamos pensando por esta medida.
Como paradoja de lo que significa para nosotros hoy el mejoramiento vegetal, el 90 por ciento de los ingresos del INTA por ese concepto proviene de variedades patentadas en Brasil y que cobran una regalía en dicho país. Parece una paradoja porque de esas mil variedades solo seis o siete están en Brasil y en el resto de Sudamérica y de América, y nos generan el 90 por ciento de los ingresos; eso significa una enorme asimetría y si sumamos el plan de trigo y algunas pocas cosas más, es todo lo que hoy se captura de valor a través del mejoramiento.
Quería poner toda esta situación en contexto porque considero que es algo importante de resaltar.
Con respecto al futuro, ¿cómo estamos viendo los próximos 10 o 15 años de la investigación y del desarrollo genético? Por un lado, ya planteé en esa pequeña historia lo que significaron estos diez mil años de agricultura, los costos y la velocidad de respuesta.
Actualmente tenemos un caso muy concreto en relación con la velocidad de respuesta. Ha quebrado un carbón en maní, el 95 por ciento de la producción del maní se sostiene en una sola variedad -que es un peligro y un negocio para el país de 1.000 millones de dólares- y debemos salir rápidamente a solucionar este tema a través del mejoramiento genético. En ese punto nos damos vuelta, miramos estas herramientas, los costos que tienen, y la retribución que tendrá a futuro ese esfuerzo en un cultivo que será difícil que sea cubierto por grandes empresas y que, para Argentina, tiene una estrategia fundamental.
El otro concepto es pensar de acá a diez, quince o veinte años, pensar en los jóvenes investigadores que van a generar un recambio generacional y moldear los próximos años de investigación. En ese sentido, sería muy interesante contar con un sustento claro a través de una ley que les permita tener un futuro previsible. Es muy difícil hoy en día incentivar a la gente de primerísimo nivel al desafío de destinar una vida de investigación a algo que no está claro cómo se va a retribuir.
Para que tengan una idea, de 100 pesos que vuelven al INTA a través de una regalía, un 30 por ciento va al investigador y su equipo, un 30 por ciento a los institutos que soportan eso, un 30 por ciento a patentes y un 10 por ciento al sector administrativo. Así se distribuyen, dentro del equipo, todos los fondos que ingresan al INTA a través de una regalía.
También quiero destacar la importancia de que la ley permita generar contratos privados. Y me referiré a dos o tres casos específicos que nos atañen.
En primer lugar, hemos logrado tecnología, por ejemplo, que nos permite generar fibras naturales en algodón con determinados colores. Esa capacidad con que contamos hoy tiene una enorme ventaja; por un lado, implica una mejora ambiental -ya no es necesario teñir las fibras con tinturas- y, por otro lado, requiere de una cadena muy ajustada, ya que no es posible sobrepasar producciones de un determinado color en algodón porque, en ese caso, tendríamos que hacer una ley para generar ese color en una prenda.
Son temas que, necesariamente, requieren de una articulación de la cadena, ya que son productos que salen de una commodity y pasan a ser una especialidad.
Ocurre lo mismo con la investigación que hacemos en trigos candeales, que son muy específicos; tienen un uso muy claro en pastas y no sirven para panes. Si nosotros no tenemos esa cadena muy ajustada, habrá una sobreproducción en determinado momento y un grado de inserción muy bajo en toda la cadena de harinas y, cuando no sea suficiente, eso se reflejará en la caída en la calidad de las pastas.
Creemos que la forma de los contratos privados genera una "descomoditización" y oportunidades muy chicas pero puntuales en un montón de productos. Lo mismo ocurre con la industria forestal. No es lo mismo producir madera para papel para una impresora que para una revista. Es necesario hacer contratos a largo plazo, a lo mejor a veinte o treinta años, ya que se trata de fibras muy específicas para un producto que se generará luego. Y es necesario plantear este concepto, que es interesante.
En cuanto al último concepto, de cómo redistribuir en forma justa la retribución al trabajo en el mejoramiento, creo que es el gran desafío que hoy tiene esta mesa. Dicho desafío merece de nuestra parte un aporte de capacidades en todo lo que significa y está en juego en la Argentina, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una dispersión territorial enorme y necesita materiales genéticos adaptados para realidades que son únicas en el mundo, sabiendo que, desgraciadamente, deben pasar por un desarrollo de esa investigación en procesos muy puntuales, dada su especificidad. Y esto abarca desde los frutos tropicales y el esfuerzo que está realizando San Juan en materia de cultivos hortícolas, por ejemplo, hasta un pie de vid, el desarrollo de una variedad de Malbec o un clon de un eucaliptus en Corrientes, cuyas características difieren del brasilero y del que existe en el resto del mundo.
Por un lado, cabe considerar esa retribución y, por otro, la responsabilidad que tenemos para generar el acceso a ese germoplasma por parte de una diversidad muy grande de actores que requieren, y requerirán en los próximos años, el desafío de tener las herramientas tecnológicas para producir y generar valor. Esto es todo. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos a continuación al señor Gustavo Idigoras, representante de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.
SR. IDIGORAS Gracias, señor presidente, por la invitación.
Represento a la Cámara de la Industria Aceitera y al Centro de Exportadores de Cereales. En la práctica agrupamos a todas las empresas que exportan y comercializan cereales, oleaginosas, y moliendas de soja y de girasol de la República Argentina. Por lo tanto, teniendo en cuenta las proyecciones, esta temática es para nosotros extremadamente importante.
Actualmente, en términos generales, tenemos una balanza comercial deficitaria. Nuestro país es el primer exportador mundial -como ustedes saben- no de porotos sino de harina y de aceite, y queremos seguir creciendo porque la mayor demanda mundial, en los próximos diez o veinte años, estará dada por el incremento del consumo mundial de harina y aceite. Si a todo ello le podemos agregar más productos industrializados como es el caso del biodiesel, la glicerina, la lecitina y otros, claramente vamos a transformarnos en el país líder del crecimiento mundial del mayor complejo de demanda que hoy existe a nivel internacional, tal como lo mencionó el representante de la Bolsa de Cereales de Córdoba.
Nuestro país este año ha pasado por una situación muy complicada, la sequía nos ha impactado negativamente y cerraremos el año en 21.000 millones de dólares de exportación.
En tal sentido, tenemos una perspectiva muy interesante para el año próximo, en el que si el clima y las condiciones de mercado acompañan -y si no hay nuevas medidas impositivas-, probablemente terminemos en un nivel cercano a los 30.000 millones de dólares. Esto es muy importante porque no solo genera una activación de las distintas economías vinculadas a la producción de soja, maíz y trigo y a la industrialización, sino también ingresos fiscales por aproximadamente 5.000 millones de dólares, teniendo en cuenta los derechos de exportación actuales.
Sin embargo, tenemos un problema importante que creemos necesario compartir con ustedes: para crecer todos los años tenemos que seguir invirtiendo, porque estamos frente al comercio mundial más demandante y más competitivo que es justamente el complejo oleaginoso sojero.
Los países que compiten con nosotros son Brasil y Estados Unidos, que todos los años invierten miles de millones de dólares y -en algunos casos- reciben subsidios por esas inversiones. Nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio y pagamos derechos de exportación. Por lo tanto, necesitamos seguir invirtiendo todos los años a un nivel no menor a los 1.000 millones de dólares para ser líderes mundiales.
Actualmente en la Argentina tenemos una capacidad de producción de molienda de 65 millones de toneladas, y la producción de nuestro país en el mejor de los casos, estará en 55 millones de toneladas. Este año finalizamos con una capacidad ociosa del 45 por ciento y ella tiene efectos comerciales de pérdida de mercado; efectos fiscales, de menos ingresos para el Estado nacional y los provinciales; y efectos empleo y económicos en cada pueblo y provincias vinculados en forma directa con la producción de soja y con la industrialización.
Por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas para acompañar la inversión que ya hicimos. Debemos tratar de llegar a una producción de soja que supere los 65 millones de toneladas en Argentina, no solo para cumplir con esta capacidad sino para seguir invirtiendo en la capacidad de molienda, en la hidrovía y en obras de infraestructura.
Hoy participamos muy activamente en todos los proyectos de inversión ferroviaria del país para llevar el Belgrano Cargas de Salta hasta la zona Timbúes, con el objeto de lograr que la soja y el maíz tengan una salida exportadora y un desarrollo de polo de producción en toda esa zona. Asimismo, estamos invirtiendo en la profundización de la hidrovía, en la transformación de los puertos, de las terminales y de todos los sectores de acceso terrestre a zonas portuarias.
Por lo tanto, para que Argentina pueda seguir creciendo necesitamos incrementar rendimiento y calidad en el país.
La única manera que tenemos para que Argentina pueda lograr más producción en el caso de la soja, es teniendo germoplasma que dé respuesta a estas demandas internacionales.
Contamos con el paradigma del rendimiento. Nuestro país está obsesionado con tratar de tener más quintales por hectárea de producción, pero el mundo demanda cada vez más calidad. Hoy estamos penalizados para exportar porotos de soja al mundo. Argentina tiene, en términos comparativos, una calidad muy cuestionada en materia de poroto de soja. La industrialización que hemos logrado en el Gran Rosario mediante la transformación del poroto en harina ha permitido mejorar esa calidad por un proceso industrial. Pero si tuviéramos que exportar únicamente porotos, Argentina estaría penalizado en lo que tiene que ver con sus ingresos. Por lo tanto, destruiría gran parte de esta economía competitiva que ha logrado desarrollar.
En el caso del trigo también nos interesa el tema del crecimiento, no tanto en materia de extensión del área de producción y de cantidad de producción, pero sí en lo relativo a la calidad. Si Argentina siguiese -mediante una serie de medidas impositivas- privilegiando un crecimiento mayor de volumen de trigo sin procesar, muy probablemente el país contaría con el precio FOB de exportación más bajo del mundo en términos de calidad porque todo nuestro trigo se transformaría en forrajero. Necesitamos imperiosamente, más allá de lo relativo a cultivos regionales, trabajar en soja y trigo para lograr este crecimiento.
El último punto que nos interesa compartir se refiere a lo que están haciendo nuestros competidores en la región. No solamente tenemos que mirar a Estados Unidos sino también a Paraguay, Brasil y Uruguay. Ellos tienen planes de lanzamiento de tecnologías que no están listas para colocar en Argentina. Si esto sigue así, en el año 2021 tendremos una diferencia sustancial de presencia de germoplasma con eventos transgénicos no presentes en Argentina pero sí presentes en los mercados regionales.
Hoy, nuestro país importa entre cinco y seis millones de toneladas para admisión temporaria por la Hidrovía desde Paraguay y un poco extensiva a Brasil. No podríamos hacerlo a partir del año 2021. Por lo tanto, nuestras fábricas no podrían importar materia prima y exportar productos procesados. Se trata de la única política de industrialización permanente que tiene la Argentina en los últimos treinta años.
Asimismo, podría ingresar de una manera no legal a la Argentina para un uso masivo en la producción si no logramos superar esta asincronía que existe en países de la región. Por lo tanto, les pedimos a los señores legisladores que analicen esta situación con miras al futuro. Estamos convencidos de que Argentina tiene todas las chances de éxito para ser líder mundial en la producción y exportación de proteínas vegetales pues el mundo así lo demanda. Nosotros estamos dispuestos a seguir invirtiendo muy fuertemente si eso sucede. Pero necesitamos condiciones legales de estabilidad y previsibilidad a fin de tener variedades en el mercado local que den respuesta a esta demanda de rendimiento y de calidad y que exista sincronía a nivel del Mercosur para evitar cualquier problema de prácticas ilegales. (Aplausos.)
Represento a la Cámara de la Industria Aceitera y al Centro de Exportadores de Cereales. En la práctica agrupamos a todas las empresas que exportan y comercializan cereales, oleaginosas, y moliendas de soja y de girasol de la República Argentina. Por lo tanto, teniendo en cuenta las proyecciones, esta temática es para nosotros extremadamente importante.
Actualmente, en términos generales, tenemos una balanza comercial deficitaria. Nuestro país es el primer exportador mundial -como ustedes saben- no de porotos sino de harina y de aceite, y queremos seguir creciendo porque la mayor demanda mundial, en los próximos diez o veinte años, estará dada por el incremento del consumo mundial de harina y aceite. Si a todo ello le podemos agregar más productos industrializados como es el caso del biodiesel, la glicerina, la lecitina y otros, claramente vamos a transformarnos en el país líder del crecimiento mundial del mayor complejo de demanda que hoy existe a nivel internacional, tal como lo mencionó el representante de la Bolsa de Cereales de Córdoba.
Nuestro país este año ha pasado por una situación muy complicada, la sequía nos ha impactado negativamente y cerraremos el año en 21.000 millones de dólares de exportación.
En tal sentido, tenemos una perspectiva muy interesante para el año próximo, en el que si el clima y las condiciones de mercado acompañan -y si no hay nuevas medidas impositivas-, probablemente terminemos en un nivel cercano a los 30.000 millones de dólares. Esto es muy importante porque no solo genera una activación de las distintas economías vinculadas a la producción de soja, maíz y trigo y a la industrialización, sino también ingresos fiscales por aproximadamente 5.000 millones de dólares, teniendo en cuenta los derechos de exportación actuales.
Sin embargo, tenemos un problema importante que creemos necesario compartir con ustedes: para crecer todos los años tenemos que seguir invirtiendo, porque estamos frente al comercio mundial más demandante y más competitivo que es justamente el complejo oleaginoso sojero.
Los países que compiten con nosotros son Brasil y Estados Unidos, que todos los años invierten miles de millones de dólares y -en algunos casos- reciben subsidios por esas inversiones. Nosotros no recibimos ningún tipo de subsidio y pagamos derechos de exportación. Por lo tanto, necesitamos seguir invirtiendo todos los años a un nivel no menor a los 1.000 millones de dólares para ser líderes mundiales.
Actualmente en la Argentina tenemos una capacidad de producción de molienda de 65 millones de toneladas, y la producción de nuestro país en el mejor de los casos, estará en 55 millones de toneladas. Este año finalizamos con una capacidad ociosa del 45 por ciento y ella tiene efectos comerciales de pérdida de mercado; efectos fiscales, de menos ingresos para el Estado nacional y los provinciales; y efectos empleo y económicos en cada pueblo y provincias vinculados en forma directa con la producción de soja y con la industrialización.
Por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas para acompañar la inversión que ya hicimos. Debemos tratar de llegar a una producción de soja que supere los 65 millones de toneladas en Argentina, no solo para cumplir con esta capacidad sino para seguir invirtiendo en la capacidad de molienda, en la hidrovía y en obras de infraestructura.
Hoy participamos muy activamente en todos los proyectos de inversión ferroviaria del país para llevar el Belgrano Cargas de Salta hasta la zona Timbúes, con el objeto de lograr que la soja y el maíz tengan una salida exportadora y un desarrollo de polo de producción en toda esa zona. Asimismo, estamos invirtiendo en la profundización de la hidrovía, en la transformación de los puertos, de las terminales y de todos los sectores de acceso terrestre a zonas portuarias.
Por lo tanto, para que Argentina pueda seguir creciendo necesitamos incrementar rendimiento y calidad en el país.
La única manera que tenemos para que Argentina pueda lograr más producción en el caso de la soja, es teniendo germoplasma que dé respuesta a estas demandas internacionales.
Contamos con el paradigma del rendimiento. Nuestro país está obsesionado con tratar de tener más quintales por hectárea de producción, pero el mundo demanda cada vez más calidad. Hoy estamos penalizados para exportar porotos de soja al mundo. Argentina tiene, en términos comparativos, una calidad muy cuestionada en materia de poroto de soja. La industrialización que hemos logrado en el Gran Rosario mediante la transformación del poroto en harina ha permitido mejorar esa calidad por un proceso industrial. Pero si tuviéramos que exportar únicamente porotos, Argentina estaría penalizado en lo que tiene que ver con sus ingresos. Por lo tanto, destruiría gran parte de esta economía competitiva que ha logrado desarrollar.
En el caso del trigo también nos interesa el tema del crecimiento, no tanto en materia de extensión del área de producción y de cantidad de producción, pero sí en lo relativo a la calidad. Si Argentina siguiese -mediante una serie de medidas impositivas- privilegiando un crecimiento mayor de volumen de trigo sin procesar, muy probablemente el país contaría con el precio FOB de exportación más bajo del mundo en términos de calidad porque todo nuestro trigo se transformaría en forrajero. Necesitamos imperiosamente, más allá de lo relativo a cultivos regionales, trabajar en soja y trigo para lograr este crecimiento.
El último punto que nos interesa compartir se refiere a lo que están haciendo nuestros competidores en la región. No solamente tenemos que mirar a Estados Unidos sino también a Paraguay, Brasil y Uruguay. Ellos tienen planes de lanzamiento de tecnologías que no están listas para colocar en Argentina. Si esto sigue así, en el año 2021 tendremos una diferencia sustancial de presencia de germoplasma con eventos transgénicos no presentes en Argentina pero sí presentes en los mercados regionales.
Hoy, nuestro país importa entre cinco y seis millones de toneladas para admisión temporaria por la Hidrovía desde Paraguay y un poco extensiva a Brasil. No podríamos hacerlo a partir del año 2021. Por lo tanto, nuestras fábricas no podrían importar materia prima y exportar productos procesados. Se trata de la única política de industrialización permanente que tiene la Argentina en los últimos treinta años.
Asimismo, podría ingresar de una manera no legal a la Argentina para un uso masivo en la producción si no logramos superar esta asincronía que existe en países de la región. Por lo tanto, les pedimos a los señores legisladores que analicen esta situación con miras al futuro. Estamos convencidos de que Argentina tiene todas las chances de éxito para ser líder mundial en la producción y exportación de proteínas vegetales pues el mundo así lo demanda. Nosotros estamos dispuestos a seguir invirtiendo muy fuertemente si eso sucede. Pero necesitamos condiciones legales de estabilidad y previsibilidad a fin de tener variedades en el mercado local que den respuesta a esta demanda de rendimiento y de calidad y que exista sincronía a nivel del Mercosur para evitar cualquier problema de prácticas ilegales. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el representante de la Asociación Argentina de Productores de Semillas, señor Mauricio Sánchez.
SR. SÁNCHEZ Señor presidente: agradezco la invitación.
Pertenezco a la Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas. Soy miembro de la entidad desde hace cuatro años.
Nuestra asociación fue fundada en el año 2008 por la necesidad de organizar territorialmente la provincia a fin de optimizar el cultivo de semillas hortícolas, principalmente cebolla y zanahoria, pues éstas son las dos especies más demandadas.
En el año 2009, trabajando con los legisladores provinciales y los productores, se logró sancionar la ley 8.050. Se trata de una ley provincial que regula la actividad semillera.
Se crea el registro provincial de semillas, que permite registrar anualmente cada cultivo según su ubicación geográfica. Ello ha permitido formar zonas productoras dentro de la provincia, que están agrupadas de acuerdo al ciclo, al color y a las distintas características de las variedades de hortalizas.
Dentro de la asociación tenemos dos tipos generales de productores. El primero, es el productor de híbridos, que recibe semillas de un obtentor que puede ser una empresa extranjera -y normalmente lo es- que provee los parentales-, que genera la cruza -el F1- y ese híbrido, esa semilla obtenida, se devuelve en su totalidad al obtentor. Es decir, el productor no puede quedarse con nada de esa semilla. En ese caso el uso propio estaría limitado y no habría uso propio en la producción de semillas híbridas.
Otro tipo de productor es el identificador, según las categorías del INASE, que es quien multiplica una variedad que puede ser propia o no. El productor identificador es el que multiplica las variedades para el mercado interno, que son las que se distribuyen y las que encontramos todos en las verdulerías, en los almacenes y supermercados.
Desde Asprosem tenemos tres propuestas. La primera, promocionar los desarrollos nacionales que van a realizarse a través del INASE y otras instituciones públicas y a través de privados. Por lo tanto, para lograr esa promoción, es necesario asegurar los derechos del obtentor.
Actualmente en la producción de cebolla y zanahoria tenemos pocos desarrollos nuevos. El INTA trabajó mucho en ese aspecto e incluso tenemos variedades que llevan dos y tres décadas, que siguen multiplicándose pero tenemos pocos desarrollos en cebolla y zanahoria. Entonces, la idea es promover la creación a través de las instituciones públicas y de los privados, siempre asegurando los derechos del obtentor; de otra forma es imposible.
La realidad del mercado interno de semillas hortícolas es que gran parte de él es informal y la novedad de una variedad puede durar uno o dos años como mucho. El obtentor puede lograr beneficios durante un año o dos y después de eso, la variedad es multiplicada por todo el mundo.
El organismo que debe fiscalizar es el INASE y la fiscalización se debe hacer en cuatro puntos principales en la producción de semillas, fiscalizando su origen. Es decir, de qué semilla se parte para hacer la producción; fiscalizando el lote durante la producción a campo; controlando la cosecha de ese lote y luego, controlando el procesamiento y acondicionamiento final de la semilla.
En el caso del uso propio de las variedades de polinización abierta que se distribuyen en el mercado interno, es posible pero dado el caso especial de la cebolla y zanahoria -por ser plantas alógamas- las variedades pueden cruzarse entre sí.
Es decir que para poder hacer uso propio, los productores deberían estar inscritos en el registro provincial de semilleros, aunque el volumen de semillas sea muy pequeño y únicamente para uso propio.
Pertenezco a la Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas. Soy miembro de la entidad desde hace cuatro años.
Nuestra asociación fue fundada en el año 2008 por la necesidad de organizar territorialmente la provincia a fin de optimizar el cultivo de semillas hortícolas, principalmente cebolla y zanahoria, pues éstas son las dos especies más demandadas.
En el año 2009, trabajando con los legisladores provinciales y los productores, se logró sancionar la ley 8.050. Se trata de una ley provincial que regula la actividad semillera.
Se crea el registro provincial de semillas, que permite registrar anualmente cada cultivo según su ubicación geográfica. Ello ha permitido formar zonas productoras dentro de la provincia, que están agrupadas de acuerdo al ciclo, al color y a las distintas características de las variedades de hortalizas.
Dentro de la asociación tenemos dos tipos generales de productores. El primero, es el productor de híbridos, que recibe semillas de un obtentor que puede ser una empresa extranjera -y normalmente lo es- que provee los parentales-, que genera la cruza -el F1- y ese híbrido, esa semilla obtenida, se devuelve en su totalidad al obtentor. Es decir, el productor no puede quedarse con nada de esa semilla. En ese caso el uso propio estaría limitado y no habría uso propio en la producción de semillas híbridas.
Otro tipo de productor es el identificador, según las categorías del INASE, que es quien multiplica una variedad que puede ser propia o no. El productor identificador es el que multiplica las variedades para el mercado interno, que son las que se distribuyen y las que encontramos todos en las verdulerías, en los almacenes y supermercados.
Desde Asprosem tenemos tres propuestas. La primera, promocionar los desarrollos nacionales que van a realizarse a través del INASE y otras instituciones públicas y a través de privados. Por lo tanto, para lograr esa promoción, es necesario asegurar los derechos del obtentor.
Actualmente en la producción de cebolla y zanahoria tenemos pocos desarrollos nuevos. El INTA trabajó mucho en ese aspecto e incluso tenemos variedades que llevan dos y tres décadas, que siguen multiplicándose pero tenemos pocos desarrollos en cebolla y zanahoria. Entonces, la idea es promover la creación a través de las instituciones públicas y de los privados, siempre asegurando los derechos del obtentor; de otra forma es imposible.
La realidad del mercado interno de semillas hortícolas es que gran parte de él es informal y la novedad de una variedad puede durar uno o dos años como mucho. El obtentor puede lograr beneficios durante un año o dos y después de eso, la variedad es multiplicada por todo el mundo.
El organismo que debe fiscalizar es el INASE y la fiscalización se debe hacer en cuatro puntos principales en la producción de semillas, fiscalizando su origen. Es decir, de qué semilla se parte para hacer la producción; fiscalizando el lote durante la producción a campo; controlando la cosecha de ese lote y luego, controlando el procesamiento y acondicionamiento final de la semilla.
En el caso del uso propio de las variedades de polinización abierta que se distribuyen en el mercado interno, es posible pero dado el caso especial de la cebolla y zanahoria -por ser plantas alógamas- las variedades pueden cruzarse entre sí.
Es decir que para poder hacer uso propio, los productores deberían estar inscritos en el registro provincial de semilleros, aunque el volumen de semillas sea muy pequeño y únicamente para uso propio.
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos ahora al subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, ingeniero Miguel Tezanos Pinto.
SR. TEZANOS PINTO Buenas tardes.
En realidad, si bien preparé unas transparencias, seguramente serán innecesarias, dado que lo que piensa la provincia de Buenos Aires es que para el sector agroindustrial bonaerense no hay nada más importante que contar con una ley de semillas. No hay mejor medida de gestión que se pueda impulsar desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo.
A lo mejor esta primera trasparencia sería la única que habría que presentar, ya que es esta la importancia que para nosotros tiene el hecho de que, realmente, alguna vez se pueda regularizar esta situación.
Utilizaré únicamente cinco minutos de mi tiempo, y lo que diré solo tiene la finalidad de cuantificar algunas cuestiones.
Contamos con el 75 por ciento de los semilleros nacionales y también de capitales extranjeros, dentro de los cuales están nuestros emblemas, como Buck y Klein -no tengo problema en nombrarlo-, que pertenecen a tierra adentro de Buenos Aires y son familias que durante muchos años han trabajado en esto.
Hay también algo que me parece que fue muy bien expuesto respecto a la imposibilidad de aumentar la superficie. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires lo podrá hacer porque cuando arreglemos el Salado en su totalidad tendremos una buena cantidad de hectáreas agrícolas, de las cuales una parte se destinará al mejoramiento. Esto es algo que quería cuantificar.
Obviamente, Buenos Aires necesita fomentar la innovación, generar incentivos, dinamizar la inversión mucho más allá de la soja, pensando en todos los demás cultivos y, claramente, que el día de mañana en que los diputados aprueben la ley, esta sea equitativa para todos los sectores involucrados.
No voy a opinar mucho al respecto, pero estoy seguro de que los controles debieran ser fáciles para que puedan llevarse a cabo. Soy ingeniero agrónomo; no soy ni abogado ni legislador, pero considero que la ley contiene muchas cuestiones importantes, y serán ustedes quienes podrán mejorarla, por supuesto, dentro del marco de una nueva ley.
En cuanto a lo que opinan los agricultores, tengo un cuadro del INTA que, si bien es una encuesta chica, muestra lo que piensan. Según ellos, todo el mundo tiene derecho a hacer uso propio de lo que compra. Y Buenos Aires lidera ese pensamiento. Nosotros creemos que sí tienen derecho a utilizar la semilla, lógicamente, pagando.
Cuando alguien multiplica una semilla, por supuesto está utilizando un derecho, como dicen los agricultores, pero creo que es un derecho que hay que pagar.
Por lo tanto, en el marco de la autoridad de aplicación -o en el que sea- se pagará por uno, dos o tres años en el marco de las autógamas, y esto puede definirse fácilmente.
Nosotros pensamos que un agricultor que multiplica su semilla claramente pasa a ser un multiplicador. Tal vez ese señor usa la semilla para sí mismo, a lo que tiene derecho -tal como lo dice la encuesta-, pero tiene que pagar. Si además, va a venderla -y puede hacerlo-, en cualquiera de los dos casos entendemos que multiplicar la semilla debe ser considerado un costo que debe ir en un alto porcentaje al obtentor. Eso se llama multiplicación legal y como en todas las actividades agropecuarias, casi todos pagamos.
Quisiera agregar una arista, si bien fue explicitado por los amigos de Fecoagro y por el ingeniero Balbín, en el caso de las hortalizas -se habló de la zanahoria y de la cebolla- no todo es igual. Creo que la autoridad de aplicación cuando se dicte la ley -que seguramente van a sancionar ustedes- tendría que esmerarse en pensar si no hay que segmentar algunas cosas.
Los cultivos son bastante distintos, el trigo -como se dijo- puede multiplicar por 50, la soja por 30 pero a lo mejor algunas hortalizas ni siquiera se multiplican y solo se puede sacar algo pero es menos que el doble; esta es una pequeña arista que quería puntualizar.
En cuanto a los controles, si bien lo único que quisiera decir es que sean cumplibles y simples, como provincia de Buenos Aires nos ponemos a disposición a la hora de incorporar masa crítica, técnicos y profesionales que trabajan en nuestra provincia, para hacer ciertos controles; estaríamos dispuestos a hacerlo de modo de poder cumplimentar con el control.
Vuelvo al principio, a la transparencia número uno -y pido disculpas al presidente de la comisión- en el sentido de que no hay nada en el marco agropecuario que la provincia de Buenos Aires necesite más que una ley de semillas que permita sembrar desarrollo. Digo esto porque lo pensamos de manera completamente federal ya que en muchos municipios tiene un impacto tremendo, los semilleros están bien dispersos, las comunidades esperan que esos semilleros cobren sus mangos y que los agricultores paguen; nada más que eso, lo demás vamos a dejarlo en manos de los productores.
Creo que todo esto está en nuestras manos y desde el Poder Ejecutivo provincial no solo estamos convencidos sino que es nuestra obligación, porque somos parte del Estado sin importar el partido político.
Considero que el Estado nacional -si bien no soy legislador me siento parte de la posibilidad de tener esta ley- y la provincia de Buenos Aires, tierra adentro, les estarán muy agradecidos por la aprobación de este proyecto de ley. (Aplausos.)
En realidad, si bien preparé unas transparencias, seguramente serán innecesarias, dado que lo que piensa la provincia de Buenos Aires es que para el sector agroindustrial bonaerense no hay nada más importante que contar con una ley de semillas. No hay mejor medida de gestión que se pueda impulsar desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo.
A lo mejor esta primera trasparencia sería la única que habría que presentar, ya que es esta la importancia que para nosotros tiene el hecho de que, realmente, alguna vez se pueda regularizar esta situación.
Utilizaré únicamente cinco minutos de mi tiempo, y lo que diré solo tiene la finalidad de cuantificar algunas cuestiones.
Contamos con el 75 por ciento de los semilleros nacionales y también de capitales extranjeros, dentro de los cuales están nuestros emblemas, como Buck y Klein -no tengo problema en nombrarlo-, que pertenecen a tierra adentro de Buenos Aires y son familias que durante muchos años han trabajado en esto.
Hay también algo que me parece que fue muy bien expuesto respecto a la imposibilidad de aumentar la superficie. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires lo podrá hacer porque cuando arreglemos el Salado en su totalidad tendremos una buena cantidad de hectáreas agrícolas, de las cuales una parte se destinará al mejoramiento. Esto es algo que quería cuantificar.
Obviamente, Buenos Aires necesita fomentar la innovación, generar incentivos, dinamizar la inversión mucho más allá de la soja, pensando en todos los demás cultivos y, claramente, que el día de mañana en que los diputados aprueben la ley, esta sea equitativa para todos los sectores involucrados.
No voy a opinar mucho al respecto, pero estoy seguro de que los controles debieran ser fáciles para que puedan llevarse a cabo. Soy ingeniero agrónomo; no soy ni abogado ni legislador, pero considero que la ley contiene muchas cuestiones importantes, y serán ustedes quienes podrán mejorarla, por supuesto, dentro del marco de una nueva ley.
En cuanto a lo que opinan los agricultores, tengo un cuadro del INTA que, si bien es una encuesta chica, muestra lo que piensan. Según ellos, todo el mundo tiene derecho a hacer uso propio de lo que compra. Y Buenos Aires lidera ese pensamiento. Nosotros creemos que sí tienen derecho a utilizar la semilla, lógicamente, pagando.
Cuando alguien multiplica una semilla, por supuesto está utilizando un derecho, como dicen los agricultores, pero creo que es un derecho que hay que pagar.
Por lo tanto, en el marco de la autoridad de aplicación -o en el que sea- se pagará por uno, dos o tres años en el marco de las autógamas, y esto puede definirse fácilmente.
Nosotros pensamos que un agricultor que multiplica su semilla claramente pasa a ser un multiplicador. Tal vez ese señor usa la semilla para sí mismo, a lo que tiene derecho -tal como lo dice la encuesta-, pero tiene que pagar. Si además, va a venderla -y puede hacerlo-, en cualquiera de los dos casos entendemos que multiplicar la semilla debe ser considerado un costo que debe ir en un alto porcentaje al obtentor. Eso se llama multiplicación legal y como en todas las actividades agropecuarias, casi todos pagamos.
Quisiera agregar una arista, si bien fue explicitado por los amigos de Fecoagro y por el ingeniero Balbín, en el caso de las hortalizas -se habló de la zanahoria y de la cebolla- no todo es igual. Creo que la autoridad de aplicación cuando se dicte la ley -que seguramente van a sancionar ustedes- tendría que esmerarse en pensar si no hay que segmentar algunas cosas.
Los cultivos son bastante distintos, el trigo -como se dijo- puede multiplicar por 50, la soja por 30 pero a lo mejor algunas hortalizas ni siquiera se multiplican y solo se puede sacar algo pero es menos que el doble; esta es una pequeña arista que quería puntualizar.
En cuanto a los controles, si bien lo único que quisiera decir es que sean cumplibles y simples, como provincia de Buenos Aires nos ponemos a disposición a la hora de incorporar masa crítica, técnicos y profesionales que trabajan en nuestra provincia, para hacer ciertos controles; estaríamos dispuestos a hacerlo de modo de poder cumplimentar con el control.
Vuelvo al principio, a la transparencia número uno -y pido disculpas al presidente de la comisión- en el sentido de que no hay nada en el marco agropecuario que la provincia de Buenos Aires necesite más que una ley de semillas que permita sembrar desarrollo. Digo esto porque lo pensamos de manera completamente federal ya que en muchos municipios tiene un impacto tremendo, los semilleros están bien dispersos, las comunidades esperan que esos semilleros cobren sus mangos y que los agricultores paguen; nada más que eso, lo demás vamos a dejarlo en manos de los productores.
Creo que todo esto está en nuestras manos y desde el Poder Ejecutivo provincial no solo estamos convencidos sino que es nuestra obligación, porque somos parte del Estado sin importar el partido político.
Considero que el Estado nacional -si bien no soy legislador me siento parte de la posibilidad de tener esta ley- y la provincia de Buenos Aires, tierra adentro, les estarán muy agradecidos por la aprobación de este proyecto de ley. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el representante de la Asociación Argentina de Girasol, ASAGIR, señor Guillermo Pozzi Jáuregui.
SR. POZZI JÁUREGUI Señor presidente, señores legisladores y ciudadanos de a pie: en primer lugar, quiero agradecer que hayan invitado a la Asociación Argentina de Girasol para expresar su opinión sobre la necesidad de una nueva ley de semillas.
Además de la opinión de los representantes de esta asociación quiero señalar que tengo más de cuarenta años de mejorador, con lo cual he vivido todos los avatares y sufrimientos alrededor de los proyectos de ley vinculados con este tema. Además, fui miembro titular de la Comisión Nacional de Semillas durante los últimos diez años. He tenido oportunidad de discutir ampliamente todas las iniciativas que existieron en el pasado.
Mi presentación puede llegar a ser aburrida porque no tiene ni un gráfico ni una foto. Pero cuenta con todos los conceptos que aclara cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en el momento de enunciar una nueva ley de semillas.
En primer lugar, debemos explicar la función de nuestra entidad. Es una institución que representa a todos los actores de la cadena y que involucra desde los productores hasta los industriales, procesadores y exportadores. Los agricultores constituyen la etapa inicial y los exportadores la etapa final. En el medio involucran a quienes se dedican a la investigación, comercio y desarrollo de tecnología. Es una asociación de cadena que tiene un valor agregado de 2.027 millones de dólares. Es significativa aunque quizás no lo sea como tantas otras cadenas.
Argentina es esencialmente un país consumidor y exportador de aceite. Lo hemos sido toda la vida a través del aceite de girasol, aceite de soja y otras especies y de derivados y especiales mayormente industrializados. Es un producto cuya demanda está en crecimiento para los próximos años en el mundo.
Nuestro primer objetivo es promover y difundir la creatividad y la innovación. Eso significa reconocer a todos los que la desarrollan. Además, incide directamente en la mejora de la producción agrícola.
El ingeniero Balbín realizó una descripción muy clara acerca de lo que hizo el INTA y allí debemos incluir las iniciativas privadas en cuanto al mejoramiento. Pero, en treinta años, hemos pasado de las 50 millones de toneladas a más de cien y estamos apuntando a 130 millones de toneladas en todos los cultivos. Esto muestra claramente lo que fue el desarrollo de la tecnología agropecuaria en la Argentina.
Entendemos que toda actividad innovadora debe gozar del derecho a la retribución por ese trabajo. De la misma forma que lo tiene cada una de las actividades tecnológicas, científicas e industriales que existen no solo en la Argentina sino en cualquier otro lugar del mundo.
Asimismo, es el Estado el que debe fijar las normas de control y los límites respectivos para que eso se desarrolle dentro de los acuerdos y de lo que la ley determina. También debemos posibilitar que se cumplan desde todo punto de vista.
El reconocimiento de la propiedad intelectual alienta el desarrollo de tecnologías que son superadoras en la aplicación de la genética vegetal.
Lo he vivido a lo largo de cuarenta años como mejorador. Me refiero a tecnologías donde uno no podía pensar en lo que hoy es capaz de hacer a través de mecanismos de edición génica o biotecnología. Sin embargo, los resultados llegaban directamente al productor.
El reconocimiento de la propiedad intelectual favorece la multiplicación de actividades vinculadas al mejoramiento genético y a la multiplicación de semillas. Por lo general, todo el mundo piensa que una ley de semillas puede favorecer la concentración. Yo puedo afirmar que es totalmente opuesto. Cuando empecé a trabajar en esto había más de 20 empresas dedicadas a la soja y hoy hay mucho menos de diez. Aquellas que no tenían la capacidad de poder sostener el crecimiento o desarrollo de su propia empresa -por no percibir la retribución que debían tener acorde a sus desarrollos intelectuales- no pudieron llegar a este punto.
Asimismo, un marco legal claro atrae actividades científicas industriales que vienen, realizan inversiones y favorecen en máxima medida el desarrollo de la agricultura a través de la generación de nuevos productos y tecnología.
Finalmente, promueve la competitividad de la tecnología aplicada en agricultura. Aquí se habló del posible marco complicado que podemos llegar a tener el día que nuestros competidores u otros productores agrícolas de los más importantes del mundo -Brasil y Estados Unidos- ofrezcan tecnologías que nosotros no podamos ofrecer porque éstas no estén disponibles por no existir un marco claro para el desarrollo de la tecnología y la genética.
¿Cuál es el escenario actual? La ley que hoy nos rige, la 20.247 es de 1973 y su correspondiente decreto reglamentario -vale señalar que recién fue reglamentada en 1991- establecieron un marco que debía regular el comercio y uso de semillas en el ámbito de la producción.
La norma fue redactada, entre otras razones, con el propósito de proteger el derecho de la propiedad intelectual de creaciones fitogenéticas para los obtentores. Sin embargo, creó espacios ambiguos que desencadenaron una falta de entendimiento entre los diferentes sectores de la cadena de la semilla, ya que algunos interpretaban que las exenciones fijadas para el derecho de propiedad intelectual eran derechos adquiridos, y otros lo interpretaban de manera distinta. Prácticamente se puede decir que la mitad de la biblioteca apunta en un sentido y la otra mitad en otro, sin desmedro de reconocer los derechos que asistían a cada uno. Este hecho nos mantuvo discutiendo acerca de la vigencia y posibles modificaciones de la ley de semillas durante los últimos quince años.
El desarrollo y avance de la tecnología y de la industria genética, por el advenimiento de nuevas tecnologías -tal como lo expresó el ingeniero Balbín- generaron nuevas técnicas que hoy son de uso masivo en la agricultura y requieren que se revise el marco legal. No es posible que una ley sancionada hace cuarenta y cinco años esté regulando las tecnologías que se empezaron a desarrollar en los últimos cinco o diez años y menos aún, que vaya a regular el escenario agrícola de los próximos treinta años; indefectiblemente necesitamos revisarla.
La ley 20.247 ni siquiera menciona la palabra biotecnología una vez porque en aquella época no existía y porque tampoco había otros conceptos que no fueran las tecnologías de mejoramiento clásico o la mutagénesis, como única tecnología avanzada en aquel entonces.
Creo que todos los sectores de la cadena agrícola argentina fueron protagonistas de una cantidad de desacuerdos en este tema a lo largo del tiempo y finalmente, todos esos problemas resultaron en consecuencias negativas que no permitieron que hubiera un claro entendimiento. Posteriormente, hubo acuerdos pero el Estado tampoco ofreció soluciones en este escenario, por políticas cambiantes y ambiguas y por el desfinanciamiento de los organismos de control -entre ellos el INASE.
Todo esto impactó en cierta pero clara medida en una demora en el desarrollo agrícola que estaba planificado para la Argentina y nos descolocó entre los tres o cuatro grandes oferentes de distribución agrícola o agroindustrializada en el mundo.
No hemos crecido, tal como lo expresaron el ingeniero Balbín y Gustavo Idigoras, a la misma tasa de crecimiento en la producción agrícola que Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Canadá o Australia.
Las iniciativas de revisión y actualización de la ley 20.247 datan de 2007. Personalmente, por mi experiencia de haber estado más de diez años en la Comisión Nacional de Semillas que es la asesora del hoy secretario de Agricultura, hemos discutido gran cantidad de iniciativas, cada año cambiábamos, teníamos proyectos nuevos, llegaban de parte de las Cámaras del Congreso y también del Poder Ejecutivo, pero ninguna avanzaba al año siguiente. Un argumento -entre otros- era que teníamos que decidirlo pero no se podía porque era año electoral, entonces no era un tema de mayor importancia.
Creo que todos los que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron claramente al impacto de reglas claras y a una ley de semillas clara para alcanzar el potencial de nuestra producción agrícola.
Finalmente, algunos plantearon que debemos resolver esta situación, encontrar una propuesta superadora que nos permita dejar atrás el problema del uso propio, del uso propio oneroso y también gratuito, y que genere algo que dé sustento a cualquier actualización de la legislación con miras a aplicarla en los próximos veinte o treinta años. Esos grupos, esas instituciones técnicas, comerciales y gremiales -los principales actores de la producción agropecuaria argentina- finalmente se sentaron a encontrar soluciones y definieron una serie de premisas básicas que hemos tomado como tales haciéndolas propias, dándoles reconocimiento y apoyándolas en ese aspecto.
El reconocimiento del uso propio de semillas. Los productores hacen uso propio y, sea exención o derecho, de acuerdo con la ley 20.247, es algo que se debe considerar.
También se debe reconocer que existe un derecho de retribución al uso de la genética y la tecnología, de la misma forma en que existe un derecho de retribución al escritor que escribe un libro -que debiera tener valor cuando se fotocopia- o a quien copia una canción que afecta el derecho de un autor o compositor. Eso no significa que no tengamos en cuenta a aquellos productores de pueblos originarios y los registrados en la agricultura familiar -que trabajan para que haya una mayor generación de una agricultura federal inclusiva, una Argentina federal inclusiva- y en el uso de variedades nativas y autóctonas, derechos propios de esos agricultores que no deben ser afectados por los derechos de propiedad.
La generación de un pago único en cada acto de uso, sin que exista el fantasma de la doble imposición, sino simplemente que se pague en determinado momento -el que sea, en el momento en que se compra la semilla o en cada acto de uso propio. El valor lo debe definir el titular, el obtentor, que es quien debe fijar cuánto vale su propia tecnología. El mercado dirá luego si vale o no el precio fijado.
Y, por supuesto, el fortalecimiento del control, debidamente ejercido por la autoridad de aplicación, que debe ser el INASE. En términos generales, tenemos agentes de control en diversas asignaturas de la industria o de la cultura argentina. Tenemos que tener al INASE como la institución capaz de marcar el camino que deben seguir tanto los usuarios como los generadores u obtentores de la tecnología.
Y, por supuesto, no cabe el orden público. Los contratos son parte intrínseca del negocio agrícola, deben ser entre privados; su limitación atenta contra la continuidad de las operaciones y el incentivo al uso de nuevas tecnologías.
Esta es nuestra opinión. Algunos dicen que el girasol no está afectado por ser una especie alógama, ya que el ciento por ciento de las semillas que se usan son híbridas. Esto no es cierto. A nosotros nos afecta en lo que son las especialidades, por ejemplo, el girasol confitero; se afecta la generación de las especies, como es el caso de los aceites de alta calidad -por ejemplo, el alto oleico-, la aplicación de tecnología y las inversiones destinadas a nuestra genética. Si no podemos dar garantías a las empresas o a las instituciones que se dedican a la generación de nuevas variedades o cultivares, no podremos seguir creciendo o compitiendo con aquellos países productores que son nuestra competencia. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
Además de la opinión de los representantes de esta asociación quiero señalar que tengo más de cuarenta años de mejorador, con lo cual he vivido todos los avatares y sufrimientos alrededor de los proyectos de ley vinculados con este tema. Además, fui miembro titular de la Comisión Nacional de Semillas durante los últimos diez años. He tenido oportunidad de discutir ampliamente todas las iniciativas que existieron en el pasado.
Mi presentación puede llegar a ser aburrida porque no tiene ni un gráfico ni una foto. Pero cuenta con todos los conceptos que aclara cuáles son los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en el momento de enunciar una nueva ley de semillas.
En primer lugar, debemos explicar la función de nuestra entidad. Es una institución que representa a todos los actores de la cadena y que involucra desde los productores hasta los industriales, procesadores y exportadores. Los agricultores constituyen la etapa inicial y los exportadores la etapa final. En el medio involucran a quienes se dedican a la investigación, comercio y desarrollo de tecnología. Es una asociación de cadena que tiene un valor agregado de 2.027 millones de dólares. Es significativa aunque quizás no lo sea como tantas otras cadenas.
Argentina es esencialmente un país consumidor y exportador de aceite. Lo hemos sido toda la vida a través del aceite de girasol, aceite de soja y otras especies y de derivados y especiales mayormente industrializados. Es un producto cuya demanda está en crecimiento para los próximos años en el mundo.
Nuestro primer objetivo es promover y difundir la creatividad y la innovación. Eso significa reconocer a todos los que la desarrollan. Además, incide directamente en la mejora de la producción agrícola.
El ingeniero Balbín realizó una descripción muy clara acerca de lo que hizo el INTA y allí debemos incluir las iniciativas privadas en cuanto al mejoramiento. Pero, en treinta años, hemos pasado de las 50 millones de toneladas a más de cien y estamos apuntando a 130 millones de toneladas en todos los cultivos. Esto muestra claramente lo que fue el desarrollo de la tecnología agropecuaria en la Argentina.
Entendemos que toda actividad innovadora debe gozar del derecho a la retribución por ese trabajo. De la misma forma que lo tiene cada una de las actividades tecnológicas, científicas e industriales que existen no solo en la Argentina sino en cualquier otro lugar del mundo.
Asimismo, es el Estado el que debe fijar las normas de control y los límites respectivos para que eso se desarrolle dentro de los acuerdos y de lo que la ley determina. También debemos posibilitar que se cumplan desde todo punto de vista.
El reconocimiento de la propiedad intelectual alienta el desarrollo de tecnologías que son superadoras en la aplicación de la genética vegetal.
Lo he vivido a lo largo de cuarenta años como mejorador. Me refiero a tecnologías donde uno no podía pensar en lo que hoy es capaz de hacer a través de mecanismos de edición génica o biotecnología. Sin embargo, los resultados llegaban directamente al productor.
El reconocimiento de la propiedad intelectual favorece la multiplicación de actividades vinculadas al mejoramiento genético y a la multiplicación de semillas. Por lo general, todo el mundo piensa que una ley de semillas puede favorecer la concentración. Yo puedo afirmar que es totalmente opuesto. Cuando empecé a trabajar en esto había más de 20 empresas dedicadas a la soja y hoy hay mucho menos de diez. Aquellas que no tenían la capacidad de poder sostener el crecimiento o desarrollo de su propia empresa -por no percibir la retribución que debían tener acorde a sus desarrollos intelectuales- no pudieron llegar a este punto.
Asimismo, un marco legal claro atrae actividades científicas industriales que vienen, realizan inversiones y favorecen en máxima medida el desarrollo de la agricultura a través de la generación de nuevos productos y tecnología.
Finalmente, promueve la competitividad de la tecnología aplicada en agricultura. Aquí se habló del posible marco complicado que podemos llegar a tener el día que nuestros competidores u otros productores agrícolas de los más importantes del mundo -Brasil y Estados Unidos- ofrezcan tecnologías que nosotros no podamos ofrecer porque éstas no estén disponibles por no existir un marco claro para el desarrollo de la tecnología y la genética.
¿Cuál es el escenario actual? La ley que hoy nos rige, la 20.247 es de 1973 y su correspondiente decreto reglamentario -vale señalar que recién fue reglamentada en 1991- establecieron un marco que debía regular el comercio y uso de semillas en el ámbito de la producción.
La norma fue redactada, entre otras razones, con el propósito de proteger el derecho de la propiedad intelectual de creaciones fitogenéticas para los obtentores. Sin embargo, creó espacios ambiguos que desencadenaron una falta de entendimiento entre los diferentes sectores de la cadena de la semilla, ya que algunos interpretaban que las exenciones fijadas para el derecho de propiedad intelectual eran derechos adquiridos, y otros lo interpretaban de manera distinta. Prácticamente se puede decir que la mitad de la biblioteca apunta en un sentido y la otra mitad en otro, sin desmedro de reconocer los derechos que asistían a cada uno. Este hecho nos mantuvo discutiendo acerca de la vigencia y posibles modificaciones de la ley de semillas durante los últimos quince años.
El desarrollo y avance de la tecnología y de la industria genética, por el advenimiento de nuevas tecnologías -tal como lo expresó el ingeniero Balbín- generaron nuevas técnicas que hoy son de uso masivo en la agricultura y requieren que se revise el marco legal. No es posible que una ley sancionada hace cuarenta y cinco años esté regulando las tecnologías que se empezaron a desarrollar en los últimos cinco o diez años y menos aún, que vaya a regular el escenario agrícola de los próximos treinta años; indefectiblemente necesitamos revisarla.
La ley 20.247 ni siquiera menciona la palabra biotecnología una vez porque en aquella época no existía y porque tampoco había otros conceptos que no fueran las tecnologías de mejoramiento clásico o la mutagénesis, como única tecnología avanzada en aquel entonces.
Creo que todos los sectores de la cadena agrícola argentina fueron protagonistas de una cantidad de desacuerdos en este tema a lo largo del tiempo y finalmente, todos esos problemas resultaron en consecuencias negativas que no permitieron que hubiera un claro entendimiento. Posteriormente, hubo acuerdos pero el Estado tampoco ofreció soluciones en este escenario, por políticas cambiantes y ambiguas y por el desfinanciamiento de los organismos de control -entre ellos el INASE.
Todo esto impactó en cierta pero clara medida en una demora en el desarrollo agrícola que estaba planificado para la Argentina y nos descolocó entre los tres o cuatro grandes oferentes de distribución agrícola o agroindustrializada en el mundo.
No hemos crecido, tal como lo expresaron el ingeniero Balbín y Gustavo Idigoras, a la misma tasa de crecimiento en la producción agrícola que Estados Unidos, Brasil, Ucrania, Canadá o Australia.
Las iniciativas de revisión y actualización de la ley 20.247 datan de 2007. Personalmente, por mi experiencia de haber estado más de diez años en la Comisión Nacional de Semillas que es la asesora del hoy secretario de Agricultura, hemos discutido gran cantidad de iniciativas, cada año cambiábamos, teníamos proyectos nuevos, llegaban de parte de las Cámaras del Congreso y también del Poder Ejecutivo, pero ninguna avanzaba al año siguiente. Un argumento -entre otros- era que teníamos que decidirlo pero no se podía porque era año electoral, entonces no era un tema de mayor importancia.
Creo que todos los que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron claramente al impacto de reglas claras y a una ley de semillas clara para alcanzar el potencial de nuestra producción agrícola.
Finalmente, algunos plantearon que debemos resolver esta situación, encontrar una propuesta superadora que nos permita dejar atrás el problema del uso propio, del uso propio oneroso y también gratuito, y que genere algo que dé sustento a cualquier actualización de la legislación con miras a aplicarla en los próximos veinte o treinta años. Esos grupos, esas instituciones técnicas, comerciales y gremiales -los principales actores de la producción agropecuaria argentina- finalmente se sentaron a encontrar soluciones y definieron una serie de premisas básicas que hemos tomado como tales haciéndolas propias, dándoles reconocimiento y apoyándolas en ese aspecto.
El reconocimiento del uso propio de semillas. Los productores hacen uso propio y, sea exención o derecho, de acuerdo con la ley 20.247, es algo que se debe considerar.
También se debe reconocer que existe un derecho de retribución al uso de la genética y la tecnología, de la misma forma en que existe un derecho de retribución al escritor que escribe un libro -que debiera tener valor cuando se fotocopia- o a quien copia una canción que afecta el derecho de un autor o compositor. Eso no significa que no tengamos en cuenta a aquellos productores de pueblos originarios y los registrados en la agricultura familiar -que trabajan para que haya una mayor generación de una agricultura federal inclusiva, una Argentina federal inclusiva- y en el uso de variedades nativas y autóctonas, derechos propios de esos agricultores que no deben ser afectados por los derechos de propiedad.
La generación de un pago único en cada acto de uso, sin que exista el fantasma de la doble imposición, sino simplemente que se pague en determinado momento -el que sea, en el momento en que se compra la semilla o en cada acto de uso propio. El valor lo debe definir el titular, el obtentor, que es quien debe fijar cuánto vale su propia tecnología. El mercado dirá luego si vale o no el precio fijado.
Y, por supuesto, el fortalecimiento del control, debidamente ejercido por la autoridad de aplicación, que debe ser el INASE. En términos generales, tenemos agentes de control en diversas asignaturas de la industria o de la cultura argentina. Tenemos que tener al INASE como la institución capaz de marcar el camino que deben seguir tanto los usuarios como los generadores u obtentores de la tecnología.
Y, por supuesto, no cabe el orden público. Los contratos son parte intrínseca del negocio agrícola, deben ser entre privados; su limitación atenta contra la continuidad de las operaciones y el incentivo al uso de nuevas tecnologías.
Esta es nuestra opinión. Algunos dicen que el girasol no está afectado por ser una especie alógama, ya que el ciento por ciento de las semillas que se usan son híbridas. Esto no es cierto. A nosotros nos afecta en lo que son las especialidades, por ejemplo, el girasol confitero; se afecta la generación de las especies, como es el caso de los aceites de alta calidad -por ejemplo, el alto oleico-, la aplicación de tecnología y las inversiones destinadas a nuestra genética. Si no podemos dar garantías a las empresas o a las instituciones que se dedican a la generación de nuevas variedades o cultivares, no podremos seguir creciendo o compitiendo con aquellos países productores que son nuestra competencia. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos a continuación a la doctora Tamara Perelmuter, docente e investigadora del CONICET, para que nos dé su mirada sobre el tema.
SRA. PERELMUTER Buenas tardes. Mi nombre es Tamara Perelmuter. Soy licenciada en Ciencias Políticas, becaria posdoctoral del CONICET y docente de la UBA.
Soy parte del equipo que trabajó en la preparación de uno de los proyectos de ley presentados, el de las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, al que me referiré.
En primer lugar, quería agradecer la invitación y saludar esta instancia.
Creo importante destacar que el proyecto oficial -al que se hizo referencia en varias oportunidades, del cual hay un acta acuerdo- se sigue discutiendo a puertas cerradas -no es público. En dicho proyecto muchas voces siguen ausentes, sobre todo las de los distintos sectores que son parte de esta discusión y que deben participar, como es el caso de las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, y de consumidores, que también forman parte de la discusión de una ley de semillas que se enmarque en nuestro modelo agroalimentario y productivo.
Quiero destacar que la discusión que damos hoy, 16 de octubre, se celebra en el marco del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria declarado como tal por la Vía Campesina y que coincide con el Día Mundial de la Alimentación de la FAO. En este sentido, la Vía Campesina lanzó una campaña orientada fundamentalmente a discutir el tema de las semillas.
Me parece importante remarcar aquí que estamos dando un debate que no es meramente técnico. Obviamente, discutimos un proyecto de ley, sus artículos y aspectos técnicos relacionados con las semillas y la agricultura, pero esto es mucho más que un debate técnico. Se trata de una discusión profundamente política porque no solo discutimos una ley aislada sino nuestro modelo productivo, agroalimentario y fundamentalmente, nuestro proyecto de país.
Esta iniciativa que fue trabajada desde abajo -desde las organizaciones campesinas- y que luego fue presentada en el Congreso, justamente está enmarcada y tiene que ver con discutir nuestro modelo agroalimentario. Se trata de un proyecto pensado dentro del paradigma de la soberanía alimentaria -que discute en gran medida con nuestro modelo agrícola actual al que muchos hemos denominado "agronegocio" que tiene a la soja y a los transgénicos como su paradigma indiscutible.
El modelo actual se basa en el uso intensivo de agrotóxicos, con las consecuencias que se vienen denunciando desde las poblaciones que sufren la contaminación directa o indirecta de sus cuerpos, sus alimentos, sus animales y del agua que ingieren. Se trata de un modelo relacionado con una gran concentración porque son cada vez menos las empresas que controlan cada uno de los insumos en los que se sustenta -sobre todo las semillas, que es lo que hoy discutimos.
Por lo tanto, el proyecto presentado por las organizaciones campesinas que se basa y está pensado desde el paradigma de la soberanía alimentaria y entiende a las semillas como algo que es mucho más que tecnología o insumo productivo. Las semillas son entendidas como lo que directa o indirectamente nos alimenta, como el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y por lo tanto, quien las controla también controla toda la cadena y los alimentos.
Por esa razón, es importante discutir este tema y también porque las semillas son el fruto de un trabajo colectivo que los pueblos han realizado históricamente, desplegado por muchas generaciones de campesinos, indígenas, agricultores y productores de alimentos.
Además, las semillas son fuente de biodiversidad y es importante entender que al hablar de ellas también nos referimos a la biodiversidad del planeta. Al respecto la misma FAO ha reconocido que este modelo productivo es el causante de la desaparición del 75 por ciento de la biodiversidad de nuestro planeta.
Fundamentalmente es importante entender que cuando hablamos de semillas nos referimos también a una forma de vida. Es decir, estamos discutiendo qué hacemos con algo tan valioso como una forma de vida que son las semillas.
En ese sentido, el proyecto presentado por las organizaciones campesinas entiende que el objetivo de una ley de semillas debería ser garantizar el derecho de todas las personas que habitan el territorio argentino a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, innovación almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas para el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria, la soberanía sanitaria y tecnológica y el desarrollo agroalimentario sustentable de nuestro país. Entendemos que éste debería ser el objetivo que tendría que tener la ley de semillas que discutamos.
El proyecto que presentamos se basó en el consenso de todas las organizaciones teniendo en cuenta cinco puntos. El primero de ellos tiene que ver con el derecho de los pueblos a nutrirse soberanamente. Las semillas son fuente de alimento, de salud y debería ser el conjunto de nuestra sociedad quien decida qué plantamos, qué sembramos, con qué nos alimentamos y sanamos nosotros, nosotras y nuestras generaciones futuras.
El segundo consenso tiene que ver con el derecho sin restricciones al uso propio de las semillas.
Entendemos que el debate del uso propio es mucho más que una discusión técnica acerca de si hay cierta cantidad de hectáreas o de producción. El uso propio es un derecho de los agricultores y, como tal, tiene que estar contemplado en una ley de semillas. Es una práctica constitutiva del ser agricultor. Durante los miles y miles de años que lleva la agricultura, produjeron y reprodujeron sus semillas y mantuvieron el control de las mismas. Esa práctica constitutiva del ser agricultor es la que hay que reconocer y respetar en una ley de semillas. Obviamente, se trata de una práctica que tiene que ser gratuita y libre.
El tercer punto tiene que ver con la preservación de la biodiversidad en nuestros territorios. Ya hablé acerca de la importancia que tiene el hecho de resguardar la biodiversidad de nuestro planeta. Las semillas son fuente de biodiversidad.
El cuarto punto tiene que ver con el resguardo de las semillas nativas y criollas. Estas deberían ser declaradas de interés público por la ley de semillas.
Finalmente, el quinto punto sobre el que se sustenta este proyecto tiene que ver con la necesidad de incorporar de manera decisiva a las organizaciones campesinas de la agricultura familiar y los pueblos originarios en los órganos estatales y comunitarios que arbitren sobre la producción agrícola de nuestro país.
Es importante, necesario y urgente escuchar a todas las voces en esta discusión. Hay que hacerlo en aquellos espacios en donde se está definiendo este texto.
Se trata de una ley que involucra a las comunidades y pueblos originarios y, por lo tanto, debería aplicarse el convenio 169 de la OIT que está reconocido por nuestra Constitución Nacional. Hace referencia a que todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas tiene que pasar por una consulta previa e informada. Esto debería aplicarse porque las semillas también involucran a las comunidades originarias de nuestro país.
Esta discusión la estamos dando en el marco del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Me parece que es importante terminar mi discurso con una frase que supo acuñar la vía campesina hace varios años y que tiene que ver con que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y es desde ahí donde debemos pensar nuestros paradigmas legislativos. También es importante discutir y pensar una agricultura que sea para alimentar a los pueblos y en mano de los pueblos. (Aplausos.)
Soy parte del equipo que trabajó en la preparación de uno de los proyectos de ley presentados, el de las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, al que me referiré.
En primer lugar, quería agradecer la invitación y saludar esta instancia.
Creo importante destacar que el proyecto oficial -al que se hizo referencia en varias oportunidades, del cual hay un acta acuerdo- se sigue discutiendo a puertas cerradas -no es público. En dicho proyecto muchas voces siguen ausentes, sobre todo las de los distintos sectores que son parte de esta discusión y que deben participar, como es el caso de las organizaciones campesinas, indígenas, de la agricultura familiar, y de consumidores, que también forman parte de la discusión de una ley de semillas que se enmarque en nuestro modelo agroalimentario y productivo.
Quiero destacar que la discusión que damos hoy, 16 de octubre, se celebra en el marco del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria declarado como tal por la Vía Campesina y que coincide con el Día Mundial de la Alimentación de la FAO. En este sentido, la Vía Campesina lanzó una campaña orientada fundamentalmente a discutir el tema de las semillas.
Me parece importante remarcar aquí que estamos dando un debate que no es meramente técnico. Obviamente, discutimos un proyecto de ley, sus artículos y aspectos técnicos relacionados con las semillas y la agricultura, pero esto es mucho más que un debate técnico. Se trata de una discusión profundamente política porque no solo discutimos una ley aislada sino nuestro modelo productivo, agroalimentario y fundamentalmente, nuestro proyecto de país.
Esta iniciativa que fue trabajada desde abajo -desde las organizaciones campesinas- y que luego fue presentada en el Congreso, justamente está enmarcada y tiene que ver con discutir nuestro modelo agroalimentario. Se trata de un proyecto pensado dentro del paradigma de la soberanía alimentaria -que discute en gran medida con nuestro modelo agrícola actual al que muchos hemos denominado "agronegocio" que tiene a la soja y a los transgénicos como su paradigma indiscutible.
El modelo actual se basa en el uso intensivo de agrotóxicos, con las consecuencias que se vienen denunciando desde las poblaciones que sufren la contaminación directa o indirecta de sus cuerpos, sus alimentos, sus animales y del agua que ingieren. Se trata de un modelo relacionado con una gran concentración porque son cada vez menos las empresas que controlan cada uno de los insumos en los que se sustenta -sobre todo las semillas, que es lo que hoy discutimos.
Por lo tanto, el proyecto presentado por las organizaciones campesinas que se basa y está pensado desde el paradigma de la soberanía alimentaria y entiende a las semillas como algo que es mucho más que tecnología o insumo productivo. Las semillas son entendidas como lo que directa o indirectamente nos alimenta, como el primer eslabón de la cadena agroalimentaria y por lo tanto, quien las controla también controla toda la cadena y los alimentos.
Por esa razón, es importante discutir este tema y también porque las semillas son el fruto de un trabajo colectivo que los pueblos han realizado históricamente, desplegado por muchas generaciones de campesinos, indígenas, agricultores y productores de alimentos.
Además, las semillas son fuente de biodiversidad y es importante entender que al hablar de ellas también nos referimos a la biodiversidad del planeta. Al respecto la misma FAO ha reconocido que este modelo productivo es el causante de la desaparición del 75 por ciento de la biodiversidad de nuestro planeta.
Fundamentalmente es importante entender que cuando hablamos de semillas nos referimos también a una forma de vida. Es decir, estamos discutiendo qué hacemos con algo tan valioso como una forma de vida que son las semillas.
En ese sentido, el proyecto presentado por las organizaciones campesinas entiende que el objetivo de una ley de semillas debería ser garantizar el derecho de todas las personas que habitan el territorio argentino a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, innovación almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas para el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria, la soberanía sanitaria y tecnológica y el desarrollo agroalimentario sustentable de nuestro país. Entendemos que éste debería ser el objetivo que tendría que tener la ley de semillas que discutamos.
El proyecto que presentamos se basó en el consenso de todas las organizaciones teniendo en cuenta cinco puntos. El primero de ellos tiene que ver con el derecho de los pueblos a nutrirse soberanamente. Las semillas son fuente de alimento, de salud y debería ser el conjunto de nuestra sociedad quien decida qué plantamos, qué sembramos, con qué nos alimentamos y sanamos nosotros, nosotras y nuestras generaciones futuras.
El segundo consenso tiene que ver con el derecho sin restricciones al uso propio de las semillas.
Entendemos que el debate del uso propio es mucho más que una discusión técnica acerca de si hay cierta cantidad de hectáreas o de producción. El uso propio es un derecho de los agricultores y, como tal, tiene que estar contemplado en una ley de semillas. Es una práctica constitutiva del ser agricultor. Durante los miles y miles de años que lleva la agricultura, produjeron y reprodujeron sus semillas y mantuvieron el control de las mismas. Esa práctica constitutiva del ser agricultor es la que hay que reconocer y respetar en una ley de semillas. Obviamente, se trata de una práctica que tiene que ser gratuita y libre.
El tercer punto tiene que ver con la preservación de la biodiversidad en nuestros territorios. Ya hablé acerca de la importancia que tiene el hecho de resguardar la biodiversidad de nuestro planeta. Las semillas son fuente de biodiversidad.
El cuarto punto tiene que ver con el resguardo de las semillas nativas y criollas. Estas deberían ser declaradas de interés público por la ley de semillas.
Finalmente, el quinto punto sobre el que se sustenta este proyecto tiene que ver con la necesidad de incorporar de manera decisiva a las organizaciones campesinas de la agricultura familiar y los pueblos originarios en los órganos estatales y comunitarios que arbitren sobre la producción agrícola de nuestro país.
Es importante, necesario y urgente escuchar a todas las voces en esta discusión. Hay que hacerlo en aquellos espacios en donde se está definiendo este texto.
Se trata de una ley que involucra a las comunidades y pueblos originarios y, por lo tanto, debería aplicarse el convenio 169 de la OIT que está reconocido por nuestra Constitución Nacional. Hace referencia a que todo lo que tiene que ver con las comunidades indígenas tiene que pasar por una consulta previa e informada. Esto debería aplicarse porque las semillas también involucran a las comunidades originarias de nuestro país.
Esta discusión la estamos dando en el marco del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria. Me parece que es importante terminar mi discurso con una frase que supo acuñar la vía campesina hace varios años y que tiene que ver con que las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y es desde ahí donde debemos pensar nuestros paradigmas legislativos. También es importante discutir y pensar una agricultura que sea para alimentar a los pueblos y en mano de los pueblos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el representante de la Asociación de Semilleros Argentinos, señor Alfredo Paseyro.
SR. PASEYRO Señor presidente: agradezco la invitación y aprovecho para saludar al resto de los legisladores pertenecientes a las distintas comisiones abocadas al tratamiento de este tema.
Varios expositores ya informaron que llevamos muchos años en este tema y me incluyo.
Vengo a realizar una presentación de la institución que represento y brindar una mirada complementaria a todo lo que ya se ha dicho. Quiero brindar alguna información referida a lo que es la innovación, inversión, competitividad y el contexto mundial en el que estamos dando este debate.
La institución a la que represento tiene la misma misión desde hace setenta años y está copiada del estatuto. El objetivo es asegurar el derecho de propiedad intelectual de las variedades vegetales. Estamos hablando de creaciones fitogenéticas con lo cual todo lo que es especies nativas y criollas no lo estamos incluyendo en este debate.
Hay que promover el uso de tecnologías en semillas. Cuando me refiero a la tecnología incluyo al germoplasma. Al respecto, el licenciado Balbín hizo una muy buena síntesis histórica.
Hace nada más que veinte años la biotecnología se convirtió en una herramienta que dio la posibilidad de expandir fronteras productivas.
Otra herramienta de mejoramiento -que ya no es futuro sino presente- es la edición génica, que tiene algunas particularidades. Al respecto, queremos resaltar una y es que va a tener impacto en la investigación pública, en el sector de las universidades, en el Conicet y en el INTA. Esto se está discutiendo mundialmente, porque no estaría alcanzado por los marcos regulatorios de los organismos genéticamente modificados que tienen altos costos de regulación en el mundo.
En la filmina pueden ver que coloqué una lupa porque todavía no sabemos qué es lo nuevo, pero seguramente ya se está trabajando en ese sentido.
¿Qué hacemos? Agregamos y anclamos valores. El concepto de anclar valor lo vemos en aquellos países que tienen conocimiento y la posibilidad de dar condiciones para que ese conocimiento se desarrolle en innovación y tecnología.
Ochenta empresas trabajan en esto, en cultivos extensivos regionales, en especialidades en horticulturas y también en especies orgánicas. Es decir, cubrimos todo, no simplemente la soja biotecnológica, es mucho más.
Nuestras empresas obviamente no hacen lo que hace el INTA, que es insuperable, pero sí contamos con una diversidad bien amplia de instituciones y empresas. En este sentido, dentro de las ochenta que mencioné, más de setenta son pymes nacionales.
Quisiera citarlas con nombre y apellido -hoy el representante de la provincia de Buenos Aires lo dijo- porque son nombres propios que tenemos en este sector. Es el caso del caso de semillero Klein, que fue fundado en 1919 y el año próximo cumple 100 años; la empresa Gear, en 1922; Buck, en 1930; Basso Semillas, que trabaja en horticultura desde 1931. Es decir, en plena crisis mundial del año 30 aquí había empresarios que querían apostar a hacer semillas.
Paso a otra crisis, la de 2001, cuando nace Bioceres -que no hace falta explicar qué es; en 2004, Tobin, otra empresa con nombre y apellido; y hace nada más que dos años se crea Gensus, otra empresa dedicada al cultivo de algodón con empresarios argentinos.
Es decir, tenemos diversidad en los cultivos y también en el modelo de empresas, porque no solo están las multinacionales -que es lo primero que viene a la mente cuando se discute una ley de semillas- sino que también hay muchas pymes.
Sean bienvenidas las empresas multinacionales porque vienen a traer su capital y a dar condiciones de trabajo. Todas las plantas semilleras instaladas en estas trece provincias -que mencionó el representante del INASE-, esas 141 empresas, no importa de dónde proviene el capital sino que venga, dé trabajo para y por argentinos; eso es lo que hacen esas empresas.
Vemos en la filmina la cadena de valor y qué la integra hoy, porque de lo contrario parece que se habla solamente del desarrollador. La cadena de valor es más amplia, comprende investigación en laboratorio, investigación a campo, producción y multiplicación -el multiplicador es un actor clave y relevante en la actividad semillera, porque da territorialidad y trabajo en la región con pequeñas plantas con siete, ocho o diez empleados lo que implica que son diez familias trabajando en el sector-, clasificación, rotulado, comercialización y por último, el productor.
Todo esto que hacemos se retroalimenta con la opinión del usuario, del productor, y ahora sumamos otra opinión, la del destinatario final, ya sea el consumidor local o el de los mercados externos.
Aquí se habló de la cantidad y de si es buena la fórmula PxQ. Coincido en que se agrega un tercer factor a esta fórmula que es la Q de la calidad, en la medida en que Argentina no pueda cumplir los estándares que van a demandar ya no los países, sino compradores y cadenas de agregado de valor que no conocemos y que ponen sus condiciones; por lo tanto, el tema de los contratos es clave en todo esto.
Voy a ir rápidamente, el conocimiento es una serie de anillos que tenemos e incluye más de veinte actividades especializadas.
En el anillo central tenemos a los entomólogos, fitopatólogos, agrónomos, genetistas, biotecnólogos, bioquímicos, informáticos y técnicos de campo. Este es el núcleo duro de quienes hacemos la transformación de nuestro conocimiento. Después está el jornalero, el contratista.
Hubo aquí también un representante de UATRE.
Todos ellos son clave en el proceso de producción de semillas. Después tenemos a los ingenieros industriales, a los técnicos y a quienes están en otra periferia de la actividad pero que también pertenecen a esta industria.
Se trata de una industria inclusiva, amplia, que no es únicamente para ingenieros agrónomos; de hecho, yo no lo soy. Es una industria que tiene un enorme potencial, y queremos aprovecharlo.
Estos números que ven en la filmina los incluyo porque estoy obligado, pero ya se mostró cuál es la situación de un híbrido versus una autógama -trigo vs. soja- y hay que agregar el garbanzo -afortunadamente luego hará uso de la palabra la representante de la entidad-, el maní, el algodón, el poroto, la caña de azúcar, y podría continuar este listado de economías regionales.
El problema lo tenemos con aquellas especies que tienen multiplicación autógama.
¿Cuál es la posición de la industria? Lo incluí en la filmina, pero no se asusten, no lo voy a leer; es solo para que se comprenda de qué se habla cuando se habla del acta de entendimiento. El acta de entendimiento está escrita, se dejó en el Ministerio, es un documento público, y durante todo un año hemos privilegiado el diálogo y la unidad sobre el conflicto. Afortunadamente, después de ese año de trabajo hoy ya no se habla del conflicto por la ley de semillas. Estamos tratando de solucionar los matices que le faltan a esta discusión.
Son siete los puntos centrales, que ya se enunciaron.
Reconocimiento a la práctica del uso propio. Debe ser reconocido, para que haya un círculo virtuoso en todos los que ponen su materia gris a disposición para tener una semilla de calidad.
El sistema a aplicar debe ser sencillo.
Se propuso aquí que todo vaya a la semilla fiscalizada y, cuando digo todo, me refiero a todos los derechos: el derecho al germoplasma, a la patente y a la marca o lo que pueda venir de la mano de la edición génica. En el primer acto, que es la compra de la semilla fiscalizada, como en el uso propio, deben estar todos los derechos. Tiene que ser previsible; por eso estamos proponiendo que el desarrollador disponga las condiciones comerciales hacia delante y, de más está decirlo, porque el único que tiene la potestad de control es el Estado, y ahí es donde nosotros nos sentimos muy cómodos con el INASE. Como la CONASE tiene una participación público-privada, creemos que ese control se puede hacer como se está haciendo hoy, con la ayuda del sector privado.
No tenemos una visión binaria de lo que es lo público y lo privado. Creemos que en la Argentina debe haber tanto capital público como privado. A esto se agregan conceptos que no estaban en el acta de entendimiento, que obviamente también se mencionaron, como la agricultura familiar y los pueblos originarios y las especies nativas y criollas.
No es el núcleo de la discusión aquí. Habría que retomar la ley de agricultura familiar y el artículo 26, que es central en lo que se discute respecto de la semilla criolla y nativa. Entiendo que hay un problema de presupuesto, pero la ley de agricultura familiar ya ha sido votada.
Por su parte, adherimos directamente a dos artículos de la Constitución, los artículos 14 y 17, que son muy claros en cuanto a las libertades que fijan. Entendemos que esta ley no tiene que ser de orden público, no es necesario. Sería totalmente contraproducente en los efectos colaterales que podría ocasionar el hecho de que en esta ley se incorpore el concepto de orden público.
Voy rápido porque me estoy extendiendo y quiero ser respetuoso del tiempo de los demás. El mundo hoy compite en la era del conocimiento. Aquí pueden ver las potencias que están discutiendo en el área del conocimiento. Queremos tener una protección proactiva, pero competir en igualdad de condiciones, y podemos hacerlo.
La Argentina, en investigación y desarrollo, en términos del PBI, está dentro de los primeros 40 países a nivel mundial, pero hay una disquisición que quiero mostrar. La industria semillera está muy por arriba de esos guarismos. Invierte el 9 por ciento de la facturación en I+D, lo que nos pone a la altura de los países del Primer Mundo en lo que es investigación y desarrollo. Los porcentajes son los siguientes: Los Estados Unidos, 13,5; China, 5; Europa, 14; Japón, 10, y el promedio global es del 10. La Argentina en el sector semillero invierte el 9 por ciento, muy por arriba de cualquier otra industria, incluso la automotriz.
Los beneficios están dados para el productor, para los importadores y exportadores. Nuestra actividad no termina en la relación con el productor sino que se extiende al comprador final, por la calidad intrínseca que lleva lo que hacemos.
El punto central que queremos mostrar es el referido a la protección de la propiedad intelectual. La Argentina, así como en investigación y desarrollo y en inversiones en términos de PBI está dentro de la media, a nivel de la propiedad intelectual está debajo de la media.
Lo que aparece en la proyección es un informe del Banco Mundial. Vemos a Brasil, Argentina, Australia, Canadá entre otros y nuestro país, con 2.99 en este indicador, es el único que no llega a la media de 3.5.
Estamos convencidos de que el momento es ahora, la Argentina se tomó mucho tiempo para encontrar una solución a esta ley. Creemos que los señores legisladores ya escucharon una cantidad de exposiciones que les permiten formar opinión y sancionar una ley que posibilite recuperar el protagonismo geoestratégico que tenemos en la era del conocimiento. Queremos aprovechar esta oportunidad y que sea una solución colectiva.
En los últimos treinta segundos quiero mostrarles dos o tres cuadros, en el central tengo aspectos familiares y los otros dos son bien nacionales. Dice la historia que cuando San Martín estaba organizando el cruce de los Andes mandaba notas permanentemente a los legisladores del gobierno central y el único que más o menos atendía sus pedidos era el general Pueyrredón. Cansado Pueyrredón de tantos reclamos de San Martín le envía una nota en la que decía: "Señor general San Martín: aquí van las mulas, las municiones, la comida etcétera..." -y utiliza una palabra que voy a cambiar- "¡déjese de molestar, caramba! Si lo que usted pretende hacer es imposible."
San Martín le respondió: "General Pueyrredón, muchas gracias, serán bienvenidas las vituallas que nos está mandando. Coincido que puede ser imposible, pero es imprescindible". Muchas gracias. (Aplausos.)
Varios expositores ya informaron que llevamos muchos años en este tema y me incluyo.
Vengo a realizar una presentación de la institución que represento y brindar una mirada complementaria a todo lo que ya se ha dicho. Quiero brindar alguna información referida a lo que es la innovación, inversión, competitividad y el contexto mundial en el que estamos dando este debate.
La institución a la que represento tiene la misma misión desde hace setenta años y está copiada del estatuto. El objetivo es asegurar el derecho de propiedad intelectual de las variedades vegetales. Estamos hablando de creaciones fitogenéticas con lo cual todo lo que es especies nativas y criollas no lo estamos incluyendo en este debate.
Hay que promover el uso de tecnologías en semillas. Cuando me refiero a la tecnología incluyo al germoplasma. Al respecto, el licenciado Balbín hizo una muy buena síntesis histórica.
Hace nada más que veinte años la biotecnología se convirtió en una herramienta que dio la posibilidad de expandir fronteras productivas.
Otra herramienta de mejoramiento -que ya no es futuro sino presente- es la edición génica, que tiene algunas particularidades. Al respecto, queremos resaltar una y es que va a tener impacto en la investigación pública, en el sector de las universidades, en el Conicet y en el INTA. Esto se está discutiendo mundialmente, porque no estaría alcanzado por los marcos regulatorios de los organismos genéticamente modificados que tienen altos costos de regulación en el mundo.
En la filmina pueden ver que coloqué una lupa porque todavía no sabemos qué es lo nuevo, pero seguramente ya se está trabajando en ese sentido.
¿Qué hacemos? Agregamos y anclamos valores. El concepto de anclar valor lo vemos en aquellos países que tienen conocimiento y la posibilidad de dar condiciones para que ese conocimiento se desarrolle en innovación y tecnología.
Ochenta empresas trabajan en esto, en cultivos extensivos regionales, en especialidades en horticulturas y también en especies orgánicas. Es decir, cubrimos todo, no simplemente la soja biotecnológica, es mucho más.
Nuestras empresas obviamente no hacen lo que hace el INTA, que es insuperable, pero sí contamos con una diversidad bien amplia de instituciones y empresas. En este sentido, dentro de las ochenta que mencioné, más de setenta son pymes nacionales.
Quisiera citarlas con nombre y apellido -hoy el representante de la provincia de Buenos Aires lo dijo- porque son nombres propios que tenemos en este sector. Es el caso del caso de semillero Klein, que fue fundado en 1919 y el año próximo cumple 100 años; la empresa Gear, en 1922; Buck, en 1930; Basso Semillas, que trabaja en horticultura desde 1931. Es decir, en plena crisis mundial del año 30 aquí había empresarios que querían apostar a hacer semillas.
Paso a otra crisis, la de 2001, cuando nace Bioceres -que no hace falta explicar qué es; en 2004, Tobin, otra empresa con nombre y apellido; y hace nada más que dos años se crea Gensus, otra empresa dedicada al cultivo de algodón con empresarios argentinos.
Es decir, tenemos diversidad en los cultivos y también en el modelo de empresas, porque no solo están las multinacionales -que es lo primero que viene a la mente cuando se discute una ley de semillas- sino que también hay muchas pymes.
Sean bienvenidas las empresas multinacionales porque vienen a traer su capital y a dar condiciones de trabajo. Todas las plantas semilleras instaladas en estas trece provincias -que mencionó el representante del INASE-, esas 141 empresas, no importa de dónde proviene el capital sino que venga, dé trabajo para y por argentinos; eso es lo que hacen esas empresas.
Vemos en la filmina la cadena de valor y qué la integra hoy, porque de lo contrario parece que se habla solamente del desarrollador. La cadena de valor es más amplia, comprende investigación en laboratorio, investigación a campo, producción y multiplicación -el multiplicador es un actor clave y relevante en la actividad semillera, porque da territorialidad y trabajo en la región con pequeñas plantas con siete, ocho o diez empleados lo que implica que son diez familias trabajando en el sector-, clasificación, rotulado, comercialización y por último, el productor.
Todo esto que hacemos se retroalimenta con la opinión del usuario, del productor, y ahora sumamos otra opinión, la del destinatario final, ya sea el consumidor local o el de los mercados externos.
Aquí se habló de la cantidad y de si es buena la fórmula PxQ. Coincido en que se agrega un tercer factor a esta fórmula que es la Q de la calidad, en la medida en que Argentina no pueda cumplir los estándares que van a demandar ya no los países, sino compradores y cadenas de agregado de valor que no conocemos y que ponen sus condiciones; por lo tanto, el tema de los contratos es clave en todo esto.
Voy a ir rápidamente, el conocimiento es una serie de anillos que tenemos e incluye más de veinte actividades especializadas.
En el anillo central tenemos a los entomólogos, fitopatólogos, agrónomos, genetistas, biotecnólogos, bioquímicos, informáticos y técnicos de campo. Este es el núcleo duro de quienes hacemos la transformación de nuestro conocimiento. Después está el jornalero, el contratista.
Hubo aquí también un representante de UATRE.
Todos ellos son clave en el proceso de producción de semillas. Después tenemos a los ingenieros industriales, a los técnicos y a quienes están en otra periferia de la actividad pero que también pertenecen a esta industria.
Se trata de una industria inclusiva, amplia, que no es únicamente para ingenieros agrónomos; de hecho, yo no lo soy. Es una industria que tiene un enorme potencial, y queremos aprovecharlo.
Estos números que ven en la filmina los incluyo porque estoy obligado, pero ya se mostró cuál es la situación de un híbrido versus una autógama -trigo vs. soja- y hay que agregar el garbanzo -afortunadamente luego hará uso de la palabra la representante de la entidad-, el maní, el algodón, el poroto, la caña de azúcar, y podría continuar este listado de economías regionales.
El problema lo tenemos con aquellas especies que tienen multiplicación autógama.
¿Cuál es la posición de la industria? Lo incluí en la filmina, pero no se asusten, no lo voy a leer; es solo para que se comprenda de qué se habla cuando se habla del acta de entendimiento. El acta de entendimiento está escrita, se dejó en el Ministerio, es un documento público, y durante todo un año hemos privilegiado el diálogo y la unidad sobre el conflicto. Afortunadamente, después de ese año de trabajo hoy ya no se habla del conflicto por la ley de semillas. Estamos tratando de solucionar los matices que le faltan a esta discusión.
Son siete los puntos centrales, que ya se enunciaron.
Reconocimiento a la práctica del uso propio. Debe ser reconocido, para que haya un círculo virtuoso en todos los que ponen su materia gris a disposición para tener una semilla de calidad.
El sistema a aplicar debe ser sencillo.
Se propuso aquí que todo vaya a la semilla fiscalizada y, cuando digo todo, me refiero a todos los derechos: el derecho al germoplasma, a la patente y a la marca o lo que pueda venir de la mano de la edición génica. En el primer acto, que es la compra de la semilla fiscalizada, como en el uso propio, deben estar todos los derechos. Tiene que ser previsible; por eso estamos proponiendo que el desarrollador disponga las condiciones comerciales hacia delante y, de más está decirlo, porque el único que tiene la potestad de control es el Estado, y ahí es donde nosotros nos sentimos muy cómodos con el INASE. Como la CONASE tiene una participación público-privada, creemos que ese control se puede hacer como se está haciendo hoy, con la ayuda del sector privado.
No tenemos una visión binaria de lo que es lo público y lo privado. Creemos que en la Argentina debe haber tanto capital público como privado. A esto se agregan conceptos que no estaban en el acta de entendimiento, que obviamente también se mencionaron, como la agricultura familiar y los pueblos originarios y las especies nativas y criollas.
No es el núcleo de la discusión aquí. Habría que retomar la ley de agricultura familiar y el artículo 26, que es central en lo que se discute respecto de la semilla criolla y nativa. Entiendo que hay un problema de presupuesto, pero la ley de agricultura familiar ya ha sido votada.
Por su parte, adherimos directamente a dos artículos de la Constitución, los artículos 14 y 17, que son muy claros en cuanto a las libertades que fijan. Entendemos que esta ley no tiene que ser de orden público, no es necesario. Sería totalmente contraproducente en los efectos colaterales que podría ocasionar el hecho de que en esta ley se incorpore el concepto de orden público.
Voy rápido porque me estoy extendiendo y quiero ser respetuoso del tiempo de los demás. El mundo hoy compite en la era del conocimiento. Aquí pueden ver las potencias que están discutiendo en el área del conocimiento. Queremos tener una protección proactiva, pero competir en igualdad de condiciones, y podemos hacerlo.
La Argentina, en investigación y desarrollo, en términos del PBI, está dentro de los primeros 40 países a nivel mundial, pero hay una disquisición que quiero mostrar. La industria semillera está muy por arriba de esos guarismos. Invierte el 9 por ciento de la facturación en I+D, lo que nos pone a la altura de los países del Primer Mundo en lo que es investigación y desarrollo. Los porcentajes son los siguientes: Los Estados Unidos, 13,5; China, 5; Europa, 14; Japón, 10, y el promedio global es del 10. La Argentina en el sector semillero invierte el 9 por ciento, muy por arriba de cualquier otra industria, incluso la automotriz.
Los beneficios están dados para el productor, para los importadores y exportadores. Nuestra actividad no termina en la relación con el productor sino que se extiende al comprador final, por la calidad intrínseca que lleva lo que hacemos.
El punto central que queremos mostrar es el referido a la protección de la propiedad intelectual. La Argentina, así como en investigación y desarrollo y en inversiones en términos de PBI está dentro de la media, a nivel de la propiedad intelectual está debajo de la media.
Lo que aparece en la proyección es un informe del Banco Mundial. Vemos a Brasil, Argentina, Australia, Canadá entre otros y nuestro país, con 2.99 en este indicador, es el único que no llega a la media de 3.5.
Estamos convencidos de que el momento es ahora, la Argentina se tomó mucho tiempo para encontrar una solución a esta ley. Creemos que los señores legisladores ya escucharon una cantidad de exposiciones que les permiten formar opinión y sancionar una ley que posibilite recuperar el protagonismo geoestratégico que tenemos en la era del conocimiento. Queremos aprovechar esta oportunidad y que sea una solución colectiva.
En los últimos treinta segundos quiero mostrarles dos o tres cuadros, en el central tengo aspectos familiares y los otros dos son bien nacionales. Dice la historia que cuando San Martín estaba organizando el cruce de los Andes mandaba notas permanentemente a los legisladores del gobierno central y el único que más o menos atendía sus pedidos era el general Pueyrredón. Cansado Pueyrredón de tantos reclamos de San Martín le envía una nota en la que decía: "Señor general San Martín: aquí van las mulas, las municiones, la comida etcétera..." -y utiliza una palabra que voy a cambiar- "¡déjese de molestar, caramba! Si lo que usted pretende hacer es imposible."
San Martín le respondió: "General Pueyrredón, muchas gracias, serán bienvenidas las vituallas que nos está mandando. Coincido que puede ser imposible, pero es imprescindible". Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra la representante de la Universidad Nacional de Córdoba, ingeniera agrónoma y docente en mejoramiento genético, la señora Julia Carreras.
SRA. CARRERAS Agradezco la invitación al señor presidente y a los señores legisladores presentes por escucharnos.
En mi caso soy obtentora de variedades de garbanzo. Quienes me precedieron en el uso de la palabra han dicho mucho en cuanto al rol que cabe al mejoramiento genético en la producción agropecuaria.
Nuestro trabajo se realiza desde una institución pública, la Universidad de Córdoba. De manera conjunta con el INTA y el sector privado hemos podido, a lo largo de cuarenta años, revertir situaciones y nuestro pilar fundamental ha sido la mejora genética.
Agradezco al señor presidente por invitarme a esta reunión y darme la posibilidad de hablar sobre los cultivos que pertenecen a economías regionales. Como obtentora de garbanzo puedo decir están en la misma situación quienes se dedican a porotos, arvejas, lentejas y muchas otras.
En ese sentido, nuestro país tiene una diversidad ambiental impresionante, un importante potencial genético y no podemos quedarnos atrás. El ingeniero Balbín mencionó claramente a todas las biotecnologías que hoy están al alcance del mundo y nosotros, si no ponemos manos a la obra, quedamos atrás.
Digo esto para señalar el rol que cabe al mejoramiento genético. La semilla es el pilar fundamental del sistema productivo.
Para lograr una variedad -autógama- demoramos entre siete a diez años. No son cultivos donde el acervo genético sea propio del país. La autogamia favorece de alguna manera a esa situación. ¿Por qué hablamos de ciclos? Porque necesitamos generarla, seleccionarla y evaluarla en diferentes ambientes. Finalmente, hay que lograr que esos materiales puedan llegar al productor.
Nuestro objetivo primario desde la mejora genética es la producción. En el caso de las legumbres de granos secos se venden por calidad. No podemos ser competitivos frente al mundo si no vendemos calidad.
Otro gran desafío dentro de la mejora genética es la resistencia genética. Contamos con acuerdos y relaciones interinstitucionales que nos permite introducir germoplasma para sortear los problemas de sanidad.
En ese gráfico pueden apreciar el fruto de cuatro cultivares obtenidos en el país. El primero de ellos se llama Chañaritos. Fue obtenido en la provincia de Córdoba y nos permitió abrir el registro de cultivares en el INASE. Ya cumplió los veinte años. Demostró su capacidad adaptativa en todo el país. Nos ha permitido insertar a los productores en los distintos sistemas y, a su vez, llevar a cabo las exportaciones. Argentina no consume garbanzos. Quiere decir que hemos cumplido lo que la ley de semillas determina desde el punto de vista de los obtentores. A ello le hemos sumado otro llamado Norteño. Es un trabajo conjunto con el INTA y tiene eficacia en el norte argentino y en el centro del país. Esto nos permitió apuntar a un calibre mejor en cuanto a lo que es calidad de producto.
Voy a mencionar a otros dos cultivares. Nuestro objetivo primario es la docencia y nos consultaban acerca de la motivación. Desde la universidad formamos recursos humanos, no tan sólo para dar clase, sino para brindar una orientación acerca de cómo la mejora genética avanza y es abarcativa. No desconocemos el germoplasma ni a las poblaciones locales ni el trabajo de pequeños y medianos productores.
Este cultivar -KIARA UNC- nos ha permitido entrar en un calibre en el que se paga mucho más y que, por supuesto, le conviene al productor agropecuario.
En el caso del cultivar llamado "Felipe" nos permitió que otros países consuman estos materiales para hacerlos enlatados debido a la uniformidad de su producto.
Si tuviésemos que trabajar en otro tipo de germoplasma -garbanzos coloreados consumidos por los países del Oriente Medio, entre ellos La India y Pakistán- considero que estamos en condiciones de proveer dichos materiales que cuentan con un potencial productivo importante sumado a la adaptación.
En lo relativo a la resistencia genética quiero señalar lo siguiente. A partir del año 2011 se desarrolló una enfermedad que está en todo el mundo y que ya llegó a la Argentina. En nuestros acuerdos de trabajo con los centros de germoplasma hemos podido introducir materiales y hoy estamos en condiciones de liberar materiales con tolerancia y resistencia a una enfermedad llamada rabia.
Considero que no se usa semilla. Trabajamos con los semilleros para fiscalizar y tenemos la categoría fiscalizada. Pero el 80 y 90 por ciento de la semilla que se usa es bolsa blanca.
Eso duele, y lo dijo muy claro el señor Lozano en cuanto a los registros de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde los análisis dan por debajo de 80 y por lo tanto, no es semilla.
El hecho de tener materiales con resistencia, es decir, producción, calidad y resistencia, son aspectos que avanzan a través de la mejora genética. En este sentido, duele muchísimo que no se respete el derecho del obtentor porque no hay retroalimentación para nuestro trabajo de investigación.
En la filmina que estoy proyectando vemos la evolución del medio de tres cultivos: arveja, garbanzo y poroto en 1996/1997. Hasta 2007 no existía el cultivo de garbanzo en miles de toneladas y a partir de 2006 se hace presente la curva.
El desarrollo local es una interacción de toda la cadena productiva, no me animo a armarla en un ciento por ciento como hizo el representante de la Asociación Argentina de Girasol, pero participan todos los actores. El hecho de que estén los semilleros, los criaderos y los exportadores, permite una retroalimentación de ese cultivo que posibilita tener su nicho en una economía regional de un cultivo de invierno que nuestro país puede producir desde Salta hasta Córdoba.
Como obtentora sin lugar a dudas me preocupa el derecho del obtentor porque hemos cumplido, los cuatro cultivares están inscriptos en el INASE, y sería bueno poder inscribir todos los otros.
Sinceramente, esta situación duele muchísimo porque en Córdoba en esta campaña agrícola se sembraron 50.000 hectáreas y se vendieron 200 toneladas de semillas, cuando se trata de un cultivo que lleva más de 150 kilos de semilla por hectárea. En ese sentido, debo decir que es muy duro el no uso de semilla legal.
Creo que como dijo Alfredo, cuando San Martín cruzó Los Andes pedía varias cosas. En mi caso, defiendo una economía regional que va desde Salta hasta el Valle de Río Negro y lo hago desde una institución pública. No tengo ningún problema de trabajar con todos los integrantes de la cadena productiva -soy jubilada y sin embargo quise aportar esto.
En mi opinión, cuando los objetivos son claros se puede formar recurso humano y beneficiar al productor. En el caso de Córdoba, el producto es tangible y está a la vista. (Aplausos.)
En mi caso soy obtentora de variedades de garbanzo. Quienes me precedieron en el uso de la palabra han dicho mucho en cuanto al rol que cabe al mejoramiento genético en la producción agropecuaria.
Nuestro trabajo se realiza desde una institución pública, la Universidad de Córdoba. De manera conjunta con el INTA y el sector privado hemos podido, a lo largo de cuarenta años, revertir situaciones y nuestro pilar fundamental ha sido la mejora genética.
Agradezco al señor presidente por invitarme a esta reunión y darme la posibilidad de hablar sobre los cultivos que pertenecen a economías regionales. Como obtentora de garbanzo puedo decir están en la misma situación quienes se dedican a porotos, arvejas, lentejas y muchas otras.
En ese sentido, nuestro país tiene una diversidad ambiental impresionante, un importante potencial genético y no podemos quedarnos atrás. El ingeniero Balbín mencionó claramente a todas las biotecnologías que hoy están al alcance del mundo y nosotros, si no ponemos manos a la obra, quedamos atrás.
Digo esto para señalar el rol que cabe al mejoramiento genético. La semilla es el pilar fundamental del sistema productivo.
Para lograr una variedad -autógama- demoramos entre siete a diez años. No son cultivos donde el acervo genético sea propio del país. La autogamia favorece de alguna manera a esa situación. ¿Por qué hablamos de ciclos? Porque necesitamos generarla, seleccionarla y evaluarla en diferentes ambientes. Finalmente, hay que lograr que esos materiales puedan llegar al productor.
Nuestro objetivo primario desde la mejora genética es la producción. En el caso de las legumbres de granos secos se venden por calidad. No podemos ser competitivos frente al mundo si no vendemos calidad.
Otro gran desafío dentro de la mejora genética es la resistencia genética. Contamos con acuerdos y relaciones interinstitucionales que nos permite introducir germoplasma para sortear los problemas de sanidad.
En ese gráfico pueden apreciar el fruto de cuatro cultivares obtenidos en el país. El primero de ellos se llama Chañaritos. Fue obtenido en la provincia de Córdoba y nos permitió abrir el registro de cultivares en el INASE. Ya cumplió los veinte años. Demostró su capacidad adaptativa en todo el país. Nos ha permitido insertar a los productores en los distintos sistemas y, a su vez, llevar a cabo las exportaciones. Argentina no consume garbanzos. Quiere decir que hemos cumplido lo que la ley de semillas determina desde el punto de vista de los obtentores. A ello le hemos sumado otro llamado Norteño. Es un trabajo conjunto con el INTA y tiene eficacia en el norte argentino y en el centro del país. Esto nos permitió apuntar a un calibre mejor en cuanto a lo que es calidad de producto.
Voy a mencionar a otros dos cultivares. Nuestro objetivo primario es la docencia y nos consultaban acerca de la motivación. Desde la universidad formamos recursos humanos, no tan sólo para dar clase, sino para brindar una orientación acerca de cómo la mejora genética avanza y es abarcativa. No desconocemos el germoplasma ni a las poblaciones locales ni el trabajo de pequeños y medianos productores.
Este cultivar -KIARA UNC- nos ha permitido entrar en un calibre en el que se paga mucho más y que, por supuesto, le conviene al productor agropecuario.
En el caso del cultivar llamado "Felipe" nos permitió que otros países consuman estos materiales para hacerlos enlatados debido a la uniformidad de su producto.
Si tuviésemos que trabajar en otro tipo de germoplasma -garbanzos coloreados consumidos por los países del Oriente Medio, entre ellos La India y Pakistán- considero que estamos en condiciones de proveer dichos materiales que cuentan con un potencial productivo importante sumado a la adaptación.
En lo relativo a la resistencia genética quiero señalar lo siguiente. A partir del año 2011 se desarrolló una enfermedad que está en todo el mundo y que ya llegó a la Argentina. En nuestros acuerdos de trabajo con los centros de germoplasma hemos podido introducir materiales y hoy estamos en condiciones de liberar materiales con tolerancia y resistencia a una enfermedad llamada rabia.
Considero que no se usa semilla. Trabajamos con los semilleros para fiscalizar y tenemos la categoría fiscalizada. Pero el 80 y 90 por ciento de la semilla que se usa es bolsa blanca.
Eso duele, y lo dijo muy claro el señor Lozano en cuanto a los registros de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde los análisis dan por debajo de 80 y por lo tanto, no es semilla.
El hecho de tener materiales con resistencia, es decir, producción, calidad y resistencia, son aspectos que avanzan a través de la mejora genética. En este sentido, duele muchísimo que no se respete el derecho del obtentor porque no hay retroalimentación para nuestro trabajo de investigación.
En la filmina que estoy proyectando vemos la evolución del medio de tres cultivos: arveja, garbanzo y poroto en 1996/1997. Hasta 2007 no existía el cultivo de garbanzo en miles de toneladas y a partir de 2006 se hace presente la curva.
El desarrollo local es una interacción de toda la cadena productiva, no me animo a armarla en un ciento por ciento como hizo el representante de la Asociación Argentina de Girasol, pero participan todos los actores. El hecho de que estén los semilleros, los criaderos y los exportadores, permite una retroalimentación de ese cultivo que posibilita tener su nicho en una economía regional de un cultivo de invierno que nuestro país puede producir desde Salta hasta Córdoba.
Como obtentora sin lugar a dudas me preocupa el derecho del obtentor porque hemos cumplido, los cuatro cultivares están inscriptos en el INASE, y sería bueno poder inscribir todos los otros.
Sinceramente, esta situación duele muchísimo porque en Córdoba en esta campaña agrícola se sembraron 50.000 hectáreas y se vendieron 200 toneladas de semillas, cuando se trata de un cultivo que lleva más de 150 kilos de semilla por hectárea. En ese sentido, debo decir que es muy duro el no uso de semilla legal.
Creo que como dijo Alfredo, cuando San Martín cruzó Los Andes pedía varias cosas. En mi caso, defiendo una economía regional que va desde Salta hasta el Valle de Río Negro y lo hago desde una institución pública. No tengo ningún problema de trabajar con todos los integrantes de la cadena productiva -soy jubilada y sin embargo quise aportar esto.
En mi opinión, cuando los objetivos son claros se puede formar recurso humano y beneficiar al productor. En el caso de Córdoba, el producto es tangible y está a la vista. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Quiero informar que restan cuatro expositores.
Tiene la palabra el representante de CREA, director de la unidad de investigación y desarrollo, señor Federico Bert.
Tiene la palabra el representante de CREA, director de la unidad de investigación y desarrollo, señor Federico Bert.
SR. BERT Gracias, en nombre de CREA por brindarnos el espacio para compartir nuestro aporte respecto al tema que se está debatiendo.
Soy Federico Bert, responsable de investigación y desarrollo de CREA, una organización privada sin fines de lucro formada, dirigida y financiada por productores agropecuarios que trabajan en red -entre sí y con otras instituciones- tratando de generar conocimiento y un lenguaje común.
Cada diez años CREA, como organización realiza una planificación estratégica y en el último proceso que llevamos adelante definimos nuestra visión y misión.
Como misión nos propusimos ser productores agropecuarios que trabajamos en grupo, compartimos experiencias, generamos conocimiento y potenciamos ideas para el desarrollo sostenible de nuestras empresas y del país.
CREA está compuesto por productores agropecuarios integrados a la comunidad. Nuestra visión es ser referentes en innovación y sostenibilidad.
Algunos de los números de CREA: somos casi dos mil productores agropecuarios, distribuidos en todo el territorio argentino, organizados en casi 230 grupos y 18 regiones -y ahora está la número 19, al norte de la Patagonia. Tenemos un cuerpo técnico de 300 asesores y aportamos aproximadamente entre el 5 y el 7 por ciento de la agricultura extensiva del país.
Muchas de las cosas que quería mencionar ya se dijeron, por lo que voy a ser ágil, ya que además pasó bastante tiempo.
En CREA entendemos que el mejoramiento genético y la biotecnología son determinantes para el desarrollo de la agricultura a escala global y local. El hombre, a lo largo de la historia, a través del proceso de selección que llevó adelante con distintas tecnologías -como se dijo antes-, logró tener cultivos con mejores rendimientos -a través de este mejoramiento y la biotecnología-, mejor calidad, mejor capacidad de enfrentar el estrés biótico -como las malezas y las plagas- y abiótico -como las sequías o las altas temperaturas-, logró producir plantas que usan más eficientemente los recursos naturales y que se adaptan mejor a distintas condiciones ambientales, pudiendo así producir en áreas en las que antes no se podía. Hay innumerables ejemplos en todo el mundo y en Argentina respecto de cómo esto se plasma en el día a día de un productor agropecuario. Este es solo un ejemplo.
Lo que muestran las fotos es la cantidad de áreas que se necesita sembrar con la tecnología de 1930 versus la tecnología de 2010 para obtener la misma cantidad de productos -grano de maíz en este caso.
Básicamente, el mejoramiento, en conjunto con el ajuste agronómico que hicieron los productores agropecuarios, logró que hoy, con cinco veces menos áreas, podamos producir los mismos kilos que se producían en 1930. Esto, sin duda, implica mayor creación de valor, más competitividad -pensada como la relación entre insumo y producto extraído- y, sin duda, un aporte al desarrollo sostenible de los sistemas productivos.
Hay numerosos ejemplos en la Argentina que nosotros observamos con atención desde CREA, desde el punto de vista de cómo ha aportado el mejoramiento genético al avance y el desarrollo de la agricultura. Lo interesante de estos ejemplos es que involucran distintos cultivos y no solo los extensivos. Muchos cultivos son de alcance regional e incluyen a distintos actores -no solamente privados sino también públicos- detrás de este desarrollo genético que mejora la producción.
Un ejemplo claro es el algodón. En respuesta al mejoramiento genético, el rendimiento de algodón se duplicó en los últimos 50 años -hay literatura científica que lo demuestra- y se pudieron incorporar algunas tecnologías que mejoraron el manejo de este cultivo.
Lo mismo ha pasado con la caña de azúcar. En cada diapositiva está la referencia al paper que sustenta el dato. Desde 1940, se aumentó el rendimiento a un ritmo de 80 kilos por hectárea y por año, de caña de azúcar, y de 140 kilos de caña soca.
Por último, se ha mencionado en esta mesa en sesiones anteriores lo que ocurrió con el arroz. El mejoramiento genético de origen argentino aumentó significativamente la calidad del arroz, manteniendo o mejorando los rendimientos, y eso le permitió a nuestro país alcanzar nuevos mercados, depender menos de la inestabilidad de algunos de nuestros compradores y, además, vender genética de arroz en el resto del mundo. Lo más interesante de esto es que toda esa mejora, que redundó en un montón de valor, vino de la mano de una organización pública como es el INTA.
Como último ejemplo -podríamos nombrar varios más-, tenemos el de la soja. Hay literatura científica que determina que desde 1980 a la actualidad el mejoramiento genético aportó 43 kilos por hectárea por año al rendimiento de soja. Esto es en situaciones de producción de alto potencial. Si uno mira lo que pasó con los registros productivos de nuestro país, en todo el país, desde 1980 hasta 2015, hemos aumentado a un ritmo de 28 kilos por hectárea por año. Esto es lo que mejoró año a año la producción de soja en los últimos 35 años.
Eso significa en los últimos treinta y cinco años unos 1.000 kilos por hectárea y también aumentar el 50 por ciento respecto al punto inicial que tomo como referencia en esta filmina que es 1980. De esos casi 30 kilos por hectárea y por año, alguna literatura científica indica que el 50 por ciento tuvo que ver con el mejoramiento genético.
Quiere decir que de esos 1.000 kilos extras que sacamos hoy por hectárea respecto a 1980, 500 estarían asociados directamente al mejoramiento genético. A escala nacional, si el mejoramiento genético se hubiese congelado para la soja en 1980, hoy estaríamos sacando uno 10 millones de toneladas menos.
Para finalizar, detrás de todas estas mejoras que redundan en mejor eficiencia en uso de recursos, en más producción y calidad, hay una gran inversión a escala global de 3.500 millones de dólares -como se dijo- y a escala local de 100 millones de dólares, pero lo más interesante es que involucra a numerosos actores públicos y privados.
El desafío para adelante, con el contexto global que todos conocemos, es sin duda aumentar la producción minimizando el impacto sobre el ambiente. El desafío de mejorar la genética es cada vez mayor, cuanto más nos acercamos al potencial más cuesta ganar un kilo extra.
Sin embargo, contamos con la realidad de las nuevas tecnologías que prometen o permiten acelerar y hacer más eficiente ese proceso. Claramente, lo que está detrás de todo esto es una necesidad de inversión cada vez mayor en investigación y desarrollo para lograr este objetivo.
Desde CREA entendemos que esa inversión en investigación y desarrollo para que ocurra todo lo que mencioné tiene que ser reconocida y retribuida.
CREA entiende que el marco normativo que se está discutiendo aquí -y esperamos se defina en un futuro cercano- debe asegurar el reconocimiento y la retribución de la inversión en mejoramiento genético, contemplando los intereses de todos los actores de la cadena.
Creemos que este marco tiene que asegurar el acceso a la mejor tecnología de todos los productores del territorio argentino y además que se mantenga el ritmo de mejora genética, tal como lo observamos años atrás.
En resumen, nuestra mirada de aquí en adelante es apoyarnos sobre los acuerdos basados en el diálogo que hubo en el último año y medio. En ellos se propuso un uso propio oneroso -con las excepciones que corresponda-; la existencia de pautas claras respecto al costo de la tecnología y a los plazos; que todo lo que se defina contemple un período de adaptación, para regularizar el sistema actual a la nueva normativa; que se deben respetar los acuerdos entre privados; y por último, que se debe fortalecer al INASE para que garantice que ocurra todo lo anteriormente mencionado. (Aplausos.)
Soy Federico Bert, responsable de investigación y desarrollo de CREA, una organización privada sin fines de lucro formada, dirigida y financiada por productores agropecuarios que trabajan en red -entre sí y con otras instituciones- tratando de generar conocimiento y un lenguaje común.
Cada diez años CREA, como organización realiza una planificación estratégica y en el último proceso que llevamos adelante definimos nuestra visión y misión.
Como misión nos propusimos ser productores agropecuarios que trabajamos en grupo, compartimos experiencias, generamos conocimiento y potenciamos ideas para el desarrollo sostenible de nuestras empresas y del país.
CREA está compuesto por productores agropecuarios integrados a la comunidad. Nuestra visión es ser referentes en innovación y sostenibilidad.
Algunos de los números de CREA: somos casi dos mil productores agropecuarios, distribuidos en todo el territorio argentino, organizados en casi 230 grupos y 18 regiones -y ahora está la número 19, al norte de la Patagonia. Tenemos un cuerpo técnico de 300 asesores y aportamos aproximadamente entre el 5 y el 7 por ciento de la agricultura extensiva del país.
Muchas de las cosas que quería mencionar ya se dijeron, por lo que voy a ser ágil, ya que además pasó bastante tiempo.
En CREA entendemos que el mejoramiento genético y la biotecnología son determinantes para el desarrollo de la agricultura a escala global y local. El hombre, a lo largo de la historia, a través del proceso de selección que llevó adelante con distintas tecnologías -como se dijo antes-, logró tener cultivos con mejores rendimientos -a través de este mejoramiento y la biotecnología-, mejor calidad, mejor capacidad de enfrentar el estrés biótico -como las malezas y las plagas- y abiótico -como las sequías o las altas temperaturas-, logró producir plantas que usan más eficientemente los recursos naturales y que se adaptan mejor a distintas condiciones ambientales, pudiendo así producir en áreas en las que antes no se podía. Hay innumerables ejemplos en todo el mundo y en Argentina respecto de cómo esto se plasma en el día a día de un productor agropecuario. Este es solo un ejemplo.
Lo que muestran las fotos es la cantidad de áreas que se necesita sembrar con la tecnología de 1930 versus la tecnología de 2010 para obtener la misma cantidad de productos -grano de maíz en este caso.
Básicamente, el mejoramiento, en conjunto con el ajuste agronómico que hicieron los productores agropecuarios, logró que hoy, con cinco veces menos áreas, podamos producir los mismos kilos que se producían en 1930. Esto, sin duda, implica mayor creación de valor, más competitividad -pensada como la relación entre insumo y producto extraído- y, sin duda, un aporte al desarrollo sostenible de los sistemas productivos.
Hay numerosos ejemplos en la Argentina que nosotros observamos con atención desde CREA, desde el punto de vista de cómo ha aportado el mejoramiento genético al avance y el desarrollo de la agricultura. Lo interesante de estos ejemplos es que involucran distintos cultivos y no solo los extensivos. Muchos cultivos son de alcance regional e incluyen a distintos actores -no solamente privados sino también públicos- detrás de este desarrollo genético que mejora la producción.
Un ejemplo claro es el algodón. En respuesta al mejoramiento genético, el rendimiento de algodón se duplicó en los últimos 50 años -hay literatura científica que lo demuestra- y se pudieron incorporar algunas tecnologías que mejoraron el manejo de este cultivo.
Lo mismo ha pasado con la caña de azúcar. En cada diapositiva está la referencia al paper que sustenta el dato. Desde 1940, se aumentó el rendimiento a un ritmo de 80 kilos por hectárea y por año, de caña de azúcar, y de 140 kilos de caña soca.
Por último, se ha mencionado en esta mesa en sesiones anteriores lo que ocurrió con el arroz. El mejoramiento genético de origen argentino aumentó significativamente la calidad del arroz, manteniendo o mejorando los rendimientos, y eso le permitió a nuestro país alcanzar nuevos mercados, depender menos de la inestabilidad de algunos de nuestros compradores y, además, vender genética de arroz en el resto del mundo. Lo más interesante de esto es que toda esa mejora, que redundó en un montón de valor, vino de la mano de una organización pública como es el INTA.
Como último ejemplo -podríamos nombrar varios más-, tenemos el de la soja. Hay literatura científica que determina que desde 1980 a la actualidad el mejoramiento genético aportó 43 kilos por hectárea por año al rendimiento de soja. Esto es en situaciones de producción de alto potencial. Si uno mira lo que pasó con los registros productivos de nuestro país, en todo el país, desde 1980 hasta 2015, hemos aumentado a un ritmo de 28 kilos por hectárea por año. Esto es lo que mejoró año a año la producción de soja en los últimos 35 años.
Eso significa en los últimos treinta y cinco años unos 1.000 kilos por hectárea y también aumentar el 50 por ciento respecto al punto inicial que tomo como referencia en esta filmina que es 1980. De esos casi 30 kilos por hectárea y por año, alguna literatura científica indica que el 50 por ciento tuvo que ver con el mejoramiento genético.
Quiere decir que de esos 1.000 kilos extras que sacamos hoy por hectárea respecto a 1980, 500 estarían asociados directamente al mejoramiento genético. A escala nacional, si el mejoramiento genético se hubiese congelado para la soja en 1980, hoy estaríamos sacando uno 10 millones de toneladas menos.
Para finalizar, detrás de todas estas mejoras que redundan en mejor eficiencia en uso de recursos, en más producción y calidad, hay una gran inversión a escala global de 3.500 millones de dólares -como se dijo- y a escala local de 100 millones de dólares, pero lo más interesante es que involucra a numerosos actores públicos y privados.
El desafío para adelante, con el contexto global que todos conocemos, es sin duda aumentar la producción minimizando el impacto sobre el ambiente. El desafío de mejorar la genética es cada vez mayor, cuanto más nos acercamos al potencial más cuesta ganar un kilo extra.
Sin embargo, contamos con la realidad de las nuevas tecnologías que prometen o permiten acelerar y hacer más eficiente ese proceso. Claramente, lo que está detrás de todo esto es una necesidad de inversión cada vez mayor en investigación y desarrollo para lograr este objetivo.
Desde CREA entendemos que esa inversión en investigación y desarrollo para que ocurra todo lo que mencioné tiene que ser reconocida y retribuida.
CREA entiende que el marco normativo que se está discutiendo aquí -y esperamos se defina en un futuro cercano- debe asegurar el reconocimiento y la retribución de la inversión en mejoramiento genético, contemplando los intereses de todos los actores de la cadena.
Creemos que este marco tiene que asegurar el acceso a la mejor tecnología de todos los productores del territorio argentino y además que se mantenga el ritmo de mejora genética, tal como lo observamos años atrás.
En resumen, nuestra mirada de aquí en adelante es apoyarnos sobre los acuerdos basados en el diálogo que hubo en el último año y medio. En ellos se propuso un uso propio oneroso -con las excepciones que corresponda-; la existencia de pautas claras respecto al costo de la tecnología y a los plazos; que todo lo que se defina contemple un período de adaptación, para regularizar el sistema actual a la nueva normativa; que se deben respetar los acuerdos entre privados; y por último, que se debe fortalecer al INASE para que garantice que ocurra todo lo anteriormente mencionado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el presidente de ACSOJA, el señor Luis Zubizarreta.
SR. ZUBIZARRETA Muchísimas gracias por la invitación.
Pensaba comenzar mi exposición por el final, por las conclusiones, para que sea un poco menos aburrido y luego comentarles el detalle del análisis.
Antes de venir hacia aquí miraba unos cuadros de productividad, de rindes, en los principales países productores de soja que son nuestros competidores y es notable comprobar que durante los años 1998 a 2002 la Argentina tenía una productividad -un rinde- similar a la de Brasil y a la de Estados Unidos.
Sin embargo, si miramos el número del quinquenio 2013-2017 los rendimientos en Estados Unidos son un 25 por ciento mayores a los nuestros. Seguramente, puede haber muchos factores que influyeron en esta situación como el clima o las áreas más o menos marginales, pero está claro que estamos perdiendo competitividad en la productividad de nuestra soja.
Esa situación nos está relegando fuertemente. El 25 por ciento de pérdida de productividad implica -en una cosecha de 55 millones de toneladas que es el promedio de los últimos años- perder trece millones de toneladas de soja. Es decir, si hubiésemos seguido el tren de lo que pasó en Estados Unidos, en vez de 55 millones de toneladas hubiéramos producido posiblemente 68 millones. Ese valor, en dólares, es de 5.500 millones por año. Y eso no es sólo por tener una semilla menos eficiente. Habrá otros motivos, pero si queremos crecer lo tenemos que hacer en productividad y a eso le debemos sumar incentivos para que se proteja la propiedad intelectual y contar con una mejor calidad de semillas. Esa es la definición que quiero dejar en nombre de la institución que represento.
Nuestra asociación nuclea a toda la cadena. Representamos seis sectores: ciencia y tecnología, producción, insumos, comercio, industria y servicios. Nuestro objetivo no es meramente desarrollar el cultivo de la soja sino apuntar a que crezca la Argentina. Por eso creemos que de la mano de la soja tenemos una enorme oportunidad.
Por lo tanto, no venimos acá a defender a un sector sino a hacer un aporte que creemos es bueno para Argentina.
Dentro de nuestra institución hay 34 entidades. Hemos tenido un rol bastante activo en los últimos años relacionado con pujar por una ley de semillas. Cada vez que vemos las fortalezas y debilidades de nuestro sector notamos que si no contamos con una ley que incentive mayor inversión en desarrollo de semillas mejores genera un altísimo impacto en la cadena. Por eso, cada vez que nos reunimos nos damos cuenta que tenemos una debilidad basada en no contar con una ley de semillas acorde a las necesidades del país.
En esa línea, hicimos infinidad de reuniones y llegamos a definir puntos de consenso. Básicamente en su momento definimos siete puntos respecto de los cuales todos estaban de acuerdo. Me refiero al reconocimiento del pago por germoplasma y eventos biotecnológicos, necesidad de contar con mecanismos y órganos de control con un rol preponderante del INASE. Además, el pago de la propiedad intelectual debe hacerse en la semilla. Es necesario que existan sanciones para quienes se encuentren fuera de la ley y la normativa. Hay que propender al aumento del uso de la semilla fiscalizada. Observar los temas de la propiedad intelectual, no como un hecho particular de un evento o empresa ya que excede la coyuntura. Finalmente, hay que mejorar la comunicación entre los actores, principalmente sobre los temas comerciales.
Creemos que hoy existe una enorme responsabilidad en el Parlamento para definir este tema. No vamos a lograr nunca el consenso de todos. Acá hay intereses y siempre habrá uno que opine distinto a otro. Lo que creemos es que la responsabilidad de los señores legisladores es definir qué es lo mejor para la Argentina, tomar el coraje y, aunque a alguno no le guste, ir para adelante con el criterio más sano y ecuánime. De lo que se trata es lograr el bien común. En esa línea quiero pedirles que trabajen buscando el bien común. Seguramente habrá presiones de todos lados porque hay muchos intereses en el medio. Lo importante es que busquemos una estructura que no necesariamente va a conformar a todos pero seguramente será la más justa posible.
Luego de haber conversado con varios de los autores y autoridades vemos una enorme oportunidad de negociación. Sería bueno que exista el mayor consenso posible y en esa línea es un buen momento para tratar de alinear a todos. Cuanto mayor consenso logremos, mucha más fuerza tendrá esta decisión.
Desde Acsoja aglutinamos a todos los sectores y nos ofrecemos a colaborar con ustedes para alinear voluntades y ayudarlos en lo que podamos. (Aplausos.)
Pensaba comenzar mi exposición por el final, por las conclusiones, para que sea un poco menos aburrido y luego comentarles el detalle del análisis.
Antes de venir hacia aquí miraba unos cuadros de productividad, de rindes, en los principales países productores de soja que son nuestros competidores y es notable comprobar que durante los años 1998 a 2002 la Argentina tenía una productividad -un rinde- similar a la de Brasil y a la de Estados Unidos.
Sin embargo, si miramos el número del quinquenio 2013-2017 los rendimientos en Estados Unidos son un 25 por ciento mayores a los nuestros. Seguramente, puede haber muchos factores que influyeron en esta situación como el clima o las áreas más o menos marginales, pero está claro que estamos perdiendo competitividad en la productividad de nuestra soja.
Esa situación nos está relegando fuertemente. El 25 por ciento de pérdida de productividad implica -en una cosecha de 55 millones de toneladas que es el promedio de los últimos años- perder trece millones de toneladas de soja. Es decir, si hubiésemos seguido el tren de lo que pasó en Estados Unidos, en vez de 55 millones de toneladas hubiéramos producido posiblemente 68 millones. Ese valor, en dólares, es de 5.500 millones por año. Y eso no es sólo por tener una semilla menos eficiente. Habrá otros motivos, pero si queremos crecer lo tenemos que hacer en productividad y a eso le debemos sumar incentivos para que se proteja la propiedad intelectual y contar con una mejor calidad de semillas. Esa es la definición que quiero dejar en nombre de la institución que represento.
Nuestra asociación nuclea a toda la cadena. Representamos seis sectores: ciencia y tecnología, producción, insumos, comercio, industria y servicios. Nuestro objetivo no es meramente desarrollar el cultivo de la soja sino apuntar a que crezca la Argentina. Por eso creemos que de la mano de la soja tenemos una enorme oportunidad.
Por lo tanto, no venimos acá a defender a un sector sino a hacer un aporte que creemos es bueno para Argentina.
Dentro de nuestra institución hay 34 entidades. Hemos tenido un rol bastante activo en los últimos años relacionado con pujar por una ley de semillas. Cada vez que vemos las fortalezas y debilidades de nuestro sector notamos que si no contamos con una ley que incentive mayor inversión en desarrollo de semillas mejores genera un altísimo impacto en la cadena. Por eso, cada vez que nos reunimos nos damos cuenta que tenemos una debilidad basada en no contar con una ley de semillas acorde a las necesidades del país.
En esa línea, hicimos infinidad de reuniones y llegamos a definir puntos de consenso. Básicamente en su momento definimos siete puntos respecto de los cuales todos estaban de acuerdo. Me refiero al reconocimiento del pago por germoplasma y eventos biotecnológicos, necesidad de contar con mecanismos y órganos de control con un rol preponderante del INASE. Además, el pago de la propiedad intelectual debe hacerse en la semilla. Es necesario que existan sanciones para quienes se encuentren fuera de la ley y la normativa. Hay que propender al aumento del uso de la semilla fiscalizada. Observar los temas de la propiedad intelectual, no como un hecho particular de un evento o empresa ya que excede la coyuntura. Finalmente, hay que mejorar la comunicación entre los actores, principalmente sobre los temas comerciales.
Creemos que hoy existe una enorme responsabilidad en el Parlamento para definir este tema. No vamos a lograr nunca el consenso de todos. Acá hay intereses y siempre habrá uno que opine distinto a otro. Lo que creemos es que la responsabilidad de los señores legisladores es definir qué es lo mejor para la Argentina, tomar el coraje y, aunque a alguno no le guste, ir para adelante con el criterio más sano y ecuánime. De lo que se trata es lograr el bien común. En esa línea quiero pedirles que trabajen buscando el bien común. Seguramente habrá presiones de todos lados porque hay muchos intereses en el medio. Lo importante es que busquemos una estructura que no necesariamente va a conformar a todos pero seguramente será la más justa posible.
Luego de haber conversado con varios de los autores y autoridades vemos una enorme oportunidad de negociación. Sería bueno que exista el mayor consenso posible y en esa línea es un buen momento para tratar de alinear a todos. Cuanto mayor consenso logremos, mucha más fuerza tendrá esta decisión.
Desde Acsoja aglutinamos a todos los sectores y nos ofrecemos a colaborar con ustedes para alinear voluntades y ayudarlos en lo que podamos. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Tiene la palabra el intendente de la ciudad de Pergamino, señor Javier Martínez.
SR. MARTÍNEZ Buenas tardes. Agradezco que me hayan invitado a participar de esta reunión.
En realidad, dividí mi trabajo en algunos puntos, para ser respetuoso de los minutos que me han otorgado y dar mi punto de vista como intendente de una ciudad que respira gran parte de la tecnología vinculada al agro.
En primer lugar, quisiera celebrar la actualidad del proyecto, que hoy estemos debatiendo y sepamos que esto forma parte de un tema que los argentinos necesitamos rediscutir y rediseñar, pero por sobre todas las cosas, asumir que la semilla conlleva mucha tecnología y que, si no logramos tener un respeto mínimo, será difícil avanzar.
No creo que este sea solo un tema de mucha importancia para mi ciudad -que obviamente lo es- porque no estamos discutiendo solo en relación con nuestra zona sojera o triguera, sino que también sabemos que se trabaja la tecnología vinculada a la caña, al algodón y la vid. Es decir, la economía interior o regional del país está relacionada de manera importante con lo que discutimos y consensuamos hoy.
El crecimiento de la productividad es el tercer punto al que me quiero referir. Se sabe que la genética aumenta la posibilidad de producir subespecies específicas en zonas en donde antes no era posible -luego contaré alguna pequeña experiencia que viví hace un tiempo con un grupo de intendentes. Los rendimientos, tal como dijo el representante de CREA, se han ido superando pero es obvio que se superarán aún más si tenemos la posibilidad de respetar la tecnología vinculada al agro.
Quiero detenerme en un cuarto punto, referido a la utilidad del proceso productivo. Es decir, que la genética nos permita lograr semillas que toleren algún efecto como por ejemplo, la sequía.
Sabrán que el año pasado el Estado subsidió a muchos productores -algunos de mi zona- porque no les dimos la posibilidad de trabajar con una genética mejor, lo que hubiera permitido que las pérdidas fueran menores. En este caso, el Estado provincial tuvo que hacerse cargo de esas pérdidas.
Es decir, por un lado sería importante tener este tipo de genética que nos ayude y por otro, en ciudades como la nuestra, contar con una mayor capacidad de rinde en todo el proceso productivo -que va por detrás de ese rinde y está relacionado con mayores prensas y con más posibilidad de generar harina.
En ese sentido, estoy seguro de que ante la protección correspondiente los nuevos capitales -no sé si nuevos porque en Pergamino muchas empresas ya están asentadas y trabajan con biotecnología- o algunas empresas ya instaladas como Bioceres, seguirán apostando por el crecimiento o recibiremos nuevas.
En realidad, hemos recibido empresas nuevas que incluso ante la falta de protección vienen a instalarse a la ciudad, pero estamos seguros que si logramos la legislación correspondiente la inversión va a ser mucho más sencilla y mucho más cuantiosa con lo que ello significa para Pergamino.
En cuanto a los recursos humanos, creo que este es un tema en el que tengo que dar mi mirada como intendente. Cuando una mayor producción o una competitividad distinta posibilitan que el privado absorba al empleado público, se nos hace demasiado difícil sostener un empleo de esa tesitura porque aun los mejores pagos en el Estado se van a trabajar a este tipo de empresas.
En realidad, quienes trabajan en las empresas de semillas -de las que tenemos muchos ejemplos en Pergamino, como es el caso de Bioceres y KWS entre otras- son bien pagos y por sobre todas las cosas, cuentan con muy valiosa instrucción y comunicación. Se trata de gente que viaja, que se fortalece en el mundo, arriba a otro tipo de conocimientos y eso es muy importante para nosotros como ciudad.
La incidencia que tiene en nuestro presupuesto es muy importante. Prácticamente un 20 por ciento de los recursos directos de la ciudad están vinculados a cuestiones o a empresas proveedoras de semilla, lo que genera también un círculo virtuoso. Y esos fondos se destinan a agua y a cloacas, por ejemplo, pero, en realidad, el aporte que generan estas entidades se ha hecho muy importante en ciudades como la nuestra.
Por último, y un poco para finalizar, quiero comentarles un pequeño suceso que vivimos hace unos cuatro meses. Tuve la oportunidad de viajar con un grupo de intendentes y conocer parte del desarrollo genético de Saint Louis, en el Donald Danforth Plant Science Center. Lo visité junto a mis colegas Walter Torchio, de Carlos Casares; Germán Lago, de Alberti y Cecilio Salazar, de San Pedro.
Cuando terminamos la recorrida, un señor mayor -después nos dijeron que la gente mayor es la que hace ese tipo de recorridas- nos dio una pequeña lección. Nos dijo que para el año 2050 el mundo iba a tener una demanda de alimento mayor de la que será capaz de producir. Nos contó que los americanos ya habían desarrollado su potencialidad y que Brasil parecía estar en camino a logarlo. Nos marcaba a nosotros esta necesidad porque sabía que éramos intendentes en zonas núcleo; nos dijo que éramos los que teníamos que estar sentados a la mesa, pero que no podríamos hacerlo si no tomábamos los recaudos necesarios para proteger la tecnología, que de otro modo sería imposible lograr la inversión.
Veo detrás de todo esto un mejor empleo. Si pensamos en disminuir la pobreza, creo que esta sería una buena forma de colaborar. Espero entonces que surjan del consenso las posibilidades para tener una protección ordenada sobre nuestra tecnología aplicada al agro, a la semilla principalmente, y que esto nos permita -a muchos de los vecinos de mi ciudad o de otras tantas- vivir un poco mejor. Les agradezco. Muchas gracias. (Aplausos.)
En realidad, dividí mi trabajo en algunos puntos, para ser respetuoso de los minutos que me han otorgado y dar mi punto de vista como intendente de una ciudad que respira gran parte de la tecnología vinculada al agro.
En primer lugar, quisiera celebrar la actualidad del proyecto, que hoy estemos debatiendo y sepamos que esto forma parte de un tema que los argentinos necesitamos rediscutir y rediseñar, pero por sobre todas las cosas, asumir que la semilla conlleva mucha tecnología y que, si no logramos tener un respeto mínimo, será difícil avanzar.
No creo que este sea solo un tema de mucha importancia para mi ciudad -que obviamente lo es- porque no estamos discutiendo solo en relación con nuestra zona sojera o triguera, sino que también sabemos que se trabaja la tecnología vinculada a la caña, al algodón y la vid. Es decir, la economía interior o regional del país está relacionada de manera importante con lo que discutimos y consensuamos hoy.
El crecimiento de la productividad es el tercer punto al que me quiero referir. Se sabe que la genética aumenta la posibilidad de producir subespecies específicas en zonas en donde antes no era posible -luego contaré alguna pequeña experiencia que viví hace un tiempo con un grupo de intendentes. Los rendimientos, tal como dijo el representante de CREA, se han ido superando pero es obvio que se superarán aún más si tenemos la posibilidad de respetar la tecnología vinculada al agro.
Quiero detenerme en un cuarto punto, referido a la utilidad del proceso productivo. Es decir, que la genética nos permita lograr semillas que toleren algún efecto como por ejemplo, la sequía.
Sabrán que el año pasado el Estado subsidió a muchos productores -algunos de mi zona- porque no les dimos la posibilidad de trabajar con una genética mejor, lo que hubiera permitido que las pérdidas fueran menores. En este caso, el Estado provincial tuvo que hacerse cargo de esas pérdidas.
Es decir, por un lado sería importante tener este tipo de genética que nos ayude y por otro, en ciudades como la nuestra, contar con una mayor capacidad de rinde en todo el proceso productivo -que va por detrás de ese rinde y está relacionado con mayores prensas y con más posibilidad de generar harina.
En ese sentido, estoy seguro de que ante la protección correspondiente los nuevos capitales -no sé si nuevos porque en Pergamino muchas empresas ya están asentadas y trabajan con biotecnología- o algunas empresas ya instaladas como Bioceres, seguirán apostando por el crecimiento o recibiremos nuevas.
En realidad, hemos recibido empresas nuevas que incluso ante la falta de protección vienen a instalarse a la ciudad, pero estamos seguros que si logramos la legislación correspondiente la inversión va a ser mucho más sencilla y mucho más cuantiosa con lo que ello significa para Pergamino.
En cuanto a los recursos humanos, creo que este es un tema en el que tengo que dar mi mirada como intendente. Cuando una mayor producción o una competitividad distinta posibilitan que el privado absorba al empleado público, se nos hace demasiado difícil sostener un empleo de esa tesitura porque aun los mejores pagos en el Estado se van a trabajar a este tipo de empresas.
En realidad, quienes trabajan en las empresas de semillas -de las que tenemos muchos ejemplos en Pergamino, como es el caso de Bioceres y KWS entre otras- son bien pagos y por sobre todas las cosas, cuentan con muy valiosa instrucción y comunicación. Se trata de gente que viaja, que se fortalece en el mundo, arriba a otro tipo de conocimientos y eso es muy importante para nosotros como ciudad.
La incidencia que tiene en nuestro presupuesto es muy importante. Prácticamente un 20 por ciento de los recursos directos de la ciudad están vinculados a cuestiones o a empresas proveedoras de semilla, lo que genera también un círculo virtuoso. Y esos fondos se destinan a agua y a cloacas, por ejemplo, pero, en realidad, el aporte que generan estas entidades se ha hecho muy importante en ciudades como la nuestra.
Por último, y un poco para finalizar, quiero comentarles un pequeño suceso que vivimos hace unos cuatro meses. Tuve la oportunidad de viajar con un grupo de intendentes y conocer parte del desarrollo genético de Saint Louis, en el Donald Danforth Plant Science Center. Lo visité junto a mis colegas Walter Torchio, de Carlos Casares; Germán Lago, de Alberti y Cecilio Salazar, de San Pedro.
Cuando terminamos la recorrida, un señor mayor -después nos dijeron que la gente mayor es la que hace ese tipo de recorridas- nos dio una pequeña lección. Nos dijo que para el año 2050 el mundo iba a tener una demanda de alimento mayor de la que será capaz de producir. Nos contó que los americanos ya habían desarrollado su potencialidad y que Brasil parecía estar en camino a logarlo. Nos marcaba a nosotros esta necesidad porque sabía que éramos intendentes en zonas núcleo; nos dijo que éramos los que teníamos que estar sentados a la mesa, pero que no podríamos hacerlo si no tomábamos los recaudos necesarios para proteger la tecnología, que de otro modo sería imposible lograr la inversión.
Veo detrás de todo esto un mejor empleo. Si pensamos en disminuir la pobreza, creo que esta sería una buena forma de colaborar. Espero entonces que surjan del consenso las posibilidades para tener una protección ordenada sobre nuestra tecnología aplicada al agro, a la semilla principalmente, y que esto nos permita -a muchos de los vecinos de mi ciudad o de otras tantas- vivir un poco mejor. Les agradezco. Muchas gracias. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Invitamos a continuación al exsecretario de Agricultura, señor Miguel Campos.
SR. CAMPOS Buenas tardes a todos. Les agradezco el haberme permitido participar, fue una grata sorpresa.
Voy a comenzar por la soja. Es evidente -y creo que tautológico- que toda ley es para el bien común. No vamos a sancionar una ley para que la gente sufra y la pase mal. Tenemos que pensar para qué queremos la ley; obviamente, una ley como la de semillas es para el bien común.
Dicho esto, también digo que la ley de semillas que tenemos es muy buena. Ha sido muy buena y fue copiada por toda América Latina.
Es importante que tengamos en cuenta que, cuando hablamos de mejoramiento genético, también hablamos de biotecnología. No sé cuál es el afán de separar el mejoramiento genético de la biotecnología. La biotecnología, según su definición, es la modificación de cualquier ser vivo para un objetivo superior.
El mejor ejemplo de esto es el caballo de polo. Hay un sinnúmero de acciones del ser humano tendientes a lograr un animal que se adapte a las condiciones más estrictas y competitivas del juego. Hemos logrado los mejores caballos de polo del mundo, obviamente con mejoramiento genético y también con un montón de otras herramientas que no tienen que ver con lo genético.
Entonces, es importante entender que nuestra ley de semillas es buena y comprender que las nuevas inquietudes -más que las nuevas tecnologías- obligan a modificarla. Insisto en que con pequeños cambios en la actual ley de semillas podemos encarar un sinnúmero de problemas que tenemos actualmente.
Esto no es un secreto. Todo el mundo sabe que solo el 25 por ciento de la semilla que se usa es fiscalizada, sea transgénica o no transgénica. Acá hay un problema de control. Es como si se quisiera inventar un nuevo semáforo porque la gente no le hace caso a la luz roja. Lo que tenemos que hacer es ver la manera de que la ley de semillas -mejorada, actualizada- se cumpla.
Por lo tanto, lo más importante es dar poder de policía al organismo de control o multiplicar su capacidad de control.
Actualmente existe Internet y la tecnología de las comunicaciones que nos permiten cruzar fácilmente todos los datos entre los organismos actuantes. ¿Por qué no pensar en un convenio con INTA, AFIP, SENASA, INASE y delegaciones provinciales de la Secretaría de Agricultura que permita a cualquier actor entrar a un campo y controlar rótulos? Ni siquiera nos referimos a los genes, solamente a los rótulos.
Por ejemplo, el uso propio está bien definido en la resolución 338 pero muy mal utilizado; el uso propio -que no es más que sembrar la misma cantidad de área por la que compré semilla- pero si siembro más, aunque sea mi campo, es evidente que hago uso propio, es multiplicación ilegal. Si además se la vendo a mi vecino -por más simpático, buen productor que sea y por más buena calidad de clasificación que tenga en mi campo- es multiplicación y venta ilegal de semilla, lo que se conoce como bolsa blanca.
Al que hace uso propio se le aplica la ley, a quien hace multiplicación ilegal, como la venta de bolsa blanca también. Sin embargo, a quien hace uso propio se le puede aplicar una determinada multa -por ejemplo, tres bolsas de semillas fiscalizadas- y al que hace multiplicación ilegal y venta, seis bolsas de semillas fiscalizadas. En este sentido, cualquier representante de los organismos puede pedir al productor que le muestre los rótulos, que le informe para cuántas semillas tiene bolsas y para cuántas hectáreas compró; de esta forma, automáticamente, se tiene capacidad de control y de penalización.
La metodología sería al azar, no hace falta un control explícito de cada campo porque con muestrear campos que no están en regla, enseguida se arreglaría el panorama.
Menciono un ejemplo con el uso propio, porque estamos planteando el uso propio oneroso que es una alternativa en el consenso. En mi opinión, controlar el uso propio o el uso propio oneroso es tan difícil en un caso como en el otro; lo que debo tener es control de policía.
Por ejemplo, si pusiéramos hoy a la ONCCA -como trabajaba en su momento- a controlar cuatro o cinco campos que no estén cumpliendo con el uso propio o que vendan bolsa blanca, enseguida se alinean los patitos.
Creo que tampoco hay que dar demasiadas vueltas para lograr una ley de semillas actualizada y modernizada con capacidad real de control de policía.
Insisto con el tema de la biotecnología -todavía no hablé de patentes ni de genes- porque a la hora de mejorar cualquier cosa estoy haciendo biotecnología. ¿Lo que hicieron Buck y Klein por el trigo argentino no es biotecnología? ¿El hecho de tener doscientas variedades de soja, cuando llegó el primer gen de soja transgénica a la Argentina, no fue biotecnología? Si no hubiese habido doscientas variedades de soja en 1990 hoy no tendríamos los niveles de producción de soja que tenemos, y eso fue así porque había variabilidad genética suficiente para incorporar nuevas tecnologías.
La transgénesis es una nueva tecnología, lo mismo que la edición génica. Sin embargo, la selección masal, la retrocruza y la aireación son tecnologías que están en el marco de la biotecnología.
No tratemos de engañar al oyente utilizando eufemismos que dicen lo mismo. El mejoramiento genético debe ser pagado en la bolsa de semilla, igual que la transgénesis, y no en otro momento. En la bolsa de semillas se deben pagar todos los servicios tecnológicos que fueron incorporados a esa semilla.
Todo esto es fácil de controlar, sabemos que no con las herramientas que hemos utilizado hasta ahora pero podemos desarrollar otras, con acción cruzada de varios organismos del Estado, para mejorar esa capacidad de control.
No tenemos que incorporar el concepto de patentes. Hay muchos conceptos que ya han sido superados. Hoy estamos hablando de edición génica o supresión de genes. ¿Cómo voy a patentar la supresión de un gen? ¿El patentamiento es importante? Claro que sí. Hay un ámbito para patentar genes. No creo que la ley de semillas sea el ámbito para mejorar la triste realidad que vive la Argentina.
El 20 por ciento de la semilla que se utiliza fiscalizada no tiene que ver con que beneficia o no al patentamiento. Tiene que ver con que no hay un control. Si mejoro la capacidad de control, seguramente todo empezará a mejorar. Necesitamos un buen nivel de control y acciones cruzadas del Estado. Tenemos sistemas coordinados de computación que me permiten cruzar datos. Por ello, creo que con muy pocos artículos podríamos modificar esta ley y, en poco tiempo, colocar a todos en línea para que el sector semillero se recupere de pasar años y años sin cobrar un solo peso.
Por ejemplo, Buck y Klein nunca me pararon un barco y sufrieron un sinnúmero de injusticias porque no cobraban sus correspondientes derechos en virtud de todo lo que han hecho por el trigo y la soja argentina.
Lo más importante son cuatro o cinco puntos que tienen que ver con la forma en que fortalezco la capacidad de control y no cómo valorizamos la biotecnología. La biotecnología debe ser pagada en el momento de la compra de la semilla. Soy de la idea de que el uso propio no debe ser cobrado. Pero también entiendo que si quieren incorporar en la ley el uso propio oneroso sería interesante.
Nos vienen cobrando regalías por un sinnúmero de cosas que están fuera de la ley. Si quieren incorporarlo, bienvenido sea pues el consenso está. Incorporar conceptos como patentes en la ley de semillas no es correcto.
Hay mucho por hacer y creo que tenemos una ley muy poderosa. Pero no contamos con capacidad de control. Si fortalecemos la capacidad de control, todos se vuelven a alinear. (Aplausos.)
Voy a comenzar por la soja. Es evidente -y creo que tautológico- que toda ley es para el bien común. No vamos a sancionar una ley para que la gente sufra y la pase mal. Tenemos que pensar para qué queremos la ley; obviamente, una ley como la de semillas es para el bien común.
Dicho esto, también digo que la ley de semillas que tenemos es muy buena. Ha sido muy buena y fue copiada por toda América Latina.
Es importante que tengamos en cuenta que, cuando hablamos de mejoramiento genético, también hablamos de biotecnología. No sé cuál es el afán de separar el mejoramiento genético de la biotecnología. La biotecnología, según su definición, es la modificación de cualquier ser vivo para un objetivo superior.
El mejor ejemplo de esto es el caballo de polo. Hay un sinnúmero de acciones del ser humano tendientes a lograr un animal que se adapte a las condiciones más estrictas y competitivas del juego. Hemos logrado los mejores caballos de polo del mundo, obviamente con mejoramiento genético y también con un montón de otras herramientas que no tienen que ver con lo genético.
Entonces, es importante entender que nuestra ley de semillas es buena y comprender que las nuevas inquietudes -más que las nuevas tecnologías- obligan a modificarla. Insisto en que con pequeños cambios en la actual ley de semillas podemos encarar un sinnúmero de problemas que tenemos actualmente.
Esto no es un secreto. Todo el mundo sabe que solo el 25 por ciento de la semilla que se usa es fiscalizada, sea transgénica o no transgénica. Acá hay un problema de control. Es como si se quisiera inventar un nuevo semáforo porque la gente no le hace caso a la luz roja. Lo que tenemos que hacer es ver la manera de que la ley de semillas -mejorada, actualizada- se cumpla.
Por lo tanto, lo más importante es dar poder de policía al organismo de control o multiplicar su capacidad de control.
Actualmente existe Internet y la tecnología de las comunicaciones que nos permiten cruzar fácilmente todos los datos entre los organismos actuantes. ¿Por qué no pensar en un convenio con INTA, AFIP, SENASA, INASE y delegaciones provinciales de la Secretaría de Agricultura que permita a cualquier actor entrar a un campo y controlar rótulos? Ni siquiera nos referimos a los genes, solamente a los rótulos.
Por ejemplo, el uso propio está bien definido en la resolución 338 pero muy mal utilizado; el uso propio -que no es más que sembrar la misma cantidad de área por la que compré semilla- pero si siembro más, aunque sea mi campo, es evidente que hago uso propio, es multiplicación ilegal. Si además se la vendo a mi vecino -por más simpático, buen productor que sea y por más buena calidad de clasificación que tenga en mi campo- es multiplicación y venta ilegal de semilla, lo que se conoce como bolsa blanca.
Al que hace uso propio se le aplica la ley, a quien hace multiplicación ilegal, como la venta de bolsa blanca también. Sin embargo, a quien hace uso propio se le puede aplicar una determinada multa -por ejemplo, tres bolsas de semillas fiscalizadas- y al que hace multiplicación ilegal y venta, seis bolsas de semillas fiscalizadas. En este sentido, cualquier representante de los organismos puede pedir al productor que le muestre los rótulos, que le informe para cuántas semillas tiene bolsas y para cuántas hectáreas compró; de esta forma, automáticamente, se tiene capacidad de control y de penalización.
La metodología sería al azar, no hace falta un control explícito de cada campo porque con muestrear campos que no están en regla, enseguida se arreglaría el panorama.
Menciono un ejemplo con el uso propio, porque estamos planteando el uso propio oneroso que es una alternativa en el consenso. En mi opinión, controlar el uso propio o el uso propio oneroso es tan difícil en un caso como en el otro; lo que debo tener es control de policía.
Por ejemplo, si pusiéramos hoy a la ONCCA -como trabajaba en su momento- a controlar cuatro o cinco campos que no estén cumpliendo con el uso propio o que vendan bolsa blanca, enseguida se alinean los patitos.
Creo que tampoco hay que dar demasiadas vueltas para lograr una ley de semillas actualizada y modernizada con capacidad real de control de policía.
Insisto con el tema de la biotecnología -todavía no hablé de patentes ni de genes- porque a la hora de mejorar cualquier cosa estoy haciendo biotecnología. ¿Lo que hicieron Buck y Klein por el trigo argentino no es biotecnología? ¿El hecho de tener doscientas variedades de soja, cuando llegó el primer gen de soja transgénica a la Argentina, no fue biotecnología? Si no hubiese habido doscientas variedades de soja en 1990 hoy no tendríamos los niveles de producción de soja que tenemos, y eso fue así porque había variabilidad genética suficiente para incorporar nuevas tecnologías.
La transgénesis es una nueva tecnología, lo mismo que la edición génica. Sin embargo, la selección masal, la retrocruza y la aireación son tecnologías que están en el marco de la biotecnología.
No tratemos de engañar al oyente utilizando eufemismos que dicen lo mismo. El mejoramiento genético debe ser pagado en la bolsa de semilla, igual que la transgénesis, y no en otro momento. En la bolsa de semillas se deben pagar todos los servicios tecnológicos que fueron incorporados a esa semilla.
Todo esto es fácil de controlar, sabemos que no con las herramientas que hemos utilizado hasta ahora pero podemos desarrollar otras, con acción cruzada de varios organismos del Estado, para mejorar esa capacidad de control.
No tenemos que incorporar el concepto de patentes. Hay muchos conceptos que ya han sido superados. Hoy estamos hablando de edición génica o supresión de genes. ¿Cómo voy a patentar la supresión de un gen? ¿El patentamiento es importante? Claro que sí. Hay un ámbito para patentar genes. No creo que la ley de semillas sea el ámbito para mejorar la triste realidad que vive la Argentina.
El 20 por ciento de la semilla que se utiliza fiscalizada no tiene que ver con que beneficia o no al patentamiento. Tiene que ver con que no hay un control. Si mejoro la capacidad de control, seguramente todo empezará a mejorar. Necesitamos un buen nivel de control y acciones cruzadas del Estado. Tenemos sistemas coordinados de computación que me permiten cruzar datos. Por ello, creo que con muy pocos artículos podríamos modificar esta ley y, en poco tiempo, colocar a todos en línea para que el sector semillero se recupere de pasar años y años sin cobrar un solo peso.
Por ejemplo, Buck y Klein nunca me pararon un barco y sufrieron un sinnúmero de injusticias porque no cobraban sus correspondientes derechos en virtud de todo lo que han hecho por el trigo y la soja argentina.
Lo más importante son cuatro o cinco puntos que tienen que ver con la forma en que fortalezco la capacidad de control y no cómo valorizamos la biotecnología. La biotecnología debe ser pagada en el momento de la compra de la semilla. Soy de la idea de que el uso propio no debe ser cobrado. Pero también entiendo que si quieren incorporar en la ley el uso propio oneroso sería interesante.
Nos vienen cobrando regalías por un sinnúmero de cosas que están fuera de la ley. Si quieren incorporarlo, bienvenido sea pues el consenso está. Incorporar conceptos como patentes en la ley de semillas no es correcto.
Hay mucho por hacer y creo que tenemos una ley muy poderosa. Pero no contamos con capacidad de control. Si fortalecemos la capacidad de control, todos se vuelven a alinear. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE BENEDETTI Señores diputados y expositores: con esta última disertación hemos cerrado un ciclo sobre el tema de la ley de semillas.
Quiero agradecer a todos los expositores -más de cincuenta- que pasaron por esta comisión. Dichas disertaciones fueron hechas con la más absoluta pasión y entusiasmo defendiendo cada una de las miradas que hay sobre el tema. Todas han sido ilustrativas y enriquecedoras. En realidad, todo está sobre la mesa. Me refiero a los proyectos de los distintos diputados y entidades. También tenemos un acta de entendimiento que se ha dado entre sectores involucrados. Con el producido de estas exposiciones, los diputados y sus asesores nos pondremos a trabajar en este enorme desafío que es sintetizar las mejores ideas para poder arribar a un dictamen. Eso es lo que aspiramos todos los que hemos trabajando en este tema.
Damos por concluida la reunión.
Quiero agradecer a todos los expositores -más de cincuenta- que pasaron por esta comisión. Dichas disertaciones fueron hechas con la más absoluta pasión y entusiasmo defendiendo cada una de las miradas que hay sobre el tema. Todas han sido ilustrativas y enriquecedoras. En realidad, todo está sobre la mesa. Me refiero a los proyectos de los distintos diputados y entidades. También tenemos un acta de entendimiento que se ha dado entre sectores involucrados. Con el producido de estas exposiciones, los diputados y sus asesores nos pondremos a trabajar en este enorme desafío que es sintetizar las mejores ideas para poder arribar a un dictamen. Eso es lo que aspiramos todos los que hemos trabajando en este tema.
Damos por concluida la reunión.