Solicitar la inmediata presencia del Secretario de Transporte de la Nación, dependiente del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ing. Juan Pablo Schiavi en esta H. Cámara de Diputados de la Nación, y al Interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Sr. Eduardo Sícaro a fin de informar en relación a las condiciones del transporte nacional en general, y puntualmente respecto al accidente ferroviario ocurrido en la línea Sarmiento el día 23 de febrero del 2012.

Señor presidente:

La necesidad de escuchar informes de boca de los funcionarios responsables del área del transporte en el país es un derecho inalienable de los representantes del pueblo de la Nación Argentina, los Diputados Nacionales.

A partir de esto creo que debemos realizar todo lo necesario para lograr que los funcionarios respectivos expresen libremente las acciones llevadas a cabo en el cumplimiento de sus funciones públicas, "el pueblo quiere saber".

En nuestro país, especialmente en los últimos años, el transporte público ha ido incrementando su falta de mantenimiento y controles. Los usuarios se quejan permanentemente de la forma en que se viaja, y algunos dicen que lo hacen como animales, pero creo que éstos viajan mejor. Todo esto ocurre a pesar de los subsidios que reciben las empresas que pasaron de 916 millones en el año 2005, a 13300 millones en 2010 lo que significa un aumento del 1351 % .

A pesar de estos números, los millones de ciudadanos que utilizan el transporte público ven afectados sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 42 de nuestra Carta Magna, sin olvidar que los subsidios provienen también, directa o indirectamente, de los aportes de los ciudadanos a través de sus impuestos.

Transcribo el artículo 42 de la CN parta tener presente su contenido:

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia

de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

Evidentemente con la sola lectura del primer párrafo de este artículo el Gobierno no ha cumplido con su obligación de asegurar los derechos en cuanto "a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos" en esta relación de consumo o uso, que quedó corroborado en el "desastre previsible" ocurrido el martes 22 de febrero próximo pasado en la línea Sarmiento.

A pesar de todo lo que el Gobierno subsidió, evidentemente la empresa, y con el silencio, la ceguera, la falta de controles y la connivencia con funcionarios, no cumplió con sus obligaciones. Lo ocurrido en Once fue consecuencia directa de la falta de inversiones, obligaciones incumplidas, supuesta inoperancia y primordialmente impunidad. Frente a esta realidad no puede ser llamado accidente donde hubieron 51 muertos y más de 700 heridos.

El transporte debe ser una política de Estado que trascienda los diferentes gobiernos sin importar quién es el que administra. Una política de transportes públicos pensado para las futuras generaciones es una necesidad ineludible de un país que quiere ser "serio", y que debe ser una solución buscada por todos juntos dejando de lado caprichos personales para que sea mantenida por todos los gobiernos sea del color que sea el mismo. Toda acción en este sentido busca mejoramiento de los servicios y el cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones constitucionales, como es su función de poder de policía.

Por lo expuesto, Sr. Presidente, creo que la inmediata presencia de estos funcionarios permitirá tomar decisiones para mejorar estas situaciones y evitar tragedias como la mencionada.