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COMERCIO

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PROYECTO DE LEY

Expediente: 1513-D-2011

Sumario: AGENCIA DE CONTROL Y ARBITRAJE DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA - ACACIA; CREACION EN EL AMBITO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA DE LA NACION; DEROGACION DEL DECRETO 2284/91 DE DESREGULACION ECONOMICA, RATIFICADO POR LA LEY 24307.

Fecha: 04/04/2011

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 21

Proyecto
TÍTULO I
CREACIÓN
ARTÍCULO 1º.- Créase con fuerza de Ley la Agencia de Control y Arbitraje del Comercio y la Industria Agroalimentaria (ACACIA) como organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico- administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
TITULO II
MISIÓN Y ACCIONES
ARTÍCULO 2º.- La ACACIA tendrá a su cargo asegurar un marco de transparencia, libre concurrencia y competencia en materia de producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos en el sector agroalimentario.
Será su responsabilidad el control y el arbitraje en la operatoria de las personas físicas y jurídicas que intervengan en el comercio y la industrialización de granos, legumbres, oleaginosas, sus productos y subproductos, así como del ganado, la carne, sus productos y subproductos, conforme lo previsto en las leyes y decretos que regulan estas actividades, en la medida en que no se contrapongan a las atribuciones y funciones definidas en el Título IV: Decreto- Ley Nº 6698 de fecha 9 de agosto de 1963 (Ley Orgánica de la Junta Nacional de Granos); Ley 21.740 (Creación de la Junta Nacional de Carnes); Ley 25.507 (Creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna); Art. 12 de la Ley Nº 25.345 (Obligación de incorporación de sistemas electrónicos de medición y control en todas las plantas industriales de faena de hacienda y molienda de grano) y los decretos que al momento de la puesta en vigencia de la presente ley definen las atribuciones y funciones de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) o de cualquier organismo que la reemplace.
ARTÍCULO 3º.- La Agencia desarrollará las siguientes acciones para garantizar su misión:
a) Seguimiento y arbitraje de las exportaciones de productos y/o subproductos agroalimentarios y control de la producción, industrialización o distribución de alimentos a fin de evitar acciones monopólicas u oligopólicas, monopsónicas u oligopsónicas y de cualquier otra práctica comercial desleal.
b) Control del dumping en la importación de productos y/o subproductos agropecuarios.
c) Utilización de beneficios fiscales y estímulos económicos para la promoción de prácticas productivas, comerciales o industriales que promuevan el cumplimiento de los planes de desarrollo de la nación.
d) Recuperar la capacidad de almacenaje de granos a fin de concretar operaciones de compra-venta y almacenamiento de productos agropecuarios que permitan regular el mercado agropecuario.
e) Elaboración por parte de su directorio de planes de desarrollo a un plazo no menor a cinco años, con una explícita definición de etapas y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de su creación.
TITULO III
DE LAS AUTORIDADES
ARTÍCULO 4º.- Será autoridad de aplicación de la presente Ley la Agencia de Control y Arbitraje del Comercio y la Industria Agroalimentaria.
ARTÍCULO 5º.- La conducción de la ACACIA estará a cargo de un directorio integrado por 1 (un) presidente del mismo - designado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en representación del Poder Ejecutivo Nacional- y 16 (dieciséis) directores o directoras que durarán 4 (cuatro) años en su mandato y serán designados por la autoridad de aplicación a propuesta de las siguientes instituciones y entidades:
1 (un) representante por:
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca,
- Federación Agraria Argentina,
- Confederación Nacional Intercooperativa Agropecuaria,
- Sociedad Rural Argentina,
- Confederaciones Rurales Argentinas,
- Bolsas de Cereales,
- Cadenas Industriales de granos (Molinería y Aceiteras),
- Industria Frigorífica,
- CTA,
- CGT,
- Asociaciones de consumidores con personería jurídica
5 (cinco) representantes por:
- Los Gobiernos de provincias productoras, designados entre los 24 estados provinciales en forma rotativa por el Consejo Federal Agropecuario.
La remuneración de cada representante le corresponderá al organismo que lo propone.
Además de las incompatibilidades generales establecidas para los funcionarios y empleados públicos, el desempeño de los cargos citados, a partir de su designación, es incompatible con la titularidad o el ejercicio de las funciones de: director, administrador, gerente, síndico, mandatario y/o gestor de personas físicas o jurídicas dedicadas a cualquiera de las actividades a que se refiere la presente medida, exceptuadas las actividades de docencia e investigación y la actuación como titulares de empleos unipersonales o de socios de sociedades de personas.
ARTÍCULO 6º.- Un integrante del Directorio será designado por el Presidente como Vicepresidente de la Agencia, el cual asumirá las funciones del Presidente en su ausencia.
TÍTULO IV
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
ARTÍCULO 7º.- Las atribuciones del Directorio serán las siguientes:
1) Aprobar, a propuesta del Presidente, la estructura organizativa de la Agencia y la asignación de las tareas correspondientes.
2) Proponer el presupuesto anual de la citada Agencia Nacional y el correspondiente plan analítico de tareas, sus modificaciones y reajustes.
3) Efectuar contrataciones de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente en la materia, atribución que podrá delegar en el presidente total o parcialmente.
4) Elaborar los planes de desarrollo mencionados en el artículo 3º y dirigir el control de gestión del organismo para lograr niveles adecuados de operatividad y eficiencia.
5) Fiscalizar las distintas operatorias de las personas físicas o jurídicas que intervengan en el mercado de granos, oleaginosas, sus productos y subproductos, como así también en el comercio y la industria del ganado, la carne, sus productos, subproductos y derivados y todo aquel mercado agroalimentario que en el futuro se incorporare.
6) Otorgar, suspender y cancelar las inscripciones en los respectivos registros.
7) Crear, modificar o suprimir documentación de transacción comercial, de traslado y/o de tránsito interjurisdiccional.
8) Disponer la realización de inspecciones, operativos y auditorías de carácter técnico y/o administrativo, tendientes a verificar y supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, coordinando su accionar con otros organismos competentes, cuando ello resultare necesario o conveniente.
9) Disponer de oficio o a requerimiento de parte la celebración de audiencias con la participación, entre otros, de presuntos infractores, testigos, peritos y entidades representativas del sector.
10) Efectuar los requerimientos necesarios que permitan evaluar el grado de cumplimiento de las normas de comercialización, obligaciones previsionales y fiscales.
11) Concretar convenios con las provincias, municipios y otros organismos nacionales para las tareas de fiscalización y mejor aplicación de la política de control comercial de las áreas de su competencia.
12) Concretar convenios con entidades públicas y privadas tendientes a la consecución de su misión
13) Establecer las normas de clasificación, tipificación y comercialización de cereales, oleaginosas, ganado y la carne y sus subproductos, sean destinados al consumo o a la exportación.
14) Disponer, como medida cautelar, la interdicción y/o el decomiso de la mercadería cuando el operador no se encuentre debidamente inscripto en el registro de matriculados a cargo de la ACACIA; cuando no se justifique adecuadamente el origen de la mercadería hallada; cuando se invoque o exhiba, con relación a ella, documentación que "prima facie" resulte falsa o adulterada; cuando se hayan infringido las disposiciones sanitarias y cuando medie peligro para la salud del posible consumidor. Sólo se admitirán como prueba de la justificación del origen de la mercadería las constancias documentales determinadas por la legislación vigente en la materia.
15) Proponer al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca los montos de tasas y aranceles vinculados al cumplimiento de sus funciones específicas.
16) Otorgar los poderes necesarios a favor de los abogados del organismo para representar a la ACACIA; en los juicios en que éste sea parte y pudiendo absolver posiciones por oficio, en juicios en que la citada Oficina Nacional sea parte, no estando obligado a comparecer personalmente.
17) Establecer delegaciones de la ACACIA cuando las necesidades de descentralización operativa así lo aconsejen.
18) Organizar y coordinar la creación y reglamentación de los comités y/o consejos asesores "ad honorem" que considere necesarios para el funcionamiento del organismo.
19) Dictar las resoluciones pertinentes para asegurar el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley.
20) Aprobar la adquisición, venta o locación de bienes muebles o inmuebles.
21) Aprobar los gastos de funcionamiento de la Agencia.
ARTÍCULO 8º.- Serán atribuciones del Presidente de la Agencia las siguientes:
1) Ejercer la representación legal de la ACACIA, la dirección de su administración interna y las actividades de índole económica, financiera y patrimonial, conforme lo establecido en la presente medida, pudiendo delegar expresamente funciones cuando las necesidades de la gestión así lo aconsejen
2) Mantener las relaciones de la citada Agencia con autoridades nacionales, provinciales, municipales y entes privados, pudiendo a tales fines delegar en los funcionarios responsables las facultades necesarias para acelerar un eficiente funcionamiento operativo.
3) Aplicar sanciones disciplinarias, aceptar renuncias y disponer traslados del personal del organismo, de conformidad con la legislación y reglamentación vigente.
4) Aceptar donaciones, subvenciones, legados y contribuciones de cualquier índole que le fueran ofrecidas al organismo.
5) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas vigentes en las materias de competencia del organismo.
6) Llevar un registro de los respectivos operadores, estableciendo las condiciones y alcances de la inscripción y su mantenimiento y las causales de suspensión o cancelación de la misma.
7) Solicitar el auxilio de la fuerza pública y requerir a los órganos judiciales el allanamiento de locales y domicilios privados; el secuestro de documentación y de otros elementos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
8) Desempatar en caso de paridad de votación en el seno del Consejo de Administración.
ARTÍCULO 9º.- Deróganse el Decreto 2284, ratificado en el Art. 29 de la Ley 24.307, en todo lo que se oponga a la presente Ley y toda otra norma que también lo haga.
ARTÍCULO 10º.- Toda nueva función del organismo será atribuida por Ley de la Nación.
ARTÍCULO 11ª.- De forma.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Presentamos este proyecto para aportar a la producción, el comercio y la industria del sector agropecuario la posibilidad de comenzar a ordenar y planificar la actividad del sector y de generar estrategias de promoción de los actores más débiles de estas cadenas mediante la creación de un organismo de comercio exterior con agilidad en la gestión y transparencia en la toma de decisiones.
Creemos que la mejor manera en la que podemos abordar la necesidad de contar con un organismo de estas características es analizando el contexto en el que se desarrolla el comercio exterior de nuestro país, describiendo luego cómo ese contexto incide no solo en los comercializadores sino especialmente en los productores agropecuarios.
El contexto internacional
El poder financiero sorprende al mundo periódicamente. Desde hace treinta años hasta no hace mucho se podía escuchar a sus voceros impartiendo lecciones a los gobiernos de los países periféricos. En algunos casos, también obligándolos a tomar medidas para acceder a dinero fresco para sus debilitadas arcas estatales, condicionándoles la economía y hasta su política exterior. Pero todo parece indicar que esa etapa de crecimiento basada en la especulación ha concluido en estos días, aunque nunca deje de sorprender la versatilidad de sus estrategias de supervivencia.
Últimamente se han venido sucediendo crisis financieras de enorme gravedad, crisis que se han ido superando con una política -que bien podría llamarse un giro de 180 grados- que hace exactamente lo contrario que han pregonado los administradores del dinero al que pueden acceder los gobiernos de países en desarrollo. Tanto los Estados Unidos, como diversos países de Europa han recibido salvatajes financieros que no condicionaron las finanzas de esos países ni impusieron una receta de políticas económicas determinadas, como han padecido hasta el hartazgo los países periféricos desde que las deudas externas comenzaron a ser obstáculos insalvables para su desarrollo.
De la misma manera, en el comercio exterior es muy diferente lo que se dice -en los foros internacionales, en las rondas de negocios, en las propuestas multilaterales- de lo que se hace fronteras adentro, en donde es necesario cotidianamente generar políticas que atiendan a las necesidades de los dinámicos sectores productivos pequeños y medianos, muchas veces afectados por los avatares del comercio internacional.
La desaparición de las Juntas: Un patrimonio perdido
Nuestro país ha estado a la zaga de las idas y vueltas de las decisiones de los centros de poder mundial desde hace mucho tiempo, pero nunca fue tan obsecuente con ellos como en la década del '90, cuando las denominadas "relaciones carnales" con los Estados Unidos marcaron una adhesión al Consenso de Washington y, en consecuencia, a la sumisión al poder central, desregulando la economía y desmantelando el Estado en todas las áreas en las que podía haber jugado un papel de orientador y moderador de los vaivenes del mercado. El caso emblemático en un país cuyo ingreso de divisas se basa en la producción agropecuaria fue el desguace en un año de las Juntas Nacionales de Carnes y de Granos.
Luego de un trabajo de décadas para generar capacidad de almacenamiento, conocimientos sobre la comercialización agropecuaria y cuadros técnico-políticos que permitieran transformar esa sabiduría en medidas concretas para beneficio del país, se resolvió, apresurada y torpemente, darle fin a esa experiencia. El Ing. Agr. Guillermo Moore de la Serna, último Presidente de la Junta Nacional de Granos, sintetiza en el texto de su renuncia el momento dramático que se vivía en esos días: "(...) Creo firmemente en el rol fundamental del Estado, como ordenador y armonizador de las relaciones entre los distintos integrantes de la sociedad, en una función que va más allá de un simple arbitraje de intereses a veces contrapuestos. La Junta Nacional de Granos inició desde el principio de esta administración un proceso de auto transformación profundo, consensuado con los sectores que integraban su directorio" expresaba. Luego de detallar los esfuerzos para dotar de eficiencia y agilidad -en poco más de dos años- la gestión en la dependencia a su cargo, termina concluyendo: "Es así que creo honestamente que las razones de la disolución de la J.N.G. hay que buscarlas en planteos ideológicos, o intereses sectoriales pero no en los considerandos del referido decreto. (...) La única solución que a mi juicio queda, es suspender la disolución de la J.N,G. hasta que pensemos entre todos un mecanismo eficaz que la suplante. De seguir en este camino asistiremos a un despedazamiento inútil, sin sentido, donde sí prevalecerán los intereses de una burocracia sin transparencia que se agranda, o de grupos económicos vinculados a nuestra actividad -los más poderosos con sus sedes fuera del país- a los cuales la presencia de un organismo como la JNG, molestaba."
Es evidente que la corriente de pensamiento que sustentó la década de los 90 no se ha extinguido, y en la actualidad se sigue defendiendo aquel modelo de deserción estatal: en una nota en Clarín de marzo de 2009 se mostraban los números de la producción de soja. En menos de diez años se triplicó, a juicio del cronista gracias a la desaparición de la JNG, porque "al permitirse una operación más plena de los agentes globales del negocio, fluyó una gigantesca corriente de inversiones hacia el sistema agrícola argentino" (1) Como en el verso de Antonio Machado: "¿Dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad". No se está considerando la totalidad de los hechos si se omite que la expansión de la producción hacia finales de los 90 no hubiera sido posible sin el corrimiento de la frontera agrícola, impulsado por el nuevo paquete tecnológico del sector (sintetizado en semillas transgénicas, el uso del glifosato, la incorporación de otros paquetes tecnológicos, la profundización de la siembra directa, el achicamiento del monte nativo y el aumento de la capacidad de trilla).
En los años a que se refiere aquella nota, mientras la soja comenzaba a ganar terreno a expensas del trigo y el maíz, la producción se volvía más tecnificada con agroquímicos y semillas más caros. Así, los vaivenes de los precios internacionales, ya sin la regulación que brindó hasta 1992 la JNG, comenzaban a tamizar a los productores. Muchos pequeños y medianos iban perdiendo sus tierras -por ejemplo, vía cédulas hipotecarias- a manos de especuladores, mientras quedaban arriba de la red aquellos de mayor escala.
Aquella "gigantesca corriente de inversiones" de fines de los 90 se asoció a la cima de la pirámide productiva, reforzando ese extremo y ayudando, intencionalmente o no, a dejar caer a los productores que formaban su base. Librar a las fuerzas del mercado a los pequeños y medianos fue sinónimo de decretar su desaparición.
El comercio exterior agropecuario argentino hoy: guiarse por la coyuntura
Se puede coincidir o no, e incluso puede resultar incómodo para el Poder Ejecutivo Nacional, pero es necesario afirmar que las últimas palabras del Ing. Moore que citamos resultan proféticas y llegan a la actualidad: La opaca burocracia que deja el camino liberado a los grupos económicos concentrados y generalmente extranjeros no es más que la descripción ajustada del papel que jugó la ONCCA como el que juega el nuevo organismo que regula el comercio agropecuario actual, la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI).
Dedicada a una "intervención" a ciegas en los mercados, siguiendo definiciones erráticas del Ejecutivo sin demasiado fundamento y sin tener en cuenta los intereses nacionales, con cupos a la exportación de carnes y cambios en los pesos de faena, de por sí altamente cuestionables como política de comercio exterior, que además variaban en el tiempo generando incertidumbre; con derechos de exportación también variables y sin segmentación -a excepción de algunas mínimas compensaciones prácticamente incobrables-, la ONCCA fue el ejemplo de lo que no se debía hacer en materia de políticas públicas en el sector, toda vez que no regulaba la actividad comercial pero imponía para las mismas un bibliorato de requisitos, reglamentos y trabas burocráticas, perjudicando al pequeño y mediano frigorífico y al pequeño y mediano productor de granos, mientras las exportadoras siguen haciendo el mismo negocio de siempre. Todo ello, repetimos, realizado por un único representante del Ejecutivo, sin transparencia del organismo hacia la sociedad y los actores involucrados.
Transformada en una oficina discrecional y sospechada de corrupción, con causas judiciales contra sus directivos, la ONCCA terminó disuelta por el gobierno. Para mayores males, el nuevo organismo no aporta transparencia ni simplificaciones y no muestra perspectivas de ofrecerlas. Nada cambió en la discrecionalidad que va a tener para otorgar subsidios, en la falta de transparencia para la gestión del organismo ni en las exageradas y caprichosas intervenciones en los mercados como la detallada en el trigo. O la mora inexplicable en las compensaciones, que terminan pagándose en forma recortada sin mayores aclaraciones.
Lo único que se puede asegurar respecto de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (UCESCI) es que resolvió fue la interna del gobierno, desatada luego de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Dejó de estar en manos de un funcionario y pasó a ser administrada por cinco: la flamante Unidad, presidida por el ministro de Economía, tiene como vicepresidentes a los ministros de Agricultura y de Industria y la integran también el secretario de Comercio Interior y el titular de la AFIP. Para más desaguisados, el comienzo del nuevo organismo solo aporta confusión para el sector al cual va a estar dedicado. El personal que pertenecía a la ONCCA se transfirió al Ministerio de Agricultura y Ganadería -entre ellos, más de 600 empleados en negro y sin carrera administrativa por delante- mientras que la estructura directiva depende orgánicamente del Ministerio de Economía. De manera que su titular, que es quien preside la UCESCI, no tiene a su cargo una estructura de personal a quienes encomendar la ejecución de sus decisiones.
Se supone que las políticas que determinaron el trabajo de la ONCCA y marcan el de la UCESCI sostienen el objetivo de garantizar seguridad alimentaria, es decir, precios bajos y cantidad suficiente de alimentos hacia el mercado interno. Sin adentrarse en si efectivamente las resoluciones que ha tomado hasta hoy permiten suponer el cumplimiento de ese objetivo, se puede ver claramente que las mismas se han olvidado de otra seguridad, que el la seguridad productiva: El ganadero y el agricultor, en especial los pequeños y medianos, enfrentan las decisiones de inversión año a año no solo con la inseguridad que produce la incidencia sin regulación de los mercados externos, sino que además tiene la certeza de que en algún momento, el Gobierno le cambiará las reglas de juego sobre la marcha.
Los organismos como las Juntas de Granos y de Carnes eran los que permitían realizar un ejercicio olvidado en las políticas agropecuarias de los últimos 20 años: La planificación. Nada peor para definir políticas para el sector que actuar en base a la coyuntura y prescindir de los planes a largo plazo. En palabras del Ing. Horacio Giberti, Secretario de Agricultura de los gobiernos de Héctor Cámpora y Juan D. Perón y a quien propusimos como Mayor Notable, luego declarado por esta Cámara, "El Gobierno tiene una debilidad intrínseca porque carece de un plan de desarrollo nacional. Sin ese plan es muy difícil diseñar una política agropecuaria porque ambas van de la mano. Entonces se actúa con medidas sueltas, casi de contragolpe, que no abarcan el problema en su integralidad y que son vacilantes, como en el caso de la suba y posterior baja del peso mínimo de faena. La intervención del Estado debe apuntar a defender los intereses nacionales y eso implica una fuerte resistencia de intereses minoritarios. Por lo tanto, cuando se toma una medida se debe tener la decisión política de llevarla adelante. Establecer los precios de referencia es quedarse a mitad de camino porque no son obligatorios y además se fijan de manera indefinida ya que las últimas intervenciones ni siquiera llevan la firma oficial. Lo que se debería hacer es recrear la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos. (...) Con un buen servicio de extensión por parte del INTA que les muestre a los productores la conveniencia de una rotación y con un sistema crediticio de fomento que dé crédito para programas de producción diseñados para el largo plazo. Esos son los dos ejes fundamentales para reorientar la producción."
Una Agencia en el control y el arbitraje del comercio y la industria agroalimentaria
Nosotros no creemos en la intervención de un Estado que, en nombre de la protección de los intereses de los más vulnerables, ejerza un "control descontrolado", en el que terminan prevaleciendo los intereses de las corporaciones más poderosas, y que da vía libre a la corrupción y la arbitrariedad. Creemos, por el contrario, en un Estado eficiente, transparente y participativo que debe ser el convocante de todos los sectores de la sociedad interesados en una determinada área para acordar con ellos planes generales y medidas coyunturales consensuadas.
Los antecedentes de una propuesta similar hecha por el socialismo son mencionados por Osvaldo Graciano en el trabajo "Entre la transformación socialista y la redención nacional. El pensamiento de izquierda ante la crisis del capitalismo agroexportador (1914-1933)". Allí el autor señala que el Partido Socialista tuvo una especial dedicación en el análisis de la realidad del agro argentino desde los primeros trabajos de su fundador, Juan B. Justo a comienzos del siglo XX. No estuvo ajena la cuestión del comercio de granos en estos análisis, y tampoco faltaron las propuestas. En el párrafo que sigue se puede verificar qué tópicos -contextualizados, obviamente, en la década del 30- proponía el PS sobre comercio exterior de granos: "...medidas destinadas al impulso estatal del cooperativismo y a la participación de los productores en la comercialización de su producción con el apoyo del Estado. Así se postulaba (en el XXI congreso partidario de 1932) en su punto VIII: 'Creación de un resorte comercial con la participación de las cooperativas agrícolas, casas exportadoras de cereales y el Estado para la venta al exterior de la producción de granos. Control del comercio exterior de carnes y de otros productos agropecuarios' " (2)
No es de extrañar que nuestra propuesta tenga similitudes con este punto, planteando la participación de todos los actores implicados en el comercio de productos agropecuarios pero haciendo hincapié en una conducción que contenga a los actores involucrados hoy en él, así como planteando una modalidad moderna de funcionamiento, para evitar la burocratización del organismo.
Nuestro proyecto de ACACIA es la mejor muestra acerca de cuál es el rol del Estado para los socialistas, poniendo como ejemplo a una de las actividades más trascendentes de la actividad económica de nuestro país. Se puede sintetizar en cuatro ejes:
1) En primer lugar, lo definido por el artículo 1º cuando establece que la Agencia será un "organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa, y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado" Esta definición implica asimilar la forma de trabajo de la Agencia a lo que representa el INTA. No deberíamos olvidar que la autonomía y la autarquía fueron fundamentales para el prestigio indiscutible conseguido por este Instituto en sus 50 años de actividad. Sólo con esta independencia en las decisiones económico-presupuestarias es posible que un organismo encargado de la gestión en el comercio exterior no termine siendo una maraña de decisiones burocráticas carentes de lógica. Sabemos, sin embargo, que el estatus de organismo descentralizado poco aportó a la transparencia de la extinta ONCCA, pero debe tenerse en cuenta la soledad en la que su director tomaba sus decisiones.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que ningún organismo del ámbito público funcionará correctamente si no se lleva adelante -y esto también caracterizó al INTA en forma sistemática- una formación de cuadros profesionales con su correspondiente carrera escalafonaria. Los trabajadores de la ACACIA -absorbiendo a los que integran la estructura actual- deberán ser formados en una carrera de profesionalización de cuadros para que su trabajo y crecimiento personal sean premiados con el aporte de conocimientos y el escalafón correspondiente a su dedicación y especialización.
2) Nuestra respuesta ante el tema de la transparencia está en el segundo eje, que en la letra de nuestro proyecto de ley se encuentra en el artículo cuatro, cuando define que la conducción de la ACACIA estará a cargo de un directorio de 17 miembros, de los cuales uno será el presidente y lo designará el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.
Los 16 directores restantes serán designados a propuesta de las siguientes instituciones y entidades: uno por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; cuatro por las entidades representativas de la producción agropecuaria: Federación Agraria Argentina, Confederación Nacional Intercooperativa Agropecuaria, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas; uno por las Bolsas de Cereales; uno por las Cadenas Industriales de Granos (Molinos y Aceiteras); uno por la Industria Frigorífica; uno por las asociaciones de consumidores; dos representantes de los trabajadores (uno por cada central obrera, CTA y CGT) y cinco por los gobiernos de las provincias productoras (designados en forma rotativa por el Consejo Federal Agropecuario).
La participación en la gestión cotidiana del organismo de la gran mayoría de los actores representativos de la producción y las cadenas agroalimentarias hará transparentes a cada una de sus decisiones y acotará las posibilidades de discrecionalidad en sus actividades. Por último, es destacable que en el articulado se aclara que las remuneraciones de los directores estarán a cargo de los organismos e instituciones que los designen. Ello contribuirá a garantizar la defensa de los intereses que representa cada uno, y a la vez a evitar la burocratización de esos espacios.
3) El tercer eje está focalizado en su estructura de Agencia. La misma será definida por el correspondiente decreto reglamentario, pero la idea que nos mueve a proponer este tipo de gestión es la experiencia en el funcionamiento de las agencias en los gobiernos provinciales y nacionales. La estructuración en forma de Agencia tiene el objetivo de dotar a este organismo de la máxima agilidad posible dentro de la administración pública. Esta modalidad mantiene la toma de decisiones dentro de la esfera pública, puesto que se ocupa de regular, dictar resoluciones, prestar servicios, pero incorpora elementos de gestión de recursos y personal propios de la empresa privada, lo que implica desburocratización en el cumplimiento de los objetivos del organismo. La provincia de Córdoba -en áreas como Turismo, Deportes, Ambiente y Ciencia- y más recientemente la de Santa Fe -por ejemplo, la Agencia de Seguridad Vial- están adoptando esta modalidad de funcionamiento para mejorar la prestación de servicios de sus áreas, siempre con el objeto de que sean más flexibles y orientadas al resultado.
4) El cuarto eje que nos permite definirla es el que habla de sus atribuciones y funciones. La Agencia que proponemos tendrá a su cargo asegurar un marco de transparencia, libre concurrencia y competencia en materia de producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos en el sector agroalimentario, y para garantizar su misión se abocará a la elaboración de planes de desarrollo de no menos de cinco años, realizará seguimiento y arbitraje en las exportaciones de productos agroalimentarios, control de dumping en su importación, promoción de prácticas que alienten el cumplimiento de planes nacionales de desarrollo y lo que consideramos muy importante: recuperación de la capacidad de almacenaje de granos a fin de concretar operaciones de compra-venta y almacenamiento de productos agropecuarios que permitan regular el mercado.
Los socialistas creemos en un Estado que no sea un "mostrador obligatorio" en la comercialización agropecuaria, pero que intervenga cuando las distorsiones perjudiquen a los más débiles de las cadenas.
Ante la crisis: más políticas de estado.
Una vez más se aplica aquí lo que el sentido común dicta: A las crisis se las puede padecer y hundirse o se las puede utilizar como una oportunidad para el crecimiento. El camino correcto a transitar se basa en la interpretación de esta coyuntura y la aplicación coherente de esa interpretación a las políticas que se diseñen a partir de ahora.
En este sentido, entendemos que las políticas de comercio exterior e interior de los bienes agropecuarios son trascendentes a la hora de definir un modelo de país. El que nosotros proponemos, con los productores trabajando su campo y no migrando a la ciudad como rentistas, con las pequeñas y medianas empresas de los pueblos y ciudades del interior floreciendo, multiplicándose y generando cada vez más empleo, con los trabajadores rurales bien remunerados y protegidos y los campesinos de las zonas del monte con mejoras productivas, ambos arraigados a su tierra, sin necesidad de engrosar las áreas marginales de las grandes ciudades para vivir de migajas, este modelo se hace con más presencia de la política definiendo los lineamientos económicos. A eso apunta este proyecto y para ello es que solicito a mis pares me acompañen en su aprobación.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
VIALE, LISANDRO ALFREDO ENTRE RIOS PARTIDO SOCIALISTA
BARRIOS, MIGUEL ANGEL SANTA FE PARTIDO SOCIALISTA
CORTINA, ROY CIUDAD de BUENOS AIRES PARTIDO SOCIALISTA
FEIN, MONICA HAYDE SANTA FE PARTIDO SOCIALISTA
CICILIANI, ALICIA MABEL SANTA FE PARTIDO SOCIALISTA
STOLBIZER, MARGARITA ROSA BUENOS AIRES GEN
CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR BUENOS AIRES PARTIDO SOCIALISTA
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
AGRICULTURA Y GANADERIA (Primera Competencia)
COMERCIO
PRESUPUESTO Y HACIENDA