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PROYECTO DE LEY

Expediente: 6159-D-2015

Sumario: ESTUPEFACIENTES - LEY 23737 -. MODIFICACIONES SOBRE PENALIZACION DE LA TENENCIA, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y VENTA.

Fecha: 30/11/2015

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 161

Proyecto
ESTUPEFACIENTES - LEY 23737 -. MODIFICACIONES SOBRE PENALIZACION DE LA TENENCIA, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y VENTA.
Artículo 1: Modifíquense los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 24, 31 sexies, 33, 39 y 44 de la Ley 23737 y sus modificatorias:
ARTÍCULO 5.- Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) a veinte (20) años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) el que sin autorización o con destino ilícito:
Siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación;
Comercie con plantas o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;
Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará, además, inhabilitación especial de cuatro (4) a veinte (20) años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumo personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión y serán aplicables los artículos los artículos 17, 18 y 21.
ARTÍCULO 6- Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) el que introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primas destinadas a su fabricación o producción, habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años.
ARTÍCULO 7- Será reprimido con reclusión o prisión de diez (10) años a prisión o reclusión perpetua y multa de quinientos mil ($500.000) a pesos veinticinco (25) millones ($ 25.000.000), el que organice dirija o financie cualquiera de las actividades ilícitas a que se refieren los artículos 5º, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinques y 6º precedentes.
ARTÍCULO 8- Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) e inhabilitación especial de cinco a doce años, el que estando autorizado para la producción, fabricación, extracción, preparación, importación, exportación, distribución o venta de estupefacientes los tuviere en cantidades distintas de las autorizadas; o prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos u oficinales que oculten o disimulen sustancias estupefacientes, y al que aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes sin receta médica o en cantidades mayores a las recetadas.
ARTÍCULO 9- Será reprimido con prisión de dos a doce años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) e inhabilitación especial de uno a cinco años, el médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias. Si lo hiciera con destino ilícito la pena de reclusión o prisión será de cuatro (4) a quince (15) años y máximo de la multa se elevara a pesos quince millones ($ 15.000.000).
ARTÍCULO 10 - Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a doce (12) años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) el que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos por los artículos anteriores. La misma pena se aplicará al que facilitare un lugar para que concurran personas con el objeto de usar estupefacientes. En caso que el lugar fuera un local de comercio se aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el tiempo de la condena, la que se elevará al doble del tiempo de la misma si se tratare de un negocio de diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal el juez competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.
ARTICULO 11. Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del máximo de la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate:
a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas o de personas disminuidas psíquicamente, o sirviéndose de menores de dieciocho años o en perjuicio de éstos;
b) Si los hechos se cometieren subrepticiamente o con violencia, intimidación o engaño;
c) Si los hechos se cometieron por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos aquí previstos o por un funcionario público encargado de la guarda de presos y en perjuicio de éstos;
d) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social o en sitios donde se realicen espectáculos o diversiones públicos o en otros lugares a los que escolares y estudiantes acudan para realizar actividades educativas, deportivas o sociales;
e) Si los hechos se cometieren por un docente, educador o empleado de establecimientos educacionales en general, abusando de sus funciones específicas.
ARTÍCULO 12 - Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a pesos quinientos mil ($ 500.000):
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
ARTICULO 14.- Será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000) el que tuviere en su poder estupefacientes sin autorización o con destino ilícito. La pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal.
ARTICULO 24.- El que sin autorización o violando el control de la autoridad sanitaria, ingrese en la zona de frontera delimitada por ley, precursores o productos químicos aptos para la elaboración o fabricación de estupefacientes, será reprimido con prisión de cuatro (4) a quince (15) años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000); inhabilitación especial de uno a cinco años y comiso de la mercadería en infracción, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder.
Los precursores, y productos químicos serán determinados en listas que, por decreto, el Poder Ejecutivo nacional debe elaborar a ese fin y actualizar periódicamente.
ARTICULO 31 sexies - El que indebidamente revelare la real o nueva identidad de un agente encubierto o, en su caso, la nueva identidad o el domicilio de un testigo o imputado protegido, será reprimido con prisión de cuatro (4) a veinte (20) años, multa de pesos docientos mil ($ 200.000) a pesos diez millones ($ 15.000.000) e inhabilitación absoluta perpetua.
Si como consecuencia de la acción prevista en el párrafo precedente el agente encubierto, el testigo o imputado protegido fuesen asesinados, el máximo de la pena ascenderá a prisión o reclusión perpetua.
El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a pesos quinientos mil ($ 500.000) e inhabilitación especial de tres a diez años.
ARTICULO 33. El juez de la causa podrá autorizar a la autoridad de prevención y fuerzas de seguridad intervinientes que posterguen la detención de personas o el secuestro de estupefacientes cuando estime que la ejecución inmediata de dichas medidas puede comprometer el éxito de la investigación.
El juez, con los mismos fines, podrá incluso suspender la interceptación de ingreso, tránsito o egreso del territorio argentino de una remesa ilícita o sospechosa de estupefacientes en cualquier estado de elaboración y/o precursores y/o materias primas y/o semillas o plantas o sus derivados y/o cualquier elemento destinado para su producción y/o comercialización cuando tuviere las garantías de que será vigilada por las autoridades judiciales del país de tránsito y/o destino. Esta medida deberá disponerse por resolución fundada, haciéndose constar, en cuanto sea posible, la calidad y cantidad de la sustancia vigilada como así también su peso y los datos sustanciales de los autores, participes, instigadores u organizadores. El magistrado con las reservas y seguridades del caso también está facultado a marcar, identificar o georeferenciar la carga indicada en el párrafo precedente.
ARTICULO 39. (Según ley 26.052). Salvo que se hubiese resuelto con anterioridad, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes decomisados y de los beneficios económicos a que se refiere el artículo 30.
Los bienes o el producido de su venta se destinarán a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo, a la construcción de establecimientos de salud, deportivo-culturales y educacionales.
El mismo destino se dará a las multas que se recauden por aplicación de esta ley.
Asimismo, el mismo destino se le dará a los bienes decomisados o al producido de su venta, por los delitos previstos en la sección XII, Título I de la Ley 22.415, cuando el objeto de dichos delitos sean estupefacientes, precursores o productos químicos.
En las causas de jurisdicción federal y nacional los jueces o las autoridades competentes entregarán las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta a que se refieren los párrafos precedentes, conforme lo establecido por esta ley.
En las causas de jurisdicción provincial las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta, corresponderá a la provincia.
ARTICULO 44 - Las empresas o sociedades comerciales que produzcan, fabriquen, preparen, exporten o importen sustancias o productos químicos autorizados y que por sus características o componentes puedan ser derivados ilegalmente para servir de base o ser utilizados en la elaboración de estupefacientes, deberán inscribirse en un registro especial que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder Ejecutivo Nacional y que deberá mantenerse actualizado mediante inspecciones periódicas a las entidades registradas.
En este registro deberán constar la producción anual, las ventas, su destino geográfico y uso, así como todos los datos necesarios para ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción para ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción como de comercialización de las sustancias o productos y su ulterior utilización.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con inhabilitación especial de un mes a tres años y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000).
Las sustancias o productos químicos serán los que haya determinado o determine el Poder Ejecutivo Nacional mediante listas que serán actualizadas periódicamente.
Artículo 2: Incorpórense los artículos 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies y 5 sixies; 26 bis y 29 bis a la Ley 23737 y sus modificatorias.
ARTICULO 5 bis. Será reprimido con prisión o reclusión de cuatro (4) a veinticinco (25) años y multa pesos cien mil ($ 100.000) a pesos veinte millones ($ 20.000.000) el que sin autorización o con destino ilícito produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes.
Cuando por la escasa cantidad y demás circunstancias, surja inequívocamente que la producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes sea para consumo personal, la pena será de un (1) mes a dos (2) años de prisión y serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
ARTICULO 5 ter. El que suministre a título oneroso o comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o de en pago, o almacene o transporte; sufrirá pena de ocho (8) a veinticinco (25) años de prisión o reclusión y multa pesos cien mil ($ 100.000) a pesos veinte millones ($ 20.000.000). Cuando las conductas previstas en los artículos 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 6, 7, 8, 9, 10 y 24 de esta ley y 866 del Código Aduanero revistan la calidad de Tráfico ya sea por la participación de carteles de la droga, organizaciones criminales, capitales, logística, vías de ingreso y egreso, rutas y formas de transporte, financiamiento, técnicas de evasión, simulación o cobertura y/o ramificaciones transnacionales, la pena será de reclusión o prisión perpetua y multa pesos cien mil ($ 100.000) a pesos veinticinco millones ($ 25.000.000)
ARTICULO 5 quater. Al que suministre estupefacientes a título gratuito, se aplicará prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a pesos cinco millones ($ 5.000.000). Cuando este suministro fuere ocasional y por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente el destino de uso personal de quien lo recepta la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión o reclusión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
ARTICULO 5 quinquies. El extranjero con residencia permanente u otorgada con efecto suspensivo que fuera condenado por algunos de los delitos previstos en la presente ley sufrirá además como accesoria de la pena la expulsión definitiva del país, la que se efectivizará en forma automática una vez cumplida la condena.
En todos los casos los jueces notificaran a la Dirección Nacional de Migraciones la condena firme a sus efectos.
ARTICULO 5 sixies. El extranjero ingresante al país que habiendo sido condenado o procesado en la Argentina o el exterior por delitos vinculados al tráfico de estupefacientes, armas, personas o por lavado de dinero o inversiones por actividad ilícita que al momento de obtener la visa o presentarse ante el control migratorio falseare u omitiere informarlo a la autoridad de contralor, sufrirá la pena de 3 años a 15 años de prisión y multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos diez millones ($ 10.000.000).
ARTICULO 26 bis. (agregado por ley 24.424) Todos los hechos y circunstancias relacionadas con el objeto de la presente ley pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. La prueba consistente en fotografías, filmaciones y/o grabaciones, y/o comunicaciones de cualquier índole será evaluada siempre que no afecte garantías constitucionales.
ARTICULO 29 bis. Será reprimido con prisión de 8 (ocho) a 25(veinticinco) y multa de quinientos mil pesos ($500.000) a diez millones de pesos ($10.000.000) de años al que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer alguno de los delitos previstos en los artículos 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 6, 7, 8, 10 y 29 de la presente ley y de la figura receptada en el artículo 886 del Código Aduanero.
Las penas previstas en el párrafo precedente se reducirán a un tercio del mínimo y a la mitad del máximo para quienes ejecuten el hecho como subordinados o lleven adelante roles insignificantes o menores.
Artículo 3. Modifíquese el artículo 23 del Código Penal y sus modificatorias.
ARTICULO 23.- En todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito o su equivalente en bienes o activos susceptibles de decomiso, en favor del Estado nacional, de las provincias o de los municipios, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas son peligrosas para la seguridad común, el comiso puede ordenarse aunque afecte a terceros, salvo el derecho de éstos, si fueren de buena fe, a ser indemnizados.
Cuando el autor o los partícipes han actuado como mandatarios de alguien o como órganos, miembros o administradores de una persona de existencia ideal, y el producto o el provecho del delito ha beneficiado al mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso se pronunciará contra éstos.
Cuando con el producto o el provecho del delito se hubiese beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se pronunciará contra éste.
Si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su enajenación. Si no tuviera valor lícito alguno, se lo destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de los delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127, 140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libelad u objeto de explotación. Los bienes decomisados con motivo de tales delitos, según los términos del presente artículo, y el producido de las multas que se impongan, serán afectados a programas de asistencia a la víctima.
En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en el Título XIII del libro Segundo de éste Código y en la ley 23.737, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario.
El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos, técnicos y de comunicación, y todo otro bien, activo (fungible o no fungible) o derecho patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, la obtención de prueba o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes. En todos los casos se deberá dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Artículo 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Como parte integrante del Frente Renovador, candidato por el mismo espacio a gobernador de la Provincia de Santa Fe en el corriente año, colaborador en el desarrollo del proyecto presentado por el diputado Sergio Massa con el Nro: 9742 D 2014 -en forma personal y con mi equipo de trabajo, - y convencido que con la sanción del presente proyecto se contribuirá a que los argentinos podamos vivir más seguros y en paz, presento y acompaño este proyecto con la firme convicción que contribuirá a lograr esos objetivos.
Que resulta imperioso hacer una adecuación de la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, ya que el fenómeno del crimen organizado, la cartelización, la producción de drogas sintéticas y precursores, el tráfico de sustancias ilícitas y materias primas, así como la producción, comercialización, suministro y venta han tenido una penetración territorial y un crecimiento geométrico, tal vez no pensada por el legislador originario.
La tenencia simple, la tenencia para comercialización, las diferentes fases de comercialización, suministro y venta, el tráfico, la organización y el financiamiento entre otras figuras, requerían una adecuación en la tipicidad objetiva y un rediseño de la pena prevista, aumentando sus máximos, mínimos y restricciones.
El narcotráfico ha sido definido como un delito pandémico, cuya cadena de siembra y/o producción, distribución y venta traspasa las fronteras de los países, asumiendo la logística de una organización criminal transnacional y compleja.
Rastreadores y consolidadores de mercados, ubican territorios, recursos humanos y estamentos públicos y privados donde puedan radicar su negocio y obtener cobertura para su expansión.
La Republica Argentina está sufriendo una fuerte penetración territorial que vulnera su soberanía, lavadores de dinero, contrabandistas, traficantes, productores, vendedores y sicarios, fructifican frente a la desorganización del Estado.
Un adecuado marco legal punitivo debe ser el claro mensaje de la política legislativa nacional frente al tráfico y venta de estupefacientes. La aplicación de la máxima pena del derecho penal argentino para el traficante de estupefacientes o el jefe de un cartel, y la equiparación de la pena del homicida para el comercializador y vendedor de drogas, son acabada muestra del posesionamiento de nuestro Estado frente a un fenómeno criminal organizado y transnacional.
Trabajamos la separación de conductas en el articulado y con una redacción mas definida del nuevo artículo 5 ter, el delito de tráfico de estupefacientes permitirá su mejor identificación en el texto legal y por ende una mejor aplicación por los operadores y auxiliares llamados a intervenir.
También se valoró la gravedad de ciertos comportamientos que requerían mayor punibilidad tal como lo prevé la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada por ley 24.072/92.
En este sentido se incrementaron las penas en los delitos de mayor daño social, asimismo se elevaron los montos de las multas y el tiempo de las inhabilitaciones.
Siguiendo la citada Convención, mejoramos las previsiones de la denominada "entrega vigilada", la que requería mayores recaudos normativos, así como el decomiso (regulamos casos de fuga, muerte, prescripción, etc) y la tenencia y disposición de los bienes sospechosos o ilícitos.
Dada la dificultad de obtener prueba en las investigaciones de narcocriminalidad transnacional por la complejidad de su operatoria y el alto grado de cobertura. La modificación introducida al art. 23 del Código Penal importará mayor amplitud cautelar y mejor garantía al momento de identificar pruebas y activos susceptibles de decomiso.
También fue importante dar una mejor protección al agente encubierto, al testigo o imputado protegido ya que ahora se prevé la infidelidad del particular y no sólo la del funcionario público (Ver art. 31 sexies). Como consecuencia obligada se aumentó la pena cuando en la vulneración de la confidencia importa causalmente la muerte del protegido.
Dado el incremento de las operaciones de grupos o bandas organizadas era necesario tipificar la figura en forma independiente, eliminando la simple agravante por el número de activos. Conforme esta teleología se confeccionó el art. 29 con una punibilidad proporcionada al fenómeno organizacional.
Siguiendo esta lógica se incorporó al texto legal el jefe del cartel, junto al organizador y al financista, disponiéndose penas a perpetuidad para su accionar.
Las partes firmantes de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas mostraron su preocupación sosteniendo "que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad".
Por estas razones ampliamos el destino de los bienes decomisados a la narcocriminalidad, previendo que también puedan ser utilizados para la construcción de efectores de salud, deportivo- culturales y educacionales.
Por otra parte y como fuerte política del estado frente a la fuerte penetración de organizaciones criminales que operan desde el extranjero o con extranjeros radicados en nuestro país, otorgamos al Poder Judicial que dicta la condena la herramienta de expulsión definitiva del país como accesoria de la pena.
Sin perjuicio del proceso administrativo y de las facultades que establece la ley nacional de Migraciones para cancelar la residencia, contemplamos a facultad para el Juez o Tribunal que dicta condena, de expulsión inmediata del reo una vez que haya cumplido la pena.
En respaldo constitucional, el Art. 22 del Convención Interamericana sobre derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), permite limitar el derecho a residir en el país por medio de una ley cuando lo sea para prevenir infracciones penales o para proteger la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública, la Salud Pública o los Derechos y Libertades de los demás.
En base a esta manda constitucional transformamos en delito el incumplimiento por parte del extranjero de su obligación de informar a la autoridad de contralor de nuestro país sus antecedentes penales o condenatorios.
Por los argumentos expuestos solicito me acompañen con su voto.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
MARTINEZ, OSCAR ARIEL SANTA FE FRENTE RENOVADOR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO (Primera Competencia)
LEGISLACION PENAL
COMERCIO
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO