Dirigirse a la Poder Ejecutivo para que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Subsecretaría de la Gestión Pública, en relación a la nota “Cambios imprevistos dentro del Indec” publicada por el Diario La Nación el día 31 de enero de 2007 acerca de la remoción de su cargo de algunos funcionarios del Ministerio de Economía y Producción, se sirva informar:

1. Cuál es la razón por la cual se ha removido de su cargo a los siguientes funcionarios: José Luis Maia, Clyde Trabuchi, Graciela Bevacqua, Carlos Izurieta, Carlos Quarracino y Horacio Feinstein.

2. Qué autoridad ha decido la remoción de cada funcionario.

3. Por medio de que norma se ha decidido cada remoción.

4. En qué norma se ampara cada remoción.

Señor presidente:

El artículo 14bis de la Constitución Nacional garantiza la estabilidad del empleado público. La consecuencia inmediata de esta garantía no es solamente la protección del empleado público sino también la imposibilidad de las distintas fuerzas políticas de adueñarse del Estado a través de arbitrariedades en la designación de personal.

Según se informa en el diario La Nación, la razón por la cual se han decido las remociones tendría que ver con diferencias entre la Ministra de Economía y Producción, Lic. Felisa Miceli y los funcionarios mencionados. Esto atentaría directamente contra la garantía de estabilidad del empleado público, lo cual resulta inadmisible.

Si bien la cuestión de fondo es la arbitrariedad en el manejo de los recursos humanos de la Administración Nacional, no podemos dejar de hacer referencia al tema que envuelve la remoción de por lo menos dos funcionarias (Trabuchi y Bevacqua) En la nota del diario se lee que la diferencia de aquellas dos funcionarias con la Ministra de Economía y Producción giraría en torno a la metodología utilizada para medir nada más ni nada menos que la Inflación. Es contrario a toda norma legal y moral que el Poder Ejecutivo pretenda manipular u ocultar información, y que para hacerlo se sirva de administrar arbitrariamente los recursos humanos de la Administración Nacional.

Por otro lado, la remoción de los funcionarios se da en un marco de incompetencia y desprolijidad en la administración de recursos humanos del Estado Nacional. En un informe publicado en el sitio web de la Subsecretaría de la Gestión Pública (1) se informa que, al 30 de abril de 2006, de los 1.262 cargos con funciones ejecutivas de la Administración Pública Nacional, solamente el 4% está cubierto de forma regular, es decir por personas concursadas cuyo término no está vencido. El 39% de los cargos está cubierto por personas que han sido concursadas pero cuyo período de término ha vencido. Un 34% de los cargos ha sido cubierto por medio de designaciones “transitorias” y “transitorias con prórroga”. El restante 23% no está cubierto.

Llama la atención que el 34% de los cargos de funciones ejecutivas de la Administración Nacional haya sido cubierto directamente por las autoridades políticas cuando en realidad tendrían que haber sido concursados. ¿Qué criterios habrán utilizado para realizar aquellas designaciones? Además, otro informe del mismo organismo (2) , revela que la cantidad de contratos por el decreto 1.184/01, lejos de disminuir se mantiene igual y ronda aproximadamente las 15 mil personas. Éstos empleados son seleccionados directamente por ministros o secretarios sin mediación de concurso público, lo cual atenta contra el mérito e idoneidad que debería caracterizar la selección y promoción de los empleados según los establece el régimen vigente de empleo público (Ley 25.164)

Es decir, las remociones de los funcionarios del Ministerio de Economía y Producción, además de estar relacionadas, en general con un tema sensible como es la generación y administración de información pública, y en particular con un tema tan importante como el de la Inflación, se da en un marco de total desprolijidad y politización de los recursos humanos del Estado Nacional.

Por estas razones exigimos a quienes dirigimos este proyecto de resolución que informen sobre la situación.