Convocar al Presidente, Vicepresidente y demás miembros del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF) creado por el artículo 8 de la Ley N° 25.246 a comparecer ante las Comisiones de Finanzas; Legislación Penal; Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de esta Honorable Cámara, para que en los términos del artículo 15 inciso 2 de dicha norma informen pormenorizadamente sobre el diagnóstico de la situación del organismo observada al momento de asumir la nuevas autoridades, sobre las políticas, pautas de trabajo, planes y/o programaciones que orientarán la nueva gestión, incluyendo sus objetivos, mecanismos, metas y presupuestos.

Señor presidente:

Este proyecto pretende la obtención de precisiones que nos parecen fundamentales para saber cómo se está desempeñando la Unidad de Información Financiera, organismo que funciona con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.-

Durante el mes de enero, y en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 26.119, se sucedieron cambios en la conducción de este organismo que, desde su creación, no se ha destacado por su efectividad y contundencia en las acciones para las que fue concebido. En efecto: la UIF parece hoy una entidad burocrática del Estado mucho más volcada a la pasividad, es decir, "al dejar hacer" antes que al desempeño del cometido real que le dio origen (Ley Nº 25.246).-

Desde comienzos de 2007 la UIF estuvo a cargo de la Contadora Pública Nacional Rosa Catalina Falduto quien, además de su escasa experiencia profesional y de formación para la lucha contra la prevención y el lavado de dinero, habría recibido fuertes presiones de parte del Poder Ejecutivo Nacional para que investigue a determinadas empresas y personas transformando a la UIF en una agencia federal persecutoria.-

Frente a estas presiones (que jamás fueron confirmadas, pero sobre las que existen sospechas que mediante esta citación pretendemos despejar) la contadora Falduto dimitió, siendo su renuncia aceptada por la Presidenta de la Nación el 10 de enero mediante el Decreto 40/2010.-

El 13 de enero de 2010, el Ministro de de Justicia y Seguridad, Julio Alak, al aconsejar el nombramiento de su reemplazante afirmó que el cambio se realizaba en virtud de la "la necesidad de fortalecer la Unidad a partir de la crisis internacional que vivió el mundo hace poco, donde se recomendó a partir del G-20 que se controle más a los paraísos fiscales por lavado de dinero".-

Así fue como el 12 de febrero fueron designadas las nuevas autoridades, apareciendo consignadas en el decreto 245/2010 publicado en el Boletín Oficial. Como presidente de la Unidad de Información Financiera se designó al licenciado José Alberto Sbattella y, como vicepresidente en reemplazo del también renunciante Alberto Moisés Rabinstein, al contador público Gabriel Horacio Cuomo.-

De la lectura del curriculum de Sbatella, economista y ex titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), se desprende que no tiene formación especializada en materia de prevención y combate del lavado de dinero.-

Sbatella fue el primer Director General de Aduanas del entonces presidente Néstor Kirchner en el periodo 2003-2004 y, junto con el entonces Director de Asuntos Legales de la Aduana, el abogado Marcelo Goldberg, es responsable de no haber apelado el sobreseimiento dictado en septiembre de 2003 en favor del Gral. Martin Balza, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en la causa judicial por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia, permitiendo de esta forma que el militar pudiera ser nombrado Embajador argentino en Colombia.-

Gabriel Cuomo, en cambio, sí registra antecedentes académicos sobre lavado de dinero y es miembro de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists desde 2005.-

Ambas funcionarios son secundados por un consejo que se conforma (según lo dispuesto por la Ley Nº 25.246, modificada por la Ley Nº 26.119) con siete vocales, provenientes de los ministerios de Justicia, Interior y Economía, del Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), y la Comisión Nacional de Valores (CNV).-

El día 18 de febrero, el Gobierno revocó el mandato de seis de los siete vocales del consejo asesor que acompañaba a Falduto y designó como consejeros a Germán Saller; Leonardo Pérez Candreva, Mario Camaño, Rubén Gustavo Oliva, Ricardo Eskenazi, y Ricardo Angelucci, todos con nula experiencia en la detección de operaciones de lavado y tres de ellos no provienen de los organismos de los que, por ley, deben provenir.-

Estas súbitas remociones y designaciones en el máximo organismo que tiene como principal misión la investigación del encubrimiento y el lavado de activos de origen delictivo, sumada a la investigación de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo (dispuesta por la Ley Nº 26.268, sobre "Asociaciones ilícitas terroristas y Financiamiento del Terrorismo), han generado gran desconfianza no sólo sobre la eficacia y la transparencia de la UIF sino, fundamentalmente, sobre si verdaderamente orienta su accionar con autonomía de criterio siguiendo el interés de la Nación o si, en cambio, el organismo se está transformando en una suerte de central de inteligencia económica que responde a las apetencias del gobierno.-

La progresiva cooptación de instituciones de contralor y auditoría por parte del Poder Ejecutivo es de una gravedad institucional sin precedentes en el marco de nuestra joven democracia. En efecto: lo que está ocurriendo con la UIF no es más que un nuevo y lamentable episodio de intervencionismo como los que, con mayor o menor descaro, se ha perpetrado contra el INDEC, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Comisión Nacional de Valores, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Oficina Anticorrupción y la Subsecretaría para la reforma Institucional.-

Convertir a los organismos de control en meros apéndices del Gobierno para impulsar operaciones políticas y persecuciones, o desarticularlos para que no funcionen e impedir los controles, habla a las claras de un gobierno que favorece la impunidad y el delito. De un gobierno que aplica la ley de manera selectiva combatiendo a aquellos que resultan disfuncionales o ajenos a sus intereses.-

Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen a este proyecto con su voto por la afirmativa.-