De acuerdo al artículo 204 del Reglamento de la HCDN, citar al Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Dr. Carlos Zannini, a la Comisión de Justicia para que dé explicaciones sobre el llamado realizado por el Subsecretario Legal y Técnico -Carlos Liuzzi- al Juez Oyarbide que derivó en la finalización de un allanamiento que estaba llevándose a cabo en la Asociación Mutual Propyme el 19 de diciembre de 2013.

Señor presidente:

De acuerdo a diversas fuentes periodísticas durante el allanamiento de una financiera llamada Asociación Mutual Propyme, ordenado por el Juez Norberto Oyarbide, el Subscretario Legal y Técnico Carlos Liuzzi se habría comunicado con el juez en cuestión para informarle que los policías a cargo del operativo habrían pedido dádivas para no realizarlo. Esta llamada resultó en la suspensión del allanamiento, de acuerdo a lo admitido por el propio juez de la causa.

Cuestionado sobre este asunto, Oyarbide respondió: "Los allanamientos pueden suspenderse por irregularidades, [si hay] conocimiento acabado de esa situación, [o] si yo no tomo conocimiento en el momento en que se está desarrollando el proceso, [pero] si a posteriori, se declara la nulidad del allanamiento. En este caso, que me llamen de la Secretaría Legal y Técnica para que me informen eso, me merece la plena confianza" (1) .

El hecho dio lugar a un sumario interno, en el marco del cual el Juez Oyarbide puso por escrito que fue el llamado de Carlos Liuzzi la razón por la cual frenó el allanamiento.

Merece nuestra especial preocupación que tan livianamente un juez de la nación afirme que dio marcha atrás en una decisión a causa del llamado de un funcionario de presidencia. La naturalidad con la que confirma que aceptó una llamada del Poder Ejecutivo y que en razón de esta revirtió parte de la investigación sobre un hecho, nos hace presumir su falta de independencia e imparcialidad en todas sus decisiones, pues no parece encontrar nada reprochable en esta actitud del funcionario e incluso se lee que le parece incuestionable la palabra de la Secretaría Legal y Técnica, como si esta dependencia supiera más de las causas que lleva acabo su juzgado que él mismo. En este sentido, creemos pertinente que el Dr. Carlos Zannini se acerque a la Comisión de Justicia a brindar las explicaciones del accionar de su subordinado y que informe si este es un tipo de vínculo normal que la oficina a su cargo mantiene con el Poder Judicial.

La Constitución Nacional consagra la división de poderes, esto implica que cada órgano de poder actúe independiente de los demás, sin injerencias externas. Por otro lado, la independencia de los jueces forma parte de una de las garantías del debido proceso que se deducen de una interpretación del artículo 18.

Asimismo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, (...)". Sobre la independencia judicial en particular, la Corte Interamericana sostuvo: "Ahora bien, los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha entendido como "esencial para el ejercicio de la función judicial." El Tribunal ha dicho que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico." (Corte IDH. Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Párrafo 67.)

Además, refuerza la importancia de la independencia judicial cuando la reconoce como una garantía que aun en estado de emergencia debe mantenerse vigente: "Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se concluye que los principios del debido proceso legal (incluso la independencia judicial) no pueden suspenderse con motivo de las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales." (O/C-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A NO. 8, párrafo 30)

Por otro lado, los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de Naciones Unidas sostienen que "Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores por cualquier motivo.". Asimismo, de acuerdo a los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial: "1.3. Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable."

Por último, en el informe 2008 de la OCDE sobre la aplicación de la Convención contra el Soborno Trasnacional señala que existen en Argentina contactos inadecuados entre jueces y fiscales con el poder político. Sobre este punto, sostuvo que aun cuando los contactos fueran inocuos generan la sospecha de que el poder político influye al Poder Judicial en sus decisiones, reforzándose este concepto en aquellos casos que se resuelva sobre delitos de corrupción, en los cuales se ve mayormente vulnerada la efectividad del sistema de justicia.

Todos estos elementos ponen de resalto no solamente la importancia de la independencia judicial como garantía de los justiciables, sino además definen los lineamientos de las injerencias indebidas de los demás poderes sobre el Poder Judicial. El caso de Oyarbide, en general, es paradigmático si nos ponemos a pensar en un juez particularmente atento a los requerimientos del poder de turno. En el caso específico de este allanamiento, agrava la situación, en la que a todas luces vemos cómo la llamada de un funcionario de presidencia actúa a modo de presión, y es incluso efectiva en lo que se propone, que ambos actores se conocieran previamente de una causa contra Liuzzi por enriquecimiento ilícito que fue archivada por el juez.

Por los motivos expuestos, les solicito a mis colegas que me acompañen en esta citación al Secretario Legal y Técnico a la Comisión de Justicia, en tanto resulta imperioso que responda sobre las presiones ejercidas a un miembro del Poder Judicial por parte de su Subsecretario.