Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que informe a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) y/o el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los hechos que han sido de público conocimiento, sobre la desaparición y presunta entrega a un abogado, el legajo de la empresa “Oil Combustible S.A.”, documentación que sustenta el reclamo de la A.F.I.P. contra dicha entidad.

El mencionado informe deberá además pronunciarse sobre:

1. Más allá de la remoción de los síndicos por parte de la jueza interviniente, qué medidas se han adoptado para averiguar quiénes son los responsables de esta gravedad judicial.

2. Si la A.F.I.P. a través de sus apoderados como así también la jueza a cargo del juzgado interviniente, han realizado la denuncia penal pertinente.

3. Si se ha citado a los apoderados de Oil Combustible S.A. para que aclaren la situación que aquí se ventila, atento la información pública instalada en los medios de comunicación.

4. Si existe copia certificada del legajo en resguardo.

Señor presidente:

La documentación sobre el reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) en contra de “Oil Combustibles S.A.”, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa, desapareció. Según informó una investigación del diario La Nación, firmada por el periodista Hugo Alconada Mon el día 10 de marzo del corriente año. La jueza a cargo de la quiebra, Dra. Valeria Pérez Casado, alertó sobre la falta y extendió a un plazo de 48 horas para que aparezcan el material.

La eventual desaparición fue a mediados de febrero. Sin embargo, los síndicos le informaron que, ocho meses antes, le habían entregado el “legajo” a Alberto Spota, uno de los abogados de Cristóbal López. Así lo manifiesta la investigación publicada.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) le reclama a “Oil Combustilbes S.A.” la suma de diez mil millones de pesos. Es el monto de capital e intereses establecido por una pericia oficial. Esta situación está bajo la órbita de una defraudación agravada al Estado.

El hecho de un manejo erróneo del expediente judicial que arroja la desaparición de una prueba documental vital para el trámite del proceso data de una gravedad institucional con base en la impunidad.

Para progresar como república es fundamental poder contar con un Poder Judicial serio, imparcial, e independiente. El hecho que aquí se ventila es sumamente relevante para la sociedad toda, por ello es fundamental que los hechos sean aclarados y el proceso continúe su curso normal.

Por los motivos expuestos, solicito a los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el acompañamiento al presente pedido de informes.