Su repudio al pedido de juicio político contra los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino de la Cámara Nacional del Trabajo por el fallo en favor de la paritaria bancaria, que fuera presentado ante el Consejo de la Magistratura, por parte del Ministerio de Trabajo conducido por Jorge Triaca.

Señor presidente:

El 23 de noviembre del año pasado la Asociación Bancaria firmó un preacuerdo con las cámaras Abappra y Adeba que incluía ajustes a la suba salarial de 2016, bono de fin de año y pagos a cuenta de la paritaria 2017. Si bien desde un principio, la cámara que nuclea a la banca extranjera (ABA) rechazó el acuerdo, las negociaciones avanzaron y se fueron pagando todos los cargos correspondientes a 2016. En enero de este año, al momento de comenzar a liquidar los haberes de 2017, que contemplaban una suba del 24.5% el Ministerio de Trabajo, a pedido explícito de las cámaras empresariales (Banco Central y ABA), no homologó el acuerdo. A partir de este freno, el gremio bancario decidió apelar a la justicia.

Los camaristas presentes, en el marco de la feria judicial, fallaron en favor del gremio. Es decir, en favor del cumplimiento del pre-acuerdo salarial e instaba a las patronales a pagar lo que les correspondía. Este fallo les valió a los jueces a cargo, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, un pedido de juicio político por parte del Ministerio de Trabajo bajo los cargos de mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad.

El escandaloso pedido de juicio político fue repudiado por la Asociación Bancaria, conducida por Sergio Palazzo, la Agrupación Nacional de Abogados de Trabajadores y por diversos sectores políticos y de la justicia por constituir un intento de coerción y disciplinamiento de los jueces que se animen a fallar contra los intereses del Poder Ejecutivo.

Rechazamos las acusaciones de mal desempeño que se vertieron, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución Nacional, sobre estos jueces, basadas en los fallos arriba señalados. Ya que constituyen un ataque infundado que tiene como único objetivo aleccionar a los jueces que fallen a favor de los trabajadores que en este caso consistió en instar a las cámaras empresariales a pagar un preacuerdo paritario

Este gravísimo accionar tiene un antecedente. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2014, se dispuso la apertura de un juicio político a los jueces previsionales Luis Rene Herrero y Emilio Fernández bajo el argumento de “haber obrado con manifiesta parcialidad en desmedro del Estado Nacional”, por haber fallado en favor de jubilados y cuestionar públicamente que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se financie con fondos previsionales.

Hay en curso un ataque en regla a los jueces que fallan en favor de trabajadores y jubilados; a quienes cuestionan las reformas de las ART, a los que fallan en favor de la reinstalación de delegados despedidos o como recientemente sucedió con los fallos que acreditaron el “lock out” patronal y el intento de vaciamiento de la empresa AGR-Clarín que coincidieron en dar por probada la acción ilegal de la empresa y ordenaron el embargo de las cuentas de la empresa en el Banco Galicia para garantizar el cobreo de los salarios caídos y no pagados.

El ataque a los jueces coincide con el ataque a las conquistas obreras y al ajuste en marcha del gobierno de Macri, como parte de una tendencia más general a establecer un verdadero “estado de excepción” contra los trabajadores para garantizar más flexibilización laboral, baja de salarios y desocupación masiva.

El gobierno de Macri cumple a rajatabla los mandatos impuestos por el imperialismo, que se coronaron con el Pacto Buitre: buscar que la crisis capitalista en curso la paguen los trabajadores. Por eso, en el ámbito de la justicia, se puede observar una tendencia internacional a sustraer los conflictos jurídicos de los estrados nacionales para dar paso a tribunales arbitrales o bilaterales tales como el Ciadi y otros, para así evitarse la “interferencia” de ciertos jueces. Por ello, no debe sorprender que los gobiernos intenten regimentar a los jueces que se aferran al derecho vigente cuando este defiende a los trabajadores.

No podemos dejar pasar este atropello. Repudiamos que el Poder Ejecutivo, a través de su cartera de Trabajo encabezada por Jorge Triaca, lleve a juicio político a jueces por el solo hecho de fallar a favor de trabajadores.

Solicitamos el acompañamiento de los/as sres/as. Diputados.