Expresar rechazo al convenio para el Traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires suscripto en plena feria judicial, entre el Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, y a los proyectos 0001-PE-2017 y 0014-PE-2017 ingresados recientemente por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados respectivamente.

Asimismo, declarar nuestro apoyo a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación quienes denunciaron estas maniobras desde su inicio y vienen realizando masivas movilizaciones de rechazo al traspaso en defensa de los trabajadores judiciales y de la Justicia Nacional.

Señor presidente:

El 19 de enero, el Presidente Macri y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta suscribieron un convenio de traspaso de la Justicia Nacional Penal y de Defensa del Consumidor al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Éste convenio no opera por sí solo, sino que necesita ser ratificado por el Congreso Nacional. Frente a ello, el Ejecutivo remitió dos proyectos con la respectiva ratificación más un agregado particular, una suerte de “Caballo de Troya” que de pasar inadvertida por los legisladores, vulneraría los preceptos constitucionales.

En ambos proyectos, ingresados por Cámaras distintas, se propone la modificación de la ley 24.558, reglamentaria del art. 129 de la C.N.. El sentido de dicha modificación es claro, que el traspaso de la Justicia sea llevado adelante mediante la suscripción de convenios sin intervención del Congreso Nacional ni control de ningún tipo.

La ley 24.558 de Defensa del Interés Nacional, luego de referir en su art. 1 que “La presente ley garantiza los intereses del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea Capital de la República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del Gobierno de la Nación.” establece en su art. 8 que “La justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales.” . En consecuencia, hasta tanto la Ciudad de Buenos Aires continúe siendo Capital Federal de la Nación Argentina, su justicia ordinaria es de carácter Nacional.

Pese al constante relato en defensa de las instituciones, ésta es una nueva maniobra para hacer lo que quieren sin respetarlas, es un nuevo intento de colonización de la justicia, de manipulación y dependencia que garantice impunidad.

Bajo el argumento de que con el traspaso se busca una mejor justicia, más cerca de los vecinos de la ciudad, lo que se esconde es el intento por garantizar la impunidad de los funcionarios públicos, ya que se traspasan las dependencias sin titulares y los delitos relacionados con la administración pública, a un ámbito judicial absolutamente partidizado y dependiente del Poder Ejecutivo de turno, que será quien designe a los nuevos jueces que luego deberán controlarlos.

Una justicia de la Ciudad que desde sus inicios se repartió políticamente la designación de sus magistrados, y que llega a la fecha con un sistema de selección y remoción de Magistrados por mayoría simple que condiciona el accionar de sus magistrados en función de los intereses del gobierno de turno.

El éxito de estos proyectos también significa que el resto de los fueros sean traspasados, en particular el fuero Laboral, último eslabón que tienen los trabajadores argentinos para obtener justicia. Traspasar la Justicia del Trabajo, es llevar adelante la flexibilización laboral que día a día pregona este Gobierno.

El pedido de Juicio Político efectuado por el Ministro de Trabajo Jorge Triaca a los Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dres. Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, jueces que fallaron a favor de la aplicación de la paritaria lograda por la Asociación Gremial Bancaria, el cual era bloqueado por el Gobierno Nacional porque superaba el arbitrario 18% que pretenden poner como tope a las negociaciones colectivas, es un ejemplo de ello.

La historia se repite, se enaltece el valor de la independencia judicial siempre que juzgue a conveniencia de parte. Lamentablemente nos encontramos nuevamente con un gobierno que pretende limitar la independencia de la Justicia, rechazando todo fallo contrario a sus intereses y llevando adelante medidas inconstitucionales que avasallan con la justicia argentina en general y con los derechos del conjunto de los trabajadores en particular.