Su preocupación y acompaña el repudio manifestado por las organizaciones de derechos humanos ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de equiparar los delitos de lesa humanidad del terrorismo de Estado cívico-militar con los delitos comunes, porque considera aplicable la Ley 24.390 –conocida como 2×1–, que estuvo vigente desde el año 1994 y fue derogada en el 2001.

Señor presidente:

Los dos nuevos jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que justificaron en su momento sus designaciones por un Decreto Presidencial, junto a la jueza Elena Highton de Nolasco, que aspira permanecer en la Corte después de cumplir 75 años, votaron por equiparar al terrorismo de Estado con los delitos comunes, en el caso de Luis Muiña (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”) y se los beneficia con una ley “más benigna”.

Esa ley “más benigna” es la ley 24.390, sancionada en 1994 y posteriormente derogada en el 2001, permitía computar doble, a partir del segundo año de detención, los días que pasaron sin sentencia firme.

Es llamativo y contradictorio uno de los argumentos esgrimidos por estos tres jueces. Hacen mención al precedente "Arce" (Fallos 331:472), donde se decidió “que a los efectos de la aplicación de la ley penal más benigna lo que importa es que el delito se hubiera cometido durante su vigencia”, siendo irrelevante que el imputado hubiera estado detenido o no durante dicho lapso. Los delitos de lesa humanidad en cuestión se cometieron durante la última dictadura cívico - militar que finalizó con la llegada de la democracia en 1983.

En disidencia votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes no avalaron la aplicación del 2x1, señalando que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. “Que el principio de la ley penal más benigna tiene rango constitucional, y requiere la evaluación de si la ley posterior al hecho es la expresión de un cambio en la valoración de la clase de delito correspondiente a los hechos de la causa, lo que no ha ocurrido en el caso”.

Pero no deseo entrar en discusiones técnicas jurídicas sobre normas convencionales ya que seguramente no llegaríamos a una conclusión unificada. Existen dos bibliotecas jurídicas que pueden justificar o cuestionar un fallo judicial.

Pero es llamativa la decisión de estos tres jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si consideramos que las hacen en el marco de un gobierno nacional que está integrado por un Presidente y funcionarios que en varias oportunidades han intentado desprestigiar a los organismos de derechos humanos. Recordemos el debate absurdo sobre la cantidad de desaparecidos, las campañas de supuesta corrupción en el pago de las reparaciones reconocidas a las víctimas del terrorismo de Estado o cuando el actual Presidente durante la campaña afirmó que iba a terminar con "el curro" de los derechos humanos.

Como legisladores y ciudadanos debemos ser respetuosos de las instituciones y de los principios que caracterizan el Estado de Derecho, pero cómo debemos reaccionar cuando algunos integrantes de esas instituciones, abusan del poder que les confiere la ciudadanía o ignoran la búsqueda de justicia, verdad y memoria desde hace 40 años sin la colaboración ni el arrepentimiento de los genocidas y que lo único que hicieron, fue guardar silencio y obstruir y dilatar las investigaciones años tras años.

En diálogo con AM 750, el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, afirmó estar de acuerdo con el 2x1 y pidió "ser respetuosos" de la decisión de la Corte, ya que "es un fallo del órgano máximo de la Justicia, y tenemos que respetarlo, más allá de las consideraciones personales y de los sentimientos que se hieren".

Me pregunto si el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj como miembro de la comunidad judía y ex integrante de la DAIA, hubiera tenido la misma actitud, si la justicia alemana hubiera beneficiado “con la ley más benigna” a Herman Goering, Joseph Goebbels, Josef Kramer, Adolf Eichman, Joseph Mengele y a Adolf Hitler o si la Justicia Argentina, aplicara la “ley más benigna” a los responsables de los atentados de la AMIA y la embajada de Israel. Por favor, en estos temas no podemos ser hipócritas y ser “respetuosos” cuando nos conviene. Un genocida es un genocida.

Como legisladores no podemos quedarnos callados. Debemos fijar nuestra posición si queremos ser coherentes con nuestro pensamiento. Tenemos la obligación de entender y acompañar a las madres, abuelas e hijos víctimas del terrorismo de estado de la última dictadura cívico militar que en forma pacífica y firme buscan JUSTICIA y que fueron un factor fundamental en la recuperación de la democracia.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.