Su profunda preocupación y repudio por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que resolvió aplicar la Ley Nº 24.390 –conocida como “Ley del 2x1”- en el caso Luis Muiña, sentando jurisprudencia para que una importante mayoría de represores condenados por delitos de lesa humanidad puedan quedar en libertad.

Señor presidente:

En un hecho sin precedentes, y en un claro retroceso en materia de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo dividido, resolvió aplicar la Ley Nº 24.390, conocida como “Ley del 2x1”, en el caso Luis Muiña, por el cual una importante mayoría de represores condenados por delitos de lesa humanidad condenados durante estos últimos años, al sentarse jurisprudencia, obtendrían la libertad.

Según un informe preliminar de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, se trata de unos 278 represores condenados (1 de cada 4), impactando también sobre los casos de apropiación de niños/as.

Los organismos de Derechos Humanos, los familiares, víctimas del terrorismo de Estado, así como también diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su repudio y preocupación, por implicar un claro retroceso en el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

Al respecto, Abuelas de Plaza de Mayo, en conferencia de prensa, manifestó su enérgico repudio a la decisión que deja abierta la posibilidad de que los represores queden en libertad, destacando que la citada normativa sólo estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, siendo indiscutido que no regía para los crímenes de la dictadura, porque no estaba vigente durante su comisión ni durante el juzgamiento de estos delitos.

En un comunicado difundido por Abuelas, que lleva también la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Asociación Buena Memoria; Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; y Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destacan: “Hoy, el fallo de la Corte abre la puerta a la impunidad de los genocidas. Como los mismos jueces Lorenzetti y Maqueda argumentaron en su voto en disidencia, la reducción de pena no es aplicable a los crímenes de la dictadura. Estos delitos no concluyen hasta tanto no se sepa el destino de los desaparecidos y de los nietos y nietas apropiados, por lo que no se pueden aplicar leyes previas y no vigentes. Este criterio también es exigido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien la Corte Suprema vuelve a desoír.

Es imperioso recordar que estos genocidas fueron juzgados tardíamente por la vigencia de las leyes de impunidad y que en la mayoría de los casos las condenas aún no se encuentran firmes por las propias dilaciones del Poder Judicial. El beneficio de este fallo alcanzaría a centenares de represores que estuvieron detenidos con prisión preventiva y ahora pueden obtener drásticas reducciones en sus penas e incluso solicitar la libertad por haber cumplido dos tercios de su condena.

Asimismo, el fallo abre un panorama incierto para las condenas a los apropiadores de menores porque cambia el criterio respecto a la ley aplicable que venía sosteniendo la jurisprudencia hasta la actualidad, incluso refrendada por la propia Corte Suprema”.

El comunicado concluye manifestando: “Los organismos no claudicaremos en la lucha por la Justicia y advertimos que agotaremos todas las instancias nacionales e internacionales hasta lograr que este criterio que garantiza la impunidad sea abandonado. Asimismo, convocamos a todo el pueblo a defender los derechos conquistados, que son la clave para garantizar el Nunca Más en nuestra sociedad”.

Por otra parte, la Comisión Provincial por la Memoria, al rechazar el fallo, sostuvo que “la decisión afecta al estado de derecho y constituye una afrenta para todo el pueblo argentino que, desde los años de la dictadura, ha venido sosteniendo una lucha incansable para que el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura militar y la condena a sus responsables se constituya en un baluarte irrenunciable de la vida democrática”.

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, en una entrevista radial, destacó que “este fallo amerita un reproche y un inicio de investigación del juicio político para los tres jueces de la Corte que están quebrando la doctrina de la Corte Suprema y que hace algunas décadas provocaron las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos de Menem”.

Asimismo, destacó que la decisión de restablecer la vigencia de la Ley Nº 24.390 es un quiebre del principio de supremacía de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, al sostener que “tanto la Convención de Genocidio como la Convención de delitos de lesa humanidad, inhabilitan absolutamente cualquier forma de beneficio para los autores responsables, partícipes y/o encubridores de estos delitos”, en clara referencia a la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que cuentan con jerarquía constitucional (CN, art. 75, inciso 22).

El fallo atrasa e implica un indulto encubierto. Ultraja también la memoria social y colectiva, atentando contra el Estado de Derecho y la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.