Citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, y al Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Lic. Claudio Avruj, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para recibir su informe verbal y dar explicaciones sobre la política de derechos humanos llevada adelante por el Poder Ejecutivo, y sobre el posicionamiento público de los funcionarios citados sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitaba la aplicación de los beneficios de la Ley 24.390 a delitos de lesa humanidad, entre otros.

Señor presidente:

La República Argentina es internacionalmente reconocida por el avance que tuvo en materia de Derechos Humanos en los últimos años, particularmente por el proceso de enjuiciamiento a los responsables del genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico-militar. Pero también lo es por todas las medidas adoptadas para asistir y atender los derechos de las víctimas.

El Poder Ejecutivo venía tomando un papel relevante en el impulso del juicio y castigo a los genocidas, al mismo tiempo que generó herramientas para el esclarecimiento de numerosos delitos cometidos entre 1976 y 1983, muchos de esos aún vigentes.

Y este Cuerpo fue también reflejo del acuerdo y consenso de las fuerzas políticas respecto a eso. El antecedente más reciente fue la sanción de la Ley de Prohibición de Indultos, Amnistía y Conmutación de penas en delitos de Lesa Humanidad, votada por unanimidad por todos los bloques parlamentarios.

Sin embargo, la gestión del gobierno de Mauricio Macri en general, y las decisiones y expresiones públicas de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo en particular, dejan entrever un giro que sería un lamentable retroceso en materia de Derechos Humanos.

Recientemente asistimos atónitos al aval del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Lic Claudio Avruj, al vergonzoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que autorizaba la aplicación de conmutación de pena del 2x1 a delitos de Lesa Humanidad (“dijo que está de acuerdo con la determinación ‘si el fallo está ajustado a la ley’", La Nación, 03 de mayo de 2017). Estas declaraciones fueron hechas a menos de dos meses que el mismo funcionario relativizara la cifra de los 30.000 detenidos-desaparecidos a una mera “discusión académica” (“El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se refirió a la polémica surgida el año pasado por la cifra de 30 mil desaparecidos durante la dictadura, e indicó que ‘el tema de los números es una discusión académica’", Ámbito Financiero, 24 de marzo de 2017).

En términos de gestión, el Poder Ejecutivo también ha dado muestras que generan preocupación.

A unos meses de haber comenzado su gobierno, el decreto 721/2016 suprimió controles y facultades civiles/gubernamentales sobre el proceso de nombramientos y ascensos de las Fuerzas Armadas que habían sido dispuestos por el Dr. Raúl Alfonsín al comenzar su mandato. Así, se le otorgó una autonomía y discrecionalidad a los mandos militares insólita en estos 34 años de democracia. Pero además, este decreto delegó directamente en los jefes de las Fuerzas Armadas los actos procesales y judiciales de representación en juicios del Estado, quitándole al Poder Ejecutivo el mecanismo de control que establecía el Decreto 1265/87. Y las cuestiones jurídicas, aunque sean militares, entendemos que también son competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque extrañamente no haya tomado vista ni suscrito el mencionado decreto.

En agosto de 2016, la Secretaría de Derechos Humanos desistió de ser co-querellante en el caso Saiegh, donde se investiga su secuestro y robo de bienes por parte de un grupo de tareas de la Policía Federal que respondía a autoridades del Banco Central. El Estado había ingresado como co-querellante en 2011 y, según la agencia oficial de noticias Telam, “los abogados de la Secretaría no informaron los motivos de la declinación pero especificaron que era por orden de su superior, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj” (Télam, 13/08/2016). Con este antecedente no queda clara cuál será la posición con las más de 200 causas en las que el Estado participa como querellante.

Al mismo tiempo, el Presupuesto Nacional redujo para 2017 los fondos a Derechos Humanos en torno al 10%, además de las falencias de ejecución presupuestaria. En este sentido, el aparente desinterés de las autoridades en mantener una política activa en materia de Derechos Humanos la podamos ver en con ejemplos, pero que claramente no son los únicos:

- El Programa de Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad tuvo en 2016 un presupuesto asignado de $20 millones. El Poder Ejecutivo ejecutó sólo $7,9 millones (una ejecución presupuestaria del 39,7%) y para 2017 se previeron $11 millones, casi la mitad de lo asignado en el presupuesto del ejercicio anterior.

- El programa de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos tuvo $717 millones presupuestados para 2016. En 2017, el Poder Ejecutivo le asignó $607 millones, lo que significa una reducción del 15% de los recursos. Ese programa tiene como uno de sus objetivos “Constituirse en parte querellante en los juicios por las causas que sean tipificadas de lesa humanidad”.

- La Delegación Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural se encuentra acéfala desde el 9 de diciembre de 2015.

Por todo lo aquí expuesto, entendemos que existen sobrados motivos para que el Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, y el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Lic. Claudio Avruj, concurran personalmente a esta Cámara para que den las explicaciones correspondientes, por lo que solicitamos la aprobación de la presente resolución.