Citar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para recibir su informe verbal y dar explicaciones sobre los motivos de la reunión que tuvo lugar el día sábado 27 de mayo de 2017 en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos (Ex ESMA), en la que se reunió con los abogados de Odebrecht, Guido Tawill, Pablo Maggio y Edgard Abreu Rocha Silva y se realizó una entrega de documentación, en el marco de la causa por corrupción que involucra a dicha empresa constructora.

Señor presidente:

La Justicia argentina investiga el pago de coimas de directivos de la constructora brasilera a ex funcionarios argentinos. El caso conocido como Lava Jato se originó en Brasil. Odebrecht admitió haber pagado en el país US$ 35 millones de coimas entre 2007 y 2014 para ser favorecida con la obra pública. En una de aquellas operaciones ilegales, el operador financiero de Brasil transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, en cinco pagos que comenzaron en septiembre de 2013, inmediatamente luego de que se relanzara el plan de Odebrecht para implementar el soterramiento del tren Sarmiento.

Por ello, el motivo de la presente citación del Ministro de Justicia, tiene su razón en el encuentro que tuvo lugar el sábado 27 de mayo de 2017 a las 9:30 de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos, en la ex ESMA entre el Dr. Germán Garavano, y los abogados de la empresa Odebrecht, Guido Tawill, Pablo Maggio y Edgard Abreu Rocha Silva.

De acuerdo con la información disponible "Los representantes legales de la empresa acercaron al Ministerio de Justicia una propuesta que deberá ser evaluada por el estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación", informó luego el Ministerio de Justicia .

En dicho encuentro, el ministro de Justicia estuvo acompañado de dos asesores: Eugenio Curia (coordinador de Asuntos Internacionales) y Marcos Salt. El abogado de la empresa, Guido Tawill, también decidió ir acompañado. Según los registros oficiales, estuvieron los abogados Pablo Maggio y Edgard Abreu Rocha Silva.

Según dan cuenta portales periodísticos, luego de la reunión, los abogados de la constructora entregaron un nuevo documento, que fue girado ese mismo día a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción. Esos dos organismos fueron compelidos ahora dictaminar sobre el polémico acuerdo de colaboración.

“El presidente (Mauricio Macri) me dio una orden de que esto hay que tratar de conseguir la información completa lo antes posible. Nosotros veíamos que en el Ministerio Publico Fiscal no se registraban avances, y en función de eso convocamos a la empresa", explicó el Ministro Garavano .

Sin embargo, dicha reunión cuyo objetivo es procurar un acuerdo de entrega de información a cambio de algún tipo de beneficio procesal, es propio de una negociación a cargo de quien tiene en poder el ejercicio de la acción penal, esto es, el Ministerio Público Fiscal, y en particular, el fiscal de la causa.

Por esta razón, es, por lo menos, cuestionable la reunión a fin de acordar la entrega de información entre el Ministro de Justicia y los abogados de Odebrecht. Dicha negociación no solamente excede las potestades del ministro, sino que también se encuentra expresamente prohibida por la Constitución Nacional en cuanto el poder ejecutivo no puede ejercer funciones judiciales ni arrogarse el conocimiento de causas pendientes (art. 109 CN).

Resulta importante a los fines de resguardar la autonomía de los poderes del estado que predica nuestra Constitución Nacional, indagar sobre la intencionalidad y la expectativa del Ministro Garavano sobre el resultado de la mencionada reunión. Esto es así dado que legalmente nada tendría el que ofrecer en una hipotética negociación, por lo que resta pensar que el contenido de dicho acuerdo resulta espurio.

Dicha conjetura resulta fundada en que se encuentran complicados en la causa el Sr. Gustavo Arribas, actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, e íntimo amigo del Presidente Mauricio Macri, y el Sr. Ángelo Calcaterra, primo del presidente, quien también se encuentra involucrado en el pago de coimas por el Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a través de su constructora Iecsa.

Finalmente, no podemos dejar de soslayar que se encuentra en marcha por parte del Gobierno Nacional una operación para responsabilizar a la Procuradora Alejandra Gils Carbó sobre la falta de colaboración y la reticencia de entregar información. Lo cierto es que la misma, como cabeza el Ministerio Público Fiscal, carece de potestad de intervenir personalmente en aquella causa judicial.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto pedido de citación del Ministro Garavano a fin de que explique los motivos de la reunión con los abogados de Odebrecht.