Requerir informes al Consejo de la Magistratura de la Nación, sobre el estado del trámite de asignación de los recursos presupuestarios, de infraestructura y materiales, a fin de que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda disponer la puesta en funcionamiento de los Tribunales Federales de San Justo, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, creados por ley 26.246 sancionada el 25 de abril de 2007, siendo que aún no se ha efectivizado tal circunstancia.

Señor presidente:

En el año 2005, conjuntamente con el Sr. Diputado (m.c.) Sluga, y acompañados a posteriori por quien fuera Presidente de esta Honorable Cámara, el Dr. Alberto Edgardo Balestrini, presentamos el proyecto de ley 1721-D-2005, que luego de obtener sanción unánime en ambas Cámaras, fue promulgado como ley 26246 en mayo de 2007.

Por dicha ley se crearon dos Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Civil , Comercial y Contencioso Administrativo , una Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Justo, provincia de Buenos Aires, dos fiscalías ante los Juzgados de 1era Instancia y una Fiscalía General para actuar ante la Cámara, Una defensoría pública oficial ante los juzgados mencionados y otra defensoría pública oficial para actuar ante la Cámara respectiva, todas con sus respectivas Secretarías.

La Jurisdicción de dichos Tribunales es el Partido de La Matanza, modificándose así la competencia de los Tribunales Federales de San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Mediante decretos 1834, 1835, 2402, 1850 y 1851 del año 2012 el Poder Ejecutivo Nacional designó a los señores magistrados de los Juzgados Federales de San Justo.

Con fecha 15 de mayo de 2014 el Director General de Recursos Humanos de la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Consejo de la Magistratura de la Nación que informara si contaba con las previsiones presupuestarias y de infraestructura necesarias , respondiendo el Consejo que contaba con la partida presupuestaria pero todavía no contaba con un inmueble propio o alquilado en la localidad de San Justo.

Dado que no se observara celeridad en el trámite pertinente, con fecha 7 de julio de 2015 la Corte Suprema mediante Resolución nro. 1937/15, recaída en el expediente 1259/ 2014, resolvió “INSISTIR ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION ACERCA DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON TODOS LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES A FIN DE QUE ESTA CORTE SUPREMA DISPONGA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES CREADOS POR LA LEY 26246”

Dicha resolución fue puesta en conocimiento por Oficio al Consejo de la Magistratura de la Nación.

Han transcurrido más de diez años desde la promulgación de la ley, cinco años desde la designación de los magistrados judiciales correspondiente, tres años desde que la Corte requiriera del Consejo la instrumentación de la infraestructura correspondiente, y casi dos años desde que la Corte dictara la Resolución 1937/15.

Los hechos hablan por sí mismos en cuanto a la extraordinaria morosidad de parte del Consejo de la Magistratura en proveer los recursos de infraestructura necesarios para el funcionamiento de los Juzgados Federales de San Justo.

Como decíamos en los Fundamentos del Proyecto que luego fuera sancionado en ley, La Matanza tiene más de un millón y medio de habitantes, (hoy esa cifra ronda los dos millones) constituyendo el partido bonaerense más poblado. Tal población es superior a la provincia de Mendoza o Tucumán. Solo cuatro distritos nacionales tienen más habitantes que La Matanza: la propia provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Cuenta con una universidad nacional, constituye un único distrito tributario con cabecera en San Justo, y allí tiene su sede uno de los obispados más importantes del país, con otro obispado, también de suma importancia en Gregorio de Laferrére.

Sin embargo, a más de diez años de la sanción de la ley 26.246 los Juzgados Federales no han sido puestos en funcionamiento, lo que genera un colapso en los Juzgados Federales de San Martín , donde además de los apremios fiscales se tramitan todos los juicios derivados de responsabilidad civil del Estado Nacional.

La morosidad evidenciada en cuanto a la puesta en funcionamiento de los Juzgados creados por la ley 26246, irroga un perjuicio enorme a justiciables y funcionarios designados desde hace cinco años, que han visto perplejos tal circunstancia.

Colegimos que dicha morosidad podría configurar, prima facie, un incumplimiento de obligaciones legales por parte de los funcionarios responsables.

También los organismos estatales que deben promover acciones de cobros impositivos, o juicios de apremios se ven sumamente dificultadas en su gestión por el colapso que esta demora ocasiona en los Juzgados Federales de San Martín.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.