JUSTICIA
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 4346-D-2015
Sumario: PEDIDO DE INFORMES VERBALES AL SEÑOR PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA - BCRA -, LICENCIADO ALEJANDRO VANOLI, AL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), LICENCIADO JOSE ALBERTO SBATELLA Y AL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA, DOCTOR DIEGO MARTIN CORMICK, EN RELACION A LA EXPROPIACION DE ACCIONES DEL NUEVO BANCO DE LA RIOJA (NBLR), Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 14/08/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 102
Citar al Presidente del Banco
Central de la República Argentina (BCRA), Lic. Alejandro Vanoli, al Presidente
de la Unidad de Información Financiera (UIF), Lic. José Alberto Sbatella, y al
Inspector General de Justicia, Dr. Diego Martín Cormick, a los fines de informar
ante el plenario de esta Cámara acerca de diferentes aspectos involucrados en
la expropiación de acciones del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR), supuestas
maniobras de lavado de dinero y el involucramiento en las mismas de
Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de julio del corriente año,
el gobernador Beder Herrera anunció la reestatización del Banco Rioja fundado
en supuestos "incumplimientos" por parte del Bando de Santiago del Estero, del
grupo empresario Ick, referidos al contrato de cesión.
Durante la presidencia de Carlos
Menem, a través de un decreto del 16 de agosto del año 2000 con la firma de
los entonces Gobernador, Dr. Ángel Maza, y Ministro Coordinador y actual
gobernador Dr. Luis Beder Herrera, se dispuso la venta del 70 por ciento del
Nuevo Banco de La Rioja S.A.
La decisión se tomó por exigencia
del Banco Central de la República Argentina, producto que a esa fecha, el NBLR
tenía créditos, en su mayoría incobrables, por más de 100 millones de dólares y
se encontraba en estado de insolvencia.
El 70% del paquete accionario fue
adjudicado al Banco de Santiago del Estero S.A. controlado por el grupo Ick. La
provincia, estatutariamente, designó dos directores y un síndico titular, puestos
que en la actualidad desempeñan el Dr. Ángel R. Ávila, el Dr. Carlos Grimaux y
el CPN Luis Cerrezuela.
Según el gobernador Beder
Herrera, el banco riojano tiene sumarios en el Banco Central por no haber
otorgado préstamos accesibles en un porcentaje de sus acreencias, y lo criticó
por aplicar altas tasas de intereses a los préstamos que solicitan los empleados
públicos. El contrato de cesión, que se extendía por cinco años más, incluía el
manejo exclusivo de los fondos del gobierno provincial y el pago de sueldos de
la administración pública.
El jueves 6 de agosto de 2015, la
mayoría oficialista en la Legislatura de La Rioja, sin que figurase en el orden del
día, dio ingreso y aprobó un proyecto de ley del Gobernador por el cual se
expropiaron el 70% de las acciones del NBLR que se encontraban en manos
privadas.
Frente a este hecho, el Banco de
Santiago del Estero S.A. publicó una solicitada en la cual recuerda que, "al
tomar posesión del banco, las nuevas autoridades verificaron la existencia de
un faltante de dinero por un monto U$S 23.622.801, dilapidados durante los
meses que duró el proceso licitatorio".
Según el BSE, "desde entonces, se
dispusieron todas las acciones para recuperar a la institución, sanearla y
ponerla al servicio de la Provincia, de la producción y de todos los riojanos", y
remarca que la institución es hoy "un ejemplo de entidad moderna,
profesionalizada y con un grupo humano altamente capacitado".
Prueba de ello sería que, en el
curso de este año, el NBLR recibió una óptima calificación CAMELBIG, índice
que mide todos los aspectos operativos de una entidad bancaria, por parte del
Banco Central de la República Argentina.
Y es aquí donde comienzan a
diferir las interpretaciones entre el Gobernador y el grupo Ick.
Según los accionistas privados, "el
gobernador Beder Herrera miente", y resalta el regular cumplimiento de los
pagos a los agentes de la administración pública provincial, a jubilados y
pensionados y el otorgamiento de "créditos de inversión productiva con tasas
de interés preferenciales a 109 empresas riojanas por un monto de $
47.308.830".
Para el grupo privado, a pesar de
que el NBLR era la caja "obligada" de los tres poderes de la provincia y de sus
entidades autárquicas, "a lo largo de la relación contractual estipulada en el
contrato de vinculación, la provincia depositó la casi totalidad de sus fondos
excedentes en otras entidades financieras", dictó leyes destinadas a impedir el
cobro regular de los créditos otorgados por el NBLR y autorizó a todos los
organismos y dependencias provinciales a realizar operaciones financieras en
cualquier otra entidad bancaria". Debido a que no se cumplía con lo firmado y
comprometido en el contrato de vinculación, el grupo Ick supuestamente
reclamó por escrito en varias oportunidades ante las autoridades provinciales,
sin obtener respuesta satisfactoria alguna.
Es más: el 13 de abril de 2015, el
NBLR celebró su asamblea anual ordinaria y aprobó por unanimidad la Memoria
y el Balance del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y se declaró
satisfactorias la actividades realizadas y las decisiones adoptadas por el
Directorio y el Comité Ejecutivo durante el año en curso. En dicha oportunidad,
como en todas las asambleas anuales celebradas desde el año 2000, el
gobierno de la provincia sistemáticamente aprobó, sin observación alguna, las
memorias y balances de cada año.
El origen del actual conflicto quizás
haya que buscarlo en lo que el BSE considera "la interpretación más aceptable",
y que "se relaciona con los controles dispuestos por el BCRA relativos a la
prevención de operaciones de lavado de dinero".
En este sentido, y en "lo que se
refiere a subsidios que el Poder Ejecutivo otorgaba a diversas Fundaciones,
Asociaciones Civiles y Cooperativas, que se depositaban en Cajas de Ahorro y
generalmente eran retirados en efectivo y por ventanilla, se dispuso que a
partir del 1 de mayo de 2015 debían ser depositados en cuentas corrientes y
bancarizados todos esos movimientos".
Esta decisión supuestamente se
dio a conocer al gobierno el cual circularizó la nueva operatoria a todos los
organismos del Estado Provincial. Pero al realizar "el examen de las últimas
operatorias realizadas a través de cajas de ahorro," y "exigir a los interesados la
documentación pertinente para la apertura de las cuentas corrientes," los
controles internos del NBLR supuestamente detectaron "irregularidades" en 96
entidades, a la mayoría de las cuales se procedió a cerrarles sus cuentas. Según
la entidad "controlante", "15 de esas entidades recibieron, en los últimos 18
meses, aproximadamente $ 570.000.000", y de esa suma "se retiraron por caja
más de $ 300.000.000 en efectivo". En particular, llama la atención en este
aspecto la Fundación Futuro, que habría recibido y retirado por caja alrededor
de $ 270.000.000.-
De parte de la provincia, el fiscal
de Estado Gastón Mercado Luna presentaría una demanda contra el Banco de
Santiago del Estero "por incumplimiento del fin productivo del Banco Rioja",
"que por contrato debía destinar a créditos para la producción y el turismo el
25% de los fondos que el Estado riojano deposita para que actúe como agente
financiero". Se estima que el resarcimiento proyectado, en base a la
información que recolectó el Gobierno provincial, se estima en $ 604.000.000
más intereses sólo para los períodos 2012, 2013 y 2014, a lo cual cabría
agregar también los años anteriores.
Para el Directorio del BSE,
controlante del NBLR, "la conducta actual del Poder Ejecutivo Provincial de La
Rioja adquiere gravedad institucional porque pretende, unilateralmente y sin
intervención del BCRA -entidad de supervisión y control del sistema financiero
argentino-, adoptar decisiones que afectan no sólo al NBLR sino al sistema
financiero de nuestro país en su integralidad." Y en ese sentido, declaran que el
3 de agosto de corriente año han informado al BCRA, en forma documentada,
todas las "anormalidades" mencionadas e hizo "reserva de los derechos
pertinentes para promover, ante cualquier tribunal nacional o internacional, las
acciones legales pertinentes en defensa de sus derechos, incluyendo acciones
civiles y/o penales contra los funcionarios y particulares que pudieren participar
en estos hechos ilícitos y/o violatorios de obligaciones contractuales asumidas."
Lo que llama poderosamente la
atención en todo este tema es que, después que los directores y el síndico que
representan al Estado provincial en el Banco, aprobaron durante 15 años todos
los balances e informes año a año, sin ningún tipo de reparo, ahora, de
repente, se percatan que el Banco no habría cumplido con las cláusulas del
convenio oportunamente suscripto.
Si hubo incumplimiento... ¿qué
hizo el Estado Provincial? ¿Qué hicieron los directores que representan al
Estado en el NBLR? ¿Qué hizo el Fiscal de Estado en defensa de los intereses
de la Provincia? Sin lugar a dudas, todos estos funcionarios tienen
responsabilidad en este conflicto que desnuda negocios ocultos entre las partes
y el intento del gobernador saliente por tapar desmanejos de fondos públicos.
El NBLR sigue siendo una sociedad
anónima comercial, no una sociedad del Estado, y la expropiación aprobada en
la Legislatura provincial tiene vicios en el procedimiento, porque no se
determinó cuál es el valor de las acciones que se están expropiando, ni cuál es
el mecanismo para la tasación, lo cual expone aún más el patrimonio del Estado
provincial.
Haciendo un ejercicio de memoria,
nos encontramos que, el 3 de julio de 1991, el mismo Beder Herrera, entonces
Gobernador interino, liquidó y privatizó el mismo banco con argumento
diametralmente opuestos.
Legítimamente tenemos derecho a
dudar sobre el verdadero objeto de la expropiación; intuimos una pantalla de
impunidad, lo cual nos obliga a interpelar a los titulares de organismos
nacionales con competencia en este tipo de actuaciones.
Es por eso que, a los fines de
aclarar diferentes aspectos de este conflicto, solicitamos la presencia en el
plenario de esta Cámara de:
El Lic. Alejandro Vanoli, Presidente
del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a los fines de informar
acerca de la expropiación y transferencia de acciones del Nuevo Banco de la
Rioja;
El Lic. José Alberto Sbatella,
Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), para que informe
acerca de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos durante los
últimos 2 años por parte del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR);
Y del Inspector General de
Justicia, Dr. Diego Martín Cormick, para que informe acerca de la situación legal
de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sospechadas de operaciones
de lavado de dinero en la mencionada entidad bancaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
OLIVARES, HECTOR ENRIQUE | LA RIOJA | UCR |
MARTINEZ, JULIO CESAR | LA RIOJA | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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FINANZAS |
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