Su más profundo rechazo al proyecto de ley propiciado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán por el cual se pretende despojar al Colegio de Abogados de Tucumán de la administración de la matrícula profesional.

Señor presidente:

Con honda preocupación vemos lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán en relación a la situación suscitada entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

A partir de la reforma de la Constitución de la provincia, que entre otras cosas, le permite al actual gobernador ejercer su cargo hasta 2015 y que le otorga facilidades para nombrar y remover jueces, se desató una crisis entre los dos poderes.

El Colegio de Abogados de Tucumán cuestionó que en la nueva Constitución se facultara al gobernador para reglamentar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, y presentó una demanda judicial.

Además pidió la intervención de las Naciones Unidas por el caso. A raíz de ello, la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló en contra de la voluntad del gobierno provincial.

A esto el ejecutivo provincial respondió con la presentación de dos proyectos de ley: el primero, para conformar un Tribunal Superior por encima de la Cámara; el segundo, para que en adelante las matrículas de los abogados fueran administradas por la Corte Suprema y no por el Colegio.

La Corte aclaró que no estaba en condiciones de manejar las matrículas y, en un comunicado, rechazó por "inconveniente" la creación de un Tribunal Superior.

No obstante desde el ejecutivo provincial se insiste en avanzar con ambos proyectos.

Mientras tanto, al menos siete denuncias ingresaron en la Justicia en contra del Consejo, del Jury y de la reelección, que permitiría que quienes ejercen el ejecutivo provincial y municipal (gobernador e intendentes) podrían seguir en sus cargos hasta 2015.

El proyecto impulsado por el ejecutivo provincial por el que se pretende quitar el gobierno de la matrícula profesional al Colegio de Abogados de Tucumán, que la administra desde hace aproximadamente 54 años, es considerado por este como una clara pretensión de avasallamiento al ejercicio independiente de la profesión de abogado, con el fin de amordazar al propio colegio y a todos los profesionales de la provincia.

El proyecto ha recibido fuertes críticas de todo el sector involucrado, se han expedido en su repudio la Federación Argentina de Colegios de Abogados, La Federación de Colegios de Abogados del NOA, la Confederación General de Profesionales de la República Argentina, la Federación Argentina de Magistrados, la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Tucumán, la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Santiago del Estero, la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Salta, el señor Relator Especial de la ONU para la Independencia del Poder Judicial y de la Independencia en el ejercicio de la abogacía, Dr. Leandro Depouy.

Asimismo, la Corte Suprema provincial aclaró que no está en condiciones de manejar las matrículas y, en un comunicado, rechazó por "inconveniente" la creación de un Tribunal Superior.

Consideramos de suma gravedad la situación institucional que se vive en la provincia y por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.