JUSTICIA
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PROYECTO DE LEY
Expediente: 5010-D-2017
Sumario: SUSPENSION DE REMATES JUDICIALES DE INMUEBLES RURALES DEDICADOS A LA PRODUCCION PRIMARIA DE PERAS Y MANZANAS, UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE RIO NEGRO, NEUQUEN, MENDOZA, SAN JUAN O LA PAMPA. REGIMEN.
Fecha: 15/09/2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 127
LEY DE SUSPENSIÓN DE REMATES.
Artículo 1º: Quedan suspendidos los remates judiciales de inmuebles rurales dedicados a la producción primaria de peras y manzanas, por deudas dinerarias de cualquier tipo o concepto, siempre que hayan sido contraídas en relación directa al desarrollo y/o mejora de la actividad productiva.
Los inmuebles rurales a los que hace referencia el párrafo precedente deberán estar ubicados en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan o La Pampa.
Artículo 2º: Quedan suspendidos los remates judiciales de inmuebles rurales ubicados en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan o La Pampa, que revistan el carácter de unidades de producción primaria de pera y manzana, cuando sus titulares se encuentren en situación de quiebra.
Artículo 3º: La presente ley tendrá vigencia durante los plazos previstos por la Ley N° 27.354 de Emergencia económica, productiva, financiera y social.
Artículo 4º: Para acogerse a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la presente Ley, los inmuebles rurales dedicados a la producción primaria de peras y manzanas deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a) Que su explotación constituya el principal sustento del titular de la unidad productiva;
b) No superar las cincuenta (50) hectáreas de superficie;
c) Que el titular de dominio no sea propietario de más de un (1) inmueble destinado a vivienda.
Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es ampliamente conocida la crisis que atraviesa la economía regional de la cadena agroindustrial de peras y manzanas. No es algo reciente sino que responde a diversos factores, algunos de ellos estructurales. Por ser la zona de mayor producción y actividad del país en materia de frutas pomáceas, la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén es la más afectada. Es donde más se sienten los efectos negativos del retroceso de la actividad económica.
Cabe mencionar la aprobación de la Ley N° 27.354 que declara la emergencia económica, productiva, financiera y social en la mencionada actividad frutícola. Dicha norma tuvo su génesis en la crítica situación que atraviesa el sector desde hace al menos unos cinco años, que se ha visto agravada y profundizada en las últimas dos temporadas. Esta Ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar regímenes especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
A nadie escapa que el sector frutícola afronta distintos problemas estructurales y coyunturales vinculados con la falta de rentabilidad, un sistema de comercialización opaco, endeudamiento creciente, desfinanciamiento, ingreso de producción importada, caída de mercados, entre otros. Sin olvidarnos de una sensible caída de las exportaciones, una estructura de comercialización perjudicial para los eslabones más débiles de la cadena, la disminución de la producción por problemas de heladas y granizos, entre muchos otros. Asimismo, la situación de este sector se agudiza por la imposibilidad de afrontar los compromisos fiscales y previsionales, los que de ser exigibles en el corto plazo significarían el quebranto de numerosos productores y empresas con las consecuencias sociales que ello conlleva.
Desde la Federación de Productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén sostienen que durante los últimos cinco años la producción de peras y manzana se redujo un 40%. Más allá de las voces que solicitan reconversión productiva o agudizar el ingenio para reducir costos, el problema del complejo agroindustrial frutícola excede estas acotadas miradas. Un tema jamás analizado a fondo, que a nuestro entender deviene absolutamente clave, es el proceso de comercialización de las peras y manzanas.
Este conglomerado agroindustrial tiene dos actores protagónicos y antagónicos: los productores primarios por un lado y las empresas comercializadoras-exportadoras, por otro. Las últimas, poseedoras de activos estratégicos –plantas de empaque, frigoríficos e infraestructura de comercialización– que le otorgan gran poder en la fijación del precio pagado al productor primario. En la práctica, esto constituye una especie de “sistema de comercialización en falsa consignación”.
Nada de esto es nuevo, históricamente los chacareros recibieron precios inferiores a los costos de producción, situación que se tradujo en un deterioro progresivo y sostenido de las cantidades y calidades de frutas. Mientras tanto, el sector comercializador avanzó sostenidamente en un proceso de integración vertical, alquilando y comprando la tierra de los productores cada vez más empobrecidos.
En los últimos quince años, los dos principales reclamos del complejo han sido la eliminación de retenciones y la mejora del tipo de cambio. Es llamativo que durante todo el período señalado, los productores primarios tuvieron los mismos reclamos que los exportadores, medidas sin incidencia real en los precios recibidos en la primera venta. En el año 2016 finalmente obtuvieron sus viejas demandas: una sensible devaluación y eliminación total de las retenciones. Sin embargo, ni la rentabilidad ni los precios obtenidos por los chacareros mejoraron su ecuación. El proceso de degradación del circuito continuó, persistió la expulsión de los actores más débiles y la concentración del capital.
Cabe destacar que este proceso de concentración y continua desaparición de chacareros independientes ha sido acompañado de fuertes caídas en las exportaciones. Sobre todo durante las últimas dos temporadas. En 2016 se exportaron 306.943 toneladas de peras, una baja interanual del 8 por ciento y 87.709 toneladas de manzanas, una merma del 17 por ciento. En los primeros cinco meses de 2017, en tanto, se registran caídas del 12 por ciento en peras y un impresionante 27 por ciento en manzanas. Nótese que son caídas contra caídas.
Cabe señalar que esta cadena agroindustrial es de gran importancia en las provincias alcanzadas por la Ley 27.354 y especialmente importante en la Provincia de Río Negro, principal productora de peras y manzanas del país. Actualmente, y a pesar de la crisis, el sector emplea en forma directa alrededor de 60.000 personas (incluyendo 32.000 temporarios). Esta cadena genera trabajo rural, de servicios, industrial y comercial, utiliza mano de obra intensiva para su procesamiento y posterior venta, es fuente de divisas para la región y dinamiza otros sectores de la economía regional.
Por lo anteriormente dicho, se hace clara su relevancia en el producto bruto geográfico de las provincias incluidas. Y por lo mismo, la necesidad de que el Estado intervenga en el sostenimiento, fortalecimiento y desarrollo de este complejo entramado productivo.
En términos del producto bruto geográfico (PBG), el sector frutícola es uno de los principales complejos productivos de la provincia de Río Negro. En esta provincia, las peras frescas representan el 50% de las exportaciones, las manzanas frescas el 18,4% y el jugo de manzana el 2,8%. Con respecto a la provincia del Neuquén, dentro del sector agropecuario la actividad frutícola genera el 35% del valor agregado. Analizando la participación dentro de las exportaciones de la provincia se observa que: las peras frescas representan el 15,1%, las manzanas frescas el 6,3% y el jugo de manzanas otro 5,5%.
Desde el año 2013 se ha experimentado un sensible derrumbe del comercio exterior. Los principales destinos de exportación, que son los mercados de Brasil y Rusia, presentaron en los últimos años barreras a la entrada de nuestros productos, tanto por temas económicos como sanitarios, por lo que la exportación se redujo. De acuerdo a lo señalado previamente, una parte significativa de la producción se destina al Mercado Externo el que actualmente también atraviesa una severa crisis. En los últimos años, la fuerte caída de la producción y las exportaciones coincide con la crisis de nuestros principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales.
En un contexto de crisis económica, los principales países destinatarios de nuestra producción – Brasil, Rusia y UE - respondieron a la coyuntura devaluando sus monedas e implementando barreras a las importaciones. De este modo, la tendencia a la caída de la rentabilidad del sector por problemas de tipo de cambio, se agravó con la caída de los precios internaciones y las restricciones impuestas por nuestros principales socios comerciales. A partir de 2014 coincide la crisis de los mercados de ultramar – Rusia y la UE – con la fuerte recesión de la economía brasileña – cuyo PBI cae un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016.
Al caer la rentabilidad del producto exportado, el mercado interno ganó participación dentro del destino de las ventas finales. En este marco se deprimieron los precios que reciben los productores. Según el índice de precios en origen y destino que elabora la CAME, en febrero de 2017 la diferencia entre el precio de origen de la manzana roja ($ 4,8) y el precio de destino ($ 37) era de 7,65 veces. Mientras que en la pera la brecha es de 8,33 veces.
Asimismo, el perfil exportador que presenta la producción de peras y manzanas lo hace sensible al comportamiento del Mercado Externo. Respecto a este aspecto, se observa que la fuerte retracción en las exportaciones de Argentina durante el período 2014/16, está asociado a la crisis económica que sufrieron nuestros principales socios comerciales – Rusia, Brasil y la UE–, a la caída de los precios internacionales y a las barreras comerciales, que agravaron la pérdida de rentabilidad del sector. Otro factor que incide en la dinámica del sector es que se observan bajos niveles de consumo en Mercado Interno.
Pero más allá de todo lo expuesto, también nos preocupa sobremanera uno de los hechos más dolorosos y definitivos que suceden en la actividad y tiene que ver con los remates judiciales de chacras productivas. Como fatal consecuencia de un complejo sistema de relaciones de poder desiguales, la pérdida de rentabilidad sostenida, las ventas por debajo del precio sostén, los costos que se elevan por encima de las posibilidades, van constituyendo un combo explosivo para el productor primario. Éste, a su vez, en defensa de su actividad, ingresa en un peligroso círculo de endeudamiento para cubrir los costos de la próxima cosecha. Mientras tanto va cobrando su fruta, entregada durante el primer trimestre de cada año, en cómodas cuotas que a veces llegan al extremo de juntarse con la nueva cosecha.
La toma de deuda en esas condiciones generalmente termina mal. En el caso de los productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, muchas veces culmina con el remate de la unidad productiva sostén. En los casos más perversos es el mismo comercializador exportador el que termina quedándose con la chacra. Un comportamiento más propio del siglo XIX que de nuestra época.
Esta es la situación de muchos pequeños y medianos productores, cuyas deudas son actualizadas por medio de coeficientes elaborados con criterios puramente financieros, alejados del espíritu productivo y de fomento de la actividad.
Ante esta situación de desequilibrio, es el Estado quien debe comprometerse a atenuar las graves consecuencias políticas y sociales que trae aparejada la pérdida de propiedades en las pequeñas y medianas unidades productivas. Es el caso de muchos emprendimientos productivos de sustento familiar, en el que el círculo financiero asfixiante, los llevó a un callejón sin salida, es decir: Unidades productivas hipotecadas por entidades financieras; Cláusulas de ajuste de deudas usurarias; Generación de nuevas deudas en otros sectores no financieros; Imposibilidad de reconvertir la unidad productiva. Este es hoy el escenario en muchas zonas de nuestra provincia.
Es importante destacar que como en toda economía regional, un gran número de productores primarios viven exclusivamente de su campo y su trabajo. Perder su chacra por un remate es condenarlos a la exclusión y el desamparo. Es una obligación del Estado buscar y diseñar alternativas a esta triste realidad.
Es importante indicar que la herramienta legal propuesta en el presente proyecto de ley es de carácter transitorio, ya que tendrá vigencia mientras dure la emergencia declarada por Ley N° 27.354. Mientras tanto, se abre una óptima oportunidad para concretar medidas de fondo que otorguen solución equitativa e integral a la problemática planteada. Por otra parte se agrega que se suspenden los remates y ejecuciones judiciales estén en mora o no las deudas financieras que dieron lugar a esa medida.
Por los motivos antes expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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BARDEGGIA, LUIS MARIA | RIO NEGRO | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
MARTINEZ, DARIO | NEUQUEN | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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