Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y organismos competentes en la materia, informen a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre los siguientes puntos vinculados a la situación judicial del Administrador de la AFIP Ricardo Echegaray, la presidente de la Casa de la Moneda Katya Daura y el ex secretario de la SEDRONAR José Ramón Granero.

1.- Puntualizar el criterio adoptado y temperamento a seguir por el Poder Ejecutivo respecto del procesamiento del Dr José Ramón Granero, ex secretario de la SEDRONAR entre los años 2004 y 2011 en razón de su condición de partícipe necesario "prima facie" en contrabando de 1.900 kilogramos de efedrina, respecto de lo cual la Jueza Federal Dra. María Romilda Servini de Cubría le trabó embargo sobre sus bienes por la suma de $ 28.785.732. Indicar si el Poder Ejecutivo Nacional asumirá el rol de querellante en la causa penal.

2.- Establecer, sin perjuicio de la presunción de inocencia, si resulta reñido con la ética que deben observar los funcionarios públicos y las condiciones exigidas de idoneidad por la Constitución Nacional en su artículo 16, el pedido del Ministerio Público para que se cite a prestar declaración indagatoria a la presidente de la Casa de la Moneda Katya Daura y al Administrador de la AFIP Ricardo Echegaray. Indicar si se mantendrá la confianza en los funcionarios sospechados de corrupción o si por el contrario se les exigirá hacer uso de licencia durante el proceso criminal.

Señor presidente:

La jueza María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, dictó el procesamiento de seis imputados en una causa por tráfico de efedrina, en calidad de coautores y de partícipes necesarios, por haber introducido al país materias primas destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo efectuado una presentación formalmente correcta ante la Aduana y alterando posteriormente su destino de uso.

El proceso se inició luego de que la Cámara Federal ordenara la extracción de testimonios en una causa que tramitaba ante el Juzgado Federal N° 8, y en donde se dispuso el procesamiento de un imputado por haber introducido al país 1.900 kilogramos de efedrina, que no tuvieron el destino final que se consignara ante las autoridades de control.

La Cámara había señalado que, con motivo de esa investigación, habían salido a la luz circunstancias que evidenciaban fallas notorias en el marco de los procedimientos de control instaurados en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en materia de fiscalización de precursores químicos, tanto en los requisitos exigidos para operar con precursores químicos, como para el otorgamiento de certificados de importación a los agentes que pretenden ingresar al país efedrina.

En otra causa, el fiscal federal Jorge Di Lello requirió la indagatoria de la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura, y reiteró el mismo pedido para el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en la causa por la ex Ciccone, en la que está procesado el vicepresidente Amado Boudou.

Di Lello imputó a Daura de dejar sin efecto una licitación para que la Casa de Moneda renueve parte de su maquinaria, lo que luego se hizo mediante una contratación directa. Sin esa renovación, la Casa de la Moneda se hubiese visto seriamente limitada para imprimir el papel moneda. El fiscal reiteró los pedidos de indagatoria para Echegaray; Pablo Amato, cuñado de Nicolás Ciccone; Jorge Capirone, ex directivo de la empresa; Máximo Lanusse, vice de The Old Fund, y Sergio Martínez, socio minoritario de The Old Fund.

Mediante un escrito presentado ante el juez federal Ariel Lijo, el fiscal pidió además medidas de prueba para investigar la denominada "ruta del dinero" del caso Ciccone, lo cual es cuestionado por Boudou, procesado por cohecho (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública.

"Se advierte que se reunió prueba suficiente para afirmar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, que determinadas personas integrantes de las gerencias de la Casa de la Moneda SE, intervinieron en la maniobra consistente en dejar sin efecto la licitación pública 58/2009 que tenía como objetivo la renovación de máquinas de dicha entidad con fecha diciembre de 2010".

Además de Daura, el fiscal pidió la indagatoria del ex Gerente de Compras y Contrataciones de la Casa de Moneda Juan Luis Biasin y de la ex jefe del área de Importaciones Analía Istueta. El fiscal explicó que luego de dejar sin efecto la licitación se "autorizó una contratación directa sin tener en cuenta el régimen legal de contrataciones públicas". Eso ocurrió cuando Alejandro Vandenbroele, a cargo de The Old Fund, se presentó en la Casa de la Moneda para ofrecer la impresión de billetes.

"Estos hechos no deben descontextualizarse de las acciones adoptadas por los imputados Amado Boudou, y Guido Forcieri, ya que se encontraría acreditado que Amado Boudou habría tenido conocimiento del proyecto licitatorio y de la inversión que implicaría llevar a cabo la modernización de la Casa de la Moneda", explicó el fiscal Di Lello en su dictamen.

Boudou y Forcieri, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, habrían ordenando verbalmente que la licitación se frene, según declaró en la causa Ariel Rebello, ex presidente de la Casa de la Moneda, sobre quien el fiscal pidió que amplíe su testimonial.

El juez Lijo procesó a Boudou, Vandenbroele, José María Núñez Carmona, amigo y socio del vicepresidente; Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, y al funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner, por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Para el magistrado, Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele se quedaron con el 70 por ciento de la empresa Ciccone para hacer negocios con el Estado y que Ciccone y Reinwick consintieron esa situación para sacar de la quiebra a la compañía. Todos los procesados apelaron la resolución, lo que fue concedido por Lijo, por lo que ahora la Cámara Federal deberá resolver si confirma o revoca la resolución.

La corrupción ha motivado la instrucción de múltiples causas penales por los más diversos delitos contra la Administración Pública. Los casos de Daura y Echegaray son un episodio recurrente en la realidad judicial del gobierno de la presidente Fernández de Kirchner, más allá de los solipsismos, disimulos, presuntos complots y pretensiones de ajenidad en las responsabilidades.

El procesamiento del doctor Granero como partícipe necesario en el delito de contrabando de efedrina por parte de quien fue durante 7 años secretario de la presidencia de la Nación en el área de lucha contra el narcotráfico - y antes fuera aliado político del gobernador Kirchner, representando a su partido, el MID -es un severo llamado de atención para comenzar a llamar a las cosas por su nombre y despojarse de todo partidismo para perseguir sin denuedo a quienes delinquen amparados en la función pública.

Daura y Echegaray deberían pedir licencia al hallarse sospechados de graves delitos. La presunción de inocencia alcanza para que no sean considerados culpables hasta que una sentencia judicial así lo determine, pero los avances de las investigaciones fulminan su idoneidad para proseguir en el desempeño normal de sus cargos.

Deseando conocer el temperamento que adoptará el Poder Ejecutivo ante este nuevo capítulo de la saga de corrupción detectada- y obviamente, con la esperanza de que el PEN dé señales moralizadoras a la sociedad -, pido el apoyo de mis colegas para la aprobación de este pedido de informes.