Comisiones » Permanentes » Comisión Permanente de Justicia »

JUSTICIA

Comisión Permanente

Of. Administrativa: Piso P04 Oficina 423

Jefe DRA. FARIAS NATALIA MICAELA

Miércoles 16.00hs

Of. Administrativa: (054-11) 6075-2418 Internos 2418/17

cjusticia@hcdn.gob.ar

PROYECTO DE LEY

Expediente: 6823-D-2014

Sumario: REPARACION HISTORICA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CESANTEADOS POR LA DICTADURA CIVICO - MILITAR (1976-1983): REGIMEN.

Fecha: 02/09/2014

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 114

Proyecto
REPARACION HISTORICA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO CESANTEADOS POR LA DICTADURA CIVICO- MILITAR (1976-1983)
Artículo 1°.- La cesantías de personal del Estado producidas bajo el régimen de facto instaurado el 24 de marzo de 1976, configuraron graves violaciones a derechos humanos básicos consagrados en la Constitución Nacional y en las Convenciones y Pactos Internacionales a los que la República Argentina adhiere, por lo que encuadran en la categoría de delitos de lesa humanidad de acuerdo a lo que establece el Art. 2º de la Ley 26.200.
Artículo 2°.- El derecho a la restitución, reparación y resarcimiento económico, laboral y moral de los damnificados es de carácter inalienable e imprescriptible.
Artículo 3°.- En virtud de lo estipulado por los Artículos 1° y 2°, todos los ex agentes y empleados del Estado Nacional, Provincial, Municipal, Empresas públicas, Universidades Nacionales y Asociaciones u Organismos intervenidos durante la última dictadura cívico-militar que hayan sido dejados cesantes, declarados prescindibles u obligados a renunciar, por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares, por aplicación de Leyes inconstitucionales, tales como la 20840 y sus modificatorias, leyes 21.260, 21274, 21296, 21322, 21323, 21325 u otras leyes concordantes de nivel nacional o provincial, serán beneficiarios de las indemnizaciones que se establecen en la presente ley, por parte del Estado Nacional.
Por extensión, en base a lo expuesto en los Fundamentos, el beneficio reparatorio será aplicable en igualdad de condiciones a quienes fueron afectados por similares motivos durante el período comprendido entre el 1° de Marzo de 1974 y el 24 de Marzo de 1976.
Artículo 4°.- La solicitud del resarcimiento económico se tramitará ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste el carácter de Autoridad de Aplicación de la presente y tendrá a su cargo el pago de las indemnizaciones que ella establece.
Artículo 5°.- Créase en el ámbito de la autoridad de aplicación, el Registro de Trabajadores del Estado Cesanteados por la Dictadura, dependencia que
tendrá como función primordial la confección de un padrón nacional de trabajadores cesanteados sin causa justa, debiendo recabar toda la información necesaria para cumplir el objetivo, además tendrá a su cargo la recepción y examen de la documentación que presenten los solicitantes del beneficio.
Artículo 6°.- Este organismo deberá expedirse, en un plazo no mayor a 60 días corridos mediante Resolución fundada, sobre los derechos que le asisten a las personas que solicitan acceder a los alcances de esta ley siendo esa certificación título necesario y suficiente para percibir los beneficios que estipula.
La resolución que admita el beneficio será considerada asimismo título suficiente a los fines de acceder al beneficio previsional dispuesto en la ley 23.278 y sus modificatorias.
Artículo 7°.- El beneficio que establece la presente ley será igual a la treintava parte de la remuneración mensual de los agentes del Nivel A, Grado Máximo, del Sistema Nacional de Empleo Público, Decreto 799/10, o el que lo reemplace, vigente al momento de la efectivización del pago, de los Agrupamientos General, Profesional o Terciario (según corresponda al nivel de estudios alcanzado por el agente al momento de la cesantía), por cada día que duró la medida mencionada en el artículo 3º, respecto a cada beneficiario.
Para el cómputo del lapso aludido en el párrafo anterior, se tomará en cuenta la fecha del acto Administrativo que decretó la medida de cesantía y la fecha de incorporación o reincorporación al Estado en caso que se hubiera producido antes del 10 de Diciembre de 1983, o en su defecto hasta esa fecha y siempre que dicho lapso no resulte inferior a 12 meses.
Se considera remuneración mensual la totalidad de los rubros que integran el salario del agente del nivel de referencia, incluyendo las compensaciones y suplementos que integren el haber mensual regular, sujetos o no a aportes jubilatorios con exclusión de los adicionales particulares (antigüedad, título, etc.) y se tomará la correspondiente al mes en que se otorgue el beneficio.
Artículo 8°.- En todos los casos, el solicitante deberá acreditar ante la autoridad de aplicación, mediante información sumaria aportando cualquier medio probatorio idóneo, las causales políticas, ideológicas, gremiales o similares, que determinaron el cese laboral.
En forma sustitutiva o complementaria, la autoridad de aplicación deberá recabar toda la documentación que se encuentre en los diversos organismos de inteligencia que incrimine a las personas cesanteadas por razones
ideológicas, políticas o gremiales. Luego de tomar conocimiento y acreditar el perjuicio sufrido por los actuantes, deberá supervisar la destrucción de todo registro de esa naturaleza a fin de evitar futuros actos de discriminación y/o persecución basados en tales antecedentes.
Artículo 9°.- La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio será recurrible dentro de los diez (10) días hábiles de notificada, ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso se presentará fundado, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elevará a la Cámara su opinión dentro del quinto (5°) día de presentado el recurso. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Artículo 10°.- Cualquier otro beneficio percibido por igual concepto a través de normas nacionales, provinciales o acciones judiciales planteadas por los beneficiarios con motivos de las causales indicadas en el artículo 3º de la presente ley, o por aplicación de las leyes 23.043 y 26.913 o sus equivalentes a nivel provincial, será considerado como parte integrante de la correspondiente indemnización, debiendo hacerse los cálculos correspondientes de descuentos e intereses. Se exceptúa expresamente de este artículo los beneficios previsionales reconocidos a los efectos jubilatorios por la Ley Nº 23.278 y sus modificatorias y normas concordantes del orden provincial y municipal.
Artículo 11°.- El resarcimiento económico que estipula la presente ley será inembargable y estará exento de gravámenes así como también estarán exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional. La publicación de los edictos en el Boletín Oficial de la República Argentina será gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el vínculo hereditario con el causante a los fines previstos en esta ley.
Artículo 12°.- El Decreto Reglamentario deberá establecer una compensación adicional para mujeres que hubieran estado embarazadas al momento de producirse la cesantía, por concepto de pérdida del período de licencia reglamentario consistente en un número fijo de sueldos del Nivel de referencia establecido en el Art. 7°. En caso de haberse producido pérdida del embarazo preexistente, por efectos atribuibles probadamente al distracto laboral, corresponderá aplicar una compensación complementaria a la indicada en el párrafo precedente.
Artículo 13°.- En caso de fallecimiento del beneficiario, sus derecho-habientes tendrán derecho a solicitar los beneficios instituidos por la presente ley conforme al siguiente orden:
a) Cónyuge supérstite o Conviviente en aparente matrimonio que pruebe la convivencia de acuerdo a lo establecido por la normativa previsional vigente;
b) Hijos. En el caso del inciso b) de este artículo, habiendo más de un hijo beneficiario, el monto de la indemnización se distribuirá por partes iguales.
Artículo 14°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cuyos efectos, el señor Jefe de Gabinete de Ministros efectuará las reestructuraciones presupuestarias correspondientes. Los importes de resarcimiento previsto en la presente ley se harán efectivos de conformidad con los términos de las Leyes Nº 23982 y 25344 y sus modificatorias y se considerarán comprendidos, a todos sus efectos, dentro de los conceptos del inciso f) del artículo 2º e inciso a) del artículo 3º de la Ley Nº 25152. A tal fin, se incluirá el pago del "Resarcimiento económico para cesanteados por razones políticas y gremiales" en los conceptos contemplados en las operaciones de crédito público autorizado en el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional.
Artículo 15°.- A efectos de facilitar a los beneficiarios la más pronta disponibilidad de liquidez para satisfacer necesidades largamente postergadas o para acceder a una vivienda propia, el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá las medidas necesarias que posibiliten la adopción e implementación de las siguientes opciones:
a) En los casos que resulte pertinente se dará aplicación a lo dispuesto por el Art. 39° de la Ley N° 26.337.
b) El Banco de la Nación Argentina, dispondrá los recursos y procedimientos administrativos necesarios a efectos de tomar los bonos o registros de deuda consolidada, como respaldo para el otorgamiento de préstamos personales para todo destino, que optativamente puedan solicitar los beneficiarios de la indemnización establecida por esta ley con tasas de interés preferenciales. Los préstamos serán equivalentes al 100% del valor nominal y serán descontados según los modos y plazos de amortización de los mismos.
c) Los beneficiarios que no tuvieran vivienda propia tendrán la opción de acceder, sin limitaciones de edad a planes de viviendas sociales con prioridad de acceso y de disponibilidad de las mismas, las que podrán pagarse con los títulos de deuda asignados en cada caso.
Artículo 16°.- El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para divulgar los alcances y beneficios de la presente ley de manera amplia y por un lapso
suficiente, a fin que la población y en especial los eventuales beneficiarios puedan tomar conocimiento de los mismos, a sus efectos.
Artículo 17º.- Como condición para acceder al presente beneficio, en caso de encontrarse judicializado el mismo, que se desista del proceso pendiente en los términos del C.P.C. de la nación.
Artículo 18°.- El Poder Ejecutivo Nacional deberá reglamentar esta ley en un plazo máximo de sesenta (60) días desde su promulgación.
Artículo 19°.- De forma

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente proyecto, me fue acercado por el Lic. Jorge G. Rossen quien desde hace tiempo viene luchando por que se reconozcan los derechos de los trabajadores cesanteados durante la última dictadura militar, y toma como base y propone cambios al que fuera presentado por los diputados Patricia Fadel y Roberto Robledo bajo el Expte 3135-D-2010 y su versión modificada tras su tratamiento en comisiones en Noviembre de 2011, que al perder estado parlamentario , fue presentado en 2012 por diferentes bancadas , bajo Expedientes 3027, 3358, 3394, 4522, y 4686-D-2012, entre los antecedentes del presente trabajo.
Desde el retorno a la democracia en Diciembre de 1983, el centro de atención en relación con el tema de los derechos humanos vulnerados por la dictadura, se ha focalizado en los secuestros, los asesinatos, las torturas y los robos de identidad.
Es razonable y justo que así haya sido y ha costado mucho trabajo y dedicación de los familiares de las víctimas y de los organismos y entidades de derechos humanos, generar el nivel de conciencia del conjunto de la población y el accionar positivo de los distintos poderes del estado involucrados, tanto para enjuiciar a los responsables como para reparar de algún modo y/o indemnizar a las víctimas.
Fue necesario derogar leyes de impunidad e indultos que por muchos años dieron protección a los genocidas y trabaron medidas de reparación para los damnificados.
Insumió mucho tiempo desarticular la trama legal y política de la impunidad y recién desde hace pocos años han comenzado a sustanciarse causas penales contra los responsables y poco a poco van produciéndose sentencias condenatorias que, a más de penalizar a los victimarios, configuran un reconocimiento explícito del Estado acerca de la materialización y caracterización de los crímenes cometidos.
Hay sin embargo otra clase de violaciones a los derechos humanos que afectó a muchos miles de ciudadanos y que aún no han tenido un reconocimiento, valoración y tratamiento equivalentes.
El tema de las masivas cesantías perpetradas contra trabajadores del Estado no ha tenido un reconocimiento y debido tratamiento por parte de los poderes públicos.
Considerar esas cesantías simplemente como distractos laborales individuales, o en el mejor de los casos como medidas administrativas injustas o nulas, es pasar por alto cuestiones de suma gravedad que han afectado y dañado severamente la vida de miles de trabajadores y sus respectivas familias y cuyos efectos se prolongan hasta el presente.
En primer lugar cabe señalar que el derecho al trabajo constituye uno de los derechos humanos básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos -"Pacto de San José de Costa Rica", el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entre otros) a los que la República Argentina adhiere y otorga jerarquía constitucional.
Las cesantías se dictaron en el marco de diversas leyes inconstitucionales: Ley 20.840 y sus modificatorias, leyes 21.260, 21.274, 21.296, 21.322, 21.323, 21.325 y otras concordantes de nivel nacional y provincial. Sus principales responsables fueron los interventores militares pero también muchos funcionarios civiles que actuaron directamente para sindicar a quienes serían víctimas de esa discrecionalidad. Aquí se ve entonces que la complicidad civil con el régimen de terror de Estado, se extendió a quienes aprovecharon una posición jerárquica dentro de los organismos e instituciones del Estado para provocar despidos por razones políticas, ideológicas, gremiales e incluso personales, invocando una genérica acusación de ser potenciales perturbadores del orden público y de los planes del gobierno de facto
Esas acciones represivas y persecutorias violaron aquellos derechos humanos reconocidos y amparados por las normas internacionales y constituyen claramente crímenes de lesa humanidad por parte de sus actores y se deben inscribir en el marco de responsabilidad del Estado en orden a su reparación.
El carácter de delito de lesa humanidad aplicable al caso, queda perfectamente definido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Art. 7-1 Incs. h] y k]), el que a partir de la sanción de la Ley N° 26.200 tiene plena vigencia en nuestro país.
De su texto surge con claridad que esas masivas cesantías encuadran en las características principales que definen ese tipo de delitos, a saber:
• Fueron ejecutadas contra grupos de civiles identificados por alguna característica común, que en este caso fue una genérica calificación de ser potenciales perturbadores del orden y/o de los planes del gobierno
• Fueron tomadas por un gobierno tiránico que usurpó el poder,
• Se adoptaron en el marco de medidas inconstitucionales encuadradas en un plan sistemático de represión al pueblo.
• Provocaron graves daños físicos o psíquicos o morales al vulnerar derechos humanos fundamentales como son el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad social, entre otros.
Si bien la norma focaliza sobre el carácter imprescriptible de las acciones penales contra los responsables de la comisión de los delitos, surge de inmediato y así lo reconoce una amplia jurisprudencia, el similar carácter de imprescriptibilidad para las medidas resarcitorias para las víctimas.
El terrorismo de Estado tuvo por objetivo implementar un plan sistemático de exterminio y de represión que allanara el camino para una política de sometimiento a intereses extranacionales que conduciría años más tarde a la apropiación de las principales empresas y recursos del Patrimonio Nacional, el quiebre de la industria nacional, el empobrecimiento de su población y el interminable drenaje de recursos por vía de un reiterado y creciente endeudamiento externo.
Para poder someter al país e implantarle una descomunal deuda externa ilícita y fraudulenta (como acredita la Sentencia recaída en la Causa N° 14.467 substanciada ante Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 Sec. N° 4) que sería el cepo que años más tarde habría de habilitar la entrega de todo el patrimonio nacional, fue necesario para los ideólogos de ese plan y para sus siniestros ejecutores, secuestrar y asesinar a mucho miles de militantes y luchadores populares y también, sindicalistas, periodistas, trabajadores, científicos, artistas, estudiantes, etc. y aún a muchos de sus familiares directos.
Pero además de eso también les resultó necesario expulsar del ámbito de los organismos y empresas del Estado, a muchos otros miles de trabajadores y profesionales que asumían una posición en defensa de los intereses nacionales, que defendieron la integridad y continuidad de instrumentos claves para el desarrollo científico-tecnológico, para la mejor prestación de servicios o para un eficaz control desde el Estado, contra maniobras lesivas al interés nacional.
Esas miles de cesantías producidas en el Estado, no sólo violaron el Derecho a la estabilidad consagrado en al Art. 14bis de la C.N., el Derecho al trabajo y el Derecho a la seguridad social, sino que por su masividad, sistematicidad y nivel de daños generados, deben enmarcarse en los planes y métodos del terrorismo de estado y calificarse como "delitos de lesa humanidad".
Creemos necesario otorgar a las personas injustamente cesanteadas una reparación al daño causado por el Estado Nacional, que castigó y persiguió a
los agentes por su posición o militancia política o gremial, con el agravante de que estos hechos fueron generados por imperio de la violencia de Estado en el marco de un plan sistemático de agresión contra el pueblo argentino en general y particularmente contra quienes pudieran asumir roles activos en defensa de los intereses nacionales y populares, los derechos laborales y sociales y otras áreas en las que su presencia pudiera dificultar los planes del gobierno de facto.
Las leyes nacionales y provinciales que se ocuparon del tema, resolvieron parcialmente esta situación. Pero es importante aclarar que en todos los niveles, nacional, provincial, y municipal, las cesantías fueron fundamentadas invocando decretos y leyes nacionales, razón por la cual es importante que a más de treinta y ocho años de producida esa situación, el gobierno nacional asuma la responsabilidad, en forma pronta y definitiva, de generar un mecanismo legal de reparación histórica y asignar los fondos que resulten necesarios.
Los trabajadores del Estado que fueron cesanteados en el período Marzo/1974 a Marzo/1976 pueden asimilarse por analogía, a los que lo fueron durante la Dictadura cívico-militar.
Dicha analogía se sustenta en los antecedentes históricos conocidos y documentados que demuestran la continuidad en los planes de persecución y exterminio contra luchadores del campo popular, gremialistas, docentes, periodistas, profesionales, etc., que comenzaron a partir el 28 de Febrero de 1974, fecha en que se produjo el golpe de estado en la Provincia de Córdoba conocido como "Navarrazo", con la destitución del Gobernador Obregón Cano.
En efecto, esos planes represivos, la organización y el adoctrinamiento de cuadros, la preparación de los centros clandestinos de detención y torturas, los asesinatos perpetrados por los denominados eufemísticamente "grupos de tareas", comenzaron desde mucho antes del golpe de Estado que oficializó la toma del poder y el Terrorismo de Estado.
Así como los asesinatos y desapariciones ya habían comenzado durante el período previo al golpe de Estado, también comenzaron a producirse cesantías arbitrarias y discrecionales en diferentes entidades y organismos del ámbito oficial.
Por todo ello resulta de pleno derecho, adscribir a quienes fueron dejados cesantes u obligados a renunciar en ese período, a los beneficios resarcitorios y demás condiciones que establece la presente ley para los que fueron cesanteados bajo la Dictadura.
Se busca una reparación justa y equitativa, por lo que se establece que quienes ya hayan cobrado algún tipo de indemnización por igual concepto, ésta sea considerada como parte integrante y por lo tanto descontada de la que resulte asignada por aplicación de la presente ley.
El deterioro económico, material, moral y social fue de tal magnitud, que resulta necesario legislar para compensar el mal ocasionado desde el Estado.
En virtud del prolongado lapso transcurrido desde el momento en que operaron las cesantías y la avanzada edad actual de un amplio número de los damnificados directos que aún viven, los procedimientos para realizar las gestiones administrativas y/o judiciales necesarias para otorgar las indemnizaciones tendrán carácter de urgente y la efectivización de las mismas deberá implementarse en el más breve plazo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Honorable Cámara su voto positivo al presente Proyecto de Ley.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
HERRERA, GRISELDA NOEMI LA RIOJA FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS (Primera Competencia)
JUSTICIA
PRESUPUESTO Y HACIENDA