Expresar su más profunda preocupación por la orden de desalojo expedida contra las setenta y ocho (78) familias que viven desde junio de 2014 en el denominado Barrio Parque Esperanza de la localidad de Estación Juárez Celman de la Provincia de Córdoba.

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto expresar la más profunda preocupación por parte de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación frente al desalojo de 78 familias que habitan actualmente el denominado Barrio Parque Esperanza, de la localidad Estación Juárez Celman, de la Provincia de Córdoba.

En junio de 2014, un grupo de familias en situación de extrema vulnerabilidad social se instalaron en un terreno ubicado a la vera de la Ruta 9 y la variante Juárez Celman, al norte del Barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba. Inmediatamente, las familias comenzaron a organizarse en la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio con el objeto de darse un marco organizativo que les permitiera acceder a los derechos humanos de tierra y vivienda.

Desde entonces comenzó un proceso de construcción del barrio que bautizaron Parque Esperanza, que incluyo el loteo del predio de 11 hectáreas, su inscripción en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) y la consecuente tramitación de las altas de servicios (agua, luz y gas). En este sentido, cabe destacar que el Gobierno Nacional ha reconocido al Barrio Parque Esperanza a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuando se expidiera el reconocimiento a la cooperativa por intermedio del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), y a través de la inscripción del barrio en el RENABAP.

Asimismo, la legisladora provincial mandato cumplido Marta Juárez presentó, junto a algunos colegas, un proyecto de Ley para que el terreno donde se encuentra el Barrio Parque Esperanza sea expropiado y destinado a viviendas sociales a través de la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio.

Es destacable que las socias de dicha cooperativa son en su totalidad mujeres, lo cual constituye una decisión de todos los vecinos y vecinas, atendiendo a que son ellas quienes mayor vulnerabilidad social tienen. Tal es así, que la gran mayoría de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que integran esta comunidad, llegaron al ahora Barrio Parque Esperanza escapando de situaciones de violencia de género y violencia familiar. Razón por la cual también serán ellas quienes oportunamente detenten la propiedad de esas tierras para darles mayor seguridad a futuro.

A pesar del carácter pacífico e institucional que los integrantes de la Cooperativa le han impreso a este proceso, no ha pasado un solo día sin que sufrieran el acoso policial, incluso en forma de acoso sexual, por parte de agentes de la Policía de la Provincia de Córdoba. También se les ha negado sistemáticamente el acceso a los servicios básicos como el agua y la luz, a contramano de los derechos que les garantiza el Decreto 358/2017 a todos los barrios inscritos en el RENABAP. La humillación desatada contra esta comunidad es tal que, exactamente en frente del Barrio Parque Esperanza ya se ha instalado la infraestructura para acceder a estos servicios a pesar de que en esos lotes aún no vive nadie, mientras ellos siguen aguardando pacientemente que se respeten y garanticen sus derechos fundamentales.

En noviembre de 2017 el Tribunal Superior de Justicia decidió el desalojo de los vecinos y vecinas de Barrio Parque Esperanza, pero supeditó dicho desalojo a la creación de una Mesa de Diálogo entre las familias afectadas, representadas por la Cooperativa de Vivienda 12 de Junio, y el Gobierno Provincial, representado por la Dirección de Hábitat Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. El objetivo primordial de la mencionada Mesa era garantizar que el proceso de desalojo no derivara en la vulneración de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes que habitan el barrio. Para ello se dispuso la realización de un relevamiento con la finalidad de contar con un diagnóstico acabado que permita encontrar soluciones de fondo para dichas familias, de manera que no quedaran desamparadas luego del desalojo.

En este punto, vale remarcar que las familias que integran dicha comunidad están abiertas al diálogo y han respetado todas las instancias institucionales que se abrieron a lo largo de este proceso. Tampoco se niegan a su re-ubicación en tanto se les garantice el derecho a la tierra y la vivienda digna. Sin embargo, el relevamiento que debía realizar el Gobierno provincial apenas se llevó a cabo en una sola de las 23 manzanas que integran el barrio, y, sorpresivamente, el pasado viernes 9 de febrero el mismo Tribunal Superior de Justicia ordenó el desalojo de las familias con plazo máximo para el día 14 de febrero del corriente, a contramano de sus disposiciones previas, ya que lejos se está de tener garantizados los derechos de los niños, niñas y adolescentes de dicha comunidad.

Los vecinos y vecinas de Barrio Parque Esperanza denuncian que detrás de esta decisión se encuentran razones económicas, ligadas a intereses de los grupos desarrollistas de la Provincia que codician el mencionado terreno para sus negocios inmobiliarios, y razones políticas, ligadas a los intereses de la intendenta Myriam Prunotto (PRO) y su familia enquistada en todos los niveles y áreas administrativas del municipio, a contramano de la política anti-depotismo enarbolada por el Gobierno Nacional a partir del escándalo desatado por las contrataciones de familiares del Ministro de Trabajo Jorge Triaca.

Atendiendo a los derechos consagrados por las leyes nacionales vigentes, nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos de rango constitucional, que reconocen el derecho a la tierra y la vivienda como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, particularmente cuando se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad social y, especialmente, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución. Muchas gracias.