JUSTICIA
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 8234-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA PRESUNTA PRESION EJERCIDA SOBRE EL FISCAL FEDERAL DOCTOR CLAUDIO KISHIMOTO, POR PARTE DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION DOCTORA ALEJANDRA GILS CARBO, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 22/10/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 150
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
en los términos del art. 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, informe a ésta H.
Cámara de Diputados de la Nación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, y demás organismos competentes en la materia, acerca de los
siguientes puntos vinculados a la presunta presión ejercida sobre el fiscal federal
Dr. Claudio Kishimoto, por la Procuradora General de la Nación Dr. Alejandra Gils
Carbó y los subordinados de ésta funcionaria, los fiscales federales Dres. Jorge
Auat y Daniel Adler, para que se acusara falsamente al Juez Correccional N° 4 de
Mar del Plata Dr. Pedro Federico Hooft que fue sometido a Jury de Enjuiciamiento
y luego absuelto por amplia mayoría.
1.- En orden a lo dispuesto por el art.
23 de la ley 24.946 se requiera a la Procuradora General de la Nación un completo
informe circunstanciado, referido a la supuesta presión ilegal ejercida sobre el
Fiscal Federal Dr. Claudio Kishimoto para que se acusara falsamente al Juez
Correccional N° 4 de Mar del Plata Dr. Pedro Federico Hooft, con acreditación de
las actuaciones que se hubieran promovido de conformidad con el poder
disciplinario que emana del art. 16 de la citada ley.
2.- Siendo que la causa contra el Dr.
Pedro Federico Hooft se inició por denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación y que el Fiscal federal Claudio Kishimoto, personalmente le dijo a
Federico Hooft -hijo y codefensor del acusado- que la causa era "un gran verso" y
que Hooft no había cometido delitos de lesa humanidad, en la llamada "Noche de
las Corbatas", remitir a esta H. Cámara todos los antecedentes existentes en dicha
dependencia respecto del aludido juez bonaerense.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La defensa del honorable juez Dr.
Pedro Federico Hooft presentó el 16 de octubre ante la Cámara Federal de Mar del
Plata una declaración testimonial del Fiscal General Federal de esa ciudad, Dr. Juan
Manuel Pettigiani, donde detalló que el fiscal federal Dr. Claudio Kishimoto confesó
que estaba "preocupado" por la causa contra Hooft, porque "es una causa donde
no había nada", además de denunciar quiénes fueron los que obligaron a
hacerlo.
"Estaba preocupado por la causa
contra el juez Hooft porque le estaban haciendo firmar en una causa donde no
había nada contra él, y que las personas que lo estaban obligando eran el Dr.
Jorge Auat y el Dr. Daniel Adler", detallaron los defensores.
El escrito fue presentado ante la
Cámara Federal, debido a que Pettigiani no fue citado a declarar por la Justicia
pese a los insistentes pedidos del juez Hooft y sus defensores, quienes en abril de
2013 presentaron una denuncia por presuntos hechos de corrupción en la Justicia
federal, y al mismo tiempo pidieron que se investigue si se había conformado una
asociación ilícita de abogados, funcionarios judiciales y miembros de la Procuración
General de la Nación para armar la causa penal contra él.
Cabe aclarar que la denuncia
realizada por el juez Hooft y su defensa se fundamentó en las expresiones del ya
citado fiscal federal Claudio Kishimoto, quien personalmente le dijo a Federico
Hooft -hijo y codefensor del acusado- que la causa era "un gran verso" y que
Hooft no había cometido delitos de lesa humanidad, en la llamada "Noche de las
Corbatas".
La charla duró cerca de cuarenta y
cinco minutos y fue totalmente grabada. Está en poder de la Justicia federal. Las
expresiones de Kishimoto -de acuerdo con el testimonio escrito del fiscal federal
Pettigiani- coinciden plenamente con lo que dice en la charla grabada.
La presentación de Pettigiani se
produce seis meses después del jury al juez Hooft que llevó adelante el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial en la Suprema
Corte de Justicia bonaerense, que terminó con el reconocimiento de la total
inocencia del magistrado. El jurado lo absolvió por 8 votos contra 2 y lo reintegró
en su cargo en abril pasado.
Rememoremos que la causa contra
Hooft comenzó en 2006 tras varias denuncias de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación y de organizaciones sociales y políticas, que lo acusaron de
complicidad con la dictadura militar y por no investigar causas sobre personas
desaparecidas durante la represión en Mar del Plata.
Concretamente, se le imputó su
actuación en el año 1977 en la causa denominada "La Noche de las Corbatas",
donde fueron secuestrados y permanecen desaparecidos varios abogados, además
de haberse declarado incompetente para juzgar homicidios remitiendo los
expedientes a la Subzona Militar XV y de visitar centros clandestinos de
detención.
La investigación contra el juez
marplatense se demoró por diversas recusaciones y excepciones opuestas por el
propio Hooft, que incluyó cuestionamientos a ministros de la Suprema Corte,
incidentes que con el tiempo quedaron desestimados.
La causa se reactivó el 14 de febrero
de 2013, cuando se conformó el Jurado de Enjuiciamiento, que el 3 de marzo del
mismo año y por unanimidad rechazó las nulidades planteadas, suspendió a Hooft
del cargo y le impuso un embargo del 40 por ciento del sueldo.
El jury comenzó el 17 de marzo del
corriente año y en las audiencias de lunes y miércoles declararon al menos un
centenar de testigos, entre los que se destacó Marta García, viuda del abogado
desaparecido Jorge Candeloro, quien acusó a Hooft de no haber actuado por ella
mientras estaba secuestrada.
Tras la quinta audiencia del proceso,
el 28 de marzo, Hooft tuvo que ser internado de urgencia en un centro asistencial
de esta ciudad luego de sufrir una descompensación, aunque su abogado
defensor, Héctor Granillo Fernández, no pidió la suspensión del jury que siguió
adelante y culminó hoy.
Por la absolución votaron los
conjueces abogados Héctor Martín, Eduardo López Wesselhoefft, Atilio Rossello,
José Luis Núñez y José Miguel Nemiña; los legisladores Héctor Vitale (senador del
Frente Renovador) y Abel Buil (diputado del FAP), y el ministro de la Corte y
presidente del Jurado Juan Carlos Hitters.A favor de la destitución se expresaron
los legisladores Luciano Martini (senador del Frente para la Victoria) y Lucía Portos
(diputada del FpV).
Dada la gravedad del testimonio
presentado por el fiscal Pettigiani, ahora el juez Hooft y sus defensores esperan
que la Cámara Federal ordene que continúe la investigación de los hechos
denunciados (Fuente: diario El Atlántico, Mar del Plata).
El presente pedido de informes se
incoa a efectos de discernir si se han producido los hechos que se relatan por
parte de la defensa del Dr. Hooft, lo cual sería un verdadero escándalo institucional
de proporciones, si como se sospecha, desde la Procuración General de la Nación
se hubiere presionado a un fiscal para introducir pruebas falsas en detrimento de
un pundonoroso juez federal, lo cual daría lugar a la configuración de causal
suficiente para interponer el correspondiente pedido de juicio político contra la Dra.
Alejandra Gils Carbó (art. 53 de la Constitución Nacional y art. 13 de la ley 24.946)
y Tribunal de enjuiciamiento contra los otros representantes de la vindicta pública,
antes mencionados.
Ello así, por cuanto se encontrarían
palmariamente violado el art. 25 de la ley 24.946 que establece que corresponde al
Ministerio Público:a) Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad
y de los intereses generales de la sociedad; b) Representar y defender el interés
público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera; g) Velar
por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República; h) Velar
por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.
Es dable señalar que existe una fuerte
preocupación con la conducción de sesgo autocrático que ejerce la DraGils Carbó,
como hemos podido comprobar en el amañado proceso contra el Fiscal Federal Dr.
José María Campagnoli, la persecución contra otros funcionarios del Ministerio
Público y el miedo pánico que se ha instaurado entre los fiscales, quienes evitan
emitir opiniones públicamente, porque quedan expuestos a las iracundas y
rencorosas decisiones de la Procuradora General, la cual carece de la necesaria
independencia para ejercer su cargo y ostenta una insólita militancia política que
debería ser ajena a tan alta responsabilidad constitucional.
Se dirige el pedido de informes al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, porque de conformidad
con el art. 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 24.946, la Procuración
General de la Nación se relaciona con el Poder Ejecutivo, a través de la cartera
citada.
Pido el acompañamiento de mis pares
con su voto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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