Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, para que a través de los organismos que correspondan, tenga bien informar sobre los siguientes interrogantes relacionados con la armonización de la normativa en el ámbito del MERCOSUR.

1º Cuáles son las normas a nivel de MERCOSUR que hasta el momento han sido interiorizadas por los respectivos Congreso de cada país miembros del bloque.

2º Cuál es la legislación regional que aún no ha sido incorporada en los ordenamientos jurídicos nacionales.

3º Si tiene información sobre cuales serían las razones por las cuales parte del derecho internacional del MERCOSUR mencionado, no ha podido ser armonizado por los Estado partes del bloque.

Señor presidente:

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) sin duda es considerado como uno de los procesos de integración regional más exitosos, salvando a la Unión Europea que es vista como un caso paradigmático. Importantes beneficios ha reportado a los países miembros del bloque, en cuanto al incremento de los intercambios en términos comerciales, culturales y sociales, transformándose en un símbolo político de rumbo común para la región.

La consolidación y el perfeccionamiento del MERCOSUR depende actualmente de los aspectos jurídicos e institucionales del bloque. La creación del PARLAMENTO MERCOSUR, sumado a los avances en el mecanismo de solución de disputas, el desarrollo de programas conjuntos en materia de educación, justicia, salud y producción, son ejemplos de esta tendencia y están dado un nuevo impulso a la región. No obstante, parte de este avance necesitaría estar acompañado por la armonización de la normativa elaborada en forma común dentro del bloque.

La incorporación de las normas regionales en los ordenamientos jurídicos nacionales consiste en un proceso a través del cual los poderes legislativos de cada miembro del MERCOSUR analiza y evalúa las normativas regionales siendo éstas aprobadas y consideradas parte de la legislación nacional, según los procedimientos establecidos por cada país. Una vez aprobadas los Estado deben informar a la Secretaría Administrativa, la cual comunica el hecho a cada uno de los Estados Partes. Así, el Protocolo de Ouro Preto enuncia las fuentes normativas del bloque regional: el Tratado de Asunción, sus Protocolos y otros instrumentos relacionados, y las decisiones del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo de Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio (Art. 41). Además, establece que las normas del MERCOSUR una vez aprobadas deben ser incorporadas en los ordenamientos jurídicos nacionales, siendo vinculantes para los Estados Miembros (Art. 42), e incluso determina que los mismos se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar este proceso de armonización (Art. 38).

En este sentido, la Secretaría del MERCOSUR realizó un Informe Semestral “Un Foco para el Proceso de Integración Regional”, donde indica que “(...) A pesar de los importantes esfuerzos emprendidos por los Estados Partes, los datos sobre la incorporación de normas siguen siendo inquietantes” (1) . Esta afirmación derivaría de los números recogidos por la Secretaría: del total de la legislación adoptada por los órganos del MERCOSUR el 58% no estaría armonizado por los miembros del Bloque, profundizándose en las áreas de salud y justicia. Las dificultades derivarían de la ausencia de plazos perentorios para tal incorporación, de un mecanismo común que agilizara este proceso, y por la falta de un sistema que garantice la jerarquía de las normas comunitarias sobre las nacionales.

La importancia de profundizar y acelerar el proceso de armonización radica en que generaría una mayor seguridad y efectividad jurídica, todos los administrados y agentes económicos quedarían sujetos a las mismas reglamentaciones, multiplicaría la confianza del sector privado, consolidaría el sentimiento se pertenencia de la ciudadanía y favorecería la atracción de inversiones en el territorio de la región.

En definitiva, contribuiría a cumplir con el objetivo originario del Bloque regional promover el bienestar y una mejor calidad de vida a los habitantes de la región, y construir en forma conjunta una visión común sobre el futuro de nuestras naciones.

Por los fundamentos dado en el presente, es que solicito a los Señores y Señoras Diputados la aprobación del siguiente proyecto de declaración.