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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 12/12/2017
- REV. IMP. Y CONT - IMP. GANA. - SISTEMA TRIBUTARIO
INVITADOS
- señor Galiani Secretario
- señor Edelstein Secretario
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre de 2017, a la hora 10 y 31:
SR. PRESIDENTE LASPINA Habiendo quórum doy inicio a esta reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el tema de la convocatoria.
Agradezco la presencia del secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, quien ha concurrido nuevamente a esta comisión para aclarar cualquier inquietud técnica que pudiera surgir respecto de las modificaciones introducidas al proyecto del Poder Ejecutivo. También está con nosotros el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, y otros funcionarios.
Antes de comenzar quiero decirles que les hemos enviado hace algunos minutos una versión con control de cambios -para facilitar su lectura, dentro de lo posible- que incluye una serie de modificaciones que se han incluido desde el ingreso de este proyecto de ley al Congreso de la Nación. Algunas modificaciones de forma las ha propuesto el Poder Ejecutivo Nacional, y la gran mayoría de las modificaciones de fondo han sido solicitadas en el día de ayer por varios de los señores diputados.
Intentaré resumir algunas de esas modificaciones, que creo que son las que importan al fondo de la cuestión. Luego hay otras modificaciones de forma que si quieren las detallaremos en forma individual, pero trataré básicamente de resumir los cambios que surgieron en el debate de ayer y que vienen siendo planteados en los últimos días en la opinión pública y a lo largo de las conversaciones que hemos tenido con otros bloques, fundamentalmente en la reunión de ayer.
Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
Agradezco la presencia del secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, quien ha concurrido nuevamente a esta comisión para aclarar cualquier inquietud técnica que pudiera surgir respecto de las modificaciones introducidas al proyecto del Poder Ejecutivo. También está con nosotros el subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, y otros funcionarios.
Antes de comenzar quiero decirles que les hemos enviado hace algunos minutos una versión con control de cambios -para facilitar su lectura, dentro de lo posible- que incluye una serie de modificaciones que se han incluido desde el ingreso de este proyecto de ley al Congreso de la Nación. Algunas modificaciones de forma las ha propuesto el Poder Ejecutivo Nacional, y la gran mayoría de las modificaciones de fondo han sido solicitadas en el día de ayer por varios de los señores diputados.
Intentaré resumir algunas de esas modificaciones, que creo que son las que importan al fondo de la cuestión. Luego hay otras modificaciones de forma que si quieren las detallaremos en forma individual, pero trataré básicamente de resumir los cambios que surgieron en el debate de ayer y que vienen siendo planteados en los últimos días en la opinión pública y a lo largo de las conversaciones que hemos tenido con otros bloques, fundamentalmente en la reunión de ayer.
Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF En el día de ayer el ministro Dujovne se comprometió a traer una especificación y un detalle de los impactos, que era un requisito previo para la discusión de este proyecto. Quisiera saber si el secretario ha traído ese material.
SR. PRESIDENTE LASPINA Me informan que lo tengo en mi cuenta de correo electrónico, por lo que lo reenviaremos a todos los miembros de la comisión. Quienes tengan acceso a Internet lo podrán ver en unos minutos. Les pido disculpas; ahora lo enviamos.
Voy a resumir entonces los cambios que se han incorporado.
Hubo un pedido puntual del diputado Bossio sobre la necesidad de debatir la exención del impuesto a las ganancias para los inversores no residentes. La concepción de ese artículo se basa en que un país como Argentina, cuyo mercado de capitales es, como saben, muy pobre -a pesar de haber aprobado hace poco una ley de financiamiento productivo para intentar desarrollar nuestro mercado de capitales-, necesita del ahorro del mundo para financiar las enormes inversiones que se requieren en materia de infraestructura, tanto logística como social.
Por ese motivo se exceptúa a los inversores extranjeros de una renta, que en algunos casos tiene diversas dificultades técnicas para ser cobrada en función de algunas retenciones que deben hacerse en el extranjero.
Sin embargo, el diputado Bossio planteó la necesidad de excluir a las notas y letras del Banco Central de esa exención y que se le aplique el tratamiento que se le aplica a los residentes. De modo tal que hemos incorporado esa modificación sugerida por el señor diputado Bossio.
Por otro lado, hubo un pedido muy fuerte también relativo a la cuestión de las cervezas para que no se aumente la alícuota en el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahí también hemos concedido modificaciones a los fines de generar el consenso necesario para poder avanzar con esta ley.
Los diputados Bossio y Lavagna, y creo que también Borsani y Benedetti, hicieron un pedido de reducción de las alícuotas de IVA para equiparar carnes, con pollos y cerdos. Este es un viejo anhelo de la mesa de carnes y creemos que esto va a favorecer la formalización, además de equiparar tres productos que son sustitutos y que no tienen en su naturaleza ningún motivo para ser tratados de modo diferente. De modo que también hemos incorporado ese cambio.
En materia de bebidas azucaradas hemos modificado el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, incorporando una fórmula sobre la base de 3,4 centavos por gramo de azúcar, con un mínimo no imponible de 40 gramos por litro, de modo tal de generar un esquema de incentivos más modernos. Esto va más en línea con lo que habían hecho otros países, en particular Chile y tantos otros, que buscan generar incentivos a las marcas y compañías para, precisamente, ir reduciendo el contenido de azúcar en sus productos. Muchas veces no se puede hacer por razones de paladar de los consumidores y otras a raíz de las fórmulas, pero ha funcionado bien en Chile, donde se ha mostrado que estos incentivos impositivos lograron bajar el contenido de azúcar en alguno de los productos, que en definitiva es lo que queremos. Es más adecuado que las marcas cambien la oferta a que uno pueda modificar los gustos de la demanda con un impuesto. De modo que establecer una curva que genere incentivos, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, es probablemente la fórmula más adecuada que podemos establecer para este impuesto que, insisto, está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para desincentivar el consumo excesivo de bebidas azucaradas. En este sentido, como sabemos, Argentina es uno de los países del mundo con severos problemas de obesidad infantil.
Voy a resumir entonces los cambios que se han incorporado.
Hubo un pedido puntual del diputado Bossio sobre la necesidad de debatir la exención del impuesto a las ganancias para los inversores no residentes. La concepción de ese artículo se basa en que un país como Argentina, cuyo mercado de capitales es, como saben, muy pobre -a pesar de haber aprobado hace poco una ley de financiamiento productivo para intentar desarrollar nuestro mercado de capitales-, necesita del ahorro del mundo para financiar las enormes inversiones que se requieren en materia de infraestructura, tanto logística como social.
Por ese motivo se exceptúa a los inversores extranjeros de una renta, que en algunos casos tiene diversas dificultades técnicas para ser cobrada en función de algunas retenciones que deben hacerse en el extranjero.
Sin embargo, el diputado Bossio planteó la necesidad de excluir a las notas y letras del Banco Central de esa exención y que se le aplique el tratamiento que se le aplica a los residentes. De modo tal que hemos incorporado esa modificación sugerida por el señor diputado Bossio.
Por otro lado, hubo un pedido muy fuerte también relativo a la cuestión de las cervezas para que no se aumente la alícuota en el proyecto del Poder Ejecutivo. Ahí también hemos concedido modificaciones a los fines de generar el consenso necesario para poder avanzar con esta ley.
Los diputados Bossio y Lavagna, y creo que también Borsani y Benedetti, hicieron un pedido de reducción de las alícuotas de IVA para equiparar carnes, con pollos y cerdos. Este es un viejo anhelo de la mesa de carnes y creemos que esto va a favorecer la formalización, además de equiparar tres productos que son sustitutos y que no tienen en su naturaleza ningún motivo para ser tratados de modo diferente. De modo que también hemos incorporado ese cambio.
En materia de bebidas azucaradas hemos modificado el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, incorporando una fórmula sobre la base de 3,4 centavos por gramo de azúcar, con un mínimo no imponible de 40 gramos por litro, de modo tal de generar un esquema de incentivos más modernos. Esto va más en línea con lo que habían hecho otros países, en particular Chile y tantos otros, que buscan generar incentivos a las marcas y compañías para, precisamente, ir reduciendo el contenido de azúcar en sus productos. Muchas veces no se puede hacer por razones de paladar de los consumidores y otras a raíz de las fórmulas, pero ha funcionado bien en Chile, donde se ha mostrado que estos incentivos impositivos lograron bajar el contenido de azúcar en alguno de los productos, que en definitiva es lo que queremos. Es más adecuado que las marcas cambien la oferta a que uno pueda modificar los gustos de la demanda con un impuesto. De modo que establecer una curva que genere incentivos, tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, es probablemente la fórmula más adecuada que podemos establecer para este impuesto que, insisto, está en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para desincentivar el consumo excesivo de bebidas azucaradas. En este sentido, como sabemos, Argentina es uno de los países del mundo con severos problemas de obesidad infantil.
SR. GALIANI Además, el mínimo no imponible de azúcar se sube cuando hay jugos con una cantidad adicionada.
SR. PRESIDENTE LASPINA Exacto. El mecanismo que hemos aplicado para incentivar el uso de jugos naturales -independientemente de que los jugos naturales no alteran la cuestión de fondo, que es la del grado de azúcar en las bebidas- y para incentivar las economías regionales, es subir el mínimo no imponible en función del contenido de jugos en las bebidas azucaradas.
En cuanto al impuesto a los combustibles y el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, hemos hecho también una modificación con la siguiente inteligencia: hoy la Argentina tiene una matriz energética que a diferencia de otros países está fuertemente inclinada hacia el gas, que es de las energías fósiles no renovables, posiblemente la más limpia.
Países de Europa que tienen sus matrices energéticas fundamentalmente basadas en el carbón -que obviamente es mucho más contaminante que el gas-, están haciendo esfuerzos para mudarlas al gas a fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Argentina hoy tiene no solo una matriz mucho más volcada al gas sino también el potencial de producir en Vaca Muerta más de esa energía relativamente limpia en comparación con sus sustitutos más cercanos.
Es por ello que se ha modificado en dos sentidos el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, se exceptúa al gas ya que actualmente es la energía fósil no renovable más limpia que tenemos. La segunda modificación introducida está relacionada con la cuantía del impuesto. Antes se aplicaba un impuesto de 25 dólares por tonelada de emisión de dióxido de carbono, ahora se ha reducido a 10 dólares por tonelada. Esto nos deja en línea con otros países del mundo.
Al avanzar con este impuesto de una manera razonable y equilibrada, la Argentina está dando señales de que se dirige hacia una matriz energética más sustentable. Además, nos ponemos en la línea de vanguardia junto con muchos países que ya están avanzando en este tipo de tributación basada en cuestiones medio ambientales.
Pienso que el proyecto modificado nos ubica en una situación más equilibrada respecto al impacto que este impuesto podría tener en algunas industrias aguas abajo y también incentiva fundamentalmente el uso del gas que, insisto, hoy por hoy es una energía relativamente limpia.
Además, en el debate de ayer se planteó -creo que lo hizo el diputado Bossio- una cuestión que se viene discutiendo hace varios días. Me refiero a las contingencias legales que podrían surgir por la eliminación del tope a los aportes personales fijado en 82 mil pesos, dado que sin una correcta revisión de los topes jubilatorios que hoy se aplican se podría desencadenar una serie de litigios judiciales. Por este motivo, y precisamente para evitar esta judicialización, el dictamen no elimina el tope de los aportes personales fijado en 82 mil pesos.
En relación con el procedimiento tributario, ayer también se mencionó la cuestión de la "bala de plata", que consiste en la posibilidad que tiene un contribuyente de hacer una presentación espontánea para corregir sus declaraciones de ganancias o patrimoniales al advertir algún error o alguna inconsistencia. Básicamente se planteó que la redacción tal como estaba dejaba sin posibilidad de presentarse ante la AFIP a algunos contribuyentes que realmente habían cometido un error involuntario en su presentación e, incluso, si ese error superaba un determinado monto eran pasibles de acción penal. Es decir, se le daba muchísima rigidez al sistema para corregir de manera voluntaria esos errores.
Hace tiempo que se viene discutiendo esta cuestión ya que la AFIP ha tenido muchos problemas legales y judiciales para poder aplicar y darle sentido a esta presentación voluntaria. Entre otras cosas, se discutía cuándo se consideraba voluntaria y cuándo respondía a una intimación o a una acción de la AFIP que generaba los incentivos para corregir una eventual evasión.
Había una zona gris, que precisamente se intentó modificar con esta utilización de la bala de plata -como dice la expresión- por única vez. Lo que se ha incorporado como fórmula de consenso entre las dos posibilidades: utilizar este mecanismo de corrección de la bala de plata por única vez por contribuyente, o un mecanismo que sistemáticamente pudiera ir corrigiéndose, por ejemplo en el caso de un contribuyente de mala fe que percibiera riesgos de ser encontrado en infracción por la AFIP la fórmula de solución es darle una dispensa a la AFIP para no proseguir con la acción penal cuando así lo considere. De esta forma, cuando el contribuyente pueda demostrar fehacientemente que hubo un error involuntario, hace una presentación espontánea porque no respondió por ejemplo a una inspección de AFIP que lo puso en riesgo y ante esa situación el contribuyente decidió explicitar su situación, el error o la evasión -llámenlo como quieran-, la AFIP va a tener las atribuciones de seguir o no con la acción penal y considerar si el contribuyente actuó de mala fe. Así que hay una dispensa a la AFIP para proseguir o no con la acción penal según cada caso.
Se pidió también la actualización de los montos para la penal tributaria, y hemos elevado de 10 a 15 millones el monto para ser calificada como una acción susceptible de seguir el procedimiento penal tributario.
En materia de mutuales y cooperativas, ya se ha mencionado que estamos introduciendo una deducción especial para las mutuales establecida en un millón de pesos por los gastos efectuados en servicios sociales, educativos, culturales o deportivos, de modo tal de darle a las pequeñas mutuales -que genuinamente obtienen sus ingresos a partir de ayuda económica, de depósitos de sus asociados, lo que permite otorgarles créditos- una deducción especial para no ser alcanzados y generar de esta forma una progresividad que deje afuera a las más chicas, aquellas mutuales que a veces financian el club del pueblo y que además cumplen un rol social en lugares donde no hay entidades financieras tradicionales. Esto también se ha incorporado.
En cuanto a los impuestos al tabaco, la propuesta del Poder Ejecutivo seguía los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente sugieren poner precios mínimos de acceso a los productos del tabaco más que alícuotas o impuestos ad valorem, los cuales cuando se aplican sobre productos de muy bajo precio tienen un impacto reducido. De modo tal que el proyecto del Poder Ejecutivo no alteraba la carga tributaria total, dado que el año pasado la Argentina ha elevado fuertemente el impuesto al tabaco y llegó a uno de los niveles más altos de la región y del mundo -con algunas excepciones-, precisamente porque creemos que son productos nocivos para la salud. Pero no queremos excedernos en la carga tributaria total, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se subió el impuesto mínimo que estaba originalmente de 22 a 28 pesos por atado y se redujo la alícuota ad valorem del 75 al 70 por ciento. Este cambio tenía algunas implicancias sobre los precios relativos de la industria, y hemos llegado a una fórmula de consenso que busca un punto intermedio entre la reforma del Poder Ejecutivo y lo que había, llevando el impuesto mínimo que estaba en 22 pesos y que había pasado a 28, a 25 pesos.
Y, la alícuota -que estaba en 75 por ciento y había pasado a 70-, a 73 por ciento.
De esta forma se logra mantener la carga tributaria total, modificando levemente el componente fijo respecto del componente ad valorem, poniendo un punto intermedio entre lo que era la propuesta del Ejecutivo y otras propuestas que han hecho llegar los señores diputados.
Hemos incorporado también herramientas muy fuertes de fiscalización para reducir la evasión y el contrabando, que obviamente se dan cuando existe una carga tributaria tan alta como la que hoy tiene la Argentina. Esto no solo redundará en una mayor recaudación sino también en un aumento de los montos destinados al Fondo Especial del Tabaco y, obviamente, en un control más estricto del cumplimiento de los impuestos y de los precios mínimos, de modo tal de tener el impacto deseado sobre el consumo y, por lo tanto, sobre la salud.
En cuanto al ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, respecto del cual se había modificado una asignación específica, hemos incluido -para clarificar y dar certidumbre respecto de la continuidad de las actividades de dicha institución en materia de entrenamiento de atletas para los juegos olímpicos y tantas otras actividades- un monto fijo de unos 900 millones -que creo que es más de lo que venía recibiendo- que se ajustará en línea con la variación del gasto primario del gobierno nacional, de modo tal de darle una evolución pari passu con lo que ocurra con el resto de los componentes del gasto primario de la administración pública nacional. De esta forma creo que despejamos una duda que había surgido al principio -sobre la cual habían llegado varios comentarios- respecto de la necesidad de asegurar el financiamiento para el ENARD.
Para finalizar quiero decirles que, por una cuestión de prolijidad en la presentación, hemos incorporado a este dictamen como Título X la ley de Revalúo Impositivo y Contable que teníamos a la vista para su tratamiento. El Capítulo I es sobre Revalúo Impositivo, el Capítulo II sobre Revalúo Contable y el Capítulo III refiere a Otras Disposiciones.
Esto lo hemos hecho por una cuestión de prolijidad. La ley de reforma tributaria ya hacía referencia a determinadas consideraciones de ajustes o actualizaciones contables o impositivas hacia adelante y nos pareció que lo más adecuado era incorporar en un solo dictamen, en un solo proyecto, la ley de revalúo con las nuevas disposiciones en materia de aplicación de revalúo de bienes para determinadas inversiones.
Yo diría que estos son los cambios principales -o los más importantes- que hemos realizado en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Después hay otros cambios que también, si quieren, podemos discutir.
Con esto doy por finalizada mi intervención.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
En cuanto al impuesto a los combustibles y el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono, hemos hecho también una modificación con la siguiente inteligencia: hoy la Argentina tiene una matriz energética que a diferencia de otros países está fuertemente inclinada hacia el gas, que es de las energías fósiles no renovables, posiblemente la más limpia.
Países de Europa que tienen sus matrices energéticas fundamentalmente basadas en el carbón -que obviamente es mucho más contaminante que el gas-, están haciendo esfuerzos para mudarlas al gas a fin de reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Argentina hoy tiene no solo una matriz mucho más volcada al gas sino también el potencial de producir en Vaca Muerta más de esa energía relativamente limpia en comparación con sus sustitutos más cercanos.
Es por ello que se ha modificado en dos sentidos el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, se exceptúa al gas ya que actualmente es la energía fósil no renovable más limpia que tenemos. La segunda modificación introducida está relacionada con la cuantía del impuesto. Antes se aplicaba un impuesto de 25 dólares por tonelada de emisión de dióxido de carbono, ahora se ha reducido a 10 dólares por tonelada. Esto nos deja en línea con otros países del mundo.
Al avanzar con este impuesto de una manera razonable y equilibrada, la Argentina está dando señales de que se dirige hacia una matriz energética más sustentable. Además, nos ponemos en la línea de vanguardia junto con muchos países que ya están avanzando en este tipo de tributación basada en cuestiones medio ambientales.
Pienso que el proyecto modificado nos ubica en una situación más equilibrada respecto al impacto que este impuesto podría tener en algunas industrias aguas abajo y también incentiva fundamentalmente el uso del gas que, insisto, hoy por hoy es una energía relativamente limpia.
Además, en el debate de ayer se planteó -creo que lo hizo el diputado Bossio- una cuestión que se viene discutiendo hace varios días. Me refiero a las contingencias legales que podrían surgir por la eliminación del tope a los aportes personales fijado en 82 mil pesos, dado que sin una correcta revisión de los topes jubilatorios que hoy se aplican se podría desencadenar una serie de litigios judiciales. Por este motivo, y precisamente para evitar esta judicialización, el dictamen no elimina el tope de los aportes personales fijado en 82 mil pesos.
En relación con el procedimiento tributario, ayer también se mencionó la cuestión de la "bala de plata", que consiste en la posibilidad que tiene un contribuyente de hacer una presentación espontánea para corregir sus declaraciones de ganancias o patrimoniales al advertir algún error o alguna inconsistencia. Básicamente se planteó que la redacción tal como estaba dejaba sin posibilidad de presentarse ante la AFIP a algunos contribuyentes que realmente habían cometido un error involuntario en su presentación e, incluso, si ese error superaba un determinado monto eran pasibles de acción penal. Es decir, se le daba muchísima rigidez al sistema para corregir de manera voluntaria esos errores.
Hace tiempo que se viene discutiendo esta cuestión ya que la AFIP ha tenido muchos problemas legales y judiciales para poder aplicar y darle sentido a esta presentación voluntaria. Entre otras cosas, se discutía cuándo se consideraba voluntaria y cuándo respondía a una intimación o a una acción de la AFIP que generaba los incentivos para corregir una eventual evasión.
Había una zona gris, que precisamente se intentó modificar con esta utilización de la bala de plata -como dice la expresión- por única vez. Lo que se ha incorporado como fórmula de consenso entre las dos posibilidades: utilizar este mecanismo de corrección de la bala de plata por única vez por contribuyente, o un mecanismo que sistemáticamente pudiera ir corrigiéndose, por ejemplo en el caso de un contribuyente de mala fe que percibiera riesgos de ser encontrado en infracción por la AFIP la fórmula de solución es darle una dispensa a la AFIP para no proseguir con la acción penal cuando así lo considere. De esta forma, cuando el contribuyente pueda demostrar fehacientemente que hubo un error involuntario, hace una presentación espontánea porque no respondió por ejemplo a una inspección de AFIP que lo puso en riesgo y ante esa situación el contribuyente decidió explicitar su situación, el error o la evasión -llámenlo como quieran-, la AFIP va a tener las atribuciones de seguir o no con la acción penal y considerar si el contribuyente actuó de mala fe. Así que hay una dispensa a la AFIP para proseguir o no con la acción penal según cada caso.
Se pidió también la actualización de los montos para la penal tributaria, y hemos elevado de 10 a 15 millones el monto para ser calificada como una acción susceptible de seguir el procedimiento penal tributario.
En materia de mutuales y cooperativas, ya se ha mencionado que estamos introduciendo una deducción especial para las mutuales establecida en un millón de pesos por los gastos efectuados en servicios sociales, educativos, culturales o deportivos, de modo tal de darle a las pequeñas mutuales -que genuinamente obtienen sus ingresos a partir de ayuda económica, de depósitos de sus asociados, lo que permite otorgarles créditos- una deducción especial para no ser alcanzados y generar de esta forma una progresividad que deje afuera a las más chicas, aquellas mutuales que a veces financian el club del pueblo y que además cumplen un rol social en lugares donde no hay entidades financieras tradicionales. Esto también se ha incorporado.
En cuanto a los impuestos al tabaco, la propuesta del Poder Ejecutivo seguía los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente sugieren poner precios mínimos de acceso a los productos del tabaco más que alícuotas o impuestos ad valorem, los cuales cuando se aplican sobre productos de muy bajo precio tienen un impacto reducido. De modo tal que el proyecto del Poder Ejecutivo no alteraba la carga tributaria total, dado que el año pasado la Argentina ha elevado fuertemente el impuesto al tabaco y llegó a uno de los niveles más altos de la región y del mundo -con algunas excepciones-, precisamente porque creemos que son productos nocivos para la salud. Pero no queremos excedernos en la carga tributaria total, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se subió el impuesto mínimo que estaba originalmente de 22 a 28 pesos por atado y se redujo la alícuota ad valorem del 75 al 70 por ciento. Este cambio tenía algunas implicancias sobre los precios relativos de la industria, y hemos llegado a una fórmula de consenso que busca un punto intermedio entre la reforma del Poder Ejecutivo y lo que había, llevando el impuesto mínimo que estaba en 22 pesos y que había pasado a 28, a 25 pesos.
Y, la alícuota -que estaba en 75 por ciento y había pasado a 70-, a 73 por ciento.
De esta forma se logra mantener la carga tributaria total, modificando levemente el componente fijo respecto del componente ad valorem, poniendo un punto intermedio entre lo que era la propuesta del Ejecutivo y otras propuestas que han hecho llegar los señores diputados.
Hemos incorporado también herramientas muy fuertes de fiscalización para reducir la evasión y el contrabando, que obviamente se dan cuando existe una carga tributaria tan alta como la que hoy tiene la Argentina. Esto no solo redundará en una mayor recaudación sino también en un aumento de los montos destinados al Fondo Especial del Tabaco y, obviamente, en un control más estricto del cumplimiento de los impuestos y de los precios mínimos, de modo tal de tener el impacto deseado sobre el consumo y, por lo tanto, sobre la salud.
En cuanto al ENARD, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, respecto del cual se había modificado una asignación específica, hemos incluido -para clarificar y dar certidumbre respecto de la continuidad de las actividades de dicha institución en materia de entrenamiento de atletas para los juegos olímpicos y tantas otras actividades- un monto fijo de unos 900 millones -que creo que es más de lo que venía recibiendo- que se ajustará en línea con la variación del gasto primario del gobierno nacional, de modo tal de darle una evolución pari passu con lo que ocurra con el resto de los componentes del gasto primario de la administración pública nacional. De esta forma creo que despejamos una duda que había surgido al principio -sobre la cual habían llegado varios comentarios- respecto de la necesidad de asegurar el financiamiento para el ENARD.
Para finalizar quiero decirles que, por una cuestión de prolijidad en la presentación, hemos incorporado a este dictamen como Título X la ley de Revalúo Impositivo y Contable que teníamos a la vista para su tratamiento. El Capítulo I es sobre Revalúo Impositivo, el Capítulo II sobre Revalúo Contable y el Capítulo III refiere a Otras Disposiciones.
Esto lo hemos hecho por una cuestión de prolijidad. La ley de reforma tributaria ya hacía referencia a determinadas consideraciones de ajustes o actualizaciones contables o impositivas hacia adelante y nos pareció que lo más adecuado era incorporar en un solo dictamen, en un solo proyecto, la ley de revalúo con las nuevas disposiciones en materia de aplicación de revalúo de bienes para determinadas inversiones.
Yo diría que estos son los cambios principales -o los más importantes- que hemos realizado en el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Después hay otros cambios que también, si quieren, podemos discutir.
Con esto doy por finalizada mi intervención.
Tiene la palabra el señor diputado Borsani.
SR. BORSANI Señor presidente: observamos que en estas horas se ha trabajado muy productivamente en el sentido de incorporar muchas de las inquietudes y propuestas de los señores diputados a los efectos de mejorar el proyecto que estamos analizando.
Con beneplácito vemos que el planteo que realizáramos ayer con el diputado Benedetti para armonizar las alícuotas vinculadas a las canastas alimenticias -especialmente respecto de las carnes- está incluido.
Vemos que también en el caso de las cervezas se vuelve al porcentaje que originalmente figuraba en el proyecto Poder Ejecutivo, del 17 por ciento.
A nuestro criterio y conforme habíamos analizado con el presidente de la comisión, quedaría refinar el texto definitivo -de aquí a que firmemos el dictamen, que espero sea en el día de hoy y luego en su tratamiento en el plenario del recinto- del artículo sobre las bebidas azucaradas y en lo que específicamente hace a la edulcoración con jugos naturales.
Hay que analizar asuntos de dos naturalezas distintas: por un lado, si es posible en los porcentajes incluidos en el artículo la edulcoración desde el punto de vista técnico; por el otro, si es suficiente aliciente para las industrias y economías regionales los porcentajes deducibles del impuesto interno planteado en el artículo 26.
Por lo tanto, vamos a acompañar e impulsar la firma de este dictamen y en las próximas horas, como decía, vamos a seguir trabajando para refinar el texto de algunos otros artículos que puedan haber quedado con necesidad de que sean modificados.
Con beneplácito vemos que el planteo que realizáramos ayer con el diputado Benedetti para armonizar las alícuotas vinculadas a las canastas alimenticias -especialmente respecto de las carnes- está incluido.
Vemos que también en el caso de las cervezas se vuelve al porcentaje que originalmente figuraba en el proyecto Poder Ejecutivo, del 17 por ciento.
A nuestro criterio y conforme habíamos analizado con el presidente de la comisión, quedaría refinar el texto definitivo -de aquí a que firmemos el dictamen, que espero sea en el día de hoy y luego en su tratamiento en el plenario del recinto- del artículo sobre las bebidas azucaradas y en lo que específicamente hace a la edulcoración con jugos naturales.
Hay que analizar asuntos de dos naturalezas distintas: por un lado, si es posible en los porcentajes incluidos en el artículo la edulcoración desde el punto de vista técnico; por el otro, si es suficiente aliciente para las industrias y economías regionales los porcentajes deducibles del impuesto interno planteado en el artículo 26.
Por lo tanto, vamos a acompañar e impulsar la firma de este dictamen y en las próximas horas, como decía, vamos a seguir trabajando para refinar el texto de algunos otros artículos que puedan haber quedado con necesidad de que sean modificados.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Basterra.
SR. BASTERRA Señor presidente: en cuanto a este artículo no terminamos de ver en la versión corregida, nuevamente corregida, y nuevamente corregida, los beneficios que tiene promover el consumo de bebidas básicamente saborizadas con jugos de fruta.
En la ley vigente se hace una clara discriminación entre el contenido de distintos porcentajes de jugos de frutas en la bebida y, por lo tanto, el tratamiento impositivo. Pero acá se lo liga, por lo que podemos ver, al porcentaje de edulcoración con azúcares. Entendemos que son dos materias distintas.
En su momento discutimos y aprobamos en comisión la posibilidad de modificar la imposición de bebidas analcohólicas de acuerdo con el porcentaje de jugo de fruta contenido en la misma y, a la vez, por el contenido de mosto en la edulcoración. Se trata de dos categorías distintas que caracterizan a las bebidas analcohólicas, que en este caso no quedan en claro.
Por ello, nos parece que tendría que abrirse un espacio para poder discutir en detalle y que no se liguen dos aspectos que no son sinérgicos o antagónicos en cuanto al sentido de promover salud a través de una base impositiva diferencial.
En la ley vigente se hace una clara discriminación entre el contenido de distintos porcentajes de jugos de frutas en la bebida y, por lo tanto, el tratamiento impositivo. Pero acá se lo liga, por lo que podemos ver, al porcentaje de edulcoración con azúcares. Entendemos que son dos materias distintas.
En su momento discutimos y aprobamos en comisión la posibilidad de modificar la imposición de bebidas analcohólicas de acuerdo con el porcentaje de jugo de fruta contenido en la misma y, a la vez, por el contenido de mosto en la edulcoración. Se trata de dos categorías distintas que caracterizan a las bebidas analcohólicas, que en este caso no quedan en claro.
Por ello, nos parece que tendría que abrirse un espacio para poder discutir en detalle y que no se liguen dos aspectos que no son sinérgicos o antagónicos en cuanto al sentido de promover salud a través de una base impositiva diferencial.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Carmona.
SR. CARMONA Señor presidente: pareciera ser una cuestión poco justificada discutir el tema de las bebidas analcohólicas en el contexto de una reforma tributaria que es absolutamente regresiva.
Las objeciones por parte de nuestro bloque al proyecto en general las va a plantear el diputado Kicillof. Pero en este tema, que impacta fuertísimamente en las economías regionales -particularmente en las vinculadas con la producción de bebidas alcohólicas y analcohólicas- realmente merece una reflexión.
Por lo que veíamos en el dictamen de mayoría, el artículo 108 -creo que esa es la versión definitiva- modifica al artículo 26 de la ley de impuestos internos en relación con las bebidas analcohólicas.
Al respecto quiero hacer una consideración general. Se está poniendo en la misma categoría a las bebidas edulcoradas con azúcares provenientes de productos naturales, como el producto azúcar o el mosto, y al jarabe de maíz.
Justamente, nosotros venimos advirtiendo que el tratamiento no puede ser el mismo. Si el artículo 108 del dictamen modifica el artículo 26 de la ley de impuestos internos incorporando entre los azúcares al azúcar de caña y al mosto de uva en las mismas condiciones que el jarabe de maíz, entonces tenemos que decir que no estamos de acuerdo. El jarabe de maíz ha sido categóricamente calificado como un producto perjudicial para la salud, es decir, como un veneno. Señor presidente: hay países que ya han prohibido su uso.
Por lo tanto, solicitamos que en relación con este aspecto que impacta de manera muy dura en las provincias norteñas productoras de azúcar de caña y en las provincias vitivinícolas -especialmente Mendoza y San Juan-, se haga un tratamiento diferenciado de los azúcares. Es decir, pedimos que se establezca claramente un criterio diferenciado para aquellos productos, como el azúcar de caña y el mosto, que no son perjudiciales en el grado que lo es el jarabe de alta fructuosa de maíz.
Por otro lado, quiero hacer una breve referencia a las bebidas alcohólicas. Nosotros resistimos la imposición de una alícuota al vino. Hubo mucha tensión entre el gobierno nacional y las provincias vitivinícolas, la que quedó manifestada en las duras posiciones mantenidas por los gobernadores y legisladores de las distintas fuerzas políticas que rechazamos esta pretensión y, especialmente, por los sectores de la producción y del trabajo afectados. De esta forma se logró modificar esa situación y, en ese sentido, reconocemos el hecho de que el gobierno nacional haya dado marcha atrás con esa medida.
Sin embargo, si bien se anunció -al menos lo hizo el gobernador de mi provincia, Mendoza- que se volvía a cero respecto de los llamados "vinos tranquilos" -que son aquellos sin gasificación- y los espumantes, hoy nos encontramos con que los espumantes siguen gravados e hipotéticamente quedarían sujetos a una exención por decreto. Nosotros consideramos que ese mecanismo tiene que desaparecer.
Por eso, pedimos que se incorporen los vinos tranquilos y los vinos espumantes y que tengan el mismo tratamiento frente a este tema. Esto es vital para el desarrollo de una actividad que ha crecido significativamente en las provincias vitivinícolas y creemos que tiene que seguir siendo promovida.
Las objeciones por parte de nuestro bloque al proyecto en general las va a plantear el diputado Kicillof. Pero en este tema, que impacta fuertísimamente en las economías regionales -particularmente en las vinculadas con la producción de bebidas alcohólicas y analcohólicas- realmente merece una reflexión.
Por lo que veíamos en el dictamen de mayoría, el artículo 108 -creo que esa es la versión definitiva- modifica al artículo 26 de la ley de impuestos internos en relación con las bebidas analcohólicas.
Al respecto quiero hacer una consideración general. Se está poniendo en la misma categoría a las bebidas edulcoradas con azúcares provenientes de productos naturales, como el producto azúcar o el mosto, y al jarabe de maíz.
Justamente, nosotros venimos advirtiendo que el tratamiento no puede ser el mismo. Si el artículo 108 del dictamen modifica el artículo 26 de la ley de impuestos internos incorporando entre los azúcares al azúcar de caña y al mosto de uva en las mismas condiciones que el jarabe de maíz, entonces tenemos que decir que no estamos de acuerdo. El jarabe de maíz ha sido categóricamente calificado como un producto perjudicial para la salud, es decir, como un veneno. Señor presidente: hay países que ya han prohibido su uso.
Por lo tanto, solicitamos que en relación con este aspecto que impacta de manera muy dura en las provincias norteñas productoras de azúcar de caña y en las provincias vitivinícolas -especialmente Mendoza y San Juan-, se haga un tratamiento diferenciado de los azúcares. Es decir, pedimos que se establezca claramente un criterio diferenciado para aquellos productos, como el azúcar de caña y el mosto, que no son perjudiciales en el grado que lo es el jarabe de alta fructuosa de maíz.
Por otro lado, quiero hacer una breve referencia a las bebidas alcohólicas. Nosotros resistimos la imposición de una alícuota al vino. Hubo mucha tensión entre el gobierno nacional y las provincias vitivinícolas, la que quedó manifestada en las duras posiciones mantenidas por los gobernadores y legisladores de las distintas fuerzas políticas que rechazamos esta pretensión y, especialmente, por los sectores de la producción y del trabajo afectados. De esta forma se logró modificar esa situación y, en ese sentido, reconocemos el hecho de que el gobierno nacional haya dado marcha atrás con esa medida.
Sin embargo, si bien se anunció -al menos lo hizo el gobernador de mi provincia, Mendoza- que se volvía a cero respecto de los llamados "vinos tranquilos" -que son aquellos sin gasificación- y los espumantes, hoy nos encontramos con que los espumantes siguen gravados e hipotéticamente quedarían sujetos a una exención por decreto. Nosotros consideramos que ese mecanismo tiene que desaparecer.
Por eso, pedimos que se incorporen los vinos tranquilos y los vinos espumantes y que tengan el mismo tratamiento frente a este tema. Esto es vital para el desarrollo de una actividad que ha crecido significativamente en las provincias vitivinícolas y creemos que tiene que seguir siendo promovida.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Kicillof.
SR. KICILLOF Señor presidente: tal como se puede inferir de nuestras expresiones del día de ayer, no estamos de acuerdo con el proyecto en discusión ni con el método.
Estamos observando cómo los diputados oficialistas y aquellos que estén dispuestos a firmar el dictamen de minoría van a proponer al Congreso de la Nación que apruebe una reforma tributaria cuyos efectos económicos desconocemos. En efecto, no se han evaluado los impactos de esta reforma.
Teníamos una versión del proyecto absolutamente provisoria y previa a los cambios que se introdujeron después. Es decir, este Congreso decidirá cambiar los impuestos de la República a ciegas, sin saber cómo se van afectar los ingresos o las actividades en particular y sin ningún tipo de estimación.
Ayer pedimos que se hiciera un estudio serio y que se dieran los tiempos correspondientes. Sabemos que tanto esta reforma como otras tantas del Poder Ejecutivo estuvieron guardadas en un cajón hasta después de las elecciones. Todo el "paquetazo" y el plan de ajuste estuvo guardado y preparado, pero solo ahora se desempolva cuando el pueblo argentino ya votó, desconociendo los planes que ya habían elaborado para aplicar después de las elecciones. Pero en este caso nos encontramos con que ni siquiera tenemos una guía para saber qué piensa el Ejecutivo, ni siquiera para cuestionar cuáles son las hipótesis que toma para estimar esos efectos.
Sí vemos el sentido de esta reforma. Tal como debe haber quedado en claro ayer -y lo vamos a repetir-, nuestro bloque va a rechazar este proyecto porque tiene un carácter general que se basa en falsos diagnósticos. Se dice que se van a reducir los impuestos porque la Argentina cuenta con una pesada carga tributaria. La verdad es que ayer no logré que en el rato que estuvo el ministro explicara a qué se refería. Sí me referí a los gráficos que nos acercaron y a los estudios que hay -para no referirme a los millones de estudios que obran al respecto- diciendo que la Argentina no tiene una elevada carga tributaria para su nivel de producto bruto interno per cápita. Está en el medio de la tabla: debajo de los países de la OCDE y por encima de los países de Latinoamérica de menor grado de desarrollo relativo. La única correlación que conocemos es que cuanto más desarrollado es el país, más impuestos se cobran. Pero lo que ustedes quieren explicar es que hay una causalidad inversa: que nosotros deberíamos bajar los impuestos por ser menos desarrollados cuando nosotros lo que entendemos es que al cobrar impuestos y al tener un Estado activo se logra el desarrollo. Así que en ese sentido está mal planteada la premisa, y de las falsas premisas se obtienen falsas conclusiones.
Pero la verdad es que son excusas, porque cuando uno mira el proyecto no es una cuestión de tirar al bulto y bajar la presión tributaria 2 puntos, considerando que ya se bajó 2 puntos el año pasado. ¿Cómo la bajaron? Perdonando impuestos a los que más tienen. Entonces, no es "bajamos la carga tributaria", porque no tocaron ninguno de los impuestos que afectan a los consumos populares. No es por ahí.
Incluso, cuando aparecieron lineamientos de afectar los impuestos al consumo, eran todos para subirlos, es decir un castigo a los sectores populares. No quiero referirme al lobby, porque legítimamente se había hecho una gran improvisación, aunque el gobierno se rasga las vestiduras. Pero hay mucho déficit en un gobierno que trinaba porque el déficit era altísimo. Todo el mundo sabe que está subiendo el déficit fiscal. ¿Qué pasó? Quitaron impuestos a los sectores más privilegiados.
Además, generaron una economía recesiva que consume menos, gasta menos y entonces se recaudan menos impuestos en la economía en general. Ni hablar de las pymes que funden ni de los trabajadores que quedan en la calle, que no pagan impuestos porque no consumen y ni siquiera tienen el estatus de trabajador. También hay un deterioro en las condiciones de trabajo registrado, porque ahora cuentan como empleo el de aquellos que perdieron su trabajo registrado y son monotributistas. ¿Eso es creación de empleo? El empleo industrial cayó casi 70.000 puestos, que era el mejor que teníamos.
Nada de esto corrige esta situación económica ni la regresividad del sistema argentino, porque se considera en el mundo que los impuestos directos a los sectores económicos -como las retenciones- son progresivos. Esos los quitan. Es decir que la reforma tiene el contenido de quitar impuestos a los sectores más concentrados, particularmente a las empresas de mayor envergadura.
Hemos hablado con las pymes sobre la creación de empleos con la famosa lluvia de inversiones de la que el gobierno habla, que no llegó con los buitres ni con el blanqueo. Con esto tampoco va a llegar, porque están eliminando el consumo popular y van a venir a invertir para llevarse recursos y venderlos afuera, hecho que tampoco pasó porque nuestras exportaciones no crecen, a pesar de haberle quitado retenciones y de haber generado inicialmente una devaluación que hoy se ha convertido -según la mayor parte de los sectores- en una apreciación cambiaria. Este es otro de los puntos que ustedes plantearon como problemático cuando asumieron la administración.
¿Qué quieren hacer? Generar empleo quitando contribuciones patronales.
Lo hemos conversado con el sector de las pymes. Las pymes que tienen 10 empleados y pagan contribuciones patronales por salarios de 20.000 pesos -que no son los menores- se ahorrarían 3.000 pesos, 300 por empleado. Ni siquiera van a contratar de la peor manera posible; y si lo hicieran porque ustedes les quitan impuestos, hay que ver qué pasa con quien pierde los fondos.
Por su parte, desde el gobierno se está comunicando que hay una crisis previsional en la Argentina; en este sentido, denunciamos que este proyecto profundiza el déficit previsional. Están quitando contribuciones patronales.
Tal como dijo hasta el propio viceministro en muchísimos trabajos, en los contextos en los que se estudió la opción la reducción de las contribuciones patronales nunca funcionó para la creación de empleo; tal vez este contexto sea distinto y se abra la lámpara de Aladino.
Y me refiero a las cuentas de una pyme. Se ahorraría 3 mil pesos si tuviera 10 empleados con sueldos de 20.000 pesos. Y no va a contratar a otros empleados, lo único que va a hacer es tener 3.000 pesos más, lo que no le mueve la aguja.
Ahora, si hablamos de una gran trasnacional o de una gran empresa con cinco mil u ocho mil empleados, las reducción será mayor debido al desequilibrio de alícuotas -que estaban bien fijadas; eran mejores para las regiones, para las pymes y para la industria; ahora son iguales para todos. Es decir, empeora la situación de los sectores más delicados. Lo que dicen es que, obviamente, al tener cinco mil trabajadores y ahorrar 300 pesos por trabajador, tendrán una ganancia. Pero no van a emplear más empleados, porque ya están echando gente y no tienen a quién venderles.
En el extremo de ese razonamiento el trabajo esclavo es bárbaro porque genera un montón de puestos. Cuando ustedes sacan contribuciones patronales no están haciendo una reducción de impuestos, bajando las cargas fiscales o el costo del trabajo.
Las contribuciones patronales son una parte del salario que va de los trabajadores activos a los trabajadores pasivos. Es el eje de nuestro sistema solidario, y con estas medidas ustedes contribuyen a su deterioro.
No podemos apoyar una reforma que tiene esta orientación general, sobre todo sabiendo que todos los enormes ahorros que hacen no se comparan ni remotamente con lo que -por ejemplo- se va a pagar este año por las LEBAC.
Me acuerdo de que usted decía que con el dólar futuro se evitó una devaluación pero que salió 50.000 millones de pesos.
Las LEBAC no tienen nada que ver con la inflación, más allá de que lo leamos todos los días en el diario. El problema de las LEBAC es que si no les dan esa tasa de interés a quienes tienen saldos ociosos -que no pueden invertir en otra cosa porque además tienen un negocio financiero-, se van al dólar y hacen una corrida. Ahora van a subir la tasa. Está en un 31 por ciento. Es decir, son rehenes de los especuladores. Pero esto no es gratis.
Esos 50.000 millones de pesos los tienen que comparar con los 330.000 millones de pesos que van a pagar solo en LEBAC este año, más los 230.000 que creo que pagaron el año pasado y lo que van a pagar en intereses de deuda.
Lo que se quieren ahorrar sacando del bolsillo de los jubilados -no sé quién se lo ahorra y de dónde- se irá en diez minutos por la canaleta de la deuda externa, que este gobierno ha ensanchado y cava todos los días para que sea bien ancha y gruesa.
La verdad, plantear en este contexto que quieren solucionar algo quitándole impuestos a quienes más tienen me parece que pasa por alto todos los graves problemas que hay.
Después, por supuesto, hay temas graves en sí mismos -como es el de las cooperativas- que no se subsanan. Hemos conversado con representantes del sector cooperativista. A todos los diputados les van a llegar montones de cartas, de esquelas y de mensajes del sector cooperativo de todo el país solicitándoles que hagan lo que tienen que hacer. No confundamos acá -precisamente acá-, conceptualmente, la ganancia de una empresa capitalista con el excedente que puede generar una cooperativa; no tiene nada que ver.
Estos artículos no tienen que existir. Es un error conceptual. Es inconstitucional. Es ilegal disponer que las cooperativas paguen impuesto a las ganancias. Es una contradicción en los hechos.
Deben quitar esos artículos. De esa forma nos ahorraremos un problema, no vamos a juicio y no matamos la actividad de miles de pueblos y millones de personas a lo largo y ancho del país.
Nosotros vamos a pedir que se saquen esos artículos, no que se haga nuevamente un parche con errores conceptuales.
No puede haber nada más distante a lo que se entiende por ganancias que los fondos que tienen que armar las cooperativas. Ni siquiera si se disuelven vuelven a los socios; va al Estado.
Eso está mal. Saquémoslo y listo. Creo que hay bastante consenso para que lo hagamos. Aprovechemos y hagámoslo ahora.
Por ello, reitero, vamos a firmar un dictamen contrario a este proyecto y, por supuesto, vamos a pedir que se restituyan impuestos que eran progresivos.
Las pymes no se van a salvar con los 300 pesos por empleado. Tampoco se va a generar más empleo. Lo que piden las pymes no es que le devuelvan los 300 pesos que corresponden al trabajador y a los jubilados; lo que piden es que le devuelvan la demanda, que le devuelvan el crédito, que le devuelvan la administración del comercio interior, que no pongan una tasa especulativa más alta que cualquier rentabilidad y tener capital de trabajo. Ahora le sacaron hasta la línea del Banco Central para pequeñas empresas productivas. En definitiva, piden que les devuelvan los factores que han generado en este país su posibilidad de crecimiento y existencia.
Por otro lado, y como contrapartida, que las pymes pidan que le devuelvan la demanda, es lo que nosotros venimos a defender porque, obviamente defendemos la producción, el trabajo y el bienestar del pueblo argentino.
En este Congreso se va contra los jubilados, contra los trabajadores, contra las condiciones de amplios sectores y contra los derechos adquiridos.
Por ello, nuestro bloque no va a convalidar este paquetazo de leyes que va en contra de los que menos tienen. (Aplausos.)
Estamos observando cómo los diputados oficialistas y aquellos que estén dispuestos a firmar el dictamen de minoría van a proponer al Congreso de la Nación que apruebe una reforma tributaria cuyos efectos económicos desconocemos. En efecto, no se han evaluado los impactos de esta reforma.
Teníamos una versión del proyecto absolutamente provisoria y previa a los cambios que se introdujeron después. Es decir, este Congreso decidirá cambiar los impuestos de la República a ciegas, sin saber cómo se van afectar los ingresos o las actividades en particular y sin ningún tipo de estimación.
Ayer pedimos que se hiciera un estudio serio y que se dieran los tiempos correspondientes. Sabemos que tanto esta reforma como otras tantas del Poder Ejecutivo estuvieron guardadas en un cajón hasta después de las elecciones. Todo el "paquetazo" y el plan de ajuste estuvo guardado y preparado, pero solo ahora se desempolva cuando el pueblo argentino ya votó, desconociendo los planes que ya habían elaborado para aplicar después de las elecciones. Pero en este caso nos encontramos con que ni siquiera tenemos una guía para saber qué piensa el Ejecutivo, ni siquiera para cuestionar cuáles son las hipótesis que toma para estimar esos efectos.
Sí vemos el sentido de esta reforma. Tal como debe haber quedado en claro ayer -y lo vamos a repetir-, nuestro bloque va a rechazar este proyecto porque tiene un carácter general que se basa en falsos diagnósticos. Se dice que se van a reducir los impuestos porque la Argentina cuenta con una pesada carga tributaria. La verdad es que ayer no logré que en el rato que estuvo el ministro explicara a qué se refería. Sí me referí a los gráficos que nos acercaron y a los estudios que hay -para no referirme a los millones de estudios que obran al respecto- diciendo que la Argentina no tiene una elevada carga tributaria para su nivel de producto bruto interno per cápita. Está en el medio de la tabla: debajo de los países de la OCDE y por encima de los países de Latinoamérica de menor grado de desarrollo relativo. La única correlación que conocemos es que cuanto más desarrollado es el país, más impuestos se cobran. Pero lo que ustedes quieren explicar es que hay una causalidad inversa: que nosotros deberíamos bajar los impuestos por ser menos desarrollados cuando nosotros lo que entendemos es que al cobrar impuestos y al tener un Estado activo se logra el desarrollo. Así que en ese sentido está mal planteada la premisa, y de las falsas premisas se obtienen falsas conclusiones.
Pero la verdad es que son excusas, porque cuando uno mira el proyecto no es una cuestión de tirar al bulto y bajar la presión tributaria 2 puntos, considerando que ya se bajó 2 puntos el año pasado. ¿Cómo la bajaron? Perdonando impuestos a los que más tienen. Entonces, no es "bajamos la carga tributaria", porque no tocaron ninguno de los impuestos que afectan a los consumos populares. No es por ahí.
Incluso, cuando aparecieron lineamientos de afectar los impuestos al consumo, eran todos para subirlos, es decir un castigo a los sectores populares. No quiero referirme al lobby, porque legítimamente se había hecho una gran improvisación, aunque el gobierno se rasga las vestiduras. Pero hay mucho déficit en un gobierno que trinaba porque el déficit era altísimo. Todo el mundo sabe que está subiendo el déficit fiscal. ¿Qué pasó? Quitaron impuestos a los sectores más privilegiados.
Además, generaron una economía recesiva que consume menos, gasta menos y entonces se recaudan menos impuestos en la economía en general. Ni hablar de las pymes que funden ni de los trabajadores que quedan en la calle, que no pagan impuestos porque no consumen y ni siquiera tienen el estatus de trabajador. También hay un deterioro en las condiciones de trabajo registrado, porque ahora cuentan como empleo el de aquellos que perdieron su trabajo registrado y son monotributistas. ¿Eso es creación de empleo? El empleo industrial cayó casi 70.000 puestos, que era el mejor que teníamos.
Nada de esto corrige esta situación económica ni la regresividad del sistema argentino, porque se considera en el mundo que los impuestos directos a los sectores económicos -como las retenciones- son progresivos. Esos los quitan. Es decir que la reforma tiene el contenido de quitar impuestos a los sectores más concentrados, particularmente a las empresas de mayor envergadura.
Hemos hablado con las pymes sobre la creación de empleos con la famosa lluvia de inversiones de la que el gobierno habla, que no llegó con los buitres ni con el blanqueo. Con esto tampoco va a llegar, porque están eliminando el consumo popular y van a venir a invertir para llevarse recursos y venderlos afuera, hecho que tampoco pasó porque nuestras exportaciones no crecen, a pesar de haberle quitado retenciones y de haber generado inicialmente una devaluación que hoy se ha convertido -según la mayor parte de los sectores- en una apreciación cambiaria. Este es otro de los puntos que ustedes plantearon como problemático cuando asumieron la administración.
¿Qué quieren hacer? Generar empleo quitando contribuciones patronales.
Lo hemos conversado con el sector de las pymes. Las pymes que tienen 10 empleados y pagan contribuciones patronales por salarios de 20.000 pesos -que no son los menores- se ahorrarían 3.000 pesos, 300 por empleado. Ni siquiera van a contratar de la peor manera posible; y si lo hicieran porque ustedes les quitan impuestos, hay que ver qué pasa con quien pierde los fondos.
Por su parte, desde el gobierno se está comunicando que hay una crisis previsional en la Argentina; en este sentido, denunciamos que este proyecto profundiza el déficit previsional. Están quitando contribuciones patronales.
Tal como dijo hasta el propio viceministro en muchísimos trabajos, en los contextos en los que se estudió la opción la reducción de las contribuciones patronales nunca funcionó para la creación de empleo; tal vez este contexto sea distinto y se abra la lámpara de Aladino.
Y me refiero a las cuentas de una pyme. Se ahorraría 3 mil pesos si tuviera 10 empleados con sueldos de 20.000 pesos. Y no va a contratar a otros empleados, lo único que va a hacer es tener 3.000 pesos más, lo que no le mueve la aguja.
Ahora, si hablamos de una gran trasnacional o de una gran empresa con cinco mil u ocho mil empleados, las reducción será mayor debido al desequilibrio de alícuotas -que estaban bien fijadas; eran mejores para las regiones, para las pymes y para la industria; ahora son iguales para todos. Es decir, empeora la situación de los sectores más delicados. Lo que dicen es que, obviamente, al tener cinco mil trabajadores y ahorrar 300 pesos por trabajador, tendrán una ganancia. Pero no van a emplear más empleados, porque ya están echando gente y no tienen a quién venderles.
En el extremo de ese razonamiento el trabajo esclavo es bárbaro porque genera un montón de puestos. Cuando ustedes sacan contribuciones patronales no están haciendo una reducción de impuestos, bajando las cargas fiscales o el costo del trabajo.
Las contribuciones patronales son una parte del salario que va de los trabajadores activos a los trabajadores pasivos. Es el eje de nuestro sistema solidario, y con estas medidas ustedes contribuyen a su deterioro.
No podemos apoyar una reforma que tiene esta orientación general, sobre todo sabiendo que todos los enormes ahorros que hacen no se comparan ni remotamente con lo que -por ejemplo- se va a pagar este año por las LEBAC.
Me acuerdo de que usted decía que con el dólar futuro se evitó una devaluación pero que salió 50.000 millones de pesos.
Las LEBAC no tienen nada que ver con la inflación, más allá de que lo leamos todos los días en el diario. El problema de las LEBAC es que si no les dan esa tasa de interés a quienes tienen saldos ociosos -que no pueden invertir en otra cosa porque además tienen un negocio financiero-, se van al dólar y hacen una corrida. Ahora van a subir la tasa. Está en un 31 por ciento. Es decir, son rehenes de los especuladores. Pero esto no es gratis.
Esos 50.000 millones de pesos los tienen que comparar con los 330.000 millones de pesos que van a pagar solo en LEBAC este año, más los 230.000 que creo que pagaron el año pasado y lo que van a pagar en intereses de deuda.
Lo que se quieren ahorrar sacando del bolsillo de los jubilados -no sé quién se lo ahorra y de dónde- se irá en diez minutos por la canaleta de la deuda externa, que este gobierno ha ensanchado y cava todos los días para que sea bien ancha y gruesa.
La verdad, plantear en este contexto que quieren solucionar algo quitándole impuestos a quienes más tienen me parece que pasa por alto todos los graves problemas que hay.
Después, por supuesto, hay temas graves en sí mismos -como es el de las cooperativas- que no se subsanan. Hemos conversado con representantes del sector cooperativista. A todos los diputados les van a llegar montones de cartas, de esquelas y de mensajes del sector cooperativo de todo el país solicitándoles que hagan lo que tienen que hacer. No confundamos acá -precisamente acá-, conceptualmente, la ganancia de una empresa capitalista con el excedente que puede generar una cooperativa; no tiene nada que ver.
Estos artículos no tienen que existir. Es un error conceptual. Es inconstitucional. Es ilegal disponer que las cooperativas paguen impuesto a las ganancias. Es una contradicción en los hechos.
Deben quitar esos artículos. De esa forma nos ahorraremos un problema, no vamos a juicio y no matamos la actividad de miles de pueblos y millones de personas a lo largo y ancho del país.
Nosotros vamos a pedir que se saquen esos artículos, no que se haga nuevamente un parche con errores conceptuales.
No puede haber nada más distante a lo que se entiende por ganancias que los fondos que tienen que armar las cooperativas. Ni siquiera si se disuelven vuelven a los socios; va al Estado.
Eso está mal. Saquémoslo y listo. Creo que hay bastante consenso para que lo hagamos. Aprovechemos y hagámoslo ahora.
Por ello, reitero, vamos a firmar un dictamen contrario a este proyecto y, por supuesto, vamos a pedir que se restituyan impuestos que eran progresivos.
Las pymes no se van a salvar con los 300 pesos por empleado. Tampoco se va a generar más empleo. Lo que piden las pymes no es que le devuelvan los 300 pesos que corresponden al trabajador y a los jubilados; lo que piden es que le devuelvan la demanda, que le devuelvan el crédito, que le devuelvan la administración del comercio interior, que no pongan una tasa especulativa más alta que cualquier rentabilidad y tener capital de trabajo. Ahora le sacaron hasta la línea del Banco Central para pequeñas empresas productivas. En definitiva, piden que les devuelvan los factores que han generado en este país su posibilidad de crecimiento y existencia.
Por otro lado, y como contrapartida, que las pymes pidan que le devuelvan la demanda, es lo que nosotros venimos a defender porque, obviamente defendemos la producción, el trabajo y el bienestar del pueblo argentino.
En este Congreso se va contra los jubilados, contra los trabajadores, contra las condiciones de amplios sectores y contra los derechos adquiridos.
Por ello, nuestro bloque no va a convalidar este paquetazo de leyes que va en contra de los que menos tienen. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE LASPINA Voy a responder algunas cosas puntuales en honor a este debate que creo que es fructífero.
En materia de jarabe de maíz estamos siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto al tratamiento equiparado de todo lo que sean formas de agregar azúcar a las bebidas azucaradas.
De modo tal que no tenemos una recomendación de un tratamiento diferencial respecto a este tema. Eventualmente se puede volver a considerar, pero la verdad es que el Ministerio de Salud no ha hecho ningún tipo de distinción y ha estado de acuerdo con el proyecto que envió del Poder Ejecutivo.
En materia de jarabe de maíz estamos siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto al tratamiento equiparado de todo lo que sean formas de agregar azúcar a las bebidas azucaradas.
De modo tal que no tenemos una recomendación de un tratamiento diferencial respecto a este tema. Eventualmente se puede volver a considerar, pero la verdad es que el Ministerio de Salud no ha hecho ningún tipo de distinción y ha estado de acuerdo con el proyecto que envió del Poder Ejecutivo.
SR. CARMONA Disculpe la interrupción, señor presidente, pero quiero hacerle una pregunta al respecto. ¿Ustedes tienen algún documento donde el ministerio exprese esto?
Se lo pregunto porque no hace más de tres años, cuando nosotros pedimos el tratamiento en la comisión para la incorporación de mosto con un tratamiento diferenciado, vinieron los funcionarios de planta y técnicos del Ministerio de Salud y nos expresaron un criterio distinto.
Lo que queremos saber es si la actual gestión del Ministerio de Salud ha cambiado ese criterio. Porque se sostenía un criterio para el jarabe de maíz y otro claramente diferenciado para azúcar de caña, mosto, etcétera.
Por eso, quiero saber si ustedes tienen un documento que nosotros podamos consultar al respecto para saber precisamente cuál es la posición del Ministerio de Salud en este momento.
Se lo pregunto porque no hace más de tres años, cuando nosotros pedimos el tratamiento en la comisión para la incorporación de mosto con un tratamiento diferenciado, vinieron los funcionarios de planta y técnicos del Ministerio de Salud y nos expresaron un criterio distinto.
Lo que queremos saber es si la actual gestión del Ministerio de Salud ha cambiado ese criterio. Porque se sostenía un criterio para el jarabe de maíz y otro claramente diferenciado para azúcar de caña, mosto, etcétera.
Por eso, quiero saber si ustedes tienen un documento que nosotros podamos consultar al respecto para saber precisamente cuál es la posición del Ministerio de Salud en este momento.
SR. PRESIDENTE LASPINA Se lo vamos a pedir al Ministerio de Salud, señor diputado Carmona.
En cuanto a los espumantes, no se modifica el tratamiento al igual que lo que ocurre con los vinos. La posición es que, dado que no se alteró en nada el tratamiento impositivo que se le da a los vinos, tampoco se alteró en los espumantes. De modo tal que queda en la situación actual.
Las modificaciones que estamos haciendo al proyecto del Poder Ejecutivo -los números fueron enviados hace unos minutos por correo electrónico- y las estimaciones del impacto fiscal de esta reforma, son bastante marginales en términos de recaudación, por no decir insignificantes. Lo que estamos modificando son algunos tratamientos de alícuotas de impuestos internos.
En el día de ayer ya debatimos de manera bastante extensa el fondo de este proyecto y su filosofía por lo que no sé si conviene hoy reabrir ese debate; no se ha alterado en lo sustancial.
También recuerdo que el año pasado cuando esta Cámara aprobó una fuerte reforma del impuesto a las ganancias -uno de los tributos más importantes que tiene la Argentina-, fue en base a un proyecto de la oposición que se consensuó rápidamente y se aprobó sin estimaciones oficiales de cómputos.
Aspiro a que la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación funcione cuanto antes a fin de que las futuras discusiones en materias fiscal y tributaria puedan llevarse adelante con su asesoramiento técnico para, precisamente, enriquecer la discusión. Pero esto lleva un tiempo. Este año hemos dado pasos muy importantes en ese sentido y creemos que a mediados del próximo año ya vamos a tener esa oficina en pleno funcionamiento, si todo sale bien y tenemos el financiamiento adecuado. De hecho, ese financiamiento va a incorporarse cuando se trate el proyecto de ley de presupuesto.
En cuanto a la presión tributaria, repito lo que ayer dijo el ministro: la presión tributaria efectiva de la Argentina es alta cuando uno la compara con otros países pero, en realidad, está muy lejos de la presión formal porque tenemos un altísimo nivel de evasión. En ese punto hay que hacer una distinción importante. Hay estudios internacionales que comparan la presión tributaria en materia de inversiones o ganancias corporativas y muestran que nuestro país está último en ese ranking de presión tributaria efectiva sobre las compañías.
Cuando uno observa los principales impuestos que afectan a las empresas, por no hablar de los consumidores, vemos que tenemos dos o tres impuestos que no existen en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que en esta reforma estamos atacando, e ingresos brutos. Este último impuesto ha sido parte del acuerdo fiscal con las provincias y será reducido paulatinamente, sobre todo en la producción primaria y en la industria.
Según los expertos, ingresos brutos implica una sobrealícuota de alrededor de 17 puntos. Es decir, si nos comparamos con Chile -asumiendo que es el mismo país, mismo tipo de cambio real, mismo costo logístico, mismo costo de producción y mismo costo laboral-, ese país de pique es 17 por ciento más barato que la Argentina porque no se tributa ingresos brutos.
Siempre digo que ese impuesto probablemente sea la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional. Esa carga impositiva que tiene nuestra industria no la tienen muchos productos que ingresan desde el exterior, ya que no necesitan atravesar tantas etapas productivas como sí atraviesan nuestros productos y acumulan en casada ese impuesto.
Insisto, ayer ya se debatió el centro de la reforma. No nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros creemos que es una reforma progresiva que incentiva la reinversión de utilidades y la creación de empleo, en particular de empleo menos calificado. El tiempo dirá.
Tiene la palabra el diputado Lipovetzky.
En cuanto a los espumantes, no se modifica el tratamiento al igual que lo que ocurre con los vinos. La posición es que, dado que no se alteró en nada el tratamiento impositivo que se le da a los vinos, tampoco se alteró en los espumantes. De modo tal que queda en la situación actual.
Las modificaciones que estamos haciendo al proyecto del Poder Ejecutivo -los números fueron enviados hace unos minutos por correo electrónico- y las estimaciones del impacto fiscal de esta reforma, son bastante marginales en términos de recaudación, por no decir insignificantes. Lo que estamos modificando son algunos tratamientos de alícuotas de impuestos internos.
En el día de ayer ya debatimos de manera bastante extensa el fondo de este proyecto y su filosofía por lo que no sé si conviene hoy reabrir ese debate; no se ha alterado en lo sustancial.
También recuerdo que el año pasado cuando esta Cámara aprobó una fuerte reforma del impuesto a las ganancias -uno de los tributos más importantes que tiene la Argentina-, fue en base a un proyecto de la oposición que se consensuó rápidamente y se aprobó sin estimaciones oficiales de cómputos.
Aspiro a que la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación funcione cuanto antes a fin de que las futuras discusiones en materias fiscal y tributaria puedan llevarse adelante con su asesoramiento técnico para, precisamente, enriquecer la discusión. Pero esto lleva un tiempo. Este año hemos dado pasos muy importantes en ese sentido y creemos que a mediados del próximo año ya vamos a tener esa oficina en pleno funcionamiento, si todo sale bien y tenemos el financiamiento adecuado. De hecho, ese financiamiento va a incorporarse cuando se trate el proyecto de ley de presupuesto.
En cuanto a la presión tributaria, repito lo que ayer dijo el ministro: la presión tributaria efectiva de la Argentina es alta cuando uno la compara con otros países pero, en realidad, está muy lejos de la presión formal porque tenemos un altísimo nivel de evasión. En ese punto hay que hacer una distinción importante. Hay estudios internacionales que comparan la presión tributaria en materia de inversiones o ganancias corporativas y muestran que nuestro país está último en ese ranking de presión tributaria efectiva sobre las compañías.
Cuando uno observa los principales impuestos que afectan a las empresas, por no hablar de los consumidores, vemos que tenemos dos o tres impuestos que no existen en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, el impuesto al cheque, que en esta reforma estamos atacando, e ingresos brutos. Este último impuesto ha sido parte del acuerdo fiscal con las provincias y será reducido paulatinamente, sobre todo en la producción primaria y en la industria.
Según los expertos, ingresos brutos implica una sobrealícuota de alrededor de 17 puntos. Es decir, si nos comparamos con Chile -asumiendo que es el mismo país, mismo tipo de cambio real, mismo costo logístico, mismo costo de producción y mismo costo laboral-, ese país de pique es 17 por ciento más barato que la Argentina porque no se tributa ingresos brutos.
Siempre digo que ese impuesto probablemente sea la herramienta más brutal de desprotección de la industria nacional. Esa carga impositiva que tiene nuestra industria no la tienen muchos productos que ingresan desde el exterior, ya que no necesitan atravesar tantas etapas productivas como sí atraviesan nuestros productos y acumulan en casada ese impuesto.
Insisto, ayer ya se debatió el centro de la reforma. No nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros creemos que es una reforma progresiva que incentiva la reinversión de utilidades y la creación de empleo, en particular de empleo menos calificado. El tiempo dirá.
Tiene la palabra el diputado Lipovetzky.
SR. LIPOVETZKY Señor presidente: seré muy breve. Pensaba solamente hablar de un aspecto del proyecto en consideración, del artículo 225 por el que se regula el funcionamiento de los tribunales fiscales, pero también voy a aprovechar para referirme al proyecto en lo concerniente a la creación de empleo.
Escuché a diputados preopinantes preguntar si las rebajas a las contribuciones patronales van a servir para estimular la creación de empleo y lo que eso significaría. Para dar una respuesta, hay que pensar cómo está el mercado laboral en la Argentina.
Por los menos hace quince años que uno de cada tres trabajadores está en negro y no tiene contribuciones laborales ni obra social ni seguro de riesgos de trabajo así como tampoco se actualiza su salario de acuerdo a las paritarias. Por lo tanto, la mayor flexibilización de los derechos de los trabajadores pasa por el hecho de estar en negro y, lamentablemente, el gobierno anterior no quiso, no pudo o no supo resolver esta problemática.
Lo mismo en relación con la creación de empleo privado. Hace muchos años -por lo menos cinco- que realmente no crece el empleo privado en la Argentina. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo hacemos para estimular el crecimiento del empleo, más allá de que por supuesto la mejor manera es que crezca el desarrollo económico y la economía.
En ese sentido, me parece que iniciativas como la que estamos considerando constituyen un aporte. Por supuesto que no va a alcanzar, como bien dijimos, pero son cuestiones que iremos evaluando. La salida no es quedarnos sentados mirando o protestando, diciendo lo que está mal y lo que no se hizo pese a que cuando les tocó gobernar no lo resolvieron.
La salida es que pensemos cómo hacemos para que realmente haya más argentinos que ingresen al mercado laboral, sobre todo el sector de jóvenes, que es el que tiene más dificultades.
Creo la reforma que estamos impulsando es un aporte y tenemos que seguir trabajando con el proyecto de reforma laboral. Esperamos que el Senado avance con ese proyecto consensuado con la CGT para empezar a resolver el problema del tercio de los trabajadores que están en la peor de las precarizaciones laborales.
Más allá de eso quería hacer un comentario respecto de los Tribunales Fiscales. Nuestro dictamen propone la modificación de la composición de los Tribunales Fiscales respecto de las Salas Aduaneras en el sentido de que sean integrados por dos abogados y un contador. Hoy los Tribunales Fiscales vinculados con el derecho aduanero están integrados por abogados. Creemos que las cuestiones aduaneras son de derecho, y por lo tanto tienen que ser resueltas por abogados, quienes justamente poseen las competencias para resolverlas. No tiene que ver con cuestiones numéricas o de cálculos, sino con la aplicación del derecho aduanero.
Por lo tanto, en las Salas del Tribunal Fiscal, que tienen que aplicar derecho aduanero, creemos que es un error incluir a los contadores, y hay que mantener la integración actual de tres abogados. En este sentido, propongo un dictamen en disidencia parcial solo sobre este artículo. Espero que podamos trabajarlo y hacer una modificación en el recinto respecto de las tres Salas que tienen que ver con el derecho aduanero, y no con las restantes, que por supuesto es lógico que estén integradas por contadores.
Escuché a diputados preopinantes preguntar si las rebajas a las contribuciones patronales van a servir para estimular la creación de empleo y lo que eso significaría. Para dar una respuesta, hay que pensar cómo está el mercado laboral en la Argentina.
Por los menos hace quince años que uno de cada tres trabajadores está en negro y no tiene contribuciones laborales ni obra social ni seguro de riesgos de trabajo así como tampoco se actualiza su salario de acuerdo a las paritarias. Por lo tanto, la mayor flexibilización de los derechos de los trabajadores pasa por el hecho de estar en negro y, lamentablemente, el gobierno anterior no quiso, no pudo o no supo resolver esta problemática.
Lo mismo en relación con la creación de empleo privado. Hace muchos años -por lo menos cinco- que realmente no crece el empleo privado en la Argentina. Por lo tanto, tenemos que pensar cómo hacemos para estimular el crecimiento del empleo, más allá de que por supuesto la mejor manera es que crezca el desarrollo económico y la economía.
En ese sentido, me parece que iniciativas como la que estamos considerando constituyen un aporte. Por supuesto que no va a alcanzar, como bien dijimos, pero son cuestiones que iremos evaluando. La salida no es quedarnos sentados mirando o protestando, diciendo lo que está mal y lo que no se hizo pese a que cuando les tocó gobernar no lo resolvieron.
La salida es que pensemos cómo hacemos para que realmente haya más argentinos que ingresen al mercado laboral, sobre todo el sector de jóvenes, que es el que tiene más dificultades.
Creo la reforma que estamos impulsando es un aporte y tenemos que seguir trabajando con el proyecto de reforma laboral. Esperamos que el Senado avance con ese proyecto consensuado con la CGT para empezar a resolver el problema del tercio de los trabajadores que están en la peor de las precarizaciones laborales.
Más allá de eso quería hacer un comentario respecto de los Tribunales Fiscales. Nuestro dictamen propone la modificación de la composición de los Tribunales Fiscales respecto de las Salas Aduaneras en el sentido de que sean integrados por dos abogados y un contador. Hoy los Tribunales Fiscales vinculados con el derecho aduanero están integrados por abogados. Creemos que las cuestiones aduaneras son de derecho, y por lo tanto tienen que ser resueltas por abogados, quienes justamente poseen las competencias para resolverlas. No tiene que ver con cuestiones numéricas o de cálculos, sino con la aplicación del derecho aduanero.
Por lo tanto, en las Salas del Tribunal Fiscal, que tienen que aplicar derecho aduanero, creemos que es un error incluir a los contadores, y hay que mantener la integración actual de tres abogados. En este sentido, propongo un dictamen en disidencia parcial solo sobre este artículo. Espero que podamos trabajarlo y hacer una modificación en el recinto respecto de las tres Salas que tienen que ver con el derecho aduanero, y no con las restantes, que por supuesto es lógico que estén integradas por contadores.
SR. PRESIDENTE LASPINA Señor diputado Lipovetzky: está modificado en el dictamen que envié. Pido disculpas porque ese comentario se había hecho, pero ya se modificó.
Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
SR. CASTAGNETO Señor presidente: más allá de estar de acuerdo con las expresiones de las compañeras y compañeros del bloque, le quería preguntar cuál es el objeto de la decisión política de sacar el impuesto a la telefonía celular respecto del ENARD. En su creación el ENARD estuvo financiado con un impuesto sobre la telefonía celular, y hoy sacamos ese impuesto y lo ponemos con recursos del Tesoro nacional. Si estamos tratando de achicar el gasto y es un impuesto a las grandes empresas para sostener el ENARD -que da tantos resultados a las políticas deportivas nacionales e internacionales-, no interpreto cuál es el interés político en sacar este tributo a estas empresas multinacionales.
SR. PRESIDENTE LASPINA Una aclaración, señor diputado. Primero, se está subiendo el impuesto de 4 a 5 por ciento...
SR. CASTAGNETO ¿El Tesoro va a financiar los 900 millones?
SR. PRESIDENTE LASPINA Es un impuesto interno que sube de 4 a 5, que además hoy opera básicamente para los pospagos, aunque entiendo que el impacto va a ser para todos los consumos. Además, no es una cuestión que opera sobre grandes o pequeños, porque en general un impuesto interno se traslada.
Esto es algo que ya lo venimos discutiendo y se ha planteado en otras leyes, pero filosóficamente la Argentina a lo largo de los últimos años ha acumulado una infinidad de asignaciones impositivas específicas que responden a la enorme creatividad que tenemos para crear impuestos y para cualquier fin noble. Muchas veces se vuelve ingobernable el sistema tributario y sobre todo se vuelve absolutamente prescindible la discusión presupuestaria.
¿Qué quiero decir con esto? Que respecto de los recursos que pagan los argentinos con sus impuestos -esto no lo pagan las empresas sino los argentinos-, y más allá de la incidencia y sobre quiénes pesa legalmente el tributo, cuando uno habla de ingresos brutos hay que aclarar que no lo paga la industria sino el consumidor. Cuando hablamos del IVA, también lo paga el consumidor, al igual que tantos otros impuestos que recaen sobre los consumidores, varios de manera muy regresiva.
En muchas ocasiones las asignaciones específicas han desvirtuado la discusión presupuestaria. Con esto quiero decir que al hacer acá todos los años una priorización de las necesidades y decidir de manera racional -dado que los recursos no son ilimitados- darle algo a un sector creando un impuesto, también le estamos quitando recursos a otro sector. Entonces, como filosofía, la asignación específica no necesariamente es una buena solución.
Queremos que haya una discusión presupuestaria sobre los fondos que le asignamos al ENARD. En el proyecto actual disponemos cuánto le asignamos, y creemos que dicho monto supera o mantiene lo que ya tenía para garantizar sus prestaciones y que está en línea con otros gastos de la administración nacional y las prioridades que uno debe guardar en la administración nacional. Esta es un poco la filosofía.
No hay una baja de impuestos sino una suba. Lo que filosóficamente queremos es que en cada presupuesto los señores diputados puedan discutir cuánta plata se asigna a cada cosa y que no lo disponga en forma automática una ley que a lo mejor tiene ya 20 años y que nadie nunca se encargó de ver si lo que asignaba era mucho o poco.
En este caso podemos discutir si es mucho o poco, pero hay muchísimas asignaciones específicas que a veces se destinan a cuestiones que con el tiempo se hacen verdaderos monstruos de recursos que incluso quizás esté por encima de lo que este conjunto de legisladores le querría asignar a esa actividad. No quiero dar ejemplos porque cualquiera puede resultar antipático, pero esta es un poco la filosofía.
Lo hacemos de esta forma en este caso puntual. Si bien habría muchos otros casos por modificar, creo que este caso del ENARD lo amerita, ya que estamos haciendo un cambio en el impuesto, y al ponerlo en discusión lo hacemos con esta filosofía, la de quitar la asignación específica y discutir qué fondos se le asignan.
Alguien podría decir que quisiera que se asignaran más o menos recursos, pero lo importante es que al proponerlo también se diga de dónde saldrían; por ejemplo, se podría proponer asignarle al ENARD 200 millones de pesos tomando más deuda externa, subiendo determinados impuestos o bajando determinado gasto.
Los fondos asignados han sido discutidos con el ENARD; creo que son adecuados y garantizan su movilidad en el tiempo, incluso dándole un privilegio por encima de otros organismos que todos los años tienen que discutir una partida del presupuesto.
Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
Esto es algo que ya lo venimos discutiendo y se ha planteado en otras leyes, pero filosóficamente la Argentina a lo largo de los últimos años ha acumulado una infinidad de asignaciones impositivas específicas que responden a la enorme creatividad que tenemos para crear impuestos y para cualquier fin noble. Muchas veces se vuelve ingobernable el sistema tributario y sobre todo se vuelve absolutamente prescindible la discusión presupuestaria.
¿Qué quiero decir con esto? Que respecto de los recursos que pagan los argentinos con sus impuestos -esto no lo pagan las empresas sino los argentinos-, y más allá de la incidencia y sobre quiénes pesa legalmente el tributo, cuando uno habla de ingresos brutos hay que aclarar que no lo paga la industria sino el consumidor. Cuando hablamos del IVA, también lo paga el consumidor, al igual que tantos otros impuestos que recaen sobre los consumidores, varios de manera muy regresiva.
En muchas ocasiones las asignaciones específicas han desvirtuado la discusión presupuestaria. Con esto quiero decir que al hacer acá todos los años una priorización de las necesidades y decidir de manera racional -dado que los recursos no son ilimitados- darle algo a un sector creando un impuesto, también le estamos quitando recursos a otro sector. Entonces, como filosofía, la asignación específica no necesariamente es una buena solución.
Queremos que haya una discusión presupuestaria sobre los fondos que le asignamos al ENARD. En el proyecto actual disponemos cuánto le asignamos, y creemos que dicho monto supera o mantiene lo que ya tenía para garantizar sus prestaciones y que está en línea con otros gastos de la administración nacional y las prioridades que uno debe guardar en la administración nacional. Esta es un poco la filosofía.
No hay una baja de impuestos sino una suba. Lo que filosóficamente queremos es que en cada presupuesto los señores diputados puedan discutir cuánta plata se asigna a cada cosa y que no lo disponga en forma automática una ley que a lo mejor tiene ya 20 años y que nadie nunca se encargó de ver si lo que asignaba era mucho o poco.
En este caso podemos discutir si es mucho o poco, pero hay muchísimas asignaciones específicas que a veces se destinan a cuestiones que con el tiempo se hacen verdaderos monstruos de recursos que incluso quizás esté por encima de lo que este conjunto de legisladores le querría asignar a esa actividad. No quiero dar ejemplos porque cualquiera puede resultar antipático, pero esta es un poco la filosofía.
Lo hacemos de esta forma en este caso puntual. Si bien habría muchos otros casos por modificar, creo que este caso del ENARD lo amerita, ya que estamos haciendo un cambio en el impuesto, y al ponerlo en discusión lo hacemos con esta filosofía, la de quitar la asignación específica y discutir qué fondos se le asignan.
Alguien podría decir que quisiera que se asignaran más o menos recursos, pero lo importante es que al proponerlo también se diga de dónde saldrían; por ejemplo, se podría proponer asignarle al ENARD 200 millones de pesos tomando más deuda externa, subiendo determinados impuestos o bajando determinado gasto.
Los fondos asignados han sido discutidos con el ENARD; creo que son adecuados y garantizan su movilidad en el tiempo, incluso dándole un privilegio por encima de otros organismos que todos los años tienen que discutir una partida del presupuesto.
Tiene la palabra el señor diputado Castagneto.
SR. CASTAGNETO La verdad, esto preocupa.
En lo que hace a la política deportiva, en el presupuesto de este año en Deportes no figura la fuente 13. Esto porque por decreto los fondos de la Lotería Nacional que se destinaban a Deportes, Medioambiente y a otros ministerios -cuando Lotería Nacional tenía competencia a nivel federal- fueron derivados directamente al gobierno de la Ciudad. De aquí la preocupación por el ENARD y la Secretaría de Deportes. Vamos a tener que aumentar los recursos del Tesoro debido a la decisión de sacar Lotería Nacional del ámbito federal y ponerla en la órbita del gobierno de la ciudad.
Para finalizar quiero decir que mientras estamos discutiendo esto y llegan correos electrónicos de un lado y otro para ver qué vamos a tratar en este proyecto de ley, nos enteramos de que el aguinaldo también pagará ganancias. No sé si esto está contemplado en este proyecto.
En lo que hace a la política deportiva, en el presupuesto de este año en Deportes no figura la fuente 13. Esto porque por decreto los fondos de la Lotería Nacional que se destinaban a Deportes, Medioambiente y a otros ministerios -cuando Lotería Nacional tenía competencia a nivel federal- fueron derivados directamente al gobierno de la Ciudad. De aquí la preocupación por el ENARD y la Secretaría de Deportes. Vamos a tener que aumentar los recursos del Tesoro debido a la decisión de sacar Lotería Nacional del ámbito federal y ponerla en la órbita del gobierno de la ciudad.
Para finalizar quiero decir que mientras estamos discutiendo esto y llegan correos electrónicos de un lado y otro para ver qué vamos a tratar en este proyecto de ley, nos enteramos de que el aguinaldo también pagará ganancias. No sé si esto está contemplado en este proyecto.
SR. PRESIDENTE LASPINA No hay ningún cambio en el tratamiento impositivo de los aguinaldos que yo sepa, al menos por el momento.
Tiene la palabra el señor diputado Del Caño.
Tiene la palabra el señor diputado Del Caño.
SR. DEL CAÑO Mi consulta iba en ese sentido. Nosotros en el día de ayer manifestamos desde el Frente de Izquierda nuestra oposición a este proyecto, que claramente pretende darles beneficios a los grandes empresarios, por ejemplo con la rebaja de las contribuciones o con la rebaja de la alícuota de ganancias -que pasa del 35 al 25 por ciento.
Además de este cuestionamiento general, donde se ha visto un festival con las LEBAC, no se toma en cuenta que, según informes del Banco Central, desde enero a octubre de este año 2017 hay una fuga de capitales de 43.000 millones de dólares. Se trata de millones y millones de recursos que se fugan y que claramente no se da por parte de los trabajadores o los sectores populares. Como señalábamos ayer sabemos que esa fuga es de los grandes grupos económicos a los que se beneficia, particularmente, con esta rebaja de las contribuciones.
También consultamos sobre qué estudio tenía el gobierno de cuánto se iban a ahorrar las quinientas grandes empresas que releva el INDEC. Pero no tuvimos respuestas.
Siempre sostuvimos nuestra oposición al tema del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de todos los trabajadores bajo convenio, tanto en este gobierno como en el anterior, porque consideramos que el salario no es ganancia.
Este posicionamiento del Frente de Izquierda es conocido. Siempre rechazamos esto y el argumento de que hay que mantener este impuesto y sacarles a los trabajadores que cobran un poquito más, porque hoy millones y millones están por debajo del límite de la pobreza.
Antes se justificaba diciendo que eran privilegiados los que ganaban un poco más y por eso tenían que poner de su bolsillo con este impuesto al salario. Pero el gobierno de Cambiemos, en la campaña electoral del 2015, dijo que los trabajadores no iban a pagar más este impuesto.
Entonces, yo transmito no la preocupación nuestra, sino la bronca de millones de trabajadores. Porque no solo siguen pagando, sino que hay más trabajadores que van a pagar impuesto a las ganancias.
Pero, además, hay que agregarle a esto que ahora va a pagar impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Es decir que se sigue saqueando.
No se trata solamente del robo a los jubilados, que se está justificando también con la supuesta necesidad de ahorrar, cuando son los empresarios los principales evasores, a los que se premió, por ejemplo, con el blanqueo que se hizo, donde se puso como cobertura para ese blanqueo y ese premio escandaloso a la reparación histórica. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que se pagó por reparación histórica es muy inferior a lo que se les va a quitar a los jubilados con este nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria.
Esa fue otra de las grandes mentiras de la campaña electoral y de esta supuesta reparación.
Por ello, más allá de este cuestionamiento general que nosotros hemos planteado claramente y de nuestra concepción -conocida por todos- de que el salario no es ganancia y que no debería aplicársele este impuesto, me pregunto por qué el gobierno no eximió al aguinaldo y por qué no está en una reforma tributaria. ¿Qué vamos a discutir en la reforma tributaria? ¿Por qué no está si fue una de las promesas de campaña, la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de todos los trabajadores bajo convenio?
Transmito esto que, más allá de nuestra posición, es una preocupación de muchos trabajadores que se esfuerzan durante todo el año y son justamente a los que se les mete la mano en el bolsillo.
Además de este cuestionamiento general, donde se ha visto un festival con las LEBAC, no se toma en cuenta que, según informes del Banco Central, desde enero a octubre de este año 2017 hay una fuga de capitales de 43.000 millones de dólares. Se trata de millones y millones de recursos que se fugan y que claramente no se da por parte de los trabajadores o los sectores populares. Como señalábamos ayer sabemos que esa fuga es de los grandes grupos económicos a los que se beneficia, particularmente, con esta rebaja de las contribuciones.
También consultamos sobre qué estudio tenía el gobierno de cuánto se iban a ahorrar las quinientas grandes empresas que releva el INDEC. Pero no tuvimos respuestas.
Siempre sostuvimos nuestra oposición al tema del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de todos los trabajadores bajo convenio, tanto en este gobierno como en el anterior, porque consideramos que el salario no es ganancia.
Este posicionamiento del Frente de Izquierda es conocido. Siempre rechazamos esto y el argumento de que hay que mantener este impuesto y sacarles a los trabajadores que cobran un poquito más, porque hoy millones y millones están por debajo del límite de la pobreza.
Antes se justificaba diciendo que eran privilegiados los que ganaban un poco más y por eso tenían que poner de su bolsillo con este impuesto al salario. Pero el gobierno de Cambiemos, en la campaña electoral del 2015, dijo que los trabajadores no iban a pagar más este impuesto.
Entonces, yo transmito no la preocupación nuestra, sino la bronca de millones de trabajadores. Porque no solo siguen pagando, sino que hay más trabajadores que van a pagar impuesto a las ganancias.
Pero, además, hay que agregarle a esto que ahora va a pagar impuesto a las ganancias en el aguinaldo. Es decir que se sigue saqueando.
No se trata solamente del robo a los jubilados, que se está justificando también con la supuesta necesidad de ahorrar, cuando son los empresarios los principales evasores, a los que se premió, por ejemplo, con el blanqueo que se hizo, donde se puso como cobertura para ese blanqueo y ese premio escandaloso a la reparación histórica. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que se pagó por reparación histórica es muy inferior a lo que se les va a quitar a los jubilados con este nuevo cálculo de la movilidad jubilatoria.
Esa fue otra de las grandes mentiras de la campaña electoral y de esta supuesta reparación.
Por ello, más allá de este cuestionamiento general que nosotros hemos planteado claramente y de nuestra concepción -conocida por todos- de que el salario no es ganancia y que no debería aplicársele este impuesto, me pregunto por qué el gobierno no eximió al aguinaldo y por qué no está en una reforma tributaria. ¿Qué vamos a discutir en la reforma tributaria? ¿Por qué no está si fue una de las promesas de campaña, la eliminación del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría de todos los trabajadores bajo convenio?
Transmito esto que, más allá de nuestra posición, es una preocupación de muchos trabajadores que se esfuerzan durante todo el año y son justamente a los que se les mete la mano en el bolsillo.
SR. PRESIDENTE LASPINA Quiero aclarar algunas cosas.
Por un lado, por el momento, no hay ningún cambio en el tratamiento impositivo del aguinaldo.
Por otro lado, quiero aclarar que a raíz del planteo del diputado Bossio, hemos eliminado el artículo 49 que básicamente es el que se discutió respecto a la necesidad de armonizar el tratamiento tributario en todos los órdenes de la administración pública. Ese artículo nos parecía que podía dar claridad y fuerza a la necesidad de equiparar el tratamiento tributario en todos los niveles del Estado, como ayer dijo el ministro, tanto en el nacional como en el provincial y el municipal, para evitar justamente comportamientos predatorios entre las provincias. Es decir, aquellas que aplican algún cambio diferencial al tratamiento de ganancias lo hacen en beneficio propio y en detrimento de la coparticipación de ganancias al resto de las provincias.
De este modo, si todas las provincias decidieran hacer un tratamiento especial y establecer deducciones especiales de ganancias -como sucede en algunos casos y también en la administración nacional, hay que decirlo-, sería muy perjudicial para el Fisco nacional y los fiscos provinciales.
De todas formas, bajo el entendimiento de que es atribución de la AFIP -es decir, del Poder Ejecutivo- avanzar contra estas irregularidades con las herramientas legales que hoy tiene, hemos eliminado el artículo 49. Aclaro esto por si era una causa de preocupación teniendo en cuenta los planteos que se han hecho en el tratamiento de ganancias. Fuera de eso no hay ningún cambio en el tratamiento impositivo de ganancias en la cuarta categoría.
Tiene la palabra del diputado Bossio.
Por un lado, por el momento, no hay ningún cambio en el tratamiento impositivo del aguinaldo.
Por otro lado, quiero aclarar que a raíz del planteo del diputado Bossio, hemos eliminado el artículo 49 que básicamente es el que se discutió respecto a la necesidad de armonizar el tratamiento tributario en todos los órdenes de la administración pública. Ese artículo nos parecía que podía dar claridad y fuerza a la necesidad de equiparar el tratamiento tributario en todos los niveles del Estado, como ayer dijo el ministro, tanto en el nacional como en el provincial y el municipal, para evitar justamente comportamientos predatorios entre las provincias. Es decir, aquellas que aplican algún cambio diferencial al tratamiento de ganancias lo hacen en beneficio propio y en detrimento de la coparticipación de ganancias al resto de las provincias.
De este modo, si todas las provincias decidieran hacer un tratamiento especial y establecer deducciones especiales de ganancias -como sucede en algunos casos y también en la administración nacional, hay que decirlo-, sería muy perjudicial para el Fisco nacional y los fiscos provinciales.
De todas formas, bajo el entendimiento de que es atribución de la AFIP -es decir, del Poder Ejecutivo- avanzar contra estas irregularidades con las herramientas legales que hoy tiene, hemos eliminado el artículo 49. Aclaro esto por si era una causa de preocupación teniendo en cuenta los planteos que se han hecho en el tratamiento de ganancias. Fuera de eso no hay ningún cambio en el tratamiento impositivo de ganancias en la cuarta categoría.
Tiene la palabra del diputado Bossio.
SR. BOSSIO Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones en términos generales.
La Argentina es un país absolutamente dicotómico: hay quienes pagan y quienes están fuera de cualquier esquema tributario. Pienso que a la hora de evaluar los niveles de presión tributaria, tenemos que ver de qué manera nos sentamos a trabajar y cómo podemos modificar un esquema tributario para que más argentinos aporten, contribuyan o se sientan parte de un sistema. Me parece que es un desafío, por lo menos, originario de esta Cámara ya que la Constitución dispone que los impuestos se discuten aquí.
La Argentina ha tenido recortes o retoques impositivos. En los últimos treinta años hubo dos reformas: una a principios de los 90 y otra en el 2000 o 2001 con el paquete de Machinea. Después no hubo nada. Por lo tanto, me parece que el primer punto que tenemos que ver es la impresión que cada uno tiene.
En charlas con micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, uno de los puntos centrales que surge es el de las dificultades que tienen no solo en términos de la evolución económica cotidiana sino también en materia impositiva, en materia de procedimiento tributario y con una AFIP que embarga permanentemente las cuentas, aun teniendo una evolución económica normal. También mencionan la imposibilidad que muchas veces tienen de afrontar las cargas sociales y demás impedimentos en el desenvolvimiento económico.
Está claro -y comparto algunos aspectos- que hay un problema de estructura económica, no sólo de diseño tributario. Como ayer dijo mi compañero, el diputado David, esta historia queda a mitad de camino. Este proyecto no cambiará estructuralmente los impuestos en la Argentina ni producirá una reconstrucción del sistema económico y del modelo productivo.
Frente a esto podemos optar entre dos posturas: no hacemos nada porque esta propuesta está mal, la orientación no me gusta y por eso no discuto; o nos sentamos a trabajar para ver de qué manera podemos resolver, incluso, algunas cuestiones puntuales.
Como muy bien dijo el diputado Carmona, hay que resolver el tema de los jugos, de la naranja de Entre Ríos, del mosto de San Juan y de Mendoza y de la pera y la manzana del Valle. Hay que sentarse a trabajar para ver de qué manera podemos encontrar una solución que tenga en cuenta la salud pero que no desincentive las economías regionales. No puede ser que un litro de gaseosa que en su botella dice "naranja" no contenga una sola gota de naranja de la Mesopotamia argentina. Hay que sentarse a discutir este tema.
Vemos con buenos ojos discutir la cuestión del pollo y del cerdo. Se trataba de una situación absolutamente discriminatoria. Nos parece bien la generalización y unificación tributaria en ese sentido.
Hay una discusión filosófica en torno a las LEBAC. Claramente, esas letras son instrumentos de política monetaria al igual que en su momento lo fue el dólar futuro y los despropósitos por parte de la Justicia en ese sentido. Se tratan de instrumentos de política monetaria. Sin embargo, no nos parece bien que un extranjero que compra LEBAC no tribute mientras que un argentino sí lo haga. Hay que discutir esta cuestión, que es filosófica.
Hace falta discutir en el futuro cómo tributamos en el marco de impuestos entre países, es decir, la tributación de extranjeros y la renta financiera, porque la Argentina no puede ser el país de la especulación y la usura.
Si hablamos de especulación y de usura, yo no voy a defender a las mutuales y a las cooperativas, a las que lo único que les duele es el bolsillo. Lo viví en carne propia cuando en el año 2012 pusimos un tope a la tasa de interés para las mutuales y las cooperativas. Ese fue el único momento en el que realmente pudimos dañar ese sector.
Pero mientras tanto tenían todos los artilugios legales para evitar cualquier tipo de intervención del Estado. De hecho, en 2001 hubo un decreto del presidente y lo tuvo que volver para atrás. Entonces, no voy a discutir sobre la renta financiera o contra aquellos que se encubren de intermediación financiera, que en todo caso quedan en el marco de la normativa del Banco Central. Lo hemos discutido seriamente cuando formábamos parte del gobierno.
Creo que es insuficiente el millón de pesos que plantea el gobierno. En el interior del país hay actividades cooperativas y mutuales que hacen actividades sociales que hay que contemplar en término de balance, pero claramente a las cooperativas y mutuales les va a doler cuando se les cobre. Habrá que mejorar el INAES, pero les aseguro que tienen los mejores abogados y contadores para utilizar todos los artilugios normativos y legales. Por lo menos, esa fue mi experiencia en las siete u ocho denuncias penales producto del límite que pusimos a la tasa de interés de las cooperativas. De hecho, un legislador del actual oficialismo propiciaba ese tipo de iniciativas.
En cuanto a la alícuota del azúcar y la cerveza, queremos proponer un mínimo no imponible a todas las iniciativas nuevas de cervezas artesanales. Hay una línea en ese sentido que es interesante en micro y pymes, que me parece que hay que acompañarlas.
En cuanto al combustible, de aquí al recinto podremos discutir el diseño impositivo, pero hay que analizar la distribución del impuesto a los combustibles en el marco del artículo 141. La distribución del impuesto a los combustibles queremos que quede tal cual está vigente; no queremos que se perjudique o afecte a las provincias. Por su parte, estamos de acuerdo con el tema de los topes previsionales.
Respecto de los procedimientos tributarios, ayer decíamos claramente que debemos tener un esquema de procedimientos tributarios en el sentido de que la AFIP le sirva al Estado y no a la línea. Debe ser una AFIP que sirva para recaudar de manera coherente, transparente y criteriosa para el Estado argentino, y no para privilegiar a determinados sectores corporativos del Estado que en el marco de los procedimientos tributarios lo único que pretenden es no favorecer los aspectos de recaudación.
Asimismo, tenemos algunas otras modificaciones que seguramente vamos a proponer en materia de Código Aduanero y en relación con impuestos internos.
En cuanto a la derogación del decreto 814, repito que es una norma de la competitividad de la Alianza de Cavallo. Este tema me llama poderosamente la atención y quisiera verlo con mayor detenimiento, porque hay grandes empresas involucradas. La verdad es que dar beneficios impositivos a grandes empresas sin tener una real conciencia del aspecto federal y de las pymes es un tema para discutir con algo más de detalle. Pedimos ayer los números, pero no estoy de acuerdo con ese decreto de la competitividad de Cavallo, nunca lo estuve, ni lo estaré ahora. Ha favorecido a grandes empresas, y estaría bueno que los funcionarios den nombre y apellido de esas empresas. Que Blaquier o Ledesma tengan grandes beneficios en materia de aporte y contribuciones no me parece justo; ahora bien, si una pyme de Jujuy o Salta tiene beneficios, me parece absolutamente justo en términos de federalismo.
En línea con lo que plantearon algunos diputados, el presidente del bloque Justicialista del Senado, el senador Pichetto, nos envió cuatro propuestas concretas. Una tiene que ver con eximir algunos salarios mínimos, vitales y móviles del impuesto a las ganancias. Esta es una decisión que se ha puesto en varias oportunidades por decreto, y efectivamente queremos que quede en una ley. Es bueno que lo discutamos en el marco del Congreso de la Nación; lo va a plantear el Senado de la Nación, pero queremos analizarlo previamente.
Respecto de los autónomos, hay que analizar el cumplimiento de las leyes no vigentes, que después se derogaron, en el sentido de que los autónomos y los profesionales tengan algún régimen de cuota de un 50 por ciento de aumento de las deducciones si cumplen con sus pagos regulares. Me parece que esta es una salida para los sectores profesionales que evidentemente darán mayor progresividad a esta norma.
Lo mismo ocurre con las empleadas de casas particulares y el plan Progresar -está la ley 27.253, que se discutió en el Congreso. Sería bueno que tengan el incentivo de deducir el IVA, es decir, pagar menos IVA. Me parece que esto va a incentivar la formalización. Se trata de un sector que quedó excluido de dicha ley y esto evidentemente puede formar parte de un alivio tributario.
Por su parte, hay dos medidas que tienen que ver con las pymes exportadoras, con los reintegros a las pymes. La pymes no son las grandes exportadoras; exportan aproximadamente 15.000 millones de pesos. Había un régimen legal que se derogó en 2009 -la ley 26.545- que permitía que las sumas percibidas por los exportadores y que correspondieran a reintegros, a reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo, quedaran exentas de impuestos. Esto hace a las finanzas de las pymes. Y se disponía también una deducción adicional del 10 por ciento del valor del FOB; dicho régimen estaba vigente según la ley 23.101, que se eliminó.
Creo que se podría dar competitividad al sector de las pymes con un criterio federal. Se trata de cuatro propuestas concretas, que les acercaremos.
Nuestro espíritu es discutir los distintos temas. Creo que quedamos a mitad de camino. Comparto algunos aspectos. Es probable que no aumente el empleo; creo que aumentará no por un esquema solo tributario sino por un cambio en la estructura productiva.
Me parece que el país de la especulación no va, tampoco el país donde entramos en recurrentes devaluaciones.
Estamos dispuestos a debatir estos temas con responsabilidad, con una mirada federal y, fundamentalmente, teniendo presente que algo hay que hacer. Uno de cada tres argentinos no aporta ni contribuye. El actual esquema no lo resolvió. El 40 por ciento de los argentinos no está dentro del sistema económico formal. Pensamos un esquema económico para ese sector amplio de la sociedad o evidentemente seguiremos igual. Esa es la discusión que queremos dar. Seguramente vamos a polemizar en el ámbito que hay que hacerlo, que es en el recinto.
Comparto la apreciación del diputado Castagneto en términos de la seguridad de los fondos del ENARD. Entiendo que hay buena predisposición del Ejecutivo, pero no es lo mismo tener una asignación automática que presupuestaria. Se trata de cuestiones que evidentemente de acá a la semana próxima podremos seguir discutiendo.
Sí está claro -y es la postura que hemos adoptado en este caso en particular; hay muchos comentarios al respecto- que queremos discutir la ley tributaria y que seguramente hay muchas cuestiones por mejorar, pero creemos que es un avance y en ese sentido lo vamos a manifestar.
Señalamos también nuestras disidencias, aunque esperamos que se puedan corregir antes de tratar el proyecto en el recinto.
La Argentina es un país absolutamente dicotómico: hay quienes pagan y quienes están fuera de cualquier esquema tributario. Pienso que a la hora de evaluar los niveles de presión tributaria, tenemos que ver de qué manera nos sentamos a trabajar y cómo podemos modificar un esquema tributario para que más argentinos aporten, contribuyan o se sientan parte de un sistema. Me parece que es un desafío, por lo menos, originario de esta Cámara ya que la Constitución dispone que los impuestos se discuten aquí.
La Argentina ha tenido recortes o retoques impositivos. En los últimos treinta años hubo dos reformas: una a principios de los 90 y otra en el 2000 o 2001 con el paquete de Machinea. Después no hubo nada. Por lo tanto, me parece que el primer punto que tenemos que ver es la impresión que cada uno tiene.
En charlas con micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, uno de los puntos centrales que surge es el de las dificultades que tienen no solo en términos de la evolución económica cotidiana sino también en materia impositiva, en materia de procedimiento tributario y con una AFIP que embarga permanentemente las cuentas, aun teniendo una evolución económica normal. También mencionan la imposibilidad que muchas veces tienen de afrontar las cargas sociales y demás impedimentos en el desenvolvimiento económico.
Está claro -y comparto algunos aspectos- que hay un problema de estructura económica, no sólo de diseño tributario. Como ayer dijo mi compañero, el diputado David, esta historia queda a mitad de camino. Este proyecto no cambiará estructuralmente los impuestos en la Argentina ni producirá una reconstrucción del sistema económico y del modelo productivo.
Frente a esto podemos optar entre dos posturas: no hacemos nada porque esta propuesta está mal, la orientación no me gusta y por eso no discuto; o nos sentamos a trabajar para ver de qué manera podemos resolver, incluso, algunas cuestiones puntuales.
Como muy bien dijo el diputado Carmona, hay que resolver el tema de los jugos, de la naranja de Entre Ríos, del mosto de San Juan y de Mendoza y de la pera y la manzana del Valle. Hay que sentarse a trabajar para ver de qué manera podemos encontrar una solución que tenga en cuenta la salud pero que no desincentive las economías regionales. No puede ser que un litro de gaseosa que en su botella dice "naranja" no contenga una sola gota de naranja de la Mesopotamia argentina. Hay que sentarse a discutir este tema.
Vemos con buenos ojos discutir la cuestión del pollo y del cerdo. Se trataba de una situación absolutamente discriminatoria. Nos parece bien la generalización y unificación tributaria en ese sentido.
Hay una discusión filosófica en torno a las LEBAC. Claramente, esas letras son instrumentos de política monetaria al igual que en su momento lo fue el dólar futuro y los despropósitos por parte de la Justicia en ese sentido. Se tratan de instrumentos de política monetaria. Sin embargo, no nos parece bien que un extranjero que compra LEBAC no tribute mientras que un argentino sí lo haga. Hay que discutir esta cuestión, que es filosófica.
Hace falta discutir en el futuro cómo tributamos en el marco de impuestos entre países, es decir, la tributación de extranjeros y la renta financiera, porque la Argentina no puede ser el país de la especulación y la usura.
Si hablamos de especulación y de usura, yo no voy a defender a las mutuales y a las cooperativas, a las que lo único que les duele es el bolsillo. Lo viví en carne propia cuando en el año 2012 pusimos un tope a la tasa de interés para las mutuales y las cooperativas. Ese fue el único momento en el que realmente pudimos dañar ese sector.
Pero mientras tanto tenían todos los artilugios legales para evitar cualquier tipo de intervención del Estado. De hecho, en 2001 hubo un decreto del presidente y lo tuvo que volver para atrás. Entonces, no voy a discutir sobre la renta financiera o contra aquellos que se encubren de intermediación financiera, que en todo caso quedan en el marco de la normativa del Banco Central. Lo hemos discutido seriamente cuando formábamos parte del gobierno.
Creo que es insuficiente el millón de pesos que plantea el gobierno. En el interior del país hay actividades cooperativas y mutuales que hacen actividades sociales que hay que contemplar en término de balance, pero claramente a las cooperativas y mutuales les va a doler cuando se les cobre. Habrá que mejorar el INAES, pero les aseguro que tienen los mejores abogados y contadores para utilizar todos los artilugios normativos y legales. Por lo menos, esa fue mi experiencia en las siete u ocho denuncias penales producto del límite que pusimos a la tasa de interés de las cooperativas. De hecho, un legislador del actual oficialismo propiciaba ese tipo de iniciativas.
En cuanto a la alícuota del azúcar y la cerveza, queremos proponer un mínimo no imponible a todas las iniciativas nuevas de cervezas artesanales. Hay una línea en ese sentido que es interesante en micro y pymes, que me parece que hay que acompañarlas.
En cuanto al combustible, de aquí al recinto podremos discutir el diseño impositivo, pero hay que analizar la distribución del impuesto a los combustibles en el marco del artículo 141. La distribución del impuesto a los combustibles queremos que quede tal cual está vigente; no queremos que se perjudique o afecte a las provincias. Por su parte, estamos de acuerdo con el tema de los topes previsionales.
Respecto de los procedimientos tributarios, ayer decíamos claramente que debemos tener un esquema de procedimientos tributarios en el sentido de que la AFIP le sirva al Estado y no a la línea. Debe ser una AFIP que sirva para recaudar de manera coherente, transparente y criteriosa para el Estado argentino, y no para privilegiar a determinados sectores corporativos del Estado que en el marco de los procedimientos tributarios lo único que pretenden es no favorecer los aspectos de recaudación.
Asimismo, tenemos algunas otras modificaciones que seguramente vamos a proponer en materia de Código Aduanero y en relación con impuestos internos.
En cuanto a la derogación del decreto 814, repito que es una norma de la competitividad de la Alianza de Cavallo. Este tema me llama poderosamente la atención y quisiera verlo con mayor detenimiento, porque hay grandes empresas involucradas. La verdad es que dar beneficios impositivos a grandes empresas sin tener una real conciencia del aspecto federal y de las pymes es un tema para discutir con algo más de detalle. Pedimos ayer los números, pero no estoy de acuerdo con ese decreto de la competitividad de Cavallo, nunca lo estuve, ni lo estaré ahora. Ha favorecido a grandes empresas, y estaría bueno que los funcionarios den nombre y apellido de esas empresas. Que Blaquier o Ledesma tengan grandes beneficios en materia de aporte y contribuciones no me parece justo; ahora bien, si una pyme de Jujuy o Salta tiene beneficios, me parece absolutamente justo en términos de federalismo.
En línea con lo que plantearon algunos diputados, el presidente del bloque Justicialista del Senado, el senador Pichetto, nos envió cuatro propuestas concretas. Una tiene que ver con eximir algunos salarios mínimos, vitales y móviles del impuesto a las ganancias. Esta es una decisión que se ha puesto en varias oportunidades por decreto, y efectivamente queremos que quede en una ley. Es bueno que lo discutamos en el marco del Congreso de la Nación; lo va a plantear el Senado de la Nación, pero queremos analizarlo previamente.
Respecto de los autónomos, hay que analizar el cumplimiento de las leyes no vigentes, que después se derogaron, en el sentido de que los autónomos y los profesionales tengan algún régimen de cuota de un 50 por ciento de aumento de las deducciones si cumplen con sus pagos regulares. Me parece que esta es una salida para los sectores profesionales que evidentemente darán mayor progresividad a esta norma.
Lo mismo ocurre con las empleadas de casas particulares y el plan Progresar -está la ley 27.253, que se discutió en el Congreso. Sería bueno que tengan el incentivo de deducir el IVA, es decir, pagar menos IVA. Me parece que esto va a incentivar la formalización. Se trata de un sector que quedó excluido de dicha ley y esto evidentemente puede formar parte de un alivio tributario.
Por su parte, hay dos medidas que tienen que ver con las pymes exportadoras, con los reintegros a las pymes. La pymes no son las grandes exportadoras; exportan aproximadamente 15.000 millones de pesos. Había un régimen legal que se derogó en 2009 -la ley 26.545- que permitía que las sumas percibidas por los exportadores y que correspondieran a reintegros, a reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo, quedaran exentas de impuestos. Esto hace a las finanzas de las pymes. Y se disponía también una deducción adicional del 10 por ciento del valor del FOB; dicho régimen estaba vigente según la ley 23.101, que se eliminó.
Creo que se podría dar competitividad al sector de las pymes con un criterio federal. Se trata de cuatro propuestas concretas, que les acercaremos.
Nuestro espíritu es discutir los distintos temas. Creo que quedamos a mitad de camino. Comparto algunos aspectos. Es probable que no aumente el empleo; creo que aumentará no por un esquema solo tributario sino por un cambio en la estructura productiva.
Me parece que el país de la especulación no va, tampoco el país donde entramos en recurrentes devaluaciones.
Estamos dispuestos a debatir estos temas con responsabilidad, con una mirada federal y, fundamentalmente, teniendo presente que algo hay que hacer. Uno de cada tres argentinos no aporta ni contribuye. El actual esquema no lo resolvió. El 40 por ciento de los argentinos no está dentro del sistema económico formal. Pensamos un esquema económico para ese sector amplio de la sociedad o evidentemente seguiremos igual. Esa es la discusión que queremos dar. Seguramente vamos a polemizar en el ámbito que hay que hacerlo, que es en el recinto.
Comparto la apreciación del diputado Castagneto en términos de la seguridad de los fondos del ENARD. Entiendo que hay buena predisposición del Ejecutivo, pero no es lo mismo tener una asignación automática que presupuestaria. Se trata de cuestiones que evidentemente de acá a la semana próxima podremos seguir discutiendo.
Sí está claro -y es la postura que hemos adoptado en este caso en particular; hay muchos comentarios al respecto- que queremos discutir la ley tributaria y que seguramente hay muchas cuestiones por mejorar, pero creemos que es un avance y en ese sentido lo vamos a manifestar.
Señalamos también nuestras disidencias, aunque esperamos que se puedan corregir antes de tratar el proyecto en el recinto.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: quiero adelantar nuestro voto afirmativo en este proyecto, con las modificaciones que usted citó al comienzo de su exposición.
Quiero resaltar que se trata de un proyecto enviado por el gobierno nacional de Cambiemos que apunta al objetivo de promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad. Este es uno de los objetivos.
¿Cómo se puede llevar adelante? Reduciendo el impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas, devolviendo anticipadamente los saldos a favor del IVA -poniéndole un plazo por inversiones de hasta de seis meses-, implementando un mínimo no imponible para las contribuciones patronales y el pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios -aunque no está en la ley que estamos tratando, se enlaza con el acuerdo con las provincias para reducir impuestos-, fijando ingresos brutos serios y eliminando las aduanas interiores, que están causando mucho ruido en las relaciones entre las provincias; esto se refiere al impuesto a los ingresos brutos.
En ese sentido, hago una mención muy especial que se refiere a la provincia de la que provengo, Misiones, donde la situación es mucho más perversa aun, dado que se ha montado toda una infraestructura material y legislativa para cobrar la entrada a la provincia de aquellos productos que provienen de otra jurisdicción y que tienen que hacer un pago a cuenta muy elevado para poder ingresar.
También es un proyecto que avanza hacia un sistema tributario más equitativo, más eficiente y más moderno. ¿Cómo? Extendiendo a otros activos financieros el impuesto a las ganancias por rentas obtenidas por personas humanas. Mucho se ha hablado de la renta financiera. Este es un gobierno que se anima a proponerla y a debatirla. Hasta aquí mucho se ha hablado, pero nada se había hecho.
Avanza, aumentando la deducción especial para trabajadores autónomos al doble de lo que hoy tienen. Esta es una diferencia injusta para los autónomos respecto de los trabajadores en relación de dependencia, y todavía no van a quedar equiparados porque seguramente las restricciones fiscales así lo impiden. Pero sin duda que estamos en el camino correcto poniendo más justicia en la tributación de los autónomos.
Es un proyecto que avanza eliminando el impuesto a la transferencia de inmuebles y extendiendo la aplicación de ganancias con la alícuota reducida a la segunda, tercera o sucesivas ventas que puedan tener.
Avanza modificando impuestos internos de los combustibles e incorporando el revalúo contable e impositivo, como lo explicaba el presidente, que es una vieja aspiración y un viejo reclamo. Hablo de la profesión contable, donde hasta aquí estábamos impedidos de poder lograr un balance de las empresas más acorde con la realidad económica. Este proyecto de ley, de revalúo contable e impositivo, incorporado en la reforma tributaria va a permitir hacerlo en forma optativa y no obligatoria, tanto para las empresas unipersonales, como para las personas humanas o personas jurídicas.
Obviamente este proyecto tiene el objetivo de seguir reduciendo drásticamente la evasión impositiva, cumplir con las metas fiscales que se propone el gobierno de Cambiemos y avanzar hacia el desarrollo de nuestra economía.
Se habló de que faltan datos del impacto en el proyecto de reforma. Ayer, el ministro y los funcionarios fueron muy claros cuando explicaron que esta reforma va a tener un costo para la Nación de 1,5 del producto bruto interno al cabo del quinto año, que se va a sumar a los 2 puntos de reducción de la presión impositiva desde el año 2016. Recordemos la eliminación de retenciones de ganancias, la ley pyme y la baja del impuesto inflacionario del cual a partir de este año.
Es decir que gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía. Las estimaciones son del 0,5 del PIB adicional por año durante, al menos, cinco años. Con lo cual, al final, cuando se complete la reforma en su integralidad, el costo al Tesoro nacional rondará el 0,3 o 0,4 por ciento del producto.
También es importante decir que van a aumentar los recursos coparticipables a las provincias.
Obviamente, no es la reforma perfecta. En materia tributa queda mucho por hacer. Pero es un paso enorme el que estamos dando después de décadas en que no se hacía nada. Como decía el diputado Bossio, la última gran reforma fue la de Machinea, que se hizo en diciembre de 1999. Todavía recuerdo a Raúl Baglini siendo miembro informante de ese proyecto de reforma. Quiere decir que desde hace casi 20 años venimos con parches que muchas veces han empeorado al sistema tributario y no lo han mejorado.
Partimos en 2015 con uno de los sistemas tributarios más regresivos del planeta, con una altísima evasión y una altísima presión fiscal.
Ratifico lo relativo a la presión fiscal. Escuché decir a diputados del anterior oficialismo, especialmente a quién ejerció una de las máximas funciones como ministro de Economía de la Nación, que tenemos una presión fiscal relativamente baja. Esto no es así, ni en valores absolutos ni en términos relativos.
No se puede medir la presión fiscal y compararla solamente en valores absolutos, hablando del 30, 40 o 50 por ciento, sino que se la debe medir en función de los servicios que el Estado devuelve a esos ciudadanos afectados por esa presión tributaria. Es decir, una presión fiscal del 30 por ciento puede sentirse enorme y muy pesada en nuestro país en comparación con una del 50 por ciento en Suiza o algún país nórdico, en donde todos los servicios públicos funcionan con calidad y eficiencia, se tiene resuelta toda la vida -desde el nacimiento hasta la muerte- y se tienen cubiertas las prestaciones sociales, la educación, la salud, la previsión social, etcétera.
En este último supuesto, esa presión fiscal del 50 por ciento puede parecerle razonable al ciudadano, más allá de que sea alta, porque recibe a cambio servicios de calidad. En cambio, nosotros sentimos horriblemente pesada la presión fiscal que se difunde del treinta y pico por ciento -podemos discutir ese "y pico" ya que entre la evasión y la inflación termina siendo mucho más del 40 por ciento-, porque nuestros servicios públicos no son los de Suiza o los de algún país con el que podamos compararnos en ese sentido.
Este es el país que tenemos. No quiero hablar de la pesada herencia porque sé que genera comentarios al respecto. Dejemos de lado a la pesada herencia. Pero así es el país que tenemos y que heredó Cambiemos en diciembre del 2015.
No vamos hablar de la calidad de los servicios públicos ni de la calidad de la educación o de la seguridad. Además de pagar impuestos, tenemos que pagar seguridad privada, educación privada o salud privada. Este es el país que tenemos y Cambiemos vino para cambiarlo.
Aquellos que gobernaron tanto tiempo seguramente no quisieron hacerlo, no es que no supieron o no pudieron. Recién los escuchamos decir que no quisieron proponer un sistema tributario diferente, como el que estamos proponiendo ahora, porque estaban muy conformes con el que ya teníamos. Seguramente por eso no propusieron ningún cambio, estaban muy contentos con el sistema tributario argentino.
Nosotros no estamos contentos, señor presidente. Estamos disconformes, no nos gusta el sistema tributario existente. Consideramos que es regresivo, inequitativo y deficiente, ya que no apunta a generar empleo de calidad o a promover el desarrollo de la economía. Vinimos para cambiarlo.
Repito: esta iniciativa del Poder Ejecutivo no será el sistema tributario perfecto pero va en esa línea. Seguramente luego vendrán proyectos que vayan complementando y completando esta iniciativa y estaremos dispuestos a seguir la discusión. Esta es la filosofía de nuestro bloque y quiero dejarla asentada al momento de apoyar este proyecto.
Concluyendo, no necesariamente lo que fracasó en el pasado va a fracasar en el futuro, especialmente si se hace con herramientas diferentes y creíbles. No es lo mismo una reforma propuesta por un gobierno creíble que una propuesta por un gobierno al que la sociedad no le cree. No son lo mismo los blanqueos que aprobó el kirchnerismo y que fracasaron rotundamente -el último fue un fracaso absoluto- que un blanqueo como, por ejemplo, el que propuso Cambiemos y que fue el más exitoso de la historia.
Señor presidente: para seguir satisfaciendo necesidades sociales, de salud, de educación y de vivienda, para redistribuir mejor el ingreso, para incentivar mejor el crecimiento del producto, para compensar externalidades negativas y para seguir equilibrando la economía y bajando la inflación y el desempleo, apoyamos firmemente el proyecto en consideración. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
Quiero resaltar que se trata de un proyecto enviado por el gobierno nacional de Cambiemos que apunta al objetivo de promover la inversión, la competitividad y el empleo de calidad. Este es uno de los objetivos.
¿Cómo se puede llevar adelante? Reduciendo el impuesto a las ganancias corporativas no distribuidas, devolviendo anticipadamente los saldos a favor del IVA -poniéndole un plazo por inversiones de hasta de seis meses-, implementando un mínimo no imponible para las contribuciones patronales y el pago a cuenta de ganancias generado por el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios -aunque no está en la ley que estamos tratando, se enlaza con el acuerdo con las provincias para reducir impuestos-, fijando ingresos brutos serios y eliminando las aduanas interiores, que están causando mucho ruido en las relaciones entre las provincias; esto se refiere al impuesto a los ingresos brutos.
En ese sentido, hago una mención muy especial que se refiere a la provincia de la que provengo, Misiones, donde la situación es mucho más perversa aun, dado que se ha montado toda una infraestructura material y legislativa para cobrar la entrada a la provincia de aquellos productos que provienen de otra jurisdicción y que tienen que hacer un pago a cuenta muy elevado para poder ingresar.
También es un proyecto que avanza hacia un sistema tributario más equitativo, más eficiente y más moderno. ¿Cómo? Extendiendo a otros activos financieros el impuesto a las ganancias por rentas obtenidas por personas humanas. Mucho se ha hablado de la renta financiera. Este es un gobierno que se anima a proponerla y a debatirla. Hasta aquí mucho se ha hablado, pero nada se había hecho.
Avanza, aumentando la deducción especial para trabajadores autónomos al doble de lo que hoy tienen. Esta es una diferencia injusta para los autónomos respecto de los trabajadores en relación de dependencia, y todavía no van a quedar equiparados porque seguramente las restricciones fiscales así lo impiden. Pero sin duda que estamos en el camino correcto poniendo más justicia en la tributación de los autónomos.
Es un proyecto que avanza eliminando el impuesto a la transferencia de inmuebles y extendiendo la aplicación de ganancias con la alícuota reducida a la segunda, tercera o sucesivas ventas que puedan tener.
Avanza modificando impuestos internos de los combustibles e incorporando el revalúo contable e impositivo, como lo explicaba el presidente, que es una vieja aspiración y un viejo reclamo. Hablo de la profesión contable, donde hasta aquí estábamos impedidos de poder lograr un balance de las empresas más acorde con la realidad económica. Este proyecto de ley, de revalúo contable e impositivo, incorporado en la reforma tributaria va a permitir hacerlo en forma optativa y no obligatoria, tanto para las empresas unipersonales, como para las personas humanas o personas jurídicas.
Obviamente este proyecto tiene el objetivo de seguir reduciendo drásticamente la evasión impositiva, cumplir con las metas fiscales que se propone el gobierno de Cambiemos y avanzar hacia el desarrollo de nuestra economía.
Se habló de que faltan datos del impacto en el proyecto de reforma. Ayer, el ministro y los funcionarios fueron muy claros cuando explicaron que esta reforma va a tener un costo para la Nación de 1,5 del producto bruto interno al cabo del quinto año, que se va a sumar a los 2 puntos de reducción de la presión impositiva desde el año 2016. Recordemos la eliminación de retenciones de ganancias, la ley pyme y la baja del impuesto inflacionario del cual a partir de este año.
Es decir que gracias a la reforma bajará la evasión y crecerá más rápido la economía. Las estimaciones son del 0,5 del PIB adicional por año durante, al menos, cinco años. Con lo cual, al final, cuando se complete la reforma en su integralidad, el costo al Tesoro nacional rondará el 0,3 o 0,4 por ciento del producto.
También es importante decir que van a aumentar los recursos coparticipables a las provincias.
Obviamente, no es la reforma perfecta. En materia tributa queda mucho por hacer. Pero es un paso enorme el que estamos dando después de décadas en que no se hacía nada. Como decía el diputado Bossio, la última gran reforma fue la de Machinea, que se hizo en diciembre de 1999. Todavía recuerdo a Raúl Baglini siendo miembro informante de ese proyecto de reforma. Quiere decir que desde hace casi 20 años venimos con parches que muchas veces han empeorado al sistema tributario y no lo han mejorado.
Partimos en 2015 con uno de los sistemas tributarios más regresivos del planeta, con una altísima evasión y una altísima presión fiscal.
Ratifico lo relativo a la presión fiscal. Escuché decir a diputados del anterior oficialismo, especialmente a quién ejerció una de las máximas funciones como ministro de Economía de la Nación, que tenemos una presión fiscal relativamente baja. Esto no es así, ni en valores absolutos ni en términos relativos.
No se puede medir la presión fiscal y compararla solamente en valores absolutos, hablando del 30, 40 o 50 por ciento, sino que se la debe medir en función de los servicios que el Estado devuelve a esos ciudadanos afectados por esa presión tributaria. Es decir, una presión fiscal del 30 por ciento puede sentirse enorme y muy pesada en nuestro país en comparación con una del 50 por ciento en Suiza o algún país nórdico, en donde todos los servicios públicos funcionan con calidad y eficiencia, se tiene resuelta toda la vida -desde el nacimiento hasta la muerte- y se tienen cubiertas las prestaciones sociales, la educación, la salud, la previsión social, etcétera.
En este último supuesto, esa presión fiscal del 50 por ciento puede parecerle razonable al ciudadano, más allá de que sea alta, porque recibe a cambio servicios de calidad. En cambio, nosotros sentimos horriblemente pesada la presión fiscal que se difunde del treinta y pico por ciento -podemos discutir ese "y pico" ya que entre la evasión y la inflación termina siendo mucho más del 40 por ciento-, porque nuestros servicios públicos no son los de Suiza o los de algún país con el que podamos compararnos en ese sentido.
Este es el país que tenemos. No quiero hablar de la pesada herencia porque sé que genera comentarios al respecto. Dejemos de lado a la pesada herencia. Pero así es el país que tenemos y que heredó Cambiemos en diciembre del 2015.
No vamos hablar de la calidad de los servicios públicos ni de la calidad de la educación o de la seguridad. Además de pagar impuestos, tenemos que pagar seguridad privada, educación privada o salud privada. Este es el país que tenemos y Cambiemos vino para cambiarlo.
Aquellos que gobernaron tanto tiempo seguramente no quisieron hacerlo, no es que no supieron o no pudieron. Recién los escuchamos decir que no quisieron proponer un sistema tributario diferente, como el que estamos proponiendo ahora, porque estaban muy conformes con el que ya teníamos. Seguramente por eso no propusieron ningún cambio, estaban muy contentos con el sistema tributario argentino.
Nosotros no estamos contentos, señor presidente. Estamos disconformes, no nos gusta el sistema tributario existente. Consideramos que es regresivo, inequitativo y deficiente, ya que no apunta a generar empleo de calidad o a promover el desarrollo de la economía. Vinimos para cambiarlo.
Repito: esta iniciativa del Poder Ejecutivo no será el sistema tributario perfecto pero va en esa línea. Seguramente luego vendrán proyectos que vayan complementando y completando esta iniciativa y estaremos dispuestos a seguir la discusión. Esta es la filosofía de nuestro bloque y quiero dejarla asentada al momento de apoyar este proyecto.
Concluyendo, no necesariamente lo que fracasó en el pasado va a fracasar en el futuro, especialmente si se hace con herramientas diferentes y creíbles. No es lo mismo una reforma propuesta por un gobierno creíble que una propuesta por un gobierno al que la sociedad no le cree. No son lo mismo los blanqueos que aprobó el kirchnerismo y que fracasaron rotundamente -el último fue un fracaso absoluto- que un blanqueo como, por ejemplo, el que propuso Cambiemos y que fue el más exitoso de la historia.
Señor presidente: para seguir satisfaciendo necesidades sociales, de salud, de educación y de vivienda, para redistribuir mejor el ingreso, para incentivar mejor el crecimiento del producto, para compensar externalidades negativas y para seguir equilibrando la economía y bajando la inflación y el desempleo, apoyamos firmemente el proyecto en consideración. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Laspina).- Tiene la palabra el señor diputado Grandinetti.
SR. GRANDINETTI Señor presidente: me parece que tenemos el mismo problema que ocurre en la totalidad de la economía, es decir, pensar que una sola variable va a resolver absolutamente todo. Escuché al señor diputado preopinante, que está muy entusiasmado con todos los logros que va a lograr esta reforma tributaria, y no tengo dudas de que tenemos que cambiar la matriz impositiva. Ahora bien, así como se pensó que para controlar la inflación alcanzaba la tasa de interés que imponía el Banco Central, eso no funcionó. Tenemos una inflación de costo en la República Argentina: aumentan las tarifas y el costo del dinero es cada vez mayor, con lo cual tenemos un problema de rentabilidad de las pymes.
¿Cómo mejoramos la rentabilidad con esta matriz? Si efectivamente vamos a tocar el 50 por ciento de los ingresos del Estado nacional -como se propone con esta reforma-, necesitamos consensos básicos y fuertes, además de tiempo. Hoy mismo en esta misma Comisión escuchamos que ni los miembros del oficialismo tenían en claro si habían ingresado o no algunas de sus propuestas. Nosotros desde la oposición estamos lejos de saber efectivamente cómo quedó el texto final que vamos a discutir dentro de siete días, con lo cual si efectivamente estamos dispuestos y estamos de acuerdo en muchos de los temas -aunque en algunos otros no-, necesitamos tiempo para generar los consensos básicos.
Ayer comentábamos que nosotros proponíamos un impuesto a la renta financiera. Cuando lo propusimos el año pasado, se generó un gran escándalo y decían que nos íbamos a caer del mundo, que íbamos a parecernos a Pakistán o a Bangladesh, y que otros males iban a caer sobre la Argentina porque íbamos a correr a los inversores prestos a llegar al país para realizar las inversiones que había prometido el presidente. Decían que eso los iba a espantar. Hoy tenemos esta propuesta del oficialismo, y la vamos a apoyar.
En el título I, por el que se rebaja del 35 al 25 por ciento los aportes patronales, lo vamos a acompañar. Claramente, esto es un beneficio, pero se omite decir que para las pymes industriales se va a subir el aporte patronal. No es que las empresas grandes sean malas y las pymes sean buenas, no es una cuestión de buenos y malos; es una cuestión de quiénes generan empleo y cómo incentivamos y damos herramientas para competir. En ese punto nosotros vamos a acompañar.
Como mencionó acá otro señor diputado preopinante, pedimos que las deducciones a los trabajadores autónomos sean elevadas 1,2 veces, porque es una manera de ayudar.
Reitero lo de las cooperativas y las mutuales. ¿Hay cuevas en la Argentina? Sí, hay que perseguirlas porque son delincuentes. Así como hay sociedades anónimas que ponen una figura societaria para delinquir, pero eso nos hace pensar que todos sean delincuentes. Ahí tiene que estar el poder de policía.
Asimismo, si hay un poder de lobby que sufrieron los funcionarios del anterior gobierno, que lo denuncien. Los vamos a acompañar. Efectivamente, tenemos que controlar las tasas que están cobrando las mutuales y cooperativas, porque desde 1927 hay un entramado de ayuda mutual en la República Argentina.
Por ejemplo, gran parte del mundo asegurador de la Argentina corresponde a esta figura. Reempadronémosla, pidámosle todo para ver si efectivamente cumple con la ley y persigamos a quienes la evaden, pero no perjudiquemos la figura que por esencia tiene el movimiento cooperativo, mutualista y de ayuda, por más que algunos descreídos del posmodernismo o de la posverdad digan que eso ya es viejo o de otra época.
En cuanto al Título III, seguimos insistiendo en que si en realidad lo que queremos es modificar no solamente la presión que tienen las pymes y la producción sino la presión de los sectores de la sociedad para la subsistencia, debemos tener en cuenta los datos que dio ayer la UCA: el 30 por ciento de los argentinos está por debajo del nivel de pobreza. Estamos en un 30, 31, 33 por ciento; para redondear, un tercio de la población de la República Argentina está por debajo del nivel de pobreza.
Y resulta que nosotros no podemos agregar acá que vamos a eliminar el IVA de la canasta básica, ayudando precisamente a los sectores marginados que hoy no tienen posibilidad ni siquiera de garantizar su supervivencia. Efectivamente, si vamos a hacer una reforma, tenemos que hacerla en forma integral y debemos pensar en este sector.
Por último, si bien es un tema que quizá parezca menor, en el artículo 87 acompañamos el criterio de que efectivamente se pague el IVA por los servicios digitales. Y este es un avance. Me parece muy bien, es acorde con lo que ocurre en diferentes lugares del mundo. Pero lo que queremos solicitar con respecto al IVA es que se siga manteniendo la promoción sobre la industria del cine, la industria cultural, una de las pocas que ha tenido políticas de Estado en la República Argentina a partir del año 1933. La única herramienta que tenemos para hacerlo es a través del fomento y la promoción. Cada vez que uno va al cine y paga su entrada, del 21 por ciento del IVA que paga un 10 por ciento va al INCAA.
-Ocupa la Presidencia el señor diputado Pastori.
¿Cómo mejoramos la rentabilidad con esta matriz? Si efectivamente vamos a tocar el 50 por ciento de los ingresos del Estado nacional -como se propone con esta reforma-, necesitamos consensos básicos y fuertes, además de tiempo. Hoy mismo en esta misma Comisión escuchamos que ni los miembros del oficialismo tenían en claro si habían ingresado o no algunas de sus propuestas. Nosotros desde la oposición estamos lejos de saber efectivamente cómo quedó el texto final que vamos a discutir dentro de siete días, con lo cual si efectivamente estamos dispuestos y estamos de acuerdo en muchos de los temas -aunque en algunos otros no-, necesitamos tiempo para generar los consensos básicos.
Ayer comentábamos que nosotros proponíamos un impuesto a la renta financiera. Cuando lo propusimos el año pasado, se generó un gran escándalo y decían que nos íbamos a caer del mundo, que íbamos a parecernos a Pakistán o a Bangladesh, y que otros males iban a caer sobre la Argentina porque íbamos a correr a los inversores prestos a llegar al país para realizar las inversiones que había prometido el presidente. Decían que eso los iba a espantar. Hoy tenemos esta propuesta del oficialismo, y la vamos a apoyar.
En el título I, por el que se rebaja del 35 al 25 por ciento los aportes patronales, lo vamos a acompañar. Claramente, esto es un beneficio, pero se omite decir que para las pymes industriales se va a subir el aporte patronal. No es que las empresas grandes sean malas y las pymes sean buenas, no es una cuestión de buenos y malos; es una cuestión de quiénes generan empleo y cómo incentivamos y damos herramientas para competir. En ese punto nosotros vamos a acompañar.
Como mencionó acá otro señor diputado preopinante, pedimos que las deducciones a los trabajadores autónomos sean elevadas 1,2 veces, porque es una manera de ayudar.
Reitero lo de las cooperativas y las mutuales. ¿Hay cuevas en la Argentina? Sí, hay que perseguirlas porque son delincuentes. Así como hay sociedades anónimas que ponen una figura societaria para delinquir, pero eso nos hace pensar que todos sean delincuentes. Ahí tiene que estar el poder de policía.
Asimismo, si hay un poder de lobby que sufrieron los funcionarios del anterior gobierno, que lo denuncien. Los vamos a acompañar. Efectivamente, tenemos que controlar las tasas que están cobrando las mutuales y cooperativas, porque desde 1927 hay un entramado de ayuda mutual en la República Argentina.
Por ejemplo, gran parte del mundo asegurador de la Argentina corresponde a esta figura. Reempadronémosla, pidámosle todo para ver si efectivamente cumple con la ley y persigamos a quienes la evaden, pero no perjudiquemos la figura que por esencia tiene el movimiento cooperativo, mutualista y de ayuda, por más que algunos descreídos del posmodernismo o de la posverdad digan que eso ya es viejo o de otra época.
En cuanto al Título III, seguimos insistiendo en que si en realidad lo que queremos es modificar no solamente la presión que tienen las pymes y la producción sino la presión de los sectores de la sociedad para la subsistencia, debemos tener en cuenta los datos que dio ayer la UCA: el 30 por ciento de los argentinos está por debajo del nivel de pobreza. Estamos en un 30, 31, 33 por ciento; para redondear, un tercio de la población de la República Argentina está por debajo del nivel de pobreza.
Y resulta que nosotros no podemos agregar acá que vamos a eliminar el IVA de la canasta básica, ayudando precisamente a los sectores marginados que hoy no tienen posibilidad ni siquiera de garantizar su supervivencia. Efectivamente, si vamos a hacer una reforma, tenemos que hacerla en forma integral y debemos pensar en este sector.
Por último, si bien es un tema que quizá parezca menor, en el artículo 87 acompañamos el criterio de que efectivamente se pague el IVA por los servicios digitales. Y este es un avance. Me parece muy bien, es acorde con lo que ocurre en diferentes lugares del mundo. Pero lo que queremos solicitar con respecto al IVA es que se siga manteniendo la promoción sobre la industria del cine, la industria cultural, una de las pocas que ha tenido políticas de Estado en la República Argentina a partir del año 1933. La única herramienta que tenemos para hacerlo es a través del fomento y la promoción. Cada vez que uno va al cine y paga su entrada, del 21 por ciento del IVA que paga un 10 por ciento va al INCAA.
-Ocupa la Presidencia el señor diputado Pastori.
SR. GRANDINETTI De esa manera mantenemos una industria que es muy competitiva y que ha logrado, entre otras cuestiones, mantenerse a pesar de los vaivenes económicos del país.
Cuando se pasa una película en los medios de comunicación masivos se tiene que pagar IVA -y una parte de ese impuesto efectivamente va al INCAA-, por lo que, si se hace por otro medio -como en esencia es lo mismo- también se debiera tributar por el mismo concepto, como ocurre con el medio digital.
En el videoclub Blockbuster -para darle un ejemplo a aquellos que tienen algunos años- cuando uno alquilaba una película pagaba el IVA. Efectivamente de esa forma contribuía con la industria del cine, lo que creemos que es absolutamente importante.
Por todo lo que hemos mencionado -luego hablará el diputado Snopek para agregar algunas cuestiones- presentaremos un dictamen de minoría. Le pedimos, señor presidente, que nos dé tiempo hasta las 18 horas del día de hoy para poder hacerlo.
Lo hacemos porque creemos que efectivamente estamos afectando el 50 por ciento de lo que recauda el Estado Nacional y que hubiera sido necesario quizás un poco más de tiempo y consenso para que efectivamente no saquemos una norma a los apurones.
Cuando se pasa una película en los medios de comunicación masivos se tiene que pagar IVA -y una parte de ese impuesto efectivamente va al INCAA-, por lo que, si se hace por otro medio -como en esencia es lo mismo- también se debiera tributar por el mismo concepto, como ocurre con el medio digital.
En el videoclub Blockbuster -para darle un ejemplo a aquellos que tienen algunos años- cuando uno alquilaba una película pagaba el IVA. Efectivamente de esa forma contribuía con la industria del cine, lo que creemos que es absolutamente importante.
Por todo lo que hemos mencionado -luego hablará el diputado Snopek para agregar algunas cuestiones- presentaremos un dictamen de minoría. Le pedimos, señor presidente, que nos dé tiempo hasta las 18 horas del día de hoy para poder hacerlo.
Lo hacemos porque creemos que efectivamente estamos afectando el 50 por ciento de lo que recauda el Estado Nacional y que hubiera sido necesario quizás un poco más de tiempo y consenso para que efectivamente no saquemos una norma a los apurones.
SR. PRESIDENTE PASTORI Le corresponde el uso de la palabra al señor diputado Snopek, pero el diputado Basterra le pide una interrupción. ¿Se la concede, diputado?
SR. SNOPEK Sí, señor presidente.
SR. BASTERRA Muchas gracias, señor diputado Snopek.
Simplemente quiero expresar que hemos conversado con el colectivo de directores y productores de cine, que nos ha visitado.
Acompañamos el sentido de lo que expresó el señor diputado Grandinetti. Entendemos que se ajusta a un instrumento que posibilitó que Argentina haya trascendido de manera tan importante en la industria cinematográfica.
Sr. Snopek.- Cuando se habló el año pasado de que se iba a trabajar en este Congreso la reforma tributaria, se hablaba de los grandes objetivos que teníamos. Incluso se creó una comisión bicameral, que en definitiva no está tratando esta reforma, sino que la está tratando el plenario de esta comisión.
Unos de los grandes objetivos de esta reforma era lograr una mayor progresividad. Es decir, que paguen más impuestos aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva.
También se hablaba de lograr una menor complejidad del sistema tributario. Es decir, que aquellos que quisieran tener en regla su tema tributario lo pudieran hacer sin tener que estar consultando tanto a los grandes estudios contables. Y también se hablaba de procurar lo que dice nuestra Constitución en su artículo 75 que es tener un desarrollo armónico de las distintas regiones del país, a través de las normas tributarias.
En esta reforma vemos que muchas de estas cosas no se cumplen e que incluso se ha ido hacia un sistema más centralista.
Desde el punto de vista de las provincias, una cuestión que me preocupan del impuesto a las ganancias, es que es un impuesto coparticipable. Entonces, en definitiva, si hay menos aportes por el impuesto a las ganancias repercute en las cuentas provinciales. A esto hay que agregarle el pacto fiscal que han firmado los gobernadores, por el cual se han comprometido a hacer una rebaja de los ingresos brutos. Entonces, las cajas provinciales pueden tener problemas.
Me preocupa también el tema de precio de transferencias. Cuando uno estudiaba el sistema tributario argentino de la época del IAPI y de Perón, las multinacionales que comercializaban los granos en Argentina hasta el 2001 o 2002 -cuando fue ministro de Economía Roberto Lavagna- prácticamente no pagaban impuesto a las ganancias.
Esto es así porque tenían filiales en todas partes del mundo. Entonces, exportaban a 101 a un paraíso fiscal los productos que compraban a 100. Allí iba la factura o el documento equivalente a la misa y desde ese lugar volvían a facturar hacia el destino final. Pero el barco salía desde nuestros puertos en forma directa al destino final y el precio ese de transferencia, en realidad no era tal. Entonces, no pagaban impuestos a las ganancias en Argentina.
¿Qué se hizo? Una modificación en el artículo del impuesto a las ganancias y se puso que cuando la exportación se realice a un país de baja o nula tributación, el precio de transferencia no es el del documento, el de la factura o el papel que contenga el precio de transferencia, sino que es el precio de los mercados de Chicago, Londres, etcétera, del mismo día en que se realizara la operación.
Por lo tanto, empezaron a pagar cuantiosas sumas por el impuesto a las ganancias siete cerealeras que son las compañías que hoy manejan el 90 y pico por ciento de lo que es el negocio de granos en la Argentina.
Ahora, a través de esta reforma, se advierte que se define qué es lo que es un país de baja o nula tributación. En esa definición se dice -yo quisiera que me aclaren los funcionarios de Hacienda si esta es una redacción que contempla algún acuerdo con otros países o está en el seno de algún organismo internacional- que un país de baja tributación es un país que paga impuestos por menos del 60 por ciento de lo que tributa en Argentina.
Quiere decir que estas compañías, nuevamente, pueden pagar cero en Argentina y terminar tributando un 40 por ciento de lo que le correspondería pagar en Argentina con las leyes vigentes. Entonces, los 4.000 o 5.000 millones de dólares de recaudación que pasó a tener la Argentina en el 2003, y que fue el responsable de tener parte del superávit fiscal y el comercial que se tuvo en ese momento -de hecho, ya no tenemos superávit-, vamos a perderlo.
De manera que podemos perder esa recaudación que en definitiva va a afectar al conjunto de la Argentina y a la recaudación de las provincias a través de la coparticipación de este impuesto. Esa es parte de la preocupación que tenemos.
Otro punto al que me quiero referir, y que ya mencionó el diputado Grandinetti, es el relativo a las cooperativas y mutuales. La acción cooperativa en sí misma no significa renta sino que se trata de una acción por la cual los socios de una cooperativa se autoproveen de servicios a través de ella. En definitiva, en las operaciones que realizan las cooperativas no hay ganancias, por lo que con esta iniciativa se estaría yendo en contra del sistema del cooperativismo de la Argentina. En ese sentido, nosotros entendemos que habría que volver a redactar el proyecto excluyéndolas.
Como dijo el diputado Grandinetti, en nuestro país debería haber algún órgano que controle si se está usando mal la figura de la cooperativa, pero no podemos sancionar una ley por la que se grava la acción de las cooperativas y mutuales, cobrándoles un impuesto que, en realidad, no existe porque no hay ganancias en ninguna de estas dos figuras jurídicas.
Preocupa enormemente a una provincia como la mía -que es parte de una economía regional tan importante como es la de la industria azucarera- el impuesto adicional a las bebidas no alcohólicas que tengan incorporado azúcar.
Asimismo, nos preocupan las propuestas de algunos diputados de otras regiones como, por ejemplo, del Cuyo, que proponen beneficios adicionales cuando se incorpora el mosto o jugo de fruta. Las economías regionales tenemos que estar juntas para propiciar mejoras para todas, no pensando en el crecimiento de una en detrimento de la otra. Esto se planteó hace unos años cuando participé del Parlamento del NOA y hubo expresiones de todas las provincias del Noroeste argentino acerca de no contraponer las economías regionales entre sí. En este caso, no sucede eso sino todo lo contrario ya que se pretende llevar a más del doble -del 8 al 17 por ciento- el impuesto interno a las bebidas no azucaradas.
Por medio del presidente de esta comisión nos desayunamos esta mañana acerca de un sistema distinto. Está claro -de una forma u otra- que no sabemos qué significa ese sistema distinto al del 8 por ciento actual, es decir, cuál sería la carga sino es del 17 por ciento. No estamos seguros -ya que no lo hemos visto en ningún documento de trabajo- qué impacto tiene efectivamente esto sobre las economías regionales productoras del azúcar en relación con los puestos de trabajo y el Producto Bruto Geográfico. En definitiva, no conocemos el impacto que tendrá en la economía de quiénes trabajan y se desarrollan en base a esas actividades. Si esto no se ha estudiado, mucho menos está pensada la mitigación del daño que se causa a través de esta medida que se propone.
Lo primero que debemos hacer al proponer una medida impositiva es analizar qué impacto tiene y cómo se compensan o mitigan aquellos efectos no deseados para que no sucedan. Esto no está previsto o, por lo menos, no lo hemos visto. Es por ello que nuestra preocupación persiste y no compartimos en lo más mínimo el hecho de que se modifique de esta manera este impuesto adicional a estas bebidas.
En cuanto al decreto 814, lamento que a algunos diputados que están acá cerca, a la vuelta del Obelisco, no les gusten los mecanismos de compensación de las asimetrías de la Argentina que allí se prevén. Esta norma contempla el único mecanismo vigente en un país tan extenso como el nuestro.
En virtud de ese decreto, aquellas provincias que tienen un grado de desarrollo relativo menor obtienen una compensación por las enormes distancias, por el costo del flete, porque el grado de desarrollo relativo de su gente es distinto y porque su producto bruto por habitante es distinto al de otras regiones del país.
Es por ello que no es razonable derogar el decreto 814 y poner en pie de igualdad al conjunto de la Argentina sin establecer otro mecanismo de compensación.
Allí podemos dar dos propuestas. Ya que el Ejecutivo nacional habló de potenciar las regiones rezagadas de la Argentina a través de un Plan Belgrano, en particular el NOA y el NEA, una propuesta es que el decreto 814 se aplique en esas provincias que tienen economías regionales a las que sí les sirve esta norma -y en parte se compensen ciertas asimetrías- y que no se aplique al resto de la Argentina, con un mecanismo que sea optativo respecto del sujeto alcanzado por los gobiernos municipales y provinciales. Es decir, se toma el decreto 814 o la compensación por este mínimo de los 12.000 pesos que se va actualizando. Hay algunas producciones a las que les puede resultar neutra, pero estoy convencido de que al conjunto de la región no le resultará así.
Si hoy tenemos menos contribuciones en el norte respecto de las zonas centrales de la Argentina a través de este sistema de compensación y las bajamos, habrá un costo de ese sistema que lo pagará el conjunto de los argentinos pero que beneficia solamente a una región con una compensación del decreto 814 equivalente a cero. Acá sí se va a producir la rebaja de las contribuciones con el sistema del 12 por ciento, pero es cero en el norte, eliminando el decreto 814, y cero baja a las contribuciones que pagamos los contribuyentes nuestra región. ¿Cuál es el incentivo que puede tener una empresa que quiera radicarse en el norte respecto de hacerlo aquí? En definitiva, potenciamos la asimetría que ya tenemos las provincias del norte respecto de las demás.
Una opción es mantener el decreto 814 para las provincias del NOA y NEA, con un sistema optativo para que los municipios y las provincias puedan acogerse al mínimo no imponible y a la reducción prevista en la ley. El otro sistema -si es que eso no les parece adecuado- es establecer un mecanismo de compensación por flete. Cuando se emitió el decreto 814, vino a reemplazar el decreto 1520/98, que tenía un sistema diferencial de aportes, cuyo objetivo y parte principal de los fundamentos es la distancia-puerto y el costo diferencial. Si nosotros establecemos un mecanismo por el cual los fletes tienen la posibilidad de tomar parte de su costo como crédito fiscal de IVA en forma directa, asociado al débito que significa la mercadería que transporta, tendríamos dos beneficios: por un lado, la compensación efectiva del flete, es decir que producir en cualquier parte de la Argentina tenga el mismo costo, incluso para quienes producen algún bien acá en Capital Federal y lo tienen que mandar a la Patagonia o al norte. Ellos tendrían esa compensación y haría que el producto sea más barato. Esto haría que se blanqueen muchas de las mercaderías que se transportan en la Argentina hoy y que están en negro, que llegan acá a Buenos Aires o a otros lugares y que no tributan nada. Eso existe y provoca que a la vuelta haya economía informal y trabajadores no registrados, y tampoco se factura lo que se comercializa.
Entonces, el costo fiscal de esta medida puede ser cero, porque se empieza a blanquear parte del transporte que se hace hoy sin registrar con el débito. Es decir que siempre que haya un débito se puede tomar este crédito fiscal, y es posible que el costo fiscal sea cero. Si no es cero, cuando se habló de esta reforma tributaria se decía que no era sobre la base diferencial tributario la manera de alcanzar fácilmente el desarrollo, sino más bien mediante una recaudación de todos por igual, para poder invertir más en aquellos lugares donde hace falta gastar más en infraestructura. Este sería un sistema para gastar más a través de la compensación efectiva del flete que haría que la Argentina no tenga esa asimetría.
Respecto del producto del tabaco, en el proyecto que había mandado el Ejecutivo el 7 por ciento del adicional de emergencia de los cigarrillos va a la ANSES con una alícuota fija y única. Es una cuestión que valoramos como positiva quienes pertenecemos a las economías regionales productoras de tabaco.
Estábamos siempre con una espada de Damocles, pensando si venía o no el decreto para hacer una reducción de tasas. Esta mañana nos desayunamos con que, con respecto a lo que contenía el proyecto del Ejecutivo -una baja efectiva de la alícuota de impuestos internos a 75, una de las cargas impositivas al tabaco más altas del mundo-, bajaba al 70. Seguía siendo alta, pero no tanto. Hoy vemos que, habiendo bajado el mínimo no imponible -valorábamos como positivo que esté relativamente alto-, se aumentó la alícuota del 70 en el proyecto original al 73. No compartimos en lo más mínimo esa medida que se está tomando a través del dictamen; no del proyecto del Poder Ejecutivo sino del dictamen.
En primer lugar, no entendemos cuál es el sentido. Además, si observamos la región vemos que en Paraguay el total del componente impositivo es del 16, y los cigarrillos tienen el 15 por ciento. El río Pilcomayo -que divide a través de Formosa Paraguay con la frontera argentina- muchas veces durante el año no tiene agua, lo que permite que se realice la mayor parte del contrabando de cigarrillos, por lo que los argentinos -que nosotros queremos que fumen menos- no van a dejar de fumar sino que van a fumar el trabajo de otra parte. Las economías regionales productoras nos veremos perjudicadas. Creemos que esto va en contra de lo que debiera ser.
Una cuestión que no trata el proyecto en ninguna parte pero creemos que sería valioso incorporar es lo relativo a los incentivos que actualmente están vigentes a la producción de energías renovables. Si uno analiza los incentivos que existen en la legislación vigente, observa que hay más incentivos para la producción de energía eólica que para la solar. En el Norte estamos produciendo energía solar, pero observamos que la ecuación es más costosa que en el caso de la energía eólica -incluso la utilidad esperada respecto del costo, el valor de venta y todos los componentes. Desde el punto de vista impositivo hoy está desbalanceado el sistema y hay mayores incentivos para la producción de energía eólica.
Creemos que es necesario equiparar estos incentivos y poner en pie de igualdad las energías renovables -sea una u otra- según lo que terminan produciendo -kilovatio/hora- y no según sea un tipo u otro de energía, ya que en definitiva las inversiones necesarias para producir energía solar son mayores y el rendimiento es menor; el incentivo debiera ser exactamente inverso al que se contempla hoy.
Esta cuestión -junto con otras que no mencionaré en honor al tiempo- es una de las que volcamos en el dictamen que vamos a presentar.
Necesitamos tiempo para ver todos los cambios que se introdujeron en el proyecto del Ejecutivo -a través del borrador del dictamen en que se trabajó ayer hasta última hora- para ver qué cuestiones han sido valoradas, tenerlas como parte del dictamen de mayoría y poder, en definitiva, presentar nuestro dictamen.
Simplemente quiero expresar que hemos conversado con el colectivo de directores y productores de cine, que nos ha visitado.
Acompañamos el sentido de lo que expresó el señor diputado Grandinetti. Entendemos que se ajusta a un instrumento que posibilitó que Argentina haya trascendido de manera tan importante en la industria cinematográfica.
Sr. Snopek.- Cuando se habló el año pasado de que se iba a trabajar en este Congreso la reforma tributaria, se hablaba de los grandes objetivos que teníamos. Incluso se creó una comisión bicameral, que en definitiva no está tratando esta reforma, sino que la está tratando el plenario de esta comisión.
Unos de los grandes objetivos de esta reforma era lograr una mayor progresividad. Es decir, que paguen más impuestos aquellos que tienen una mayor capacidad contributiva.
También se hablaba de lograr una menor complejidad del sistema tributario. Es decir, que aquellos que quisieran tener en regla su tema tributario lo pudieran hacer sin tener que estar consultando tanto a los grandes estudios contables. Y también se hablaba de procurar lo que dice nuestra Constitución en su artículo 75 que es tener un desarrollo armónico de las distintas regiones del país, a través de las normas tributarias.
En esta reforma vemos que muchas de estas cosas no se cumplen e que incluso se ha ido hacia un sistema más centralista.
Desde el punto de vista de las provincias, una cuestión que me preocupan del impuesto a las ganancias, es que es un impuesto coparticipable. Entonces, en definitiva, si hay menos aportes por el impuesto a las ganancias repercute en las cuentas provinciales. A esto hay que agregarle el pacto fiscal que han firmado los gobernadores, por el cual se han comprometido a hacer una rebaja de los ingresos brutos. Entonces, las cajas provinciales pueden tener problemas.
Me preocupa también el tema de precio de transferencias. Cuando uno estudiaba el sistema tributario argentino de la época del IAPI y de Perón, las multinacionales que comercializaban los granos en Argentina hasta el 2001 o 2002 -cuando fue ministro de Economía Roberto Lavagna- prácticamente no pagaban impuesto a las ganancias.
Esto es así porque tenían filiales en todas partes del mundo. Entonces, exportaban a 101 a un paraíso fiscal los productos que compraban a 100. Allí iba la factura o el documento equivalente a la misa y desde ese lugar volvían a facturar hacia el destino final. Pero el barco salía desde nuestros puertos en forma directa al destino final y el precio ese de transferencia, en realidad no era tal. Entonces, no pagaban impuestos a las ganancias en Argentina.
¿Qué se hizo? Una modificación en el artículo del impuesto a las ganancias y se puso que cuando la exportación se realice a un país de baja o nula tributación, el precio de transferencia no es el del documento, el de la factura o el papel que contenga el precio de transferencia, sino que es el precio de los mercados de Chicago, Londres, etcétera, del mismo día en que se realizara la operación.
Por lo tanto, empezaron a pagar cuantiosas sumas por el impuesto a las ganancias siete cerealeras que son las compañías que hoy manejan el 90 y pico por ciento de lo que es el negocio de granos en la Argentina.
Ahora, a través de esta reforma, se advierte que se define qué es lo que es un país de baja o nula tributación. En esa definición se dice -yo quisiera que me aclaren los funcionarios de Hacienda si esta es una redacción que contempla algún acuerdo con otros países o está en el seno de algún organismo internacional- que un país de baja tributación es un país que paga impuestos por menos del 60 por ciento de lo que tributa en Argentina.
Quiere decir que estas compañías, nuevamente, pueden pagar cero en Argentina y terminar tributando un 40 por ciento de lo que le correspondería pagar en Argentina con las leyes vigentes. Entonces, los 4.000 o 5.000 millones de dólares de recaudación que pasó a tener la Argentina en el 2003, y que fue el responsable de tener parte del superávit fiscal y el comercial que se tuvo en ese momento -de hecho, ya no tenemos superávit-, vamos a perderlo.
De manera que podemos perder esa recaudación que en definitiva va a afectar al conjunto de la Argentina y a la recaudación de las provincias a través de la coparticipación de este impuesto. Esa es parte de la preocupación que tenemos.
Otro punto al que me quiero referir, y que ya mencionó el diputado Grandinetti, es el relativo a las cooperativas y mutuales. La acción cooperativa en sí misma no significa renta sino que se trata de una acción por la cual los socios de una cooperativa se autoproveen de servicios a través de ella. En definitiva, en las operaciones que realizan las cooperativas no hay ganancias, por lo que con esta iniciativa se estaría yendo en contra del sistema del cooperativismo de la Argentina. En ese sentido, nosotros entendemos que habría que volver a redactar el proyecto excluyéndolas.
Como dijo el diputado Grandinetti, en nuestro país debería haber algún órgano que controle si se está usando mal la figura de la cooperativa, pero no podemos sancionar una ley por la que se grava la acción de las cooperativas y mutuales, cobrándoles un impuesto que, en realidad, no existe porque no hay ganancias en ninguna de estas dos figuras jurídicas.
Preocupa enormemente a una provincia como la mía -que es parte de una economía regional tan importante como es la de la industria azucarera- el impuesto adicional a las bebidas no alcohólicas que tengan incorporado azúcar.
Asimismo, nos preocupan las propuestas de algunos diputados de otras regiones como, por ejemplo, del Cuyo, que proponen beneficios adicionales cuando se incorpora el mosto o jugo de fruta. Las economías regionales tenemos que estar juntas para propiciar mejoras para todas, no pensando en el crecimiento de una en detrimento de la otra. Esto se planteó hace unos años cuando participé del Parlamento del NOA y hubo expresiones de todas las provincias del Noroeste argentino acerca de no contraponer las economías regionales entre sí. En este caso, no sucede eso sino todo lo contrario ya que se pretende llevar a más del doble -del 8 al 17 por ciento- el impuesto interno a las bebidas no azucaradas.
Por medio del presidente de esta comisión nos desayunamos esta mañana acerca de un sistema distinto. Está claro -de una forma u otra- que no sabemos qué significa ese sistema distinto al del 8 por ciento actual, es decir, cuál sería la carga sino es del 17 por ciento. No estamos seguros -ya que no lo hemos visto en ningún documento de trabajo- qué impacto tiene efectivamente esto sobre las economías regionales productoras del azúcar en relación con los puestos de trabajo y el Producto Bruto Geográfico. En definitiva, no conocemos el impacto que tendrá en la economía de quiénes trabajan y se desarrollan en base a esas actividades. Si esto no se ha estudiado, mucho menos está pensada la mitigación del daño que se causa a través de esta medida que se propone.
Lo primero que debemos hacer al proponer una medida impositiva es analizar qué impacto tiene y cómo se compensan o mitigan aquellos efectos no deseados para que no sucedan. Esto no está previsto o, por lo menos, no lo hemos visto. Es por ello que nuestra preocupación persiste y no compartimos en lo más mínimo el hecho de que se modifique de esta manera este impuesto adicional a estas bebidas.
En cuanto al decreto 814, lamento que a algunos diputados que están acá cerca, a la vuelta del Obelisco, no les gusten los mecanismos de compensación de las asimetrías de la Argentina que allí se prevén. Esta norma contempla el único mecanismo vigente en un país tan extenso como el nuestro.
En virtud de ese decreto, aquellas provincias que tienen un grado de desarrollo relativo menor obtienen una compensación por las enormes distancias, por el costo del flete, porque el grado de desarrollo relativo de su gente es distinto y porque su producto bruto por habitante es distinto al de otras regiones del país.
Es por ello que no es razonable derogar el decreto 814 y poner en pie de igualdad al conjunto de la Argentina sin establecer otro mecanismo de compensación.
Allí podemos dar dos propuestas. Ya que el Ejecutivo nacional habló de potenciar las regiones rezagadas de la Argentina a través de un Plan Belgrano, en particular el NOA y el NEA, una propuesta es que el decreto 814 se aplique en esas provincias que tienen economías regionales a las que sí les sirve esta norma -y en parte se compensen ciertas asimetrías- y que no se aplique al resto de la Argentina, con un mecanismo que sea optativo respecto del sujeto alcanzado por los gobiernos municipales y provinciales. Es decir, se toma el decreto 814 o la compensación por este mínimo de los 12.000 pesos que se va actualizando. Hay algunas producciones a las que les puede resultar neutra, pero estoy convencido de que al conjunto de la región no le resultará así.
Si hoy tenemos menos contribuciones en el norte respecto de las zonas centrales de la Argentina a través de este sistema de compensación y las bajamos, habrá un costo de ese sistema que lo pagará el conjunto de los argentinos pero que beneficia solamente a una región con una compensación del decreto 814 equivalente a cero. Acá sí se va a producir la rebaja de las contribuciones con el sistema del 12 por ciento, pero es cero en el norte, eliminando el decreto 814, y cero baja a las contribuciones que pagamos los contribuyentes nuestra región. ¿Cuál es el incentivo que puede tener una empresa que quiera radicarse en el norte respecto de hacerlo aquí? En definitiva, potenciamos la asimetría que ya tenemos las provincias del norte respecto de las demás.
Una opción es mantener el decreto 814 para las provincias del NOA y NEA, con un sistema optativo para que los municipios y las provincias puedan acogerse al mínimo no imponible y a la reducción prevista en la ley. El otro sistema -si es que eso no les parece adecuado- es establecer un mecanismo de compensación por flete. Cuando se emitió el decreto 814, vino a reemplazar el decreto 1520/98, que tenía un sistema diferencial de aportes, cuyo objetivo y parte principal de los fundamentos es la distancia-puerto y el costo diferencial. Si nosotros establecemos un mecanismo por el cual los fletes tienen la posibilidad de tomar parte de su costo como crédito fiscal de IVA en forma directa, asociado al débito que significa la mercadería que transporta, tendríamos dos beneficios: por un lado, la compensación efectiva del flete, es decir que producir en cualquier parte de la Argentina tenga el mismo costo, incluso para quienes producen algún bien acá en Capital Federal y lo tienen que mandar a la Patagonia o al norte. Ellos tendrían esa compensación y haría que el producto sea más barato. Esto haría que se blanqueen muchas de las mercaderías que se transportan en la Argentina hoy y que están en negro, que llegan acá a Buenos Aires o a otros lugares y que no tributan nada. Eso existe y provoca que a la vuelta haya economía informal y trabajadores no registrados, y tampoco se factura lo que se comercializa.
Entonces, el costo fiscal de esta medida puede ser cero, porque se empieza a blanquear parte del transporte que se hace hoy sin registrar con el débito. Es decir que siempre que haya un débito se puede tomar este crédito fiscal, y es posible que el costo fiscal sea cero. Si no es cero, cuando se habló de esta reforma tributaria se decía que no era sobre la base diferencial tributario la manera de alcanzar fácilmente el desarrollo, sino más bien mediante una recaudación de todos por igual, para poder invertir más en aquellos lugares donde hace falta gastar más en infraestructura. Este sería un sistema para gastar más a través de la compensación efectiva del flete que haría que la Argentina no tenga esa asimetría.
Respecto del producto del tabaco, en el proyecto que había mandado el Ejecutivo el 7 por ciento del adicional de emergencia de los cigarrillos va a la ANSES con una alícuota fija y única. Es una cuestión que valoramos como positiva quienes pertenecemos a las economías regionales productoras de tabaco.
Estábamos siempre con una espada de Damocles, pensando si venía o no el decreto para hacer una reducción de tasas. Esta mañana nos desayunamos con que, con respecto a lo que contenía el proyecto del Ejecutivo -una baja efectiva de la alícuota de impuestos internos a 75, una de las cargas impositivas al tabaco más altas del mundo-, bajaba al 70. Seguía siendo alta, pero no tanto. Hoy vemos que, habiendo bajado el mínimo no imponible -valorábamos como positivo que esté relativamente alto-, se aumentó la alícuota del 70 en el proyecto original al 73. No compartimos en lo más mínimo esa medida que se está tomando a través del dictamen; no del proyecto del Poder Ejecutivo sino del dictamen.
En primer lugar, no entendemos cuál es el sentido. Además, si observamos la región vemos que en Paraguay el total del componente impositivo es del 16, y los cigarrillos tienen el 15 por ciento. El río Pilcomayo -que divide a través de Formosa Paraguay con la frontera argentina- muchas veces durante el año no tiene agua, lo que permite que se realice la mayor parte del contrabando de cigarrillos, por lo que los argentinos -que nosotros queremos que fumen menos- no van a dejar de fumar sino que van a fumar el trabajo de otra parte. Las economías regionales productoras nos veremos perjudicadas. Creemos que esto va en contra de lo que debiera ser.
Una cuestión que no trata el proyecto en ninguna parte pero creemos que sería valioso incorporar es lo relativo a los incentivos que actualmente están vigentes a la producción de energías renovables. Si uno analiza los incentivos que existen en la legislación vigente, observa que hay más incentivos para la producción de energía eólica que para la solar. En el Norte estamos produciendo energía solar, pero observamos que la ecuación es más costosa que en el caso de la energía eólica -incluso la utilidad esperada respecto del costo, el valor de venta y todos los componentes. Desde el punto de vista impositivo hoy está desbalanceado el sistema y hay mayores incentivos para la producción de energía eólica.
Creemos que es necesario equiparar estos incentivos y poner en pie de igualdad las energías renovables -sea una u otra- según lo que terminan produciendo -kilovatio/hora- y no según sea un tipo u otro de energía, ya que en definitiva las inversiones necesarias para producir energía solar son mayores y el rendimiento es menor; el incentivo debiera ser exactamente inverso al que se contempla hoy.
Esta cuestión -junto con otras que no mencionaré en honor al tiempo- es una de las que volcamos en el dictamen que vamos a presentar.
Necesitamos tiempo para ver todos los cambios que se introdujeron en el proyecto del Ejecutivo -a través del borrador del dictamen en que se trabajó ayer hasta última hora- para ver qué cuestiones han sido valoradas, tenerlas como parte del dictamen de mayoría y poder, en definitiva, presentar nuestro dictamen.
SR. PRESIDENTE PASTORI Tiene la palabra el señor diputado Marcucci.
SR. MARCUCCI Señor presidente: buenos días. Seré breve en honor a la impaciencia de los pacientes.
Creo que es innegable que estamos ante un debate que se demoró unos veinte o treinta años en nuestro país. Se trata de un debate que se refiere a las condiciones estructurales del futuro que queremos.
Estamos aquí para dar ese debate y asumimos con responsabilidad la posibilidad de abrirlo, de proponerlo, sabiendo además que es un Congreso donde tenemos minoría, lo que le otorga a todo esto un doble valor -el diálogo, el consenso- para que esos cambios puedan ser productivos y permanecer en el tiempo.
Con esta responsabilidad y esta realidad es que asumimos ese debate. No escondemos los problemas de la Argentina, como hacen muchos a quienes los favoreció el intercambio internacional, creyeron que esa vaca lechera era eterna y no asumieron la responsabilidad de hacer los cambios que había que hacer en el sistema impositivo, que es bastante obvio que no es solo el único problema que tiene la Argentina.
Lo que no se puede discutir -porque si no es un argumento para eludir la discusión- es que es un debate central que tenemos que tener.
Cómo no vamos a estar entusiasmados -como decía el diputado Pastori-, si los objetivos son generar mayor equidad, generar mejores condiciones para la producción y el empleo, eliminar impuestos distorsivos, favorecer a la pyme y mejorar las condiciones de coparticipación y la recaudación de nuestras provincias con la sanción de otras leyes complementarias.
Indudablemente que uno se entusiasma cuando enuncia la baja de ganancias para inversiones, cuando uno habla de la consideración del IVA crédito para aquellos que invierten, cuando uno habla del mínimo no imponible a los aportes patronales para favorecer que se incorporen al trabajo o que se aumente el sueldo de aquellos favorecidos, que en principio van a ser fundamentalmente las pymes, donde el costo de la mano de obra tiene mayor incidencia.
Estamos hablando también de las condiciones de los impuestos distorsivos, de aquél impuesto a los débitos y los créditos que se anunció por una coyuntura económica y que quedó tantos años y que va a ser eliminado progresivamente.
Estamos hablando de mejorar a los autónomos con la duplicación de la posibilidad de la deducción especial.
Estamos hablando de la renta financiera. ¿Se acuerdan? Porque parece que hay muchos que son desmemoriados. Y me parece que hay que terminar con esos argentinos sin historia que irresponsablemente se presentan al debate, sin hacer un mínimo de autocrítica. Porque no heredamos el Estado de Finlandia, amigos. Muy bien lo sabemos. Heredamos un Estado con muchas dificultades, inflación, cepo y aislado del mundo. Eso no es una excusa. Hace dos años que estamos gobernando. Por eso proponemos esto y nos hacemos cargo. Por eso estamos diciendo que este debate es necesario y nos abrimos a todos los planteos.
Creo que todo lo que está planteado, por supuesto, no se da en cualquier contexto. Tendremos que ser responsables porque el déficit fiscal y el financiamiento externo son fundamentales para el gradualismo. Parece que algunos no lo dicen porque a lo mejor lo hicieron en el pasado. Recuerdo el 2014, donde las cosas se resolvieron con un shock de devaluación. No es así. Que se hagan cargo los que hablan de devaluar.
Nosotros creemos que gradualismo significa ir ordenando progresivamente la macroeconomía, pero además generar las condiciones de previsibilidad de inversión, de generación de empleo y de apoyo a la pyme.
De manera que, señor presidente, queremos escuchar, incorporar, buscar el consenso, pero también firmemente dar este debate porque es lo que la Argentina necesita para que todos seamos esa generación que queremos ser y darle a la Argentina las condiciones de crecimiento sustentable en el futuro.
Hago dos comentarios muy rápidos. Por un lado, tengo mis observaciones con respecto al impuesto a las ganancias a las mutuales. Filosóficamente no hay ganancias en las mutuales ni en las cooperativas. Esto es un error. No voy a hablar extensamente sobre las mutuales, pero si hay una institución heredada que tiene un valor societal, porque de ahí surge la ayuda mutua, justamente es la mutual. A las cuevas -como decía algún diputado- que se las combata, ya sea con normativas del Banco Central o con el propio INAES. No hay problemas. Estamos abiertos a ese debate.
Pero no estoy de acuerdo con aplicar el impuesto a las ganancias a las mutuales y cooperativas y mucho menos con ese mínimo no imponible que es absolutamente insignificante para cualquier mutual.
Por otro lado, quiero pedirle al señor presidente que me confirme lo siguiente. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establecía un 8 por ciento para la cerveza. Deseo saber si en el dictamen que está a la firma este impuesto se eleva al 17 por ciento.
Creo que es innegable que estamos ante un debate que se demoró unos veinte o treinta años en nuestro país. Se trata de un debate que se refiere a las condiciones estructurales del futuro que queremos.
Estamos aquí para dar ese debate y asumimos con responsabilidad la posibilidad de abrirlo, de proponerlo, sabiendo además que es un Congreso donde tenemos minoría, lo que le otorga a todo esto un doble valor -el diálogo, el consenso- para que esos cambios puedan ser productivos y permanecer en el tiempo.
Con esta responsabilidad y esta realidad es que asumimos ese debate. No escondemos los problemas de la Argentina, como hacen muchos a quienes los favoreció el intercambio internacional, creyeron que esa vaca lechera era eterna y no asumieron la responsabilidad de hacer los cambios que había que hacer en el sistema impositivo, que es bastante obvio que no es solo el único problema que tiene la Argentina.
Lo que no se puede discutir -porque si no es un argumento para eludir la discusión- es que es un debate central que tenemos que tener.
Cómo no vamos a estar entusiasmados -como decía el diputado Pastori-, si los objetivos son generar mayor equidad, generar mejores condiciones para la producción y el empleo, eliminar impuestos distorsivos, favorecer a la pyme y mejorar las condiciones de coparticipación y la recaudación de nuestras provincias con la sanción de otras leyes complementarias.
Indudablemente que uno se entusiasma cuando enuncia la baja de ganancias para inversiones, cuando uno habla de la consideración del IVA crédito para aquellos que invierten, cuando uno habla del mínimo no imponible a los aportes patronales para favorecer que se incorporen al trabajo o que se aumente el sueldo de aquellos favorecidos, que en principio van a ser fundamentalmente las pymes, donde el costo de la mano de obra tiene mayor incidencia.
Estamos hablando también de las condiciones de los impuestos distorsivos, de aquél impuesto a los débitos y los créditos que se anunció por una coyuntura económica y que quedó tantos años y que va a ser eliminado progresivamente.
Estamos hablando de mejorar a los autónomos con la duplicación de la posibilidad de la deducción especial.
Estamos hablando de la renta financiera. ¿Se acuerdan? Porque parece que hay muchos que son desmemoriados. Y me parece que hay que terminar con esos argentinos sin historia que irresponsablemente se presentan al debate, sin hacer un mínimo de autocrítica. Porque no heredamos el Estado de Finlandia, amigos. Muy bien lo sabemos. Heredamos un Estado con muchas dificultades, inflación, cepo y aislado del mundo. Eso no es una excusa. Hace dos años que estamos gobernando. Por eso proponemos esto y nos hacemos cargo. Por eso estamos diciendo que este debate es necesario y nos abrimos a todos los planteos.
Creo que todo lo que está planteado, por supuesto, no se da en cualquier contexto. Tendremos que ser responsables porque el déficit fiscal y el financiamiento externo son fundamentales para el gradualismo. Parece que algunos no lo dicen porque a lo mejor lo hicieron en el pasado. Recuerdo el 2014, donde las cosas se resolvieron con un shock de devaluación. No es así. Que se hagan cargo los que hablan de devaluar.
Nosotros creemos que gradualismo significa ir ordenando progresivamente la macroeconomía, pero además generar las condiciones de previsibilidad de inversión, de generación de empleo y de apoyo a la pyme.
De manera que, señor presidente, queremos escuchar, incorporar, buscar el consenso, pero también firmemente dar este debate porque es lo que la Argentina necesita para que todos seamos esa generación que queremos ser y darle a la Argentina las condiciones de crecimiento sustentable en el futuro.
Hago dos comentarios muy rápidos. Por un lado, tengo mis observaciones con respecto al impuesto a las ganancias a las mutuales. Filosóficamente no hay ganancias en las mutuales ni en las cooperativas. Esto es un error. No voy a hablar extensamente sobre las mutuales, pero si hay una institución heredada que tiene un valor societal, porque de ahí surge la ayuda mutua, justamente es la mutual. A las cuevas -como decía algún diputado- que se las combata, ya sea con normativas del Banco Central o con el propio INAES. No hay problemas. Estamos abiertos a ese debate.
Pero no estoy de acuerdo con aplicar el impuesto a las ganancias a las mutuales y cooperativas y mucho menos con ese mínimo no imponible que es absolutamente insignificante para cualquier mutual.
Por otro lado, quiero pedirle al señor presidente que me confirme lo siguiente. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establecía un 8 por ciento para la cerveza. Deseo saber si en el dictamen que está a la firma este impuesto se eleva al 17 por ciento.
SR. PRESIDENTE PASTORI En la última versión del dictamen modificado que recibimos todos, al menos yo, la cerveza se mantenía con la alícuota del 8 por ciento, pero no tengo claro si posteriormente esto sufrió alguna modificación. Le consultaré al presidente Laspina apenas regrese.
SR. MARCUCCI Muchas gracias, señor presidente.
Concluyendo, y aunque no soy pesimista abro el paraguas, creo que sería realmente una irracionalidad elevar la alícuota de la cerveza al 17 por ciento. Recordemos que esta discusión comenzó imponiéndole el 8 por ciento al vino y el 17 por ciento a la cerveza. Luego, hubo una serie de planteos atendibles y reconocibles por parte de las economías regionales, particularmente del Cuyo, a fin de que se establezca en cero el arancel tanto para vinos como para espumantes. No sé porque llaman a estos últimos "espumantes" y no champagne, seguramente será por una cuestión de denominación de origen. Al elevarse el proyecto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, quedó fijado en 8 por ciento el gravamen a la cerveza y en cero al vino y al champagne.
Quiero advertir algo que ya sabemos y hemos escuchado reiteradamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el aumento del impuesto interno al alcohol y su proporcionalidad, sea en función del grado de alcohol; y, como todos sabemos, la cerveza tiene menor graduación que el vino.
Defiendo la industria cervecera porque soy de la provincia de Santa Fe y no por casualidad se la denomina "tierra de cerveceros". Tenemos industrias cerveceras que dan empleo y también cervezas artesanales que están dando trabajo. Esto es así y por eso lo planteo. Pero si queremos atacar el consumo problemático del alcohol, nadie puede decir que aumentar el precio de la cerveza -que, como todos sabemos, es un sustituto del vino y del champagne- va a solucionarlo. Justamente, esta medida desplazaría el consumo al vino y al champagne. Por lo tanto, sería bastante burdo pretender que esta medida resuelva este problema, como escuché decir en los pasillos.
El consumo problemático de alcohol o de otros tipos de sustancias tiene que ser combatido con otro tipo de políticas. Si pretendemos recuperar al consumidor y torcer su voluntad, creo que esta medida es bastante arbitraria. A lo mejor algún día el diputado Bossio nos sorprende con algún proyecto de ley por el que se declare de consumo obligatorio el Chinato Garda o la Caña Ombú.
Es decir, el tipo de consumo de cualquier sociedad cambia y el Estado debe razonablemente acompañarlo. Las economías regionales tienen su propia lógica y pueden hacer promociones, pero una cosa es que el vino y el champagne tengan una alícuota de cero por ciento y otra cosa es que los sectores que plantearon eso además quieran que la cerveza pague un sobrecargo para que se traslade su consumo. Esto es bastante arbitrario y, reitero, lo digo por pertenecer a una provincia y a una ciudad que, obviamente, defiende esa industria, de la cual nos sentimos orgullos.
Como ya dije, esto es lo que indica la Organización Mundial de la Salud; a mayor grado de alcohol, mayor impuesto. En esta iniciativa se está disponiendo exactamente lo contrario, se ve que no nos gusta lo que esta organización recomienda.
Por otra parte, evidentemente estamos generando un desvío de consumo, que creo que eso es lo oculto, para favorecer un consumo más problemático o, por lo menos, con mayor graduación alcohólica.
Concluyendo, y aunque no soy pesimista abro el paraguas, creo que sería realmente una irracionalidad elevar la alícuota de la cerveza al 17 por ciento. Recordemos que esta discusión comenzó imponiéndole el 8 por ciento al vino y el 17 por ciento a la cerveza. Luego, hubo una serie de planteos atendibles y reconocibles por parte de las economías regionales, particularmente del Cuyo, a fin de que se establezca en cero el arancel tanto para vinos como para espumantes. No sé porque llaman a estos últimos "espumantes" y no champagne, seguramente será por una cuestión de denominación de origen. Al elevarse el proyecto del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, quedó fijado en 8 por ciento el gravamen a la cerveza y en cero al vino y al champagne.
Quiero advertir algo que ya sabemos y hemos escuchado reiteradamente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el aumento del impuesto interno al alcohol y su proporcionalidad, sea en función del grado de alcohol; y, como todos sabemos, la cerveza tiene menor graduación que el vino.
Defiendo la industria cervecera porque soy de la provincia de Santa Fe y no por casualidad se la denomina "tierra de cerveceros". Tenemos industrias cerveceras que dan empleo y también cervezas artesanales que están dando trabajo. Esto es así y por eso lo planteo. Pero si queremos atacar el consumo problemático del alcohol, nadie puede decir que aumentar el precio de la cerveza -que, como todos sabemos, es un sustituto del vino y del champagne- va a solucionarlo. Justamente, esta medida desplazaría el consumo al vino y al champagne. Por lo tanto, sería bastante burdo pretender que esta medida resuelva este problema, como escuché decir en los pasillos.
El consumo problemático de alcohol o de otros tipos de sustancias tiene que ser combatido con otro tipo de políticas. Si pretendemos recuperar al consumidor y torcer su voluntad, creo que esta medida es bastante arbitraria. A lo mejor algún día el diputado Bossio nos sorprende con algún proyecto de ley por el que se declare de consumo obligatorio el Chinato Garda o la Caña Ombú.
Es decir, el tipo de consumo de cualquier sociedad cambia y el Estado debe razonablemente acompañarlo. Las economías regionales tienen su propia lógica y pueden hacer promociones, pero una cosa es que el vino y el champagne tengan una alícuota de cero por ciento y otra cosa es que los sectores que plantearon eso además quieran que la cerveza pague un sobrecargo para que se traslade su consumo. Esto es bastante arbitrario y, reitero, lo digo por pertenecer a una provincia y a una ciudad que, obviamente, defiende esa industria, de la cual nos sentimos orgullos.
Como ya dije, esto es lo que indica la Organización Mundial de la Salud; a mayor grado de alcohol, mayor impuesto. En esta iniciativa se está disponiendo exactamente lo contrario, se ve que no nos gusta lo que esta organización recomienda.
Por otra parte, evidentemente estamos generando un desvío de consumo, que creo que eso es lo oculto, para favorecer un consumo más problemático o, por lo menos, con mayor graduación alcohólica.
SR. PRESIDENTE PASTORI Señor diputado Marcucci: de acuerdo con lo que me informó el presidente de la comisión, el diputado Laspina, y otros integrantes, en el dictamen de mayoría la cerveza quedaría gravada con el mismo porcentaje que figuraba en el proyecto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo. O sea, quedaría gravada con el 17 por ciento. Le informo esto por si quiere plantear alguna disidencia al respecto.
Tiene la palabra la diputada Frana.
Sra. Frana.- Señor presidente: creo que hay muchísimas cosas que ya se dijeron, pero básicamente quiero plantear que nadie discute que en la República Argentina hacía falta una modificación de nuestro esquema tributario. Precisamente, por esa razón algunos diputados de nuestro bloque conformaron aquella Comisión para la Reforma Tributaria, y no entiendo el motivo por el cual se discute esta ley fuera de lo tratado en la Comisión. Eso es lo primero que deberíamos responder.
Por otra parte, quiero decirle que ayer le hicimos un conjunto de preguntas al ministro de Hacienda, pero lamentablemente no respondió. Pedimos un conjunto de datos y los recibimos hace 40 minutos, lo cual es poco serio. No se está expresando algo que se debería decir: esta reforma fiscal tiene que ver con una necesidad inmediata de cubrir un déficit fiscal que se acrecienta día a día por el endeudamiento del país, por la fuga de capitales y porque no se puede demostrar que la economía mejora, que es uno de los fundamentos que tiene este proyecto de ley impositivo.
De ninguna manera estoy en desacuerdo con favorecer al sector privado, porque genera empleo genuino. De ninguna manera estoy en desacuerdo con favorecer a las pymes, pues ocupan aproximadamente al 80 por ciento de la mano de obra del país. Este no es un planteo ideológico, sino que digo las cosas como son: esta no una reforma fiscal de fondo ni que apueste al progresismo. No es una reforma fiscal que demuestre -y nadie lo pudo demostrar hasta ahora- que de verdad va a generar puestos de trabajo.
No me parece mal que se descuente el impuesto a las ganancias a un sector privado para que genere empleo, pero no es una condición de la reforma.
En muchos regímenes promocionales se generan disminuciones de impuestos y se les exige a las empresas beneficiarias determinado incremento en su mano de obra y en la toma de recursos humanos. No está escrito en el proyecto; en ninguna parte lo dice. No lo digo desde este lugar defendiendo ninguna postura, porque no formé parte de ninguna gestión, sino que sostengo una concepción ideológica, y desde ese lugar le digo que esta reforma no va a resolver ninguno de los problemas de los argentinos.
Ayer también hablamos de equidad, y en ninguna parte de la reforma se la puede visualizar. Quiero plantear otro tema que sé que también es un pecado del Justicialismo, partido del que formo parte: acá tampoco se habla de federalismo. Si uno analiza en profundidad el pacto firmado con los gobernadores, las únicas que se sacrifican son las provincias; el Estado nacional no resigna un ápice de su presupuesto. Si vamos a hablar en serio, primero debemos poner sobre la mesa los planteos concretos. Las discusiones ideológicas y partidarias las dirimió el pueblo argentino en las elecciones, y son quienes gobiernan hoy quienes tienen la responsabilidad de decidir qué cosas van a ser positivas para el pueblo argentino.
Brevemente, quiero dar un conjunto de datos relacionados con la necesidad de cubrir el déficit fiscal a partir del descuento de las remuneraciones de los jubilados. Digamos las cosas como son: la fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo ahorra 100.000 millones en detrimento de los jubilados, lo cual precisamente coincide con alguna cifra de los servicios de la deuda que hoy tenemos que pagar por el endeudamiento del país.
Vamos a decir las cosas como son: se está planteando una reforma tributaria que tiene que ver con cubrir el déficit. A septiembre de este año había una fuga de capitales de 15.530 millones de dólares. Si quiere, le dejo un cuadro cuya fuente es del Banco Central de la República Argentina; no es de ninguna consultora de un partido político.
Por su parte, de 2003 a la fecha el trabajo no registrado bajó de un 50 al 30 por ciento. No es una cifra para exhibir, pero ninguno de los elementos aquí establecido es una solución a este problema.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, los únicos empleos que subieron son los de los asalariados públicos. Bajaron los privados, subieron los monotributistas y los monotributistas sociales. Dejo este documento para la consulta de quien quiera verlo. En el mercado laboral bajaron los asalariados de la industria manufacturera y crecieron un poco los de la construcción, pero nunca a niveles de 2015.
Tenemos que decir las cosas como son. Me hubiera gustado que alguien conteste y que niegue que se está desfinanciando a la ANSES y que este proyecto no genera ningún tipo de empleo. Podemos coincidir con algunas cuestiones que tienen que ver con la renta financiera y con aquellos impuestos para defender los principios referidos al medio ambiente y los compromisos de la República Argentina.
Pero todas estas cuestiones son maquillaje para un tema de fondo que tiene que ver con la necesidad imperiosa de cubrir un déficit fiscal, generado básicamente por el gran endeudamiento que tomó este país. Si bien seguramente se habrá recibido con problemas, luego de dos años de gestión no exhibe ningún resultado positivo en favor de los argentinos.
Me gustaría que alguien me explique por qué, habiendo habido una comisión para considerar una reforma impositiva de fondo, hoy se trata de aprobar este proyecto, cuando -si lo analizamos en el conjunto de las otras medidas que propone el gobierno nacional- nada demuestra que no estemos desfinanciando a la ANSES o perjudicando a la provincia.
En esto quiero hacer una especial consideración. Comparto lo que dijo el presidente de la comisión respecto de que el impuesto a los ingresos brutos es distorsivo, pero también el IVA lo es, puesto que lo paga el pobre y el rico, y acá nada se dice respecto de estas distorsiones de fondo que hace tiempo -no hace un año ni dos- complican la economía de la República Argentina.
Entonces, señor presidente, para hablar en serio digamos que este es un proyecto impositivo que tiene que ver con una necesidad inmediata de cubrir un déficit y con que hoy no se le está encontrando la salida a la economía y el déficit fiscal sigue creciendo.
Tiene la palabra la diputada Frana.
Sra. Frana.- Señor presidente: creo que hay muchísimas cosas que ya se dijeron, pero básicamente quiero plantear que nadie discute que en la República Argentina hacía falta una modificación de nuestro esquema tributario. Precisamente, por esa razón algunos diputados de nuestro bloque conformaron aquella Comisión para la Reforma Tributaria, y no entiendo el motivo por el cual se discute esta ley fuera de lo tratado en la Comisión. Eso es lo primero que deberíamos responder.
Por otra parte, quiero decirle que ayer le hicimos un conjunto de preguntas al ministro de Hacienda, pero lamentablemente no respondió. Pedimos un conjunto de datos y los recibimos hace 40 minutos, lo cual es poco serio. No se está expresando algo que se debería decir: esta reforma fiscal tiene que ver con una necesidad inmediata de cubrir un déficit fiscal que se acrecienta día a día por el endeudamiento del país, por la fuga de capitales y porque no se puede demostrar que la economía mejora, que es uno de los fundamentos que tiene este proyecto de ley impositivo.
De ninguna manera estoy en desacuerdo con favorecer al sector privado, porque genera empleo genuino. De ninguna manera estoy en desacuerdo con favorecer a las pymes, pues ocupan aproximadamente al 80 por ciento de la mano de obra del país. Este no es un planteo ideológico, sino que digo las cosas como son: esta no una reforma fiscal de fondo ni que apueste al progresismo. No es una reforma fiscal que demuestre -y nadie lo pudo demostrar hasta ahora- que de verdad va a generar puestos de trabajo.
No me parece mal que se descuente el impuesto a las ganancias a un sector privado para que genere empleo, pero no es una condición de la reforma.
En muchos regímenes promocionales se generan disminuciones de impuestos y se les exige a las empresas beneficiarias determinado incremento en su mano de obra y en la toma de recursos humanos. No está escrito en el proyecto; en ninguna parte lo dice. No lo digo desde este lugar defendiendo ninguna postura, porque no formé parte de ninguna gestión, sino que sostengo una concepción ideológica, y desde ese lugar le digo que esta reforma no va a resolver ninguno de los problemas de los argentinos.
Ayer también hablamos de equidad, y en ninguna parte de la reforma se la puede visualizar. Quiero plantear otro tema que sé que también es un pecado del Justicialismo, partido del que formo parte: acá tampoco se habla de federalismo. Si uno analiza en profundidad el pacto firmado con los gobernadores, las únicas que se sacrifican son las provincias; el Estado nacional no resigna un ápice de su presupuesto. Si vamos a hablar en serio, primero debemos poner sobre la mesa los planteos concretos. Las discusiones ideológicas y partidarias las dirimió el pueblo argentino en las elecciones, y son quienes gobiernan hoy quienes tienen la responsabilidad de decidir qué cosas van a ser positivas para el pueblo argentino.
Brevemente, quiero dar un conjunto de datos relacionados con la necesidad de cubrir el déficit fiscal a partir del descuento de las remuneraciones de los jubilados. Digamos las cosas como son: la fórmula propuesta por el Poder Ejecutivo ahorra 100.000 millones en detrimento de los jubilados, lo cual precisamente coincide con alguna cifra de los servicios de la deuda que hoy tenemos que pagar por el endeudamiento del país.
Vamos a decir las cosas como son: se está planteando una reforma tributaria que tiene que ver con cubrir el déficit. A septiembre de este año había una fuga de capitales de 15.530 millones de dólares. Si quiere, le dejo un cuadro cuya fuente es del Banco Central de la República Argentina; no es de ninguna consultora de un partido político.
Por su parte, de 2003 a la fecha el trabajo no registrado bajó de un 50 al 30 por ciento. No es una cifra para exhibir, pero ninguno de los elementos aquí establecido es una solución a este problema.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, los únicos empleos que subieron son los de los asalariados públicos. Bajaron los privados, subieron los monotributistas y los monotributistas sociales. Dejo este documento para la consulta de quien quiera verlo. En el mercado laboral bajaron los asalariados de la industria manufacturera y crecieron un poco los de la construcción, pero nunca a niveles de 2015.
Tenemos que decir las cosas como son. Me hubiera gustado que alguien conteste y que niegue que se está desfinanciando a la ANSES y que este proyecto no genera ningún tipo de empleo. Podemos coincidir con algunas cuestiones que tienen que ver con la renta financiera y con aquellos impuestos para defender los principios referidos al medio ambiente y los compromisos de la República Argentina.
Pero todas estas cuestiones son maquillaje para un tema de fondo que tiene que ver con la necesidad imperiosa de cubrir un déficit fiscal, generado básicamente por el gran endeudamiento que tomó este país. Si bien seguramente se habrá recibido con problemas, luego de dos años de gestión no exhibe ningún resultado positivo en favor de los argentinos.
Me gustaría que alguien me explique por qué, habiendo habido una comisión para considerar una reforma impositiva de fondo, hoy se trata de aprobar este proyecto, cuando -si lo analizamos en el conjunto de las otras medidas que propone el gobierno nacional- nada demuestra que no estemos desfinanciando a la ANSES o perjudicando a la provincia.
En esto quiero hacer una especial consideración. Comparto lo que dijo el presidente de la comisión respecto de que el impuesto a los ingresos brutos es distorsivo, pero también el IVA lo es, puesto que lo paga el pobre y el rico, y acá nada se dice respecto de estas distorsiones de fondo que hace tiempo -no hace un año ni dos- complican la economía de la República Argentina.
Entonces, señor presidente, para hablar en serio digamos que este es un proyecto impositivo que tiene que ver con una necesidad inmediata de cubrir un déficit y con que hoy no se le está encontrando la salida a la economía y el déficit fiscal sigue creciendo.
SR. PRESIDENTE PASTORI Al solo efecto de ordenar lo que resta del debate, quisiera corroborar la presencia de los diputados que tengo anotados para hacer uso de la palabra, ya que he visto que varios se han retirado.
Tengo anotado al diputado Carmona, pero no se encuentra presente, al igual que los diputados Cleri, Vallejos y Solanas. Por lo tanto, tengo solamente anotados a los señores diputados Lousteau y Contigiani.
Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
Tengo anotado al diputado Carmona, pero no se encuentra presente, al igual que los diputados Cleri, Vallejos y Solanas. Por lo tanto, tengo solamente anotados a los señores diputados Lousteau y Contigiani.
Tiene la palabra el señor diputado Lousteau.
SR. LOUSTEAU Señor presidente: en primer lugar, nosotros le damos la bienvenida a este tipo de discusión. Como dijo antes el diputado Diego Bossio, creemos que es una discusión que la Argentina tiene pendiente desde hace mucho tiempo. Pero no es casual que estas discusiones las tengamos pendientes desde hace mucho tiempo.
En ese sentido, voy a citar a Alberdi -después de haber citado a Bossio-, que decía: "Después de los cambios en la religión y en el idioma tradicional del pueblo, ninguno más delicado que el cambio en el sistema de contribuciones. Cambiar una contribución por otra es como renovar los cimientos de un edificio sin deshacerlo, operación en que hay siempre un peligro de ruina."
Quería citar esa frase de Alberdi porque nos parece que esta sí es una reforma impositiva. Y en esto discrepo con la diputada Frana. Es una reforma impositiva de una magnitud que antes no se había encarado.
Entonces, como dije, es una discusión pendiente, pero tenemos algunas discrepancias con la forma de la discusión, el marco conceptual de la discusión y algunas disidencias específicas.
En cuanto a la forma, si hacemos nuestra la cita de Alberdi, la verdad es que resulta un poco complicado discutir cuestiones que tienen tanta fragilidad y tanta sensibilidad de esta manera, porque incluso usted, señor presidente, hace unos minutos estuvo discutiendo con un diputado cuál era el texto final de la propuesta.
Yo me ausenté dos años de este cuerpo, pero todo esto me recuerda que en la época del kirchnerismo ocurría exactamente lo mismo. Se discutía con la misma premura, con la misma velocidad, con la misma falta de rigurosidad y con la misma falta de discusión, cuestiones por las cuales los diputados tenemos que representar y responder a aquellos que nos han votado.
El segundo punto tiene que ver con el marco conceptual general y con qué es lo que estamos tratando de hacer. La verdad es que no creo que esta reforma sea para cubrir un agujero fiscal. De hecho hay que ver todas las reformas que se están proponiendo en este momento en conjunto, porque esas reformas implican un impacto de un punto del PBI para el Estado nacional y de un punto del PBI de costo para las provincias. Entonces no se está resolviendo un problema fiscal.
Lo que pasa es que, con este modo de discusión, donde se corta por pedacitos un tema tan complejo, no nos da tiempo para averiguar cuáles son los impactos; no nos permite ver cuál es el impacto final de cada una de las medidas neteadas con otras en cada uno de los sectores y subsectores de nuestra economía.
Ojalá hubiéramos aprobado antes la Oficina de Presupuesto del Congreso, que fue una propuesta mía del año 2015 y que tardamos un año y medio en discutirla y aprobarla. Ahora estaríamos discutiendo sobre números ciertos y cómo impacta en cada uno de nuestros conciudadanos, en cada uno de nuestros comprovincianos y en cada uno de nuestros representados. Eso no está.
Entonces, es muy difícil acompañar el proyecto en general sin tener ninguna disidencia, porque si bien sobre algunos temas específicos de las reformas propuestas podemos aproximarnos con relativa certeza a cuál es el impacto, en un montón de otros temas -incluidos, por supuesto, aquellos en los cuales no tenemos un texto definitivo- no sabemos.
Con esto no se está resolviendo un problema fiscal; estamos atendiendo a problemas acumulados en la Argentina durante mucho tiempo.
Nuestra visión es que instrumentos de este tipo son escasos o impotentes para resolver la miríada de problemas que la Argentina viene acumulando desde hace décadas. De hecho, algunas de las cosas que estamos tratando de resolver ahora vienen desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el Fondo del Conurbano Bonaerense. Estuvimos discriminando a la provincia de Buenos Aires porque los 650 millones de pesos quedaron congelados después de la devaluación.
Si hubiéramos tenido actitud para resolver preventivamente los problemas fiscales y federales de la Argentina, hubiéramos dicho: "Muchachos, acá hay un problema. Empecemos a resolverlo ahora que acabamos de tener 40 por ciento de inflación en 2002 y que la inflación siguió después, con lo cual estamos discriminando a la provincia de Buenos Aires en favor de otras provincias en un sentido contrario al espíritu de la ley original. Entonces, resolvámoslo antes de que tenga una magnitud que sea imposible de encarar".
Lo mismo pasó con el 15 por ciento de la detracción de la coparticipación para mantener el sistema previsional cuando se hizo el pase al sistema de capitalización. Antes uno aportaba y el pasivo recibía. Cuando se empezó a derivar los fondos a las AFJP, nadie le podía pagar al pasivo. Alguien se tenía que hacer cargo. ¿Quién se hizo cargo? Se aplicó una detracción sobre la masa coparticipable de las provincias. Ahora, cuando se estatizó el sistema a fines de 2008, no dijimos "devolvámoselo rápido a las provincias". Cada uno siguió usando la plata como mejor le parecía en el momento, a pesar de que fuera plata que no iba a estar en el sistema previsional. Por eso, en su momento la diputada Carrizo y yo no apoyamos, entre otras cosas, la moratoria previsional que se trató en este cuerpo.
Estamos tratando de resolver con un instrumento chiquito -que nosotros apoyamos porque es una gran reforma- los problemas de la Argentina. Estamos tratando de resolver cosas de una magnitud que exceden al instrumento. No le podemos pedir al instrumento que resuelva esas cosas definitivamente. De la misma manera que no le podemos pedir a un instrumento -habida cuenta del resto de los fracasos- que resuelva los problemas de empleo, de las pymes, de la reducción de la pobreza o de generar una Argentina que crezca al ritmo que debería crecer para contenernos a todos con buenos salarios, cuando hace cuatro décadas que Argentina viene creciendo la cuarta parte que Chile, la tercera parte que Uruguay y la tercera parte que Brasil. No es un problema nuevo. Es un problema de acumulación estructural. Entonces, no lo vamos a resolver con un instrumento.
Ahora, ¿este instrumento es abarcativo como reforma tributaria? Sí, lo es. ¿Tiene condimentos interesantes como reforma tributaria? Sí, los tiene. ¿Hay algunas cosas que no sabemos cómo van a impactar? Sí, no sabemos cómo van a impactar. Por eso tenemos que seguir discutiéndolas y la manera de definirlas debería ser otra.
¿Cuál es el problema a nuestro criterio en Argentina? Según nuestra visión, no tiene que ver con ninguna de las cosas que se discuten acá. No tiene que ver con que las rebajas en las contribuciones sea la manera o no de generar empleo. Nosotros creemos que es imposible aislar ese efecto.
Lo que creemos que le viene pasando a la Argentina desde hace mucho tiempo, es que el 40 por ciento de la economía, que es el Estado, viene perdiendo productividad. Tiene tres veces más plata por habitante que hace 25 años, pero no nos da tres veces más salud, seguridad, educación o infraestructura. De hecho, nos obliga a pagar por esas cosas. Obliga, a aquél que puede, a tener una prepaga de salud. Obliga, a aquél que puede, y que no encuentra un colegio público de calidad -porque la escuela pública tiene una calidad muy disímil- a buscar un colegio privado. Obliga a pagarnos seguridad privada, que no es tener una garita; seguridad privada es tener que pagarse la reja de una casa, es tener que poner una cámara, es mudarse a un lugar donde el alquiler es más alto solamente porque la cuadra es más segura.
Entonces, a mí me cuesta mucho entender cómo algunos diputados dicen que en la Argentina la presión tributaria no es alta. Se ve que no hablan con ninguna empresa o ninguna pyme. La presión tributaria en la Argentina, ajustada por la tasa de evasión, es una de las más altas del mundo. No solo eso, tenemos el impuesto inflacionario.
Además, los argentinos adelantamos impuesto a las ganancias en un contexto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo puntos adicionales de impuesto a las ganancias, porque lo estoy adelantando cuando la plata vale más que si lo hubiese pagado en el futuro.
De manera que lo que tenemos hoy es un sistema tributario que nos desborda. Esto es lo que hace que no podamos producir.
Eso es lo que está solventando un Estado que no rinde lo que debería.
Vuelvo al ejemplo que di ayer: si yo produzco vasos, y todo el costo, el vidrio, la mano de obra, la energía es igual que en el país vecino, pero mi país me cobra más impuestos -y lo dijo el diputado Laspina hace unas horas-, entonces, ya de base soy menos competitivo que el país de enfrente. Y si encima el Estado tiene déficit y tiene que traer dólares del exterior, y el tipo de cambio es más bajo del que deberíamos tener, más difícil se le hace a una pyme competir.
Y esto es lo que viene pasando en la Argentina desde hace cuatro décadas, que se corrige de vez en cuando -y digo corrige, entre comillas- con una devaluación, porque nosotros no sabemos, producto del comportamiento del fisco, mantener un tipo de cambio competitivo: lo apreciamos y devaluamos, lo apreciamos y devaluamos, lo apreciamos y devaluamos. A la larga, esto tiene los condimentos que preocupaban a algunos de los bloques en el sentido de por qué en la Argentina aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y no crece el trabajo en blanco. Creció un cuarto que Chile, pero mientras que ese país crece en forma constante, la Argentina lo hace con idas y vueltas. Entonces, no solo crecemos poco, sino que el ingreso se distribuye peor. Hay más pobres y la desigualdad aumenta.
En los únicos momentos en que esto se salva y hay más crecimiento y aumento del trabajo en blanco es después de una devaluación, cuando el tipo de cambio es competitivo. Eso pasó en el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, pero no por un virtuosismo respecto de cómo el kircherismo manejó la economía -¡por favor, no!-, sino por unas condiciones estructurales que hicieron que algo ocurriera como sucede en otras instancias en la Argentina cuando hay condiciones generales favorables.
Entonces, nosotros estamos discutiendo y corrigiendo algo, pero no vamos a resolver todos los problemas de la Argentina; lo haremos el día que todos los representantes nos sentemos a ver cómo dejamos de rapiñar al Estado para devolvérselo a la gente.
Mientras tanto, lo que estamos haciendo es resolver laberintos: el del Fondo del Conurbano, el de la coparticipación que se generó a partir de situaciones de crisis, el de cómo financiamos el sistema previsional, el del federalismo, y el de impuestos en cascada como los ingresos brutos. Eso es lo que estamos encarando. Seamos un poco más modestos sobre cuál es el fin de lo que estamos discutiendo y más racionales y rigurosos en la discusión, y le vamos a encontrar mejores soluciones.
Ahora, sin números es muy difícil. Porque son varias reformas al mismo tiempo que se cruzan, que hay que "netear". Yo escuché a diputados preocupados, por ejemplo, por el impacto en sus provincias, pero algunos de los elementos que se discuten del impacto negativo están compensados por otros, y hay otros que piensan que es positivo y, sin embargo, el neto es negativo.
Entonces, yo creo que esta es la manera en que nosotros deberíamos discutir qué es lo que está ocurriendo. De hecho, cuando hablo de laberinto, es porque estamos tratando de ordenar capas geológicas de medidas que han tenido lugar en la convertibilidad, cuyo objetivo era aumentar la competitividad en un contexto en el cual el tipo de cambio no era competitivo; después tuvimos una megadevaluación y esos sistemas siguieron vigentes. Nuestro Estado es una acumulación de capas geológicas de medidas que se contraponen la una con la otra. Empecemos por intentar ordenar eso.
La gran discusión pendiente es cómo hacemos para que el Estado vuelva a tener potencia. Hasta los años 60 la Argentina fue un país desarrollado, igualitario y con movilidad social, porque teníamos el mejor Estado de Latinoamérica. Es hora de que nos hagamos cargo de que eso ya no lo tenemos y de que la gran tarea pendiente es la reconstrucción.
En ese sentido, voy a citar a Alberdi -después de haber citado a Bossio-, que decía: "Después de los cambios en la religión y en el idioma tradicional del pueblo, ninguno más delicado que el cambio en el sistema de contribuciones. Cambiar una contribución por otra es como renovar los cimientos de un edificio sin deshacerlo, operación en que hay siempre un peligro de ruina."
Quería citar esa frase de Alberdi porque nos parece que esta sí es una reforma impositiva. Y en esto discrepo con la diputada Frana. Es una reforma impositiva de una magnitud que antes no se había encarado.
Entonces, como dije, es una discusión pendiente, pero tenemos algunas discrepancias con la forma de la discusión, el marco conceptual de la discusión y algunas disidencias específicas.
En cuanto a la forma, si hacemos nuestra la cita de Alberdi, la verdad es que resulta un poco complicado discutir cuestiones que tienen tanta fragilidad y tanta sensibilidad de esta manera, porque incluso usted, señor presidente, hace unos minutos estuvo discutiendo con un diputado cuál era el texto final de la propuesta.
Yo me ausenté dos años de este cuerpo, pero todo esto me recuerda que en la época del kirchnerismo ocurría exactamente lo mismo. Se discutía con la misma premura, con la misma velocidad, con la misma falta de rigurosidad y con la misma falta de discusión, cuestiones por las cuales los diputados tenemos que representar y responder a aquellos que nos han votado.
El segundo punto tiene que ver con el marco conceptual general y con qué es lo que estamos tratando de hacer. La verdad es que no creo que esta reforma sea para cubrir un agujero fiscal. De hecho hay que ver todas las reformas que se están proponiendo en este momento en conjunto, porque esas reformas implican un impacto de un punto del PBI para el Estado nacional y de un punto del PBI de costo para las provincias. Entonces no se está resolviendo un problema fiscal.
Lo que pasa es que, con este modo de discusión, donde se corta por pedacitos un tema tan complejo, no nos da tiempo para averiguar cuáles son los impactos; no nos permite ver cuál es el impacto final de cada una de las medidas neteadas con otras en cada uno de los sectores y subsectores de nuestra economía.
Ojalá hubiéramos aprobado antes la Oficina de Presupuesto del Congreso, que fue una propuesta mía del año 2015 y que tardamos un año y medio en discutirla y aprobarla. Ahora estaríamos discutiendo sobre números ciertos y cómo impacta en cada uno de nuestros conciudadanos, en cada uno de nuestros comprovincianos y en cada uno de nuestros representados. Eso no está.
Entonces, es muy difícil acompañar el proyecto en general sin tener ninguna disidencia, porque si bien sobre algunos temas específicos de las reformas propuestas podemos aproximarnos con relativa certeza a cuál es el impacto, en un montón de otros temas -incluidos, por supuesto, aquellos en los cuales no tenemos un texto definitivo- no sabemos.
Con esto no se está resolviendo un problema fiscal; estamos atendiendo a problemas acumulados en la Argentina durante mucho tiempo.
Nuestra visión es que instrumentos de este tipo son escasos o impotentes para resolver la miríada de problemas que la Argentina viene acumulando desde hace décadas. De hecho, algunas de las cosas que estamos tratando de resolver ahora vienen desde hace mucho tiempo, como por ejemplo el Fondo del Conurbano Bonaerense. Estuvimos discriminando a la provincia de Buenos Aires porque los 650 millones de pesos quedaron congelados después de la devaluación.
Si hubiéramos tenido actitud para resolver preventivamente los problemas fiscales y federales de la Argentina, hubiéramos dicho: "Muchachos, acá hay un problema. Empecemos a resolverlo ahora que acabamos de tener 40 por ciento de inflación en 2002 y que la inflación siguió después, con lo cual estamos discriminando a la provincia de Buenos Aires en favor de otras provincias en un sentido contrario al espíritu de la ley original. Entonces, resolvámoslo antes de que tenga una magnitud que sea imposible de encarar".
Lo mismo pasó con el 15 por ciento de la detracción de la coparticipación para mantener el sistema previsional cuando se hizo el pase al sistema de capitalización. Antes uno aportaba y el pasivo recibía. Cuando se empezó a derivar los fondos a las AFJP, nadie le podía pagar al pasivo. Alguien se tenía que hacer cargo. ¿Quién se hizo cargo? Se aplicó una detracción sobre la masa coparticipable de las provincias. Ahora, cuando se estatizó el sistema a fines de 2008, no dijimos "devolvámoselo rápido a las provincias". Cada uno siguió usando la plata como mejor le parecía en el momento, a pesar de que fuera plata que no iba a estar en el sistema previsional. Por eso, en su momento la diputada Carrizo y yo no apoyamos, entre otras cosas, la moratoria previsional que se trató en este cuerpo.
Estamos tratando de resolver con un instrumento chiquito -que nosotros apoyamos porque es una gran reforma- los problemas de la Argentina. Estamos tratando de resolver cosas de una magnitud que exceden al instrumento. No le podemos pedir al instrumento que resuelva esas cosas definitivamente. De la misma manera que no le podemos pedir a un instrumento -habida cuenta del resto de los fracasos- que resuelva los problemas de empleo, de las pymes, de la reducción de la pobreza o de generar una Argentina que crezca al ritmo que debería crecer para contenernos a todos con buenos salarios, cuando hace cuatro décadas que Argentina viene creciendo la cuarta parte que Chile, la tercera parte que Uruguay y la tercera parte que Brasil. No es un problema nuevo. Es un problema de acumulación estructural. Entonces, no lo vamos a resolver con un instrumento.
Ahora, ¿este instrumento es abarcativo como reforma tributaria? Sí, lo es. ¿Tiene condimentos interesantes como reforma tributaria? Sí, los tiene. ¿Hay algunas cosas que no sabemos cómo van a impactar? Sí, no sabemos cómo van a impactar. Por eso tenemos que seguir discutiéndolas y la manera de definirlas debería ser otra.
¿Cuál es el problema a nuestro criterio en Argentina? Según nuestra visión, no tiene que ver con ninguna de las cosas que se discuten acá. No tiene que ver con que las rebajas en las contribuciones sea la manera o no de generar empleo. Nosotros creemos que es imposible aislar ese efecto.
Lo que creemos que le viene pasando a la Argentina desde hace mucho tiempo, es que el 40 por ciento de la economía, que es el Estado, viene perdiendo productividad. Tiene tres veces más plata por habitante que hace 25 años, pero no nos da tres veces más salud, seguridad, educación o infraestructura. De hecho, nos obliga a pagar por esas cosas. Obliga, a aquél que puede, a tener una prepaga de salud. Obliga, a aquél que puede, y que no encuentra un colegio público de calidad -porque la escuela pública tiene una calidad muy disímil- a buscar un colegio privado. Obliga a pagarnos seguridad privada, que no es tener una garita; seguridad privada es tener que pagarse la reja de una casa, es tener que poner una cámara, es mudarse a un lugar donde el alquiler es más alto solamente porque la cuadra es más segura.
Entonces, a mí me cuesta mucho entender cómo algunos diputados dicen que en la Argentina la presión tributaria no es alta. Se ve que no hablan con ninguna empresa o ninguna pyme. La presión tributaria en la Argentina, ajustada por la tasa de evasión, es una de las más altas del mundo. No solo eso, tenemos el impuesto inflacionario.
Además, los argentinos adelantamos impuesto a las ganancias en un contexto inflacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo puntos adicionales de impuesto a las ganancias, porque lo estoy adelantando cuando la plata vale más que si lo hubiese pagado en el futuro.
De manera que lo que tenemos hoy es un sistema tributario que nos desborda. Esto es lo que hace que no podamos producir.
Eso es lo que está solventando un Estado que no rinde lo que debería.
Vuelvo al ejemplo que di ayer: si yo produzco vasos, y todo el costo, el vidrio, la mano de obra, la energía es igual que en el país vecino, pero mi país me cobra más impuestos -y lo dijo el diputado Laspina hace unas horas-, entonces, ya de base soy menos competitivo que el país de enfrente. Y si encima el Estado tiene déficit y tiene que traer dólares del exterior, y el tipo de cambio es más bajo del que deberíamos tener, más difícil se le hace a una pyme competir.
Y esto es lo que viene pasando en la Argentina desde hace cuatro décadas, que se corrige de vez en cuando -y digo corrige, entre comillas- con una devaluación, porque nosotros no sabemos, producto del comportamiento del fisco, mantener un tipo de cambio competitivo: lo apreciamos y devaluamos, lo apreciamos y devaluamos, lo apreciamos y devaluamos. A la larga, esto tiene los condimentos que preocupaban a algunos de los bloques en el sentido de por qué en la Argentina aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad y no crece el trabajo en blanco. Creció un cuarto que Chile, pero mientras que ese país crece en forma constante, la Argentina lo hace con idas y vueltas. Entonces, no solo crecemos poco, sino que el ingreso se distribuye peor. Hay más pobres y la desigualdad aumenta.
En los únicos momentos en que esto se salva y hay más crecimiento y aumento del trabajo en blanco es después de una devaluación, cuando el tipo de cambio es competitivo. Eso pasó en el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, pero no por un virtuosismo respecto de cómo el kircherismo manejó la economía -¡por favor, no!-, sino por unas condiciones estructurales que hicieron que algo ocurriera como sucede en otras instancias en la Argentina cuando hay condiciones generales favorables.
Entonces, nosotros estamos discutiendo y corrigiendo algo, pero no vamos a resolver todos los problemas de la Argentina; lo haremos el día que todos los representantes nos sentemos a ver cómo dejamos de rapiñar al Estado para devolvérselo a la gente.
Mientras tanto, lo que estamos haciendo es resolver laberintos: el del Fondo del Conurbano, el de la coparticipación que se generó a partir de situaciones de crisis, el de cómo financiamos el sistema previsional, el del federalismo, y el de impuestos en cascada como los ingresos brutos. Eso es lo que estamos encarando. Seamos un poco más modestos sobre cuál es el fin de lo que estamos discutiendo y más racionales y rigurosos en la discusión, y le vamos a encontrar mejores soluciones.
Ahora, sin números es muy difícil. Porque son varias reformas al mismo tiempo que se cruzan, que hay que "netear". Yo escuché a diputados preocupados, por ejemplo, por el impacto en sus provincias, pero algunos de los elementos que se discuten del impacto negativo están compensados por otros, y hay otros que piensan que es positivo y, sin embargo, el neto es negativo.
Entonces, yo creo que esta es la manera en que nosotros deberíamos discutir qué es lo que está ocurriendo. De hecho, cuando hablo de laberinto, es porque estamos tratando de ordenar capas geológicas de medidas que han tenido lugar en la convertibilidad, cuyo objetivo era aumentar la competitividad en un contexto en el cual el tipo de cambio no era competitivo; después tuvimos una megadevaluación y esos sistemas siguieron vigentes. Nuestro Estado es una acumulación de capas geológicas de medidas que se contraponen la una con la otra. Empecemos por intentar ordenar eso.
La gran discusión pendiente es cómo hacemos para que el Estado vuelva a tener potencia. Hasta los años 60 la Argentina fue un país desarrollado, igualitario y con movilidad social, porque teníamos el mejor Estado de Latinoamérica. Es hora de que nos hagamos cargo de que eso ya no lo tenemos y de que la gran tarea pendiente es la reconstrucción.
Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Luciano Laspina.
SR. LOUSTEAU Primero planteamos una disidencia en términos de forma, luego, una disidencia en términos del marco, y ahora voy a esbozar algunas disidencias puntuales.
A nosotros nos preocupa que de golpe se deshagan algunos mecanismos de compensación de las asimetrías de nuestro país, no es solamente que no las contemplemos, sino que deshacerlo de golpe es complejo. Y es complejo si no somos capaces de dimensionar el impacto lo más cercano posible a la realidad. Para eso nos debemos dar un debate más amplio.
Asimismo, queremos tener la tranquilidad de que la figura de mutuales y cooperativas pueda seguir funcionando pero que no sean una excusa para actividades fraudulentas. Eso merece seguir siendo discutido.
Queremos discutir, particularmente por la representación de nuestro bloque, temas que afectan a las economías regionales, como el impacto de los cambios tanto de los biocombustibles derivados de caña de azúcar como las bebidas edulcoradas. Y también queremos debatir sobre otro tipo de reforma de la renta financiera.
Como lo planteé ayer, nos parece que hay mejores, más eficaces y equitativas propuestas para abarcar la renta financiera; también queremos discutir eso.
Como dije, nos parece que debemos empezar a debatir esta cuestión, ya que desde hace muchísimo tiempo que no se da ese debate. Me refiero a reordenar el galimatías, este laberinto que tenemos. Además, ese es el primer paso para una discusión más profunda, que tiene que ver con nuestro Estado y con cómo recauda, cómo gasta y, particularmente, con cómo recupera potencia para dar a los ciudadanos argentinos lo que se merecen.
A nosotros nos preocupa que de golpe se deshagan algunos mecanismos de compensación de las asimetrías de nuestro país, no es solamente que no las contemplemos, sino que deshacerlo de golpe es complejo. Y es complejo si no somos capaces de dimensionar el impacto lo más cercano posible a la realidad. Para eso nos debemos dar un debate más amplio.
Asimismo, queremos tener la tranquilidad de que la figura de mutuales y cooperativas pueda seguir funcionando pero que no sean una excusa para actividades fraudulentas. Eso merece seguir siendo discutido.
Queremos discutir, particularmente por la representación de nuestro bloque, temas que afectan a las economías regionales, como el impacto de los cambios tanto de los biocombustibles derivados de caña de azúcar como las bebidas edulcoradas. Y también queremos debatir sobre otro tipo de reforma de la renta financiera.
Como lo planteé ayer, nos parece que hay mejores, más eficaces y equitativas propuestas para abarcar la renta financiera; también queremos discutir eso.
Como dije, nos parece que debemos empezar a debatir esta cuestión, ya que desde hace muchísimo tiempo que no se da ese debate. Me refiero a reordenar el galimatías, este laberinto que tenemos. Además, ese es el primer paso para una discusión más profunda, que tiene que ver con nuestro Estado y con cómo recauda, cómo gasta y, particularmente, con cómo recupera potencia para dar a los ciudadanos argentinos lo que se merecen.
SR. PRESIDENTE LASPINA Se encuentran anotados para hacer uso de la palabra la señora diputada Frana y el señor diputado Contigiani.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Quiero hacer una pequeña consideración, ya que comparto la mayoría de las cosas que ha señalado el señor diputado Lousteau.
Existe la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, y por eso no se explica por qué se está produciendo esta reforma fuera del ámbito de esa comisión y sin un análisis minucioso también en ella. En este sentido, creo que debemos dar el debate de fondo que el tema merece.
Existe la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, y por eso no se explica por qué se está produciendo esta reforma fuera del ámbito de esa comisión y sin un análisis minucioso también en ella. En este sentido, creo que debemos dar el debate de fondo que el tema merece.
SR. PRESIDENTE LASPINA Tiene la palabra el señor diputado Contigiani.
SR. CONTIGIANI Señor presidente: quiero comenzar haciendo mención a un tema particular que tiene alto impacto en la provincia de Santa Fe y que está contemplado en esta reforma tributaria. Posteriormente, voy a hacer algunas consideraciones generales.
Quiero referirme a la gravedad que implica haber incorporado en este proyecto de reforma tributaria el impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas de determinados servicios -como seguros, créditos y financieros-, en primer lugar, porque Santa Fe tiene 2.500 cooperativas.
En mi provincia, el 62 por ciento de las poblaciones tiene como mínimo una cooperativa, y el 41 por ciento, una mutual. Además, ustedes saben muy bien que el 10 por ciento del PBI a nivel nacional tiene que ver con esta importante economía, con este gran motor cooperativo que tiene la Argentina.
Santa Fe no solo es capital nacional del cooperativismo en Sunchales, sino que además por historia, por presencia y por presente es tierra de cooperativas y mutuales. Entonces, ver que un proyecto de reforma tributaria se anime nada más y nada menos que a igualar una cooperativa y una mutual con una sociedad anónima significa, por un lado -y pensando bien-, desconocer a las mismas cooperativas y mutuales. Pero pensando mal, debo decir que están cumpliendo un viejo anhelo que he escuchado de muchos sectores políticos y económicos de la Argentina que siempre se quejaron -y siguen haciéndolo- de las ventajas que tenía el sistema cooperativo y mutual a la hora de la llamada competencia en el mercado.
Los sectores que piensan que las cooperativas y mutuales deben igualarse a una sociedad anónima desconocen que una cooperativa junta personas, no junta capital; desconocen el aporte a la comunidad que logran una mutual y una cooperativa; desconocen la importancia que estas entidades tienen para la democracia económica, para evitar la concentración económica y para lograr un mayor desarrollo económico y social en la Argentina.
Aquellos sectores son los que venían y vienen quejándose ya desde la década del 90 respecto de esta cuestión de que las cooperativas y las mutuales tienen una ventaja que hay que eliminar bajo paradigmas y visiones liberales en lo económico. Además, están desconociendo una situación jurídica y cometiendo un gravísimo error: la Constitución consagra los principios del constitucionalismo social, que fueron incorporados en el 53 y que luego fueron reafirmados en la reforma de 1994.
Por su parte, la Constitución de nuestra provincia -reformada en 1962- en su parte dogmática habla de cooperativismo y de mutualismo como sujeto de la promoción económica. Entonces, equiparar algo de semejante envergadura a nivel social y económico con una sociedad anónima es de una gravedad imperdonable.
Con esta iniciativa están cometiendo un error. Apelo a los diputados de las diferentes bancadas a fin de que cambien la redacción del proyecto durante el tratamiento en particular en el recinto. Veo que hay mucho apuro en discutir esta norma.
Por otro lado, desde el punto de vista jurídico se comete un grave error porque no entienden que las mutuales y las cooperativas no generan ganancias, sino utilidades que se reinvierten en las mismas organizaciones sociales y cooperativas. No comprender esto es no entender la economía social, es estar a la deriva y desorientados.
Me parece que acá se ha metido el pensamiento de determinados sectores liberales de la Argentina que quieren limitar o, mejor dicho, terminar con las ventajas que bien habidas desde 1938 tienen el cooperativismo y el mutualismo en el país en aras de lograr una democracia económica en la Argentina. Esto es lo que están poniendo en juego.
El impacto que tienen estas organizaciones desde el punto de vista fiscal lo podemos discutir luego de analizar los números. Los diputados que propician este proyecto no tienen claro el impacto económico de esta situación, sino que quieren terminar con la ventaja de estas instituciones.
Esto es un horror desde el punto de vista jurídico porque estas organizaciones no tienen ganancias, y así está definido en la esencia del derecho internacional y constitucional argentino. Es más, no tendría que haber excepción al impuesto a las ganancias, porque no hay ganancia alguna en una mutual y cooperativa.
Nos corren diciendo que hay una relación entre las mutuales, la usura y las cuevas -como funcionario de la provincia de Santa Fe me enfrenté a esta situación- pero no entiendo qué tiene que ver esto con el proyecto de reforma tributaria que estamos discutiendo, en donde se comete un tremendo error jurídico.
A las cuevas o mutuales que cometen errores se las combate con otro tipo de herramientas. El hecho de que una sociedad anónima o una constructora hayan tomado el camino de la corrupción no significa que todas las empresas sean corruptas. Cualquier constructora del país no es corrupta porque haya existido una constructora como Odebrecht. No todas las mutuales y cooperativas son cuevas de dinero como lo manifiesta ese artilugio argumental que -insisto- esconde una vieja idea de los sectores liberales económicos de la Argentina que es sacarle la ventaja a este motor económico y democratizador de la Argentina. Además, de esta manera sientan un precedente, porque ninguna dictadura militar en los últimos 80 años de historia en la Argentina se animó a eliminar la excepción al impuesto a las ganancias; nunca se animaron a tanto. Por lo tanto, están cometiendo un grave error; tienen que reflexionar y recapacitar. A través de esta iniciativa, quieren abrir la puerta para cobrar el impuesto a las ganancias a todas las cooperativas, inclusive a las agropecuarias.
Voy a defender a la provincia de Santa Fe con dignidad. Voy a defender a las cooperativas y a las mutuales porque creo en la democracia económica y además considero que es una de las formas de combatir la concentración económica.
Quienes están convencidos de esta iniciativa saben que cualquier cooperativa de la provincia de Santa Fe cuenta con diez, quince o dieciséis mil asociados. ¿Saben cuál es la importancia de las cooperativas? ¿Van a comparar a estas instituciones con una gran multinacional del seguro o con una sociedad anónima? Además, jurídicamente lo que están haciendo por medio de este proyecto es un horror porque las cooperativas y mutuales no tienen ganancias. Estudiemos lo que dice el derecho comparado y constitucional.
Por esto, con mucha firmeza trataremos de revertir lo que dicen los artículos 23 y 24 de la redacción original del proyecto en tratamiento. En este momento no sé qué artículo contempla esto porque la iniciativa en cuestión está cambiando constantemente.
También quiero recordarles, por si no lo saben, que los socios de cada cooperativa al igual que las mismas cooperativas cuando reinvierten sus utilidades -no ganancias- pagan impuesto a las ganancias. Cada socio de una cooperativa, cuando se le da su utilidad paga impuesto a las ganancias. Además, tendrían que saber que hace más de veinte o treinta años -ya perdí la cuenta- están aportando al Fondo Nacional del Desarrollo y la Educación Cooperativa y que eso sale de un impuesto al capital de la misma cooperativa. Están cometiendo un grave error.
También quiero hacer algunas consideraciones generales, porque después no me gustaría que se asusten o se rasguen las vestiduras por la concentración económica y la extranjerización de la Argentina. Convoquen a las cooperativas; pónganlas en una mesa y díganles cómo se hace el agregado de valor y el desarrollo equilibrado. Tranquilamente se lo van a explicar, porque lo saben hacer.
Respecto de las consideraciones generales, en la línea de lo planteado por el señor diputado Lousteau o recientemente por la señora diputada Frana, a quien escuché atentamente, la pregunta es: antes de hacer un debate instrumental, ¿no deberíamos discutir cuál es el modelo de desarrollo y cómo podemos crecer en la Argentina? ¿No deberíamos tomarnos un tiempo político prudente y necesario para explicar cómo vamos a crecer en la Argentina? Porque evidentemente no estamos creciendo por el lado del mercado interno. Se puede discutir si crecíamos en tal año o en tal otro; en los últimos cuarenta o cincuenta años tuvimos problemas de competitividad estructural en el mercado interno y en las empresas. Se pueden discutir las causas y ahí valen las opiniones de todos, pero la Argentina no está creciendo por allí. El problema es que en la economía de mercado interno es donde habita la mayor parte de los argentinos, porque nuestra economía y el empleo están fundados en la economía y en la demanda agregada de mercado interno.
Ahora bien, la Argentina no está creciendo en los últimos años, y tampoco ha crecido en décadas en términos de su economía de exportación. Esto también se puede discutir. ¿Entonces, por dónde crece la Argentina? Definamos eso. Después vendrá la reforma tributaria, que no tiene que salir de apuro, sino que tiene que ser discutida en el ámbito político, como corresponde, y tratando de orientar un modelo -cualquiera sea- que asegure un modelo de acumulación necesaria de excedentes a partir del cual podamos fundar un crecimiento sustentable y competitivo que nos pueda dar un horizonte desde el punto de vista económico y social.
De lo contrario, se trata de una batería de medidas y de leyes que salen por el apuro de las necesidades fiscales y que tienen muy poco que ver con la necesidad de que la Argentina encuentre un sendero de acumulación, crecimiento y excedentes que nos pueda dar un horizonte de crecimiento y desarrollo económico.
Tomo ejemplos concretos del proyecto de ley: biocombustibles, azúcar y demás. ¿Hay un plan para la cuenca cañera? Santa Fe tenía 10.000 hectáreas de caña de azúcar y ahora bajó a las 3.000. ¿Hay un plan para el azúcar y la caña? Creo que el azúcar va a dejar de ser un negocio en el mundo, pero nos ofrece una oportunidad extraordinaria para producir alcohol para el mercado interno y para los biocombustibles, cruzándolo con la ganadería vía insumos y derivados. ¿Pero dónde están los incentivos y el plan? No hay. ¿Cómo podemos hacer que ese sobrante del azúcar pueda ir derivado a un proceso de industrialización y producción de alcohol y de alimento para la ganadería, de energía o de bioenergía? Es posible. Pero se necesita promoción y estímulo económico; se necesitan créditos para bienes de capital con tasas subsidiadas.
Me pregunto, señor presidente, qué sabe usted de esta discontinuidad para 2018 de la línea de inversión productiva. Quisiera saber si hay algo que puedan hacer por las pymes para ayudarlas a modernizar sus bienes de capital. Pero si están pensando en sacar la línea de inversión productiva, a las provincias las descansan de toda posibilidad de hacer una política financiera en promoción de la modernización de los bienes de capital porque vamos a tener que salir a subsidiar tasas a valor de mercado, es decir, al 30 o 40 por ciento.
Ojalá que puedan replantear esa decisión que podrían, potencialmente, estar tomando ya que sería un error porque imposibilitaría aplicar una política para el mercado interno y las pymes.
En líneas generales, señor presidente, quería transmitir eso.
También quiero sumarme al reclamo del diputado por Santa Fe que habló anteriormente en relación al impuesto a la cerveza. Es un despropósito plantear un impuesto del 17 por ciento a la industria cervecera. No está justificado bajo ningún punto de vista del alcohol, no tiene base científica. Lo digo con cierto énfasis porque en nuestra provincia la industria de la cerveza artesanal y la industria de la cerveza en general están pasando por una etapa de crecimiento importante, y esto va a conspirar contra ellas.
Quiero referirme a la gravedad que implica haber incorporado en este proyecto de reforma tributaria el impuesto a las ganancias a mutuales y cooperativas de determinados servicios -como seguros, créditos y financieros-, en primer lugar, porque Santa Fe tiene 2.500 cooperativas.
En mi provincia, el 62 por ciento de las poblaciones tiene como mínimo una cooperativa, y el 41 por ciento, una mutual. Además, ustedes saben muy bien que el 10 por ciento del PBI a nivel nacional tiene que ver con esta importante economía, con este gran motor cooperativo que tiene la Argentina.
Santa Fe no solo es capital nacional del cooperativismo en Sunchales, sino que además por historia, por presencia y por presente es tierra de cooperativas y mutuales. Entonces, ver que un proyecto de reforma tributaria se anime nada más y nada menos que a igualar una cooperativa y una mutual con una sociedad anónima significa, por un lado -y pensando bien-, desconocer a las mismas cooperativas y mutuales. Pero pensando mal, debo decir que están cumpliendo un viejo anhelo que he escuchado de muchos sectores políticos y económicos de la Argentina que siempre se quejaron -y siguen haciéndolo- de las ventajas que tenía el sistema cooperativo y mutual a la hora de la llamada competencia en el mercado.
Los sectores que piensan que las cooperativas y mutuales deben igualarse a una sociedad anónima desconocen que una cooperativa junta personas, no junta capital; desconocen el aporte a la comunidad que logran una mutual y una cooperativa; desconocen la importancia que estas entidades tienen para la democracia económica, para evitar la concentración económica y para lograr un mayor desarrollo económico y social en la Argentina.
Aquellos sectores son los que venían y vienen quejándose ya desde la década del 90 respecto de esta cuestión de que las cooperativas y las mutuales tienen una ventaja que hay que eliminar bajo paradigmas y visiones liberales en lo económico. Además, están desconociendo una situación jurídica y cometiendo un gravísimo error: la Constitución consagra los principios del constitucionalismo social, que fueron incorporados en el 53 y que luego fueron reafirmados en la reforma de 1994.
Por su parte, la Constitución de nuestra provincia -reformada en 1962- en su parte dogmática habla de cooperativismo y de mutualismo como sujeto de la promoción económica. Entonces, equiparar algo de semejante envergadura a nivel social y económico con una sociedad anónima es de una gravedad imperdonable.
Con esta iniciativa están cometiendo un error. Apelo a los diputados de las diferentes bancadas a fin de que cambien la redacción del proyecto durante el tratamiento en particular en el recinto. Veo que hay mucho apuro en discutir esta norma.
Por otro lado, desde el punto de vista jurídico se comete un grave error porque no entienden que las mutuales y las cooperativas no generan ganancias, sino utilidades que se reinvierten en las mismas organizaciones sociales y cooperativas. No comprender esto es no entender la economía social, es estar a la deriva y desorientados.
Me parece que acá se ha metido el pensamiento de determinados sectores liberales de la Argentina que quieren limitar o, mejor dicho, terminar con las ventajas que bien habidas desde 1938 tienen el cooperativismo y el mutualismo en el país en aras de lograr una democracia económica en la Argentina. Esto es lo que están poniendo en juego.
El impacto que tienen estas organizaciones desde el punto de vista fiscal lo podemos discutir luego de analizar los números. Los diputados que propician este proyecto no tienen claro el impacto económico de esta situación, sino que quieren terminar con la ventaja de estas instituciones.
Esto es un horror desde el punto de vista jurídico porque estas organizaciones no tienen ganancias, y así está definido en la esencia del derecho internacional y constitucional argentino. Es más, no tendría que haber excepción al impuesto a las ganancias, porque no hay ganancia alguna en una mutual y cooperativa.
Nos corren diciendo que hay una relación entre las mutuales, la usura y las cuevas -como funcionario de la provincia de Santa Fe me enfrenté a esta situación- pero no entiendo qué tiene que ver esto con el proyecto de reforma tributaria que estamos discutiendo, en donde se comete un tremendo error jurídico.
A las cuevas o mutuales que cometen errores se las combate con otro tipo de herramientas. El hecho de que una sociedad anónima o una constructora hayan tomado el camino de la corrupción no significa que todas las empresas sean corruptas. Cualquier constructora del país no es corrupta porque haya existido una constructora como Odebrecht. No todas las mutuales y cooperativas son cuevas de dinero como lo manifiesta ese artilugio argumental que -insisto- esconde una vieja idea de los sectores liberales económicos de la Argentina que es sacarle la ventaja a este motor económico y democratizador de la Argentina. Además, de esta manera sientan un precedente, porque ninguna dictadura militar en los últimos 80 años de historia en la Argentina se animó a eliminar la excepción al impuesto a las ganancias; nunca se animaron a tanto. Por lo tanto, están cometiendo un grave error; tienen que reflexionar y recapacitar. A través de esta iniciativa, quieren abrir la puerta para cobrar el impuesto a las ganancias a todas las cooperativas, inclusive a las agropecuarias.
Voy a defender a la provincia de Santa Fe con dignidad. Voy a defender a las cooperativas y a las mutuales porque creo en la democracia económica y además considero que es una de las formas de combatir la concentración económica.
Quienes están convencidos de esta iniciativa saben que cualquier cooperativa de la provincia de Santa Fe cuenta con diez, quince o dieciséis mil asociados. ¿Saben cuál es la importancia de las cooperativas? ¿Van a comparar a estas instituciones con una gran multinacional del seguro o con una sociedad anónima? Además, jurídicamente lo que están haciendo por medio de este proyecto es un horror porque las cooperativas y mutuales no tienen ganancias. Estudiemos lo que dice el derecho comparado y constitucional.
Por esto, con mucha firmeza trataremos de revertir lo que dicen los artículos 23 y 24 de la redacción original del proyecto en tratamiento. En este momento no sé qué artículo contempla esto porque la iniciativa en cuestión está cambiando constantemente.
También quiero recordarles, por si no lo saben, que los socios de cada cooperativa al igual que las mismas cooperativas cuando reinvierten sus utilidades -no ganancias- pagan impuesto a las ganancias. Cada socio de una cooperativa, cuando se le da su utilidad paga impuesto a las ganancias. Además, tendrían que saber que hace más de veinte o treinta años -ya perdí la cuenta- están aportando al Fondo Nacional del Desarrollo y la Educación Cooperativa y que eso sale de un impuesto al capital de la misma cooperativa. Están cometiendo un grave error.
También quiero hacer algunas consideraciones generales, porque después no me gustaría que se asusten o se rasguen las vestiduras por la concentración económica y la extranjerización de la Argentina. Convoquen a las cooperativas; pónganlas en una mesa y díganles cómo se hace el agregado de valor y el desarrollo equilibrado. Tranquilamente se lo van a explicar, porque lo saben hacer.
Respecto de las consideraciones generales, en la línea de lo planteado por el señor diputado Lousteau o recientemente por la señora diputada Frana, a quien escuché atentamente, la pregunta es: antes de hacer un debate instrumental, ¿no deberíamos discutir cuál es el modelo de desarrollo y cómo podemos crecer en la Argentina? ¿No deberíamos tomarnos un tiempo político prudente y necesario para explicar cómo vamos a crecer en la Argentina? Porque evidentemente no estamos creciendo por el lado del mercado interno. Se puede discutir si crecíamos en tal año o en tal otro; en los últimos cuarenta o cincuenta años tuvimos problemas de competitividad estructural en el mercado interno y en las empresas. Se pueden discutir las causas y ahí valen las opiniones de todos, pero la Argentina no está creciendo por allí. El problema es que en la economía de mercado interno es donde habita la mayor parte de los argentinos, porque nuestra economía y el empleo están fundados en la economía y en la demanda agregada de mercado interno.
Ahora bien, la Argentina no está creciendo en los últimos años, y tampoco ha crecido en décadas en términos de su economía de exportación. Esto también se puede discutir. ¿Entonces, por dónde crece la Argentina? Definamos eso. Después vendrá la reforma tributaria, que no tiene que salir de apuro, sino que tiene que ser discutida en el ámbito político, como corresponde, y tratando de orientar un modelo -cualquiera sea- que asegure un modelo de acumulación necesaria de excedentes a partir del cual podamos fundar un crecimiento sustentable y competitivo que nos pueda dar un horizonte desde el punto de vista económico y social.
De lo contrario, se trata de una batería de medidas y de leyes que salen por el apuro de las necesidades fiscales y que tienen muy poco que ver con la necesidad de que la Argentina encuentre un sendero de acumulación, crecimiento y excedentes que nos pueda dar un horizonte de crecimiento y desarrollo económico.
Tomo ejemplos concretos del proyecto de ley: biocombustibles, azúcar y demás. ¿Hay un plan para la cuenca cañera? Santa Fe tenía 10.000 hectáreas de caña de azúcar y ahora bajó a las 3.000. ¿Hay un plan para el azúcar y la caña? Creo que el azúcar va a dejar de ser un negocio en el mundo, pero nos ofrece una oportunidad extraordinaria para producir alcohol para el mercado interno y para los biocombustibles, cruzándolo con la ganadería vía insumos y derivados. ¿Pero dónde están los incentivos y el plan? No hay. ¿Cómo podemos hacer que ese sobrante del azúcar pueda ir derivado a un proceso de industrialización y producción de alcohol y de alimento para la ganadería, de energía o de bioenergía? Es posible. Pero se necesita promoción y estímulo económico; se necesitan créditos para bienes de capital con tasas subsidiadas.
Me pregunto, señor presidente, qué sabe usted de esta discontinuidad para 2018 de la línea de inversión productiva. Quisiera saber si hay algo que puedan hacer por las pymes para ayudarlas a modernizar sus bienes de capital. Pero si están pensando en sacar la línea de inversión productiva, a las provincias las descansan de toda posibilidad de hacer una política financiera en promoción de la modernización de los bienes de capital porque vamos a tener que salir a subsidiar tasas a valor de mercado, es decir, al 30 o 40 por ciento.
Ojalá que puedan replantear esa decisión que podrían, potencialmente, estar tomando ya que sería un error porque imposibilitaría aplicar una política para el mercado interno y las pymes.
En líneas generales, señor presidente, quería transmitir eso.
También quiero sumarme al reclamo del diputado por Santa Fe que habló anteriormente en relación al impuesto a la cerveza. Es un despropósito plantear un impuesto del 17 por ciento a la industria cervecera. No está justificado bajo ningún punto de vista del alcohol, no tiene base científica. Lo digo con cierto énfasis porque en nuestra provincia la industria de la cerveza artesanal y la industria de la cerveza en general están pasando por una etapa de crecimiento importante, y esto va a conspirar contra ellas.
SR. PRESIDENTE LASPINA En cuanto a la cuestión de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria, les comento que no está constituida.
Mi intención era citar en conjunto el día de ayer a los integrantes de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria con los de Presupuesto y Hacienda para recibir la presentación del ministro, pero al no estar constituida no se pudo hacer.
Queda pendiente un informe, sobre el cual estamos trabajando, de acuerdo con el cumplimiento de la ley, que en su momento distribuiremos a todos los miembros de la comisión, que básicamente hace un racconto de lo actuado durante el año en materia de las exposiciones que tuvimos de los expertos, el diagnóstico que se trazó y una evaluación general de la propuesta del Poder Ejecutivo nacional. Eso es todo lo que dice la ley con respecto a las obligaciones de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
Mi intención era citar en conjunto el día de ayer a los integrantes de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria con los de Presupuesto y Hacienda para recibir la presentación del ministro, pero al no estar constituida no se pudo hacer.
Queda pendiente un informe, sobre el cual estamos trabajando, de acuerdo con el cumplimiento de la ley, que en su momento distribuiremos a todos los miembros de la comisión, que básicamente hace un racconto de lo actuado durante el año en materia de las exposiciones que tuvimos de los expertos, el diagnóstico que se trazó y una evaluación general de la propuesta del Poder Ejecutivo nacional. Eso es todo lo que dice la ley con respecto a las obligaciones de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria.
Tiene la palabra la señora diputada Frana.
SRA. FRANA Señor presidente: quiero dejar constancia que adhiero al reclamo del diputado Marcucci y del diputado preopinante con respecto a la cuestión de la cerveza y de las cooperativas y mutuales.
SR. PRESIDENTE LASPINA Les comento que vamos a dar tiempo hasta las 12 del mediodía de mañana para presentar los dictámenes de minoría y para hacer correcciones a los distintos dictámenes.
Nuestro dictamen todavía está siendo modificado por los debates y las discusiones que hemos tenido a lo largo de esta sesión. Entre esas modificaciones queremos incorporar una exención, o por lo menos definir el carácter de exención, para los seguros de vida y de retiro. Esto es algo que en la Argentina necesitamos incentivar, fundamentalmente para darle profundidad al mercado de capitales con instrumentos de ahorro a largo plazo. Es un tema que en Argentina tiene un muy escaso desarrollo, es una industria muy castigada; nuestra intención es que haya por lo menos una categoría de exención para discutir en el futuro, sin ninguna asignación presupuestaria de cuánto le vamos a dar a esa exención, para que en futuras leyes discutamos qué margen fiscal hay para ampliar o no, o aplicar o no esta exención.
Queremos crear la categoría de la exención para los seguros de vida y de retiro fundamentalmente porque son instrumentos sanos de ahorro, en primer lugar, pero también son muy importantes para el mercado de capitales. Es algo que se había planteado en la ley de financiamiento productivo y había habido consenso en aquel momento que la forma más prolija de introducirlo no era en una ley de mercado de capitales sino en la reforma tributaria. Eso ya lo hemos hablado oportunamente. Lo estaremos incluyendo acá.
Reitero que damos tiempo hasta mañana para hacer las correcciones que hagan falta a los dictámenes, e incluso los comentarios al dictamen de mayoría que probablemente tengamos por el interbloque Cambiemos serán bienvenidos hasta mañana al mediodía, de forma tal de introducir estas modificaciones, para luego pasarlo a la firma.
No habiendo más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión de comisión.
Nuestro dictamen todavía está siendo modificado por los debates y las discusiones que hemos tenido a lo largo de esta sesión. Entre esas modificaciones queremos incorporar una exención, o por lo menos definir el carácter de exención, para los seguros de vida y de retiro. Esto es algo que en la Argentina necesitamos incentivar, fundamentalmente para darle profundidad al mercado de capitales con instrumentos de ahorro a largo plazo. Es un tema que en Argentina tiene un muy escaso desarrollo, es una industria muy castigada; nuestra intención es que haya por lo menos una categoría de exención para discutir en el futuro, sin ninguna asignación presupuestaria de cuánto le vamos a dar a esa exención, para que en futuras leyes discutamos qué margen fiscal hay para ampliar o no, o aplicar o no esta exención.
Queremos crear la categoría de la exención para los seguros de vida y de retiro fundamentalmente porque son instrumentos sanos de ahorro, en primer lugar, pero también son muy importantes para el mercado de capitales. Es algo que se había planteado en la ley de financiamiento productivo y había habido consenso en aquel momento que la forma más prolija de introducirlo no era en una ley de mercado de capitales sino en la reforma tributaria. Eso ya lo hemos hablado oportunamente. Lo estaremos incluyendo acá.
Reitero que damos tiempo hasta mañana para hacer las correcciones que hagan falta a los dictámenes, e incluso los comentarios al dictamen de mayoría que probablemente tengamos por el interbloque Cambiemos serán bienvenidos hasta mañana al mediodía, de forma tal de introducir estas modificaciones, para luego pasarlo a la firma.
No habiendo más asuntos que tratar, damos por finalizada la reunión de comisión.