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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
Reunión del día 29/07/2020
- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA - CONTINUACIÓN
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de julio de 2020, a la hora 11 y 23, comienza la reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE HELLER Buenos días a todas y todos. Continuamos con el cuarto intermedio de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados.
Se encuentra en consideración el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre modificación presupuestaria. En la reunión celebrada ayer recibimos al señor secretario de Hacienda, quien durante tres horas y media -aproximadamente- respondió cada pregunta que se le formuló. Desde luego que los diputados y las diputadas pueden aceptar o no sus respuestas, según sus propias convicciones; pero el secretario explicó la visión y la posición del Poder Ejecutivo en relación con las razones y los contenidos de esta ampliación presupuestaria.
Teniendo en cuenta la intensidad con la que venimos desarrollando esta tarea, les propongo deliberar hasta las 13 horas para luego pasar a la firma el dictamen o los dictámenes y que sean incluidos en el orden del día de la sesión plenaria que la Cámara de Diputados realizará este viernes.
Al igual que ayer, primero haríamos una votación a mano alzada para determinar la validez de los dictámenes de mayoría y de minoría y, a continuación, los elevaríamos para su consideración. Esta es la propuesta de la Presidencia de la comisión para el funcionamiento de esta reunión.
En segundo lugar, como ustedes comprenderán, hay innumerables cuestiones de distinto tipo. No quiero decir que son pequeñas ni menores porque son de gran importancia para quienes las plantean; pero objetivamente no hemos tenido tiempo material para considerarlas. Mi propuesta es que en la sesión, dentro de la consideración en general del proyecto de ley de modificación presupuestaria, tratemos estos pedidos particulares.
Por ejemplo, he visto el requerimiento del diputado Casas, por La Rioja, respecto a la asignación para su provincia. Me parece que está bien, pero le pido al diputado que cuando estemos tratando este tema en el recinto solicite esa modificación para que, en ese momento, su pedido sea puesto en consideración. De esta forma, nosotros también tendremos tiempo -no justo en este caso que yo ya pude ver ayer, sino en otras cuestiones que se planteen- de requerir y contar con más información para tomar una decisión que sea compatible con el contenido general del proyecto.
Quiero tratar esto en particular porque ayer fue motivo de muchísimas intervenciones transversales, que no fueron solo hechas por legisladores de la oposición sino también por distintos diputados y diputadas del oficialismo.
Señor diputado Casas: ya registré su pedido, luego le daré la palabra.
En relación con la cuestión de la leche, he requerido al Ministerio de Economía que nos envíe información lo más amplia posible para compartirla con todos ustedes y también en el recinto, si fuera necesario; en un instante daré lectura.
Quiero recordar algo que me parece fundamental. En su exposición del día de ayer, el señor secretario de Hacienda nos explicó que vamos a tener un aumento del gasto de 1.859.583 millones de pesos, equivalente al 6,5 por ciento del PBI. También nos brindó información acerca de los destinos, donde se puede ver claramente que el 80 por ciento de las modificaciones presupuestarias tienen que ver con lo siguiente: aumentos en la seguridad social -algo que ocupa una parte sustancial-; subsidios económicos en los rubros de energía y transporte -es el segundo rubro-; IFE y ATP -son el tercer rubro-; asignaciones familiares -son el cuarto rubro-; gasto de capital -es el quinto rubro y abarca las obras de agua, alcantarillado, transporte, energía, vialidad, etcétera-; y, por último, el gasto en desarrollo social, políticas ambientales y apoyo al empleo, educación y salud.
Prácticamente, esto compone la inmensa mayoría del gasto. También se puede observar claramente -si se agrupa de otra manera- que el 66,2 por ciento del gasto va directamente a las familias; el 16,9 por ciento es para servicios esenciales y obra pública; el 11,7 por ciento se destina a asignaciones específicas para empresas y el 5,2 por ciento va directamente a las provincias.
Si bien creo que el funcionario ya lo explicó ayer, vale la pena repetir que cuando se menciona que el 5,2 por ciento del gasto va a las provincias, se está refiriendo a las asignaciones directas de partidas; mientras que el IFE, la ATP y cualquiera de los otros rubros tienen distribución federal de acuerdo con las pautas que habitualmente se utilizan. Es decir que cuando se dice familias, no son familias de un lugar determinado sino de todo el país. Obviamente, donde hay mayor concentración de familias, esos valores serán más altos.
Con ánimo de ser breve, hoy voy a omitir varias consideraciones que tal vez sí manifieste luego en la sesión.
La situación preexistente a la pandemia -que algunos llamamos "pandemia económica"- fue la que nos motivó a sancionar la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en diciembre del año pasado. En ese momento, no teníamos la menor idea de que ahora íbamos a estar atravesando esta dramática situación, en la que todos tenemos que hacer un esfuerzo por entender que no solo es algo inédito sino también, a veces, indescifrable. En efecto, en cualquier plan que se proponga está la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar esta situación.
Si analizamos los pedidos que se hacen, vemos que todos son correctos, pero juntos no se los puede atender por las razones que ya hemos explicado. Estamos en el peor de los cruces: una drástica caída de los ingresos fiscales producto de la menor actividad económica y un notable incremento del gasto producto de la pandemia sanitaria y de
toda la atención directa e indirecta que aquella implica, por ejemplo, equipamiento, etcétera. Esto nos lleva al 6 y pico por ciento de déficit fiscal, que seguramente se irá incrementando.
Mi postura personal es que ni por asomo soy monetarista, y creo que todos los saben. Considero que el monetarismo le ha hecho muchísimo daño a la economía argentina y que limitar la emisión de moneda a la relación con las reservas -como sucedió dramáticamente durante la convertibilidad, y con aproximaciones durante otros períodos- tampoco es saludable. Nadie puede seriamente pensar que el gasto puede ser sostenido con emisión de billetes sin ningún tipo de límite. En alguna discusión he dicho irónicamente que si eso fuera tan sencillo, la clave sería solo tener buenas imprentas y que, a partir de ahí, tendríamos todos los problemas resueltos.
El gobierno, con buen criterio, ha emitido todo lo necesario y ha recurrido a las utilidades del Banco Central en todas sus posibilidades para atender al máximo ese cúmulo de justificados requerimientos de mayores gastos que se plantean. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de entender la dificultad que se afronta: no es un barril sin fondo, sino que existe una enorme limitación.
Ustedes son personas que entienden lo suficiente de economía: una situación como esta se resuelve tomando más deuda -si hubiera capacidad de endeudarse-, recortando los gastos -si existiera esa posibilidad- o aumentando los ingresos -si fuera posible-. Cuando se da la fatídica combinación que nosotros atravesamos de que el mercado de deuda está absolutamente elevado, previamente tenemos que resolver el problema heredado de ese endeudamiento insostenible que tiene la Argentina, que es impagable en los términos que ha sido concebido. Cuando tenemos la inevitable caída de ingresos que provoca la caída de la actividad económica y el aumento inevitable que genera el gasto necesario para enfrentar las distintas situaciones, se da un cóctel sumamente complicado que requiere que todos actuemos con una notable responsabilidad -incluso posponiendo algunas de nuestras diferencias- para conseguir mejores oportunidades.
En ese marco, el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto de ampliación de presupuesto, en atención a un requerimiento de la oposición en el sentido de que la anterior ampliación había sido hecha mediante la emisión de un decreto de necesidad y urgencia que le dio facultades a la Jefatura de Gabinete.
Al mismo tiempo, el mensaje del Ejecutivo nos plantea la perentoriedad del tratamiento de esta cuestión. No tenemos margen: si no lo aprobamos con celeridad, en agosto habrá dificultades operativas para cumplir con los planes IFE, ATP y otras cuestiones esenciales que hacen al sostenimiento de la estabilidad -incluso social- de la Argentina. Todos saben que estas ayudas han sido paliativos que han permitido evitar situaciones graves y conflictivas, a fin de morigerar las penurias más notables que soportan grandes sectores de conciudadanas y conciudadanos.
A continuación, voy a leer el informe que he pedido a Economía sobre el tema del IVA a la leche. La exención del IVA en el precio final de la leche fue resuelta en agosto de 2019, luego del resultado de las PASO, para disminuir la escalada de precios que vivía la economía en ese momento. Las medidas caducaron en diciembre; eran por seis meses.
El informe de Economía plantea una serie de preguntas y respuestas: "¿Subiría el precio de la leche con esta medida? No, y en un contexto normal incluso podría llegar a bajar.
"¿Esta medida aumenta la recaudación tributaria? No, y de hecho tiene costo fiscal, ya que hay leches que pasan de tributar 21 por ciento a 10,5 por ciento.
"¿Corrige inequidades en el sector lácteo creadas por el gobierno anterior? Sí, dichas inequidades se reflejan en los distintos eslabones de la cadena láctea que afectan el precio al consumidor.
"¿Peligra el consumo de leche en los sectores más vulnerables de la población? No, el Estado destina considerables recursos a suplir el consumo de leche a los sectores de menos ingresos." Luego hay un detalle de esto.
El informe sigue diciendo: "Cuando se produjo la rebaja del IVA en el eslabón final, que es el consumidor, el sector industrial siguió pagando el 21 por ciento de la compra del insumo a los tambos, pero -al estar exento el precio final- comenzó a acumular créditos fiscales sin poder descargarlos en otros eslabones de la cadena productiva. En enero de 2020 el IVA volvió al 21 por ciento para la leche con aditivos -la mayoría de los productos en góndola-, pero mediante el decreto 418/2020 se estableció un régimen especial de compensación de IVA a las ventas por menor y en hipermercados, supermercados y autoservicios, para mantener estable el precio al consumidor.
"Hoy en día existen distintas variedades de leches que están exentas de IVA. Para estos casos el aumento de cero a 10,5 por ciento no debería tener efecto en el precio final de góndola, ya que los comerciantes dejarían de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la exención del IVA en la venta al consumidor final." Aclaro que el comerciante recibía el IVA, no podía ponerlo como IVA pero, de todas formas, lo cargaba en el precio.
Continúa el informe: "Por lo tanto, esta no es una medida para aumentar la recaudación o que tiene como objetivo una meta fiscal. De hecho, la disminución de las alícuotas del 21 por ciento al 10,5 por ciento del resto de las leches tiene un costo fiscal estimado de 1.800 millones de pesos por año. La medida que importa entonces es la reducción del IVA de las leches que sí pagan el 21 por ciento pero que el Estado nacional complementa con compensaciones. Se supone que el comercio genera un crédito fiscal de 21 por ciento y carga solo al precio final 10,5 por ciento, pagando la diferencia el Estado con compensación. Con la reducción del IVA al 10,5 por ciento, el crédito fiscal pasaría a ser de 10,5 por ciento, lo cual ya es cobrado vía débito fiscal al consumidor final y el Estado nacional no tendría que pagar más esa compensación.
"La propuesta de bajar el IVA de toda la cadena láctea a 10,5 por ciento es para evitar las distorsiones de acumulación de crédito fiscal, eliminar el régimen de compensación y mantener estable el precio al consumidor.
"La medida, insistimos, no debería generar efectos en el precio de góndola. Vale destacar que el Estado llega a la población más vulnerable acercando este producto de manera directa, comprándolo directamente, e indirectamente, a través de la tarjeta Alimentar.
"En lo que va de 2020, el Estado lleva gastado más de 70.000 millones de pesos en acciones de seguridad alimentaria y nutrición, destacándose las acciones de nutrición a través de la asistencia nutricional con leche fortificada del Ministerio de Salud, que en el primer trimestre del corriente año, lleva entregados 2.360.000 kilogramos de leche. Y por el lado del Ministerio de Desarrollo Social, ya se han entregado más de un millón de tarjetas alimentarias."
Luego viene un detalle de números de cómo se han repartido todas estas contribuciones.
Con estos elementos, la postura de la Presidencia de la comisión es mantener y respaldar esta iniciativa, tal cual ha sido enviada por el Poder Ejecutivo. De cualquier manera, esta es una opinión y forma parte del debate que vamos a dar a partir de este momento.
Tengo varios pedidos palabra.
Se encuentra en consideración el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo sobre modificación presupuestaria. En la reunión celebrada ayer recibimos al señor secretario de Hacienda, quien durante tres horas y media -aproximadamente- respondió cada pregunta que se le formuló. Desde luego que los diputados y las diputadas pueden aceptar o no sus respuestas, según sus propias convicciones; pero el secretario explicó la visión y la posición del Poder Ejecutivo en relación con las razones y los contenidos de esta ampliación presupuestaria.
Teniendo en cuenta la intensidad con la que venimos desarrollando esta tarea, les propongo deliberar hasta las 13 horas para luego pasar a la firma el dictamen o los dictámenes y que sean incluidos en el orden del día de la sesión plenaria que la Cámara de Diputados realizará este viernes.
Al igual que ayer, primero haríamos una votación a mano alzada para determinar la validez de los dictámenes de mayoría y de minoría y, a continuación, los elevaríamos para su consideración. Esta es la propuesta de la Presidencia de la comisión para el funcionamiento de esta reunión.
En segundo lugar, como ustedes comprenderán, hay innumerables cuestiones de distinto tipo. No quiero decir que son pequeñas ni menores porque son de gran importancia para quienes las plantean; pero objetivamente no hemos tenido tiempo material para considerarlas. Mi propuesta es que en la sesión, dentro de la consideración en general del proyecto de ley de modificación presupuestaria, tratemos estos pedidos particulares.
Por ejemplo, he visto el requerimiento del diputado Casas, por La Rioja, respecto a la asignación para su provincia. Me parece que está bien, pero le pido al diputado que cuando estemos tratando este tema en el recinto solicite esa modificación para que, en ese momento, su pedido sea puesto en consideración. De esta forma, nosotros también tendremos tiempo -no justo en este caso que yo ya pude ver ayer, sino en otras cuestiones que se planteen- de requerir y contar con más información para tomar una decisión que sea compatible con el contenido general del proyecto.
Quiero tratar esto en particular porque ayer fue motivo de muchísimas intervenciones transversales, que no fueron solo hechas por legisladores de la oposición sino también por distintos diputados y diputadas del oficialismo.
Señor diputado Casas: ya registré su pedido, luego le daré la palabra.
En relación con la cuestión de la leche, he requerido al Ministerio de Economía que nos envíe información lo más amplia posible para compartirla con todos ustedes y también en el recinto, si fuera necesario; en un instante daré lectura.
Quiero recordar algo que me parece fundamental. En su exposición del día de ayer, el señor secretario de Hacienda nos explicó que vamos a tener un aumento del gasto de 1.859.583 millones de pesos, equivalente al 6,5 por ciento del PBI. También nos brindó información acerca de los destinos, donde se puede ver claramente que el 80 por ciento de las modificaciones presupuestarias tienen que ver con lo siguiente: aumentos en la seguridad social -algo que ocupa una parte sustancial-; subsidios económicos en los rubros de energía y transporte -es el segundo rubro-; IFE y ATP -son el tercer rubro-; asignaciones familiares -son el cuarto rubro-; gasto de capital -es el quinto rubro y abarca las obras de agua, alcantarillado, transporte, energía, vialidad, etcétera-; y, por último, el gasto en desarrollo social, políticas ambientales y apoyo al empleo, educación y salud.
Prácticamente, esto compone la inmensa mayoría del gasto. También se puede observar claramente -si se agrupa de otra manera- que el 66,2 por ciento del gasto va directamente a las familias; el 16,9 por ciento es para servicios esenciales y obra pública; el 11,7 por ciento se destina a asignaciones específicas para empresas y el 5,2 por ciento va directamente a las provincias.
Si bien creo que el funcionario ya lo explicó ayer, vale la pena repetir que cuando se menciona que el 5,2 por ciento del gasto va a las provincias, se está refiriendo a las asignaciones directas de partidas; mientras que el IFE, la ATP y cualquiera de los otros rubros tienen distribución federal de acuerdo con las pautas que habitualmente se utilizan. Es decir que cuando se dice familias, no son familias de un lugar determinado sino de todo el país. Obviamente, donde hay mayor concentración de familias, esos valores serán más altos.
Con ánimo de ser breve, hoy voy a omitir varias consideraciones que tal vez sí manifieste luego en la sesión.
La situación preexistente a la pandemia -que algunos llamamos "pandemia económica"- fue la que nos motivó a sancionar la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en diciembre del año pasado. En ese momento, no teníamos la menor idea de que ahora íbamos a estar atravesando esta dramática situación, en la que todos tenemos que hacer un esfuerzo por entender que no solo es algo inédito sino también, a veces, indescifrable. En efecto, en cualquier plan que se proponga está la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar esta situación.
Si analizamos los pedidos que se hacen, vemos que todos son correctos, pero juntos no se los puede atender por las razones que ya hemos explicado. Estamos en el peor de los cruces: una drástica caída de los ingresos fiscales producto de la menor actividad económica y un notable incremento del gasto producto de la pandemia sanitaria y de
toda la atención directa e indirecta que aquella implica, por ejemplo, equipamiento, etcétera. Esto nos lleva al 6 y pico por ciento de déficit fiscal, que seguramente se irá incrementando.
Mi postura personal es que ni por asomo soy monetarista, y creo que todos los saben. Considero que el monetarismo le ha hecho muchísimo daño a la economía argentina y que limitar la emisión de moneda a la relación con las reservas -como sucedió dramáticamente durante la convertibilidad, y con aproximaciones durante otros períodos- tampoco es saludable. Nadie puede seriamente pensar que el gasto puede ser sostenido con emisión de billetes sin ningún tipo de límite. En alguna discusión he dicho irónicamente que si eso fuera tan sencillo, la clave sería solo tener buenas imprentas y que, a partir de ahí, tendríamos todos los problemas resueltos.
El gobierno, con buen criterio, ha emitido todo lo necesario y ha recurrido a las utilidades del Banco Central en todas sus posibilidades para atender al máximo ese cúmulo de justificados requerimientos de mayores gastos que se plantean. Todos tenemos que hacer el esfuerzo de entender la dificultad que se afronta: no es un barril sin fondo, sino que existe una enorme limitación.
Ustedes son personas que entienden lo suficiente de economía: una situación como esta se resuelve tomando más deuda -si hubiera capacidad de endeudarse-, recortando los gastos -si existiera esa posibilidad- o aumentando los ingresos -si fuera posible-. Cuando se da la fatídica combinación que nosotros atravesamos de que el mercado de deuda está absolutamente elevado, previamente tenemos que resolver el problema heredado de ese endeudamiento insostenible que tiene la Argentina, que es impagable en los términos que ha sido concebido. Cuando tenemos la inevitable caída de ingresos que provoca la caída de la actividad económica y el aumento inevitable que genera el gasto necesario para enfrentar las distintas situaciones, se da un cóctel sumamente complicado que requiere que todos actuemos con una notable responsabilidad -incluso posponiendo algunas de nuestras diferencias- para conseguir mejores oportunidades.
En ese marco, el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto de ampliación de presupuesto, en atención a un requerimiento de la oposición en el sentido de que la anterior ampliación había sido hecha mediante la emisión de un decreto de necesidad y urgencia que le dio facultades a la Jefatura de Gabinete.
Al mismo tiempo, el mensaje del Ejecutivo nos plantea la perentoriedad del tratamiento de esta cuestión. No tenemos margen: si no lo aprobamos con celeridad, en agosto habrá dificultades operativas para cumplir con los planes IFE, ATP y otras cuestiones esenciales que hacen al sostenimiento de la estabilidad -incluso social- de la Argentina. Todos saben que estas ayudas han sido paliativos que han permitido evitar situaciones graves y conflictivas, a fin de morigerar las penurias más notables que soportan grandes sectores de conciudadanas y conciudadanos.
A continuación, voy a leer el informe que he pedido a Economía sobre el tema del IVA a la leche. La exención del IVA en el precio final de la leche fue resuelta en agosto de 2019, luego del resultado de las PASO, para disminuir la escalada de precios que vivía la economía en ese momento. Las medidas caducaron en diciembre; eran por seis meses.
El informe de Economía plantea una serie de preguntas y respuestas: "¿Subiría el precio de la leche con esta medida? No, y en un contexto normal incluso podría llegar a bajar.
"¿Esta medida aumenta la recaudación tributaria? No, y de hecho tiene costo fiscal, ya que hay leches que pasan de tributar 21 por ciento a 10,5 por ciento.
"¿Corrige inequidades en el sector lácteo creadas por el gobierno anterior? Sí, dichas inequidades se reflejan en los distintos eslabones de la cadena láctea que afectan el precio al consumidor.
"¿Peligra el consumo de leche en los sectores más vulnerables de la población? No, el Estado destina considerables recursos a suplir el consumo de leche a los sectores de menos ingresos." Luego hay un detalle de esto.
El informe sigue diciendo: "Cuando se produjo la rebaja del IVA en el eslabón final, que es el consumidor, el sector industrial siguió pagando el 21 por ciento de la compra del insumo a los tambos, pero -al estar exento el precio final- comenzó a acumular créditos fiscales sin poder descargarlos en otros eslabones de la cadena productiva. En enero de 2020 el IVA volvió al 21 por ciento para la leche con aditivos -la mayoría de los productos en góndola-, pero mediante el decreto 418/2020 se estableció un régimen especial de compensación de IVA a las ventas por menor y en hipermercados, supermercados y autoservicios, para mantener estable el precio al consumidor.
"Hoy en día existen distintas variedades de leches que están exentas de IVA. Para estos casos el aumento de cero a 10,5 por ciento no debería tener efecto en el precio final de góndola, ya que los comerciantes dejarían de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la exención del IVA en la venta al consumidor final." Aclaro que el comerciante recibía el IVA, no podía ponerlo como IVA pero, de todas formas, lo cargaba en el precio.
Continúa el informe: "Por lo tanto, esta no es una medida para aumentar la recaudación o que tiene como objetivo una meta fiscal. De hecho, la disminución de las alícuotas del 21 por ciento al 10,5 por ciento del resto de las leches tiene un costo fiscal estimado de 1.800 millones de pesos por año. La medida que importa entonces es la reducción del IVA de las leches que sí pagan el 21 por ciento pero que el Estado nacional complementa con compensaciones. Se supone que el comercio genera un crédito fiscal de 21 por ciento y carga solo al precio final 10,5 por ciento, pagando la diferencia el Estado con compensación. Con la reducción del IVA al 10,5 por ciento, el crédito fiscal pasaría a ser de 10,5 por ciento, lo cual ya es cobrado vía débito fiscal al consumidor final y el Estado nacional no tendría que pagar más esa compensación.
"La propuesta de bajar el IVA de toda la cadena láctea a 10,5 por ciento es para evitar las distorsiones de acumulación de crédito fiscal, eliminar el régimen de compensación y mantener estable el precio al consumidor.
"La medida, insistimos, no debería generar efectos en el precio de góndola. Vale destacar que el Estado llega a la población más vulnerable acercando este producto de manera directa, comprándolo directamente, e indirectamente, a través de la tarjeta Alimentar.
"En lo que va de 2020, el Estado lleva gastado más de 70.000 millones de pesos en acciones de seguridad alimentaria y nutrición, destacándose las acciones de nutrición a través de la asistencia nutricional con leche fortificada del Ministerio de Salud, que en el primer trimestre del corriente año, lleva entregados 2.360.000 kilogramos de leche. Y por el lado del Ministerio de Desarrollo Social, ya se han entregado más de un millón de tarjetas alimentarias."
Luego viene un detalle de números de cómo se han repartido todas estas contribuciones.
Con estos elementos, la postura de la Presidencia de la comisión es mantener y respaldar esta iniciativa, tal cual ha sido enviada por el Poder Ejecutivo. De cualquier manera, esta es una opinión y forma parte del debate que vamos a dar a partir de este momento.
Tengo varios pedidos palabra.
SRA. LANDRISCINI Señor presidente: por favor, ¿nos podrá mandar ese informe a cada uno de nosotros?
SR. PRESIDENTE HELLER Entiendo que no hay ningún problema. Después de la reunión, señora diputada, porque tengo que convertirlo en un formato digital para enviarlo.
El diputado Buryaile me pide una aclaración.
El diputado Buryaile me pide una aclaración.
SR. BURYAILE No voy a hacer uso de la palabra...
SR. PRESIDENTE HELLER Se lo escucha mal; debe estar con la televisión prendida.
SR. BURYAILE Me deben estar escuchando, raro en este país.
SR. PRESIDENTE HELLER No, la técnica de espionaje finalizó el 10 de diciembre, diputado.
SR. BURYAILE ¿En serio? Entonces, no vamos a encontrar más ningún informe en ninguna casa.
SR. PRESIDENTE HELLER Espero.
SR. BURYAILE Yo también.
Una sola pregunta respecto a lo que usted leyó. En el caso de las leches con aditivos, cuando se bajó al cero por ciento, el Estado (Inaudible.) derivados; no cree usted que -y se lo estoy preguntado con ninguna otra intencionalidad más que conocer su reflexión-, sería bueno permitir compensar el crédito fiscal generado sin necesidad de trasladarlo al eslabón subsiguiente, los créditos generados por las leches fluidas, enteras, descremadas de leche en polvo, permitiéndole a los supermercados compensar con otro producto y que formen parte de la posición técnica del IVA.
Es una propuesta que le estoy haciendo, señor presidente, porque si bien lo que usted dice es técnicamente correcto, todos sabemos lo que va a pasar en los comercios de barrio y en muchos casos. Es una pregunta que le quiero hacer respecto al punto que leyó.
Una sola pregunta respecto a lo que usted leyó. En el caso de las leches con aditivos, cuando se bajó al cero por ciento, el Estado (Inaudible.) derivados; no cree usted que -y se lo estoy preguntado con ninguna otra intencionalidad más que conocer su reflexión-, sería bueno permitir compensar el crédito fiscal generado sin necesidad de trasladarlo al eslabón subsiguiente, los créditos generados por las leches fluidas, enteras, descremadas de leche en polvo, permitiéndole a los supermercados compensar con otro producto y que formen parte de la posición técnica del IVA.
Es una propuesta que le estoy haciendo, señor presidente, porque si bien lo que usted dice es técnicamente correcto, todos sabemos lo que va a pasar en los comercios de barrio y en muchos casos. Es una pregunta que le quiero hacer respecto al punto que leyó.
SR. PRESIDENTE HELLER No puedo darle respuesta, pero me comprometo a trasladarla, señor diputado.
Hemos venido trabajando de buena fe. Insisto en que tenemos tiempo hasta el viernes para profundizar algunas de estas cuestiones y avanzar, en caso de que nos pongamos de acuerdo.
Quiero agregar algo. Yo creo que no hay impuesto más injusto que el IVA. Considero que es el peor de todos, pero -lamentablemente- recauda casi la mitad de los impuestos nacionales de la Argentina. Cuando uno mira el ingreso impositivo -creo que todos lo sabemos, pero lo repito-, la suma del impuesto a los patrimonios y bienes personales que pagan personas jurídicas y físicas, más el impuesto a las ganancias que pagan personas humanas y físicas, que debería ser la base principal del ingreso impositivo, sumada no alcanza a lo que se recauda por IVA.
Esto en sí mismo implica una injusticia tributaria fenomenal porque si hay una cosa en la que todos pagan igual es en el IVA. El multimillonario -esos que ahora salieron en Forbes y que multiplicaron su riqueza desde que empezó la pandemia, no sé cuántas decenas de miles de millones de dólares en la Argentina, porque no todos pierden-, paga el mismo IVA que el que vive en un barrio carenciado, en una pequeña localidad del interior o está sin trabajo.
Así que yo soy de los que creen que quienes actuamos en política tenemos la enorme responsabilidad de discutir una reforma tributaria profunda y real, para que tributen los que tengan que tributar en la proporción que tienen que hacerlo. A la vez, eso nos debe permitir un presupuesto con el que se puedan llevar adelante políticas de distribución y de equidad distributiva. Esta es una asignatura pendiente.
Lo que pasa es que ahora estamos con este esquema. Entonces, hay impuestos como los que se cobran en las provincias, como ingresos brutos, que creo que es un impuesto que también es sumamente regresivo, porque se paga si hay actividad y se paga si no hay actividad.
Cuando uno quiere discutir un impuesto, tiene que discutir con qué lo sustituye. Eso siempre lleva a dos cuestiones: una es ajustar el gasto, cosa con la que obviamente estoy en profundo desacuerdo. Yo creo que la Argentina es un país que necesita gastar más y bien, pero no menos. Eso requiere tener ingresos. Los ingresos vienen de una adecuada tributación y de un crecimiento de la economía. Este es el gran desafío que tenemos todos por delante, más allá del enrolamiento político partidario, si efectivamente queremos ayudar a construir un país más "vivible", que contenga mejor a toda su gente y avance en disminuir las inequidades.
Lamentablemente, en estos tiempos, solo han aumentado las inequidades. Lo vemos en el mundo. Ayer, comentaba que la CEPAL dice que en América Latina se dejan de recibir 325.000 millones de dólares de tributos que no se pagan, que equivalen al 6,1 por ciento del PBI regional. Si uno pensara que la Argentina tiene una proporción razonable de ambas cosas, podríamos decir que si pudiéramos evitar la evasión por distintos caminos que hay en esa tributación, el déficit fiscal que hoy nos agobia no sería tal o tendría una magnitud completamente distinta.
Así que, diputado Buryaile, tomo la inquietud, la vemos e intentamos avanzar.
Tiene la palabra el diputado Casas, que fue el primero que la solicitó.
Hemos venido trabajando de buena fe. Insisto en que tenemos tiempo hasta el viernes para profundizar algunas de estas cuestiones y avanzar, en caso de que nos pongamos de acuerdo.
Quiero agregar algo. Yo creo que no hay impuesto más injusto que el IVA. Considero que es el peor de todos, pero -lamentablemente- recauda casi la mitad de los impuestos nacionales de la Argentina. Cuando uno mira el ingreso impositivo -creo que todos lo sabemos, pero lo repito-, la suma del impuesto a los patrimonios y bienes personales que pagan personas jurídicas y físicas, más el impuesto a las ganancias que pagan personas humanas y físicas, que debería ser la base principal del ingreso impositivo, sumada no alcanza a lo que se recauda por IVA.
Esto en sí mismo implica una injusticia tributaria fenomenal porque si hay una cosa en la que todos pagan igual es en el IVA. El multimillonario -esos que ahora salieron en Forbes y que multiplicaron su riqueza desde que empezó la pandemia, no sé cuántas decenas de miles de millones de dólares en la Argentina, porque no todos pierden-, paga el mismo IVA que el que vive en un barrio carenciado, en una pequeña localidad del interior o está sin trabajo.
Así que yo soy de los que creen que quienes actuamos en política tenemos la enorme responsabilidad de discutir una reforma tributaria profunda y real, para que tributen los que tengan que tributar en la proporción que tienen que hacerlo. A la vez, eso nos debe permitir un presupuesto con el que se puedan llevar adelante políticas de distribución y de equidad distributiva. Esta es una asignatura pendiente.
Lo que pasa es que ahora estamos con este esquema. Entonces, hay impuestos como los que se cobran en las provincias, como ingresos brutos, que creo que es un impuesto que también es sumamente regresivo, porque se paga si hay actividad y se paga si no hay actividad.
Cuando uno quiere discutir un impuesto, tiene que discutir con qué lo sustituye. Eso siempre lleva a dos cuestiones: una es ajustar el gasto, cosa con la que obviamente estoy en profundo desacuerdo. Yo creo que la Argentina es un país que necesita gastar más y bien, pero no menos. Eso requiere tener ingresos. Los ingresos vienen de una adecuada tributación y de un crecimiento de la economía. Este es el gran desafío que tenemos todos por delante, más allá del enrolamiento político partidario, si efectivamente queremos ayudar a construir un país más "vivible", que contenga mejor a toda su gente y avance en disminuir las inequidades.
Lamentablemente, en estos tiempos, solo han aumentado las inequidades. Lo vemos en el mundo. Ayer, comentaba que la CEPAL dice que en América Latina se dejan de recibir 325.000 millones de dólares de tributos que no se pagan, que equivalen al 6,1 por ciento del PBI regional. Si uno pensara que la Argentina tiene una proporción razonable de ambas cosas, podríamos decir que si pudiéramos evitar la evasión por distintos caminos que hay en esa tributación, el déficit fiscal que hoy nos agobia no sería tal o tendría una magnitud completamente distinta.
Así que, diputado Buryaile, tomo la inquietud, la vemos e intentamos avanzar.
Tiene la palabra el diputado Casas, que fue el primero que la solicitó.
SR. CASAS Muchas gracias, presidente. Buenos días para usted, para todos y para todas.
Simplemente, quiero agradecer su amabilidad por todos estos contactos que hemos tenido en estos días previos, inclusive, hasta anoche tarde.
Por supuesto, esta ampliación presupuestaria es sumamente necesaria para nuestro gobierno nacional, ya que nos estamos manejando con el presupuesto de 2019. Con la filosofía que sostenemos de un Estado presente, se necesita de manera urgente que el Estado que encabeza el presidente Alberto Fernández cuente con los recursos necesarios para llevar adelante una atención para todos, fundamentalmente, con una mirada para los que menos tienen.
Lógicamente, esta ampliación presupuestaria vendrá a cubrir todas estas situaciones generadas por una economía deprimida durante cuatro años. Lo digo también porque me ha tocado gobernar en la provincia de La Rioja durante ese período y, por supuesto, la necesidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios se hace de vital importancia.
Coincido con usted, señor presidente, en cuanto a la necesidad de contar con esta norma lo antes posible. En ese sentido, las explicaciones brindadas ayer por el señor secretario Rigo han sido muy claras respecto de la necesidad de este incremento, poniendo atención en cuestiones fundamentales como el subsidio al transporte, que tal como mencioné al principio ha sido quitado en los últimos cuatro años.
Tal vez en general no coincidimos con las moratorias, pero en este momento, dada la situación de pandemia, es sumamente necesaria. Creo que debemos tener una mirada mucho más altruista a la hora de exponer esto y dejarlo plasmado en una ley lo antes posible.
Personalmente, si bien no quiero dar nombres, considero que el debate del día de ayer fue muy extenso y se plantearon situaciones un tanto irreales. En tal sentido, no quiero cargar contra la oposición porque cuando han sido oficialismo -y me ha tocado gobernar- también han puesto lo mejor de sí en esos momentos; quizás no contaban con las posibilidades desde el ámbito legislativo para proporcionar al Poder Ejecutivo lo que necesitaba. Sin embargo, en lo que se refiere a las políticas económicas, quienes las definían nos han llevado a una situación de descalabro financiero que fue sufrida por los parques industriales, los comercios, las provincias y también el Estado.
Señor presidente, diputadas y diputados: ojalá podamos tener hoy un debate rápido y conciso para llegar a un dictamen que esperemos cuente con amplio consenso.
En lo que se refiere a la provincia de La Rioja, no quiero plantear ninguna modificación esencial y la Presidencia de la comisión -a la que agradezco su buena predisposición- ya está al tanto porque conversamos telefónicamente.
En tal sentido, estoy agradecido por los fondos destinados como compensación para mi provincia. Desde hace treinta y dos años a La Rioja se le ha quitado un punto de coparticipación, en forma conjunta con la de Buenos Aires, que perdió seis puntos. Esa situación ha llevado a la provincia que represento a verse perjudicada en el desarrollo y la consolidación de los sueldos; no en vano, desde el punto de vista del Estado, tenemos los sueldos más bajos del país.
Por otra parte, quiero agradecer que se haya podido conversar con el gobernador Ricardo Quintela y el jefe de Gabinete de Ministros. En lo personal, me alegra que La Rioja cuente a partir de hoy con esta actualización que pasa de 4.000 millones de pesos a 7.100 millones de pesos a nivel provincial y a 340 millones de pesos anuales para ser distribuidos a nivel municipal.
Concretamente, quiero solicitar que se respete la redacción del presupuesto de 2019 y formulo esta propuesta a los efectos de que pueda efectivizarse, dado que estamos en pleno proceso de la operatoria presupuestaria. Digo esto porque he sido gobernador hasta diciembre del año pasado y hoy le toca al compañero Ricardo Quintela administrar mi provincia. De esta manera, estaría todo coordinado para que nada se altere en la Jefatura de Gabinete, que es la encargada de disponer las partidas necesarias de esta reasignación presupuestaria.
Dicho esto, señor presidente, espero contar -como siempre- con su buena predisposición y amabilidad.
Simplemente, quiero agradecer su amabilidad por todos estos contactos que hemos tenido en estos días previos, inclusive, hasta anoche tarde.
Por supuesto, esta ampliación presupuestaria es sumamente necesaria para nuestro gobierno nacional, ya que nos estamos manejando con el presupuesto de 2019. Con la filosofía que sostenemos de un Estado presente, se necesita de manera urgente que el Estado que encabeza el presidente Alberto Fernández cuente con los recursos necesarios para llevar adelante una atención para todos, fundamentalmente, con una mirada para los que menos tienen.
Lógicamente, esta ampliación presupuestaria vendrá a cubrir todas estas situaciones generadas por una economía deprimida durante cuatro años. Lo digo también porque me ha tocado gobernar en la provincia de La Rioja durante ese período y, por supuesto, la necesidad de que el Estado nacional cuente con los recursos necesarios se hace de vital importancia.
Coincido con usted, señor presidente, en cuanto a la necesidad de contar con esta norma lo antes posible. En ese sentido, las explicaciones brindadas ayer por el señor secretario Rigo han sido muy claras respecto de la necesidad de este incremento, poniendo atención en cuestiones fundamentales como el subsidio al transporte, que tal como mencioné al principio ha sido quitado en los últimos cuatro años.
Tal vez en general no coincidimos con las moratorias, pero en este momento, dada la situación de pandemia, es sumamente necesaria. Creo que debemos tener una mirada mucho más altruista a la hora de exponer esto y dejarlo plasmado en una ley lo antes posible.
Personalmente, si bien no quiero dar nombres, considero que el debate del día de ayer fue muy extenso y se plantearon situaciones un tanto irreales. En tal sentido, no quiero cargar contra la oposición porque cuando han sido oficialismo -y me ha tocado gobernar- también han puesto lo mejor de sí en esos momentos; quizás no contaban con las posibilidades desde el ámbito legislativo para proporcionar al Poder Ejecutivo lo que necesitaba. Sin embargo, en lo que se refiere a las políticas económicas, quienes las definían nos han llevado a una situación de descalabro financiero que fue sufrida por los parques industriales, los comercios, las provincias y también el Estado.
Señor presidente, diputadas y diputados: ojalá podamos tener hoy un debate rápido y conciso para llegar a un dictamen que esperemos cuente con amplio consenso.
En lo que se refiere a la provincia de La Rioja, no quiero plantear ninguna modificación esencial y la Presidencia de la comisión -a la que agradezco su buena predisposición- ya está al tanto porque conversamos telefónicamente.
En tal sentido, estoy agradecido por los fondos destinados como compensación para mi provincia. Desde hace treinta y dos años a La Rioja se le ha quitado un punto de coparticipación, en forma conjunta con la de Buenos Aires, que perdió seis puntos. Esa situación ha llevado a la provincia que represento a verse perjudicada en el desarrollo y la consolidación de los sueldos; no en vano, desde el punto de vista del Estado, tenemos los sueldos más bajos del país.
Por otra parte, quiero agradecer que se haya podido conversar con el gobernador Ricardo Quintela y el jefe de Gabinete de Ministros. En lo personal, me alegra que La Rioja cuente a partir de hoy con esta actualización que pasa de 4.000 millones de pesos a 7.100 millones de pesos a nivel provincial y a 340 millones de pesos anuales para ser distribuidos a nivel municipal.
Concretamente, quiero solicitar que se respete la redacción del presupuesto de 2019 y formulo esta propuesta a los efectos de que pueda efectivizarse, dado que estamos en pleno proceso de la operatoria presupuestaria. Digo esto porque he sido gobernador hasta diciembre del año pasado y hoy le toca al compañero Ricardo Quintela administrar mi provincia. De esta manera, estaría todo coordinado para que nada se altere en la Jefatura de Gabinete, que es la encargada de disponer las partidas necesarias de esta reasignación presupuestaria.
Dicho esto, señor presidente, espero contar -como siempre- con su buena predisposición y amabilidad.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado: después de todo lo conversado en el día de ayer le manifesté que me había brindado todos los elementos como para que estuviera de acuerdo con su propuesta. Solamente le solicito que la formule en el recinto, donde será aceptada como modificación e incorporada en ese momento.
Quisiera hacer una aclaración para quienes no están escuchando. El proyecto establece una asignación para la provincia de La Rioja y que una parte de ella sea destinada a los municipios. El pedido del señor diputado Casas es que esa parte destinada a los municipios se divida, a su vez, en una parte para la capital de la provincia y el resto para los restantes municipios de La Rioja, con indicación de un mecanismo distributivo.
En principio consideré que era excesivo desde el punto de vista de las facultades nacionales, ya que estábamos interviniendo en una cuestión jurisdiccional al establecer cómo se distribuían dentro de la provincia los recursos. Sin embargo, el señor diputado Casas me hizo llegar cómo había sido aprobado en 2019 y estaríamos repitiendo ese texto.
Por lo tanto, mi objeción desaparece y voy a acompañar su propuesta. Solamente le pido que la plantee como una modificación en el recinto.
Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
Quisiera hacer una aclaración para quienes no están escuchando. El proyecto establece una asignación para la provincia de La Rioja y que una parte de ella sea destinada a los municipios. El pedido del señor diputado Casas es que esa parte destinada a los municipios se divida, a su vez, en una parte para la capital de la provincia y el resto para los restantes municipios de La Rioja, con indicación de un mecanismo distributivo.
En principio consideré que era excesivo desde el punto de vista de las facultades nacionales, ya que estábamos interviniendo en una cuestión jurisdiccional al establecer cómo se distribuían dentro de la provincia los recursos. Sin embargo, el señor diputado Casas me hizo llegar cómo había sido aprobado en 2019 y estaríamos repitiendo ese texto.
Por lo tanto, mi objeción desaparece y voy a acompañar su propuesta. Solamente le pido que la plantee como una modificación en el recinto.
Tiene la palabra la señora diputada Vallejos.
SRA. VALLEJOS Buenos días a todas y a todos.
Señor presidente: el proyecto que el Poder Ejecutivo somete a nuestra consideración es, como usted bien señaló, una modificación del presupuesto de la administración nacional para 2020, que formalmente era una prórroga del aprobado para 2019.
De su lectura, en primer término, puede notarse el enorme despliegue que el Estado argentino viene desarrollando en el marco de la pandemia que estamos sufriendo. En ese sentido, los números duros muestran un déficit presupuestario durante el primer semestre, con recursos tributarios que indican una caída en términos reales, fruto de la crisis derivada de la propia pandemia. Esto ocurre en un contexto que no podemos soslayar, con una economía que venía sufriendo cuatro años de ajuste y una recesión muy prolongada en el marco del anterior modelo de especulación financiera, fuga y endeudamiento.
En cuanto a los gastos corrientes, tal como expuso detalladamente el señor secretario Rigo durante la jornada de ayer, es indudable que vienen creciendo a un nivel muy importante. En este punto, que muchos de los que en años anteriores defendieron las políticas de ajuste del ex presidente Macri salieron a criticar airadamente -y algunos medios lo resaltan en el día de hoy-, quisiera detenerme un momento.
Siempre afirmamos que un presupuesto es la hoja de ruta que se traza un gobierno. En este sentido, la situación excepcional que vivimos, no solo los argentinos y argentinas sino el conjunto de la humanidad, ha obligado al gobierno que asumió hace escasos siete meses a replantear su programa original para poner de pie a un país devastado durante los cuatro años previos.
Por lo tanto, en esta expansión del gasto vemos una firme decisión política que se sostuvo inclusive en la adversidad, dada la situación en la que el gobierno encontró a nuestra economía y las arcas públicas al asumir el 10 de diciembre de 2019, con todas las restricciones mencionadas por la Presidencia en la apertura de esta reunión.
Considero que esa decisión política claramente trata de privilegiar la vida del pueblo argentino, tanto en materia sanitaria como en relación con la frágil situación económica y social que nos toca vivir. Es decir, a pesar de las restricciones de gestión, derivadas del funcionamiento con una ley de presupuesto prorrogada, que se profundizaron por la irrupción de la pandemia, el Estado argentino sostuvo una respuesta decidida para llevar adelante políticas públicas de contención de la emergencia sanitaria, económica y social.
Según mi leal saber y entender, será preciso profundizar dichas políticas en la medida que persista la pandemia y las múltiples necesidades que se presentan, en primer lugar, en los sectores más vulnerables, pero también en vastos sectores de la clase media y las empresas nacionales.
A lo largo de los últimos meses algunos han planteado una falsa dicotomía entre salud y economía. Digo "falsa", a todas luces, porque a esta altura la evidencia empírica internacional demuestra sobradamente que aquellos países que no adoptaron a tiempo las necesarias medidas sanitarias o se apuraron a abrir las actividades económicas, están teniendo resultados económicos igual o más preocupantes que aquellos que desde el principio no dudamos en que la vida es el bien más preciado que tenemos que preservar.
En cambio, nadie en el mundo discute el rol central del Estado para mitigar los impactos negativos de la pandemia en todas sus dimensiones. Pandemia de la que, al día de hoy, nuestro continente es el epicentro mundial. Ese mismo rol central también lo deberá tener el Estado a la hora de la reconstrucción económica, cuando llegue ese momento.
Entonces, es evidente que el Estado tiene que contar con todas las herramientas necesarias para dar respuesta a esas múltiples necesidades de nuestra sociedad.
Por eso, entiendo que no se trata de salud versus economía, como a veces se ha querido plantear, sino de cómo la política económica acompaña las exigencias que implica, en las actuales circunstancias, el cuidado de la vida y la salud de las personas.
Es decir que no se trata de pedir que el Estado abandone a sus ciudadanos a su suerte, lo que con seguridad implicaría que quienes son privilegiados y tienen recursos económicos se puedan quedar seguros y tranquilos en sus casas -previsiblemente confortables-, mientras que las grandes mayorías, sin recursos, sin ahorros y sin espaldas, tengan que salir y elegir entre el hambre o la enfermedad, con cierta probabilidad de morir, porque este virus mata.
No se trata de eso, sino de unirnos, todos los argentinos y las argentinas, para procurar que nuestro Estado disponga de los instrumentos para atender la salud, la economía y las condiciones sociales de todos y todas.
En síntesis, la expansión del gasto muestra que no se trataba de una mera cuestión técnico-presupuestaria, de una mera relación numérica, sino de una decisión política, en el sentido de no abandonar a los argentinos y las argentinas, y de procurar que por lo menos lo esencial para transitar esta difícil situación mientras cuidamos la salud y la vida no le falte a nadie.
Probablemente todo esto no alcance y muchos y muchas sientan -con justa razón- que merecen más y eso indudablemente es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mi juicio, tenemos que tirar juntos de este carro y construir los consensos que solo un pueblo decidido y con profundos anhelos de justicia social y mayor igualdad puede construir. Me refiero al consenso para tener un Estado más fuerte, con capacidad de respuesta, equilibrador, que pueda garantizar las condiciones para que cada argentino y argentina alcance en su vida los niveles de dignidad y de justicia a los que todos y todas tenemos derecho. No tengo ninguna duda de que ese futuro es posible si, como pueblo, nos decidimos a que lo sea.
Volviendo a los números fríos del proyecto, quiero señalar que el gobierno presentó también proyecciones fiscales, y esto indica que globalmente los recursos aumentarían...
Señor presidente: el proyecto que el Poder Ejecutivo somete a nuestra consideración es, como usted bien señaló, una modificación del presupuesto de la administración nacional para 2020, que formalmente era una prórroga del aprobado para 2019.
De su lectura, en primer término, puede notarse el enorme despliegue que el Estado argentino viene desarrollando en el marco de la pandemia que estamos sufriendo. En ese sentido, los números duros muestran un déficit presupuestario durante el primer semestre, con recursos tributarios que indican una caída en términos reales, fruto de la crisis derivada de la propia pandemia. Esto ocurre en un contexto que no podemos soslayar, con una economía que venía sufriendo cuatro años de ajuste y una recesión muy prolongada en el marco del anterior modelo de especulación financiera, fuga y endeudamiento.
En cuanto a los gastos corrientes, tal como expuso detalladamente el señor secretario Rigo durante la jornada de ayer, es indudable que vienen creciendo a un nivel muy importante. En este punto, que muchos de los que en años anteriores defendieron las políticas de ajuste del ex presidente Macri salieron a criticar airadamente -y algunos medios lo resaltan en el día de hoy-, quisiera detenerme un momento.
Siempre afirmamos que un presupuesto es la hoja de ruta que se traza un gobierno. En este sentido, la situación excepcional que vivimos, no solo los argentinos y argentinas sino el conjunto de la humanidad, ha obligado al gobierno que asumió hace escasos siete meses a replantear su programa original para poner de pie a un país devastado durante los cuatro años previos.
Por lo tanto, en esta expansión del gasto vemos una firme decisión política que se sostuvo inclusive en la adversidad, dada la situación en la que el gobierno encontró a nuestra economía y las arcas públicas al asumir el 10 de diciembre de 2019, con todas las restricciones mencionadas por la Presidencia en la apertura de esta reunión.
Considero que esa decisión política claramente trata de privilegiar la vida del pueblo argentino, tanto en materia sanitaria como en relación con la frágil situación económica y social que nos toca vivir. Es decir, a pesar de las restricciones de gestión, derivadas del funcionamiento con una ley de presupuesto prorrogada, que se profundizaron por la irrupción de la pandemia, el Estado argentino sostuvo una respuesta decidida para llevar adelante políticas públicas de contención de la emergencia sanitaria, económica y social.
Según mi leal saber y entender, será preciso profundizar dichas políticas en la medida que persista la pandemia y las múltiples necesidades que se presentan, en primer lugar, en los sectores más vulnerables, pero también en vastos sectores de la clase media y las empresas nacionales.
A lo largo de los últimos meses algunos han planteado una falsa dicotomía entre salud y economía. Digo "falsa", a todas luces, porque a esta altura la evidencia empírica internacional demuestra sobradamente que aquellos países que no adoptaron a tiempo las necesarias medidas sanitarias o se apuraron a abrir las actividades económicas, están teniendo resultados económicos igual o más preocupantes que aquellos que desde el principio no dudamos en que la vida es el bien más preciado que tenemos que preservar.
En cambio, nadie en el mundo discute el rol central del Estado para mitigar los impactos negativos de la pandemia en todas sus dimensiones. Pandemia de la que, al día de hoy, nuestro continente es el epicentro mundial. Ese mismo rol central también lo deberá tener el Estado a la hora de la reconstrucción económica, cuando llegue ese momento.
Entonces, es evidente que el Estado tiene que contar con todas las herramientas necesarias para dar respuesta a esas múltiples necesidades de nuestra sociedad.
Por eso, entiendo que no se trata de salud versus economía, como a veces se ha querido plantear, sino de cómo la política económica acompaña las exigencias que implica, en las actuales circunstancias, el cuidado de la vida y la salud de las personas.
Es decir que no se trata de pedir que el Estado abandone a sus ciudadanos a su suerte, lo que con seguridad implicaría que quienes son privilegiados y tienen recursos económicos se puedan quedar seguros y tranquilos en sus casas -previsiblemente confortables-, mientras que las grandes mayorías, sin recursos, sin ahorros y sin espaldas, tengan que salir y elegir entre el hambre o la enfermedad, con cierta probabilidad de morir, porque este virus mata.
No se trata de eso, sino de unirnos, todos los argentinos y las argentinas, para procurar que nuestro Estado disponga de los instrumentos para atender la salud, la economía y las condiciones sociales de todos y todas.
En síntesis, la expansión del gasto muestra que no se trataba de una mera cuestión técnico-presupuestaria, de una mera relación numérica, sino de una decisión política, en el sentido de no abandonar a los argentinos y las argentinas, y de procurar que por lo menos lo esencial para transitar esta difícil situación mientras cuidamos la salud y la vida no le falte a nadie.
Probablemente todo esto no alcance y muchos y muchas sientan -con justa razón- que merecen más y eso indudablemente es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A mi juicio, tenemos que tirar juntos de este carro y construir los consensos que solo un pueblo decidido y con profundos anhelos de justicia social y mayor igualdad puede construir. Me refiero al consenso para tener un Estado más fuerte, con capacidad de respuesta, equilibrador, que pueda garantizar las condiciones para que cada argentino y argentina alcance en su vida los niveles de dignidad y de justicia a los que todos y todas tenemos derecho. No tengo ninguna duda de que ese futuro es posible si, como pueblo, nos decidimos a que lo sea.
Volviendo a los números fríos del proyecto, quiero señalar que el gobierno presentó también proyecciones fiscales, y esto indica que globalmente los recursos aumentarían...
SR. PRESIDENTE HELLER Señora diputada: le ruego que redondee su exposición, porque hay una extensa lista de oradores y no podremos cumplir con lo que nos propusimos.
SRA. VALLEJOS Entonces, voy a redondear mi exposición, señor presidente.
El resultado primario cerraría con un déficit, lo que representa una suba interanual del 122 por ciento. No voy a redundar en todo lo que ya señalé, que igualmente aplica a este resultado.
Todo lo que he señalado se puede comprobar fácilmente cuando vemos que en concepto de refuerzo por atención COVID-19, hasta el 30 de junio, el gobierno destinó un total de 687.000 millones de pesos. La mayor parte de esta cuestión está explicada por la implementación del IFE, el ATP, las transferencias a provincias por parte del Ministerio del Interior, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la asistencia a provincias y municipios por parte del Tesoro y el Fondo de Garantías Argentino, FOGAR.
Si me permite, señor presidente, quiero hacer la última aclaración para cerrar mi exposición. Me quiero referir a la controversia que se desató en torno de la cuestión de la leche.
Considero que es necesario aclarar la cuestión una vez más, sumándome a lo que usted leyó, porque imagino que por desconocimiento de la situación real se han dicho cosas sobre las cuales espero que no queden dudas, si bien estimo que ya quedaron aclaradas después de las explicaciones del licenciado Rigo.
En relación con lo que estamos discutiendo quiero recordar que, en las semanas posteriores a las PASO de 2019, la gestión anterior redujo de manera desarticulada el IVA para una serie de productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos, la leche.
Se trató de una medida cuya fecha de caducidad era el 31 de diciembre del año pasado, con el supuesto argumento -nunca verificado- de que se pretendía una reducción en el precio de esos alimentos. Con esa decisión, llevada a cabo por decreto y sin consultar con los sectores involucrados, se incurrió en un error conceptual e instrumental que no solamente no consiguió que el precio a los consumidores baje efectivamente, sino que adicionalmente generó otros problemas.
En primer lugar, mire si no bajó el precio de la leche que, de acuerdo con los datos del instituto estadístico del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el precio de la leche fresca entera, entre enero de 2016 y diciembre de 2019, tuvo un incremento de casi el 400 por ciento.
Cabe mencionar que solamente en el último año del gobierno de Macri, cuando se instrumentó esta rebaja del IVA, el precio de la leche fresca entera, según el INDEC, tuvo un incremento interanual de más del 52 por ciento, mientras que la leche en polvo en el mismo período tuvo un alza de casi el 72 por ciento.
Por otra parte, tal como usted informó y de acuerdo con lo que comunicó el Ministerio de Economía, las empresas comercializadoras siguieron adquiriendo leche a los productores y esa compra les fue generando un crédito fiscal que no pudieron descargar, justamente por la exención del IVA.
¿Qué es lo que ocurría? En lugar de bajar los precios por el menor IVA, los comercios trasladaban ese crédito fiscal al precio final de la leche que, obviamente, ellos trataban como una pérdida. Entonces, en la práctica, los comercios mantuvieron los precios y las familias no se beneficiaron con la medida.
Tal como se ha expresado en este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tiene la intención -como también lo manifestó el licenciado Rigo durante la jornada de ayer- de subsanar esa distorsión fiscal, entendiendo que no implica ningún perjuicio para las familias. Esto es bueno resaltarlo. Es decir que con esta operatoria el Poder Ejecutivo busca ordenar un mecanismo que se impulsó en su momento con el apremio que tenía ese contexto electoral.
De acuerdo con la Secretaría de Comercio, la mayor cantidad de leche que consumimos en los supermercados -fluida, descremada, con aditivos- tributa el 21 por ciento de IVA al día de hoy. En este sentido, la realidad es que el IVA sobre la leche bajaría del 21 por ciento actual al 10,5 por ciento.
Para cerrar este tema, le pido que me deje leer las declaraciones textuales de...
El resultado primario cerraría con un déficit, lo que representa una suba interanual del 122 por ciento. No voy a redundar en todo lo que ya señalé, que igualmente aplica a este resultado.
Todo lo que he señalado se puede comprobar fácilmente cuando vemos que en concepto de refuerzo por atención COVID-19, hasta el 30 de junio, el gobierno destinó un total de 687.000 millones de pesos. La mayor parte de esta cuestión está explicada por la implementación del IFE, el ATP, las transferencias a provincias por parte del Ministerio del Interior, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la asistencia a provincias y municipios por parte del Tesoro y el Fondo de Garantías Argentino, FOGAR.
Si me permite, señor presidente, quiero hacer la última aclaración para cerrar mi exposición. Me quiero referir a la controversia que se desató en torno de la cuestión de la leche.
Considero que es necesario aclarar la cuestión una vez más, sumándome a lo que usted leyó, porque imagino que por desconocimiento de la situación real se han dicho cosas sobre las cuales espero que no queden dudas, si bien estimo que ya quedaron aclaradas después de las explicaciones del licenciado Rigo.
En relación con lo que estamos discutiendo quiero recordar que, en las semanas posteriores a las PASO de 2019, la gestión anterior redujo de manera desarticulada el IVA para una serie de productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos, la leche.
Se trató de una medida cuya fecha de caducidad era el 31 de diciembre del año pasado, con el supuesto argumento -nunca verificado- de que se pretendía una reducción en el precio de esos alimentos. Con esa decisión, llevada a cabo por decreto y sin consultar con los sectores involucrados, se incurrió en un error conceptual e instrumental que no solamente no consiguió que el precio a los consumidores baje efectivamente, sino que adicionalmente generó otros problemas.
En primer lugar, mire si no bajó el precio de la leche que, de acuerdo con los datos del instituto estadístico del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el precio de la leche fresca entera, entre enero de 2016 y diciembre de 2019, tuvo un incremento de casi el 400 por ciento.
Cabe mencionar que solamente en el último año del gobierno de Macri, cuando se instrumentó esta rebaja del IVA, el precio de la leche fresca entera, según el INDEC, tuvo un incremento interanual de más del 52 por ciento, mientras que la leche en polvo en el mismo período tuvo un alza de casi el 72 por ciento.
Por otra parte, tal como usted informó y de acuerdo con lo que comunicó el Ministerio de Economía, las empresas comercializadoras siguieron adquiriendo leche a los productores y esa compra les fue generando un crédito fiscal que no pudieron descargar, justamente por la exención del IVA.
¿Qué es lo que ocurría? En lugar de bajar los precios por el menor IVA, los comercios trasladaban ese crédito fiscal al precio final de la leche que, obviamente, ellos trataban como una pérdida. Entonces, en la práctica, los comercios mantuvieron los precios y las familias no se beneficiaron con la medida.
Tal como se ha expresado en este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tiene la intención -como también lo manifestó el licenciado Rigo durante la jornada de ayer- de subsanar esa distorsión fiscal, entendiendo que no implica ningún perjuicio para las familias. Esto es bueno resaltarlo. Es decir que con esta operatoria el Poder Ejecutivo busca ordenar un mecanismo que se impulsó en su momento con el apremio que tenía ese contexto electoral.
De acuerdo con la Secretaría de Comercio, la mayor cantidad de leche que consumimos en los supermercados -fluida, descremada, con aditivos- tributa el 21 por ciento de IVA al día de hoy. En este sentido, la realidad es que el IVA sobre la leche bajaría del 21 por ciento actual al 10,5 por ciento.
Para cerrar este tema, le pido que me deje leer las declaraciones textuales de...
SR. PRESIDENTE HELLER Señora diputada: hay catorce diputados anotados en la lista de oradores y acordamos una mecánica. Le pido por favor que redondee su exposición.
SRA. VALLEJOS Entonces, no voy a leer las declaraciones del secretario de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe. Voy a despedirme con un último comentario.
Más allá de la controversia -que estimo que debería haber quedado saldada luego de los intercambios que hemos tenido-, me alegra haber leído a muchos colegas de la actual oposición, en el marco de esta confusión -que espero hayamos contribuido a aclarar-, preocupados por la evolución de los precios de los consumos básicos y el impacto en el bolsillo y la calidad de vida de los sectores de menores recursos de nuestra sociedad.
Me alegra porque venimos de cerrar un ciclo de gobierno de cuatro años que terminó con la inflación más alta en casi tres décadas y donde mes a mes veíamos que en materia de precios todo estaba patas para arriba, en el sentido de que precisamente los rubros más sensibles eran los que sufrían los mayores aumentos.
Por aquel entonces no era tan común leer o escuchar este tipo de preocupaciones que hoy observamos. Por eso, le confieso, señor presidente, que me parece muy alentador que aparezca esta preocupación y podamos compartirla, porque seguramente pueda ser la base para ponernos de acuerdo, no solo en los temas que hoy estamos discutiendo, sino también en el sinnúmero de cuestiones centrales que exigirán ser tratadas frente a la ardua tarea de construir ese país más justo que usted señalaba.
Ese es el objetivo que alimenta la militancia de muchas y muchos, a la que esperamos se sumen desde el primero hasta el último argentino. Es también el objetivo con el cual trabajamos y para eso pedimos a nuestra sociedad que nos vote.
Ojalá que esta sensibilidad sea el puntapié inicial para el acompañamiento de las medidas que ahora y en el futuro el gobierno nacional adopte en el sentido que usted planteó en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de una reforma tributaria progresiva. En este sentido, me permitiré agregar que a mi juicio dicha reforma requiere no solo mejorar la matriz tributaria actual, sino también ampliar la base imponible, porque la realidad indica que los actores de mayor capacidad contributiva son protagonistas, a su vez, de un escandaloso proceso de fuga de capitales y evasión impositiva.
Corregir estas enormes injusticias es, según entiendo, el mejor objetivo que podemos perseguir para que todos los argentinos y las argentinas podamos ser parte de un proyecto de país y de una sociedad más igualitaria.
Muchísimas gracias, señor presidente, por su paciencia y por el tiempo que me ha dispensado.
Más allá de la controversia -que estimo que debería haber quedado saldada luego de los intercambios que hemos tenido-, me alegra haber leído a muchos colegas de la actual oposición, en el marco de esta confusión -que espero hayamos contribuido a aclarar-, preocupados por la evolución de los precios de los consumos básicos y el impacto en el bolsillo y la calidad de vida de los sectores de menores recursos de nuestra sociedad.
Me alegra porque venimos de cerrar un ciclo de gobierno de cuatro años que terminó con la inflación más alta en casi tres décadas y donde mes a mes veíamos que en materia de precios todo estaba patas para arriba, en el sentido de que precisamente los rubros más sensibles eran los que sufrían los mayores aumentos.
Por aquel entonces no era tan común leer o escuchar este tipo de preocupaciones que hoy observamos. Por eso, le confieso, señor presidente, que me parece muy alentador que aparezca esta preocupación y podamos compartirla, porque seguramente pueda ser la base para ponernos de acuerdo, no solo en los temas que hoy estamos discutiendo, sino también en el sinnúmero de cuestiones centrales que exigirán ser tratadas frente a la ardua tarea de construir ese país más justo que usted señalaba.
Ese es el objetivo que alimenta la militancia de muchas y muchos, a la que esperamos se sumen desde el primero hasta el último argentino. Es también el objetivo con el cual trabajamos y para eso pedimos a nuestra sociedad que nos vote.
Ojalá que esta sensibilidad sea el puntapié inicial para el acompañamiento de las medidas que ahora y en el futuro el gobierno nacional adopte en el sentido que usted planteó en cuanto a la necesidad, por ejemplo, de una reforma tributaria progresiva. En este sentido, me permitiré agregar que a mi juicio dicha reforma requiere no solo mejorar la matriz tributaria actual, sino también ampliar la base imponible, porque la realidad indica que los actores de mayor capacidad contributiva son protagonistas, a su vez, de un escandaloso proceso de fuga de capitales y evasión impositiva.
Corregir estas enormes injusticias es, según entiendo, el mejor objetivo que podemos perseguir para que todos los argentinos y las argentinas podamos ser parte de un proyecto de país y de una sociedad más igualitaria.
Muchísimas gracias, señor presidente, por su paciencia y por el tiempo que me ha dispensado.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señora diputada. La he escuchado muy atentamente. Pienso que todo lo que usted dice es pertinente, pero debemos ponernos de acuerdo en cómo queremos funcionar.
Dijimos que íbamos a tratar de finalizar alrededor de las 13. Son las 12 y 14, y todavía hay catorce legisladores anotados para hacer uso de la palabra. Si quiero terminar a las 13 me veo obligado a pedirles que hablen menos de cinco minutos. De lo contrario, la reunión se va a extender.
Por lo tanto, debemos resolver esto todos juntos: o nos ajustamos a una mecánica de trabajo y la cumplimos, o continuamos con esta reunión el tiempo que haga falta. Yo estoy dispuesto a seguir con cualquiera de las dos alternativas, así que les pido que decidan de qué manera prefieren continuar.
Mientras se estaba conformando esta reunión varias diputadas y diputados, dado que vamos a volver a debatir esto dentro de 48 horas, pidieron que el debate de hoy no fuera demasiado largo. Entonces, hice esa propuesta de trabajar hasta las 13, algo que creo que ya no podremos cumplir.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Antonio Romero.
Dijimos que íbamos a tratar de finalizar alrededor de las 13. Son las 12 y 14, y todavía hay catorce legisladores anotados para hacer uso de la palabra. Si quiero terminar a las 13 me veo obligado a pedirles que hablen menos de cinco minutos. De lo contrario, la reunión se va a extender.
Por lo tanto, debemos resolver esto todos juntos: o nos ajustamos a una mecánica de trabajo y la cumplimos, o continuamos con esta reunión el tiempo que haga falta. Yo estoy dispuesto a seguir con cualquiera de las dos alternativas, así que les pido que decidan de qué manera prefieren continuar.
Mientras se estaba conformando esta reunión varias diputadas y diputados, dado que vamos a volver a debatir esto dentro de 48 horas, pidieron que el debate de hoy no fuera demasiado largo. Entonces, hice esa propuesta de trabajar hasta las 13, algo que creo que ya no podremos cumplir.
Tiene la palabra el señor diputado Jorge Antonio Romero.
SR. ROMERO (J.A.) Señor presidente: en primer lugar, no solo comparto el hecho de que debemos ser breves, sino también la necesidad de aprobar este proyecto de ley que establece una ampliación presupuestaria con suma urgencia, porque el Estado nacional así lo requiere.
Por otra parte, los diputados del interior del país sentimos una gran preocupación ante una problemática que se viene suscitando desde hace ya un tiempo. Me refiero al conflicto que existe en el transporte público de pasajeros del interior del país.
Usted dijo que habrá posibilidad de introducir algunas modificaciones al proyecto cuando se trate en el recinto. De manera que, en relación con esta preocupación que acabo de señalar, quería pedirle si puede hablar con la gente de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Transporte a fin de que se pueda contemplar la asimetría que existe entre el AMBA y el interior del país. Quisiéramos que se contemple la posibilidad de reducir esa asimetría, que es realmente muy grande.
Además, existe el agravante de que durante este mes de julio se han cortado los subsidios por parte del Ministerio de Transporte de la Nación hacia el transporte del interior del país, y se está aplicando un cambio de metodología en el sistema de subsidios, que consiste en dejar a las provincias que arbitren todo el tema de subsidios hacia el transporte.
Creo que ese tema debería ser contemplado, porque los diputados del interior recibimos reclamos, tanto de la UTA como del sector empresario, por la situación que se está viviendo.
Como dije, se cortó el subsidio. Antes se recibían 1.600 millones de pesos mensuales; hoy, ya no se están recibiendo. Además, debido al cambio de metodología, seguramente llevará más tiempo volver a arbitrar el sistema de subsidios al transporte. Creo que eso acarreará conflictividad en el sistema y traerá problemas en todas las provincias del país.
Por lo expuesto, le solicito que evalúe la posibilidad de hacer alguna modificación en cuanto al sistema de subsidios al transporte cuando este proyecto que establece una ampliación del presupuesto sea tratado en el recinto.
Por otra parte, los diputados del interior del país sentimos una gran preocupación ante una problemática que se viene suscitando desde hace ya un tiempo. Me refiero al conflicto que existe en el transporte público de pasajeros del interior del país.
Usted dijo que habrá posibilidad de introducir algunas modificaciones al proyecto cuando se trate en el recinto. De manera que, en relación con esta preocupación que acabo de señalar, quería pedirle si puede hablar con la gente de la Secretaría de Hacienda o del Ministerio de Transporte a fin de que se pueda contemplar la asimetría que existe entre el AMBA y el interior del país. Quisiéramos que se contemple la posibilidad de reducir esa asimetría, que es realmente muy grande.
Además, existe el agravante de que durante este mes de julio se han cortado los subsidios por parte del Ministerio de Transporte de la Nación hacia el transporte del interior del país, y se está aplicando un cambio de metodología en el sistema de subsidios, que consiste en dejar a las provincias que arbitren todo el tema de subsidios hacia el transporte.
Creo que ese tema debería ser contemplado, porque los diputados del interior recibimos reclamos, tanto de la UTA como del sector empresario, por la situación que se está viviendo.
Como dije, se cortó el subsidio. Antes se recibían 1.600 millones de pesos mensuales; hoy, ya no se están recibiendo. Además, debido al cambio de metodología, seguramente llevará más tiempo volver a arbitrar el sistema de subsidios al transporte. Creo que eso acarreará conflictividad en el sistema y traerá problemas en todas las provincias del país.
Por lo expuesto, le solicito que evalúe la posibilidad de hacer alguna modificación en cuanto al sistema de subsidios al transporte cuando este proyecto que establece una ampliación del presupuesto sea tratado en el recinto.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado: me comprometo a hacer la gestión correspondiente. Como comprenderá, no le puedo garantizar el resultado. Pero reitero que me comprometo a realizar la gestión correspondiente.
SR. ROMERO Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Pastori.
SR. PASTORI Señor presidente: me comprometo a usar menos tiempo que el que usó la señora diputada Vallejos.
Ayer escuchamos atentamente al señor secretario de Hacienda, licenciado Raúl Rigo, con quien coincidimos en varios conceptos, aunque hay otros que no compartimos en absoluto.
Uno de los conceptos que no compartimos tiene que ver con la urgencia en el tratamiento de este proyecto, ya que él mismo dijo que al 30 de junio el Poder Ejecutivo lleva gastado algo más del 57 por ciento del presupuesto total vigente y que, por lo tanto, queda algo más del 40 por ciento para afrontar los gastos del segundo semestre.
Por lo tanto, la urgencia de tratarlo esta semana a mi juicio no es tal, ya que todavía hay margen para hacerlo, salvo que piensen gastar el 40 por ciento del presupuesto anual en un mes, cosa que creo imposible. De modo que, como dije, esa urgencia no es tal.
Esta situación se podría haber subsanado, como se hizo hasta aquí, por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Perdón, me corrijo: ni siquiera fue por un DNU, sino por una decisión administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, por la que hace exactamente diez días se aumentó en más de 18.000 millones de pesos el presupuesto de gastos.
Celebramos que en esta oportunidad hayan decidido llevar a cabo esa ampliación presupuestaria a través de la sanción de una ley. Pero no existe urgencia justificable para contar con la aprobación de dicha ampliación sin darnos un poco más de tiempo. No obstante, atento la decisión que ha tomado el oficialismo, hemos avanzado en algunos aspectos y voy a referirme solamente a dos de ellos.
En realidad solo hablaré de uno; es decir, no me referiré al tema que planteé ayer, vinculado con la situación de las universidades nacionales, en el sentido de no dejar librado al criterio del Poder Ejecutivo la distribución del monto total de recursos, sino fijar en una planilla cuánto corresponde a cada casa de estudios, que es lo que siempre se hizo.
Veo que se ha anotado para hacer uso de la palabra el señor diputado José Luis Riccardo, quien es autor de un proyecto que, según lo conversado ayer, entiendo que hoy se iba a poner a la vista. Me refiero al proyecto de ley contenido en el expediente 2669-d-2020.
Como el señor diputado Riccardo se ha anotado para hacer uso de la palabra, voy a dejar que él se explaye sobre ese tema y, en honor al tiempo, en estos minutos que me quedan voy a hablar del remanido tema de la leche.
Ratifico todas y cada una de las expresiones que hemos vertido respecto de este tema, que no han sido resueltas ni por el secretario ayer, ni por el informe que usted leyó, que según entiendo es del Ministerio de Economía. Ese informe proveniente del gobierno que usted leyó comienza con una falsedad, porque dice que el precio de la leche había bajado en agosto de 2019 por un decreto del entonces presidente Macri. Esto es parcialmente cierto; no es totalmente cierto.
Lo que se bajó es el precio de la leche aditivada, que estaba alcanzada por el 21 por ciento del IVA, pero no el de la leche común, que estaba gravada al cero por ciento. La leche común, en polvo o fluida, está exenta del impuesto al valor agregado desde siempre. Por lo tanto, no es cierto que se haya bajado el impuesto porque ya estaba desgravada y siguió estándolo.
Si se entiende esto, claramente nunca podía haber bajado de precio porque simplemente no hubo ningún descuento. Seguía vigente el mismo valor que hasta entonces, porque antes estaba desgravada, luego siguió desgravada y de ninguna manera podía haber una rebaja en el precio del producto porque no había variado la situación.
No es así con las llamadas leches aditivadas.
Coincido con el señor presidente en que el IVA es un impuesto injusto. No sé si es el más injusto de los impuestos, no me atrevería a calificarlo así, pero por su diseño de débitos y créditos tiene esa particularidad que entiendo es buena. No es así con el impuesto a los ingresos brutos de las provincias, que no tienen débitos y créditos sino solamente débitos.
Hay un impuesto -tal vez coincidamos en algo, señor presidente- que es mucho peor que el IVA e incluso que ingresos brutos. Me refiero al impuesto a los débitos y créditos bancarios, el llamado impuesto al cheque. Desde mi punto de vista, ese es el peor de todos.
No es cierto tampoco que la leche común sea menos consumida que las leches aditivadas, que son consumidas por un sector de la población y no en forma generalizada por los sectores más populares.
Siguiendo la mecánica del IVA, pongámonos en el papel de un empresario, de un comerciante o incluso del dueño de un autoservicio, despensa o supermercado que compra leche común, la paga al 21 por ciento y luego la vende al cero por ciento porque no tiene que liquidar IVA por esa venta, ya que está exenta. A partir de esta reforma, comprará la leche al 21 por ciento y por su venta tendrá que pagar al fisco el 10,5 por ciento.
Como dueño de ese autoservicio hay dos opciones: absorber el impuesto o cargarlo al consumidor final. El IVA está diseñado para ser trasladado al consumidor final. Eso está en la economía del impuesto; así fue diseñado. Entonces, el comerciante lo absorbe y paga al fisco con sus propios recursos o lo traslada al consumidor final. Me atrevo a decir cuál será el resultado: los comerciantes lo trasladarán al consumidor final. Es lo que todo el mundo hace porque así está diseñado este impuesto.
Por eso, no es cierto que esta alícuota del 10,5 por ciento no generará un aumento de precios, porque no es lo mismo un producto no gravado que un producto gravado con el 10,5 por ciento. Sí es cierto que cuanto en un impuesto como este se ponen exenciones en la última cadena de la venta, que es el consumidor final, produce una distorsión en la cadena de débitos y créditos fiscales. Eso es cierto. Lo que no es verdad es que no producirá un impacto en el precio del producto.
Por ello, les pedimos por favor que no nos mientan ni nos traten de engañar diciendo que un aumento en un impuesto trasladable, como es el IVA, no genera un aumento de precios. Sinceramente, lamento decirlo, eso no lo cree nadie porque así funciona la economía de este impuesto.
Reiteramos absolutamente todo lo que dijimos. Estamos de acuerdo con bajar la alícuota de las leches aditivadas del 21 al 10,5 por ciento, pero no con que aumente el precio de la leche común, que es la más consumida por los sectores populares, como consecuencia de llevar la alícuota de cero a 10,5 por ciento.
Ratificamos todo lo dicho y nos oponemos a esta cuestión.
Sobre otros temas se expresarán otros colegas de mi interbloque; por ejemplo, sobre los artículos que se refieren a las operaciones de crédito público, que sinceramente creemos necesitan con urgencia la sanción de una ley.
Finalmente, no nos parece que un gobierno que venía a gravar con un impuesto a los recontrarricos de la Argentina, termine gravando la leche común.
Ayer escuchamos atentamente al señor secretario de Hacienda, licenciado Raúl Rigo, con quien coincidimos en varios conceptos, aunque hay otros que no compartimos en absoluto.
Uno de los conceptos que no compartimos tiene que ver con la urgencia en el tratamiento de este proyecto, ya que él mismo dijo que al 30 de junio el Poder Ejecutivo lleva gastado algo más del 57 por ciento del presupuesto total vigente y que, por lo tanto, queda algo más del 40 por ciento para afrontar los gastos del segundo semestre.
Por lo tanto, la urgencia de tratarlo esta semana a mi juicio no es tal, ya que todavía hay margen para hacerlo, salvo que piensen gastar el 40 por ciento del presupuesto anual en un mes, cosa que creo imposible. De modo que, como dije, esa urgencia no es tal.
Esta situación se podría haber subsanado, como se hizo hasta aquí, por medio de un decreto de necesidad y urgencia. Perdón, me corrijo: ni siquiera fue por un DNU, sino por una decisión administrativa del jefe de Gabinete de Ministros, por la que hace exactamente diez días se aumentó en más de 18.000 millones de pesos el presupuesto de gastos.
Celebramos que en esta oportunidad hayan decidido llevar a cabo esa ampliación presupuestaria a través de la sanción de una ley. Pero no existe urgencia justificable para contar con la aprobación de dicha ampliación sin darnos un poco más de tiempo. No obstante, atento la decisión que ha tomado el oficialismo, hemos avanzado en algunos aspectos y voy a referirme solamente a dos de ellos.
En realidad solo hablaré de uno; es decir, no me referiré al tema que planteé ayer, vinculado con la situación de las universidades nacionales, en el sentido de no dejar librado al criterio del Poder Ejecutivo la distribución del monto total de recursos, sino fijar en una planilla cuánto corresponde a cada casa de estudios, que es lo que siempre se hizo.
Veo que se ha anotado para hacer uso de la palabra el señor diputado José Luis Riccardo, quien es autor de un proyecto que, según lo conversado ayer, entiendo que hoy se iba a poner a la vista. Me refiero al proyecto de ley contenido en el expediente 2669-d-2020.
Como el señor diputado Riccardo se ha anotado para hacer uso de la palabra, voy a dejar que él se explaye sobre ese tema y, en honor al tiempo, en estos minutos que me quedan voy a hablar del remanido tema de la leche.
Ratifico todas y cada una de las expresiones que hemos vertido respecto de este tema, que no han sido resueltas ni por el secretario ayer, ni por el informe que usted leyó, que según entiendo es del Ministerio de Economía. Ese informe proveniente del gobierno que usted leyó comienza con una falsedad, porque dice que el precio de la leche había bajado en agosto de 2019 por un decreto del entonces presidente Macri. Esto es parcialmente cierto; no es totalmente cierto.
Lo que se bajó es el precio de la leche aditivada, que estaba alcanzada por el 21 por ciento del IVA, pero no el de la leche común, que estaba gravada al cero por ciento. La leche común, en polvo o fluida, está exenta del impuesto al valor agregado desde siempre. Por lo tanto, no es cierto que se haya bajado el impuesto porque ya estaba desgravada y siguió estándolo.
Si se entiende esto, claramente nunca podía haber bajado de precio porque simplemente no hubo ningún descuento. Seguía vigente el mismo valor que hasta entonces, porque antes estaba desgravada, luego siguió desgravada y de ninguna manera podía haber una rebaja en el precio del producto porque no había variado la situación.
No es así con las llamadas leches aditivadas.
Coincido con el señor presidente en que el IVA es un impuesto injusto. No sé si es el más injusto de los impuestos, no me atrevería a calificarlo así, pero por su diseño de débitos y créditos tiene esa particularidad que entiendo es buena. No es así con el impuesto a los ingresos brutos de las provincias, que no tienen débitos y créditos sino solamente débitos.
Hay un impuesto -tal vez coincidamos en algo, señor presidente- que es mucho peor que el IVA e incluso que ingresos brutos. Me refiero al impuesto a los débitos y créditos bancarios, el llamado impuesto al cheque. Desde mi punto de vista, ese es el peor de todos.
No es cierto tampoco que la leche común sea menos consumida que las leches aditivadas, que son consumidas por un sector de la población y no en forma generalizada por los sectores más populares.
Siguiendo la mecánica del IVA, pongámonos en el papel de un empresario, de un comerciante o incluso del dueño de un autoservicio, despensa o supermercado que compra leche común, la paga al 21 por ciento y luego la vende al cero por ciento porque no tiene que liquidar IVA por esa venta, ya que está exenta. A partir de esta reforma, comprará la leche al 21 por ciento y por su venta tendrá que pagar al fisco el 10,5 por ciento.
Como dueño de ese autoservicio hay dos opciones: absorber el impuesto o cargarlo al consumidor final. El IVA está diseñado para ser trasladado al consumidor final. Eso está en la economía del impuesto; así fue diseñado. Entonces, el comerciante lo absorbe y paga al fisco con sus propios recursos o lo traslada al consumidor final. Me atrevo a decir cuál será el resultado: los comerciantes lo trasladarán al consumidor final. Es lo que todo el mundo hace porque así está diseñado este impuesto.
Por eso, no es cierto que esta alícuota del 10,5 por ciento no generará un aumento de precios, porque no es lo mismo un producto no gravado que un producto gravado con el 10,5 por ciento. Sí es cierto que cuanto en un impuesto como este se ponen exenciones en la última cadena de la venta, que es el consumidor final, produce una distorsión en la cadena de débitos y créditos fiscales. Eso es cierto. Lo que no es verdad es que no producirá un impacto en el precio del producto.
Por ello, les pedimos por favor que no nos mientan ni nos traten de engañar diciendo que un aumento en un impuesto trasladable, como es el IVA, no genera un aumento de precios. Sinceramente, lamento decirlo, eso no lo cree nadie porque así funciona la economía de este impuesto.
Reiteramos absolutamente todo lo que dijimos. Estamos de acuerdo con bajar la alícuota de las leches aditivadas del 21 al 10,5 por ciento, pero no con que aumente el precio de la leche común, que es la más consumida por los sectores populares, como consecuencia de llevar la alícuota de cero a 10,5 por ciento.
Ratificamos todo lo dicho y nos oponemos a esta cuestión.
Sobre otros temas se expresarán otros colegas de mi interbloque; por ejemplo, sobre los artículos que se refieren a las operaciones de crédito público, que sinceramente creemos necesitan con urgencia la sanción de una ley.
Finalmente, no nos parece que un gobierno que venía a gravar con un impuesto a los recontrarricos de la Argentina, termine gravando la leche común.
SR. PRESIDENTE HELLER Quédese tranquilo, señor diputado. Dentro de pocos días tendrá la posibilidad de opinar -espero que a favor- de ese gravamen que impondremos a los ricos, o recontrarricos, de la Argentina. Su ansiedad, como la de tantos otros, se verá satisfecha entonces y espero que en un sentido positivo.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Sarghini.
SR. MARTÍNEZ (G.P.) ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?
SR. SARGHINI Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE HELLER Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
SR. MARTÍNEZ (G.P) Señor presidente: estamos próximos a emitir dictamen y obviamente todos tenemos la posibilidad de expresar nuestra mirada política. Pero, evitemos hacerlo con calificaciones que enturbian la reunión.
Nosotros no mentimos, sino que expresamos nuestra mirada sobre determinados temas, de la misma manera que los diputados de la oposición manifiestan sus puntos de vista.
Evitemos las adjetivaciones sobre las intenciones de nuestro espacio político, porque eso nos llevará a calificar a otros espacios políticos en el transcurso de la reunión. Me parece que ni usted, señor presidente, ni yo ni nadie quiere eso.
Entonces, pido por favor a todos los diputados que hagan uso de la palabra que cuiden las adjetivaciones, porque ni a mí y creo que al señor presidente tampoco, nos gusta que nos llamen mentirosos.
Nosotros no mentimos, sino que expresamos nuestra mirada sobre determinados temas, de la misma manera que los diputados de la oposición manifiestan sus puntos de vista.
Evitemos las adjetivaciones sobre las intenciones de nuestro espacio político, porque eso nos llevará a calificar a otros espacios políticos en el transcurso de la reunión. Me parece que ni usted, señor presidente, ni yo ni nadie quiere eso.
Entonces, pido por favor a todos los diputados que hagan uso de la palabra que cuiden las adjetivaciones, porque ni a mí y creo que al señor presidente tampoco, nos gusta que nos llamen mentirosos.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Sarghini.
SR. SARGHINI Señor presidente: somos absolutamente conscientes de la profundidad de la crisis y de la incertidumbre que ello genera.
No vamos a pedir al gobierno precisiones que sabemos no nos puede dar. Está claro que la incertidumbre es grande y que no es nada sencillo tener que tomar decisiones de política económica en el marco de esa incertidumbre.
No coincido con que estemos dando un tratamiento demasiado apresurado a este presupuesto, porque creo que es un presupuesto muy particular. Lo llamo "presupuesto" porque el debate sobre la ampliación de esta prórroga del presupuesto de 2019 termina siendo, en alguna medida, la discusión del presupuesto del año 2020. Sin embargo, hoy tenemos que mirarlo desde una visión muy macro, muy global, para tomar decisiones en el marco de esta emergencia. Si no, tendríamos que decir: si la Oficina de Presupuesto del Congreso, con todos sus técnicos, con todos sus profesionales, ni siquiera nos puede decir en qué momento terminará de hacer un análisis, falta tiempo. No coincido con eso.
Detenernos en la lectura de las planillas y hacer hipótesis sobre las proyecciones, me parece que no está a la altura de la urgencia que tenemos para tratar esta ampliación del presupuesto.
Solo sabemos una cosa: en la ejecución del primer semestre, los ingresos crecieron al 25 por ciento y los gastos, al 74 por ciento. Es decir, el ritmo de crecimiento de los gastos fue tres veces superior.
¿Es comprensible que eso suceda? Sí; el derrumbe de la economía mundial y el de nuestra propia economía por encima de lo que ya venía sufriendo en la última década explican esa caída en los ingresos. Además, las demandas al Estado para contener familias y empresas en una situación como la que vivimos disparan ese nivel de gastos. Después hagamos la proyección que queramos.
Con prolijidad y bajo ciertas hipótesis, el secretario de Hacienda ha proyectado que naturalmente esto traerá un aumento del déficit que rondará el 4,5 por ciento del producto bruto interno.
Será un poco más o un poco menos, pero está claro que habrá un aumento del déficit y que tendremos solo dos maneras de financiarlo. Una de ellas es a través de la emisión del Banco Central. Después se podrá decir que son las rentas, aunque ya sabemos -por lo menos de mi parte es una discusión saldada hace mucho tiempo- que las rentas no realizadas son emisión del Banco Central. ¿De cuánto será? Dependerá de la diferencia entre la necesidad de financiamiento y lo que se pueda conseguir en el mercado de capitales.
Estos son los lineamientos generales de hacia dónde vamos. Me parece que tenemos todos los elementos para decir que hay que acompañar este proyecto de modificación de las partidas presupuestarias. Si bien van a un ritmo promedio que ya ha expresado el secretario de Hacienda, hay algunas que se están agotando y que sabemos que hay que reforzar; básicamente, los servicios sociales y los servicios económicos. Hacia allí hay que direccionar el gasto.
No alcanzaron las decisiones administrativas para seguir haciendo reasignaciones. Usted sabe, señor presidente, que otorgamos flexibilidad cuando en su momento tratamos el proyecto de ley de emergencia. Algunos fuimos críticos de que no vinieran al Congreso a pedir más flexibilidad si la necesitaban y que acudieran a los DNU, pero estaba claro que este instrumento se agota. Además, suele haber una confusión, porque con las decisiones administrativas se corren partidas, mientras que los DNU son para ampliarlas, por encima de los gastos previstos, cuando hay recursos.
No queremos un DNU y nos parece muy bien que hayan recurrido al Congreso. Además, están pidiendo un refuerzo de partidas que implica un aumento del gasto, con un financiamiento que no es el ideal, que hay que sostener y que no surge de la aparición de nuevos recursos que fueron subestimados, como casi siempre ha sido en la práctica históricamente.
Por eso nos parece muy bien, reitero, que hayan recurrido al Congreso. Estamos dispuestos a acompañar, en líneas generales, esta necesidad de ampliación del presupuesto. Es necesaria y urgente, pero tenemos algunas diferencias.
A fin de ahorrar tiempo, voy a marcar solo dos cuestiones y me detendré nada más que en una. La del IVA es una discusión interminable. Miremos la historia: los precios de los productos y la política aplicada respecto del IVA cuando se toca en el último tramo no tienen una sola correlación que nos permita decir qué pasa. Esto lleva a que alguien diga que el IVA bajó y el precio del producto subió, o que, aunque suba el IVA el valor del producto no va a subir. Lo cierto es que, por las características que tiene el impuesto, no encontramos en ningún momento de la historia una correlación entre el precio y tocar el IVA en el último tramo.
He sido parte de gobiernos y hasta de proyectos políticos que han propuesto bajar el IVA. Nunca creí demasiado en medidas de ese tipo, dado que la historia y las características de este impuesto demuestran que el precio del producto tiene poca correlación con una reducción o aumento del IVA en el último tramo.
Sé por experiencia, y también por cierta teoría económica a la que tengo mayor adhesión, que los precios son inflexibles a la baja y muy flexibles al alza. Entonces, es mucho más probable que, cuando se toca algún impuesto hacia arriba, el precio también tienda a moverse para arriba; pero, cuando se baja el IVA, es probable que no haya reducciones. La explicación está en el comportamiento de la formación de precios, más que en lo que se haga con el impuesto.
Respecto a los créditos acumulados, me parece que lo que dijo el señor diputado Buryaile es lo más claro y prolijo. Ahí hay una bolsa -por así decirlo- para compensar; nadie compensa producto por producto.
Hasta acá llegamos con el IVA; ya veremos qué hacemos en el recinto y si acompañamos o no esta iniciativa.
Señor presidente, queridos compañeros del bloque oficialista: me quiero detener en un punto, y les pido que entiendan que lo hago con muchísima buena voluntad y con la mejor de las intenciones.
Créanme que el artículo 7° es absolutamente negativo. Lo es desde todo punto de vista, además de absolutamente innecesario para algo que considero muy necesario: aprobar la ampliación del presupuesto y su forma de financiamiento.
El artículo 7°, que permite dolarizar deuda en pesos, es negativo para fortalecer el mercado doméstico; es negativo para la discusión que se está dando respecto de los bonos en dólares, sean los emitidos bajo la ley de Nueva York o los emitidos bajo ley nacional, y es negativo para la macroeconomía.
Ayer escuché respetuosamente al secretario de Hacienda porque corresponde hacerlo, porque es muy idóneo y además porque le tengo un afecto personal; pero no estábamos para debatir con él. No es que hagan falta dólares hoy solamente; van a hacer falta hoy, mañana y pasado. Quienes están discutiendo cómo cerrar el acuerdo para un canje, cuando hablan de sustentabilidad no miran si la economía argentina va a crecer como para poder generar empleo y resolver el problema de la pobreza. Solo miran si la economía podrá generar los dólares suficientes para cobrar lo que dicen que quiere cobrar.
Entonces, no agreguemos demanda de dólares hacia adelante y tampoco generemos una distorsión. Digo esto porque así se genera una terrible distorsión, ya que además se pide que, para la dolarización de las deudas en pesos, no se cumpla con el "dos de tres": alargar plazos, acortar capital o achicar intereses. O sea que, además de dolarizar, podemos dar la ventaja de no cumplir con el "dos de tres", lo que genera una terrible asimetría y dificulta las negociaciones que estamos llevando adelante.
Digo más: tengo la firme percepción de que esto ya se conocía en el mercado y de que algunos endurecimientos en la negociación tienen que ver con este tema. Estoy casi seguro de que es así.
Por eso sostengo que sería negativo aprobar este artículo; créanme que se puede sacar y debatirlo luego en el marco del cierre del canje. Además, no perjudica en absoluto la financiación del presupuesto que estamos tratando y estaríamos evitando, reitero, algo que puede ser muy negativo.
Es discrecional, y la discrecionalidad explícita en el medio de una negociación, la complejiza. No quiero pensar en compromisos asumidos ni poner nombres porque me parece que los análisis deben hacerse de manera global. Si creen que está bien, estará bien beneficie a quien beneficie; si les parece que está mal, estará mal perjudique a quien perjudique.
Esto genera un muy mal antecedente. Dolarizar deuda en pesos sería lo peor que podemos hacer en medio de la negociación, sobre todo -en esto coincido con el objetivo del gobierno y en especial del Ministerio de Economía- cuando estamos tratando de fortalecer un mercado de capitales local que está mostrando buenos resultados. En las últimas licitaciones, se ha licitado por encima de los vencimientos. O sea que hubo un financiamiento neto por parte del mercado de capitales doméstico. No lo rompamos, aunque algunos argumenten que es poco colaborativo. ¿Quién lo es cuando compra un título público? Quien compra un título público, lo hace por un interés económico.
Si vamos a reservar la dolarización para algunos tenedores de títulos en pesos porque no son colaborativos, tendremos que dársela a todos, ya que colaborativos no vamos a encontrar. El Estado debe negociar con reglas claras y equitativas.
Por estas razones, quiero hacer un último llamado a la reflexión. Usted, señor presidente, ha dicho que van por el dictamen completo; aunque respeto y entiendo su decisión, quiero decir nuevamente que es muy negativo el artículo 7°. No tengo dudas; lo digo desde la experiencia y con la mejor voluntad para que a este gobierno le vaya lo mejor posible.
Creo que hemos dado muestras acabadas de que queremos que la negociación de la deuda externa sea exitosa. Hemos dado lo que hemos dado y seguiremos otorgando todo lo necesario para que se negocie de la mejor manera posible. No apoyaremos ese artículo, que implica un perjuicio claro para esa negociación; como dije antes, su supresión en nada afectaría el financiamiento del presupuesto que estamos tratando.
No vamos a pedir al gobierno precisiones que sabemos no nos puede dar. Está claro que la incertidumbre es grande y que no es nada sencillo tener que tomar decisiones de política económica en el marco de esa incertidumbre.
No coincido con que estemos dando un tratamiento demasiado apresurado a este presupuesto, porque creo que es un presupuesto muy particular. Lo llamo "presupuesto" porque el debate sobre la ampliación de esta prórroga del presupuesto de 2019 termina siendo, en alguna medida, la discusión del presupuesto del año 2020. Sin embargo, hoy tenemos que mirarlo desde una visión muy macro, muy global, para tomar decisiones en el marco de esta emergencia. Si no, tendríamos que decir: si la Oficina de Presupuesto del Congreso, con todos sus técnicos, con todos sus profesionales, ni siquiera nos puede decir en qué momento terminará de hacer un análisis, falta tiempo. No coincido con eso.
Detenernos en la lectura de las planillas y hacer hipótesis sobre las proyecciones, me parece que no está a la altura de la urgencia que tenemos para tratar esta ampliación del presupuesto.
Solo sabemos una cosa: en la ejecución del primer semestre, los ingresos crecieron al 25 por ciento y los gastos, al 74 por ciento. Es decir, el ritmo de crecimiento de los gastos fue tres veces superior.
¿Es comprensible que eso suceda? Sí; el derrumbe de la economía mundial y el de nuestra propia economía por encima de lo que ya venía sufriendo en la última década explican esa caída en los ingresos. Además, las demandas al Estado para contener familias y empresas en una situación como la que vivimos disparan ese nivel de gastos. Después hagamos la proyección que queramos.
Con prolijidad y bajo ciertas hipótesis, el secretario de Hacienda ha proyectado que naturalmente esto traerá un aumento del déficit que rondará el 4,5 por ciento del producto bruto interno.
Será un poco más o un poco menos, pero está claro que habrá un aumento del déficit y que tendremos solo dos maneras de financiarlo. Una de ellas es a través de la emisión del Banco Central. Después se podrá decir que son las rentas, aunque ya sabemos -por lo menos de mi parte es una discusión saldada hace mucho tiempo- que las rentas no realizadas son emisión del Banco Central. ¿De cuánto será? Dependerá de la diferencia entre la necesidad de financiamiento y lo que se pueda conseguir en el mercado de capitales.
Estos son los lineamientos generales de hacia dónde vamos. Me parece que tenemos todos los elementos para decir que hay que acompañar este proyecto de modificación de las partidas presupuestarias. Si bien van a un ritmo promedio que ya ha expresado el secretario de Hacienda, hay algunas que se están agotando y que sabemos que hay que reforzar; básicamente, los servicios sociales y los servicios económicos. Hacia allí hay que direccionar el gasto.
No alcanzaron las decisiones administrativas para seguir haciendo reasignaciones. Usted sabe, señor presidente, que otorgamos flexibilidad cuando en su momento tratamos el proyecto de ley de emergencia. Algunos fuimos críticos de que no vinieran al Congreso a pedir más flexibilidad si la necesitaban y que acudieran a los DNU, pero estaba claro que este instrumento se agota. Además, suele haber una confusión, porque con las decisiones administrativas se corren partidas, mientras que los DNU son para ampliarlas, por encima de los gastos previstos, cuando hay recursos.
No queremos un DNU y nos parece muy bien que hayan recurrido al Congreso. Además, están pidiendo un refuerzo de partidas que implica un aumento del gasto, con un financiamiento que no es el ideal, que hay que sostener y que no surge de la aparición de nuevos recursos que fueron subestimados, como casi siempre ha sido en la práctica históricamente.
Por eso nos parece muy bien, reitero, que hayan recurrido al Congreso. Estamos dispuestos a acompañar, en líneas generales, esta necesidad de ampliación del presupuesto. Es necesaria y urgente, pero tenemos algunas diferencias.
A fin de ahorrar tiempo, voy a marcar solo dos cuestiones y me detendré nada más que en una. La del IVA es una discusión interminable. Miremos la historia: los precios de los productos y la política aplicada respecto del IVA cuando se toca en el último tramo no tienen una sola correlación que nos permita decir qué pasa. Esto lleva a que alguien diga que el IVA bajó y el precio del producto subió, o que, aunque suba el IVA el valor del producto no va a subir. Lo cierto es que, por las características que tiene el impuesto, no encontramos en ningún momento de la historia una correlación entre el precio y tocar el IVA en el último tramo.
He sido parte de gobiernos y hasta de proyectos políticos que han propuesto bajar el IVA. Nunca creí demasiado en medidas de ese tipo, dado que la historia y las características de este impuesto demuestran que el precio del producto tiene poca correlación con una reducción o aumento del IVA en el último tramo.
Sé por experiencia, y también por cierta teoría económica a la que tengo mayor adhesión, que los precios son inflexibles a la baja y muy flexibles al alza. Entonces, es mucho más probable que, cuando se toca algún impuesto hacia arriba, el precio también tienda a moverse para arriba; pero, cuando se baja el IVA, es probable que no haya reducciones. La explicación está en el comportamiento de la formación de precios, más que en lo que se haga con el impuesto.
Respecto a los créditos acumulados, me parece que lo que dijo el señor diputado Buryaile es lo más claro y prolijo. Ahí hay una bolsa -por así decirlo- para compensar; nadie compensa producto por producto.
Hasta acá llegamos con el IVA; ya veremos qué hacemos en el recinto y si acompañamos o no esta iniciativa.
Señor presidente, queridos compañeros del bloque oficialista: me quiero detener en un punto, y les pido que entiendan que lo hago con muchísima buena voluntad y con la mejor de las intenciones.
Créanme que el artículo 7° es absolutamente negativo. Lo es desde todo punto de vista, además de absolutamente innecesario para algo que considero muy necesario: aprobar la ampliación del presupuesto y su forma de financiamiento.
El artículo 7°, que permite dolarizar deuda en pesos, es negativo para fortalecer el mercado doméstico; es negativo para la discusión que se está dando respecto de los bonos en dólares, sean los emitidos bajo la ley de Nueva York o los emitidos bajo ley nacional, y es negativo para la macroeconomía.
Ayer escuché respetuosamente al secretario de Hacienda porque corresponde hacerlo, porque es muy idóneo y además porque le tengo un afecto personal; pero no estábamos para debatir con él. No es que hagan falta dólares hoy solamente; van a hacer falta hoy, mañana y pasado. Quienes están discutiendo cómo cerrar el acuerdo para un canje, cuando hablan de sustentabilidad no miran si la economía argentina va a crecer como para poder generar empleo y resolver el problema de la pobreza. Solo miran si la economía podrá generar los dólares suficientes para cobrar lo que dicen que quiere cobrar.
Entonces, no agreguemos demanda de dólares hacia adelante y tampoco generemos una distorsión. Digo esto porque así se genera una terrible distorsión, ya que además se pide que, para la dolarización de las deudas en pesos, no se cumpla con el "dos de tres": alargar plazos, acortar capital o achicar intereses. O sea que, además de dolarizar, podemos dar la ventaja de no cumplir con el "dos de tres", lo que genera una terrible asimetría y dificulta las negociaciones que estamos llevando adelante.
Digo más: tengo la firme percepción de que esto ya se conocía en el mercado y de que algunos endurecimientos en la negociación tienen que ver con este tema. Estoy casi seguro de que es así.
Por eso sostengo que sería negativo aprobar este artículo; créanme que se puede sacar y debatirlo luego en el marco del cierre del canje. Además, no perjudica en absoluto la financiación del presupuesto que estamos tratando y estaríamos evitando, reitero, algo que puede ser muy negativo.
Es discrecional, y la discrecionalidad explícita en el medio de una negociación, la complejiza. No quiero pensar en compromisos asumidos ni poner nombres porque me parece que los análisis deben hacerse de manera global. Si creen que está bien, estará bien beneficie a quien beneficie; si les parece que está mal, estará mal perjudique a quien perjudique.
Esto genera un muy mal antecedente. Dolarizar deuda en pesos sería lo peor que podemos hacer en medio de la negociación, sobre todo -en esto coincido con el objetivo del gobierno y en especial del Ministerio de Economía- cuando estamos tratando de fortalecer un mercado de capitales local que está mostrando buenos resultados. En las últimas licitaciones, se ha licitado por encima de los vencimientos. O sea que hubo un financiamiento neto por parte del mercado de capitales doméstico. No lo rompamos, aunque algunos argumenten que es poco colaborativo. ¿Quién lo es cuando compra un título público? Quien compra un título público, lo hace por un interés económico.
Si vamos a reservar la dolarización para algunos tenedores de títulos en pesos porque no son colaborativos, tendremos que dársela a todos, ya que colaborativos no vamos a encontrar. El Estado debe negociar con reglas claras y equitativas.
Por estas razones, quiero hacer un último llamado a la reflexión. Usted, señor presidente, ha dicho que van por el dictamen completo; aunque respeto y entiendo su decisión, quiero decir nuevamente que es muy negativo el artículo 7°. No tengo dudas; lo digo desde la experiencia y con la mejor voluntad para que a este gobierno le vaya lo mejor posible.
Creo que hemos dado muestras acabadas de que queremos que la negociación de la deuda externa sea exitosa. Hemos dado lo que hemos dado y seguiremos otorgando todo lo necesario para que se negocie de la mejor manera posible. No apoyaremos ese artículo, que implica un perjuicio claro para esa negociación; como dije antes, su supresión en nada afectaría el financiamiento del presupuesto que estamos tratando.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Riccardo.
SR. RICCARDO Señor presidente: me quiero referir al financiamiento y distribución de los recursos para el sistema de las universidades nacionales.
Hace casi dos meses presentamos un proyecto de ley avalado por cuarenta diputados de nuestro bloque, contenido en el expediente 2669-d-2020. Hemos solicitado que sea tenido a la vista porque se vincula específicamente con el objeto de discusión de hoy: el financiamiento.
Lo hicimos porque, en ese momento, no estaba en la mira la consideración del presupuesto y tampoco había noticias sobre cualquier ampliación; por eso lo creíamos pertinente y necesario.
Como ya había inquietud en el sistema universitario, como en el resto del Estado, quisimos hacer una propuesta y presentamos en ese proyecto, que pido al señor presidente me confirme si lo han tenido a la vista.
Hace casi dos meses presentamos un proyecto de ley avalado por cuarenta diputados de nuestro bloque, contenido en el expediente 2669-d-2020. Hemos solicitado que sea tenido a la vista porque se vincula específicamente con el objeto de discusión de hoy: el financiamiento.
Lo hicimos porque, en ese momento, no estaba en la mira la consideración del presupuesto y tampoco había noticias sobre cualquier ampliación; por eso lo creíamos pertinente y necesario.
Como ya había inquietud en el sistema universitario, como en el resto del Estado, quisimos hacer una propuesta y presentamos en ese proyecto, que pido al señor presidente me confirme si lo han tenido a la vista.
SR. PRESIDENTE HELLER Está a la vista, señor diputado; como puede ver, lo tengo en mi poder.
SR. RICCARDO Agradezco la deferencia que han tenido al tomar en cuenta nuestra solicitud.
Ese proyecto tiene un fundamento inobjetable porque está basado en una discusión absolutamente abierta -no hay discrecionalidad alguna- sobre los recursos del propio sistema universitario. En esa discusión, que se dio en agosto de 2019, se elevaron los requerimientos mínimos para el sistema. Reitero: estamos hablando de agosto del año pasado.
Sobre ese fundamento elaboramos nuestra propuesta que contempla la distribución no solo de los totales para las universidades, sino también de las tres finalidades que financia y financió toda la vida el presupuesto de la Nación para el sistema de universidades nacionales: educación y cultura, ciencia y tecnología, y salud.
Esto suma 216 millones de pesos, cifra apreciablemente mayor que el crédito puesto en discusión de 196.000...
Ese proyecto tiene un fundamento inobjetable porque está basado en una discusión absolutamente abierta -no hay discrecionalidad alguna- sobre los recursos del propio sistema universitario. En esa discusión, que se dio en agosto de 2019, se elevaron los requerimientos mínimos para el sistema. Reitero: estamos hablando de agosto del año pasado.
Sobre ese fundamento elaboramos nuestra propuesta que contempla la distribución no solo de los totales para las universidades, sino también de las tres finalidades que financia y financió toda la vida el presupuesto de la Nación para el sistema de universidades nacionales: educación y cultura, ciencia y tecnología, y salud.
Esto suma 216 millones de pesos, cifra apreciablemente mayor que el crédito puesto en discusión de 196.000...
SR. PRESIDENTE HELLER Si me permite, señor diputado, son 216.000 millones de pesos.
SR. RICCARDO Sí, señor presidente. Son exactamente 216.616,5 millones de pesos, cifra apreciablemente mayor que la incorporada por el Poder Ejecutivo en esta ampliación, que es de 196.000 millones de pesos. Pero, en todo caso, esa será una cuestión discutible.
Ayer, cuando durante el debate vimos el proyecto, advertimos un elemento cualitativamente muy importante que no podemos dejar pasar: esta ampliación del presupuesto -que, en realidad, es una modificación, como dice el artículo 1°, más allá de los eufemismos-, como ya lo manifestaron el señor diputado Sarghini y otros señores diputados nos lleva a otro presupuesto: el del año 2020. Allí, en la página 44, aparece la asignación de recursos para las universidades nacionales.
Hay algo inédito que queremos señalar con mucho énfasis. Por eso hemos hecho una propuesta, porque creemos que puede ayudar a mejorar, que ahorrará problemas y que es muy constructiva.
En la página 44 figura la asignación de los recursos totales para el año 2020, en relación con los ya asignados con la reconducción del presupuesto, y se aprecia la cifra total aproximadamente 196.000 millones de pesos para el sistema de universidades nacionales.
Las universidades tienen una entidad jurídica especial: su autonomía, establecida incluso en nuestra propia Constitución. La Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, son instituciones distintas. Los docentes pertenecen a las universidades, y los científicos y los técnicos dependen de ellas; no son empleados del Ministerio de Educación.
Desconocer la distribución que toda la vida se ha hecho de los créditos para las universidades nacionales es desconocer su naturaleza jurídica y constitucional. No podemos hacer eso; es absolutamente innecesario. Aquí no se trata de una ampliación, o de una modificación, del presupuesto para hacer algo que vamos a discutir. Se trata de ampliar el presupuesto para financiar las tres finalidades fundamentales detalladas en la famosa planilla anexa al artículo 12 que todos los presupuestos contienen desde que las universidades son autónomas. Las finalidades abarcan, reitero, los ítems educación y cultura, ciencia y tecnología, y salud.
Podemos entender que el apuro requerido por la discusión no haya dado tiempo para hacer una distribución por casas de estudio; pero todos sabemos -los técnicos y el ministerio lo saben- que esto se puede hacer en cuestión de minutos.
Tan así es que elevaremos al señor presidente la distribución que correspondería -no solo respecto de los totales sino por finalidad- a todas y cada una de las universidades nacionales si el crédito a asignar fuera el que efectivamente el gobierno nacional pretende modificar, es decir, esos 196.000 millones de pesos. Como dije, puede ser chequeado en cuestión de minutos.
Sin perjuicio de ello, pondremos sobre la mesa el aumento del crédito en un 12 por ciento, cuestión que, aunque será debatida en el recinto, pongo aquí en consideración.
El fundamento no se basa en la discrecionalidad ni en un criterio de oportunidad, sino que, reitero, surge del propio relevamiento del piso mínimo que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional en agosto del año pasado.
Sin perjuicio de la discusión sobre el crédito que plantearemos con énfasis en el recinto, si es que no podemos llegar a un acuerdo acá, es muy importante resaltar la necesidad de hacer una distribución por universidad como se hizo toda la vida; no asignar créditos a cada institución, cuando son entidades jurídicas distintas y autónomas, significa prácticamente no asignarles presupuesto.
Este estado de incerteza para un gran sistema que alcanza a todas las provincias argentinas -hablamos de unos mil millones de actores- es innecesario. Descartamos que haya alguna intención escondida de hacer un uso discrecional de esos recursos o no respetar la mínima referencia que debería haber: la distribución relativa de recursos entre ellas, ya sea como se propuso en 2019 o como lo proponemos en nuestro proyecto, que creemos es superador. Esta es una discusión que debemos saldar.
No hacerlo, es realmente poner en discusión la autonomía de las universidades y echar un manto de incerteza, de imposibilidad de planificar.
Todos sabemos que una institución autónoma necesita conocer los créditos totales de que dispondrá en el año. Podremos discutir si nos gusta más o menos una cifra u otra, pero conocer los créditos es una cuestión inherente y esencial a su función, a su planificación y a su tarea de llevar a cabo con seriedad las actividades previstas en sus propios estatutos. Los estatutos de las universidades son distintos; si bien todas son nacionales, cada una conforma una entidad distinta.
De manera que pido especialmente que podamos discutir esta cuestión. En unos minutos acercaremos al señor presidente, a través del señor diputado Pastori, que es nuestro representante, la distribución de créditos con los valores relativos del presupuesto ya reconducido. Ese sería el objetivo de mínima. Y también vamos a poner a consideración el aumento de los créditos necesarios, porque ha pasado mucha agua bajo el puente desde esa valoración que hizo el propio Consejo Interuniversitario Nacional en agosto de 2019 para determinar esas necesidades mínimas, y hemos dejado afuera otras que son cuestiones especiales.
Recién escuché que con mucha predisposición -y esto me parece bien, porque habla de la voluntad política que tenemos que tener en una discusión que se da en el medio del año- tomó en cuenta la consideración que le hizo el diputado Casas para distribuir hacia adentro de la provincia recursos que serían -como hasta usted mismo lo dijo- discutibles, si es que allí resulta necesario hacer una discriminación de su distribución. Pero me parece bien que se plantee.
Ahora bien, en este caso es absolutamente lo contrario. La historia de los presupuestos de las universidades nacionales, su entidad jurídica y constitucional, nos lleva a que tengamos la obligación de distribuirlos. Es algo que podemos hacer técnicamente muy bien, aunque fuera para pagar los sueldos. Ayer el secretario Rigo dio una muy buena exposición técnica en todos los aspectos, pero debo decir que fue endeble y evasivo sobre este punto, cuando respondió a la pregunta de por qué no estaban distribuidos los créditos de todo el sistema de universidades nacionales por universidad, como ha sido siempre la planilla 12. Y dijo: "Bueno, porque esto es una ampliación de presupuesto. Porque es para pagar los sueldos". No importa para qué sea. Aunque fuera para llegar con los sueldos a fin de año, tenemos la obligación de hacerlo para darles certeza, porque la dinámica del pago de los sueldos, o la dinámica de los recursos humanos en las universidades, es distinta en cada caso. Hay universidades que son más estables. Hay universidades que son nuevas. Conocemos universidades que tienen carreras de Medicina, por ejemplo, que están arrancando o arrancaron el año pasado, con una demanda en carreras que son esenciales, incluso en la pandemia, y que no pueden manejarse con incerteza.
Por lo tanto, señor presidente, le vamos a enviar la distribución de los recursos en relación con el crédito propuesto por el Poder Ejecutivo. Paralelamente, vamos a enviarle la propuesta del crédito de 214.000 millones de pesos para el total de las universidades nacionales, dado que el proyecto original -esos 216.000 pesos que proponíamos- incluía el financiamiento de lo que se llama "la línea de abajo" de la histórica planilla 12.
La propuesta para todo el sistema sería de 214.000 millones, con una distribución. Cualquiera de las dos distribuciones va a ser mucho mejor: la del propio crédito del Poder Ejecutivo o la del acuerdo para mejorar ese crédito y distribuirlo según nuestra propuesta. Cualquiera va a ser infinitamente mejor que poner en juego la naturaleza jurídica y constitucional, desconociéndola, no poniendo la planilla de distribución 12 para estos créditos totales, algunos de los cuales ya han sido ejecutados.
En definitiva, se trata de una modificación del presupuesto que va a ser, como dijo el diputado Sarghini, casi el presupuesto final de 2020. Estamos discutiendo desde el punto de vista político y fáctico el presupuesto de la Nación de 2020. Por lo tanto, es absolutamente necesario que este punto no quede sin resolver.
Espero que tengamos la voluntad de resolverlo. Me pongo a disposición, así como también el diputado Pastori, porque si no, no podríamos convalidarlo. Lo llevaríamos con mucho énfasis al recinto, porque es una situación inédita y creo que innecesaria también. Le ahorra problemas al propio Ministerio de Educación, porque no hacerlo va a traer una andanada de correlatos que creo nos podemos evitar. Tenemos que focalizarnos en que nos vaya bien como argentinos y como representantes políticos que debemos encontrar consensos sobre las cosas que advertimos que pueden ser problemáticas. Muchas gracias.
Ayer, cuando durante el debate vimos el proyecto, advertimos un elemento cualitativamente muy importante que no podemos dejar pasar: esta ampliación del presupuesto -que, en realidad, es una modificación, como dice el artículo 1°, más allá de los eufemismos-, como ya lo manifestaron el señor diputado Sarghini y otros señores diputados nos lleva a otro presupuesto: el del año 2020. Allí, en la página 44, aparece la asignación de recursos para las universidades nacionales.
Hay algo inédito que queremos señalar con mucho énfasis. Por eso hemos hecho una propuesta, porque creemos que puede ayudar a mejorar, que ahorrará problemas y que es muy constructiva.
En la página 44 figura la asignación de los recursos totales para el año 2020, en relación con los ya asignados con la reconducción del presupuesto, y se aprecia la cifra total aproximadamente 196.000 millones de pesos para el sistema de universidades nacionales.
Las universidades tienen una entidad jurídica especial: su autonomía, establecida incluso en nuestra propia Constitución. La Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Nacional de San Luis y la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, son instituciones distintas. Los docentes pertenecen a las universidades, y los científicos y los técnicos dependen de ellas; no son empleados del Ministerio de Educación.
Desconocer la distribución que toda la vida se ha hecho de los créditos para las universidades nacionales es desconocer su naturaleza jurídica y constitucional. No podemos hacer eso; es absolutamente innecesario. Aquí no se trata de una ampliación, o de una modificación, del presupuesto para hacer algo que vamos a discutir. Se trata de ampliar el presupuesto para financiar las tres finalidades fundamentales detalladas en la famosa planilla anexa al artículo 12 que todos los presupuestos contienen desde que las universidades son autónomas. Las finalidades abarcan, reitero, los ítems educación y cultura, ciencia y tecnología, y salud.
Podemos entender que el apuro requerido por la discusión no haya dado tiempo para hacer una distribución por casas de estudio; pero todos sabemos -los técnicos y el ministerio lo saben- que esto se puede hacer en cuestión de minutos.
Tan así es que elevaremos al señor presidente la distribución que correspondería -no solo respecto de los totales sino por finalidad- a todas y cada una de las universidades nacionales si el crédito a asignar fuera el que efectivamente el gobierno nacional pretende modificar, es decir, esos 196.000 millones de pesos. Como dije, puede ser chequeado en cuestión de minutos.
Sin perjuicio de ello, pondremos sobre la mesa el aumento del crédito en un 12 por ciento, cuestión que, aunque será debatida en el recinto, pongo aquí en consideración.
El fundamento no se basa en la discrecionalidad ni en un criterio de oportunidad, sino que, reitero, surge del propio relevamiento del piso mínimo que hizo el Consejo Interuniversitario Nacional en agosto del año pasado.
Sin perjuicio de la discusión sobre el crédito que plantearemos con énfasis en el recinto, si es que no podemos llegar a un acuerdo acá, es muy importante resaltar la necesidad de hacer una distribución por universidad como se hizo toda la vida; no asignar créditos a cada institución, cuando son entidades jurídicas distintas y autónomas, significa prácticamente no asignarles presupuesto.
Este estado de incerteza para un gran sistema que alcanza a todas las provincias argentinas -hablamos de unos mil millones de actores- es innecesario. Descartamos que haya alguna intención escondida de hacer un uso discrecional de esos recursos o no respetar la mínima referencia que debería haber: la distribución relativa de recursos entre ellas, ya sea como se propuso en 2019 o como lo proponemos en nuestro proyecto, que creemos es superador. Esta es una discusión que debemos saldar.
No hacerlo, es realmente poner en discusión la autonomía de las universidades y echar un manto de incerteza, de imposibilidad de planificar.
Todos sabemos que una institución autónoma necesita conocer los créditos totales de que dispondrá en el año. Podremos discutir si nos gusta más o menos una cifra u otra, pero conocer los créditos es una cuestión inherente y esencial a su función, a su planificación y a su tarea de llevar a cabo con seriedad las actividades previstas en sus propios estatutos. Los estatutos de las universidades son distintos; si bien todas son nacionales, cada una conforma una entidad distinta.
De manera que pido especialmente que podamos discutir esta cuestión. En unos minutos acercaremos al señor presidente, a través del señor diputado Pastori, que es nuestro representante, la distribución de créditos con los valores relativos del presupuesto ya reconducido. Ese sería el objetivo de mínima. Y también vamos a poner a consideración el aumento de los créditos necesarios, porque ha pasado mucha agua bajo el puente desde esa valoración que hizo el propio Consejo Interuniversitario Nacional en agosto de 2019 para determinar esas necesidades mínimas, y hemos dejado afuera otras que son cuestiones especiales.
Recién escuché que con mucha predisposición -y esto me parece bien, porque habla de la voluntad política que tenemos que tener en una discusión que se da en el medio del año- tomó en cuenta la consideración que le hizo el diputado Casas para distribuir hacia adentro de la provincia recursos que serían -como hasta usted mismo lo dijo- discutibles, si es que allí resulta necesario hacer una discriminación de su distribución. Pero me parece bien que se plantee.
Ahora bien, en este caso es absolutamente lo contrario. La historia de los presupuestos de las universidades nacionales, su entidad jurídica y constitucional, nos lleva a que tengamos la obligación de distribuirlos. Es algo que podemos hacer técnicamente muy bien, aunque fuera para pagar los sueldos. Ayer el secretario Rigo dio una muy buena exposición técnica en todos los aspectos, pero debo decir que fue endeble y evasivo sobre este punto, cuando respondió a la pregunta de por qué no estaban distribuidos los créditos de todo el sistema de universidades nacionales por universidad, como ha sido siempre la planilla 12. Y dijo: "Bueno, porque esto es una ampliación de presupuesto. Porque es para pagar los sueldos". No importa para qué sea. Aunque fuera para llegar con los sueldos a fin de año, tenemos la obligación de hacerlo para darles certeza, porque la dinámica del pago de los sueldos, o la dinámica de los recursos humanos en las universidades, es distinta en cada caso. Hay universidades que son más estables. Hay universidades que son nuevas. Conocemos universidades que tienen carreras de Medicina, por ejemplo, que están arrancando o arrancaron el año pasado, con una demanda en carreras que son esenciales, incluso en la pandemia, y que no pueden manejarse con incerteza.
Por lo tanto, señor presidente, le vamos a enviar la distribución de los recursos en relación con el crédito propuesto por el Poder Ejecutivo. Paralelamente, vamos a enviarle la propuesta del crédito de 214.000 millones de pesos para el total de las universidades nacionales, dado que el proyecto original -esos 216.000 pesos que proponíamos- incluía el financiamiento de lo que se llama "la línea de abajo" de la histórica planilla 12.
La propuesta para todo el sistema sería de 214.000 millones, con una distribución. Cualquiera de las dos distribuciones va a ser mucho mejor: la del propio crédito del Poder Ejecutivo o la del acuerdo para mejorar ese crédito y distribuirlo según nuestra propuesta. Cualquiera va a ser infinitamente mejor que poner en juego la naturaleza jurídica y constitucional, desconociéndola, no poniendo la planilla de distribución 12 para estos créditos totales, algunos de los cuales ya han sido ejecutados.
En definitiva, se trata de una modificación del presupuesto que va a ser, como dijo el diputado Sarghini, casi el presupuesto final de 2020. Estamos discutiendo desde el punto de vista político y fáctico el presupuesto de la Nación de 2020. Por lo tanto, es absolutamente necesario que este punto no quede sin resolver.
Espero que tengamos la voluntad de resolverlo. Me pongo a disposición, así como también el diputado Pastori, porque si no, no podríamos convalidarlo. Lo llevaríamos con mucho énfasis al recinto, porque es una situación inédita y creo que innecesaria también. Le ahorra problemas al propio Ministerio de Educación, porque no hacerlo va a traer una andanada de correlatos que creo nos podemos evitar. Tenemos que focalizarnos en que nos vaya bien como argentinos y como representantes políticos que debemos encontrar consensos sobre las cosas que advertimos que pueden ser problemáticas. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Con la misma diligencia con que hemos actuado en el pedido que hizo el diputado Casas, actuaremos en este caso. Nuestra vocación es tratar de encontrar los consensos posibles, así que haremos las gestiones pertinentes.
Hágame llegar esa información.
La otra, como ya le mostré, acá la tengo, tal como me había comprometido.
Con la misma diligencia con que hemos actuado en el pedido que hizo el diputado Casas, actuaremos en este caso. Nuestra vocación es tratar de encontrar los consensos posibles, así que haremos las gestiones pertinentes.
Hágame llegar esa información.
La otra, como ya le mostré, acá la tengo, tal como me había comprometido.
SR. RICCARDO Esperemos que tome la nuestra, Carlos. Le mando un abrazo e inmediatamente le envío la distribución.
Si hay que optar, opten por la que usted tenía en la mano izquierda, ya que la izquierda es mejor. (Risas.)
Si hay que optar, opten por la que usted tenía en la mano izquierda, ya que la izquierda es mejor. (Risas.)
SR. PRESIDENTE HELLER De eso no tengo dudas. Pero además yo soy zurdo. Por eso la levanto así, ¿vio?
SR. RICCARDO Por eso. Quédese con esa que las universidades y los argentinos nos lo van a agradecer.
SR. PRESIDENTE HELLER Hay dos cuestiones que usted plantea: una es presupuestaria; la otra, de distribución. Evidentemente, son dos gestiones distintas. El tema es que hay dos herramientas; veré qué puedo hacer.
Tiene la palabra el diputado Cano.
Tiene la palabra el diputado Cano.
SR. CANO Gracias, presidente.
Tomando el planteo que hizo el diputado Darío Martínez de evitar calificar, pienso que, por lo menos en esta comisión, desde que arrancó la actual gestión venimos transitando con debates con altura, nivel y sin calificarnos.
El planteo del diputado Pastori, vinculado con el tema del IVA a la leche, tiene que ver con la participación de la diputada Fernanda Vallejos, quien nos calificó planteando que estábamos equivocados y nos pone en un plano donde solamente al sector político al cual ella pertenece le preocupa el costo de los productos de la canasta básica familiar, y esto está muy alejado de la verdad.
Como bien aclaró el diputado Pastori, hasta el 31 de diciembre de 2006 la leche y el pan tenían alícuota cero del IVA. A partir de esa fecha, en la gestión del expresidente Néstor Kirchner, se gravó el pan común, es decir, el pan francés, con una alícuota del 10,5 por ciento. Quedó sin gravar solamente la leche no aditivada, entera. Y la verdad es que lo que nosotros hicimos en 2019 tuvo que ver con un planteo que el actual oficialismo hacía en la Mesa del Hambre y con la preocupación que mostraban por el costo de los productos de la canasta básica. De hecho, señor presidente, nosotros no estamos confundidos. Me parece que es un debate que el oficialismo, al que usted pertenece, ya saldó. "Comer es un derecho. Comer no es un privilegio. Es una obligación del Estado garantizar el derecho humano a que todas las familias accedan a la canasta básica de alimentos a través de la eliminación del IVA a los productos que la componen". Esto forma parte de la plataforma del Frente de Todos.
"Bajó el consumo de leche porque a la familia no le alcanza la plata. Hay que quitar el IVA a los productos de la canasta básica para que bajen los precios". Esto lo dijo el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Estimaban que el precio iba a bajar en un 20 por ciento.
Entonces, nosotros no tenemos ninguna confusión. En nuestra gestión se eliminó el IVA a los productos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre del año 2019, como bien se dijo acá, salvo la leche no aditivada, que quedó con una alícuota cero. Es muy difícil creer que los precios vayan a bajar a partir de gravar con el 10,5 por ciento.
La diputada Vallejos hizo mención a algunos números que la verdad no comparto. Tengo números del INDEC, y hay una referencia vinculada a que los consumos de marzo en la leche de larga vida muestran que la caída interanual fue del 30,1 por ciento, frente a una baja del 3,3 por ciento en la leche en sachet. Por lo cual, se muestra que efectivamente no es como acá se dijo que la gente consume menos leche entera en sachet. Los sectores que menos recursos tienen evidentemente consumen más ese tipo de leche. Y con respecto al incremento en lo que va de la actual gestión, este fue de un 31,5 por ciento.
Así que me parece que es importante dejar en claro que nosotros no estamos confundidos; lo que estamos planteando forma parte de la propuesta de campaña del Frente de Todos. Inclusive hice alusión al planteo que realizó el actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
Por otro lado, quiero ser recurrente con un tema que planteamos ayer y que el diputado Jorge Romero, por la provincia de Corrientes, hizo referencia al inicio de la reunión de la comisión. Nos preocupa mucho una cuestión, y en esto quiero ser consecuente con lo que planteamos cuando inclusive estábamos en el gobierno. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se firmó el consenso fiscal que la distribución de los recursos de los subsidios al transporte quedara en responsabilidad de las provincias. De hecho, nuestro bloque en ese momento planteó con diputados de distintas provincias la creación de un fondo compensador para las provincias del interior.
La situación del transporte público hoy es crítica; yo diría que es muy compleja y que está transversalmente circunscripta a todos los distritos, a todas las provincias, independientemente del color político del que gobierna, de la misma manera que las distintas jurisdicciones, ya que hay jurisdicciones provinciales y municipales.
Realmente nos preocupa el mensaje que dejó ayer el secretario de Hacienda. Lo que nosotros interpretamos es que a partir del fondo del interior que está agotado, como bien planteó el secretario, va a quedar en responsabilidad absoluta de las provincias. Hay asimetrías que nosotros no resolvimos cuando estuvimos en la gestión de gobierno y que en lo que va de la gestión de este gobierno se están profundizando.
Hasta este momento la distribución de recursos para el subsidio al transporte para las provincias fue de 1.500 millones de pesos, y al AMBA, 7.600 millones de pesos, sumándole 39.000 metros cúbicos de gasoil subsidiados para el AMBA en detrimento de las provincias del interior. Nosotros no estamos en contra del mecanismo que se aplica en el AMBA; hay más de ciento veinte líneas que son nacionales y creemos que es el sistema que hay que replicar en todo el interior del país sin contar los denominados atributos sociales.
En ese sentido me parece que de los números que expresa el proyecto sobre la distribución de más de 250.000 millones de pesos en subsidios, el 82 por ciento se lo llevó el sector energético y solamente el 18 por ciento el sector del transporte. De hecho, estamos viendo paros en provincias como Córdoba, en mi provincia, Tucumán, en Rosario, es decir, en distintas jurisdicciones; la situación realmente es compleja. Recordemos que el transporte público fue declarado actividad esencial y que la recaudación de las empresas disminuyó en un 80 por ciento.
Con lo cual, en línea con lo que planteó el diputado Jorge Romero, de la provincia de Corrientes, y otros colegas del Frente de Todos de otras provincias con los que hemos hablado sobre la necesidad que tenemos, vamos a hacer un planteo formal sobre la creación de un fondo federal de transporte, un fondo compensador, para los últimos cuatro o cinco meses del año que traiga equidad. Proponemos básicamente que la distribución de estos subsidios esté vinculada al 932, que además va a generar la incorporación de empleados en blanco al sistema. Estamos avizorando que la situación no tiende a mejorar, sino que me parece que el esquema que planteó el secretario va a profundizar la situación de crisis que hoy estamos atravesando. Repito que esta actividad ha sido declarada esencial y cuyos ingresos se vieron afectados entre un 75 y un 80 por ciento.
Es por eso que mañana vamos a plantear -ya tenemos la redacción- la creación de un fondo compensador del transporte que tienda a ponernos por delante de la situación de lo que vemos que va a pasar efectivamente si esto no se corrige. Muchas gracias.
Tomando el planteo que hizo el diputado Darío Martínez de evitar calificar, pienso que, por lo menos en esta comisión, desde que arrancó la actual gestión venimos transitando con debates con altura, nivel y sin calificarnos.
El planteo del diputado Pastori, vinculado con el tema del IVA a la leche, tiene que ver con la participación de la diputada Fernanda Vallejos, quien nos calificó planteando que estábamos equivocados y nos pone en un plano donde solamente al sector político al cual ella pertenece le preocupa el costo de los productos de la canasta básica familiar, y esto está muy alejado de la verdad.
Como bien aclaró el diputado Pastori, hasta el 31 de diciembre de 2006 la leche y el pan tenían alícuota cero del IVA. A partir de esa fecha, en la gestión del expresidente Néstor Kirchner, se gravó el pan común, es decir, el pan francés, con una alícuota del 10,5 por ciento. Quedó sin gravar solamente la leche no aditivada, entera. Y la verdad es que lo que nosotros hicimos en 2019 tuvo que ver con un planteo que el actual oficialismo hacía en la Mesa del Hambre y con la preocupación que mostraban por el costo de los productos de la canasta básica. De hecho, señor presidente, nosotros no estamos confundidos. Me parece que es un debate que el oficialismo, al que usted pertenece, ya saldó. "Comer es un derecho. Comer no es un privilegio. Es una obligación del Estado garantizar el derecho humano a que todas las familias accedan a la canasta básica de alimentos a través de la eliminación del IVA a los productos que la componen". Esto forma parte de la plataforma del Frente de Todos.
"Bajó el consumo de leche porque a la familia no le alcanza la plata. Hay que quitar el IVA a los productos de la canasta básica para que bajen los precios". Esto lo dijo el actual ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Estimaban que el precio iba a bajar en un 20 por ciento.
Entonces, nosotros no tenemos ninguna confusión. En nuestra gestión se eliminó el IVA a los productos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre del año 2019, como bien se dijo acá, salvo la leche no aditivada, que quedó con una alícuota cero. Es muy difícil creer que los precios vayan a bajar a partir de gravar con el 10,5 por ciento.
La diputada Vallejos hizo mención a algunos números que la verdad no comparto. Tengo números del INDEC, y hay una referencia vinculada a que los consumos de marzo en la leche de larga vida muestran que la caída interanual fue del 30,1 por ciento, frente a una baja del 3,3 por ciento en la leche en sachet. Por lo cual, se muestra que efectivamente no es como acá se dijo que la gente consume menos leche entera en sachet. Los sectores que menos recursos tienen evidentemente consumen más ese tipo de leche. Y con respecto al incremento en lo que va de la actual gestión, este fue de un 31,5 por ciento.
Así que me parece que es importante dejar en claro que nosotros no estamos confundidos; lo que estamos planteando forma parte de la propuesta de campaña del Frente de Todos. Inclusive hice alusión al planteo que realizó el actual ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.
Por otro lado, quiero ser recurrente con un tema que planteamos ayer y que el diputado Jorge Romero, por la provincia de Corrientes, hizo referencia al inicio de la reunión de la comisión. Nos preocupa mucho una cuestión, y en esto quiero ser consecuente con lo que planteamos cuando inclusive estábamos en el gobierno. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se firmó el consenso fiscal que la distribución de los recursos de los subsidios al transporte quedara en responsabilidad de las provincias. De hecho, nuestro bloque en ese momento planteó con diputados de distintas provincias la creación de un fondo compensador para las provincias del interior.
La situación del transporte público hoy es crítica; yo diría que es muy compleja y que está transversalmente circunscripta a todos los distritos, a todas las provincias, independientemente del color político del que gobierna, de la misma manera que las distintas jurisdicciones, ya que hay jurisdicciones provinciales y municipales.
Realmente nos preocupa el mensaje que dejó ayer el secretario de Hacienda. Lo que nosotros interpretamos es que a partir del fondo del interior que está agotado, como bien planteó el secretario, va a quedar en responsabilidad absoluta de las provincias. Hay asimetrías que nosotros no resolvimos cuando estuvimos en la gestión de gobierno y que en lo que va de la gestión de este gobierno se están profundizando.
Hasta este momento la distribución de recursos para el subsidio al transporte para las provincias fue de 1.500 millones de pesos, y al AMBA, 7.600 millones de pesos, sumándole 39.000 metros cúbicos de gasoil subsidiados para el AMBA en detrimento de las provincias del interior. Nosotros no estamos en contra del mecanismo que se aplica en el AMBA; hay más de ciento veinte líneas que son nacionales y creemos que es el sistema que hay que replicar en todo el interior del país sin contar los denominados atributos sociales.
En ese sentido me parece que de los números que expresa el proyecto sobre la distribución de más de 250.000 millones de pesos en subsidios, el 82 por ciento se lo llevó el sector energético y solamente el 18 por ciento el sector del transporte. De hecho, estamos viendo paros en provincias como Córdoba, en mi provincia, Tucumán, en Rosario, es decir, en distintas jurisdicciones; la situación realmente es compleja. Recordemos que el transporte público fue declarado actividad esencial y que la recaudación de las empresas disminuyó en un 80 por ciento.
Con lo cual, en línea con lo que planteó el diputado Jorge Romero, de la provincia de Corrientes, y otros colegas del Frente de Todos de otras provincias con los que hemos hablado sobre la necesidad que tenemos, vamos a hacer un planteo formal sobre la creación de un fondo federal de transporte, un fondo compensador, para los últimos cuatro o cinco meses del año que traiga equidad. Proponemos básicamente que la distribución de estos subsidios esté vinculada al 932, que además va a generar la incorporación de empleados en blanco al sistema. Estamos avizorando que la situación no tiende a mejorar, sino que me parece que el esquema que planteó el secretario va a profundizar la situación de crisis que hoy estamos atravesando. Repito que esta actividad ha sido declarada esencial y cuyos ingresos se vieron afectados entre un 75 y un 80 por ciento.
Es por eso que mañana vamos a plantear -ya tenemos la redacción- la creación de un fondo compensador del transporte que tienda a ponernos por delante de la situación de lo que vemos que va a pasar efectivamente si esto no se corrige. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias a usted, diputado.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Casaretto.
Tiene la palabra el diputado Marcelo Casaretto.
SR. CASARETTO Muchas gracias, señor presidente. Estamos tratando este proyecto de ley de ampliación del presupuesto 2020. Es importante analizar en profundidad lo que planteó el secretario de Hacienda de la Nación en el día de ayer sobre la situación de partida, la respuesta frente a la pandemia, la ejecución presupuestaria al 30 de junio y lo que se presenta para el próximo semestre.
En aras de la brevedad no voy a describir en demasía el punto de la situación de partida, pero me interesa destacar la inversión que hizo el Estado nacional en relación con la pandemia. Por eso subrayo uno de los conceptos fundamentales cual fue la ejecución al 30 de junio.
Muchas veces desde las políticas públicas se anuncian determinados planes de gobierno y algunos se preguntan si se ejecutan o no. Efectivamente, las políticas anunciadas por este gobierno llegaron al conjunto de los argentinos. Así que veo el Ingreso Familiar de Emergencia por 179.000 millones de pesos, los aportes al fondo fiduciario para las empresas por 60.000 millones, el salario complementario -ATP- por 132.000 millones, los aportes a las provincias en el orden de 65.000 millones en concepto de ATN y de 60.000 millones de créditos a través del fondo fiduciario. Además, veo el refuerzo de 17.000 millones de pesos para las partidas de salud y 6.000 millones en la inversión en los hospitales modulares. Como ya fue dicho, dentro de los principales conceptos, la inversión alcanzó a 687.000 millones de pesos.
Hacia adelante, como ya fue descrito en detalle, el 80 por ciento de las modificaciones presupuestarias se orientan nuevamente a un concepto social. Estamos hablando de 592.000 millones de pesos de inversión en seguridad social, 250.000 millones en subsidios económicos, 170.000 millones en Ingreso Familiar de Emergencia, ATP, asignaciones familiares y demás.
Entonces en esto que preguntaban si hay un trazo claro, les digo: ¡Por supuesto que hay un trazo claro! El otro día repasaba cuando un año atrás Alberto Fernández como candidato a presidente vino a esta provincia de Entre Ríos y junto con el gobernador y quienes éramos candidatos hablamos de lo que íbamos a llevar adelante en caso de acceder al gobierno nacional. Y hoy veo ampliamente satisfecho esos conceptos, valores y principios.
Por eso me gusta cuando el presidente presenta políticas de gobierno y me gusta cuando junto con él están los gobernadores del Frente de Todos al tanto de las políticas, y también los de Juntos por el Cambio o de partidos provinciales que siempre están acompañando, en cada una de las decisiones sanitarias y económicas. Me gusta cuando se plantea también que estén los distintos sectores sociales, los actores de la producción, los actores del trabajo, de los movimientos sociales y los distintos movimientos que hacen a la vida de la Argentina.
Entonces, sobre esos conceptos, principios y valores que nos planteamos, se están llevando delante, se están ejecutando estas políticas y eso es lo que vemos de la ejecución presupuestaria. Creemos que este presupuesto refleja el instrumento para el cambio en democracia.
Voy a referirme a un pequeño capítulo reflejado en nuestra provincia de Entre Ríos. El otro día hacía un resumen, que se los comento, sobre qué impacto tuvo la política nacional en estos primeros meses sobre los tres conceptos fundamentales: el apoyo a las empresas, a las familias, y a las provincias y municipios.
Créditos a tasa del 24 por ciento: en mi provincia se desembolsaron 3.580 créditos por 5.889 millones de pesos. Créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas: en Entre Ríos se desembolsaron 16.224 créditos por 1.924 millones de pesos. De la ATP, por la que se paga el 50 por ciento de los salarios: en Entre Ríos se cubrieron, en las distintas rondas, 44.586 salarios de trabajadores por 6.258 empresas en un importe de 2.327 millones, más la baja de aportes patronales, que se fueron prorrogando a partir de la ATP. Esto suma una inversión de 10.803 millones de pesos en apoyo a las empresas y sus trabajadores.
En cuanto al IFE, que se instrumenta a nivel nacional con casi 9 millones de trabajadores desocupados, en Entre Ríos alcanza a 277.372 trabajadores con una inversión que hasta el momento significa 5.547 millones de pesos.
La Tarjeta Alimentar, la tarjeta alimentaria que comenzó en diciembre y que comenzó a ejecutarse en la provincia de Entre Ríos, alcanza en este momento a 46.000 familias con una inversión de 1.380 millones de pesos. Esto significa 6.927 millones de pesos invertidos en familias.
Por otra parte, el gobierno creó el Programa de Asistencia a las Provincias por 120.000 millones de pesos: 60.000 millones de ATN y 60.000 millones de créditos. Entre Ríos recibió ATN por 2.157 millones de pesos y créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por 3.500 millones de pesos, lo que hace a una inversión de 5.657 millones.
En definitiva, esto marca una inversión total de 23.387 millones de pesos realmente desembolsados por el gobierno nacional en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Esto permite llegar a 277.000 familias, por un lado, y a 44.000, por el otro; un total de 321.000 familias que recibieron la asistencia directa del Estado y 26.000 empresas, monotributistas y autónomos que se beneficiaron con las políticas nacionales.
Para concluir, por las limitaciones de tiempo, me gustaría destacar que este gobierno nacional, además de llevar adelante esta política de emergencia de la pandemia, yendo al tema de salud, desembolsó fondos a través de los programas nacionales SUMAR, Redes, Proteger y Salud Familiar y Comunitaria para la adquisición de equipamientos, respiradores, medicamentos, insumos, vacunas y demás por 467 millones en el primer semestre.
Además, se desembolsó un fondo para el sistema previsional entrerriano de las cajas no transferidas por casi 7.000 millones de pesos, que es la máxima asistencia que ha tenido el gobierno provincial de Entre Ríos desde que existen los pactos fiscales y la necesidad de la transferencia.
Entonces, podría seguir sumando el impacto provincial que tuvieron los bonos a los jubilados, la prórroga de los créditos de la ANSES, los medicamentos gratuitos del PAMI y todos los aportes para el subsidio energético y el subsidio al transporte urbano.
A mi provincia han venido el jefe de Gabinete Cafiero y ministros como Rossi, Katopodis, Trotta, Meoni, Arroyo y González García. Otros no han venido, pero permanentemente reciben al gobernador, a los intendentes y demás, y constantemente están escuchando la voz del pueblo entrerriano.
Además, comparto los criterios que han esbozado el diputado Casas y la diputada Vallejos. También coincido en parte con lo que han dicho el diputado Sarghini, el diputado Jorge Romero y otros diputados.
Veo que, en términos generales, hay una necesidad de que la Argentina cuente con esta herramienta presupuestaria por la ejecución despareja de los créditos que se requieren.
Entiendo que hay algunos planteos en materia de transporte, que recién escuchábamos. Este gobierno ha hecho una inversión mucho más fuerte en materia de transporte urbano de pasajeros con respecto a lo que fue la inversión del gobierno anterior.
También comparto la preocupación manifestada sobre alguna redacción en particular, que se puede plantear; pero, como concepto general, nuestro gobierno va al Congreso con una ampliación presupuestaria, explica el punto de partida, la ejecución y los conceptos a futuro.
Así que nosotros, señor presidente, tenemos que dar a nuestro gobierno las herramientas que necesita porque está cumpliendo con las cuestiones esenciales que hacen a la vida de todos los argentinos. En consecuencia, propongo que firmemos el dictamen tal como está redactado y, si tenemos que hacer algún retoque, lo hagamos el viernes en el recinto.
Fue excelente la exposición de Raúl Rigo, secretario de Hacienda, con quien compartí trabajo cuando ambos éramos más jóvenes, veinticinco años atrás, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. Creo que es un recurso humano valioso para la Argentina y para nuestro gobierno en particular.
Muchas gracias, señor presidente. Pido, entonces, la aprobación del despacho tal como lo ha mandado el Poder Ejecutivo en esta instancia. Muchas gracias.
En aras de la brevedad no voy a describir en demasía el punto de la situación de partida, pero me interesa destacar la inversión que hizo el Estado nacional en relación con la pandemia. Por eso subrayo uno de los conceptos fundamentales cual fue la ejecución al 30 de junio.
Muchas veces desde las políticas públicas se anuncian determinados planes de gobierno y algunos se preguntan si se ejecutan o no. Efectivamente, las políticas anunciadas por este gobierno llegaron al conjunto de los argentinos. Así que veo el Ingreso Familiar de Emergencia por 179.000 millones de pesos, los aportes al fondo fiduciario para las empresas por 60.000 millones, el salario complementario -ATP- por 132.000 millones, los aportes a las provincias en el orden de 65.000 millones en concepto de ATN y de 60.000 millones de créditos a través del fondo fiduciario. Además, veo el refuerzo de 17.000 millones de pesos para las partidas de salud y 6.000 millones en la inversión en los hospitales modulares. Como ya fue dicho, dentro de los principales conceptos, la inversión alcanzó a 687.000 millones de pesos.
Hacia adelante, como ya fue descrito en detalle, el 80 por ciento de las modificaciones presupuestarias se orientan nuevamente a un concepto social. Estamos hablando de 592.000 millones de pesos de inversión en seguridad social, 250.000 millones en subsidios económicos, 170.000 millones en Ingreso Familiar de Emergencia, ATP, asignaciones familiares y demás.
Entonces en esto que preguntaban si hay un trazo claro, les digo: ¡Por supuesto que hay un trazo claro! El otro día repasaba cuando un año atrás Alberto Fernández como candidato a presidente vino a esta provincia de Entre Ríos y junto con el gobernador y quienes éramos candidatos hablamos de lo que íbamos a llevar adelante en caso de acceder al gobierno nacional. Y hoy veo ampliamente satisfecho esos conceptos, valores y principios.
Por eso me gusta cuando el presidente presenta políticas de gobierno y me gusta cuando junto con él están los gobernadores del Frente de Todos al tanto de las políticas, y también los de Juntos por el Cambio o de partidos provinciales que siempre están acompañando, en cada una de las decisiones sanitarias y económicas. Me gusta cuando se plantea también que estén los distintos sectores sociales, los actores de la producción, los actores del trabajo, de los movimientos sociales y los distintos movimientos que hacen a la vida de la Argentina.
Entonces, sobre esos conceptos, principios y valores que nos planteamos, se están llevando delante, se están ejecutando estas políticas y eso es lo que vemos de la ejecución presupuestaria. Creemos que este presupuesto refleja el instrumento para el cambio en democracia.
Voy a referirme a un pequeño capítulo reflejado en nuestra provincia de Entre Ríos. El otro día hacía un resumen, que se los comento, sobre qué impacto tuvo la política nacional en estos primeros meses sobre los tres conceptos fundamentales: el apoyo a las empresas, a las familias, y a las provincias y municipios.
Créditos a tasa del 24 por ciento: en mi provincia se desembolsaron 3.580 créditos por 5.889 millones de pesos. Créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas: en Entre Ríos se desembolsaron 16.224 créditos por 1.924 millones de pesos. De la ATP, por la que se paga el 50 por ciento de los salarios: en Entre Ríos se cubrieron, en las distintas rondas, 44.586 salarios de trabajadores por 6.258 empresas en un importe de 2.327 millones, más la baja de aportes patronales, que se fueron prorrogando a partir de la ATP. Esto suma una inversión de 10.803 millones de pesos en apoyo a las empresas y sus trabajadores.
En cuanto al IFE, que se instrumenta a nivel nacional con casi 9 millones de trabajadores desocupados, en Entre Ríos alcanza a 277.372 trabajadores con una inversión que hasta el momento significa 5.547 millones de pesos.
La Tarjeta Alimentar, la tarjeta alimentaria que comenzó en diciembre y que comenzó a ejecutarse en la provincia de Entre Ríos, alcanza en este momento a 46.000 familias con una inversión de 1.380 millones de pesos. Esto significa 6.927 millones de pesos invertidos en familias.
Por otra parte, el gobierno creó el Programa de Asistencia a las Provincias por 120.000 millones de pesos: 60.000 millones de ATN y 60.000 millones de créditos. Entre Ríos recibió ATN por 2.157 millones de pesos y créditos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial por 3.500 millones de pesos, lo que hace a una inversión de 5.657 millones.
En definitiva, esto marca una inversión total de 23.387 millones de pesos realmente desembolsados por el gobierno nacional en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Esto permite llegar a 277.000 familias, por un lado, y a 44.000, por el otro; un total de 321.000 familias que recibieron la asistencia directa del Estado y 26.000 empresas, monotributistas y autónomos que se beneficiaron con las políticas nacionales.
Para concluir, por las limitaciones de tiempo, me gustaría destacar que este gobierno nacional, además de llevar adelante esta política de emergencia de la pandemia, yendo al tema de salud, desembolsó fondos a través de los programas nacionales SUMAR, Redes, Proteger y Salud Familiar y Comunitaria para la adquisición de equipamientos, respiradores, medicamentos, insumos, vacunas y demás por 467 millones en el primer semestre.
Además, se desembolsó un fondo para el sistema previsional entrerriano de las cajas no transferidas por casi 7.000 millones de pesos, que es la máxima asistencia que ha tenido el gobierno provincial de Entre Ríos desde que existen los pactos fiscales y la necesidad de la transferencia.
Entonces, podría seguir sumando el impacto provincial que tuvieron los bonos a los jubilados, la prórroga de los créditos de la ANSES, los medicamentos gratuitos del PAMI y todos los aportes para el subsidio energético y el subsidio al transporte urbano.
A mi provincia han venido el jefe de Gabinete Cafiero y ministros como Rossi, Katopodis, Trotta, Meoni, Arroyo y González García. Otros no han venido, pero permanentemente reciben al gobernador, a los intendentes y demás, y constantemente están escuchando la voz del pueblo entrerriano.
Además, comparto los criterios que han esbozado el diputado Casas y la diputada Vallejos. También coincido en parte con lo que han dicho el diputado Sarghini, el diputado Jorge Romero y otros diputados.
Veo que, en términos generales, hay una necesidad de que la Argentina cuente con esta herramienta presupuestaria por la ejecución despareja de los créditos que se requieren.
Entiendo que hay algunos planteos en materia de transporte, que recién escuchábamos. Este gobierno ha hecho una inversión mucho más fuerte en materia de transporte urbano de pasajeros con respecto a lo que fue la inversión del gobierno anterior.
También comparto la preocupación manifestada sobre alguna redacción en particular, que se puede plantear; pero, como concepto general, nuestro gobierno va al Congreso con una ampliación presupuestaria, explica el punto de partida, la ejecución y los conceptos a futuro.
Así que nosotros, señor presidente, tenemos que dar a nuestro gobierno las herramientas que necesita porque está cumpliendo con las cuestiones esenciales que hacen a la vida de todos los argentinos. En consecuencia, propongo que firmemos el dictamen tal como está redactado y, si tenemos que hacer algún retoque, lo hagamos el viernes en el recinto.
Fue excelente la exposición de Raúl Rigo, secretario de Hacienda, con quien compartí trabajo cuando ambos éramos más jóvenes, veinticinco años atrás, en el ámbito del Ministerio de Economía de la Nación. Creo que es un recurso humano valioso para la Argentina y para nuestro gobierno en particular.
Muchas gracias, señor presidente. Pido, entonces, la aprobación del despacho tal como lo ha mandado el Poder Ejecutivo en esta instancia. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Tiene la palabra la señora diputada Susana Landriscini.
Tiene la palabra la señora diputada Susana Landriscini.
SRA. LANDRISCINI Buenos días a todos los legisladores y legisladoras de la comisión.
No voy a agregar demasiados conceptos al excelente aporte de mis compañeros de bancada Fernanda Vallejos, Casaretto y del propio presidente al inicio de la reunión.
Quiero resaltar que comparto que esta ampliación presupuestaria prácticamente es un nuevo presupuesto en el sentido de la filosofía que lo inspira, que es priorizar la vida y las familias argentinas por sobre otros usos de los recursos fiscales, como el pago de intereses o la especulación como modelo social.
Quiero destacar que estos seis meses tan dificultosos transcurridos por el gobierno nacional, con el estado de la economía y la población que quedaron de los cuatro años de política económica y financiera previa -el endeudamiento-, nos llevan a felicitarlo. Frente a las gravísimas dificultades impuestas por la pandemia, tanto desde la formulación de programas como desde su ejecución, con todas las dificultades que implicó la parálisis de gran parte de las dependencias públicas y de los espacios privados en marzo y en abril fundamentalmente, pudo llegar a los hogares argentinos de todo el territorio. Resalto esto porque es el resultado de un Estado presente.
A diferencia de lo que dijo el diputado Pastori sobre que este gobierno vino a cobrar un impuesto a los ricos y ahora se lo va a cobrar a los pobres con el IVA de la leche, quiero decir que este gobierno vino a construir universalidad y equidad al mismo tiempo a través de políticas transversales.
Eso es lo que está claramente visible en las políticas que hasta ahora se fueron llevando adelante con la herramienta de la ley de solidaridad, que sancionó el Congreso en diciembre. Esta ampliación presupuestaria sigue esa línea de trabajo, esa filosofía y esas prioridades: la salud y la vida de los argentinos, la economía de las empresas argentinas y el ahorro de los argentinos. Digo esto porque estas políticas son federales, tanto las de salud como las de la recuperación económica. Ese esfuerzo está visible en la tarea de los distintos ministros que encabezan los programas sanitarios, sociales y productivos.
Quiero decirlo en nombre de la política agropecuaria, al reconocer lo que ha sido el traspié en los agentes económicos de la fruticultura de años previos y que nuestro gobierno ha resuelto favorablemente la asistencia en la emergencia de productores de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza en relación con la producción de peras y manzanas; una demanda largamente esperada para poder hacer frente a los endeudamientos tributarios y de la seguridad social.
De la misma manera, y a pesar de toda la dedicación a lo sanitario y social, nuestro gobierno con el Estado presente también ha intervenido en la cuestión hidrocarburífera trabajando para encontrar soluciones de la mano del barril criollo, de los créditos a bajas tasas de interés y de todos los esfuerzos que se están haciendo diariamente entre el gobierno nacional y los provinciales que enfrentan la caída del precio del crudo y del gas a nivel internacional y los aumentos de los stocks de petróleo que han significado una parálisis en las actividades de perforación y de producción de las cuencas hidrocarburíferas. Esto solo lo hace un Estado presente y no el puro mercado presente como institución. Y el Estado presente trabaja en el marco del federalismo y de la integración del territorio nacional, con políticas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. De eso podemos dar fe en la Patagonia.
Por lo tanto, señor presidente, compañeros legisladores y legisladoras, acompaño plenamente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional respecto a la ampliación presupuestaria para continuar con estas políticas en el segundo semestre de 2020. El objetivo es facilitar una resolución en esta incertidumbre del mundo y del país.
Asimismo, felicito al señor secretario de Hacienda, Raúl Rigo, por su excelente presentación del día de ayer y toda la colaboración que el señor presidente de esta comisión, Daniel Heller, ha tenido en esta comisión para escuchar las distintas posiciones y para guiar el conjunto de los debates.
No voy a agregar demasiados conceptos al excelente aporte de mis compañeros de bancada Fernanda Vallejos, Casaretto y del propio presidente al inicio de la reunión.
Quiero resaltar que comparto que esta ampliación presupuestaria prácticamente es un nuevo presupuesto en el sentido de la filosofía que lo inspira, que es priorizar la vida y las familias argentinas por sobre otros usos de los recursos fiscales, como el pago de intereses o la especulación como modelo social.
Quiero destacar que estos seis meses tan dificultosos transcurridos por el gobierno nacional, con el estado de la economía y la población que quedaron de los cuatro años de política económica y financiera previa -el endeudamiento-, nos llevan a felicitarlo. Frente a las gravísimas dificultades impuestas por la pandemia, tanto desde la formulación de programas como desde su ejecución, con todas las dificultades que implicó la parálisis de gran parte de las dependencias públicas y de los espacios privados en marzo y en abril fundamentalmente, pudo llegar a los hogares argentinos de todo el territorio. Resalto esto porque es el resultado de un Estado presente.
A diferencia de lo que dijo el diputado Pastori sobre que este gobierno vino a cobrar un impuesto a los ricos y ahora se lo va a cobrar a los pobres con el IVA de la leche, quiero decir que este gobierno vino a construir universalidad y equidad al mismo tiempo a través de políticas transversales.
Eso es lo que está claramente visible en las políticas que hasta ahora se fueron llevando adelante con la herramienta de la ley de solidaridad, que sancionó el Congreso en diciembre. Esta ampliación presupuestaria sigue esa línea de trabajo, esa filosofía y esas prioridades: la salud y la vida de los argentinos, la economía de las empresas argentinas y el ahorro de los argentinos. Digo esto porque estas políticas son federales, tanto las de salud como las de la recuperación económica. Ese esfuerzo está visible en la tarea de los distintos ministros que encabezan los programas sanitarios, sociales y productivos.
Quiero decirlo en nombre de la política agropecuaria, al reconocer lo que ha sido el traspié en los agentes económicos de la fruticultura de años previos y que nuestro gobierno ha resuelto favorablemente la asistencia en la emergencia de productores de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Mendoza en relación con la producción de peras y manzanas; una demanda largamente esperada para poder hacer frente a los endeudamientos tributarios y de la seguridad social.
De la misma manera, y a pesar de toda la dedicación a lo sanitario y social, nuestro gobierno con el Estado presente también ha intervenido en la cuestión hidrocarburífera trabajando para encontrar soluciones de la mano del barril criollo, de los créditos a bajas tasas de interés y de todos los esfuerzos que se están haciendo diariamente entre el gobierno nacional y los provinciales que enfrentan la caída del precio del crudo y del gas a nivel internacional y los aumentos de los stocks de petróleo que han significado una parálisis en las actividades de perforación y de producción de las cuencas hidrocarburíferas. Esto solo lo hace un Estado presente y no el puro mercado presente como institución. Y el Estado presente trabaja en el marco del federalismo y de la integración del territorio nacional, con políticas desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. De eso podemos dar fe en la Patagonia.
Por lo tanto, señor presidente, compañeros legisladores y legisladoras, acompaño plenamente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional respecto a la ampliación presupuestaria para continuar con estas políticas en el segundo semestre de 2020. El objetivo es facilitar una resolución en esta incertidumbre del mundo y del país.
Asimismo, felicito al señor secretario de Hacienda, Raúl Rigo, por su excelente presentación del día de ayer y toda la colaboración que el señor presidente de esta comisión, Daniel Heller, ha tenido en esta comisión para escuchar las distintas posiciones y para guiar el conjunto de los debates.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Señor presidente: en primer lugar, reiterar que valoramos la iniciativa de estar discutiendo hoy esta ampliación del presupuesto.
Voy a reiterar alguno de los conceptos que no fueron debatidos en el día de ayer cuando hizo su presentación el señor secretario de Hacienda. Obviamente, el espíritu era hacerle preguntas y que el funcionario las respondiera. Pero la verdad es que las preguntas que se hicieron no fueron satisfactorias y eso nos sigue preocupando -y mucho- a quienes integramos el interbloque de Juntos por el Cambio. En particular, como dije antes, en lo que se refiere a los artículos 7° y 8° de esta iniciativa
Con respecto al artículo 7° se ha enfatizado mucho porque incluye una dolarización o la posibilidad de dolarizar bonos en pesos en moneda extranjera por un tope de 1.700 millones de dólares. Considero que, al menos, tiene una limitación cuantitativa, cosa que no ocurre en el artículo 8°.
Ayer, en el marco de su exposición, el señor secretario de Hacienda inventó un nuevo término -que no recuerdo cuál era- y que no se encuentra en ningún pasaje de la ley de Administración Financiera. Se refería a que no era administración de pasivos o canje. Los canjes tienen una definición: tomar un bono y suscribir otro. Además, tiene que cumplir con el artículo 65 de la ley de administración financiera. En este caso se los exceptúa. Pero en el caso de los dólares, se los exceptúa por un monto determinado. Y ahí surge la pregunta que tenemos respecto al artículo 7°.
Se expresa que se le quiere dar salida a inversores poco colaboradores. Entonces, quisiera saber cómo va a hacer el Ministerio de Economía para discriminar entre un inversor poco colaborador -que puede llamarse llama Pimco o Templeton- y uno que se llame "Juan Pérez". Es una gran pregunta que tenemos porque nos preocupa que exista esa discrecionalidad y que no quede claro la forma en la cual se van a asignar ese cupo de 1.700 millones de dólares. Estoy seguro de que debe haber muchos inversores -además de estos dos fondos de inversión y otros tantos poco colaborativos- que también tienen derecho a suscribir.
Esa es una pregunta que ha quedado sin respuesta y que este artículo, si bien no la comprende, le deja mucha discrecionalidad.
Pero me preocupa más el artículo 8°. Si bien no implica una dolarización o canje de deuda de pesos por dólares, deja sin plazo y sin monto la posibilidad de no atenerse a lo que dice el artículo 65. Además, deja sin ningún otro parámetro que no esté a tiro de la reglamentación del Ministerio de Economía. O sea, el Congreso, que según la Constitución Nacional es el encargado de reglar en los términos de deuda, le delega al Poder Ejecutivo la facultad de canjear deuda en la forma que quiera sin ningún tipo de restricción ni condición ni control. Me parece que se trata de un antecedente nefasto y malo que implica, en la práctica, nuevos superpoderes para administrar la deuda sin ningún tipo de control. Nosotros exigimos que esto se revise y podamos mejorarlo. Por ejemplo, tendría que haber alguna redacción de consenso que contemple las condiciones del mercado. Este punto lo propusimos en el año 2019. La idea era cambiar, aggiornar y modernizar el artículo 65 e incluir allí lo relativo a las condiciones de mercado, lo cual le quita al funcionario de turno la discrecionalidad de canjear en cualquier condición y forma.
Creo importante recordar que el artículo 37 le otorga superpoderes al Jefe de Gabinete. La votación de esta ley demuestra que eso no es necesario; estamos votando en tiempo récord esta ampliación del presupuesto con una gran voluntad de todo el Congreso. Evidentemente, los superpoderes que se ha autodelegado a través de un DNU el Jefe de Gabinete no corresponde. De modo tal que pedimos volver al artículo 37 originario porque lo podemos hacer en esta misma ley.
Me quiero referir a un punto que lo mencionaron los diputados Romero y Cano que me parece muy importante pero no lo veo reflejado en esta iniciativa. Se trata de la idea de plantear un federalismo en serio y sin discrecionalidad. Les voy a dar un dato a todos los legisladores del resto de las provincias. En lo que va del año, la provincia de Buenos Aires recibió transferencias discrecionales que se multiplicaron por diez -digo bien- respecto de lo que había recibido en igual período el año pasado. Sin embargo, el resto de las provincias, en general, han duplicado las transferencias. Fíjense la diferencia abismal en el tratamiento político entre el interior del país y la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 100 mil millones de pesos de transferencia discrecional que percibió la provincia de Buenos Aires por parte de su gobernador Axel Kicillof cuando el resto de las provincias recibieron muchísimo menos. Algunos dicen que esta falta de federalismo político y esta discrecionalidad tiene que ver con apoyar el proyecto político que tiene su base territorial en la provincia de Buenos aires. Ninguna transferencia se compara siquiera con provincias del propio oficialismo. Ninguna provincia del oficialismo recibió transferencias que se hayan multiplicado por diez el año pasado. La que más recibió lo hizo con un porcentaje del 2,5 o alguna otra con un 3 por ciento; el resto, mucho menos.
Fíjense lo que pasa con los subsidios al transporte. No sé si ustedes ven los diarios, pero acá en el AMBA no hay paro de transportes. No vemos que esto sea un problema o conflicto. Sin embargo, en la ciudad de Rosario -donde pertenezco- hay un paro de transportes que representa el conflicto sindical más largo de su historia. Lo mismo pasa en Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Cuando empiezo a mirar, muchas de las ciudades que están en conflicto, están manejadas por gobiernos con signo opositor.
Voy a dar algunos datos de por qué, en línea con lo que explicó el señor diputado Cano, estamos solicitando incorporar algunos puntos. Aquí insto a todos los diputados del interior del país para que apoyen este pedido porque es justo. Voy a explicar por qué hacemos esta solicitud.
El decreto 14 del año 2020 estableció un fondo adicional de subsidio al transporte. En el primer cuatrimestre del año se repartieron, en materia de subsidios al transporte, la cifra de 39.600 millones de pesos. ¿Cuánto recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano? La cifra de 33.600 millones de pesos. Es decir, se llevó el 85 por ciento de los subsidios al transporte. El interior del país recibió 6.000 millones, es decir, el 15 por ciento. Me refiero a todo el interior del país. ¿Cuánto recibió Rosario? El monto es de 422 millones. Si comparan el AMBA será cinco veces más que Rosario, es decir, diez millones contra un millón y medio o algo así.
No sé cuánto tiene el AMBA ahora, pero bueno: 422 millones. Si comparo los datos...
Voy a reiterar alguno de los conceptos que no fueron debatidos en el día de ayer cuando hizo su presentación el señor secretario de Hacienda. Obviamente, el espíritu era hacerle preguntas y que el funcionario las respondiera. Pero la verdad es que las preguntas que se hicieron no fueron satisfactorias y eso nos sigue preocupando -y mucho- a quienes integramos el interbloque de Juntos por el Cambio. En particular, como dije antes, en lo que se refiere a los artículos 7° y 8° de esta iniciativa
Con respecto al artículo 7° se ha enfatizado mucho porque incluye una dolarización o la posibilidad de dolarizar bonos en pesos en moneda extranjera por un tope de 1.700 millones de dólares. Considero que, al menos, tiene una limitación cuantitativa, cosa que no ocurre en el artículo 8°.
Ayer, en el marco de su exposición, el señor secretario de Hacienda inventó un nuevo término -que no recuerdo cuál era- y que no se encuentra en ningún pasaje de la ley de Administración Financiera. Se refería a que no era administración de pasivos o canje. Los canjes tienen una definición: tomar un bono y suscribir otro. Además, tiene que cumplir con el artículo 65 de la ley de administración financiera. En este caso se los exceptúa. Pero en el caso de los dólares, se los exceptúa por un monto determinado. Y ahí surge la pregunta que tenemos respecto al artículo 7°.
Se expresa que se le quiere dar salida a inversores poco colaboradores. Entonces, quisiera saber cómo va a hacer el Ministerio de Economía para discriminar entre un inversor poco colaborador -que puede llamarse llama Pimco o Templeton- y uno que se llame "Juan Pérez". Es una gran pregunta que tenemos porque nos preocupa que exista esa discrecionalidad y que no quede claro la forma en la cual se van a asignar ese cupo de 1.700 millones de dólares. Estoy seguro de que debe haber muchos inversores -además de estos dos fondos de inversión y otros tantos poco colaborativos- que también tienen derecho a suscribir.
Esa es una pregunta que ha quedado sin respuesta y que este artículo, si bien no la comprende, le deja mucha discrecionalidad.
Pero me preocupa más el artículo 8°. Si bien no implica una dolarización o canje de deuda de pesos por dólares, deja sin plazo y sin monto la posibilidad de no atenerse a lo que dice el artículo 65. Además, deja sin ningún otro parámetro que no esté a tiro de la reglamentación del Ministerio de Economía. O sea, el Congreso, que según la Constitución Nacional es el encargado de reglar en los términos de deuda, le delega al Poder Ejecutivo la facultad de canjear deuda en la forma que quiera sin ningún tipo de restricción ni condición ni control. Me parece que se trata de un antecedente nefasto y malo que implica, en la práctica, nuevos superpoderes para administrar la deuda sin ningún tipo de control. Nosotros exigimos que esto se revise y podamos mejorarlo. Por ejemplo, tendría que haber alguna redacción de consenso que contemple las condiciones del mercado. Este punto lo propusimos en el año 2019. La idea era cambiar, aggiornar y modernizar el artículo 65 e incluir allí lo relativo a las condiciones de mercado, lo cual le quita al funcionario de turno la discrecionalidad de canjear en cualquier condición y forma.
Creo importante recordar que el artículo 37 le otorga superpoderes al Jefe de Gabinete. La votación de esta ley demuestra que eso no es necesario; estamos votando en tiempo récord esta ampliación del presupuesto con una gran voluntad de todo el Congreso. Evidentemente, los superpoderes que se ha autodelegado a través de un DNU el Jefe de Gabinete no corresponde. De modo tal que pedimos volver al artículo 37 originario porque lo podemos hacer en esta misma ley.
Me quiero referir a un punto que lo mencionaron los diputados Romero y Cano que me parece muy importante pero no lo veo reflejado en esta iniciativa. Se trata de la idea de plantear un federalismo en serio y sin discrecionalidad. Les voy a dar un dato a todos los legisladores del resto de las provincias. En lo que va del año, la provincia de Buenos Aires recibió transferencias discrecionales que se multiplicaron por diez -digo bien- respecto de lo que había recibido en igual período el año pasado. Sin embargo, el resto de las provincias, en general, han duplicado las transferencias. Fíjense la diferencia abismal en el tratamiento político entre el interior del país y la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 100 mil millones de pesos de transferencia discrecional que percibió la provincia de Buenos Aires por parte de su gobernador Axel Kicillof cuando el resto de las provincias recibieron muchísimo menos. Algunos dicen que esta falta de federalismo político y esta discrecionalidad tiene que ver con apoyar el proyecto político que tiene su base territorial en la provincia de Buenos aires. Ninguna transferencia se compara siquiera con provincias del propio oficialismo. Ninguna provincia del oficialismo recibió transferencias que se hayan multiplicado por diez el año pasado. La que más recibió lo hizo con un porcentaje del 2,5 o alguna otra con un 3 por ciento; el resto, mucho menos.
Fíjense lo que pasa con los subsidios al transporte. No sé si ustedes ven los diarios, pero acá en el AMBA no hay paro de transportes. No vemos que esto sea un problema o conflicto. Sin embargo, en la ciudad de Rosario -donde pertenezco- hay un paro de transportes que representa el conflicto sindical más largo de su historia. Lo mismo pasa en Córdoba, Tucumán y Santa Fe. Cuando empiezo a mirar, muchas de las ciudades que están en conflicto, están manejadas por gobiernos con signo opositor.
Voy a dar algunos datos de por qué, en línea con lo que explicó el señor diputado Cano, estamos solicitando incorporar algunos puntos. Aquí insto a todos los diputados del interior del país para que apoyen este pedido porque es justo. Voy a explicar por qué hacemos esta solicitud.
El decreto 14 del año 2020 estableció un fondo adicional de subsidio al transporte. En el primer cuatrimestre del año se repartieron, en materia de subsidios al transporte, la cifra de 39.600 millones de pesos. ¿Cuánto recibió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano? La cifra de 33.600 millones de pesos. Es decir, se llevó el 85 por ciento de los subsidios al transporte. El interior del país recibió 6.000 millones, es decir, el 15 por ciento. Me refiero a todo el interior del país. ¿Cuánto recibió Rosario? El monto es de 422 millones. Si comparan el AMBA será cinco veces más que Rosario, es decir, diez millones contra un millón y medio o algo así.
No sé cuánto tiene el AMBA ahora, pero bueno: 422 millones. Si comparo los datos...
SR. PRESIDENTE HELLER El AMBA tiene 18 millones; así le sale mejor la cuenta, señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Perfecto, gracias, 18 millones tiene el AMBA...
SR. SUÁREZ LASTRA ¡Son 15 millones, incluyendo a la ciudad, señor presidente! ¡Le agregó 4 millones más!
SR. LASPINA Me parecía, señor presidente, estaba más cerca yo que usted; no importa.
SR. PRESIDENTE HELLER No sé dónde termina el AMBA suyo; después, si quiere, lo discutimos.
SR. DIPUTADO (NO IDENTIFICADO) Es importante, señor diputado Laspina, que sea más preciso, porque esa imprecisión la llevaron durante cuatro años de gobierno, y así terminamos.
SR. LASPINA ¿Qué imprecisión? Estoy dando los números con detalle. No importa la cantidad. Es el AMBA...
SR. CANO Luciano, si me permite. Quiero decir un solo dato: 7.600 millones mensuales para el AMBA y 1.500 millones mensuales para el resto del país.
SR. LASPINA Exactamente. Eso en el cuatrimestre...
SR. PRESIDENTE HELLER Señores diputados, no se pidan la palabra entre ustedes, porque me van a desordenar la reunión. Discúlpeme, señor diputado Cano, pero sigo dando la palabra yo. Adelante, señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Sí, para ser bien preciso -porque un diputado me chicaneó diciendo que soy impreciso, pero estoy dando los números casi con decimales- voy a puntualizar que en el primer cuatrimestre se distribuyeron 39.600 millones de pesos. El 85 por ciento, es decir, 33.600 millones de pesos fueron para el AMBA y el 15 por ciento restante, 6.000 millones de pesos se destinaron al interior del país. La ciudad de Rosario recibió 422 millones de pesos, que algunos dicen que es la segunda ciudad del país, pero los cordobeses dicen que es la tercera, no importa, no vamos a pelear por eso tampoco.
Por otro lado, se gastaron 513.000 pesos por unidad en el AMBA y 132.000 pesos en Rosario, o sea que Rosario recibe apenas el 26 por ciento por unidad del subsidio que se recibe en el AMBA. Evidentemente, el federalismo acá no existe o, por lo menos, no se está cumpliendo.
Me referiré a la línea que planteó el señor diputado Cano en cuanto a establecer -los legisladores del interior podemos hacerlo si nos unimos- un Fondo de Transporte, como ya había regido en otros presupuestos, impulsado también por muchos de los que están acá.
El señor diputado Cano recién planteó que en el primer trimestre se distribuyeron 1.500 millones de pesos por mes en el interior, con lo cual estimo que este fondo debería al menos duplicar esas transferencias al interior. ¿Por qué? Porque con esos 1.500 millones de pesos hoy tenemos todo el transporte del interior del país colapsado y lo que es peor aún es que están de paro en ciudades muy importantes, como Rosario y otras, y tienen mucha dificultad.
Por estos datos que acabo de dar, que son muy precisos, es que estamos pidiendo que se incorpore en este presupuesto una compensación al Fondo del Transporte.
Quiero hacer una reflexión final respecto de lo que estamos votando y del presupuesto.
Considero que el presupuesto no es un programa económico, sino que es una autorización a gastar y una estimación de recursos. Creo que al gobierno y al presupuesto les falta un marco macroeconómico en el cual cerrar los números y cuadrarlos en un marco de equilibrio más general.
La Argentina, tal como se dijo a lo largo de esta reunión, está atravesada por una trilogía que compone una tormenta perfecta. Sin orden de importancia mencionaría, en primer lugar, a la pandemia -la cuarentena, como dicen algunos, pero no importa-, que ha afectado de manera durísima en este año.
En segundo lugar, menciono a la crisis macroeconómica que ciertamente la Argentina ha atravesado, en particular, a partir de 2018 cuando empezaron las turbulencias con el tema de la deuda y se cerraron los mercados. Podemos discutir si esto tiene que ver con la estrategia del gobierno o se vincula con la mala reputación de la Argentina, que en cuanto estornudó el mundo acá nos agarramos la gripe y en aquel momento no había coronavirus.
En tercer lugar, existe una depresión estructural en la cual está la Argentina desde hace diez años, que es lo que más me preocupa cuando escucho hablar al gobierno, porque lo veo perdido respecto al diagnóstico. Es decir, no reconocer que la Argentina hace diez años que no crece, que no crea empleo y que muestra indicadores decrecientes de inversión en términos del producto, que aun en los buenos años del gobierno de Mauricio Macri no se pudo revertir la caída de la tasa de inversión que tuvo una recuperación suave pero nunca recuperó los niveles previos a 2010.
Entonces, si no entendemos todo esto, creo que tenemos un problema serio hacia adelante. Como decía recién, creo que estamos aprobando un programa de gastos y no un programa económico. Nosotros queremos que el gobierno tenga las herramientas para gobernar y que pueda llevar adelante su política económica, pero advertimos que, administrar esta trilogía que acabo de mencionar sin diagnosticarla bien y sin un programa económico sobre la mesa, nos puede llevar a un escenario muy complicado.
Considero que se necesita, primero, que el gobierno resuelva internamente sus dilemas y que fije un rumbo claro. Es decir, si quiere tener un gobierno en el cual el Estado da todo, se quede con las empresas y sea el motor de la economía e incluso de las exportaciones -exportaremos empleos públicos; no sé qué exportaremos-, o si quiere que la empresa privada, la inversión, la innovación y el sector privado sean los líderes del proceso de crecimiento.
Asimismo, si quiere eliminar todos los sesgos que tiene la economía argentina. En este sentido, tiene un sesgo antiempleo fenomenal, un sesgo antiexportación -porque acá se castiga al que exporta y no estoy hablando del campo sino de todos los sectores-, y hay un sesgo antiempleo, porque se castiga al que crea empleo. La reforma tributaria de 2017 empezó a tratar de corregir esto y quedó en el camino. Además, existe un sesgo anti inversión, en aquel momento se puso un incentivo a la reinversión de utilidades, al estilo que Roberto Lavagna proponía para las pymes y se hizo para toda la economía. Obviamente, no alcanzó, pero tenemos que salir de eso.
Este es un diagnóstico. Por eso, primero, el gobierno se tiene que convencer del rumbo hacia dónde va. Hoy no lo vemos, y es grave que este presupuesto que tiene 3 billones de déficit fiscal proyectado para el año -que es una enormidad de plata- no tenga un marco de salida, un marco de ordenamiento ni un balizamiento hacia delante respecto de hacia dónde va la economía. Entonces, primero, el gobierno tiene que hacer esto, y segundo, una vez que el gobierno se ponga de acuerdo con sus ideas tiene que plantear un gran acuerdo nacional.
Con esto termino porque no quiero abusar de los temas del presupuesto. Creo que la magnitud de estos tres problemas que acabo de mencionar, de esta trilogía que componen la tormenta perfecta de la Argentina, ameritan sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo en numerosas reformas, sin pelearnos, para tratar de dar una solución a los argentinos. Por supuesto, partiendo de una base de diagnóstico común que creo que es la que nos debemos después de estos diez años de estanflación ininterrumpida que estamos sufriendo los argentinos. Gracias, señor presidente.
Por otro lado, se gastaron 513.000 pesos por unidad en el AMBA y 132.000 pesos en Rosario, o sea que Rosario recibe apenas el 26 por ciento por unidad del subsidio que se recibe en el AMBA. Evidentemente, el federalismo acá no existe o, por lo menos, no se está cumpliendo.
Me referiré a la línea que planteó el señor diputado Cano en cuanto a establecer -los legisladores del interior podemos hacerlo si nos unimos- un Fondo de Transporte, como ya había regido en otros presupuestos, impulsado también por muchos de los que están acá.
El señor diputado Cano recién planteó que en el primer trimestre se distribuyeron 1.500 millones de pesos por mes en el interior, con lo cual estimo que este fondo debería al menos duplicar esas transferencias al interior. ¿Por qué? Porque con esos 1.500 millones de pesos hoy tenemos todo el transporte del interior del país colapsado y lo que es peor aún es que están de paro en ciudades muy importantes, como Rosario y otras, y tienen mucha dificultad.
Por estos datos que acabo de dar, que son muy precisos, es que estamos pidiendo que se incorpore en este presupuesto una compensación al Fondo del Transporte.
Quiero hacer una reflexión final respecto de lo que estamos votando y del presupuesto.
Considero que el presupuesto no es un programa económico, sino que es una autorización a gastar y una estimación de recursos. Creo que al gobierno y al presupuesto les falta un marco macroeconómico en el cual cerrar los números y cuadrarlos en un marco de equilibrio más general.
La Argentina, tal como se dijo a lo largo de esta reunión, está atravesada por una trilogía que compone una tormenta perfecta. Sin orden de importancia mencionaría, en primer lugar, a la pandemia -la cuarentena, como dicen algunos, pero no importa-, que ha afectado de manera durísima en este año.
En segundo lugar, menciono a la crisis macroeconómica que ciertamente la Argentina ha atravesado, en particular, a partir de 2018 cuando empezaron las turbulencias con el tema de la deuda y se cerraron los mercados. Podemos discutir si esto tiene que ver con la estrategia del gobierno o se vincula con la mala reputación de la Argentina, que en cuanto estornudó el mundo acá nos agarramos la gripe y en aquel momento no había coronavirus.
En tercer lugar, existe una depresión estructural en la cual está la Argentina desde hace diez años, que es lo que más me preocupa cuando escucho hablar al gobierno, porque lo veo perdido respecto al diagnóstico. Es decir, no reconocer que la Argentina hace diez años que no crece, que no crea empleo y que muestra indicadores decrecientes de inversión en términos del producto, que aun en los buenos años del gobierno de Mauricio Macri no se pudo revertir la caída de la tasa de inversión que tuvo una recuperación suave pero nunca recuperó los niveles previos a 2010.
Entonces, si no entendemos todo esto, creo que tenemos un problema serio hacia adelante. Como decía recién, creo que estamos aprobando un programa de gastos y no un programa económico. Nosotros queremos que el gobierno tenga las herramientas para gobernar y que pueda llevar adelante su política económica, pero advertimos que, administrar esta trilogía que acabo de mencionar sin diagnosticarla bien y sin un programa económico sobre la mesa, nos puede llevar a un escenario muy complicado.
Considero que se necesita, primero, que el gobierno resuelva internamente sus dilemas y que fije un rumbo claro. Es decir, si quiere tener un gobierno en el cual el Estado da todo, se quede con las empresas y sea el motor de la economía e incluso de las exportaciones -exportaremos empleos públicos; no sé qué exportaremos-, o si quiere que la empresa privada, la inversión, la innovación y el sector privado sean los líderes del proceso de crecimiento.
Asimismo, si quiere eliminar todos los sesgos que tiene la economía argentina. En este sentido, tiene un sesgo antiempleo fenomenal, un sesgo antiexportación -porque acá se castiga al que exporta y no estoy hablando del campo sino de todos los sectores-, y hay un sesgo antiempleo, porque se castiga al que crea empleo. La reforma tributaria de 2017 empezó a tratar de corregir esto y quedó en el camino. Además, existe un sesgo anti inversión, en aquel momento se puso un incentivo a la reinversión de utilidades, al estilo que Roberto Lavagna proponía para las pymes y se hizo para toda la economía. Obviamente, no alcanzó, pero tenemos que salir de eso.
Este es un diagnóstico. Por eso, primero, el gobierno se tiene que convencer del rumbo hacia dónde va. Hoy no lo vemos, y es grave que este presupuesto que tiene 3 billones de déficit fiscal proyectado para el año -que es una enormidad de plata- no tenga un marco de salida, un marco de ordenamiento ni un balizamiento hacia delante respecto de hacia dónde va la economía. Entonces, primero, el gobierno tiene que hacer esto, y segundo, una vez que el gobierno se ponga de acuerdo con sus ideas tiene que plantear un gran acuerdo nacional.
Con esto termino porque no quiero abusar de los temas del presupuesto. Creo que la magnitud de estos tres problemas que acabo de mencionar, de esta trilogía que componen la tormenta perfecta de la Argentina, ameritan sentarnos en una mesa y ponernos de acuerdo en numerosas reformas, sin pelearnos, para tratar de dar una solución a los argentinos. Por supuesto, partiendo de una base de diagnóstico común que creo que es la que nos debemos después de estos diez años de estanflación ininterrumpida que estamos sufriendo los argentinos. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
Tiene la palabra la señora diputada Corpacci.
SRA. CORPACCI Señor presidente: le agradezco mucho. La verdad es que no puedo quedarme callada. Yo quería acortar esta reunión, pero después de escuchar al señor diputado Laspina, quiero decirle que acá estamos presentes tres ex gobernadores que cumplimos con esa función en la época del presidente Macri, a quien él defiende. Quiero decirle que, en esos cuatro años, las provincias hemos sufrido más que nunca el olvido del gobierno central.
Cuando el señor diputado Laspina se horroriza por cuánto más se le da hoy a la provincia de Buenos Aires, quiero decirle que en el gobierno del presidente Macri a las provincias nos quitaron el Fondo del Conurbano para dárselo a Buenos Aires, y que la provincia de Buenos Aires recibió más fondos que ninguna otra provincia. Además, las obras públicas estaban destinadas básicamente a Buenos Aires y que el Plan Belgrano no existió en una obra para el norte de nuestro país.
Señor diputado Laspina: le recuerdo que estamos aquí tres ex gobernadores y sabemos claramente cuál fue el federalismo de esa gestión. Usted habló del subsidio del transporte y a las provincias nos quitaron todos los subsidios. En mi provincia, el gobierno provincial tuvo que salir a subsidiar a las empresas de transporte, porque el gobierno nacional nos quitó todos los subsidios. La energía subió un 1.800 por ciento por decisión del gobierno central y el gas subió más del 3.000 por ciento por decisión del gobierno central.
Entonces, señor diputado, defendamos el presupuesto, nos planteemos donde nos tenemos que plantear, pero, por favor, hay exgobernadores y nosotros seguimos defendiendo nuestras provincias, pero no digan lo que no es. No digan lo que no es. La provincia de Buenos Aires hoy necesita el apoyo del gobierno central porque hay gente que se está muriendo, porque por culpa de algunos irresponsables que salen a decir que no importa pasa lo que está pasando. Entonces, hablemos en serio del presupuesto.
Cuando el señor diputado Laspina se horroriza por cuánto más se le da hoy a la provincia de Buenos Aires, quiero decirle que en el gobierno del presidente Macri a las provincias nos quitaron el Fondo del Conurbano para dárselo a Buenos Aires, y que la provincia de Buenos Aires recibió más fondos que ninguna otra provincia. Además, las obras públicas estaban destinadas básicamente a Buenos Aires y que el Plan Belgrano no existió en una obra para el norte de nuestro país.
Señor diputado Laspina: le recuerdo que estamos aquí tres ex gobernadores y sabemos claramente cuál fue el federalismo de esa gestión. Usted habló del subsidio del transporte y a las provincias nos quitaron todos los subsidios. En mi provincia, el gobierno provincial tuvo que salir a subsidiar a las empresas de transporte, porque el gobierno nacional nos quitó todos los subsidios. La energía subió un 1.800 por ciento por decisión del gobierno central y el gas subió más del 3.000 por ciento por decisión del gobierno central.
Entonces, señor diputado, defendamos el presupuesto, nos planteemos donde nos tenemos que plantear, pero, por favor, hay exgobernadores y nosotros seguimos defendiendo nuestras provincias, pero no digan lo que no es. No digan lo que no es. La provincia de Buenos Aires hoy necesita el apoyo del gobierno central porque hay gente que se está muriendo, porque por culpa de algunos irresponsables que salen a decir que no importa pasa lo que está pasando. Entonces, hablemos en serio del presupuesto.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Víctor Hugo Romero.
SR. ROMERO (V.H.) Señor presidente: mando un saludo especial a todos y a todas, diputados colegas y diputadas que conforman la comisión.
La verdad es que yo no soy de contestar y de generar debate. Yo creo que hay cosas que tenemos que revisar de la gestión anterior, pero también es bueno, sobre todo quienes fueron gobernadores, recordar que el cambio de los subsidios al transporte fue producto de un consenso fiscal firmado entre todos los gobernadores, como también es el tema de la recuperación de la coparticipación de mayores recursos, más allá del tema particular.
Pero este es un tema que quería dejar aclarado. Me parece que es un debate que nos tendríamos que dar algún día...
La verdad es que yo no soy de contestar y de generar debate. Yo creo que hay cosas que tenemos que revisar de la gestión anterior, pero también es bueno, sobre todo quienes fueron gobernadores, recordar que el cambio de los subsidios al transporte fue producto de un consenso fiscal firmado entre todos los gobernadores, como también es el tema de la recuperación de la coparticipación de mayores recursos, más allá del tema particular.
Pero este es un tema que quería dejar aclarado. Me parece que es un debate que nos tendríamos que dar algún día...
Se interrumpe el audio.
SR. ROMERO (V.H.) Señor presidente: no voy a volver a plantear las inquietudes que planteaba ayer. Básicamente, entiendo la situación que estamos viviendo, en especial en la Argentina, y la necesidad de orientar el gasto público en un Estado presente a los sectores que más necesitan y fundamentalmente trabajar en función de la pandemia y ver de qué manera generamos herramientas en el presupuesto nacional para reactivar la economía, y en eso estamos todos de acuerdo.
Simplemente, me hubiera gustado que agreguemos en este proyecto de presupuesto la decisión y la política monetaria del gobierno nacional, porque la verdad es que con esta emisión que tenemos -y todos compartimos esto- y comparto con usted (inaudible) lo que dijo en sus apreciaciones iniciales cuando lo planteó que la emisión debe tener un límite.
También es bueno que tengamos el debate y la oportunidad de charlar en relación con qué medidas antiinflacionarias vamos a tomar ante esta emisión que es necesaria pero, en definitiva, necesitamos de una política monetaria para generar certeza en la economía, que también es fundamental para la situación.
Pero en particular, apelando a la vocación que el presidente ha demostrado en estas sesiones y que viene desde que está en la comisión -yo soy nuevo en esto, pero quiero destacarlo-, creo que sería bueno que se contemple un expediente que está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el 1610-d-2020. Trata de programas de financiamiento de emergencia para los municipios.
Sería bueno que se analice la incorporación en este presupuesto de este programa de emergencia, que está orientado a cubrir los recursos municipales provenientes de la coparticipación que seguramente van a faltar en función de la disminución de los recursos.
En esta ampliación del presupuesto el artículo 11 trata de incorporar al programa de emergencia de financiamiento provincial 50 mil millones de pesos, que están orientados justamente a cubrir el déficit que van a generar las provincias producto de la falta de recaudación. Tal vez, cuando vemos las proyecciones de recursos tributarios, y atendiéndose la pandemia, estamos generando presupuestariamente un ingreso que en la realidad no se va a corroborar.
El programa de emergencia provincial incluye la incorporación de dos conceptos, uno es el concepto de ATN, que muchas provincias argentinas lo han coparticipado con los municipios, pero incluye otros conceptos como es la distribución de crédito a través del fondo de desarrollo provincial. En este caso, no son coparticipados con los municipios en la mayoría de las provincias.
Acá me gustaría hacer una reflexión, sobre todo para todos los que somos del interior y que venimos de la política. El municipalismo es uno de los actores importantes del Estado y no tiene herramientas para financiarse, no tiene herramientas de crédito público. No las hay en la Argentina, y menos las va a haber en los municipios. No tienen la posibilidad de la emisión monetaria, como tiene el gobierno nacional para hacerlo, y es verdad que depende mucho de la coparticipación que viene de la provincia. Por eso me parece, sobre todo, también que el municipalismo argentino es el que está haciendo también frente a esta pandemia, que genera mucho más gasto y en muchos de los municipios la atención primaria de la salud es fundamental.
En este programa de emergencia municipal que estábamos proponiendo está incluida la posibilidad de distribuir 30 mil millones de pesos entre todos los municipios del país con un criterio federal, con los índices de coparticipación que tienen las provincias y que le asignan a cada municipio. De esta forma, nos permitiría cubrir el déficit que hasta hoy los municipios no están cubriendo dada la menor coparticipación que reciben.
Por lo tanto, señor presidente, le pediría que, si es factible, se analice esta inclusión en el presupuesto. Son 30 mil millones de pesos. Entiendo que hoy los recursos no alcanzan, pero sobre una modificación del presupuesto de 1,8 billones, 30 mil millones de pesos distribuidos de manera federal en los municipios por supuesto aliviaría la carga y llevaría alivio a los vecinos.
Por último, también quiero expresar mi preocupación y pedir la posibilidad de hacer un análisis a través del Ministerio de Transporte sobre el subsidio al transporte del interior del país.
Estos desequilibrios que se han planteado no son nuevos. Esta situación de la distribución de los subsidios del transporte viene a debate desde hace varios años. Fundamentalmente, el transporte del interior, más aun en la pandemia, ha disminuido el índice de pasajeros por kilómetro -que es lo que determina el precio- y al no haber tanto transporte público, al no hacer un uso masivo, los costos suben.
Ha habido, es cierto -y esto hay que decirlo- una decisión del gobierno nacional por la cual en el primer cuatrimestre se incrementaron los subsidios nacionales para el interior. Se triplicaron -esto es cierto y esto hay que decirlo-, pero por supuesto vemos con preocupación que para lo que resta del año no se está incorporando una nueva partida para el subsidio. Eso implica un mayor precio en el boleto en caso de salir de la pandemia. y esto va a en contra del congelamiento de tarifas del gobierno nacional.
Básicamente, estos son los puntos, pero el programa de emergencia municipal sería bueno incorporarlo en este presupuesto porque es una buena señal para todos los municipios y, fundamentalmente, a los argentinos porque cada argentino depende de un gobierno local.
Simplemente, me hubiera gustado que agreguemos en este proyecto de presupuesto la decisión y la política monetaria del gobierno nacional, porque la verdad es que con esta emisión que tenemos -y todos compartimos esto- y comparto con usted (inaudible) lo que dijo en sus apreciaciones iniciales cuando lo planteó que la emisión debe tener un límite.
También es bueno que tengamos el debate y la oportunidad de charlar en relación con qué medidas antiinflacionarias vamos a tomar ante esta emisión que es necesaria pero, en definitiva, necesitamos de una política monetaria para generar certeza en la economía, que también es fundamental para la situación.
Pero en particular, apelando a la vocación que el presidente ha demostrado en estas sesiones y que viene desde que está en la comisión -yo soy nuevo en esto, pero quiero destacarlo-, creo que sería bueno que se contemple un expediente que está en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el 1610-d-2020. Trata de programas de financiamiento de emergencia para los municipios.
Sería bueno que se analice la incorporación en este presupuesto de este programa de emergencia, que está orientado a cubrir los recursos municipales provenientes de la coparticipación que seguramente van a faltar en función de la disminución de los recursos.
En esta ampliación del presupuesto el artículo 11 trata de incorporar al programa de emergencia de financiamiento provincial 50 mil millones de pesos, que están orientados justamente a cubrir el déficit que van a generar las provincias producto de la falta de recaudación. Tal vez, cuando vemos las proyecciones de recursos tributarios, y atendiéndose la pandemia, estamos generando presupuestariamente un ingreso que en la realidad no se va a corroborar.
El programa de emergencia provincial incluye la incorporación de dos conceptos, uno es el concepto de ATN, que muchas provincias argentinas lo han coparticipado con los municipios, pero incluye otros conceptos como es la distribución de crédito a través del fondo de desarrollo provincial. En este caso, no son coparticipados con los municipios en la mayoría de las provincias.
Acá me gustaría hacer una reflexión, sobre todo para todos los que somos del interior y que venimos de la política. El municipalismo es uno de los actores importantes del Estado y no tiene herramientas para financiarse, no tiene herramientas de crédito público. No las hay en la Argentina, y menos las va a haber en los municipios. No tienen la posibilidad de la emisión monetaria, como tiene el gobierno nacional para hacerlo, y es verdad que depende mucho de la coparticipación que viene de la provincia. Por eso me parece, sobre todo, también que el municipalismo argentino es el que está haciendo también frente a esta pandemia, que genera mucho más gasto y en muchos de los municipios la atención primaria de la salud es fundamental.
En este programa de emergencia municipal que estábamos proponiendo está incluida la posibilidad de distribuir 30 mil millones de pesos entre todos los municipios del país con un criterio federal, con los índices de coparticipación que tienen las provincias y que le asignan a cada municipio. De esta forma, nos permitiría cubrir el déficit que hasta hoy los municipios no están cubriendo dada la menor coparticipación que reciben.
Por lo tanto, señor presidente, le pediría que, si es factible, se analice esta inclusión en el presupuesto. Son 30 mil millones de pesos. Entiendo que hoy los recursos no alcanzan, pero sobre una modificación del presupuesto de 1,8 billones, 30 mil millones de pesos distribuidos de manera federal en los municipios por supuesto aliviaría la carga y llevaría alivio a los vecinos.
Por último, también quiero expresar mi preocupación y pedir la posibilidad de hacer un análisis a través del Ministerio de Transporte sobre el subsidio al transporte del interior del país.
Estos desequilibrios que se han planteado no son nuevos. Esta situación de la distribución de los subsidios del transporte viene a debate desde hace varios años. Fundamentalmente, el transporte del interior, más aun en la pandemia, ha disminuido el índice de pasajeros por kilómetro -que es lo que determina el precio- y al no haber tanto transporte público, al no hacer un uso masivo, los costos suben.
Ha habido, es cierto -y esto hay que decirlo- una decisión del gobierno nacional por la cual en el primer cuatrimestre se incrementaron los subsidios nacionales para el interior. Se triplicaron -esto es cierto y esto hay que decirlo-, pero por supuesto vemos con preocupación que para lo que resta del año no se está incorporando una nueva partida para el subsidio. Eso implica un mayor precio en el boleto en caso de salir de la pandemia. y esto va a en contra del congelamiento de tarifas del gobierno nacional.
Básicamente, estos son los puntos, pero el programa de emergencia municipal sería bueno incorporarlo en este presupuesto porque es una buena señal para todos los municipios y, fundamentalmente, a los argentinos porque cada argentino depende de un gobierno local.
SR. PRESIDENTE HELLER ¿Ese programa lo tiene usted en el proyecto, señor diputado?
SR. ROMERO Ese programa está ahora en la Comisión que usted preside. Tiene el número
1610-d-2020 y el título es "Programa para la emergencia financiera-municipal COVID".
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado José Martiarena.
SR. MARTIARENA Señor presidente: hablaré muy brevemente porque quiero colaborar con usted en el tema de cumplir con el tiempo.
Me parece que nos estamos debiendo un gran debate sobre el tema de la leche. Debemos analizar la producción, la industrialización y también la comercialización de la leche.
Estuve leyendo justamente ayer datos de un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina en el que relata que entre 2018 y 2019 se cerraron mil tambos en la Argentina por distintos motivos, por (inaudible), por el aumento de costos y por la devaluación también. Entonces, me parece que para hacer algo justo y que sirva, en algún momento tendríamos que debatir en profundidad y sacar conclusiones beneficiosas para el país y para cada uno de nosotros.
Simplemente pido que el presidente requiera, tanto al Ministerio de Economía como a los demás organismos nacionales, que se nos facilite el estudio -sé que lo tienen hecho- de todos los eslabones de la cadena de los productos que integran la canasta familiar, partiendo de la producción, pasando por las etapas intermedias y llegando al consumidor final. Esto no lo hizo el gobierno anterior y siempre fue una gran duda que hasta podríamos llamar un Triángulo de las Bermudas. Nadie sabe cómo se forman los precios ni cuánto gana el productor. Sin embargo, siempre estamos atentos, sabemos que los productores son los que menos ganan y que otros se quedan con el beneficio de quienes hacen todo el esfuerzo, el sacrificio, corren riesgos y a veces terminan quebrando.
Me parece que nos estamos debiendo un gran debate sobre el tema de la leche. Debemos analizar la producción, la industrialización y también la comercialización de la leche.
Estuve leyendo justamente ayer datos de un informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina en el que relata que entre 2018 y 2019 se cerraron mil tambos en la Argentina por distintos motivos, por (inaudible), por el aumento de costos y por la devaluación también. Entonces, me parece que para hacer algo justo y que sirva, en algún momento tendríamos que debatir en profundidad y sacar conclusiones beneficiosas para el país y para cada uno de nosotros.
Simplemente pido que el presidente requiera, tanto al Ministerio de Economía como a los demás organismos nacionales, que se nos facilite el estudio -sé que lo tienen hecho- de todos los eslabones de la cadena de los productos que integran la canasta familiar, partiendo de la producción, pasando por las etapas intermedias y llegando al consumidor final. Esto no lo hizo el gobierno anterior y siempre fue una gran duda que hasta podríamos llamar un Triángulo de las Bermudas. Nadie sabe cómo se forman los precios ni cuánto gana el productor. Sin embargo, siempre estamos atentos, sabemos que los productores son los que menos ganan y que otros se quedan con el beneficio de quienes hacen todo el esfuerzo, el sacrificio, corren riesgos y a veces terminan quebrando.
SR. PRESIDENTE HELLER Estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. En 2014 sancionamos varias leyes que permitían la intervención en las cadenas de valor para dilucidar esta cuestión y conocer las verdaderas dificultades. Por ejemplo, por qué los tamberos se quejan de que no les alcanza y los consumidores nos quejamos por el precio que pagamos. Está claro que en el medio debe haber asuntos a resolver. Lamentablemente, esa ley no tuvo apoyo, la aprobamos en soledad y fue motivo de amparos judiciales. Por ello, todavía no puede aplicarse. Si no, tendríamos una herramienta para hacer lo que usted dice.
Tiene la palabra la señora diputada Oliveto Lago.
Tiene la palabra la señora diputada Oliveto Lago.
SRA. OLIVETO LAGO Señor presidente: con todo respecto, creo que el momento que atraviesa el país obliga a cada uno de nosotros a no debatir con chicanas, sino basándonos en cuestiones legales y propositivas; y esa es mi intención.
Digo con toda humildad a quienes son oficialistas hoy y fueron oposición ayer, que no hay que escupir al cielo porque la situación del país en poco tiempo va a obligarnos a todos a pensar qué ponemos de nosotros para ayudar a los que menos tienen.
Con respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, entiendo que en los artículos 7° y 8° hay una alteración o una modificación a la Ley de Administración Financiera, situación ya enunciada por los diputados Sarghini, Laspina y otros.
En el mismo sentido, aunque el proyecto de ley de presupuesto para 2020 nunca fue presentado y estamos debatiendo la ampliación para el de 2019, en estos meses la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública notificó distintas modificaciones realizadas por decreto o por disposiciones administrativas que nos llevan a considerar que es importante analizar el contexto. Esto debido a que estamos hablando de un presupuesto que ya no existe, con un crédito vigente distinto.
Señor presidente: con toda humildad, si la Oficina de Presupuesto del Congreso, a cargo del doctor Makón y con los mejores técnicos en materia presupuestaria, no tuvo tiempo para hacer un análisis profundo del proyecto, ¿cómo podemos nosotros formarnos una opinión en tan escasos días?
No obstante, estamos a total disposición para seguir debatiendo los artículos que están proponiendo los compañeros de Juntos por el Cambio, porque es importante atender la situación que vive el interior, el transporte y las universidades.
Finalmente, recordemos que como se está gobernando con una ley de emergencia, el Poder Ejecutivo tiene absoluta discrecionalidad para distribuir partidas.
Celebro esta ampliación; pero sería una deshonestidad intelectual entender que solo lo hacen porque, al tratarse de modificaciones en materia tributaria, deben pasar por el Congreso de la Nación, como así también las relativas al crédito público.
Agradezco al señor presidente por su escucha y su predisposición. Debatiremos el tema el viernes en el recinto.
Digo con toda humildad a quienes son oficialistas hoy y fueron oposición ayer, que no hay que escupir al cielo porque la situación del país en poco tiempo va a obligarnos a todos a pensar qué ponemos de nosotros para ayudar a los que menos tienen.
Con respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, entiendo que en los artículos 7° y 8° hay una alteración o una modificación a la Ley de Administración Financiera, situación ya enunciada por los diputados Sarghini, Laspina y otros.
En el mismo sentido, aunque el proyecto de ley de presupuesto para 2020 nunca fue presentado y estamos debatiendo la ampliación para el de 2019, en estos meses la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública notificó distintas modificaciones realizadas por decreto o por disposiciones administrativas que nos llevan a considerar que es importante analizar el contexto. Esto debido a que estamos hablando de un presupuesto que ya no existe, con un crédito vigente distinto.
Señor presidente: con toda humildad, si la Oficina de Presupuesto del Congreso, a cargo del doctor Makón y con los mejores técnicos en materia presupuestaria, no tuvo tiempo para hacer un análisis profundo del proyecto, ¿cómo podemos nosotros formarnos una opinión en tan escasos días?
No obstante, estamos a total disposición para seguir debatiendo los artículos que están proponiendo los compañeros de Juntos por el Cambio, porque es importante atender la situación que vive el interior, el transporte y las universidades.
Finalmente, recordemos que como se está gobernando con una ley de emergencia, el Poder Ejecutivo tiene absoluta discrecionalidad para distribuir partidas.
Celebro esta ampliación; pero sería una deshonestidad intelectual entender que solo lo hacen porque, al tratarse de modificaciones en materia tributaria, deben pasar por el Congreso de la Nación, como así también las relativas al crédito público.
Agradezco al señor presidente por su escucha y su predisposición. Debatiremos el tema el viernes en el recinto.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el señor diputado Cleri.
SR. CLERI Señor presidente: creo que soy el último orador y seré breve para que posteriormente pasemos a la firma del dictamen, como lo dijo usted al comienzo.
SR. PRESIDENTE HELLER Hay dos oradores más después de usted.
SR. CLERI Considero importante manifestar algunas cosas sobre el análisis que se está haciendo del proyecto de ley de ampliación del presupuesto.
El Poder Ejecutivo nacional asumió el gobierno argentino el 10 de diciembre. A pesar de que el contexto se modificó con la pandemia, el gobierno siempre manifestó con claridad sus propuestas e ideas. El Poder Ejecutivo conoce las decisiones y las acciones políticas que presenta a la comunidad para poner a la Argentina nuevamente de pie.
La situación es distinta a otra anterior, cuando se aprobó un presupuesto y al día siguiente se cambiaron todas y cada una de las variables, quedando en potestad del jefe de Gabinete las distintas modificaciones en virtud de la aplicación de la Ley de Administración Financiera. En ese entonces no había ninguna pandemia ni emergencia, pero sí las propias desinteligencias y diferencias de un gobierno que muchas veces argumentaba en un sentido pero accionaba en otro completamente contrario.
Cabe aclarar que la ampliación presupuestaria contempla la ayuda a las provincias. Esta ampliación es muy importante porque este gobierno y cada uno de sus funcionarios -el ministro del Interior, el jefe de Gabinete, el secretario y el subsecretario de Municipios de la Nación- vienen dialogando con todos y cada uno de los responsables institucionales -intendentes, presidentes de comunas y gobernadores-, y con el resto de las áreas del gobierno. Todos ellos están al tanto de las dificultades que se viven, sobre todo en el interior del país, como se dice cuando se ve desde la ciudad de Buenos Aires; o desde la Argentina, cuando se ve desde la Argentina en su conjunto. Estos problemas tuvieron como respuesta la coordinación de las políticas públicas.
Respecto del sistema de transporte urbano, supongo que el fondo compensador del presupuesto para 2019 terminó agotándose. El sistema fue modificado y ampliado de una manera mucho más justa que la establecida durante el gobierno anterior que finalizó su gestión el 10 de diciembre de 2019. Entre ellas, se tomaron algunas decisiones administrativas para seguir colaborando con los municipios, las provincias y principalmente con los usuarios del transporte público, beneficiando al mismo tiempo a las empresas y a los trabajadores.
Asimismo, en esta ampliación presupuestaria se incorpora un ítem específico para que los recursos que vuelca el Estado nacional a las provincias puedan usarse para crear un fondo compensador -ya muchas provincias los tienen con los municipios- y así dar respuesta al sistema de transporte público. Ese trabajo ordenado, armónico y conjunto con los gobiernos nacional, provincial y municipal es la mejor manera de fiscalizar que los recursos lleguen a cada uno de los lugares. La idea es que, cuando los recursos estén a disposición, los usuarios, las empresas y los trabajadores puedan coordinar el uso adecuado para llevar adelante la puesta en funcionamiento del servicio. Esto ocurre porque es un gobierno que tiene empatía, proyectos, ideas y convicciones fuertes. Además, porque conoce las injusticias que hubo durante los cuatro años del gobierno nacional de Mauricio Macri. Por eso, día a día y a pesar de la pandemia, trabajamos en conjunto para revertir la situación.
Por otro lado, informo a un diputado nacional que a lo mejor no tiene diálogo fluido con los intendentes de la provincia de Santa Fe -a pesar de que argumenta en ese sentido-, que desde hoy la ciudad de Rosario está haciendo todos los esfuerzos posibles, junto con la provincia, para levantar el paro.
Así, podrán llevar adelante la firma de un convenio con la previsibilidad que está teniendo este Congreso de la Nación en la ampliación presupuestaria, en diálogo constante entre municipios, provincias y Nación para que no tengamos más este tipo de conflictos y hasta diciembre de este año podamos contar con un servicio de transporte urbano de pasajeros en pleno funcionamiento. Todo esto es gestión, diálogo y consenso; son las respuestas que se tienen que dar, porque las ideas están claras y no ocurre que se dice una cosa pero se hace otra completamente distinta.
Asimismo, las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno nacional son claramente universales. Adhiero a todas y cada una palabras que han expresado los diputados del Frente de Todos, con las que han descripto con claridad la inversión del gobierno nacional en cada una de las acciones que estuvo llevando adelante para afrontar este difícil momento que tenemos los argentinos y argentinas por la pandemia.
Además, el 1° de marzo el presidente de la Nación dio las líneas de acción del gobierno, en coincidencia con lo que se propuso en el proceso electoral, porque respetamos cabalmente nuestro contrato electoral. Lo que se dice, se hace, porque con claridad somos peronistas y no andamos con chicanas diciendo una cosa y después haciendo otra completamente diferente.
En ese diálogo, en ese consenso y en el trabajo constante reconocemos las dificultades del momento pero trabajamos con empatía y buscamos soluciones, porque siempre mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Esa es parte de nuestra filosofía que se ve manifestada en esta ampliación presupuestaria que, a su vez, es una continuidad del decreto de necesidad y urgencia que trataron y aprobaron el Senado de la Nación y la comisión bicameral.
A través de ese decreto -también de ampliación presupuestaria-, se le dio al gobierno nacional las herramientas necesarias para seguir poniendo la Argentina de pie y para preparar la posibilidad de cuidar la vida de la gente, acompañando a nuestros sectores productivos. De esta manera, el día que pase la pandemia, además de haber tenido la posibilidad de cuidar la vida de nuestros seres queridos, lograremos una rápida recuperación económica y construiremos una comunidad con un horizonte cercano mucho más claro, donde se pueda vivir muchísimo mejor de lo que estuvimos durante los cuatro años anteriores del gobierno nacional, cuando había hambre y no se podía comprar la leche. Por eso, al asumir este gobierno y desde el primer día tuvimos que implementar distintos programas alimentarios y la tarjeta Alimentar, que se distribuyó en todos y cada uno de los lugares donde era necesario a través de las instituciones.
Este gobierno nacional muchas veces se ha tenido que reconstruir porque anteriormente estaba ausente o estaba encorsetado por las decisiones que habían tomado los funcionarios, como lo hicieron en el PAMI o en la ANSES, en donde los recursos de la población estaban destinados a algunos acuerdos que no beneficiaban a los argentinos.
En este sentido, felicito al presidente de la comisión porque en el día de ayer y hoy ha tenido una clara dirección, buscando el consenso y trabajando con el Poder Ejecutivo Nacional.
La ampliación presupuestaria y la moratoria son las respuestas con las que el Congreso de la Nación -en este caso la Cámara de Diputados es Cámara de origen- empezará a dar más previsibilidad para salir adelante en este momento tan complejo que vive la Argentina.
También en el día de mañana seguramente el jefe de Gabinete de Ministros responderá a cada una de las preguntas que los legisladores le han acercado. A su vez, otras inquietudes que se presentan aquí tendrán la respuesta necesaria para llevar claridad, estar informados y así difundir los datos de manera objetiva y adecuada a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina.
Muchísimas gracias, señor presidente. Quería aclarar esto porque es un ítem muy importante del trabajo constante que está haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, la Secretaría de Municipios y la jefatura de Gabinete de Ministros con los gobiernos provinciales. Existe un contacto permanente con cada intendente de todos los signos políticos para dar una solución a las dificultades que tienen en el primer contacto sus concejales, sus intendentes y principalmente sus ciudadanos, que son los que no pueden contar con el servicio de transporte público. Muchas gracias.
El Poder Ejecutivo nacional asumió el gobierno argentino el 10 de diciembre. A pesar de que el contexto se modificó con la pandemia, el gobierno siempre manifestó con claridad sus propuestas e ideas. El Poder Ejecutivo conoce las decisiones y las acciones políticas que presenta a la comunidad para poner a la Argentina nuevamente de pie.
La situación es distinta a otra anterior, cuando se aprobó un presupuesto y al día siguiente se cambiaron todas y cada una de las variables, quedando en potestad del jefe de Gabinete las distintas modificaciones en virtud de la aplicación de la Ley de Administración Financiera. En ese entonces no había ninguna pandemia ni emergencia, pero sí las propias desinteligencias y diferencias de un gobierno que muchas veces argumentaba en un sentido pero accionaba en otro completamente contrario.
Cabe aclarar que la ampliación presupuestaria contempla la ayuda a las provincias. Esta ampliación es muy importante porque este gobierno y cada uno de sus funcionarios -el ministro del Interior, el jefe de Gabinete, el secretario y el subsecretario de Municipios de la Nación- vienen dialogando con todos y cada uno de los responsables institucionales -intendentes, presidentes de comunas y gobernadores-, y con el resto de las áreas del gobierno. Todos ellos están al tanto de las dificultades que se viven, sobre todo en el interior del país, como se dice cuando se ve desde la ciudad de Buenos Aires; o desde la Argentina, cuando se ve desde la Argentina en su conjunto. Estos problemas tuvieron como respuesta la coordinación de las políticas públicas.
Respecto del sistema de transporte urbano, supongo que el fondo compensador del presupuesto para 2019 terminó agotándose. El sistema fue modificado y ampliado de una manera mucho más justa que la establecida durante el gobierno anterior que finalizó su gestión el 10 de diciembre de 2019. Entre ellas, se tomaron algunas decisiones administrativas para seguir colaborando con los municipios, las provincias y principalmente con los usuarios del transporte público, beneficiando al mismo tiempo a las empresas y a los trabajadores.
Asimismo, en esta ampliación presupuestaria se incorpora un ítem específico para que los recursos que vuelca el Estado nacional a las provincias puedan usarse para crear un fondo compensador -ya muchas provincias los tienen con los municipios- y así dar respuesta al sistema de transporte público. Ese trabajo ordenado, armónico y conjunto con los gobiernos nacional, provincial y municipal es la mejor manera de fiscalizar que los recursos lleguen a cada uno de los lugares. La idea es que, cuando los recursos estén a disposición, los usuarios, las empresas y los trabajadores puedan coordinar el uso adecuado para llevar adelante la puesta en funcionamiento del servicio. Esto ocurre porque es un gobierno que tiene empatía, proyectos, ideas y convicciones fuertes. Además, porque conoce las injusticias que hubo durante los cuatro años del gobierno nacional de Mauricio Macri. Por eso, día a día y a pesar de la pandemia, trabajamos en conjunto para revertir la situación.
Por otro lado, informo a un diputado nacional que a lo mejor no tiene diálogo fluido con los intendentes de la provincia de Santa Fe -a pesar de que argumenta en ese sentido-, que desde hoy la ciudad de Rosario está haciendo todos los esfuerzos posibles, junto con la provincia, para levantar el paro.
Así, podrán llevar adelante la firma de un convenio con la previsibilidad que está teniendo este Congreso de la Nación en la ampliación presupuestaria, en diálogo constante entre municipios, provincias y Nación para que no tengamos más este tipo de conflictos y hasta diciembre de este año podamos contar con un servicio de transporte urbano de pasajeros en pleno funcionamiento. Todo esto es gestión, diálogo y consenso; son las respuestas que se tienen que dar, porque las ideas están claras y no ocurre que se dice una cosa pero se hace otra completamente distinta.
Asimismo, las políticas públicas que está llevando adelante el gobierno nacional son claramente universales. Adhiero a todas y cada una palabras que han expresado los diputados del Frente de Todos, con las que han descripto con claridad la inversión del gobierno nacional en cada una de las acciones que estuvo llevando adelante para afrontar este difícil momento que tenemos los argentinos y argentinas por la pandemia.
Además, el 1° de marzo el presidente de la Nación dio las líneas de acción del gobierno, en coincidencia con lo que se propuso en el proceso electoral, porque respetamos cabalmente nuestro contrato electoral. Lo que se dice, se hace, porque con claridad somos peronistas y no andamos con chicanas diciendo una cosa y después haciendo otra completamente diferente.
En ese diálogo, en ese consenso y en el trabajo constante reconocemos las dificultades del momento pero trabajamos con empatía y buscamos soluciones, porque siempre mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Esa es parte de nuestra filosofía que se ve manifestada en esta ampliación presupuestaria que, a su vez, es una continuidad del decreto de necesidad y urgencia que trataron y aprobaron el Senado de la Nación y la comisión bicameral.
A través de ese decreto -también de ampliación presupuestaria-, se le dio al gobierno nacional las herramientas necesarias para seguir poniendo la Argentina de pie y para preparar la posibilidad de cuidar la vida de la gente, acompañando a nuestros sectores productivos. De esta manera, el día que pase la pandemia, además de haber tenido la posibilidad de cuidar la vida de nuestros seres queridos, lograremos una rápida recuperación económica y construiremos una comunidad con un horizonte cercano mucho más claro, donde se pueda vivir muchísimo mejor de lo que estuvimos durante los cuatro años anteriores del gobierno nacional, cuando había hambre y no se podía comprar la leche. Por eso, al asumir este gobierno y desde el primer día tuvimos que implementar distintos programas alimentarios y la tarjeta Alimentar, que se distribuyó en todos y cada uno de los lugares donde era necesario a través de las instituciones.
Este gobierno nacional muchas veces se ha tenido que reconstruir porque anteriormente estaba ausente o estaba encorsetado por las decisiones que habían tomado los funcionarios, como lo hicieron en el PAMI o en la ANSES, en donde los recursos de la población estaban destinados a algunos acuerdos que no beneficiaban a los argentinos.
En este sentido, felicito al presidente de la comisión porque en el día de ayer y hoy ha tenido una clara dirección, buscando el consenso y trabajando con el Poder Ejecutivo Nacional.
La ampliación presupuestaria y la moratoria son las respuestas con las que el Congreso de la Nación -en este caso la Cámara de Diputados es Cámara de origen- empezará a dar más previsibilidad para salir adelante en este momento tan complejo que vive la Argentina.
También en el día de mañana seguramente el jefe de Gabinete de Ministros responderá a cada una de las preguntas que los legisladores le han acercado. A su vez, otras inquietudes que se presentan aquí tendrán la respuesta necesaria para llevar claridad, estar informados y así difundir los datos de manera objetiva y adecuada a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina.
Muchísimas gracias, señor presidente. Quería aclarar esto porque es un ítem muy importante del trabajo constante que está haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, la Secretaría de Municipios y la jefatura de Gabinete de Ministros con los gobiernos provinciales. Existe un contacto permanente con cada intendente de todos los signos políticos para dar una solución a las dificultades que tienen en el primer contacto sus concejales, sus intendentes y principalmente sus ciudadanos, que son los que no pueden contar con el servicio de transporte público. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Cassinerio.
Tiene la palabra el diputado Cassinerio.
SR. CASSINERIO Señor presidente: en el proyecto de ampliación del presupuesto figura un incremento de la partida para el Ministerio de Transporte de 25.280 millones, que van a ser aplicados al régimen de compensaciones tarifarias del Sistema Integrado de Transporte Automotor, CISCAU.
Cabe aclarar que estos subsidios van destinados al sistema automotor del AMBA. Durante la intervención de ayer, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, nos comunicó que las necesidades de financiamiento del servicio de transporte de las provincias deben ser contempladas por pedidos de financiamiento de los gobernadores a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Es importante aclarar que el fondo fiduciario es un préstamo que el gobierno nacional otorga a las provincias. Entonces, podemos decir que para cubrir el déficit de transporte del AMBA hay subsidios y para el transporte del interior hay préstamos. Esto marca sin lugar a dudas una desigualdad notoria entre los habitantes del AMBA y los del interior.
Este sistema tampoco tiene una mirada federal, con lo cual me animo a hacer una propuesta en función de corregir la situación de desigualdad que tenemos. En mi provincia, por ejemplo, y en mi ciudad específicamente -Córdoba-, acabamos de salir de un paro del transporte urbano de veintidós días. Todos conocen que en muchas ciudades importantes del interior del país en este momento también están de paro.
Para encontrar una solución aunque sea provisoria al problema del transporte, solicitamos incorporar al proyecto de ampliación presupuestaria una partida de 13.000 millones de pesos adicionales para ser ejecutados con el mismo criterio que fueron ejecutados los 6.500 millones de pesos que se gastaron en el primer trimestre del año. Con esta incorporación se podría continuar con el mismo sistema de subsidios en el interior de las provincias hasta el mes de diciembre.
Además, considero oportuno solicitar que se incorpore una partida de 4.000 millones de pesos al sistema de subsidio de transportes del interior para compensar los déficits de las empresas de transporte. Estas firmas están obligadas a mantener la misma frecuencia durante la pandemia pero, como se debe respetar un distanciamiento social, los colectivos no llevan la misma cantidad de personas o usuarios y deben entonces aportar mayor cantidad de vehículos, lo cual incrementa los costos.
Para ir cerrando la intervención, mi idea principal es que considero justo y oportuno incluir en este proyecto de ampliación del presupuesto nacional una partida de 17.000 millones de pesos para cubrir los subsidios al transporte en el interior de nuestra provincia y del resto de las provincias argentinas y que no haya esta diferencia tan importante que marca que en el interior se otorgarán préstamos mientras que en el AMBA se otorgarán subsidios del gobierno nacional.
Sin más, señor presidente, agradezco la oportunidad para hacer esta intervención.
Cabe aclarar que estos subsidios van destinados al sistema automotor del AMBA. Durante la intervención de ayer, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, nos comunicó que las necesidades de financiamiento del servicio de transporte de las provincias deben ser contempladas por pedidos de financiamiento de los gobernadores a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
Es importante aclarar que el fondo fiduciario es un préstamo que el gobierno nacional otorga a las provincias. Entonces, podemos decir que para cubrir el déficit de transporte del AMBA hay subsidios y para el transporte del interior hay préstamos. Esto marca sin lugar a dudas una desigualdad notoria entre los habitantes del AMBA y los del interior.
Este sistema tampoco tiene una mirada federal, con lo cual me animo a hacer una propuesta en función de corregir la situación de desigualdad que tenemos. En mi provincia, por ejemplo, y en mi ciudad específicamente -Córdoba-, acabamos de salir de un paro del transporte urbano de veintidós días. Todos conocen que en muchas ciudades importantes del interior del país en este momento también están de paro.
Para encontrar una solución aunque sea provisoria al problema del transporte, solicitamos incorporar al proyecto de ampliación presupuestaria una partida de 13.000 millones de pesos adicionales para ser ejecutados con el mismo criterio que fueron ejecutados los 6.500 millones de pesos que se gastaron en el primer trimestre del año. Con esta incorporación se podría continuar con el mismo sistema de subsidios en el interior de las provincias hasta el mes de diciembre.
Además, considero oportuno solicitar que se incorpore una partida de 4.000 millones de pesos al sistema de subsidio de transportes del interior para compensar los déficits de las empresas de transporte. Estas firmas están obligadas a mantener la misma frecuencia durante la pandemia pero, como se debe respetar un distanciamiento social, los colectivos no llevan la misma cantidad de personas o usuarios y deben entonces aportar mayor cantidad de vehículos, lo cual incrementa los costos.
Para ir cerrando la intervención, mi idea principal es que considero justo y oportuno incluir en este proyecto de ampliación del presupuesto nacional una partida de 17.000 millones de pesos para cubrir los subsidios al transporte en el interior de nuestra provincia y del resto de las provincias argentinas y que no haya esta diferencia tan importante que marca que en el interior se otorgarán préstamos mientras que en el AMBA se otorgarán subsidios del gobierno nacional.
Sin más, señor presidente, agradezco la oportunidad para hacer esta intervención.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Ponce.
Tiene la palabra el diputado Ponce.
SR. PONCE Señor presidente: en primer lugar, quiero sumarme a lo que planteaba el compañero diputado Cassinerio sobre el pedido de ampliación de subsidios para resolver el problema del transporte que estamos sufriendo absolutamente todos. Realmente, me parece que es un tema muy preocupante que tenemos todos los argentinos.
En segundo lugar, tratando de ser muy breve, quiero plantear un tema de vieja data que tiene que ver con dos juicios que tiene la provincia de San Luis. Se trata de una deuda que tiene la Nación y que lamentablemente con el gobierno anterior no tuvimos posibilidades de hablarlo ni de resolverlo, por lo que esto terminó en un juicio que ya tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Son dos juicios por más o menos 25.000 millones de pesos. Para la provincia de San Luis es una suma importante y además es algo que le corresponde porque tiene sentencia firme.
Por eso me gustaría saber si se puede facultar al jefe de Gabinete de Ministros a los fines de modificar los presupuestos para dar cumplimiento al pago de esta condena judicial. Son dos juicios que se refieren a la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables para financiar a la ANSES y del 1,9 por ciento para la AFIP. El texto sería muy simple y, si existe la posibilidad de ser incluido, le enviaré el texto para que quede incorporado en el dictamen.
Señor presidente: muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que está realizando.
En segundo lugar, tratando de ser muy breve, quiero plantear un tema de vieja data que tiene que ver con dos juicios que tiene la provincia de San Luis. Se trata de una deuda que tiene la Nación y que lamentablemente con el gobierno anterior no tuvimos posibilidades de hablarlo ni de resolverlo, por lo que esto terminó en un juicio que ya tiene sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia. Son dos juicios por más o menos 25.000 millones de pesos. Para la provincia de San Luis es una suma importante y además es algo que le corresponde porque tiene sentencia firme.
Por eso me gustaría saber si se puede facultar al jefe de Gabinete de Ministros a los fines de modificar los presupuestos para dar cumplimiento al pago de esta condena judicial. Son dos juicios que se refieren a la detracción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables para financiar a la ANSES y del 1,9 por ciento para la AFIP. El texto sería muy simple y, si existe la posibilidad de ser incluido, le enviaré el texto para que quede incorporado en el dictamen.
Señor presidente: muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que está realizando.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, diputado.
Está cerrada la lista de oradores; deberíamos pasar a la firma de los dictámenes.
Propongo que el plazo para la firma de los dictámenes sea hasta mañana a las 15 horas con una sola finalidad: se ha volcado una cantidad de iniciativas pero sobre tablas no se puede decidir cuáles incorporar y cuáles no. Como dije antes, seguramente todas estas iniciativas son justas desde el punto de vista individual, pero hay que ver si son posibles teniendo en cuenta la situación global.
Más allá de las diferencias que no podamos saldar, tengo la aspiración de que mañana podamos al menos lograr un dictamen único respecto al tratamiento en general, en el que se concilien la mayor cantidad de cuestiones. Aquellas que no hayamos podido resolver, se definirán durante el tratamiento en particular en el recinto.
Espero me acompañen con esta idea. No sé si corresponde legalmente, pero simplemente propongo que pospongamos la firma del dictamen de mayoría hasta mañana a las 15.
Ariel, creo que el reglamento permite proceder de esta forma y no se estaría violando ninguna norma. De esta manera, se busca el mayor consenso posible teniendo en cuenta que este tema recién se tratará el día viernes en el recinto.
Está cerrada la lista de oradores; deberíamos pasar a la firma de los dictámenes.
Propongo que el plazo para la firma de los dictámenes sea hasta mañana a las 15 horas con una sola finalidad: se ha volcado una cantidad de iniciativas pero sobre tablas no se puede decidir cuáles incorporar y cuáles no. Como dije antes, seguramente todas estas iniciativas son justas desde el punto de vista individual, pero hay que ver si son posibles teniendo en cuenta la situación global.
Más allá de las diferencias que no podamos saldar, tengo la aspiración de que mañana podamos al menos lograr un dictamen único respecto al tratamiento en general, en el que se concilien la mayor cantidad de cuestiones. Aquellas que no hayamos podido resolver, se definirán durante el tratamiento en particular en el recinto.
Espero me acompañen con esta idea. No sé si corresponde legalmente, pero simplemente propongo que pospongamos la firma del dictamen de mayoría hasta mañana a las 15.
Ariel, creo que el reglamento permite proceder de esta forma y no se estaría violando ninguna norma. De esta manera, se busca el mayor consenso posible teniendo en cuenta que este tema recién se tratará el día viernes en el recinto.
SR. CANO Señor presidente: entonces, ¿usted propone que hoy termine el plenario de la comisión, que no nos volvamos a reunir pero que quede habilitada la firma del dictamen hasta mañana a las 15?
SR. PRESIDENTE HELLER Sí, eso es lo que propongo.
SR. BURYAILE Señor presidente: ¿vamos a conocer con anterioridad...?
SR. PRESIDENTE HELLER ¿Y si no cómo les voy a pedir que firmen, diputado?
Obviamente, la idea es preparar un dictamen de mayoría tratando de ver cuáles cuestiones de las aquí planteadas pueden tener solución o acuerdo. Tal vez en la conversación puntual con algunos de los diputados se pueda encontrar algún punto de equilibrio que haga satisfactoria la situación.
Luego, haríamos circular el dictamen de la mayoría para que adhieran aquellos que quieran. Insisto, tal vez sería una buena señal política para el conjunto de la sociedad que pudiéramos emitir un único dictamen de mayoría respecto al tema general y a la necesidad de hacerle frente a esta situación de emergencia, más allá de las cuestiones que no se alcancen a resolver.
Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger.
Obviamente, la idea es preparar un dictamen de mayoría tratando de ver cuáles cuestiones de las aquí planteadas pueden tener solución o acuerdo. Tal vez en la conversación puntual con algunos de los diputados se pueda encontrar algún punto de equilibrio que haga satisfactoria la situación.
Luego, haríamos circular el dictamen de la mayoría para que adhieran aquellos que quieran. Insisto, tal vez sería una buena señal política para el conjunto de la sociedad que pudiéramos emitir un único dictamen de mayoría respecto al tema general y a la necesidad de hacerle frente a esta situación de emergencia, más allá de las cuestiones que no se alcancen a resolver.
Tiene la palabra el señor diputado Rauschenberger.
SR. RAUSCHENBERGER Señor presidente: atento a la mecánica que usted plantea, ¿cómo hacemos quienes no tenemos firma digital?
SR. PRESIDENTE HELLER Ese es un problema.
Tiene la palabra el doctor Ariel Seguí.
Tiene la palabra el doctor Ariel Seguí.
SR. SEGUÍ Señor presidente: mañana hay una sesión a la cual va a concurrir -si no me equivoco- el jefe de Gabinete de Ministros para responder preguntas.
Es por ello que en ese horario no tendríamos la posibilidad material de tener una reunión a los efectos de tomar el voto a viva voz, como bien dijo el diputado Rauschenberger.
En efecto, tendríamos las siguientes restricciones. En primer lugar, no podríamos reunirnos debido a la sesión y, en segundo término, nos quedarían pendientes todos aquellos votos -que a veces son unos cuántos-, sin discriminar por partido, de quienes no pueden acceder a la firma digital.
Le transmito este planteo por una cuestión de operatividad.
Es por ello que en ese horario no tendríamos la posibilidad material de tener una reunión a los efectos de tomar el voto a viva voz, como bien dijo el diputado Rauschenberger.
En efecto, tendríamos las siguientes restricciones. En primer lugar, no podríamos reunirnos debido a la sesión y, en segundo término, nos quedarían pendientes todos aquellos votos -que a veces son unos cuántos-, sin discriminar por partido, de quienes no pueden acceder a la firma digital.
Le transmito este planteo por una cuestión de operatividad.
SR. BURYAILE Señor presidente: quiero hacer una propuesta teniendo en cuenta la misma validez que tiene esta firma sin estar en comisión y la firma a viva voz.
Todos nosotros participamos en el chat oficial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo cual desde la comisión se puede dar validez a la conformidad que cada diputado preste allí. ¿Entiende lo que planteo, señor presidente?
Tiene validez la firma en reunión de comisión y conociendo el dictamen de mayoría. Si usted va a dar a conocer ese dictamen mañana pero no vamos a tener reunión de comisión -pese a que deberíamos dictaminar reunidos-, entonces propongo que cuando usted ponga en consideración el dictamen en el chat oficial, nosotros hagamos saber de la misma manera -como dijo el diputado Rauschenberger- nuestro apoyo o no al dictamen y que sea tomado como válido.
Todos nosotros participamos en el chat oficial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo cual desde la comisión se puede dar validez a la conformidad que cada diputado preste allí. ¿Entiende lo que planteo, señor presidente?
Tiene validez la firma en reunión de comisión y conociendo el dictamen de mayoría. Si usted va a dar a conocer ese dictamen mañana pero no vamos a tener reunión de comisión -pese a que deberíamos dictaminar reunidos-, entonces propongo que cuando usted ponga en consideración el dictamen en el chat oficial, nosotros hagamos saber de la misma manera -como dijo el diputado Rauschenberger- nuestro apoyo o no al dictamen y que sea tomado como válido.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra el diputado González.
SR. GONZÁLEZ (P.G.) Señor presidente: la sesión con el jefe de Gabinete de Ministros está citada para mañana a las 15 y 30.
Por lo tanto, propongo que ahora pasemos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 14, oportunidad en la cual aquellos que tienen firma digital podrán votar de ese modo, y el resto lo hará a viva voz.
Por lo tanto, propongo que ahora pasemos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 14, oportunidad en la cual aquellos que tienen firma digital podrán votar de ese modo, y el resto lo hará a viva voz.
SR. PRESIDENTE HELLER Me parece una buena idea.
Entonces, los convocamos para mañana a las 14. Trataremos de que antes haya circulado el dictamen de mayoría. En dicha oportunidad, quienes tienen firma digital podrán expresar su adhesión de ese modo y quienes no la tienen lo harán a viva voz cuando sean requeridos por el doctor Seguí.
Si les parece bien, procederemos de esa forma. Pasaremos a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 y 30 -me parece mejor ese horario ya que creo que el tiempo nos va a alcanzar-, por lo que no tendremos discusión acerca de si se encuentra o no reunido el quórum.
Entonces, los convocamos para mañana a las 14. Trataremos de que antes haya circulado el dictamen de mayoría. En dicha oportunidad, quienes tienen firma digital podrán expresar su adhesión de ese modo y quienes no la tienen lo harán a viva voz cuando sean requeridos por el doctor Seguí.
Si les parece bien, procederemos de esa forma. Pasaremos a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 y 30 -me parece mejor ese horario ya que creo que el tiempo nos va a alcanzar-, por lo que no tendremos discusión acerca de si se encuentra o no reunido el quórum.
SR. CASSINERIO Señor presidente: quiero agradecerle y destacar su predisposición y voluntad en la búsqueda de consenso. Ojalá podamos incorporar en ese dictamen el subsidio al transporte en el interior. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Señor diputado: por ahora solo prometo hacer gestiones en ese sentido, no me condicione. (Risas.)
Mi buena voluntad tiene límites, ya que formo parte del bloque de la mayoría y debo actuar en función de los consensos que construimos en ese espacio, en concordancia con los objetivos del Poder Ejecutivo. Por eso somos la bancada oficialista. No obstante, prestaremos atención a las distintas cuestiones que se han planteado.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo.
Mi buena voluntad tiene límites, ya que formo parte del bloque de la mayoría y debo actuar en función de los consensos que construimos en ese espacio, en concordancia con los objetivos del Poder Ejecutivo. Por eso somos la bancada oficialista. No obstante, prestaremos atención a las distintas cuestiones que se han planteado.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo.
SRA. POLLEDO Señor presidente: quiero agradecerle, como siempre, su gentileza y su espíritu de escucha; pero esto también nos enseña que no se puede hacer todo tan rápido. No podemos recibir el proyecto el día domingo y luego correr de esta manera. Quizás sería bueno tomar esto como un antecedente para no repetir. Mire cómo estamos a las corridas: hemos hecho varios cuartos intermedio y trataremos el tema en el recinto el viernes.
Simplemente quería decir esto. De todas maneras, muchas gracias por su disposición.
Simplemente quería decir esto. De todas maneras, muchas gracias por su disposición.
SR. PRESIDENTE HELLER Señora diputada: le prometo que cuando no haya coronavirus y no tengamos las emergencias ante las cuales hoy tenemos que actuar, vamos a tener más tiempo. No debemos olvidarnos del contexto porque, de lo contrario, estaremos en una dificultad.
Hago todos los esfuerzos y también tengo en cuenta las dificultades que estamos atravesando en el marco de lo que está sucediendo en el mundo entero. No se trata de una crisis nacional sino global que nos afecta por encima de una crisis nacional.
Hago todos los esfuerzos y también tengo en cuenta las dificultades que estamos atravesando en el marco de lo que está sucediendo en el mundo entero. No se trata de una crisis nacional sino global que nos afecta por encima de una crisis nacional.
SRA. POLLEDO Nunca más coronavirus y nunca más este apuro. Gracias.
SR. PRESIDENTE HELLER Por lo tanto, si están de acuerdo pasamos a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 y 30.
SR. CASAS Sí, señor presidente. Creo que es lo más acertado para que, de esa manera, podamos compatibilizar todos los temas que se han planteado. Creo que su predisposición ha logrado esto.
Ojalá que podamos llegar a un dictamen consensuado entre todos.
Ojalá que podamos llegar a un dictamen consensuado entre todos.
SR. PRESIDENTE HELLER Pasamos a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 y 30.
-Es la hora 14 y 25.