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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Reunión del día 30/11/2020
- LEY DE LOS MIL DÍAS
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2020, a la hora 10 y 20, se da comienzo a la reunión virtual de la Comisión de Acción Social y Salud Pública conjunta con Presupuesto y Hacienda, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia:
SR. PRESIDENTE YEDLIN Damos comienzo a la reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda.
Se trata de una reunión informativa acerca del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, iniciativa conocida como "Ley de los Mil Días".
Hoy tendremos el gusto de poder escuchar la opinión de los autores de este proyecto, representantes del Poder Ejecutivo, quienes están en línea desde la Casa Rosada.
En primer lugar, vamos a escuchar las exposiciones de los representantes del Poder Ejecutivo y luego habrá un espacio para que los diputados puedan formular preguntas a los distintos expositores.
Seguido a ello, habrá otra exposición de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Como la defensora no participa en representación del Poder Ejecutivo, vamos a separar su exposición del bloque anterior. De todas maneras, también podremos formular preguntas al término de su intervención.
Por último, habrá un cuarto intermedio seguido de una exposición de un invitado que tiene experiencia municipal con respecto a este proyecto.
Tiene la palabra la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Se trata de una reunión informativa acerca del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, iniciativa conocida como "Ley de los Mil Días".
Hoy tendremos el gusto de poder escuchar la opinión de los autores de este proyecto, representantes del Poder Ejecutivo, quienes están en línea desde la Casa Rosada.
En primer lugar, vamos a escuchar las exposiciones de los representantes del Poder Ejecutivo y luego habrá un espacio para que los diputados puedan formular preguntas a los distintos expositores.
Seguido a ello, habrá otra exposición de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes. Como la defensora no participa en representación del Poder Ejecutivo, vamos a separar su exposición del bloque anterior. De todas maneras, también podremos formular preguntas al término de su intervención.
Por último, habrá un cuarto intermedio seguido de una exposición de un invitado que tiene experiencia municipal con respecto a este proyecto.
Tiene la palabra la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
SRA. MINISTRA (GÓMEZ ALCORTA) Buenos días a todos y todas. Junto a Fernanda Raverta, José Lepere y Gabriel Lerner estamos participando desde la Casa Rosada. Desde la sede del Ministerio de Salud también nos acompaña Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez.
Intentaremos hacer una exposición lo más ordenada posible. A los fines informativos, mencionaré el orden en el que haremos uso de la palabra: quien habla, Fernanda Raverta, José Lepere, Gabriela Bauer y, por último, Gabriel Lerner. Ese será el orden de las exposiciones que preparamos desde el Poder Ejecutivo.
El martes 17 de noviembre pasado, el presidente de la Nación envió al Congreso -en particular a la Cámara de Diputados y diputadas-, dos proyectos de ley que dialogan entre sí, entendiéndolos en clave de políticas de salud pública y en un claro entendimiento de que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan.
De ese modo, el presidente cumplió con el compromiso que había anunciado el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando refirió que "la situación de las mujeres gestantes en la Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe
acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud".
En ese mismo discurso también agregó que "nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado: durante el embarazo,
nacimiento, puerperio y primeros años de crianza".
En ese sentido, este proyecto de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -denominado "Ley de los Mil Días"- es un proyecto estratégico porque establece como política de Estado, mediante una ley con enfoque de derechos, algo a lo que me referiré más adelante, la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y la primera infancia.
Esta política apunta a prevenir la mortalidad infantil, la malnutrición, la desnutrición, la violencia, como también a proteger los vínculos tempranos y a promover el neurodesarrollo. El proyecto pone en la centralidad de la agenda pública un tema estratégico y fundamental para la salud colectiva.
Toda mujer o persona gestante que cursa un embarazo tiene que contar con un Estado presente, que la acompañe durante el embarazo, el parto, el puerperio y también durante los primeros años de vida de sus hijos o hijas. El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola o desamparada en ese momento vital, que resulta clave en la vida de cualquier persona gestante. Pero de encontrarse una mujer en alguna situación de vulnerabilidad social, el objetivo es que no considere la interrupción del embarazo por un motivo de necesidad económica o social, ya que nadie debe verse obligado a hacer algo que no quiere hacer. Para ello, el Estado debe garantizar su presencia y el acompañamiento en este periodo tan fundamental y vital.
En ese sentido, la maternidad y el cuidado de los hijos y las hijas no son responsabilidades individuales ni cuestiones que deben resolver las mujeres o el ámbito privado exclusivamente. El cuidado integral de la salud, en especial la salud de las mujeres y personas gestantes y la niñez durante la primera infancia, es una responsabilidad social y pública. Por lo tanto, tiene que ser objeto de políticas de justicia social, que se constituyan como garante de derechos, pero también de igualdad de oportunidades para todos, independientemente de la situación socioeconómica que tenga cada una de las personas.
A lo largo de las exposiciones de los informantes del Poder Ejecutivo, veremos que se trata de un proyecto que reconoce y amplía derechos, que fija ciertas políticas de salud, que crea una institucionalidad a fin de coordinar su implementación, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado.
El proyecto también establece asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral y a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad, como también garantiza el acceso a la información.
Como dije, se trata de un proyecto de ley que establece una serie de políticas públicas con enfoque de derechos y esto resulta clave para nosotros. ¿Qué significa que tenga un enfoque de derechos? Nos referimos justamente a políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social, bajo una perspectiva o enfoque de derechos.
Por ello, por un lado, se tiene que orientar en el ámbito jurídico por el reconocimiento explícito a un marco normativo internacional de los derechos humanos. Por otro, en el ámbito operacional con criterios vinculados a universalidad, integralidad y progresividad, que favorezcan el fortalecimiento a la igualdad y la equidad, la no discriminación, pero también la participación.
De ese modo se generan avances en la realización progresiva de los derechos humanos, produciendo una distancia -que para nosotros es clave- de los enfoques tradicionales fundamentados en las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades, a diferencia de los derechos, no solo se satisfacen, no son universales, pueden priorizarse y además no conllevan obligaciones que son exigibles hacia el Estado de parte de la ciudadanía.
El marco normativo de este proyecto de ley está claramente estipulado en su artículo 2°, por lo que no vamos hacer mención a ello. Lo que sí vamos a decir es que claramente este proyecto se enmarca en el artículo 75, incisos 19, 22 y 23, de la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Particularmente, mencionaré los siguientes: la Convención de los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW; la Convención de Belém do Pará; y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Éste es el andamiaje jurídico internacional y constitucional en virtud de la protección que otorgan al derecho a la identidad, a la salud integral, a la alimentación saludable, a la vida digna y libre de violencia, a la seguridad social y al cuidado en los primeros años de la niñez.
Asimismo, este proyecto de ley se enmarca centralmente en dos normas que resultan clave y por eso las mencionaremos. Por un lado, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, por el otro, la Ley 26.845 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
El proyecto de ley en cuestión establece o amplía derechos en distintos capítulos. Sin embargo, todos los capítulos y todos los derechos se tienen que leer en una misma clave, que nos permita hacer una interpretación sistémica e integral de las leyes.
Para ello se enuncian una serie de principios rectores fundamentales: la atención integral de la salud de las mujeres y las personas gestantes; la articulación y la coordinación de los distintos organismos que debemos intervenir para generar una política pública eficaz; la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos; el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente la responsabilidad de cuidar la salud; el interés superior del niño, a la vez del principio de autonomía progresiva; la autonomía de las mujeres; la identidad de género; el acceso a la información y a las capacitaciones como un modo de acceso del ejercicio de los derechos; y la atención especializada de acuerdo con la interseccionalidad, que es absolutamente clave.
De la exposición completa que vamos a hacer, se evidenciará que estamos ante un proyecto basado en una mirada integral de la política pública, que piensa necesaria la coordinación entre agencias del Estado que intervienen en esta etapa vital, sobre todo como una cuestión fundamental para la eficacia de las políticas en su implementación, tanto el cuidado de la salud -en el sentido estricto y también a nivel comunitario- como el acceso al derecho a la identidad y a las prestaciones de cobertura a la seguridad social. La prevención de las violencias es también un eje clave.
Todas ellas son cuestiones que garantizan centralmente la mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas, a través de una articulación entre todos los organismos que están involucrados.
Cabe destacar que en nuestro país ya existen numerosas políticas públicas y leyes para atender estas necesidades. En definitiva, lo que este proyecto tiene como objetivo es extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva para la implementación y optimización de esos resultados.
Con los beneficios de esta ley se pretende alcanzar un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años, a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos.
Por último, quiero remarcar que a lo largo de sus capítulos el proyecto mantiene un enfoque interseccional de los derechos a la salud integral y el derecho a una vida libre de violencias como vía para garantizar esos derechos.
La perspectiva integral de la salud y el eje transversal del presente proyecto va a permitir que el Estado nacional fortalezca los sistemas de protección de derechos y, sobre todo, acompañe a todas las mujeres embarazadas, a todas las personas gestantes y a todas las personas adoptantes.
Dicho esto, le cedo el uso de la palabra a mi compañera Fernanda Raverta.
Intentaremos hacer una exposición lo más ordenada posible. A los fines informativos, mencionaré el orden en el que haremos uso de la palabra: quien habla, Fernanda Raverta, José Lepere, Gabriela Bauer y, por último, Gabriel Lerner. Ese será el orden de las exposiciones que preparamos desde el Poder Ejecutivo.
El martes 17 de noviembre pasado, el presidente de la Nación envió al Congreso -en particular a la Cámara de Diputados y diputadas-, dos proyectos de ley que dialogan entre sí, entendiéndolos en clave de políticas de salud pública y en un claro entendimiento de que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan.
De ese modo, el presidente cumplió con el compromiso que había anunciado el 1° de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando refirió que "la situación de las mujeres gestantes en la Argentina presenta aspectos diversos. Distintos son los desafíos que enfrenta la mujer que desea tener a su hijo de aquellos que asumen las que deciden interrumpir su embarazo. Un Estado que cuida debe
acompañar a todas las mujeres para aquellos procesos que se desarrollen accediendo plenamente al sistema de salud".
En ese mismo discurso también agregó que "nuestro propósito es también llegar a las mujeres de nuestro país en situación de vulnerabilidad social en la etapa que más necesitan de la presencia del Estado: durante el embarazo,
nacimiento, puerperio y primeros años de crianza".
En ese sentido, este proyecto de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -denominado "Ley de los Mil Días"- es un proyecto estratégico porque establece como política de Estado, mediante una ley con enfoque de derechos, algo a lo que me referiré más adelante, la prioridad del cuidado de la salud integral durante el embarazo y la primera infancia.
Esta política apunta a prevenir la mortalidad infantil, la malnutrición, la desnutrición, la violencia, como también a proteger los vínculos tempranos y a promover el neurodesarrollo. El proyecto pone en la centralidad de la agenda pública un tema estratégico y fundamental para la salud colectiva.
Toda mujer o persona gestante que cursa un embarazo tiene que contar con un Estado presente, que la acompañe durante el embarazo, el parto, el puerperio y también durante los primeros años de vida de sus hijos o hijas. El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola o desamparada en ese momento vital, que resulta clave en la vida de cualquier persona gestante. Pero de encontrarse una mujer en alguna situación de vulnerabilidad social, el objetivo es que no considere la interrupción del embarazo por un motivo de necesidad económica o social, ya que nadie debe verse obligado a hacer algo que no quiere hacer. Para ello, el Estado debe garantizar su presencia y el acompañamiento en este periodo tan fundamental y vital.
En ese sentido, la maternidad y el cuidado de los hijos y las hijas no son responsabilidades individuales ni cuestiones que deben resolver las mujeres o el ámbito privado exclusivamente. El cuidado integral de la salud, en especial la salud de las mujeres y personas gestantes y la niñez durante la primera infancia, es una responsabilidad social y pública. Por lo tanto, tiene que ser objeto de políticas de justicia social, que se constituyan como garante de derechos, pero también de igualdad de oportunidades para todos, independientemente de la situación socioeconómica que tenga cada una de las personas.
A lo largo de las exposiciones de los informantes del Poder Ejecutivo, veremos que se trata de un proyecto que reconoce y amplía derechos, que fija ciertas políticas de salud, que crea una institucionalidad a fin de coordinar su implementación, a la vez que asegura un abordaje integral de la atención y el cuidado.
El proyecto también establece asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral y a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad, como también garantiza el acceso a la información.
Como dije, se trata de un proyecto de ley que establece una serie de políticas públicas con enfoque de derechos y esto resulta clave para nosotros. ¿Qué significa que tenga un enfoque de derechos? Nos referimos justamente a políticas públicas que tienen como objetivo alcanzar el bienestar social, bajo una perspectiva o enfoque de derechos.
Por ello, por un lado, se tiene que orientar en el ámbito jurídico por el reconocimiento explícito a un marco normativo internacional de los derechos humanos. Por otro, en el ámbito operacional con criterios vinculados a universalidad, integralidad y progresividad, que favorezcan el fortalecimiento a la igualdad y la equidad, la no discriminación, pero también la participación.
De ese modo se generan avances en la realización progresiva de los derechos humanos, produciendo una distancia -que para nosotros es clave- de los enfoques tradicionales fundamentados en las necesidades. ¿Por qué? Porque las necesidades, a diferencia de los derechos, no solo se satisfacen, no son universales, pueden priorizarse y además no conllevan obligaciones que son exigibles hacia el Estado de parte de la ciudadanía.
El marco normativo de este proyecto de ley está claramente estipulado en su artículo 2°, por lo que no vamos hacer mención a ello. Lo que sí vamos a decir es que claramente este proyecto se enmarca en el artículo 75, incisos 19, 22 y 23, de la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Particularmente, mencionaré los siguientes: la Convención de los Derechos del Niño; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW; la Convención de Belém do Pará; y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Éste es el andamiaje jurídico internacional y constitucional en virtud de la protección que otorgan al derecho a la identidad, a la salud integral, a la alimentación saludable, a la vida digna y libre de violencia, a la seguridad social y al cuidado en los primeros años de la niñez.
Asimismo, este proyecto de ley se enmarca centralmente en dos normas que resultan clave y por eso las mencionaremos. Por un lado, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, por el otro, la Ley 26.845 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
El proyecto de ley en cuestión establece o amplía derechos en distintos capítulos. Sin embargo, todos los capítulos y todos los derechos se tienen que leer en una misma clave, que nos permita hacer una interpretación sistémica e integral de las leyes.
Para ello se enuncian una serie de principios rectores fundamentales: la atención integral de la salud de las mujeres y las personas gestantes; la articulación y la coordinación de los distintos organismos que debemos intervenir para generar una política pública eficaz; la simplificación de trámites necesarios para el acceso a una serie de derechos; el diseño de políticas públicas que brinden la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente la responsabilidad de cuidar la salud; el interés superior del niño, a la vez del principio de autonomía progresiva; la autonomía de las mujeres; la identidad de género; el acceso a la información y a las capacitaciones como un modo de acceso del ejercicio de los derechos; y la atención especializada de acuerdo con la interseccionalidad, que es absolutamente clave.
De la exposición completa que vamos a hacer, se evidenciará que estamos ante un proyecto basado en una mirada integral de la política pública, que piensa necesaria la coordinación entre agencias del Estado que intervienen en esta etapa vital, sobre todo como una cuestión fundamental para la eficacia de las políticas en su implementación, tanto el cuidado de la salud -en el sentido estricto y también a nivel comunitario- como el acceso al derecho a la identidad y a las prestaciones de cobertura a la seguridad social. La prevención de las violencias es también un eje clave.
Todas ellas son cuestiones que garantizan centralmente la mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas, a través de una articulación entre todos los organismos que están involucrados.
Cabe destacar que en nuestro país ya existen numerosas políticas públicas y leyes para atender estas necesidades. En definitiva, lo que este proyecto tiene como objetivo es extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva para la implementación y optimización de esos resultados.
Con los beneficios de esta ley se pretende alcanzar un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años, a fin de efectivizar el pleno goce de sus derechos.
Por último, quiero remarcar que a lo largo de sus capítulos el proyecto mantiene un enfoque interseccional de los derechos a la salud integral y el derecho a una vida libre de violencias como vía para garantizar esos derechos.
La perspectiva integral de la salud y el eje transversal del presente proyecto va a permitir que el Estado nacional fortalezca los sistemas de protección de derechos y, sobre todo, acompañe a todas las mujeres embarazadas, a todas las personas gestantes y a todas las personas adoptantes.
Dicho esto, le cedo el uso de la palabra a mi compañera Fernanda Raverta.
SRA. RAVERTA ...
Se interrumpe el audio.
SR. PRESIDENTE YEDLIN No te escuchamos, Fernanda.
SRA. RAVERTA ¿Ahora sí?
SR. PRESIDENTE YEDLIN Sí. Bienvenida, es un gusto verte.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Es un orgullo participar de esta comisión.
Hoy estamos dando cuenta de una ley que va a ampliar derechos para los chicos y chicas de la Argentina y para sus madres y personas gestantes. Es absolutamente auspicioso este encuentro de lunes por la mañana del nuevo tiempo que vamos a construir en la Argentina, que es el tiempo de la reconstrucción.
Yo me voy a referir puntualmente al segundo capítulo -que va del artículo 4° al artículo 11- sobre el impacto en la seguridad social en la Argentina.
Desde el organismo hemos trabajado mucho junto con el ministerio que preside la ministra Elizabeth Gómez Alcorta sobre esta situación y vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los chicos y chicas que nacen en familias asalariadas.
Eso quiere decir que se ampliará la cobertura de la Asignación Universal por Embarazo. Esta asignación tiene una historia de más de 10 años en la Argentina, y comenzó a partir de la decisión política de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de los argentinos y argentinas. Este derecho incluye a las mamás gestantes de los chicos y chicas por nacer en la Argentina, cuyas familias no tienen la posibilidad de tener un empleo registrado, es decir, no tienen posibilidad de estar vinculados permanentemente al mundo formal del trabajo.
Por lo tanto, podemos decir con claridad que este proyecto es una posibilidad de ampliar la cobertura en materia de salud, pero como además tiene carácter alimentario, también amplía la cobertura en materia social para los chicos y chicas de la Argentina. La verdad es que esto es sumamente importante.
También quiero contar que trajimos un informe volcado en diapositivas digitales para que ustedes puedan seguir mi exposición, ya que me toca dar cuenta de cuestiones más numéricas y, por lo tanto, tal vez un poco aburridas. Así que vamos a ponerle un poquito de onda así logramos que esta presentación sea más fácil de seguir.
Lo primero que quiero contar es que los artículos ya mencionados del segundo capítulo de la "Ley de los Mil Días" tienen cuatro ejes fundamentales en su descripción. Por un lado, el primer eje tiene que ver con una asignación novedosa, una nueva prestación y una nueva transferencia de ingresos a las familias de la Argentina que tienen hijos entre 0 y 3 años. Se trata de tres pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto quiere decir que en la Argentina, los chicos y las chicas que tengan Asignación Universal, van a tener una Asignación Universal más al año durante sus primeros tres años de vida.
La segunda extensión y ampliación de derechos tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada. Ustedes saben que la Asignación Familiar por Prenatal se cobra durante nueve meses, cuando la Asignación Universal por Embarazo se cobraba durante seis meses. A partir de esta ley, van a ser nueve meses los que perciban estas mamás para poder cursar con tranquilidad su embarazo.
La tercera cuestión tiene que ver con eliminar un requisito que tenían las mamás para poder cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción, que tenía que ver con la antigüedad. Me refiero a un requisito de seis meses de manera registrada en un empleo formal, además de continuo. Esa antigüedad se elimina. Ahora, las mamás de la Asignación Universal y las mamás con salario familiar -es decir, las mamás con trabajo en relación de dependencia- van a poder cobrar su nacimiento y su adopción, sin importar cuántos meses tengan de antigüedad en su trabajo.
El siguiente eje tiene que ver con ampliar la Asignación por Nacimiento y por Adopción. Se trata de incluir a las mamás y papás de las familias de la Argentina que no tengan trabajo registrado. Esto quiere decir que vamos a incluir a aquellos trabajadores de la economía informal o trabajadores desocupados a la posibilidad de contar con la Asignación por Nacimiento y por Adopción, una vez que tengan a los nuevos integrantes de su familia.
En la siguiente diapositiva se pueden ver los montos a percibir, actualizados al mes de diciembre y con el 5 por ciento de aumento. La Asignación por Cuidado de Salud Integral, como les contaba, consta de tres asignaciones anuales; en la Asignación por Embarazo para la Protección Social se incluyen los tres meses que antes no cobraban las mamás, a fin de poner en pie de igualdad los nueve meses que sí cobraban las mamás asalariadas; y, por último, a la Asignación por Nacimiento y por Adopción le corresponde el monto que se cobraba después del Prenatal en el caso de trabajar en relación de dependencia. Esa asignación por nacimiento o adopción no se cobraba en el caso de una mamá desocupada.
En la siguiente diapositiva vemos cuántos son hoy en la Argentina los chicos y las chicas que perciben una Asignación Universal: son 4.298.146 chicos, de los cuales 736.846 son niños y niñas entre 0 y 3 años. Ahí tenemos el dato de que la asignación por embarazo es un beneficio que se cobra a partir de la inscripción de un alta que se hace -obviamente, en nuestras dependencias- de manera virtual o presencial.
Por lo tanto, nuestro desafío es incorporar a más personas gestantes dentro de esta prestación. Al día de la fecha, para que tengan una idea, estamos hablando de esa cantidad de mamás que están cobrando asignación por embarazo.
Allí pusimos las franjas de edades aproximadas, como para que ustedes tengan una referencia. Verán que la mayor cantidad de mamás y personas gestantes se concentran entre los 20 y 24 años, que son 23.264. Al lado, está la distribución geográfica, también para tener un dato sobre cómo evolucionan las altas de la Asignación Universal por Embarazo en cada una de las provincias de la Argentina.
La filmina que viene tiene que ver con el impacto de la inversión social estimada -es absolutamente estimada- porque aparte los números y las proyecciones que tenemos se hicieron a partir de números del 2020. Ustedes saben que en este año la rigurosidad de nuestras bases de datos tiene la complejidad de haber sido el año de la pandemia. Por ello, muchas de las prestaciones que nosotros garantizamos, mes a mes y año a año, se han visto interrumpidas en la posibilidad de dar altas a partir de la entrega de documentación.
Por lo tanto, siempre relativizando que es una proyección -y esperamos que estos números sean lo suficientemente precisos para caracterizar la situación del 2021- pero sabiendo que partimos con los datos del 2020, que son datos que tienen la pandemia inscripta en el impacto de la información cierta.
Ahí, como verán, estamos hablando de la asignación por cuidados de salud integral, que alcanzaría a 736.846 chicos y chicas de la Argentina, de entre 0 y 3 años -como les contábamos al principio- con una inversión social anual estimada en 2.765 millones de pesos.
En cuanto a la extensión de la asignación por embarazo para la protección social, estamos hablando de 70.000 personas gestantes, 1.561 millones de pesos estimados, la ampliación de la asignación por nacimiento y adopción 175.812 chicos y chicas recién nacidos, representan 763 millones. Por lo tanto, insisto, con los datos del 2020, pensando una proyección y una estimación para el 2021, estamos hablando de una inversión social en 5.000 millones de pesos.
La última filmina, para no aburrir -a mí me toca la de los números que es la menos conceptual y la más aburrida- tiene que ver con el impacto en cada una de las jurisdicciones y así dar cuenta de un proceso de construcción de un concepto del federalismo en la Argentina. Nosotros siempre miramos cómo impactan las medidas que tomamos en cada una de las provincias.
Estamos hablando de personas, de chicos, de chicas, de madres, de niños y de niñas; pero también de una territorialidad en cada una de estas prestaciones que debieran llegar a cada uno de los rincones de la Argentina, sin ningún tipo de dificultad. Esa fue la última filmina.
Y por último, quiero decirles que cuando el presidente de la Nación asumió la responsabilidad de conducir los destinos de la Argentina, fue claro en su concepto de "los últimos para llegar a todos".
Esta ley, sin ninguna duda, pone en plano de igualdad a aquellos niños y niñas que nacen en familias con un ingreso garantizado a partir de la posibilidad de ser parte del mercado formal de trabajo o de contar con un empleo estable, y a los chicos y chicas que nacen en familias en donde el trabajo aún no ha llegado.
Nuestro enorme desafío como gobierno es que estas familias puedan construir su destino, su futuro, por lo tanto, nuestro esfuerzo está en que cada vez haya más trabajo y en poner en marcha a la Argentina. Mientras tanto, nuestro modelo económico de crecimiento incluye la incorporación de quienes todavía no acceden a ese trabajo.
Entonces, estas son las medidas que hay que tomar y las leyes que hay que discutir para hacer posible esa Argentina en donde los chicos y las chicas puedan ser más felices que sus padres y acceder a más y mejores bienes, y a más y mejor futuro.
Gracias a todos y a todas por escuchar, obviamente, después resolveremos las dudas y las preguntas que tengan.
Hoy estamos dando cuenta de una ley que va a ampliar derechos para los chicos y chicas de la Argentina y para sus madres y personas gestantes. Es absolutamente auspicioso este encuentro de lunes por la mañana del nuevo tiempo que vamos a construir en la Argentina, que es el tiempo de la reconstrucción.
Yo me voy a referir puntualmente al segundo capítulo -que va del artículo 4° al artículo 11- sobre el impacto en la seguridad social en la Argentina.
Desde el organismo hemos trabajado mucho junto con el ministerio que preside la ministra Elizabeth Gómez Alcorta sobre esta situación y vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los chicos y chicas que nacen en familias asalariadas.
Eso quiere decir que se ampliará la cobertura de la Asignación Universal por Embarazo. Esta asignación tiene una historia de más de 10 años en la Argentina, y comenzó a partir de la decisión política de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de los argentinos y argentinas. Este derecho incluye a las mamás gestantes de los chicos y chicas por nacer en la Argentina, cuyas familias no tienen la posibilidad de tener un empleo registrado, es decir, no tienen posibilidad de estar vinculados permanentemente al mundo formal del trabajo.
Por lo tanto, podemos decir con claridad que este proyecto es una posibilidad de ampliar la cobertura en materia de salud, pero como además tiene carácter alimentario, también amplía la cobertura en materia social para los chicos y chicas de la Argentina. La verdad es que esto es sumamente importante.
También quiero contar que trajimos un informe volcado en diapositivas digitales para que ustedes puedan seguir mi exposición, ya que me toca dar cuenta de cuestiones más numéricas y, por lo tanto, tal vez un poco aburridas. Así que vamos a ponerle un poquito de onda así logramos que esta presentación sea más fácil de seguir.
Lo primero que quiero contar es que los artículos ya mencionados del segundo capítulo de la "Ley de los Mil Días" tienen cuatro ejes fundamentales en su descripción. Por un lado, el primer eje tiene que ver con una asignación novedosa, una nueva prestación y una nueva transferencia de ingresos a las familias de la Argentina que tienen hijos entre 0 y 3 años. Se trata de tres pagos anuales de una prestación para el cuidado de la salud integral. Esto quiere decir que en la Argentina, los chicos y las chicas que tengan Asignación Universal, van a tener una Asignación Universal más al año durante sus primeros tres años de vida.
La segunda extensión y ampliación de derechos tiene que ver con poner en pie de igualdad a las mamás que cursan un embarazo y son mamás de una familia asalariada. Ustedes saben que la Asignación Familiar por Prenatal se cobra durante nueve meses, cuando la Asignación Universal por Embarazo se cobraba durante seis meses. A partir de esta ley, van a ser nueve meses los que perciban estas mamás para poder cursar con tranquilidad su embarazo.
La tercera cuestión tiene que ver con eliminar un requisito que tenían las mamás para poder cobrar la Asignación por Nacimiento y Adopción, que tenía que ver con la antigüedad. Me refiero a un requisito de seis meses de manera registrada en un empleo formal, además de continuo. Esa antigüedad se elimina. Ahora, las mamás de la Asignación Universal y las mamás con salario familiar -es decir, las mamás con trabajo en relación de dependencia- van a poder cobrar su nacimiento y su adopción, sin importar cuántos meses tengan de antigüedad en su trabajo.
El siguiente eje tiene que ver con ampliar la Asignación por Nacimiento y por Adopción. Se trata de incluir a las mamás y papás de las familias de la Argentina que no tengan trabajo registrado. Esto quiere decir que vamos a incluir a aquellos trabajadores de la economía informal o trabajadores desocupados a la posibilidad de contar con la Asignación por Nacimiento y por Adopción, una vez que tengan a los nuevos integrantes de su familia.
En la siguiente diapositiva se pueden ver los montos a percibir, actualizados al mes de diciembre y con el 5 por ciento de aumento. La Asignación por Cuidado de Salud Integral, como les contaba, consta de tres asignaciones anuales; en la Asignación por Embarazo para la Protección Social se incluyen los tres meses que antes no cobraban las mamás, a fin de poner en pie de igualdad los nueve meses que sí cobraban las mamás asalariadas; y, por último, a la Asignación por Nacimiento y por Adopción le corresponde el monto que se cobraba después del Prenatal en el caso de trabajar en relación de dependencia. Esa asignación por nacimiento o adopción no se cobraba en el caso de una mamá desocupada.
En la siguiente diapositiva vemos cuántos son hoy en la Argentina los chicos y las chicas que perciben una Asignación Universal: son 4.298.146 chicos, de los cuales 736.846 son niños y niñas entre 0 y 3 años. Ahí tenemos el dato de que la asignación por embarazo es un beneficio que se cobra a partir de la inscripción de un alta que se hace -obviamente, en nuestras dependencias- de manera virtual o presencial.
Por lo tanto, nuestro desafío es incorporar a más personas gestantes dentro de esta prestación. Al día de la fecha, para que tengan una idea, estamos hablando de esa cantidad de mamás que están cobrando asignación por embarazo.
Allí pusimos las franjas de edades aproximadas, como para que ustedes tengan una referencia. Verán que la mayor cantidad de mamás y personas gestantes se concentran entre los 20 y 24 años, que son 23.264. Al lado, está la distribución geográfica, también para tener un dato sobre cómo evolucionan las altas de la Asignación Universal por Embarazo en cada una de las provincias de la Argentina.
La filmina que viene tiene que ver con el impacto de la inversión social estimada -es absolutamente estimada- porque aparte los números y las proyecciones que tenemos se hicieron a partir de números del 2020. Ustedes saben que en este año la rigurosidad de nuestras bases de datos tiene la complejidad de haber sido el año de la pandemia. Por ello, muchas de las prestaciones que nosotros garantizamos, mes a mes y año a año, se han visto interrumpidas en la posibilidad de dar altas a partir de la entrega de documentación.
Por lo tanto, siempre relativizando que es una proyección -y esperamos que estos números sean lo suficientemente precisos para caracterizar la situación del 2021- pero sabiendo que partimos con los datos del 2020, que son datos que tienen la pandemia inscripta en el impacto de la información cierta.
Ahí, como verán, estamos hablando de la asignación por cuidados de salud integral, que alcanzaría a 736.846 chicos y chicas de la Argentina, de entre 0 y 3 años -como les contábamos al principio- con una inversión social anual estimada en 2.765 millones de pesos.
En cuanto a la extensión de la asignación por embarazo para la protección social, estamos hablando de 70.000 personas gestantes, 1.561 millones de pesos estimados, la ampliación de la asignación por nacimiento y adopción 175.812 chicos y chicas recién nacidos, representan 763 millones. Por lo tanto, insisto, con los datos del 2020, pensando una proyección y una estimación para el 2021, estamos hablando de una inversión social en 5.000 millones de pesos.
La última filmina, para no aburrir -a mí me toca la de los números que es la menos conceptual y la más aburrida- tiene que ver con el impacto en cada una de las jurisdicciones y así dar cuenta de un proceso de construcción de un concepto del federalismo en la Argentina. Nosotros siempre miramos cómo impactan las medidas que tomamos en cada una de las provincias.
Estamos hablando de personas, de chicos, de chicas, de madres, de niños y de niñas; pero también de una territorialidad en cada una de estas prestaciones que debieran llegar a cada uno de los rincones de la Argentina, sin ningún tipo de dificultad. Esa fue la última filmina.
Y por último, quiero decirles que cuando el presidente de la Nación asumió la responsabilidad de conducir los destinos de la Argentina, fue claro en su concepto de "los últimos para llegar a todos".
Esta ley, sin ninguna duda, pone en plano de igualdad a aquellos niños y niñas que nacen en familias con un ingreso garantizado a partir de la posibilidad de ser parte del mercado formal de trabajo o de contar con un empleo estable, y a los chicos y chicas que nacen en familias en donde el trabajo aún no ha llegado.
Nuestro enorme desafío como gobierno es que estas familias puedan construir su destino, su futuro, por lo tanto, nuestro esfuerzo está en que cada vez haya más trabajo y en poner en marcha a la Argentina. Mientras tanto, nuestro modelo económico de crecimiento incluye la incorporación de quienes todavía no acceden a ese trabajo.
Entonces, estas son las medidas que hay que tomar y las leyes que hay que discutir para hacer posible esa Argentina en donde los chicos y las chicas puedan ser más felices que sus padres y acceder a más y mejores bienes, y a más y mejor futuro.
Gracias a todos y a todas por escuchar, obviamente, después resolveremos las dudas y las preguntas que tengan.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Gracias, Fernanda.
Tiene la palabra el secretario Lepere.
Tiene la palabra el secretario Lepere.
SR. LEPERE Buenos días a todos y a todas, gracias a los diputados y a las diputadas por esta presentación que nos permiten hacer, particularmente, desde el Ministerio del Interior, en relación con el Registro Nacional de las Personas.
Nos referimos al capítulo que tiene que ver con el derecho a la identidad, artículos del 12 al 14.
En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que no es absolutamente extendida a una enorme cantidad de población, pero sí hay un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación.
Esa falta de registro, ese subregistro o indocumentación, impide acceder a esa población -familias de esos niños y niñas- a muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional.
A partir de esta ley se están ampliando tales derechos, particularmente, se crea un sistema de alerta temprana para nacimientos. Es un certificado digital de hechos vitales, que va a obligar a los registros civiles de las provincias a informar al registro nacional dentro de los siete días corridos, una vez producido el nacimiento.
Antes de eso, el registro nacional de las personas solo...
Nos referimos al capítulo que tiene que ver con el derecho a la identidad, artículos del 12 al 14.
En estos cuatro artículos se pretende abordar una problemática que no es absolutamente extendida a una enorme cantidad de población, pero sí hay un porcentaje importante de población que no accede debidamente a su documentación.
Esa falta de registro, ese subregistro o indocumentación, impide acceder a esa población -familias de esos niños y niñas- a muchos de los derechos que ya garantiza el Estado nacional.
A partir de esta ley se están ampliando tales derechos, particularmente, se crea un sistema de alerta temprana para nacimientos. Es un certificado digital de hechos vitales, que va a obligar a los registros civiles de las provincias a informar al registro nacional dentro de los siete días corridos, una vez producido el nacimiento.
Antes de eso, el registro nacional de las personas solo...
SR. PRESIDENTE YEDLIN Hola, se cortó el audio. ¿Puede ser?
SR. LEPERE Si puede ser, no tocamos nada pero pasa.
Reitero, en estos siete días en los cuales ahora los registros civiles van a estar obligados a informar -a partir de la creación de este sistema de alerta temprana- el registro nacional de las personas va a poder tener esta información. Antes, recién contaba con ella al momento de la emisión del DNI.
Como Registro Nacional de las Personas nos va a permitir -en coordinación con los registros civiles provinciales- hacer un seguimiento entre los certificados de nacimiento, emitidos por los profesionales médicos, las partidas inscriptas en los registros civiles y, en todo caso, la emisión de los DNI, controlar a ciencia cierta cuánta es la subregistración, y, en todo caso, abordarla directamente en coordinación con los registros civiles provinciales, que son los encargados de la inscripción de los nacimientos.
En relación con este punto, se avanza particularmente en un mecanismo de registración tardía en forma administrativa. Hoy, la ley estipula que se puede inscribir tardíamente por vía administrativa hasta el año. S,i no, había que avanzar en una registración por vía judicial.
Hay tres decretos para mencionar al respecto, uno del 2009, que extendía hasta los doce años la inscripción; otro posterior, del 2015, que permitía, para los pueblos originarios, la inscripción sin límite de edad, y otro del 2018, que la extendía hasta los 18 años. Si no, todos los demás trámites debían, naturalmente, hacerse por vía judicial.
Ahora la norma estipula la posibilidad de que esa inscripción tardía, sin límite de edad, se haga por vía administrativa. El RENAPER y los registros civiles son quienes tienen la capacidad de determinar la identidad de las personas, y además, garantizar el acceso a la documentación. El interés del Registro Nacional de las Personas, y el de los registros civiles provinciales, es el de la registración.
La vía judicial se había convertido, para muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas, en una vía muy compleja para acceder a la identidad. Igualmente, la ley estipula que si no puede lograrse por vía administrativa -porque no hay capacidad del registro de comprobar esa identidad- queda la vía judicial como una alternativa, de última instancia, para ejercer ese reclamo y acceder a ese derecho.
Por último, en el artículo 13, se estipula una modificación mínima a la ley respecto a la exención de tasas.
¿Qué es lo que se cambia? Antes las personas debían presentar un certificado de pobreza para acceder al DNI en forma gratuita. Ahora, creemos que, naturalmente, es el Estado el que debe determinar qué universo de argentinos y argentinas no están en condiciones de pagarlo y son quienes deberían recibir el DNI en forma gratuita.
Seguramente, trabajaremos con el ANSES en ese aspecto, porque obviamente todos los que reciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo, debería ser una población que tenga bonificada el acceso al documento.
Realmente, el interés del RENAPER, del Ministerio el Interior, y de todo el Estado, tiene que ver naturalmente con la inscripción. No puede haber argentinos y argentinas sin documentación. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido -para los niños y niñas recién nacidas, y para todos los argentinos y argentinas- es poco.
Creo que en estos cuatro artículos se aborda una cuestión que se había suplido, de alguna manera, con algunos parches, porque ese decreto había que prorrogarlo año a año. Los certificados de pobreza obligaban a la movilización de recursos estatales para garantizar ese acceso que hoy puede resolverse cruzando bases de datos.
La inscripción tardía es una necesidad imperiosa para muchísimos argentinos y argentinas. Por un lado, la alerta temprana va a hacer que esa inscripción tardía por vía judicial en años futuros se vea absolutamente limitada.
Finalmente, respecto a la información que los registros civiles van a producir a través del certificado digital de hechos vitales, quiero recordar que ya se están implementando los certificados de defunción en forma digital. Estamos trabajando fuertemente con las provincias y los profesionales médicos para avanzar en ese sentido.
Bajar la subregistración a cero en la Argentina es un deber del Registro Nacional de las Personas, de los registros civiles y de todo el Estado.
Sin más, quedamos a disposición para contestar las preguntas que pudieran surgir en relación a este tema.
Reitero, en estos siete días en los cuales ahora los registros civiles van a estar obligados a informar -a partir de la creación de este sistema de alerta temprana- el registro nacional de las personas va a poder tener esta información. Antes, recién contaba con ella al momento de la emisión del DNI.
Como Registro Nacional de las Personas nos va a permitir -en coordinación con los registros civiles provinciales- hacer un seguimiento entre los certificados de nacimiento, emitidos por los profesionales médicos, las partidas inscriptas en los registros civiles y, en todo caso, la emisión de los DNI, controlar a ciencia cierta cuánta es la subregistración, y, en todo caso, abordarla directamente en coordinación con los registros civiles provinciales, que son los encargados de la inscripción de los nacimientos.
En relación con este punto, se avanza particularmente en un mecanismo de registración tardía en forma administrativa. Hoy, la ley estipula que se puede inscribir tardíamente por vía administrativa hasta el año. S,i no, había que avanzar en una registración por vía judicial.
Hay tres decretos para mencionar al respecto, uno del 2009, que extendía hasta los doce años la inscripción; otro posterior, del 2015, que permitía, para los pueblos originarios, la inscripción sin límite de edad, y otro del 2018, que la extendía hasta los 18 años. Si no, todos los demás trámites debían, naturalmente, hacerse por vía judicial.
Ahora la norma estipula la posibilidad de que esa inscripción tardía, sin límite de edad, se haga por vía administrativa. El RENAPER y los registros civiles son quienes tienen la capacidad de determinar la identidad de las personas, y además, garantizar el acceso a la documentación. El interés del Registro Nacional de las Personas, y el de los registros civiles provinciales, es el de la registración.
La vía judicial se había convertido, para muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas, en una vía muy compleja para acceder a la identidad. Igualmente, la ley estipula que si no puede lograrse por vía administrativa -porque no hay capacidad del registro de comprobar esa identidad- queda la vía judicial como una alternativa, de última instancia, para ejercer ese reclamo y acceder a ese derecho.
Por último, en el artículo 13, se estipula una modificación mínima a la ley respecto a la exención de tasas.
¿Qué es lo que se cambia? Antes las personas debían presentar un certificado de pobreza para acceder al DNI en forma gratuita. Ahora, creemos que, naturalmente, es el Estado el que debe determinar qué universo de argentinos y argentinas no están en condiciones de pagarlo y son quienes deberían recibir el DNI en forma gratuita.
Seguramente, trabajaremos con el ANSES en ese aspecto, porque obviamente todos los que reciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Universal por Embarazo, debería ser una población que tenga bonificada el acceso al documento.
Realmente, el interés del RENAPER, del Ministerio el Interior, y de todo el Estado, tiene que ver naturalmente con la inscripción. No puede haber argentinos y argentinas sin documentación. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido -para los niños y niñas recién nacidas, y para todos los argentinos y argentinas- es poco.
Creo que en estos cuatro artículos se aborda una cuestión que se había suplido, de alguna manera, con algunos parches, porque ese decreto había que prorrogarlo año a año. Los certificados de pobreza obligaban a la movilización de recursos estatales para garantizar ese acceso que hoy puede resolverse cruzando bases de datos.
La inscripción tardía es una necesidad imperiosa para muchísimos argentinos y argentinas. Por un lado, la alerta temprana va a hacer que esa inscripción tardía por vía judicial en años futuros se vea absolutamente limitada.
Finalmente, respecto a la información que los registros civiles van a producir a través del certificado digital de hechos vitales, quiero recordar que ya se están implementando los certificados de defunción en forma digital. Estamos trabajando fuertemente con las provincias y los profesionales médicos para avanzar en ese sentido.
Bajar la subregistración a cero en la Argentina es un deber del Registro Nacional de las Personas, de los registros civiles y de todo el Estado.
Sin más, quedamos a disposición para contestar las preguntas que pudieran surgir en relación a este tema.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias.
Tiene la palabra Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud.
Tiene la palabra Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud.
SRA. BAUER Buenos días, diputadas, diputados, funcionarios, funcionarias, compañeros y compañeras de la audiencia.
Antes que nada, quiero agradecer al ministro Ginés González García, quien me designó para presentar ante ustedes este proyecto desde la perspectiva de la salud.
También, quiero agradecer a la comisión, al equipo que trabajó fuertemente para que este proyecto sea posible y celebrar la decisión política de nuestro presidente de presentar este proyecto de ley que es necesario para el cuidado de la salud de las mujeres de nuestro pueblo, de sus hijos e hijas, y sobre todo, de aquellos quienes más lo necesitan.
Voy a solicitar que me habiliten la presentación de Power Point. Bien, muchas gracias. ¿Ahí se ve?
Antes que nada, quiero agradecer al ministro Ginés González García, quien me designó para presentar ante ustedes este proyecto desde la perspectiva de la salud.
También, quiero agradecer a la comisión, al equipo que trabajó fuertemente para que este proyecto sea posible y celebrar la decisión política de nuestro presidente de presentar este proyecto de ley que es necesario para el cuidado de la salud de las mujeres de nuestro pueblo, de sus hijos e hijas, y sobre todo, de aquellos quienes más lo necesitan.
Voy a solicitar que me habiliten la presentación de Power Point. Bien, muchas gracias. ¿Ahí se ve?
SR. PRESIDENTE YEDLIN Sí, se ve Gaby.
SRA. BAUER Gracias, Pablo.
¿Por qué una ley para el cuidado de la salud integral de las personas gestantes y de los niños y niñas en sus primeros años?
Durante el embarazo y los primeros años de vida, período que se conoce como "los mil días", ocurre la mayor aceleración del crecimiento, una muy intensa adquisición de funciones progresivas e integradas y el establecimiento de las bases para el desarrollo de la autonomía.
Las estrategias que implementemos para el cuidado integral durante este período, tienen efectos benéficos sobre la persona y las nuevas generaciones. La inequidad en el acceso a las mismas trae aparejadas consecuencias.
Hoy, en la Argentina, alrededor del 60 por ciento de las niñas y niños que viven en condiciones de pobreza encuentra en riesgo su acceso a la salud. Por lo tanto, es urgente llegar a ellos con políticas efectivas.
Cuando pensamos en políticas efectivas nos referimos a la necesidad de una intervención integral mediante diferentes prestaciones, combinadas para una misma familia, a través de una gestión intersectorial, en la cual distintos actores y proveedores trabajen para una misma intervención.
Voy a presentar, lo más brevemente posible, una síntesis del estado de situación de aquella población objetivo de la ley desde una perspectiva sanitaria y que corresponde a los capítulos IV, V, VI y VII. O sea, los artículos que van del 16 al 33.
Voy a organizar la presentación sobre los ejes Sobrevivir, Prosperar y Transformar, propuestos por la estrategia "Todas las mujeres, todos los niños", que organizan los indicadores para poder hacer más efectivas las políticas y alcanzar los objetivos de desarrollo por capítulos.
En el eje Sobrevivir esta figura habla por sí misma. Podemos ver en el gráfico la enorme vulnerabilidad que existe en el primer año de vida.
Si observamos las tasas de mortalidad específica para cada grupo o subgrupo de edad, vemos que los niños menores de un año tienen una tasa de 8 por mil, que recién se asimila luego de los 55 años de edad. O sea, es un período de altísima vulnerabilidad, con riesgo de muerte y de secuelas graves.
En Argentina la tasa de fecundidad va en franca disminución, entendiendo como tasa de fecundidad aquellos números de nacimientos cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años.
Cuando observamos las características de las familias donde nacen nuestras niñas y niños, se expresa la inequidad de una manera fuertísima.
Determinantes sociales críticos como las madres adolescentes, o las madres con escuela primaria incompleta, son muy variables en cada jurisdicción. Se observan rangos que marcan brechas importantísimas en términos de las oportunidades de las recién nacidas y los recién nacidos y de sus familias para su propio desarrollo personal.
En el año 2018 nacieron en Argentina 685.394 niños y niñas; es el último año que tenemos datos disponibles. Ya a mediados de diciembre, vamos a contar con los datos del 2019.
El 9 por ciento de los nacimientos son prematuros, la enorme mayoría de las mujeres y personas gestantes adhieren al sistema de salud y son atendidas por médicos y licenciados en obstetricia. El 60 por ciento de los nacimientos ocurren en el sector público.
En ese mismo año la tasa de mortalidad en Argentina fue de 8 cada 1.000 recién nacidos vivos, fallecieron 100.048 niños y niñas menores de un año.
Cuando observamos la tendencia de las tasas de mortalidad infantil vemos que la curva de arriba representa, a través de los años 2005 a 2018, una caída en la tasa global de mortalidad infantil.
La curva que se observa por encima es la perinatal, que contempla, además de la neonatal temprana, las muertes fetales tardías. Ese período perinatal es crítico para las intervenciones y, si se interviene bien, se estaría logrando una mejor salud fetal para bajar las muertes fetales tardías.
Cuando vemos los componentes de la mortalidad infantil, los estadios neonatal y post neonatal, hoy en día las muertes neonatales duplican las muertes post neonatales.
También podemos observar en el gráfico la marcada desigualdad en las tasas de mortalidad infantil, que van del 5,9 al 12,8 por mil según la provincia.
¿Dónde fallecen nuestros niños y niñas? Afortunadamente, la mayoría muere en instituciones. Quiere decir que, de alguna manera, acceden a alguna situación que permita anticipar riesgos; pero en la mortalidad post neonatal, el 24,5 de las muertes ocurrieron en el domicilio de las familias, de un 9 a un 40 por ciento según la jurisdicción.
En un estudio reciente realizado por el Ministerio, en el que se entrevistó al 73 por ciento de las familias que tuvieron algún tipo de esta muerte en su domicilio, se encontró que el 73 por ciento de esas familias tenía necesidades básicas insatisfechas, viviendas precarias o hacinamiento.
El 25 por ciento de las madres tenía menos de 20 años de edad, y una importante proporción de las madres, padres o cuidadores tenía un nivel de educación bajo o el primario incompleto.
Cuando se exploraron factores de riesgo como el tabaquismo o la práctica del co-lecho, éstos se encontraron muy por encima de la población general, y solo el 15 por ciento de los niños y niñas que fallecieron disponían de una cuna al fallecer.
Cuando vemos por qué mueren los niños y niñas, de qué mueren, cuáles son las causas, se observa que en la mitad de los casos la muerte se produce por causas perinatales, siendo la prematurez la primera causa. Si no bajamos la prematurez no vamos a poder disminuir las muertes infantiles. Hoy en día alrededor del 70 por ciento de las causas de muerte por prematurez pueden prevenirse y anticiparse.
La segunda causa de muerte está constituida por las malformaciones congénitas. Aquí hay mucho por hacer en la detección precoz y el acompañamiento de la persona gestante para que cuando nazca su hija o hijo pueda decidir las oportunidades del tratamiento acorde al criterio. Y luego, se encuentran las enfermedades infecciosas y las causas externas.
Luego de un análisis sistemático, aplicando una herramienta que se utiliza hace años en el Ministerio, consideramos que el 60 por ciento de las defunciones infantiles se pueden reducir con acciones preventivas o de intervención, ejecutadas en su mayoría en la etapa perinatal.
Dando un espacio también para los indicadores de salud materna, vemos que la mortalidad materna es realmente un flagelo en nuestro país y un desafío muy importante.
En el año 2018, la razón de mortalidad materna fue de 3,7 cada 10.000 recién nacidos vivos. Fallecieron 257 personas, de las cuales 31 eran adolescentes.
Cuando observamos la evolución de la mortalidad materna vemos lo fluctuante que es, y sus componentes, las causas directas, los abortos, también tienen tendencias fluctuantes.
Las principales causas de la mortalidad materna son las causas directas; la hipertensión asociada al embarazo es la primera causa de muerte materna, y se trata de una causa con alta posibilidad de intervención y prevención si se atiende a tiempo. Al igual que la mortalidad infantil, la inequidad entre regiones está fuertemente marcada.
Pasando al eje Prosperar, que es el que contempla el bienestar y la salud integral, vemos que en relación a las condiciones de vida la población objetivo de esta ley son los niños y niñas menores de tres años, que serían alrededor de 2.100.000 personas, sumando a las personas gestantes que estarían alrededor de 700 mil por año.
El 56 por ciento de esta población vive bajo la línea de pobreza, y un 15 por ciento -alrededor de 300.000 personas- vive bajo la línea de indigencia. Y hay encuestas que reportan que hasta un 20 por ciento de ellas y ellos estarían padeciendo algún nivel de inseguridad alimentaria.
Un modelo reciente de riesgo elaborado por SIEMPRO en el que se combinan políticas sociales, elabora un índice con indicadores múltiples que de alguna manera intenta identificar en qué departamentos hay mayor riesgo de desarrollo en los niños, mayor riesgo en la infancia. En este mapa también se puede observar la importante inequidad, siendo lo marcado con rojo la población con más riesgo.
En el eje Prosperar, cuando planteamos todo lo referido a promoción y protección pensamos que el sistema de salud es la puerta de entrada y que toda la población debe acceder a estos cuidados.
Nuestro pueblo adhiere al sistema de salud. El 99,5 por ciento de los nacimientos ocurre en instituciones de salud, y el 95 por ciento de las niñas y niños menores de un año tiene controles de salud. En la última encuesta nacionalmente representativa, cuando se encuestó a aquellas familias con niños de tres y cuatro años, alrededor del 80 por ciento había recibido al menos un control pediátrico en los últimos seis meses.
El Ministerio de Salud, a través del Plan SUMAR, genera estrategias para fortalecer los controles de la salud, y a través de la Dirección de Salud Perinatal desarrolla políticas de refinanciación de los servicios para la reducción de riesgo; no obstante, todavía estamos muy lejos de las metas.
En la fuente del sistema informático perinatal, en relación al primer control de las personas gestantes, podemos ver que, si bien lo indicado es realizarlo a la tercera semana del embarazo, solo el 42 por ciento de las mujeres y personas gestantes lo realiza. Aquí también se observan fluctuaciones entre jurisdicciones.
El 13 por ciento de los nacimientos en la Argentina es de madres adolescentes, habiendo una marcada desigualdad entre las jurisdicciones. Muchas embarazadas padecen anemia, situación que implica un alto riesgo para su propia salud y la de sus hijos e hijas.
Cuando planteamos prosperar en términos de promoción y protección, tenemos -como sabemos- un calendario de máxima en términos de vacunas, con toda la protección que esto implica.
En este período se van a estar implementando en once vacunas en nueve consultas, que significa dieciséis anticuerpos, dieciséis protecciones para los niños y niñas. Además, se suma la protección que recibe la embarazada con la triple bacteriana y la antigripal.
Lo que sucede es que en los últimos años hubo una caída de las coberturas, y la pandemia agravó el acceso a la vacunación. Con lo cual, es muy importante implementar estas listas combinadas para recuperar prontamente la cobertura que necesitamos para que nuestra población de niños y niñas esté protegida.
Cuando planteamos el desarrollo infantil -que es un tema de mucho interés para la ley- los determinantes del ambiente influyen en el desempeño de los niños y niñas, tanto en su presente como para su vida adulta.
En la Argentina es muy preocupante que no haya datos poblacionales sobre el desarrollo infantil. Algunos estudios regionales describen una prevalencia de problemas del desarrollo en un 15 o 48 por ciento, e identifican como de riesgo a aquellos niños que se asocian a la pobreza, a la indigencia y a un bajo nivel de educación parental, así como a un bajo peso al nacer, a condiciones crónicas y a las vivencias.
Hay múltiples instituciones, dispositivos con funciones de cuidado, enseñanza y crianza. Están los centros de desarrollo infantil y la educación inicial, pero sus formatos y sus contenidos son muy diversos.
Entre los años 2011 y 2012, en la última encuesta poblacional fuerte conocida, solo el 32 por ciento de los niños de cero a cuatro años accedió a algún tipo de esta oferta institucional. Y cuando se compara por quintiles se ve que acceden la mitad de los niños del quintil superior y solo el 20 por ciento del quintil inferior, que se supone que son los niños con mayor necesidad de acceso.
En cuanto al último componente importante del eje Prosperar, que es la nutrición, sabemos que el acceso a la alimentación segura es un derecho humano básico. No obstante, la lactancia es considerada el alimento soberano, el principio de mayor seguridad alimentaria para el comienzo de la vida.
En lo que hace al trabajo en lactancia, se logra una fuerte adhesión de las mujeres a amamantar a sus hijos al momento del nacimiento, pero solo el 44 por ciento logra sostener la lactancia hasta los seis meses, que es el indicador estándar. Hay mucho por hacer en términos de lactancia y de corresponsabilidad, del rol de la sociedad y del sector del trabajo en el acompañamiento de la lactancia de las mujeres.
Hay malnutrición en la Argentina, y en esta etapa que nos preocupa y ocupa, el bajo peso y la emaciación en la desnutrición crónica podrían estar alcanzando un tres por ciento; la baja talla un ocho por ciento, que es desnutrición crónica, y el sobrepeso y la obesidad estaría alrededor de un 14 por ciento. Es muy escasa la información que hay sobre comunidades rurales, indígenas o poblaciones dispersas, donde puede haber escases de alimento y de agua segura, y además sabemos que hay barreras para el acceso a los servicios de salud. Algunos estudios regionales reportan desnutrición aguda en un cinco por ciento de los niños de esa población.
En el eje Transformar no contamos con datos o indicadores. Si trabajamos bien, podemos pensar que todo se trata de generar entornos propicios para la crianza, y con esto probablemente se logre contribuir a la erradicación de la pobreza, dotar a las personas de una entidad jurídica, garantizar que los niños completen la educación secundaria, eliminar prácticas nocivas, el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento, fomentar la investigación-acción para construir indicadores positivos y reforzar alianzas y compromisos regionales y mundiales para los objetivos de desarrollo.
En relación con los artículos de los capítulos que nos tocan, en el Derecho a la Salud Integral vamos a partir de Ramón Castillo, siempre volviendo a su fuerte consideración del Derecho a la Salud y también al posicionamiento fuerte de la protección de la niñez. El Derecho a la Salud es uno más de los olvidados y, sin embargo, el más trascendente porque se vincula con la dignidad, con la vida colectiva y con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su paz social.
El Capítulo IV, en su Artículo 16, plantea la necesidad de un modelo de atención integral, y como novedoso hace fuerza en la necesidad imperiosa de integrar los subsectores que componen el sistema de salud.
En cuanto a la capacitación del personal, habla de la necesidad de que todo el personal esté capacitado no solo en los aspectos referidos a la salud sino también en términos de conocimiento de redes y de lo que se requiere para poder dar respuesta a las múltiples necesidades y a las intervenciones que sean necesarias, más allá de lo que es estrictamente salud.
Hace mucho eje también en la importancia del enfoque comunitario, y aquí incluye no solo a los centros de salud sino a todos los centros de educación y crianza, a los sistemas de protección y a la integración de todos éstos en los territorios. Y también hace fuerza en la necesidad de la formación y participación activa de los propios sujetos a los cuales esta ley beneficia. Con lo cual, esto implica la formación de talleres comunitarios y el acceso a la información para la toma de decisiones.
Solo a manera gráfica, el encuadre del modelo de atención contemplaría el sistema de leyes y políticas nacionales, provinciales y municipales en interacción con las redes de servicios de Salud y los subsectores, desarrollo, seguridad social, protección, alimentación y hábitat, y en interacción con las redes de cuidado con corresponsabilidad de las familias, las comunidades y las organizaciones. Todo esto pensando en entornos favorables para las familias y las comunidades, y en un contexto político, económico, social y cultural con un Estado presente centrado en el derecho a la vivienda, el trabajo y la paridad de género.
El artículo 29 habla de la provisión de insumos fundamentales por parte de distintos ministerios y organismos. Con las compras centralizadas y la adquisición de lo que la ley plantea, probablemente se van a poder optimizar algunos de los procesos para ser más efectivos y más ajustados a las necesidades reales que tienen las familias con mayor vulnerabilidad.
También plantea estrategias específicas para la salud perinatal en los primeros años de vida, muy centradas en la prevención. Habla de la importancia del conocimiento, de las pautas de alerta para la consulta, de la protección del sueño seguro y de las prácticas de prevención de eventos graves durante el sueño, así como también un sistema que proteja y prevenga lesiones graves.
Para esto, la idea es formular importantes redes y líneas de acción donde se trabaje fuertemente de manera federal e intersectorial, acompañar el desarrollo de los programas locales, buscar herramientas para identificar las familias con mayor vulnerabilidad. El acuerdo de indicadores es una urgencia, acordar indicadores de cómo vamos a ir viviendo los procesos con un sistema de información centralizada, desarrollando estrategias para bancos de cuna y otros recursos de crianza, regionales o locales, y continuar con toda la sistematización y regionalización de servicios para la atención perinatal y pediátrica.
El Capítulo V habla del Derecho a la Protección en situaciones específicas de vulnerabilidad. Toma el grupo de aquellos niños que tienen necesidades de cuidados especiales en sus primeros años. Se trata de aproximadamente 20.000 niños y niñas por año que tienen en sus condiciones de salud algún nivel de cronicidad y requieren servicios especializados, pueden tener alguna limitación de funciones y depender de tecnología, y además van a necesitar servicios extra de apoyo por las cargas económicas.
Esta atención debe estar fuertemente centrada en la familia y requiere una atención colaborativa con una buena articulación entre el primer nivel de atención y el especializado.
Luego, el artículo 24 habla de las mujeres y otras personas gestantes en situaciones de violencia por razones de género. Todo lo que es la necesidad del asesoramiento, el acompañamiento, la identificación de la solicitud de ayuda y el apoyo de salud mental inmediata, y también trabajar fuertemente para que la ley sea respetada.
En relación a las niñas y adolescentes embarazadas, es mucho lo transitado y lo recorrido por el Plan ENIA y por los sistemas de asesoría de adolescentes. Hay mucho trabajo entre las direcciones de adolescencia junto a otros sectores para poder dar, complementar y seguir avanzando, porque hay mucho trabajo por hacer en el acompañamiento y la toma de decisión de las mujeres en edad de pre adolescencia.
En relación al derecho a la información, se plantea la elaboración de una guía de cuidados integrales de la salud y la necesidad de tener una fuerte representación federal y contemplar todos los ejes de la ley. También se plantea la necesidad de implementar una línea gratuita de atención específica para todo lo que son los aspectos específicos de la ley.
En el Capítulo VII se habla de la autoridad de aplicación. La autoridad debe, como Ministerio de Salud, proponer una Unidad de Coordinación Administrativa con todos los integrantes que la ley plantea que pueden considerarse relevantes.
De manera sintética, las funciones de la Unidad de Coordinación Administrativa son: coordinar y estructurar las políticas; brindar integralidad en la atención; la corresponsabilidad en los cuidados; la perspectiva de género; la creación de protocolos específicos bajo la perspectiva de derechos y mecanismos rectores; un plan de capacitación para todos los involucrados en el cumplimiento de la ley, y la unificación de registros y bases de datos y evaluación de metas y rendición de cuentas.
Para finalizar, asegurar el acceso de las personas gestantes al cuidado integral de la salud con perspectiva de género y diversidad, respetando su autonomía para decidir, contribuye a prevenir daños irreversibles y eliminar las violencias, y propone modelos armoniosos de crianza en corresponsabilidad.
Asegurar el acceso de las niñas y niños al sistema de cuidado de salud integral de calidad desde el comienzo de la vida, puede hacer una diferencia en su propio desarrollo y también en su función como sujetos activos de la transformación social hacia esa justicia social que todos aspiramos.
A 15 años de la sanción de la ley 26.061, con todo lo logrado y las políticas sectoriales vigentes para la niñez, el desafío que enfrentamos requiere avanzar en la intersectorialidad, y no nos cabe duda desde Salud que esta ley va a contribuir fuertemente a afianzar los vínculos y lograr la intersectorialidad que la Argentina requiere. Muchas gracias.
¿Por qué una ley para el cuidado de la salud integral de las personas gestantes y de los niños y niñas en sus primeros años?
Durante el embarazo y los primeros años de vida, período que se conoce como "los mil días", ocurre la mayor aceleración del crecimiento, una muy intensa adquisición de funciones progresivas e integradas y el establecimiento de las bases para el desarrollo de la autonomía.
Las estrategias que implementemos para el cuidado integral durante este período, tienen efectos benéficos sobre la persona y las nuevas generaciones. La inequidad en el acceso a las mismas trae aparejadas consecuencias.
Hoy, en la Argentina, alrededor del 60 por ciento de las niñas y niños que viven en condiciones de pobreza encuentra en riesgo su acceso a la salud. Por lo tanto, es urgente llegar a ellos con políticas efectivas.
Cuando pensamos en políticas efectivas nos referimos a la necesidad de una intervención integral mediante diferentes prestaciones, combinadas para una misma familia, a través de una gestión intersectorial, en la cual distintos actores y proveedores trabajen para una misma intervención.
Voy a presentar, lo más brevemente posible, una síntesis del estado de situación de aquella población objetivo de la ley desde una perspectiva sanitaria y que corresponde a los capítulos IV, V, VI y VII. O sea, los artículos que van del 16 al 33.
Voy a organizar la presentación sobre los ejes Sobrevivir, Prosperar y Transformar, propuestos por la estrategia "Todas las mujeres, todos los niños", que organizan los indicadores para poder hacer más efectivas las políticas y alcanzar los objetivos de desarrollo por capítulos.
En el eje Sobrevivir esta figura habla por sí misma. Podemos ver en el gráfico la enorme vulnerabilidad que existe en el primer año de vida.
Si observamos las tasas de mortalidad específica para cada grupo o subgrupo de edad, vemos que los niños menores de un año tienen una tasa de 8 por mil, que recién se asimila luego de los 55 años de edad. O sea, es un período de altísima vulnerabilidad, con riesgo de muerte y de secuelas graves.
En Argentina la tasa de fecundidad va en franca disminución, entendiendo como tasa de fecundidad aquellos números de nacimientos cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años.
Cuando observamos las características de las familias donde nacen nuestras niñas y niños, se expresa la inequidad de una manera fuertísima.
Determinantes sociales críticos como las madres adolescentes, o las madres con escuela primaria incompleta, son muy variables en cada jurisdicción. Se observan rangos que marcan brechas importantísimas en términos de las oportunidades de las recién nacidas y los recién nacidos y de sus familias para su propio desarrollo personal.
En el año 2018 nacieron en Argentina 685.394 niños y niñas; es el último año que tenemos datos disponibles. Ya a mediados de diciembre, vamos a contar con los datos del 2019.
El 9 por ciento de los nacimientos son prematuros, la enorme mayoría de las mujeres y personas gestantes adhieren al sistema de salud y son atendidas por médicos y licenciados en obstetricia. El 60 por ciento de los nacimientos ocurren en el sector público.
En ese mismo año la tasa de mortalidad en Argentina fue de 8 cada 1.000 recién nacidos vivos, fallecieron 100.048 niños y niñas menores de un año.
Cuando observamos la tendencia de las tasas de mortalidad infantil vemos que la curva de arriba representa, a través de los años 2005 a 2018, una caída en la tasa global de mortalidad infantil.
La curva que se observa por encima es la perinatal, que contempla, además de la neonatal temprana, las muertes fetales tardías. Ese período perinatal es crítico para las intervenciones y, si se interviene bien, se estaría logrando una mejor salud fetal para bajar las muertes fetales tardías.
Cuando vemos los componentes de la mortalidad infantil, los estadios neonatal y post neonatal, hoy en día las muertes neonatales duplican las muertes post neonatales.
También podemos observar en el gráfico la marcada desigualdad en las tasas de mortalidad infantil, que van del 5,9 al 12,8 por mil según la provincia.
¿Dónde fallecen nuestros niños y niñas? Afortunadamente, la mayoría muere en instituciones. Quiere decir que, de alguna manera, acceden a alguna situación que permita anticipar riesgos; pero en la mortalidad post neonatal, el 24,5 de las muertes ocurrieron en el domicilio de las familias, de un 9 a un 40 por ciento según la jurisdicción.
En un estudio reciente realizado por el Ministerio, en el que se entrevistó al 73 por ciento de las familias que tuvieron algún tipo de esta muerte en su domicilio, se encontró que el 73 por ciento de esas familias tenía necesidades básicas insatisfechas, viviendas precarias o hacinamiento.
El 25 por ciento de las madres tenía menos de 20 años de edad, y una importante proporción de las madres, padres o cuidadores tenía un nivel de educación bajo o el primario incompleto.
Cuando se exploraron factores de riesgo como el tabaquismo o la práctica del co-lecho, éstos se encontraron muy por encima de la población general, y solo el 15 por ciento de los niños y niñas que fallecieron disponían de una cuna al fallecer.
Cuando vemos por qué mueren los niños y niñas, de qué mueren, cuáles son las causas, se observa que en la mitad de los casos la muerte se produce por causas perinatales, siendo la prematurez la primera causa. Si no bajamos la prematurez no vamos a poder disminuir las muertes infantiles. Hoy en día alrededor del 70 por ciento de las causas de muerte por prematurez pueden prevenirse y anticiparse.
La segunda causa de muerte está constituida por las malformaciones congénitas. Aquí hay mucho por hacer en la detección precoz y el acompañamiento de la persona gestante para que cuando nazca su hija o hijo pueda decidir las oportunidades del tratamiento acorde al criterio. Y luego, se encuentran las enfermedades infecciosas y las causas externas.
Luego de un análisis sistemático, aplicando una herramienta que se utiliza hace años en el Ministerio, consideramos que el 60 por ciento de las defunciones infantiles se pueden reducir con acciones preventivas o de intervención, ejecutadas en su mayoría en la etapa perinatal.
Dando un espacio también para los indicadores de salud materna, vemos que la mortalidad materna es realmente un flagelo en nuestro país y un desafío muy importante.
En el año 2018, la razón de mortalidad materna fue de 3,7 cada 10.000 recién nacidos vivos. Fallecieron 257 personas, de las cuales 31 eran adolescentes.
Cuando observamos la evolución de la mortalidad materna vemos lo fluctuante que es, y sus componentes, las causas directas, los abortos, también tienen tendencias fluctuantes.
Las principales causas de la mortalidad materna son las causas directas; la hipertensión asociada al embarazo es la primera causa de muerte materna, y se trata de una causa con alta posibilidad de intervención y prevención si se atiende a tiempo. Al igual que la mortalidad infantil, la inequidad entre regiones está fuertemente marcada.
Pasando al eje Prosperar, que es el que contempla el bienestar y la salud integral, vemos que en relación a las condiciones de vida la población objetivo de esta ley son los niños y niñas menores de tres años, que serían alrededor de 2.100.000 personas, sumando a las personas gestantes que estarían alrededor de 700 mil por año.
El 56 por ciento de esta población vive bajo la línea de pobreza, y un 15 por ciento -alrededor de 300.000 personas- vive bajo la línea de indigencia. Y hay encuestas que reportan que hasta un 20 por ciento de ellas y ellos estarían padeciendo algún nivel de inseguridad alimentaria.
Un modelo reciente de riesgo elaborado por SIEMPRO en el que se combinan políticas sociales, elabora un índice con indicadores múltiples que de alguna manera intenta identificar en qué departamentos hay mayor riesgo de desarrollo en los niños, mayor riesgo en la infancia. En este mapa también se puede observar la importante inequidad, siendo lo marcado con rojo la población con más riesgo.
En el eje Prosperar, cuando planteamos todo lo referido a promoción y protección pensamos que el sistema de salud es la puerta de entrada y que toda la población debe acceder a estos cuidados.
Nuestro pueblo adhiere al sistema de salud. El 99,5 por ciento de los nacimientos ocurre en instituciones de salud, y el 95 por ciento de las niñas y niños menores de un año tiene controles de salud. En la última encuesta nacionalmente representativa, cuando se encuestó a aquellas familias con niños de tres y cuatro años, alrededor del 80 por ciento había recibido al menos un control pediátrico en los últimos seis meses.
El Ministerio de Salud, a través del Plan SUMAR, genera estrategias para fortalecer los controles de la salud, y a través de la Dirección de Salud Perinatal desarrolla políticas de refinanciación de los servicios para la reducción de riesgo; no obstante, todavía estamos muy lejos de las metas.
En la fuente del sistema informático perinatal, en relación al primer control de las personas gestantes, podemos ver que, si bien lo indicado es realizarlo a la tercera semana del embarazo, solo el 42 por ciento de las mujeres y personas gestantes lo realiza. Aquí también se observan fluctuaciones entre jurisdicciones.
El 13 por ciento de los nacimientos en la Argentina es de madres adolescentes, habiendo una marcada desigualdad entre las jurisdicciones. Muchas embarazadas padecen anemia, situación que implica un alto riesgo para su propia salud y la de sus hijos e hijas.
Cuando planteamos prosperar en términos de promoción y protección, tenemos -como sabemos- un calendario de máxima en términos de vacunas, con toda la protección que esto implica.
En este período se van a estar implementando en once vacunas en nueve consultas, que significa dieciséis anticuerpos, dieciséis protecciones para los niños y niñas. Además, se suma la protección que recibe la embarazada con la triple bacteriana y la antigripal.
Lo que sucede es que en los últimos años hubo una caída de las coberturas, y la pandemia agravó el acceso a la vacunación. Con lo cual, es muy importante implementar estas listas combinadas para recuperar prontamente la cobertura que necesitamos para que nuestra población de niños y niñas esté protegida.
Cuando planteamos el desarrollo infantil -que es un tema de mucho interés para la ley- los determinantes del ambiente influyen en el desempeño de los niños y niñas, tanto en su presente como para su vida adulta.
En la Argentina es muy preocupante que no haya datos poblacionales sobre el desarrollo infantil. Algunos estudios regionales describen una prevalencia de problemas del desarrollo en un 15 o 48 por ciento, e identifican como de riesgo a aquellos niños que se asocian a la pobreza, a la indigencia y a un bajo nivel de educación parental, así como a un bajo peso al nacer, a condiciones crónicas y a las vivencias.
Hay múltiples instituciones, dispositivos con funciones de cuidado, enseñanza y crianza. Están los centros de desarrollo infantil y la educación inicial, pero sus formatos y sus contenidos son muy diversos.
Entre los años 2011 y 2012, en la última encuesta poblacional fuerte conocida, solo el 32 por ciento de los niños de cero a cuatro años accedió a algún tipo de esta oferta institucional. Y cuando se compara por quintiles se ve que acceden la mitad de los niños del quintil superior y solo el 20 por ciento del quintil inferior, que se supone que son los niños con mayor necesidad de acceso.
En cuanto al último componente importante del eje Prosperar, que es la nutrición, sabemos que el acceso a la alimentación segura es un derecho humano básico. No obstante, la lactancia es considerada el alimento soberano, el principio de mayor seguridad alimentaria para el comienzo de la vida.
En lo que hace al trabajo en lactancia, se logra una fuerte adhesión de las mujeres a amamantar a sus hijos al momento del nacimiento, pero solo el 44 por ciento logra sostener la lactancia hasta los seis meses, que es el indicador estándar. Hay mucho por hacer en términos de lactancia y de corresponsabilidad, del rol de la sociedad y del sector del trabajo en el acompañamiento de la lactancia de las mujeres.
Hay malnutrición en la Argentina, y en esta etapa que nos preocupa y ocupa, el bajo peso y la emaciación en la desnutrición crónica podrían estar alcanzando un tres por ciento; la baja talla un ocho por ciento, que es desnutrición crónica, y el sobrepeso y la obesidad estaría alrededor de un 14 por ciento. Es muy escasa la información que hay sobre comunidades rurales, indígenas o poblaciones dispersas, donde puede haber escases de alimento y de agua segura, y además sabemos que hay barreras para el acceso a los servicios de salud. Algunos estudios regionales reportan desnutrición aguda en un cinco por ciento de los niños de esa población.
En el eje Transformar no contamos con datos o indicadores. Si trabajamos bien, podemos pensar que todo se trata de generar entornos propicios para la crianza, y con esto probablemente se logre contribuir a la erradicación de la pobreza, dotar a las personas de una entidad jurídica, garantizar que los niños completen la educación secundaria, eliminar prácticas nocivas, el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento, fomentar la investigación-acción para construir indicadores positivos y reforzar alianzas y compromisos regionales y mundiales para los objetivos de desarrollo.
En relación con los artículos de los capítulos que nos tocan, en el Derecho a la Salud Integral vamos a partir de Ramón Castillo, siempre volviendo a su fuerte consideración del Derecho a la Salud y también al posicionamiento fuerte de la protección de la niñez. El Derecho a la Salud es uno más de los olvidados y, sin embargo, el más trascendente porque se vincula con la dignidad, con la vida colectiva y con la economía nacional e internacional. No es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su paz social.
El Capítulo IV, en su Artículo 16, plantea la necesidad de un modelo de atención integral, y como novedoso hace fuerza en la necesidad imperiosa de integrar los subsectores que componen el sistema de salud.
En cuanto a la capacitación del personal, habla de la necesidad de que todo el personal esté capacitado no solo en los aspectos referidos a la salud sino también en términos de conocimiento de redes y de lo que se requiere para poder dar respuesta a las múltiples necesidades y a las intervenciones que sean necesarias, más allá de lo que es estrictamente salud.
Hace mucho eje también en la importancia del enfoque comunitario, y aquí incluye no solo a los centros de salud sino a todos los centros de educación y crianza, a los sistemas de protección y a la integración de todos éstos en los territorios. Y también hace fuerza en la necesidad de la formación y participación activa de los propios sujetos a los cuales esta ley beneficia. Con lo cual, esto implica la formación de talleres comunitarios y el acceso a la información para la toma de decisiones.
Solo a manera gráfica, el encuadre del modelo de atención contemplaría el sistema de leyes y políticas nacionales, provinciales y municipales en interacción con las redes de servicios de Salud y los subsectores, desarrollo, seguridad social, protección, alimentación y hábitat, y en interacción con las redes de cuidado con corresponsabilidad de las familias, las comunidades y las organizaciones. Todo esto pensando en entornos favorables para las familias y las comunidades, y en un contexto político, económico, social y cultural con un Estado presente centrado en el derecho a la vivienda, el trabajo y la paridad de género.
El artículo 29 habla de la provisión de insumos fundamentales por parte de distintos ministerios y organismos. Con las compras centralizadas y la adquisición de lo que la ley plantea, probablemente se van a poder optimizar algunos de los procesos para ser más efectivos y más ajustados a las necesidades reales que tienen las familias con mayor vulnerabilidad.
También plantea estrategias específicas para la salud perinatal en los primeros años de vida, muy centradas en la prevención. Habla de la importancia del conocimiento, de las pautas de alerta para la consulta, de la protección del sueño seguro y de las prácticas de prevención de eventos graves durante el sueño, así como también un sistema que proteja y prevenga lesiones graves.
Para esto, la idea es formular importantes redes y líneas de acción donde se trabaje fuertemente de manera federal e intersectorial, acompañar el desarrollo de los programas locales, buscar herramientas para identificar las familias con mayor vulnerabilidad. El acuerdo de indicadores es una urgencia, acordar indicadores de cómo vamos a ir viviendo los procesos con un sistema de información centralizada, desarrollando estrategias para bancos de cuna y otros recursos de crianza, regionales o locales, y continuar con toda la sistematización y regionalización de servicios para la atención perinatal y pediátrica.
El Capítulo V habla del Derecho a la Protección en situaciones específicas de vulnerabilidad. Toma el grupo de aquellos niños que tienen necesidades de cuidados especiales en sus primeros años. Se trata de aproximadamente 20.000 niños y niñas por año que tienen en sus condiciones de salud algún nivel de cronicidad y requieren servicios especializados, pueden tener alguna limitación de funciones y depender de tecnología, y además van a necesitar servicios extra de apoyo por las cargas económicas.
Esta atención debe estar fuertemente centrada en la familia y requiere una atención colaborativa con una buena articulación entre el primer nivel de atención y el especializado.
Luego, el artículo 24 habla de las mujeres y otras personas gestantes en situaciones de violencia por razones de género. Todo lo que es la necesidad del asesoramiento, el acompañamiento, la identificación de la solicitud de ayuda y el apoyo de salud mental inmediata, y también trabajar fuertemente para que la ley sea respetada.
En relación a las niñas y adolescentes embarazadas, es mucho lo transitado y lo recorrido por el Plan ENIA y por los sistemas de asesoría de adolescentes. Hay mucho trabajo entre las direcciones de adolescencia junto a otros sectores para poder dar, complementar y seguir avanzando, porque hay mucho trabajo por hacer en el acompañamiento y la toma de decisión de las mujeres en edad de pre adolescencia.
En relación al derecho a la información, se plantea la elaboración de una guía de cuidados integrales de la salud y la necesidad de tener una fuerte representación federal y contemplar todos los ejes de la ley. También se plantea la necesidad de implementar una línea gratuita de atención específica para todo lo que son los aspectos específicos de la ley.
En el Capítulo VII se habla de la autoridad de aplicación. La autoridad debe, como Ministerio de Salud, proponer una Unidad de Coordinación Administrativa con todos los integrantes que la ley plantea que pueden considerarse relevantes.
De manera sintética, las funciones de la Unidad de Coordinación Administrativa son: coordinar y estructurar las políticas; brindar integralidad en la atención; la corresponsabilidad en los cuidados; la perspectiva de género; la creación de protocolos específicos bajo la perspectiva de derechos y mecanismos rectores; un plan de capacitación para todos los involucrados en el cumplimiento de la ley, y la unificación de registros y bases de datos y evaluación de metas y rendición de cuentas.
Para finalizar, asegurar el acceso de las personas gestantes al cuidado integral de la salud con perspectiva de género y diversidad, respetando su autonomía para decidir, contribuye a prevenir daños irreversibles y eliminar las violencias, y propone modelos armoniosos de crianza en corresponsabilidad.
Asegurar el acceso de las niñas y niños al sistema de cuidado de salud integral de calidad desde el comienzo de la vida, puede hacer una diferencia en su propio desarrollo y también en su función como sujetos activos de la transformación social hacia esa justicia social que todos aspiramos.
A 15 años de la sanción de la ley 26.061, con todo lo logrado y las políticas sectoriales vigentes para la niñez, el desafío que enfrentamos requiere avanzar en la intersectorialidad, y no nos cabe duda desde Salud que esta ley va a contribuir fuertemente a afianzar los vínculos y lograr la intersectorialidad que la Argentina requiere. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias. Seguimos, entonces, con el señor Gabriel Lerner, de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación, y después vamos a dar un minuto para las preguntas.
SR. LERNER Gracias, Pablo. Buenos días a todos y todas.
Voy a hacer unos breves aportes para complementar lo que ya presentaron nuestros colegas.
En la República Argentina el 6,7 por ciento de la población, de acuerdo al censo del 2010, es de niños y niñas de hasta tres años de edad. Son alrededor de 3 millones de niños y niñas. El 13 por ciento de las familias argentinas tiene al cuidado un niño o una niña de hasta 3 años de edad, y en algunos casos hasta dos niños. Pero cuando analizamos las familias en hogares pobres, ese número prácticamente se duplica. Es decir que, en los hogares pobres, el 24,4 por ciento de las familias tiene al cuidado a algún niño o niña de 1, 2 o 3 años de edad.
En cuanto al tema de los cuidados, a veces se invisibiliza la incidencia del sistema educativo argentino. Me refiero no solamente a las trayectorias de educación sino también de cuidado -y de cuidado complementario- de las familias. En este punto, es importante tener presente que en la Argentina hay 1.850.000 niños y niñas que concurren a la educación inicial. Entre ellos, si bien en este momento los jardines maternales solo cubren 110.000 plazas, la sala de 3 suma 330.000 chicos más. Es decir que hay 440.000 niños y niñas desde cuarenta y cinco días hasta 3 años inclusive que han sido incorporados al sistema educativo.
A esto hay que sumar que hay una red muy importante en el país, que son los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, que dependen de organizaciones, municipios o provincias y no del sistema educativo. De acuerdo con el relevamiento que estamos haciendo desde la Secretaría, nuestra estimación es que supera las 3.500 unidades. Al día de hoy, en nuestro Plan Nacional de Primera Infancia tenemos conveniados 2.004 centros, lo que implica una cobertura de 133.000 niños, de los cuales entre el 50 y el 60 por ciento tiene hasta 3 años de edad. Digo esto para poner en claro un conjunto de datos que nos hablan de los espacios de cuidado y de educación en las familias para niños de hasta 3 años de edad.
En lo que respecta a la cobertura de la Tarjeta Alimentar -porque hablo no solamente por la Secretaría sino también por el Ministerio de Desarrollo Social-, alcanza a 940.000 niños y niñas de hasta 3 años de edad. Se trata del 47 por ciento de todo el universo que cubre la Tarjeta Alimentar.
Ingresando al terreno de este proyecto de ley, quiero ratificar lo que decía la ministra Gómez Alcorta, en el sentido del fuerte enfoque convencional de esta norma, ya que está vinculado con los derechos a la salud, a la seguridad social y a la identidad de las infancias. De hecho, yo voy a reflexionar sobre el impacto que tendría esta ley en las infancias. Esto ya está contemplando en la Convención. Hay un principio muy fuerte en la Convención que tiene que ver con las obligaciones que tienen los Estados. La Convención pone una vara muy alta respecto de las responsabilidades familiares en el cuidado y acompañamiento de los niños y las niñas. Pero al mismo tiempo es muy fuerte -el neoliberalismo tendió a borronear esta idea- la afirmación de la Convención de que los Estados tienen la obligación de acompañar a las familias. En este sentido, este proyecto de ley se inscribe en la línea de la Convención de fortalecer las capacidades de cuidado de las familias.
Además, este proyecto de ley tiene la perspectiva de la integralidad que rescataron también Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Bauer. Lejos de fragmentar a los sujetos, lo que busca es que se lleven a cabo políticas públicas que respeten el interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción simultánea de todos los derechos. Esto no significa que una ley por sí misma responda a todas las demandas y desafíos, pero lo cierto es que sí responde a una perspectiva de integralidad.
Esta norma no hay que pensarla en sí misma. El Congreso de la Nación, desde la sanción de la ley 26.061, ha aprobado no menos de quince leyes en favor de las infancias. En la post-Convención ya había algunas normas, pero después de la ley 26.061 se dictaron leyes como la ley de educación nacional; la ley de financiamiento educativo; la ley de educación sexual integral; la ley de Centros de Desarrollo Infantil; la ley de prohibición del trabajo infantil; la reforma de la ley 26.413, sobre los registros civiles a favor de los niños; la ley de mayoría de edad a los 18 años; la ley de ciudadanía argentina; la ley de voto de chicos de 16 y 17 años; el nuevo Código Civil y Comercial, que es el ingreso de la Convención a las relaciones de familia; el Programa de ∫Acompañamiento para el Egreso, creado por la ley 27.364; la ley RENNyA, de reparación para niños y niñas cuyas mamás fueron víctimas de violencia de género y perdieron la vida.
Recientemente hubo una modificación del artículo 44 de la ley 26.061. Pero no quiero mencionar las leyes que tienen algunas cláusulas, como las que mencionaba Elizabeth. Me refiero a leyes como la 26.485, de violencia, la ley de servicio de comunicación audiovisual o la ley de salud mental.
Es decir que el plexo normativo generado por el Congreso Nacional en los últimos veinte años en favor de las infancias -porque no hay ninguna discusión de que favorece a las infancias- es riquísimo. Hay que pensar esta nueva norma incluyéndola en ese entramado. No deberíamos verla como una ley que resuelve todos los problemas, sino como una ley que viene a dar un paso muy fuerte para mejorar ese entramado.
¿En qué sentido mejora el entramado? En primer lugar, jerarquiza la agenda de las primeras infancias. Hay una discusión respecto de qué es la primera infancia, pero no me quiero meter en eso. El Comité de los Derechos del Niño habla de 8 años edad. Esta norma está focalizada fundamentalmente en la población de niños de hasta 3 años de edad y, por tanto, en una parte de la primera infancia. Pero lo cierto es que la ley jerarquiza la agenda de las primeras infancias y eso solo es una noticia muy significativa en la política pública destinada a los niños y niñas en la Argentina.
Por otra parte, el esfuerzo del Ejecutivo a través de este mensaje dirigido a los legisladores es el de pensar que hay una serie de derechos que están reconocidos en normas muy genéricas, aunque la brecha entre esos reconocimientos genéricos y el impacto en la realidad es grande. Esta ley otorga prestaciones muy concretas que tienen eje en la salud pública, con apalancamiento en derecho a la identidad y a la seguridad social. Lo interesante es que hace exigible -vuelvo a adoptar una palabra de Elizabeth- un conjunto de derechos que estaban formulados de manera muy amplia. En otras palabras, este proyecto de ley baja a la tierra la posibilidad de que esos derechos sean exigibles. Pongo algunos ejemplos. El derecho a la identidad y a contar con un sistema de alerta temprana de nacimientos. Ni hablar de la inscripción administrativa para que niños y niñas accedan a inscribirse y a obtener sus documentos. El derecho a la seguridad social. La creación de la asignación por cuidado en salud.
En materia de derecho a la salud, proliferan las prescripciones. Quiero destacar dos. Por un lado, está la necesidad de definir con claridad la atención y cuidado integral de la salud para niños y niñas de hasta 3 años; por el otro, está la provisión gratuita de insumos para los niños de hasta 3 años en particular. Estoy planteándolo desde las tareas de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo. Estos insumos pueden ser alimentos para el crecimiento y desarrollo sustentable como la leche, entre otros. No hablo de los medicamentos, que son competencia del Ministerio de Salud. A partir de esta norma se establece la exigibilidad en temas que estaban reconocidos genéricamente.
Voy a hacer mi última reflexión para poder escuchar las preguntas. Las acciones -y por eso volvemos al tema de la integralidad- que la ley impone, en cabeza del Ejecutivo, al Ministerio de Salud y a la Mesa de Coordinación, están prescriptas en la lógica de fortalecimiento del sistema de protección de derechos. Los convoco a leer el artículo 32 de la ley 26.061, que describe lo que entendemos por Sistema de Protección Integral de Derechos. Pongo algunos ejemplos. El inciso b) del artículo 3º promueve la integración de los dispositivos sanitarios en los territorios, esto es, la articulación intersectorial. Esto va a favorecer la constitución de mesas de primera infancia, que es un esfuerzo difícil de sustentar con nuestras lógicas ministeriales de caminar en paralelo. Este proyecto de ley propone una prescripción clara respecto de que los equipos comunitarios de salud tienen que trabajar en mesas intersectoriales con los de niñez, educación y desarrollo social; en suma, con actores de la sociedad.
Por otra parte, se establece una dinámica de articulación e intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES que es de singular importancia para un acceso rápido a derechos.
Estoy rescatando algunos aspectos de la norma que obligan al trabajo intersectorial y articulado de diferentes carteras y con expresiones en la comunidad. Como venía diciendo, está la necesidad de intercambio de información entre los dispositivos de salud y el Registro Nacional de las Personas. Eso también supone una intervención que fortalece la integralidad.
En lo que compete a nosotros, el artículo 18 establece la prescripción de la relación entre los organismos de salud en el trabajo sobre la niñez en territorio. Ahí hay un campo inmenso de trabajo vinculado con las vulneraciones de derechos de pibes y pibas y con las violencias.
Yo me atrevo a decir que si esto funciona vamos a poder mejorar incluso las intervenciones, con menos irregularidades en materia de adopciones. No me quiero extender en esto, pero hay un conjunto de tareas a desarrollar ya que el proyecto genera mejores condiciones para que se realicen.
En cuanto a la provisión de alimentos y de insumos dice "respetando las competencias de quienes las vienen desarrollando". Acá estoy pensando en el programa alimentario del Ministerio de Desarrollo Social y en la tarjeta Alimentar, articulada con esta política.
En síntesis, probablemente este proyecto de ley no aborde el conjunto de los desafíos que podamos tener en la primera infancia, pero significa un paso concreto con prestaciones muy definidas que dan respuesta a desafíos muy importantes. Además, está hecho con un enfoque de articulación e integralidad que habilita a pensar que podamos ir ensanchando el campo de la intervención a futuro.
Desde ese punto de vista, tanto para nuestro Ministerio de Desarrollo Social como para la Secretaría de Niñez, es un avance muy significativo y ojalá el Congreso lo pueda hacer propio.
Voy a hacer unos breves aportes para complementar lo que ya presentaron nuestros colegas.
En la República Argentina el 6,7 por ciento de la población, de acuerdo al censo del 2010, es de niños y niñas de hasta tres años de edad. Son alrededor de 3 millones de niños y niñas. El 13 por ciento de las familias argentinas tiene al cuidado un niño o una niña de hasta 3 años de edad, y en algunos casos hasta dos niños. Pero cuando analizamos las familias en hogares pobres, ese número prácticamente se duplica. Es decir que, en los hogares pobres, el 24,4 por ciento de las familias tiene al cuidado a algún niño o niña de 1, 2 o 3 años de edad.
En cuanto al tema de los cuidados, a veces se invisibiliza la incidencia del sistema educativo argentino. Me refiero no solamente a las trayectorias de educación sino también de cuidado -y de cuidado complementario- de las familias. En este punto, es importante tener presente que en la Argentina hay 1.850.000 niños y niñas que concurren a la educación inicial. Entre ellos, si bien en este momento los jardines maternales solo cubren 110.000 plazas, la sala de 3 suma 330.000 chicos más. Es decir que hay 440.000 niños y niñas desde cuarenta y cinco días hasta 3 años inclusive que han sido incorporados al sistema educativo.
A esto hay que sumar que hay una red muy importante en el país, que son los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios, que dependen de organizaciones, municipios o provincias y no del sistema educativo. De acuerdo con el relevamiento que estamos haciendo desde la Secretaría, nuestra estimación es que supera las 3.500 unidades. Al día de hoy, en nuestro Plan Nacional de Primera Infancia tenemos conveniados 2.004 centros, lo que implica una cobertura de 133.000 niños, de los cuales entre el 50 y el 60 por ciento tiene hasta 3 años de edad. Digo esto para poner en claro un conjunto de datos que nos hablan de los espacios de cuidado y de educación en las familias para niños de hasta 3 años de edad.
En lo que respecta a la cobertura de la Tarjeta Alimentar -porque hablo no solamente por la Secretaría sino también por el Ministerio de Desarrollo Social-, alcanza a 940.000 niños y niñas de hasta 3 años de edad. Se trata del 47 por ciento de todo el universo que cubre la Tarjeta Alimentar.
Ingresando al terreno de este proyecto de ley, quiero ratificar lo que decía la ministra Gómez Alcorta, en el sentido del fuerte enfoque convencional de esta norma, ya que está vinculado con los derechos a la salud, a la seguridad social y a la identidad de las infancias. De hecho, yo voy a reflexionar sobre el impacto que tendría esta ley en las infancias. Esto ya está contemplando en la Convención. Hay un principio muy fuerte en la Convención que tiene que ver con las obligaciones que tienen los Estados. La Convención pone una vara muy alta respecto de las responsabilidades familiares en el cuidado y acompañamiento de los niños y las niñas. Pero al mismo tiempo es muy fuerte -el neoliberalismo tendió a borronear esta idea- la afirmación de la Convención de que los Estados tienen la obligación de acompañar a las familias. En este sentido, este proyecto de ley se inscribe en la línea de la Convención de fortalecer las capacidades de cuidado de las familias.
Además, este proyecto de ley tiene la perspectiva de la integralidad que rescataron también Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Bauer. Lejos de fragmentar a los sujetos, lo que busca es que se lleven a cabo políticas públicas que respeten el interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción simultánea de todos los derechos. Esto no significa que una ley por sí misma responda a todas las demandas y desafíos, pero lo cierto es que sí responde a una perspectiva de integralidad.
Esta norma no hay que pensarla en sí misma. El Congreso de la Nación, desde la sanción de la ley 26.061, ha aprobado no menos de quince leyes en favor de las infancias. En la post-Convención ya había algunas normas, pero después de la ley 26.061 se dictaron leyes como la ley de educación nacional; la ley de financiamiento educativo; la ley de educación sexual integral; la ley de Centros de Desarrollo Infantil; la ley de prohibición del trabajo infantil; la reforma de la ley 26.413, sobre los registros civiles a favor de los niños; la ley de mayoría de edad a los 18 años; la ley de ciudadanía argentina; la ley de voto de chicos de 16 y 17 años; el nuevo Código Civil y Comercial, que es el ingreso de la Convención a las relaciones de familia; el Programa de ∫Acompañamiento para el Egreso, creado por la ley 27.364; la ley RENNyA, de reparación para niños y niñas cuyas mamás fueron víctimas de violencia de género y perdieron la vida.
Recientemente hubo una modificación del artículo 44 de la ley 26.061. Pero no quiero mencionar las leyes que tienen algunas cláusulas, como las que mencionaba Elizabeth. Me refiero a leyes como la 26.485, de violencia, la ley de servicio de comunicación audiovisual o la ley de salud mental.
Es decir que el plexo normativo generado por el Congreso Nacional en los últimos veinte años en favor de las infancias -porque no hay ninguna discusión de que favorece a las infancias- es riquísimo. Hay que pensar esta nueva norma incluyéndola en ese entramado. No deberíamos verla como una ley que resuelve todos los problemas, sino como una ley que viene a dar un paso muy fuerte para mejorar ese entramado.
¿En qué sentido mejora el entramado? En primer lugar, jerarquiza la agenda de las primeras infancias. Hay una discusión respecto de qué es la primera infancia, pero no me quiero meter en eso. El Comité de los Derechos del Niño habla de 8 años edad. Esta norma está focalizada fundamentalmente en la población de niños de hasta 3 años de edad y, por tanto, en una parte de la primera infancia. Pero lo cierto es que la ley jerarquiza la agenda de las primeras infancias y eso solo es una noticia muy significativa en la política pública destinada a los niños y niñas en la Argentina.
Por otra parte, el esfuerzo del Ejecutivo a través de este mensaje dirigido a los legisladores es el de pensar que hay una serie de derechos que están reconocidos en normas muy genéricas, aunque la brecha entre esos reconocimientos genéricos y el impacto en la realidad es grande. Esta ley otorga prestaciones muy concretas que tienen eje en la salud pública, con apalancamiento en derecho a la identidad y a la seguridad social. Lo interesante es que hace exigible -vuelvo a adoptar una palabra de Elizabeth- un conjunto de derechos que estaban formulados de manera muy amplia. En otras palabras, este proyecto de ley baja a la tierra la posibilidad de que esos derechos sean exigibles. Pongo algunos ejemplos. El derecho a la identidad y a contar con un sistema de alerta temprana de nacimientos. Ni hablar de la inscripción administrativa para que niños y niñas accedan a inscribirse y a obtener sus documentos. El derecho a la seguridad social. La creación de la asignación por cuidado en salud.
En materia de derecho a la salud, proliferan las prescripciones. Quiero destacar dos. Por un lado, está la necesidad de definir con claridad la atención y cuidado integral de la salud para niños y niñas de hasta 3 años; por el otro, está la provisión gratuita de insumos para los niños de hasta 3 años en particular. Estoy planteándolo desde las tareas de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo. Estos insumos pueden ser alimentos para el crecimiento y desarrollo sustentable como la leche, entre otros. No hablo de los medicamentos, que son competencia del Ministerio de Salud. A partir de esta norma se establece la exigibilidad en temas que estaban reconocidos genéricamente.
Voy a hacer mi última reflexión para poder escuchar las preguntas. Las acciones -y por eso volvemos al tema de la integralidad- que la ley impone, en cabeza del Ejecutivo, al Ministerio de Salud y a la Mesa de Coordinación, están prescriptas en la lógica de fortalecimiento del sistema de protección de derechos. Los convoco a leer el artículo 32 de la ley 26.061, que describe lo que entendemos por Sistema de Protección Integral de Derechos. Pongo algunos ejemplos. El inciso b) del artículo 3º promueve la integración de los dispositivos sanitarios en los territorios, esto es, la articulación intersectorial. Esto va a favorecer la constitución de mesas de primera infancia, que es un esfuerzo difícil de sustentar con nuestras lógicas ministeriales de caminar en paralelo. Este proyecto de ley propone una prescripción clara respecto de que los equipos comunitarios de salud tienen que trabajar en mesas intersectoriales con los de niñez, educación y desarrollo social; en suma, con actores de la sociedad.
Por otra parte, se establece una dinámica de articulación e intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la ANSES que es de singular importancia para un acceso rápido a derechos.
Estoy rescatando algunos aspectos de la norma que obligan al trabajo intersectorial y articulado de diferentes carteras y con expresiones en la comunidad. Como venía diciendo, está la necesidad de intercambio de información entre los dispositivos de salud y el Registro Nacional de las Personas. Eso también supone una intervención que fortalece la integralidad.
En lo que compete a nosotros, el artículo 18 establece la prescripción de la relación entre los organismos de salud en el trabajo sobre la niñez en territorio. Ahí hay un campo inmenso de trabajo vinculado con las vulneraciones de derechos de pibes y pibas y con las violencias.
Yo me atrevo a decir que si esto funciona vamos a poder mejorar incluso las intervenciones, con menos irregularidades en materia de adopciones. No me quiero extender en esto, pero hay un conjunto de tareas a desarrollar ya que el proyecto genera mejores condiciones para que se realicen.
En cuanto a la provisión de alimentos y de insumos dice "respetando las competencias de quienes las vienen desarrollando". Acá estoy pensando en el programa alimentario del Ministerio de Desarrollo Social y en la tarjeta Alimentar, articulada con esta política.
En síntesis, probablemente este proyecto de ley no aborde el conjunto de los desafíos que podamos tener en la primera infancia, pero significa un paso concreto con prestaciones muy definidas que dan respuesta a desafíos muy importantes. Además, está hecho con un enfoque de articulación e integralidad que habilita a pensar que podamos ir ensanchando el campo de la intervención a futuro.
Desde ese punto de vista, tanto para nuestro Ministerio de Desarrollo Social como para la Secretaría de Niñez, es un avance muy significativo y ojalá el Congreso lo pueda hacer propio.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Si te parece, Ely, mi idea es dar lugar a las preguntas. Si estás de acuerdo, vamos a empezar dándole la palabra a la vicepresidenta 1ª de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputada Carmen Polledo, que ha nucleado un grupo de preguntas de integrantes de esta comisión.
SRA. POLLEDO Muchísimas gracias a todos los funcionarios.
Les voy a leer lo que me ha ido llegando de todos los compañeros de Juntos por el Cambio que integran la comisión.
Con respecto al tema de la identidad, la diputada Claudia Najul pregunta si no debería haber registros civiles en todas las maternidades y alta conjunta con el DNI.
Ahora voy a las preguntas de salud. La diputada Najul también pregunta cuánto han bajado los controles de embarazo y en niños sanos por la cuarentena eterna, y qué estrategias van a implementar para recuperar la cobertura de vacunación.
El diputado Rubén Manzi pregunta: para implementar con éxito este programa en los lugares más alejados, ¿no sería necesario fortalecer el plan de atención primaria en cada una de las provincias? De ser así, ¿qué acciones se prevén?
El diputado José Cano dice: básicamente, el proyecto es un enunciado de buenas intenciones, ¿cómo van a garantizar que la mujer embarazada tenga acceso a los controles mínimos? Esto va en la misma línea que plantea el diputado Manzi.
La diputada Dina Rezinovsky pregunta por qué se esperó ocho meses para presentar este proyecto de ley que podría haber ayudado a cientos de miles de mujeres en el país durante la cuarentena. ¿Por qué atar este proyecto al de aborto?
El diputado Manzi tiene una segunda pregunta en función de lo que preguntó la diputada Najul. ¿Con qué acciones se prevé fortalecer la atención primaria de salud en función de que la realidad nos muestra que en muchas jurisdicciones no está funcionando como debería?
También el diputado Cano nos dice que durante el embarazo existe la ausencia de tocoginecólogos en el sistema de salud, que todavía sigue con la cultura hospitalocéntrica. Está preocupado por la falta de los agentes sanitarios.
Creo que no me olvidé de ninguna de las preguntas de los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio.
Les voy a leer lo que me ha ido llegando de todos los compañeros de Juntos por el Cambio que integran la comisión.
Con respecto al tema de la identidad, la diputada Claudia Najul pregunta si no debería haber registros civiles en todas las maternidades y alta conjunta con el DNI.
Ahora voy a las preguntas de salud. La diputada Najul también pregunta cuánto han bajado los controles de embarazo y en niños sanos por la cuarentena eterna, y qué estrategias van a implementar para recuperar la cobertura de vacunación.
El diputado Rubén Manzi pregunta: para implementar con éxito este programa en los lugares más alejados, ¿no sería necesario fortalecer el plan de atención primaria en cada una de las provincias? De ser así, ¿qué acciones se prevén?
El diputado José Cano dice: básicamente, el proyecto es un enunciado de buenas intenciones, ¿cómo van a garantizar que la mujer embarazada tenga acceso a los controles mínimos? Esto va en la misma línea que plantea el diputado Manzi.
La diputada Dina Rezinovsky pregunta por qué se esperó ocho meses para presentar este proyecto de ley que podría haber ayudado a cientos de miles de mujeres en el país durante la cuarentena. ¿Por qué atar este proyecto al de aborto?
El diputado Manzi tiene una segunda pregunta en función de lo que preguntó la diputada Najul. ¿Con qué acciones se prevé fortalecer la atención primaria de salud en función de que la realidad nos muestra que en muchas jurisdicciones no está funcionando como debería?
También el diputado Cano nos dice que durante el embarazo existe la ausencia de tocoginecólogos en el sistema de salud, que todavía sigue con la cultura hospitalocéntrica. Está preocupado por la falta de los agentes sanitarios.
Creo que no me olvidé de ninguna de las preguntas de los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Entonces, le damos a la Casa Rosada la posibilidad de contestar estas preguntas y después pasamos a la diputada Paola Vessvessian para que transmita la otra mitad de las preguntas de la comisión. Después vamos a pasar a Presupuesto y Hacienda con la presidencia de Carlos Heller.
SR. LEPERE Elizabeth Gómez Alcorta tuvo que salir a otra reunión. Ya había advertido antes de comenzar que se superponía con otra.
Con respecto al alta conjunta con el DNI y la presencia de los registros en las maternidades, muchas provincias lo han ido implementando en hospitales que tienen como función primaria la atención de nacimientos. Es una posibilidad. Obviamente, depende de cada jurisdicción la implementación de esta modalidad de inscripción. De todas formas, en cuanto a la alerta temprana que plantea no solo para el sistema de salud privado o público, sino también para los partos fuera de esa jurisdicción -si bien el parto domiciliario o de otras características es algo menor- el objetivo de la ley, que es la inscripción, se va a cumplir.
En ese sentido, sin descuidar la propuesta que hizo la diputada, es importante saber que el objetivo se verá cumplido en la medida en que este sistema de alerta temprana se ponga en funcionamiento. Además, e sería un plus evaluar la posibilidad de extender ese servicio a todo el país. En algunas maternidades ya funciona porque las jurisdicciones lo han implementado.
Con respecto al alta conjunta con el DNI y la presencia de los registros en las maternidades, muchas provincias lo han ido implementando en hospitales que tienen como función primaria la atención de nacimientos. Es una posibilidad. Obviamente, depende de cada jurisdicción la implementación de esta modalidad de inscripción. De todas formas, en cuanto a la alerta temprana que plantea no solo para el sistema de salud privado o público, sino también para los partos fuera de esa jurisdicción -si bien el parto domiciliario o de otras características es algo menor- el objetivo de la ley, que es la inscripción, se va a cumplir.
En ese sentido, sin descuidar la propuesta que hizo la diputada, es importante saber que el objetivo se verá cumplido en la medida en que este sistema de alerta temprana se ponga en funcionamiento. Además, e sería un plus evaluar la posibilidad de extender ese servicio a todo el país. En algunas maternidades ya funciona porque las jurisdicciones lo han implementado.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra para responder a Gabriela Bauer.
SRA. BAUER Con respecto a la caída en la cobertura de las vacunas, ya venía sucediendo en años anteriores. Se ha propuesto desde el ministerio una campaña que ya está priorizando la vacunación de los niños y las niñas. El ministro está trabajando con las jurisdicciones, y los equipos están haciendo una articulación con las distintas jurisdicciones y también en municipios presentando la campaña y, sobre todo, resolviendo el problema que existió con la caída de cobertura por la pandemia.
Ya se está notando una aceleración en volver a los controles y también están implementándose mesas intersectoriales de salud y educación en las provincias. En el mismo proceso de preparación para la vuelta a las aulas se está trabajando en el tema de las vacunas y la recuperación del control de salud.
En relación a la demora en la presentación de este proyecto, lo que voy a decir es solo a manera de opinión. Creo que puedo hablar solo desde Salud. Sabemos que fue necesario priorizar otras leyes y decretos de urgencia que permitieron fortalecer el sistema de salud para pensar la respuesta a la pandemia.
En relación a cómo se va hacer para reforzar el primer nivel de atención, estaba caído el programa Remediar... (inaudible) ... el programa Remediar con fortalecimiento importante de los botiquines. Va a haber medicación vinculada con la prevención del parto prematuro. Ya está bastante aceptado, se tiene que terminar de acordar entre las jurisdicciones la incorporación de nuevos medicamentos relacionados con la etapa perinatal y con la niñez.
También, desde Salud se ha recuperado la adquisición y distribución de la leche fortificada. Se va a comenzar la adquisición de la leche de inicio para aquellos niños y niñas que, por causas médicas, no puedan recibir lactancia. Además, se están comprando equipamientos, sobre todo ecógrafos, para el primer nivel de atención para los controles obstétricos.
En relación al recurso humano, sí es un problema, hay una fuerte dirección de talento humano trabajando para la recuperación de los equipos de salud y de los integrantes.
El rol que han tenido los agentes sanitarios en la pandemia en muchas regiones de nuestro país ha sido altamente ejemplar. Hemos recibido y compartido experiencias de distinto tipo para garantizar el acceso a la salud mediante la búsqueda activa. En un país con estas características es impensable la atención primaria sin jerarquizar el rol fundamental de sus agentes, que deben ser fortalecidos.
Ya se está notando una aceleración en volver a los controles y también están implementándose mesas intersectoriales de salud y educación en las provincias. En el mismo proceso de preparación para la vuelta a las aulas se está trabajando en el tema de las vacunas y la recuperación del control de salud.
En relación a la demora en la presentación de este proyecto, lo que voy a decir es solo a manera de opinión. Creo que puedo hablar solo desde Salud. Sabemos que fue necesario priorizar otras leyes y decretos de urgencia que permitieron fortalecer el sistema de salud para pensar la respuesta a la pandemia.
En relación a cómo se va hacer para reforzar el primer nivel de atención, estaba caído el programa Remediar... (inaudible) ... el programa Remediar con fortalecimiento importante de los botiquines. Va a haber medicación vinculada con la prevención del parto prematuro. Ya está bastante aceptado, se tiene que terminar de acordar entre las jurisdicciones la incorporación de nuevos medicamentos relacionados con la etapa perinatal y con la niñez.
También, desde Salud se ha recuperado la adquisición y distribución de la leche fortificada. Se va a comenzar la adquisición de la leche de inicio para aquellos niños y niñas que, por causas médicas, no puedan recibir lactancia. Además, se están comprando equipamientos, sobre todo ecógrafos, para el primer nivel de atención para los controles obstétricos.
En relación al recurso humano, sí es un problema, hay una fuerte dirección de talento humano trabajando para la recuperación de los equipos de salud y de los integrantes.
El rol que han tenido los agentes sanitarios en la pandemia en muchas regiones de nuestro país ha sido altamente ejemplar. Hemos recibido y compartido experiencias de distinto tipo para garantizar el acceso a la salud mediante la búsqueda activa. En un país con estas características es impensable la atención primaria sin jerarquizar el rol fundamental de sus agentes, que deben ser fortalecidos.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene palabra la vicepresidenta 2ª de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, diputada Paola Vessvessian, que de alguna manera ha recopilado las preguntas del otro bloque. Luego pasamos a las preguntas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Recuerden que después tenemos a la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, que todavía tiene que exponer y responder preguntas, y todavía tenemos una exposición más después del cuarto intermedio.
Recuerden que después tenemos a la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, que todavía tiene que exponer y responder preguntas, y todavía tenemos una exposición más después del cuarto intermedio.
SRA. VESSVESSIAN Ante todo, les agradezco a todos su presencia, la posibilidad que nos brindan de evacuar nuestras dudas y, sobre todo, el reconocimiento de la importancia que tiene este proyecto.
Trataré de ser lo más escueta posible, de sintetizar y sistematizar todas las preguntas que me han llegado, que son varias.
Espero que me escuchen bien. Acá en el sur hay mucho viento, por lo que la señal va y viene.
Trataré de ser lo más escueta posible, de sintetizar y sistematizar todas las preguntas que me han llegado, que son varias.
Espero que me escuchen bien. Acá en el sur hay mucho viento, por lo que la señal va y viene.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Se te escucha perfecto.
SRA. VESSVESSIAN Quisiera consultarle a la licenciada Raverta, directora ejecutiva de la Anses, cuáles son los mecanismos de acceso, cómo se prevé llegar a los lugares más alejados y, principalmente, si hay algún trabajo específico para los pueblos originarios.
Al licenciado Lepere, Secretario de Interior, quisiera decirle, en primer lugar, que celebro que se haya eliminado el certificado de pobreza; creo que es un enfoque que debemos destacar.
En cuanto a la implementación de los certificados digitales de hechos vitales, quisiera saber cómo será el mecanismo de acceso -si será progresivo- y cómo se llegará a las distintas provincias y municipios.
Al doctor Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quisiera consultarle sobre los mecanismos de articulación con la ley 26.233 -relativa a los Centros de Desarrollo Infantil- y, sobre todo, cuál es la modalidad de articulación entre el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y los órganos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes provinciales y, a su vez, cómo articulan estos con los órganos de protección local de la niñez. También quiero consultarle si se prevé algún protocolo específico para las adolescentes embarazadas, sobre todo menores de 15 años, y si existe alguna acción de acompañamiento para quienes van a acceder a este programa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
A la representante del Ministerio de Salud le quisiera pedir si puede precisar los criterios y las premisas del modelo de atención integral de las intervenciones comunitarias en cuanto a la trombofilia, específicamente en lo relativo a la implementación de la cobertura en el diagnóstico y el tratamiento de las personas gestantes que atraviesan un suceso vinculado a dicha patología.
En cuanto a la salud integral en general -no solo para la trombofilia-, quisiera saber si habrá nuevos dispositivos de implementación o se hará una reorganización de los existentes.
Por último, tengo dos preguntas para quien quiera contestarlas. Quisiera saber si consideran que están dadas las condiciones para implementar el programa de atención vinculado al abordaje de las distintas realidades y diversidades de las personas gestantes.
Con respecto a la articulación con las provincias y los municipios, quisiera saber cuál sería el rol que están pensando para el diseño e implementación a nivel territorial, si se acompañarán recursos para la efectivización y la rápida respuesta del trabajo en redes de los distintos organismos en los diferentes territorios.
Espero no haber sido muy extensa. Si no fui clara en alguna cuestión, puedo explicarla un poco mejor.
Al licenciado Lepere, Secretario de Interior, quisiera decirle, en primer lugar, que celebro que se haya eliminado el certificado de pobreza; creo que es un enfoque que debemos destacar.
En cuanto a la implementación de los certificados digitales de hechos vitales, quisiera saber cómo será el mecanismo de acceso -si será progresivo- y cómo se llegará a las distintas provincias y municipios.
Al doctor Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quisiera consultarle sobre los mecanismos de articulación con la ley 26.233 -relativa a los Centros de Desarrollo Infantil- y, sobre todo, cuál es la modalidad de articulación entre el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y los órganos de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes provinciales y, a su vez, cómo articulan estos con los órganos de protección local de la niñez. También quiero consultarle si se prevé algún protocolo específico para las adolescentes embarazadas, sobre todo menores de 15 años, y si existe alguna acción de acompañamiento para quienes van a acceder a este programa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
A la representante del Ministerio de Salud le quisiera pedir si puede precisar los criterios y las premisas del modelo de atención integral de las intervenciones comunitarias en cuanto a la trombofilia, específicamente en lo relativo a la implementación de la cobertura en el diagnóstico y el tratamiento de las personas gestantes que atraviesan un suceso vinculado a dicha patología.
En cuanto a la salud integral en general -no solo para la trombofilia-, quisiera saber si habrá nuevos dispositivos de implementación o se hará una reorganización de los existentes.
Por último, tengo dos preguntas para quien quiera contestarlas. Quisiera saber si consideran que están dadas las condiciones para implementar el programa de atención vinculado al abordaje de las distintas realidades y diversidades de las personas gestantes.
Con respecto a la articulación con las provincias y los municipios, quisiera saber cuál sería el rol que están pensando para el diseño e implementación a nivel territorial, si se acompañarán recursos para la efectivización y la rápida respuesta del trabajo en redes de los distintos organismos en los diferentes territorios.
Espero no haber sido muy extensa. Si no fui clara en alguna cuestión, puedo explicarla un poco mejor.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Pasamos entonces a la conexión con Casa Rosada para que vayan respondiendo las preguntas.
SR. LEPERE Agradezco las preguntas formuladas.
La implementación del certificado digital de hechos vitales contempla estos pasos. Por un lado, apenas la ley lo disponga, estará funcionando el sistema de alerta temprana -esa es una razón por la cual los registros civiles tendrán que informar al Renaper cada inscripción que hagan-.
Por otro lado, lo que se busca con el certificado digital es ir incluso un paso más allá: los profesionales que atiendan los partos serán quienes deberán cargar los certificados de nacimiento en forma digital, por cuanto la información llegará en forma inmediata al Registro Nacional de las Personas. Ya hemos comenzado una prueba piloto para implementar el certificado de defunción digital.
La metodología de implementación es a través del Consejo Federal de Registros Civiles que integra el Renaper -en coordinación con cada una de las provincias en ese nivel a través de los ministros de gobierno, que son los que normalmente, en la mayoría de las provincias, están a cargo de los registros provinciales- y a través de los gobernadores y gobernadoras. La plataforma ya está vigente.
En el caso del certificado digital de hechos vitales para los nacimientos, es necesario continuar con el otorgamiento de la certificación de firma digital a los profesionales y las profesionales que atenderán esta situación y, obviamente, la puesta en marcha de esa implementación requerirá cierto tiempo en cada jurisdicción.
De todas formas, reitero que el sistema de alerta temprana no necesita de este certificado de hechos vitales -ese sería un paso posterior-, por lo que la idea del acceso a la identidad y del seguimiento de cada caso para realizar la definitiva inscripción y otorgamiento del DNI estará vigente desde el momento en que se sancione la ley.
De todas formas, seguimos trabajando en la implementación de los certificados de hechos vitales con cada una de las provincias.
La implementación del certificado digital de hechos vitales contempla estos pasos. Por un lado, apenas la ley lo disponga, estará funcionando el sistema de alerta temprana -esa es una razón por la cual los registros civiles tendrán que informar al Renaper cada inscripción que hagan-.
Por otro lado, lo que se busca con el certificado digital es ir incluso un paso más allá: los profesionales que atiendan los partos serán quienes deberán cargar los certificados de nacimiento en forma digital, por cuanto la información llegará en forma inmediata al Registro Nacional de las Personas. Ya hemos comenzado una prueba piloto para implementar el certificado de defunción digital.
La metodología de implementación es a través del Consejo Federal de Registros Civiles que integra el Renaper -en coordinación con cada una de las provincias en ese nivel a través de los ministros de gobierno, que son los que normalmente, en la mayoría de las provincias, están a cargo de los registros provinciales- y a través de los gobernadores y gobernadoras. La plataforma ya está vigente.
En el caso del certificado digital de hechos vitales para los nacimientos, es necesario continuar con el otorgamiento de la certificación de firma digital a los profesionales y las profesionales que atenderán esta situación y, obviamente, la puesta en marcha de esa implementación requerirá cierto tiempo en cada jurisdicción.
De todas formas, reitero que el sistema de alerta temprana no necesita de este certificado de hechos vitales -ese sería un paso posterior-, por lo que la idea del acceso a la identidad y del seguimiento de cada caso para realizar la definitiva inscripción y otorgamiento del DNI estará vigente desde el momento en que se sancione la ley.
De todas formas, seguimos trabajando en la implementación de los certificados de hechos vitales con cada una de las provincias.
SRA. RAVERTA Buen día. Voy a contestar lo que tiene que ver con la ANSES.
En cuanto a la accesibilidad y a cómo llegar a las mamás de los distintos lugares del país, actualmente el trámite para dar el alta a una asignación por embarazo se puede generar a través de la plataforma virtual del organismo o en cualquiera de nuestras dependencias que, obviamente, tienen un alcance territorial importante, puesto que se ubican a lo largo y ancho del país para que los argentinos y argentinas tengan acceso a las prestaciones. Por supuesto, sabemos que hay lugares donde se complica llegar hasta nuestras oficinas; por lo tanto, el artículo 11 del Capítulo II justamente refiere a la articulación interinstitucional y a la inteligencia que, de alguna manera, el gobierno tiene como meta para el Estado nacional con la finalidad de poder compartir los datos y la información para el logro de los distintos objetivos.
Dicho artículo puntualmente se refiere a la articulación intraestatal; a mí me gusta decir que, además de la inteligencia entre los organismos y los ministerios de gobierno nacional, hay una inteligencia que también debe ser interjurisdiccional. Es necesario construir ese camino, ese diálogo entre los sistemas de información para que las políticas públicas del Estado puedan impactar inteligentemente en un sistema único de información que nos permita ser más eficientes y que posibilite a los argentinos y las argentinas un mejor acceso a sus derechos.
Por lo tanto, hace ya un tiempito venimos trabajando con los distintos organismos y ministerios del Estado nacional para que los sistemas de información estén conectados. Como saben, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Educación justamente para que la base de datos de los chicos y las chicas de la Argentina impacte en un sistema que nos permita construir políticas públicas con un mayor nivel de precisión.
Por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos junto al Ministerio de Salud es que el formulario que completa el pediatra o el médico que atiende los controles del embarazo de las mujeres que forman parte del programa SUMAR, del Ministerio de Salud, impacte en nuestra base de datos -ADP-. Lo mismo ocurre con la escolaridad para los chicos que están en la edad de formación escolar obligatoria.
Por lo tanto, cada uno de esos caminitos que estamos haciendo para pensar la integralidad de los ciudadanos y ciudadanas argentinas con una perspectiva y una mirada más eficiente por parte del Estado en sus políticas públicas apuntan al objetivo propuesto que, de hecho, justamente se enuncia en el artículo 11 del Capítulo II de esta iniciativa.
Es un desafío y un objetivo que, claramente, pueden realizarse cuando son la decisión política de cada uno de los ministros y del gobierno.
Estamos con mucha expectativa de lograr que la información sea más precisa y tenga posibilidades de articulación y comunicación; ello permitirá hacer más accesibles no solo cada uno de los derechos que garantiza nuestro organismo, sino también cada una de las políticas públicas del gobierno nacional.
En cuanto a la accesibilidad y a cómo llegar a las mamás de los distintos lugares del país, actualmente el trámite para dar el alta a una asignación por embarazo se puede generar a través de la plataforma virtual del organismo o en cualquiera de nuestras dependencias que, obviamente, tienen un alcance territorial importante, puesto que se ubican a lo largo y ancho del país para que los argentinos y argentinas tengan acceso a las prestaciones. Por supuesto, sabemos que hay lugares donde se complica llegar hasta nuestras oficinas; por lo tanto, el artículo 11 del Capítulo II justamente refiere a la articulación interinstitucional y a la inteligencia que, de alguna manera, el gobierno tiene como meta para el Estado nacional con la finalidad de poder compartir los datos y la información para el logro de los distintos objetivos.
Dicho artículo puntualmente se refiere a la articulación intraestatal; a mí me gusta decir que, además de la inteligencia entre los organismos y los ministerios de gobierno nacional, hay una inteligencia que también debe ser interjurisdiccional. Es necesario construir ese camino, ese diálogo entre los sistemas de información para que las políticas públicas del Estado puedan impactar inteligentemente en un sistema único de información que nos permita ser más eficientes y que posibilite a los argentinos y las argentinas un mejor acceso a sus derechos.
Por lo tanto, hace ya un tiempito venimos trabajando con los distintos organismos y ministerios del Estado nacional para que los sistemas de información estén conectados. Como saben, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de Educación justamente para que la base de datos de los chicos y las chicas de la Argentina impacte en un sistema que nos permita construir políticas públicas con un mayor nivel de precisión.
Por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos junto al Ministerio de Salud es que el formulario que completa el pediatra o el médico que atiende los controles del embarazo de las mujeres que forman parte del programa SUMAR, del Ministerio de Salud, impacte en nuestra base de datos -ADP-. Lo mismo ocurre con la escolaridad para los chicos que están en la edad de formación escolar obligatoria.
Por lo tanto, cada uno de esos caminitos que estamos haciendo para pensar la integralidad de los ciudadanos y ciudadanas argentinas con una perspectiva y una mirada más eficiente por parte del Estado en sus políticas públicas apuntan al objetivo propuesto que, de hecho, justamente se enuncia en el artículo 11 del Capítulo II de esta iniciativa.
Es un desafío y un objetivo que, claramente, pueden realizarse cuando son la decisión política de cada uno de los ministros y del gobierno.
Estamos con mucha expectativa de lograr que la información sea más precisa y tenga posibilidades de articulación y comunicación; ello permitirá hacer más accesibles no solo cada uno de los derechos que garantiza nuestro organismo, sino también cada una de las políticas públicas del gobierno nacional.
SR. PRESIDENTE YEDLIN La doctora Gabriela Bauer tiene alguna pregunta para contestar.
SRA. BAUER Así es, sobre todo con respecto a cómo vamos a pensar en la integralidad. Lo haremos de dos formas. Una de ellas es readecuando los dispositivos. El Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el Plan SUMAR en su máxima extensión y cuenta con la adhesión de casi todas las jurisdicciones, es decir, hacia el interior de las jurisdicciones en los distintos departamentos. En este punto hemos adecuado módulos a través de prestaciones combinadas para que se puedan dar en un mismo momento y resolver en un mismo proceso sin que las personas tengan que ir y volver a los controles. Este es un modelo. Es una de las tantas formas que estamos pensando para ver cómo adecuamos los dispositivos, jerarquizando el rol de la atención primaria y de los agentes sanitarios.
Por otra parte, se va a trabajar fuertemente en lo que es la búsqueda activa, también apoyada por sistemas digitales, con tablets y demás. Un ejemplo reciente lo tenemos con el inicio de una estrategia de búsqueda de casos de desnutrición aguda en comunidades dispersas y aisladas como, por ejemplo, en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. El agente sanitario está capacitado para ir a detectar y buscar anticipadamente a esos niños pudiendo él mismo documentar la prestación. Entonces, la idea es adecuar dispositivos y jerarquizar bien lo que significa esa llegada a las personas que sabemos que tienen serias barreras en el acceso. Pero hay algunos dispositivos nuevos que son necesarios. Pensamos que son necesarios los dispositivos para un mejor enfoque de riesgos. Por ejemplo, uno de los modelos es el de la trombofilia. Un dispositivo muy necesario es el armado del modelo integral para la atención de niños y niñas con cuidados especiales. Sabemos que, en general, padecen de una atención fragmentaria o son muy atendidos en el tercer nivel de atención y en sus comunidades no encuentran la inclusión o la respuesta porque en general los equipos de salud tienen muy poco apoyo o sostén desde los centros complejos. Entonces, para esas poblaciones o subgrupos de mayores riesgos va a haber dispositivos diseñados.
Por otra parte, se va a trabajar fuertemente en lo que es la búsqueda activa, también apoyada por sistemas digitales, con tablets y demás. Un ejemplo reciente lo tenemos con el inicio de una estrategia de búsqueda de casos de desnutrición aguda en comunidades dispersas y aisladas como, por ejemplo, en las provincias de Salta, Formosa y Chaco. El agente sanitario está capacitado para ir a detectar y buscar anticipadamente a esos niños pudiendo él mismo documentar la prestación. Entonces, la idea es adecuar dispositivos y jerarquizar bien lo que significa esa llegada a las personas que sabemos que tienen serias barreras en el acceso. Pero hay algunos dispositivos nuevos que son necesarios. Pensamos que son necesarios los dispositivos para un mejor enfoque de riesgos. Por ejemplo, uno de los modelos es el de la trombofilia. Un dispositivo muy necesario es el armado del modelo integral para la atención de niños y niñas con cuidados especiales. Sabemos que, en general, padecen de una atención fragmentaria o son muy atendidos en el tercer nivel de atención y en sus comunidades no encuentran la inclusión o la respuesta porque en general los equipos de salud tienen muy poco apoyo o sostén desde los centros complejos. Entonces, para esas poblaciones o subgrupos de mayores riesgos va a haber dispositivos diseñados.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Voy a consultar al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, diputado Carlos Heller, si hay alguna pregunta por parte de alguno de sus integrantes.
SR. HELLER Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos y todas quienes participan de esta reunión.
Concretamente, la señora diputada Blanca Osuna iba a reunir las eventuales preguntas por parte de los diputados de la comisión pertenecientes al bloque de Frente de Todos y el señor diputado Luciano Laspina haría lo propio con las inquietudes provenientes de quienes conforman el bloque de Juntos por el Cambio. Así que sería el turno de la señora diputada Osuna para formularlas...
Concretamente, la señora diputada Blanca Osuna iba a reunir las eventuales preguntas por parte de los diputados de la comisión pertenecientes al bloque de Frente de Todos y el señor diputado Luciano Laspina haría lo propio con las inquietudes provenientes de quienes conforman el bloque de Juntos por el Cambio. Así que sería el turno de la señora diputada Osuna para formularlas...
SRA. VESVESSIAN Falta una respuesta.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Entonces, le voy a ceder el uso de la palabra a alguno de los invitados para responderla.
Tiene la palabra el doctor Gabriel Lerner.
Tiene la palabra el doctor Gabriel Lerner.
SR. LERNER Así es. La licenciada y diputada Vesvessian planteó algunas preguntas vinculadas con el tema de la niñez. Ella hizo alusión a los desafíos en los mecanismos de articulación. La señora diputada conoce muy bien este punto porque ha estado vinculada con la temática en su momento, pero seguramente la pregunta la generó algún otro legislador.
Concretamente, existe el Consejo Federal de la Niñez que funciona por ley y ya va por la sesión número 38. Es un organismo muy importante para la política nacional de infancia. Hay una política muy fuerte de descentralización de organismos en la mayoría de las provincias.
Hoy, la existencia en los territorios de áreas de niñez, servicios locales y dirección de niñez, es parte de un paisaje que hace veinte o veinticinco años no existía. Hay alguna tendencia a formar consejos locales con participación de organizaciones o mesas interministeriales. Se está avanzando fuertemente en el tema de primera infancia en particular. Estuvimos trabajando con UNICEF que coordina un fondo de cuatro agencias de Naciones Unidas y se está apoyando a las mesas provinciales y locales de primera infancia en las provincias de Salta, Mendoza y Entre Ríos. Hay otras provincias que lo están dinamizando por sí mismas.
Como la secretaría nacional tiene mucha capilaridad con el Programa Nacional de Primera Infancia y con el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años, hay una participación activa allí.
Por eso, señalaba la buena noticia de esta prescripción a los equipos comunitarios de salud de integrarse a articulaciones intersectoriales, porque eso va a ser un avance muy importante. De hecho, en conjunto con la doctora Bauer ya venimos desarrollando algunas cuestiones, entre ellas la Campaña Nacional de Prevención de la Bronquiolitis en los territorios, y eso tiene que ver con la mayor porosidad de las diferentes agencias para trabajar en conjunto.
Finalmente, me quiero referir a los protocolos o guías de niñas o adolescentes menores de quince años con embarazos. En lo que respecta a estos casos, recientemente el Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía y un protocolo muy importantes en el Boletín Oficial. Estimo que debe ser una publicación que data de hace unos quince días.
Nuestro aporte está relacionado con que la secretaría integra el ENIA, es decir, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
En la página web respectiva hay mucho material compuesto por guías y formas de trabajo con niñas y adolescentes embarazadas. Por supuesto, estamos a disposición de los señores diputados para ampliar este punto.
Concretamente, existe el Consejo Federal de la Niñez que funciona por ley y ya va por la sesión número 38. Es un organismo muy importante para la política nacional de infancia. Hay una política muy fuerte de descentralización de organismos en la mayoría de las provincias.
Hoy, la existencia en los territorios de áreas de niñez, servicios locales y dirección de niñez, es parte de un paisaje que hace veinte o veinticinco años no existía. Hay alguna tendencia a formar consejos locales con participación de organizaciones o mesas interministeriales. Se está avanzando fuertemente en el tema de primera infancia en particular. Estuvimos trabajando con UNICEF que coordina un fondo de cuatro agencias de Naciones Unidas y se está apoyando a las mesas provinciales y locales de primera infancia en las provincias de Salta, Mendoza y Entre Ríos. Hay otras provincias que lo están dinamizando por sí mismas.
Como la secretaría nacional tiene mucha capilaridad con el Programa Nacional de Primera Infancia y con el Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años, hay una participación activa allí.
Por eso, señalaba la buena noticia de esta prescripción a los equipos comunitarios de salud de integrarse a articulaciones intersectoriales, porque eso va a ser un avance muy importante. De hecho, en conjunto con la doctora Bauer ya venimos desarrollando algunas cuestiones, entre ellas la Campaña Nacional de Prevención de la Bronquiolitis en los territorios, y eso tiene que ver con la mayor porosidad de las diferentes agencias para trabajar en conjunto.
Finalmente, me quiero referir a los protocolos o guías de niñas o adolescentes menores de quince años con embarazos. En lo que respecta a estos casos, recientemente el Ministerio de Salud de la Nación publicó una guía y un protocolo muy importantes en el Boletín Oficial. Estimo que debe ser una publicación que data de hace unos quince días.
Nuestro aporte está relacionado con que la secretaría integra el ENIA, es decir, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
En la página web respectiva hay mucho material compuesto por guías y formas de trabajo con niñas y adolescentes embarazadas. Por supuesto, estamos a disposición de los señores diputados para ampliar este punto.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Tiene la palabra la señora diputada Osuna.
SRA. OSUNA Señor presidente: tengo dos preguntas para el secretario de Interior, licenciado José Lepere. La primera de ellas se refiere a acciones en un futuro cercano que puedan garantizar la registración de niños y niñas que se han quedado sin la documentación respectiva debido al tema de la pandemia.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Esa pregunta se escuchó bien. ¿Cuál es la otra?
SRA. OSUNA La otra pregunta es formulada por la señora diputada...(inaudible) y por el señor diputado Germán Martínez. Hay provincias que no tienen digitalizado el registro civil y que no entregan documentación de manera electrónica. La idea es saber si es posible atender eso y si está previsto hacer alguna acción respecto a ese tema.
La siguiente consulta la efectúa la señora diputada Victoria Rosso y tiene que ver con la asignación por embarazo, si se paga la totalidad en todos los casos. Por ejemplo, en los casos de nacimiento prematuro y de fallecimiento del infante, si se considera retroactivo desde el momento en que se acredita el embarazo.
Por último, la consulta tiene que ver con el valor que se le da en este proyecto a la intersectorialidad. La verdad lo consideramos un... (inaudible). En consecuencia, poder atender el... (inaudible)...
La siguiente consulta la efectúa la señora diputada Victoria Rosso y tiene que ver con la asignación por embarazo, si se paga la totalidad en todos los casos. Por ejemplo, en los casos de nacimiento prematuro y de fallecimiento del infante, si se considera retroactivo desde el momento en que se acredita el embarazo.
Por último, la consulta tiene que ver con el valor que se le da en este proyecto a la intersectorialidad. La verdad lo consideramos un... (inaudible). En consecuencia, poder atender el... (inaudible)...
SR. HELLER No se entiende nada, señora diputada Osuna.
SRA. OSUNA Bueno, entonces leo hasta acá.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Vamos a ir contestando las preguntas y luego veremos si la señora diputada mejora su señal de conexión. Se podría ir respondiendo la consulta sobre el registro civil.
Tiene la palabra el licenciado José Lepere.
Tiene la palabra el licenciado José Lepere.
SR. LEPERE Se escuchó mal, pero interpretamos el sentido de la pregunta.
Particularmente la consulta es sobre la no documentación, es decir, cómo vamos a ir corrigiendo la baja registración que hubo durante la pandemia.
Por un lado, nosotros venimos articulando con cada una de las provincias este trabajo. Obviamente, lo hicimos en la medida en que se fueron abriendo o cerrando las tareas de los registros civiles de acuerdo con lo que indicaba la pandemia, es decir, si había aislamiento o distanciamiento. En general, la mayoría de las provincias pudo sostener servicios con regularidad y no han mermado notablemente su atención. En todo caso, no tienen una baja inscripción o una subregistración que sea alarmante.
Por otra parte, sí hay provincias en las que el aislamiento ha sido más duro y ha tenido una mayor extensión en el tiempo, y en las cuales las oficinas han permanecido cerradas. Entonces, eso obliga a una tarea de abordaje fuerte.
Como ustedes saben, la inscripción de los nacimientos y defunciones es una atribución que tienen los registros civiles provinciales. La tarea del Registro Nacional de las Personas es de apoyatura y de avances. Además, tenemos un despliegue territorial del Renaper en relación con campañas de documentación. Pero obviamente, tanto la registración de nacimientos como de fallecimientos, dependen de las provincias.
En este sentido, estamos trabajando articuladamente, porque nosotros claramente tomamos nota de que los cierres que han operado en cuanto a la atención al público han impactado en esta registración y es urgente abordarlo. Así que a esa tarea estamos abocados con cada uno de los registros civiles provinciales y con sus autoridades políticas, gobernadores y gobernadoras, ministros y ministras.
En relación con el registro electrónico, somos testigos de que a veces la comunicación a este nivel no funciona del todo correctamente, como nos ha pasado ahora. Entonces, teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener las provincias para la aplicación de este sistema, la plataforma de registración del Certificado Digital de Hechos Vitales es provista por la Nación y se trabaja caso por caso, provincia por provincia, municipio por municipio, para ver las particularidades de conexión. Es verdad que a lo largo de nuestro país hay realidades muy divergentes respecto de la conectividad y el acceso a herramientas digitales. Así que el Estado nacional, a través del Renaper, proveerá esta plataforma y garantizará su implementación en cada una de las jurisdicciones.
Espero con esto haber respondido las preguntas formuladas por la diputada. Pido disculpas si queda algo pendiente, ya que no se pudo escuchar correctamente.
Particularmente la consulta es sobre la no documentación, es decir, cómo vamos a ir corrigiendo la baja registración que hubo durante la pandemia.
Por un lado, nosotros venimos articulando con cada una de las provincias este trabajo. Obviamente, lo hicimos en la medida en que se fueron abriendo o cerrando las tareas de los registros civiles de acuerdo con lo que indicaba la pandemia, es decir, si había aislamiento o distanciamiento. En general, la mayoría de las provincias pudo sostener servicios con regularidad y no han mermado notablemente su atención. En todo caso, no tienen una baja inscripción o una subregistración que sea alarmante.
Por otra parte, sí hay provincias en las que el aislamiento ha sido más duro y ha tenido una mayor extensión en el tiempo, y en las cuales las oficinas han permanecido cerradas. Entonces, eso obliga a una tarea de abordaje fuerte.
Como ustedes saben, la inscripción de los nacimientos y defunciones es una atribución que tienen los registros civiles provinciales. La tarea del Registro Nacional de las Personas es de apoyatura y de avances. Además, tenemos un despliegue territorial del Renaper en relación con campañas de documentación. Pero obviamente, tanto la registración de nacimientos como de fallecimientos, dependen de las provincias.
En este sentido, estamos trabajando articuladamente, porque nosotros claramente tomamos nota de que los cierres que han operado en cuanto a la atención al público han impactado en esta registración y es urgente abordarlo. Así que a esa tarea estamos abocados con cada uno de los registros civiles provinciales y con sus autoridades políticas, gobernadores y gobernadoras, ministros y ministras.
En relación con el registro electrónico, somos testigos de que a veces la comunicación a este nivel no funciona del todo correctamente, como nos ha pasado ahora. Entonces, teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener las provincias para la aplicación de este sistema, la plataforma de registración del Certificado Digital de Hechos Vitales es provista por la Nación y se trabaja caso por caso, provincia por provincia, municipio por municipio, para ver las particularidades de conexión. Es verdad que a lo largo de nuestro país hay realidades muy divergentes respecto de la conectividad y el acceso a herramientas digitales. Así que el Estado nacional, a través del Renaper, proveerá esta plataforma y garantizará su implementación en cada una de las jurisdicciones.
Espero con esto haber respondido las preguntas formuladas por la diputada. Pido disculpas si queda algo pendiente, ya que no se pudo escuchar correctamente.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias. Creo que Blanca Osuna corrigió algunas cosas y puede completar las preguntas que habían quedado pendientes.
Damos nuevamente la palabra a la señora diputada Osuna.
Damos nuevamente la palabra a la señora diputada Osuna.
SRA. OSUNA Gracias, señor presidente, espero que se escuche mejor ya que quedaron dos cosas pendientes. Una de ellas es una pregunta de la diputada Rosso, quien hizo un planteo en relación con el pago de la Asignación por Embarazo. En los casos de fallecimiento, nacimiento prematuro o fallecimiento del infante antes de la finalización del período de embarazo, la pregunta era si el cobro de esa asignación se consideraba retroactiva desde el momento en que se acredita el embarazo. Esa era una inquietud.
La otra se refiere al valor de la intersectorialidad, como un dato que venimos registrando respecto de la obligatoriedad del inicio escolar a los 5 años, que fue lo que estableció la Ley de Educación Nacional en 2006. En 2014, se amplía a los 4 años; en 2016, el expresidente Macri envía un proyecto de obligatoriedad a partir de los 3 años, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero después se da marcha atrás. Finalmente, queda la universalización a los 3 años. Pero los datos de matrícula del nivel inicial, llamativamente, muestran una caída importante entre 2017 y 2019.
Entonces, en cuanto a esa perspectiva de intersectorialidad, la pregunta es cómo aparece este frente vinculado con el nivel de educación y el sistema educativo en el trabajo conjunto que ustedes se han propuesto en este equipo.
La otra se refiere al valor de la intersectorialidad, como un dato que venimos registrando respecto de la obligatoriedad del inicio escolar a los 5 años, que fue lo que estableció la Ley de Educación Nacional en 2006. En 2014, se amplía a los 4 años; en 2016, el expresidente Macri envía un proyecto de obligatoriedad a partir de los 3 años, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero después se da marcha atrás. Finalmente, queda la universalización a los 3 años. Pero los datos de matrícula del nivel inicial, llamativamente, muestran una caída importante entre 2017 y 2019.
Entonces, en cuanto a esa perspectiva de intersectorialidad, la pregunta es cómo aparece este frente vinculado con el nivel de educación y el sistema educativo en el trabajo conjunto que ustedes se han propuesto en este equipo.
SR. PRESIDENTE HELLER Gracias, Blanca. Ahora se escuchó bien, así que esperamos la respuesta.
SRA. RAVERTA En cuanto a cómo se va a reglamentar, la idea es poner en pie de igualdad a los chicos y a las mamás del Prenatal -que son desocupadas o trabajadoras informales-, con las mamás trabajadoras que cobran un salario y que perciben la Asignación por Embarazo. La idea es que ambas cobren los nueve meses del embarazo, o sea, que perciban la misma prestación en concepto de asignación por embarazo durante los nueve meses de gestación. Esto significa poner en pie de igualdad ambas situaciones.
Ahora bien, como ustedes saben, la inscripción del embarazo se realiza a partir del tercer mes. Entonces, la pregunta es cómo se va a hacer, si se van a pagar retroactivos los dos primeros meses de gestación a partir de la inscripción, de manera que al tercer mes se perciba un monto equivalente a tres meses, o si va a ser al final, cuando se paga la condicionalidad.
Como recordarán, todos los meses el 20 por ciento de la prestación por embarazo se va acumulando y se paga en el momento en que se acredita el nacimiento, que es cuando se da el alta a ese nene o a esa nena en la Asignación Universal por Hijo.
Por lo tanto, este va a ser un tema a considerar en la reglamentación y posterior instrumentación por medio de resoluciones y mecanismos dentro del organismo. Es decir, si este pago va a darse durante el tercer mes y abarcará los tres primeros meses de gestación, o si se va a incluir con el pago de ese 20 por ciento, cuando esa mamá termine de cursar su embarazo. De manera que esa definición está sujeta a una discusión en el momento de la reglamentación de la ley.
Cabe aclarar que la norma justamente contempla en su Capítulo II que el pago de la Asignación por Embarazo sea por los nueve meses de gestación para las mamás trabajadoras informales y para las trabajadoras desocupadas de la Argentina. Por lo tanto, el objetivo es acompañar a esas mamás durante los nueve meses con un ingreso económico, con una prestación. Además -y atando un poco este concepto con la segunda pregunta, que contestará el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia-, la idea es por supuesto acompañarlas en materia de salud y también en términos subjetivos. Obviamente, como todos y todas sabemos, cuando una titular de un derecho accede a este derecho, genera un vínculo con el Estado. Por lo tanto, el Estado también es garante en la vida de esa persona durante esa etapa.
Es decir que el vínculo con el Estado a partir de una política pública también tiene una perspectiva integral. No solo se trata de una transferencia de dinero para garantizar condiciones óptimas para el período de gestación de una nueva vida sino, además, de fortalecer ese vínculo que después, por supuesto, nos irá dando distintas estrategias de profundización. Me refiero con esto, por ejemplo, al acompañamiento en los controles de salud y a la vacunación a partir del Programa Sumar.
Por otra parte, el hecho de que esos formularios impacten en nuestras bases, nos servirá a los fines de la Asignación Universal por Hijo y su articulación con el Estado en relación con la escolaridad obligatoria. Allí también se prevé el acompañamiento, ya no de esa mamá y su bebé, sino también de ese chico y de esa chica.
Ahora bien, como ustedes saben, la inscripción del embarazo se realiza a partir del tercer mes. Entonces, la pregunta es cómo se va a hacer, si se van a pagar retroactivos los dos primeros meses de gestación a partir de la inscripción, de manera que al tercer mes se perciba un monto equivalente a tres meses, o si va a ser al final, cuando se paga la condicionalidad.
Como recordarán, todos los meses el 20 por ciento de la prestación por embarazo se va acumulando y se paga en el momento en que se acredita el nacimiento, que es cuando se da el alta a ese nene o a esa nena en la Asignación Universal por Hijo.
Por lo tanto, este va a ser un tema a considerar en la reglamentación y posterior instrumentación por medio de resoluciones y mecanismos dentro del organismo. Es decir, si este pago va a darse durante el tercer mes y abarcará los tres primeros meses de gestación, o si se va a incluir con el pago de ese 20 por ciento, cuando esa mamá termine de cursar su embarazo. De manera que esa definición está sujeta a una discusión en el momento de la reglamentación de la ley.
Cabe aclarar que la norma justamente contempla en su Capítulo II que el pago de la Asignación por Embarazo sea por los nueve meses de gestación para las mamás trabajadoras informales y para las trabajadoras desocupadas de la Argentina. Por lo tanto, el objetivo es acompañar a esas mamás durante los nueve meses con un ingreso económico, con una prestación. Además -y atando un poco este concepto con la segunda pregunta, que contestará el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia-, la idea es por supuesto acompañarlas en materia de salud y también en términos subjetivos. Obviamente, como todos y todas sabemos, cuando una titular de un derecho accede a este derecho, genera un vínculo con el Estado. Por lo tanto, el Estado también es garante en la vida de esa persona durante esa etapa.
Es decir que el vínculo con el Estado a partir de una política pública también tiene una perspectiva integral. No solo se trata de una transferencia de dinero para garantizar condiciones óptimas para el período de gestación de una nueva vida sino, además, de fortalecer ese vínculo que después, por supuesto, nos irá dando distintas estrategias de profundización. Me refiero con esto, por ejemplo, al acompañamiento en los controles de salud y a la vacunación a partir del Programa Sumar.
Por otra parte, el hecho de que esos formularios impacten en nuestras bases, nos servirá a los fines de la Asignación Universal por Hijo y su articulación con el Estado en relación con la escolaridad obligatoria. Allí también se prevé el acompañamiento, ya no de esa mamá y su bebé, sino también de ese chico y de esa chica.
SR. LERNER Si me lo permiten, quisiera completar una respuesta en relación con las últimas preguntas que hizo la diputada Blanca Osuna.
En mi intervención traté de diferenciar el hecho de firmar un proyecto de ley con enfoque de integralidad e intersectorialidad, que no necesariamente suponía abordar todos los desafíos en materia de derechos respecto de las primeras infancias.
Aquí focalizábamos en niños y niñas de hasta tres años, con eje en prestaciones sanitarias y acompañamiento con algún apalancamiento de acceso a la seguridad social y derecho a la identidad. Es decir, se abre un universo de otras posibles acciones. Por ejemplo, los temas que usted menciona son: obligatoriedad de la educación entre tres y cuatro años -tema que es para discutir-, complementariedad entre la educación inicial y los jardines comunitarios, doble complementariedad por las edades pero también por los contraturnos. Las mamás que trabajan, muchas veces demandan un tiempo de cuidado más amplio que el que ofrece el jardín de educación inicial, y trabajan complementariamente en la escuela y en el doble turno del jardín comunitario o municipal. Ahí existe un trabajo entre Educación de la Nación y nuestra Secretaría; incluso, el presidente anunció ahora los 300 nuevos jardines. Además, el Ministerio de Educación tiene una planificación muy ambiciosa de jardines maternales y de infantes, y además nosotros veníamos ejecutando otra línea. Hemos constituido una mesa para trabajo articulado entre los Ministerios de Obras Públicas y de Educación para que esa oferta sea ordenada, planificada y armónica en el territorio.
Otro debate es la calificación y remuneración del personal de los Centros de Desarrollo Infantil que no pertenecen al sistema de salud, y sus capacitaciones. Hay una agenda muy grande de lo que podríamos llamar el cuidado y la educación. Está claro que hay que normar y estudiar el tema. ¿Esta ley avanza en esto? No, la ley genera mejores condiciones para futuras articulaciones, pero -si se quiere- podría haber una regulación más específica de cuidado y educación, que no sé si tiene que ser mediante este mismo instrumento.
Yo reseñé todas las leyes a favor de la infancia para pensar los procesos normativos como complementarios, y no con la expectativa de que una ley nos enfrente a todos los desafíos.
Otra cuestión que aparece en estos debates es este tema del cuidado familiar y comunitario. Tenemos el marco del Código Civil y Comercial sobre relaciones parentales y la ley 26.061, pero hay compañeros y compañeras que plantean que deberíamos tener una legislación que promueva el cuidado amoroso y respetuoso de los niños en las familias y en las comunidades. ¿Esta ley lo resuelve? No, esta ley mejora condiciones. Per se, podríamos tener otra serie de cuestiones porque, por ejemplo, la ley no regula la intervención de las organizaciones de la comunidad en los cuidados, es decir que podría tener otros componentes.
Como dije en algún momento de mi intervención, para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la primera infancia es hasta los ocho años de edad. Esta ley concentra sus prestaciones hasta los tres años, y ahí existe una serie de particularidades sobre la evolución en la salud de los niños -que lo explicó muy bien Gabriela-, que me parece que le dan impronta a esta norma.
Pero hay que seguir discutiendo y reflexionando. De lo que estoy absolutamente convencido es que lo que nosotros hemos puesto en este proyecto de ley significa un avance significativo, y podremos seguir discutiendo otros aportes vinculados con las primeras infancias.
En mi intervención traté de diferenciar el hecho de firmar un proyecto de ley con enfoque de integralidad e intersectorialidad, que no necesariamente suponía abordar todos los desafíos en materia de derechos respecto de las primeras infancias.
Aquí focalizábamos en niños y niñas de hasta tres años, con eje en prestaciones sanitarias y acompañamiento con algún apalancamiento de acceso a la seguridad social y derecho a la identidad. Es decir, se abre un universo de otras posibles acciones. Por ejemplo, los temas que usted menciona son: obligatoriedad de la educación entre tres y cuatro años -tema que es para discutir-, complementariedad entre la educación inicial y los jardines comunitarios, doble complementariedad por las edades pero también por los contraturnos. Las mamás que trabajan, muchas veces demandan un tiempo de cuidado más amplio que el que ofrece el jardín de educación inicial, y trabajan complementariamente en la escuela y en el doble turno del jardín comunitario o municipal. Ahí existe un trabajo entre Educación de la Nación y nuestra Secretaría; incluso, el presidente anunció ahora los 300 nuevos jardines. Además, el Ministerio de Educación tiene una planificación muy ambiciosa de jardines maternales y de infantes, y además nosotros veníamos ejecutando otra línea. Hemos constituido una mesa para trabajo articulado entre los Ministerios de Obras Públicas y de Educación para que esa oferta sea ordenada, planificada y armónica en el territorio.
Otro debate es la calificación y remuneración del personal de los Centros de Desarrollo Infantil que no pertenecen al sistema de salud, y sus capacitaciones. Hay una agenda muy grande de lo que podríamos llamar el cuidado y la educación. Está claro que hay que normar y estudiar el tema. ¿Esta ley avanza en esto? No, la ley genera mejores condiciones para futuras articulaciones, pero -si se quiere- podría haber una regulación más específica de cuidado y educación, que no sé si tiene que ser mediante este mismo instrumento.
Yo reseñé todas las leyes a favor de la infancia para pensar los procesos normativos como complementarios, y no con la expectativa de que una ley nos enfrente a todos los desafíos.
Otra cuestión que aparece en estos debates es este tema del cuidado familiar y comunitario. Tenemos el marco del Código Civil y Comercial sobre relaciones parentales y la ley 26.061, pero hay compañeros y compañeras que plantean que deberíamos tener una legislación que promueva el cuidado amoroso y respetuoso de los niños en las familias y en las comunidades. ¿Esta ley lo resuelve? No, esta ley mejora condiciones. Per se, podríamos tener otra serie de cuestiones porque, por ejemplo, la ley no regula la intervención de las organizaciones de la comunidad en los cuidados, es decir que podría tener otros componentes.
Como dije en algún momento de mi intervención, para el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la primera infancia es hasta los ocho años de edad. Esta ley concentra sus prestaciones hasta los tres años, y ahí existe una serie de particularidades sobre la evolución en la salud de los niños -que lo explicó muy bien Gabriela-, que me parece que le dan impronta a esta norma.
Pero hay que seguir discutiendo y reflexionando. De lo que estoy absolutamente convencido es que lo que nosotros hemos puesto en este proyecto de ley significa un avance significativo, y podremos seguir discutiendo otros aportes vinculados con las primeras infancias.
SRA. BAUER Estos centros de cuidado y educación en la crianza son múltiples: tenemos los centros de desarrollo, los maternales y los comunitarios. Pienso que, con una buena organización desde la coordinación se pueden estandarizar las líneas de cuidado del desarrollo. Entendemos por desarrollo infantil qué niños y niñas requieren intervenciones y cómo se promueve el desarrollo. La ley nos da suficiente tela para trabajar sobre cómo estandarizar los cuidados del desarrollo y no dejarlos librados a la heterogeneidad que existe hoy en esos estándares, dependiendo de cada centro. Con lo cual, Educación también tiene una participación especial en esta línea.
SR. PRESIDENTE HELLER Tiene la palabra la señora diputada Polledo, quien hará las preguntas por Juntos por el Cambio.
SRA. POLLEDO Señor presidente: tengo dos preguntas. En noviembre el presidente Fernández anunció la construcción de 300 nuevos Centros de Desarrollo Infantil, en el marco de una política iniciada por la gestión anterior respecto de los chicos entre cuarenta y cinco días y cuatro años, pero no están mencionados y no estoy segura respecto de si serán integrados en este nuevo proyecto.
La segunda consulta es si se pueden aportar los datos del total estimado de las asignaciones de los subsistemas de beneficiarios del SIPA y del Sistema para Protección Social.
La segunda consulta es si se pueden aportar los datos del total estimado de las asignaciones de los subsistemas de beneficiarios del SIPA y del Sistema para Protección Social.
SR. LERNER En cuanto al anuncio del presidente y la relación con este proyecto de ley, en cabeza de la Secretaría a mi cargo está en marcha el Plan Nacional de Primera Infancia, que señalé que en este momento cubre 2.004 Centros de Desarrollo Infantil municipales y provinciales. Es un proceso de expansión: a diciembre de 2019 los centros eran 1.670, hoy son 2.000, y la idea es seguir proyectando eso.
Hay un hay una línea crediticia del BID para el Plan Nacional de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, que viene haciendo refacciones y construcciones a nuevo en varios centros. En este momento esa línea está ejecutando alrededor de 367 refacciones y 24 espacios nuevos. A eso se suma la construcción de 300 centros nuevos, que vamos a hacer con Obras Públicas, por indicación de presidente la Nación.
Estoy mostrando el conjunto de las líneas. Eso tiene una articulación: en todas estas acciones participan la SENAF y los ministerios de Desarrollo Social y de Obras Públicas, además del crédito del BID. Aparte, como dije rápidamente, estamos dialogando con Educación para que la oferta de jardines comunitarios que no pertenece al sistema educativo tenga cierta armonía en la oferta de plazas del sector educativo para generar esta complementariedad.
Además hay una línea de capacitaciones para mejorar la calificación de las trabajadoras, en particular de los jardines comunitarios, y el ministro Arroyo habilitó altas en el plan Potenciar Trabajo para que se puedan incluir trabajadores de la economía popular de tiempo parcial para determinadas tareas en los Centros de Desarrollo Infantil. Estas son diferentes líneas que se vienen trabajando.
¿Esta norma regula ese conjunto de acciones? A mi modesto entender, contribuye a mejorarlas pero no las regula integralmente; es decir, contribuye a mejorarlas porque estas prestaciones de salud, de seguridad social y de identidad, más la constitución de espacios intersectoriales, va a mejorar en general las políticas de infancia.
Ahora bien, si regula específicamente lo que la diputada señala, la respuesta es que no. Hay un programa de Obras Públicas de construcción de 300 jardines y un programa del Ministerio de Desarrollo. Hay información pública al respecto, pero no hay una regulación en este proyecto de ley aunque -como decía Gabriela Bauer- seguramente las guías y los estándares que se vayan generando en este proceso van a impactar sobre las diferentes dimensiones en las que transcurre la vida de los niños y las niñas.
Hay un hay una línea crediticia del BID para el Plan Nacional de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia, que viene haciendo refacciones y construcciones a nuevo en varios centros. En este momento esa línea está ejecutando alrededor de 367 refacciones y 24 espacios nuevos. A eso se suma la construcción de 300 centros nuevos, que vamos a hacer con Obras Públicas, por indicación de presidente la Nación.
Estoy mostrando el conjunto de las líneas. Eso tiene una articulación: en todas estas acciones participan la SENAF y los ministerios de Desarrollo Social y de Obras Públicas, además del crédito del BID. Aparte, como dije rápidamente, estamos dialogando con Educación para que la oferta de jardines comunitarios que no pertenece al sistema educativo tenga cierta armonía en la oferta de plazas del sector educativo para generar esta complementariedad.
Además hay una línea de capacitaciones para mejorar la calificación de las trabajadoras, en particular de los jardines comunitarios, y el ministro Arroyo habilitó altas en el plan Potenciar Trabajo para que se puedan incluir trabajadores de la economía popular de tiempo parcial para determinadas tareas en los Centros de Desarrollo Infantil. Estas son diferentes líneas que se vienen trabajando.
¿Esta norma regula ese conjunto de acciones? A mi modesto entender, contribuye a mejorarlas pero no las regula integralmente; es decir, contribuye a mejorarlas porque estas prestaciones de salud, de seguridad social y de identidad, más la constitución de espacios intersectoriales, va a mejorar en general las políticas de infancia.
Ahora bien, si regula específicamente lo que la diputada señala, la respuesta es que no. Hay un programa de Obras Públicas de construcción de 300 jardines y un programa del Ministerio de Desarrollo. Hay información pública al respecto, pero no hay una regulación en este proyecto de ley aunque -como decía Gabriela Bauer- seguramente las guías y los estándares que se vayan generando en este proceso van a impactar sobre las diferentes dimensiones en las que transcurre la vida de los niños y las niñas.
SRA. RAVERTA Diputada Polledo: gracias por la pregunta. Los chicos de la Asignación Universal son 4.298.146, de los cuales 736.846 tienen menos de tres años. Por lo tanto, es la población alcanzada dentro de la ley de mil días. Los chicos cuyos padres cobran, o sea que tienen trabajo, son aproximadamente 4.400.000, de los cuales 580.000 tienen entre cero y tres años.
Si usted ve este número, pensará que hay chicos y chicas en la Argentina que no tienen cobertura, salario familiar, prenatal, Asignación Universal ni Asignación por Embarazo. Justamente, hace un poquito más de un mes el presidente de la Nación firmó un DNU con el enorme desafío de alcanzar a un millón de nenes y nenas que en la Argentina no tienen cobertura, aunque tienen derecho a tenerla, y que por distintas razones el Estado no les ha garantizado su derecho. Dentro de ese millón de chicos y chicas, ya sabemos quiénes son 723.000 de ellos y por qué el Estado no les ha podido garantizar ese derecho.
Agradezco la pregunta porque, de alguna manera, me parece importante decir que estamos cambiando el paradigma con el que entendemos las políticas públicas, no solo desde el organismo sino desde el gobierno, para que cada ciudadano y ciudadana argentina pueda ejercer su derecho y contar con éste más allá de si ha ido o no a buscarlo. El Estado debe garantizar las condiciones para desarrollar los proyectos vitales individuales que, por supuesto, terminan siendo proyectos colectivos -colectivos de Argentina, de comunidad, de las provincias y de las ciudades de nuestro país.
Por lo tanto, esta pregunta es muy importante porque si bien hay más de 8.800.000 chicos y chicas alcanzados por prestaciones del organismo y acompañados en términos de seguridad social a lo largo de su vida, nos falta llegar a otros chicos y chicas; por ejemplo, perdimos a 300.000 entre los años 2016 y 2017.
Nuestro enorme desafío es poder abrazar a cada ciudadano y ciudadana con el derecho que les corresponde, teniendo el Estado la obligación de garantizarlo. Además, queremos construir una Argentina con igualdad de oportunidades, en donde las posibilidades de cada ciudadano y ciudadana sean un objetivo real y concreto. Gracias.
Si usted ve este número, pensará que hay chicos y chicas en la Argentina que no tienen cobertura, salario familiar, prenatal, Asignación Universal ni Asignación por Embarazo. Justamente, hace un poquito más de un mes el presidente de la Nación firmó un DNU con el enorme desafío de alcanzar a un millón de nenes y nenas que en la Argentina no tienen cobertura, aunque tienen derecho a tenerla, y que por distintas razones el Estado no les ha garantizado su derecho. Dentro de ese millón de chicos y chicas, ya sabemos quiénes son 723.000 de ellos y por qué el Estado no les ha podido garantizar ese derecho.
Agradezco la pregunta porque, de alguna manera, me parece importante decir que estamos cambiando el paradigma con el que entendemos las políticas públicas, no solo desde el organismo sino desde el gobierno, para que cada ciudadano y ciudadana argentina pueda ejercer su derecho y contar con éste más allá de si ha ido o no a buscarlo. El Estado debe garantizar las condiciones para desarrollar los proyectos vitales individuales que, por supuesto, terminan siendo proyectos colectivos -colectivos de Argentina, de comunidad, de las provincias y de las ciudades de nuestro país.
Por lo tanto, esta pregunta es muy importante porque si bien hay más de 8.800.000 chicos y chicas alcanzados por prestaciones del organismo y acompañados en términos de seguridad social a lo largo de su vida, nos falta llegar a otros chicos y chicas; por ejemplo, perdimos a 300.000 entre los años 2016 y 2017.
Nuestro enorme desafío es poder abrazar a cada ciudadano y ciudadana con el derecho que les corresponde, teniendo el Estado la obligación de garantizarlo. Además, queremos construir una Argentina con igualdad de oportunidades, en donde las posibilidades de cada ciudadano y ciudadana sean un objetivo real y concreto. Gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias a todos.
Despedimos a los funcionarios del Poder Ejecutivo y damos la bienvenida a la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, doctora Graham, para que realice su exposición. Después podrán hacerle preguntas siguiendo el mismo sistema que hasta ahora.
Tiene la palabra la señora Graham.
Despedimos a los funcionarios del Poder Ejecutivo y damos la bienvenida a la defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, doctora Graham, para que realice su exposición. Después podrán hacerle preguntas siguiendo el mismo sistema que hasta ahora.
Tiene la palabra la señora Graham.
SRA. GRAHAM Buenos días a todos y a todas. Me hubiese gustado que los funcionarios del Poder Ejecutivo me escucharan, pero ustedes podrán trasladarles mis inquietudes luego.
Quiero agradecer al señor presidente Yedlin por invitarme a participar de esta reunión.
Obviamente estamos frente a un proyecto de ley muy auspicioso y ambicioso que yo dividiría en algunos capítulos.
Estamos contestes en la ampliación de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo. La verdad es que también nos alegra la Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción, sobre todo para aquellas mujeres que están desempleadas o con empleo informal. En especial, nos alegra que se quite el requisito de la antigüedad de seis meses para quienes tienen trabajos formales. Estos puntos nos parecen muy interesantes, además del DNU 840 al que recién se refirió Raverta.
El capítulo III en relación con el sistema de detección temprana, de la inscripción y de la identificación inmediata es muy importante. Como alguien dijo o preguntó, nos gustaría que el otorgamiento del DNI fuera también de forma tan inmediata como la inscripción. Nos parece que eso sería un salto cualitativo importante.
Asimismo, pienso que es importante el agregado sobre el deber de informar al Renaper.
También saludamos la desjudicialización de las inscripciones tardías -tema que conozco hace muchos años- que ha provocado que una gran cantidad de niños y niñas no puedan registrarse durante muchos años.
Fundamentalmente celebro algo que tiene que ver con la dignidad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias: que se quite la presentación del certificado de pobreza. Esto siempre ha sido muy discriminatorio e indigno para nuestras familias. En efecto, el Estado las empobrece y luego les pide que presenten un certificado de pobreza. Esta disposición también nos parece importante.
Remarcaré algunos puntos que nos parecen relevantes y después mencionaré algunas sugerencias y preocupaciones.
El capítulo IV trata sobre un tema que nos parece que es central. Si bien el proyecto está dividido por partes, tiene mucha base sanitarista y en el Ministerio de Salud. Nos interesan algunos artículos que hablan de las particularidades territoriales, de las expresiones de malnutrición y de las desigualdades; tenemos muchas preocupaciones al respecto.
Por ejemplo, tenemos grandes problemas de malnutrición: el 1,7 por ciento de los niños tienen bajo peso; el 1,6 por ciento presentan emaciación -o sea, mala relación entre peso y talla- y el 7,9 por ciento de los menores de cinco años presentan baja talla. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad son algunos de los grandes temas.
Quiero recordarles que en el mes de junio nosotros presentamos al jefe de Gabinete de Ministros nuestras preocupaciones, dentro de las cuales estaba toda la temática de la primera infancia y, sobre todo, el hambre, el bajo peso, la baja talla y los problemas de malnutrición por obesidad y falta de seguridad alimentaria. En efecto, existe una prevalencia alta de malnutrición en los niños argentinos y es algo que nos preocupa mucho.
La doctora Gabriela Bauer, del Ministerio de Salud, hizo referencia a una cuestión que nos parece es un gran desafío para este proyecto de ley: la escasa información que tenemos de las comunidades rurales y las poblaciones indígenas.
Hay una prevalencia de la desnutrición aguda en el 1,6 por ciento de los niños menores de cinco años, pero en determinadas regiones de nuestro país -como el NEA y el NOA- esa cifra asciende al 2,5 por ciento y, en algunos casos, alcanza hasta el 5 por ciento. Esta es una situación que también nos preocupa mucho.
La prevalencia de anemia es algo que habíamos superado pero aparece nuevamente y constituye una gran preocupación en el Chaco salteño y en las poblaciones indígenas de la República Argentina. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno nacional por delante.
Quiero poner un caso sobre el tapete. Hace unos días falleció un bebé de la población de los wichis en el Chaco salteño, debido a tres situaciones que contempla este proyecto de ley. El bebé murió por una deshidratación aguda, indocumentado y siendo su madre víctima de violencia de género y, a su vez, él y sus hermanos también víctimas de violencia.
Aquellos niños, niñas y adolescentes que asisten a la violencia hacia sus madres también son víctimas de violencia, no son meros testigos de la situación que padecen sus mamás. Pienso que este es uno de los temas más importantes y el gran desafío que presenta esta iniciativa.
Esperamos que este proyecto pueda resolver las desigualdades regionales y la falta de datos de la población rural. El no tener datos, es un dato importante.
El tema que abordó el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia me parece que es muy importante. Me refiero al cumplimiento del artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se refiere al Estado como garante para las familias que no pueden o que -sobre todo, por las condiciones materiales y simbólicas de vida- tienen algún déficit en el cuidado. Nos parece que a esta iniciativa le falta -y ojalá se pueda sumar- algo más que tenga que ver con el cuidado.
Las asignaciones familiares nos parecen muy bien y estamos totalmente de acuerdo con ellas, así como también con los controles de salud y las unidades de salud. Consideramos que, en el territorio, esta norma se tiene que cumplir en los centros de cuidado, y nos parece que hay una ausencia de ellos o de los centros de desarrollo infantil, en cuanto a su importancia en el acompañamiento en la crianza.
En este sentido, la palabra "crianza" solamente esta mencionada en el artículo 27. Nos parece que, si fuera posible, las palabras "cuidado" y "crianza" tendrían que estar más presentes en el texto de esta iniciativa.
El artículo 18 de la norma avanza sobre un tema que venimos esperando desde hace treinta años, que es el tiempo del que puedo dar cuenta. Me refiero a la articulación entre el área de salud y lo que llamamos el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, a partir de 2005, queda más claro en la ley 26.061.
Siempre hemos tenido un déficit en la articulación entre el sector de salud y este sistema de protección, que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de la República. En ese sentido, necesitamos el fortalecimiento de estos organismos de protección territoriales, los servicios zonales, los servicios locales, las defensorías o como se los llame en cada una de nuestras provincias, pues tienen distintas nominaciones.
Nos parece que, además, toda la norma requerirá de una importante movilización estatal en todos sus niveles, con la ANSES, el Renaper, los organismos de protección, salud y los servicios de apoyo a las familias. Reitero que necesitamos acompañar a muchas mamás, papás, cuidadores o cuidadoras que están en situaciones de muchísima vulnerabilidad.
En ese aspecto nos parece que esta iniciativa es auspiciosa, siempre y cuando creemos una ingeniería que logre que sea eficiente, eficaz y llegue a todos los territorios, aun a los más alejados y a los más complicados en cuanto a las condiciones materiales de vida que impactan directamente en las condiciones simbólicas. En efecto, la ausencia de condiciones materiales impacta en la condición simbólica que pudiera tener cualquiera de nosotras o nosotros para hacernos cargo del cuidado y la crianza de nuestros niños y niñas, sobre todo de los más pequeños.
En relación con el Capítulo V, me parece importante resaltar el artículo 25 y la cuestión de los embarazos de las niñas. Estoy hablando de niñas que se encuentran por debajo de los 15 años. Durante este año hemos registrado embarazos de niñas de 10, 11 y 12 años. Se trata de maternidades infantiles en niñas de 10 años. Han muerto niñas de esa edad y también los niños por nacer.
No quiero ni me gusta estigmatizar regiones. La doctora Gabriela Bauer mostró todo esto muy bien en los mapas que ya observamos. En el NOA, puntualmente en Salta, hubo 27 partos de niñas de 10 a 14 años durante el primer trimestre de este año, y se atendieron 723 consultas de niñas de 10 a 14 años. Por ello, nos preocupan mucho algunas regiones de nuestro país.
Para nosotros, lo más importante es señalar que esta norma será exitosa si en la reglamentación se amplían algunos temas que a nuestro entender faltan, para que la articulación interministerial se efectivice.
Debo decir, desde mi rol actual de Defensora -pero lo he visto muchos años por haber estado en la función pública-, que está intersectorialidad y el trabajo interministerial no han formado parte del ADN del Estado argentino. Creo que esto ya ha sido manifestado por el doctor Lerner en algún momento, en cuanto a que hemos marchado en forma paralela. Entonces, hay programas en territorio que son paralelos y no llegan a juntarse donde viven niños, niñas y adolescentes con sus familias; en este caso, puntualmente, los niños de 0 a 3 años.
Queremos manifestar una sugerencia en este sentido. Creo recordar que la diputada Polledo hizo una referencia al respecto. Creemos que hay que "linkear" más esta iniciativa con el plan que lanzó el Ministerio de Obras Públicas vinculado con trescientos centros de desarrollo infantil nuevos más los centros de desarrollo infantil que ya existen en la República Argentina.
Nos parece muy bien que los trabajadores de esos centros de desarrollo comunitario reciban alguna remuneración en el potencial trabajo, pero también es fundamental que se mejoren los salarios de los trabajadores del sistema y de los organismos de protección en nuestras provincias.
Por último, otra sugerencia consiste en realizar un agregado en la unidad de gestión donde están diversos ministerios. No entendemos bien la ausencia del Ministerio de Educación, ya que tiene muchos jardines de infantes, con salitas de 2 y 3 años.
Además, nos parece absolutamente necesaria la participación del Ministerio de Educación porque tenemos que pensar que -como bien decía la doctora Bauer, que de esto sabe mucho más que yo- todo aquello que acumulen los niños y niñas, de 0 a 3 años, les va a servir y será fundamental para el ingreso a la sala de 4 años. Cabe recordar que la sala de 4 años es obligatoria en la República Argentina y todavía tenemos una cobertura muy deficiente en ese aspecto, aunque es bastante universalizada en el caso de las salas de 5 años.
Por ello, abogamos para que la reglamentación nos muestre la ingeniería que tendrá el Estado para ser eficiente y eficaz en esta articulación. Más allá de los protocolos, creemos que, si no está establecida en la norma, tiene que estar necesariamente en su reglamentación.
Les agradezco muchísimo que me hayan dado estos minutos para escuchar nuestras opiniones.
Quiero agradecer al señor presidente Yedlin por invitarme a participar de esta reunión.
Obviamente estamos frente a un proyecto de ley muy auspicioso y ambicioso que yo dividiría en algunos capítulos.
Estamos contestes en la ampliación de la cobertura de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo. La verdad es que también nos alegra la Asignación Familiar por Nacimiento y Adopción, sobre todo para aquellas mujeres que están desempleadas o con empleo informal. En especial, nos alegra que se quite el requisito de la antigüedad de seis meses para quienes tienen trabajos formales. Estos puntos nos parecen muy interesantes, además del DNU 840 al que recién se refirió Raverta.
El capítulo III en relación con el sistema de detección temprana, de la inscripción y de la identificación inmediata es muy importante. Como alguien dijo o preguntó, nos gustaría que el otorgamiento del DNI fuera también de forma tan inmediata como la inscripción. Nos parece que eso sería un salto cualitativo importante.
Asimismo, pienso que es importante el agregado sobre el deber de informar al Renaper.
También saludamos la desjudicialización de las inscripciones tardías -tema que conozco hace muchos años- que ha provocado que una gran cantidad de niños y niñas no puedan registrarse durante muchos años.
Fundamentalmente celebro algo que tiene que ver con la dignidad de los niños, niñas y adolescentes y sus familias: que se quite la presentación del certificado de pobreza. Esto siempre ha sido muy discriminatorio e indigno para nuestras familias. En efecto, el Estado las empobrece y luego les pide que presenten un certificado de pobreza. Esta disposición también nos parece importante.
Remarcaré algunos puntos que nos parecen relevantes y después mencionaré algunas sugerencias y preocupaciones.
El capítulo IV trata sobre un tema que nos parece que es central. Si bien el proyecto está dividido por partes, tiene mucha base sanitarista y en el Ministerio de Salud. Nos interesan algunos artículos que hablan de las particularidades territoriales, de las expresiones de malnutrición y de las desigualdades; tenemos muchas preocupaciones al respecto.
Por ejemplo, tenemos grandes problemas de malnutrición: el 1,7 por ciento de los niños tienen bajo peso; el 1,6 por ciento presentan emaciación -o sea, mala relación entre peso y talla- y el 7,9 por ciento de los menores de cinco años presentan baja talla. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad son algunos de los grandes temas.
Quiero recordarles que en el mes de junio nosotros presentamos al jefe de Gabinete de Ministros nuestras preocupaciones, dentro de las cuales estaba toda la temática de la primera infancia y, sobre todo, el hambre, el bajo peso, la baja talla y los problemas de malnutrición por obesidad y falta de seguridad alimentaria. En efecto, existe una prevalencia alta de malnutrición en los niños argentinos y es algo que nos preocupa mucho.
La doctora Gabriela Bauer, del Ministerio de Salud, hizo referencia a una cuestión que nos parece es un gran desafío para este proyecto de ley: la escasa información que tenemos de las comunidades rurales y las poblaciones indígenas.
Hay una prevalencia de la desnutrición aguda en el 1,6 por ciento de los niños menores de cinco años, pero en determinadas regiones de nuestro país -como el NEA y el NOA- esa cifra asciende al 2,5 por ciento y, en algunos casos, alcanza hasta el 5 por ciento. Esta es una situación que también nos preocupa mucho.
La prevalencia de anemia es algo que habíamos superado pero aparece nuevamente y constituye una gran preocupación en el Chaco salteño y en las poblaciones indígenas de la República Argentina. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno nacional por delante.
Quiero poner un caso sobre el tapete. Hace unos días falleció un bebé de la población de los wichis en el Chaco salteño, debido a tres situaciones que contempla este proyecto de ley. El bebé murió por una deshidratación aguda, indocumentado y siendo su madre víctima de violencia de género y, a su vez, él y sus hermanos también víctimas de violencia.
Aquellos niños, niñas y adolescentes que asisten a la violencia hacia sus madres también son víctimas de violencia, no son meros testigos de la situación que padecen sus mamás. Pienso que este es uno de los temas más importantes y el gran desafío que presenta esta iniciativa.
Esperamos que este proyecto pueda resolver las desigualdades regionales y la falta de datos de la población rural. El no tener datos, es un dato importante.
El tema que abordó el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia me parece que es muy importante. Me refiero al cumplimiento del artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se refiere al Estado como garante para las familias que no pueden o que -sobre todo, por las condiciones materiales y simbólicas de vida- tienen algún déficit en el cuidado. Nos parece que a esta iniciativa le falta -y ojalá se pueda sumar- algo más que tenga que ver con el cuidado.
Las asignaciones familiares nos parecen muy bien y estamos totalmente de acuerdo con ellas, así como también con los controles de salud y las unidades de salud. Consideramos que, en el territorio, esta norma se tiene que cumplir en los centros de cuidado, y nos parece que hay una ausencia de ellos o de los centros de desarrollo infantil, en cuanto a su importancia en el acompañamiento en la crianza.
En este sentido, la palabra "crianza" solamente esta mencionada en el artículo 27. Nos parece que, si fuera posible, las palabras "cuidado" y "crianza" tendrían que estar más presentes en el texto de esta iniciativa.
El artículo 18 de la norma avanza sobre un tema que venimos esperando desde hace treinta años, que es el tiempo del que puedo dar cuenta. Me refiero a la articulación entre el área de salud y lo que llamamos el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, a partir de 2005, queda más claro en la ley 26.061.
Siempre hemos tenido un déficit en la articulación entre el sector de salud y este sistema de protección, que se ha extendido a lo largo y a lo ancho de la República. En ese sentido, necesitamos el fortalecimiento de estos organismos de protección territoriales, los servicios zonales, los servicios locales, las defensorías o como se los llame en cada una de nuestras provincias, pues tienen distintas nominaciones.
Nos parece que, además, toda la norma requerirá de una importante movilización estatal en todos sus niveles, con la ANSES, el Renaper, los organismos de protección, salud y los servicios de apoyo a las familias. Reitero que necesitamos acompañar a muchas mamás, papás, cuidadores o cuidadoras que están en situaciones de muchísima vulnerabilidad.
En ese aspecto nos parece que esta iniciativa es auspiciosa, siempre y cuando creemos una ingeniería que logre que sea eficiente, eficaz y llegue a todos los territorios, aun a los más alejados y a los más complicados en cuanto a las condiciones materiales de vida que impactan directamente en las condiciones simbólicas. En efecto, la ausencia de condiciones materiales impacta en la condición simbólica que pudiera tener cualquiera de nosotras o nosotros para hacernos cargo del cuidado y la crianza de nuestros niños y niñas, sobre todo de los más pequeños.
En relación con el Capítulo V, me parece importante resaltar el artículo 25 y la cuestión de los embarazos de las niñas. Estoy hablando de niñas que se encuentran por debajo de los 15 años. Durante este año hemos registrado embarazos de niñas de 10, 11 y 12 años. Se trata de maternidades infantiles en niñas de 10 años. Han muerto niñas de esa edad y también los niños por nacer.
No quiero ni me gusta estigmatizar regiones. La doctora Gabriela Bauer mostró todo esto muy bien en los mapas que ya observamos. En el NOA, puntualmente en Salta, hubo 27 partos de niñas de 10 a 14 años durante el primer trimestre de este año, y se atendieron 723 consultas de niñas de 10 a 14 años. Por ello, nos preocupan mucho algunas regiones de nuestro país.
Para nosotros, lo más importante es señalar que esta norma será exitosa si en la reglamentación se amplían algunos temas que a nuestro entender faltan, para que la articulación interministerial se efectivice.
Debo decir, desde mi rol actual de Defensora -pero lo he visto muchos años por haber estado en la función pública-, que está intersectorialidad y el trabajo interministerial no han formado parte del ADN del Estado argentino. Creo que esto ya ha sido manifestado por el doctor Lerner en algún momento, en cuanto a que hemos marchado en forma paralela. Entonces, hay programas en territorio que son paralelos y no llegan a juntarse donde viven niños, niñas y adolescentes con sus familias; en este caso, puntualmente, los niños de 0 a 3 años.
Queremos manifestar una sugerencia en este sentido. Creo recordar que la diputada Polledo hizo una referencia al respecto. Creemos que hay que "linkear" más esta iniciativa con el plan que lanzó el Ministerio de Obras Públicas vinculado con trescientos centros de desarrollo infantil nuevos más los centros de desarrollo infantil que ya existen en la República Argentina.
Nos parece muy bien que los trabajadores de esos centros de desarrollo comunitario reciban alguna remuneración en el potencial trabajo, pero también es fundamental que se mejoren los salarios de los trabajadores del sistema y de los organismos de protección en nuestras provincias.
Por último, otra sugerencia consiste en realizar un agregado en la unidad de gestión donde están diversos ministerios. No entendemos bien la ausencia del Ministerio de Educación, ya que tiene muchos jardines de infantes, con salitas de 2 y 3 años.
Además, nos parece absolutamente necesaria la participación del Ministerio de Educación porque tenemos que pensar que -como bien decía la doctora Bauer, que de esto sabe mucho más que yo- todo aquello que acumulen los niños y niñas, de 0 a 3 años, les va a servir y será fundamental para el ingreso a la sala de 4 años. Cabe recordar que la sala de 4 años es obligatoria en la República Argentina y todavía tenemos una cobertura muy deficiente en ese aspecto, aunque es bastante universalizada en el caso de las salas de 5 años.
Por ello, abogamos para que la reglamentación nos muestre la ingeniería que tendrá el Estado para ser eficiente y eficaz en esta articulación. Más allá de los protocolos, creemos que, si no está establecida en la norma, tiene que estar necesariamente en su reglamentación.
Les agradezco muchísimo que me hayan dado estos minutos para escuchar nuestras opiniones.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, Marisa. Te pedimos que te quedes, porque quizás tenemos algunas preguntas para formularte.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo, para que formule las preguntas de ambos bloques, así unificamos.
Tiene la palabra la señora diputada Polledo, para que formule las preguntas de ambos bloques, así unificamos.
SRA. POLLEDO No tengo ninguna; no me han llegado.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Gracias, Carmen.
Tiene la palabra la señora diputada Vessvessian.
Tiene la palabra la señora diputada Vessvessian.
SRA. VESSVESSIAN Señor presidente: en primer lugar, esta ley sirve para generar más proceso de inclusión, de desarrollo y de oportunidades. Por supuesto que se podrán "linkear" todos los programas y todos los estamentos que están interviniendo. Esta iniciativa no llega para reemplazar a nadie ni a ningún tipo de programa; por el contrario, viene a optimizar lo existente.
Quiero formular una pregunta a la defensora. ¿Cuál sería el rol de la Defensoría en la aplicabilidad de esta norma y cómo acompañaría el proceso con las provincias, sobre todo, con una mirada federal e integral?
Quiero formular una pregunta a la defensora. ¿Cuál sería el rol de la Defensoría en la aplicabilidad de esta norma y cómo acompañaría el proceso con las provincias, sobre todo, con una mirada federal e integral?
SRA. GRAHAM Gracias, Paola, por la pregunta.
La Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes está regulada por la ley 26.061 y es parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños. Nuestra función es de acompañamiento propositivo, pero también de control y monitoreo. Por eso insisto en que nuestra función va a ser propositiva.
Nosotros participamos en el lanzamiento del Programa "Acompañar: Puentes de Igualdad" del Ministerio de Educación, acompañamos al Ministerio de Desarrollo, así como también lo haremos con todo lo que sean iniciativas que amplíen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, sabemos que esta ley es muy ambiciosa y la vamos a monitorear y controlar, fundamentalmente en el territorio. Tenemos un área federal y estamos planificando viajar a la provincia de Salta, ahora que -aparentemente- están abiertos los vuelos, para acompañar en sus reivindicaciones a nuestros pueblos indígenas de esa zona y del Chaco salteño.
Como bien dijo la diputada Vessvessian, la idea de esta ley es optimizar lo que ya existe, pero creemos que debemos dar más visibilidad a algunas políticas, sobre todo a los centros de desarrollo infantil, porque ellos -también tienen algún sesgo las salitas de salud- tienen más que ver con los acompañamientos a las familias y a las mamás.
En tal sentido, ningún niño o niña ni sus mamás viven en "la Nación"; todos vivimos en una provincia, en un barrio, en un paraje o en un pueblo, y con esta ley debemos llegar a esos lugares, sobre todo a nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, nuestra misión será la de controlar y monitorear en forma propositiva.
En esta reunión estamos tratando de sugerirles algunas cosas relacionadas no solo con el cumplimiento de algunos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que la idea también es satisfacer muchos de los requerimientos y las recomendaciones que para la República Argentina tiene el Comité de los Derechos del Niño.
Por lo tanto, si logramos avanzar en una buena articulación y en una buena ingeniería institucional que asegure la intersectorialidad y la interministerialidad -para decirlo de alguna manera-, también cumpliremos con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que Naciones Unidas nos está reclamando.
Muchas gracias por la pregunta, señora diputada.
La Defensoría de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes está regulada por la ley 26.061 y es parte del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños. Nuestra función es de acompañamiento propositivo, pero también de control y monitoreo. Por eso insisto en que nuestra función va a ser propositiva.
Nosotros participamos en el lanzamiento del Programa "Acompañar: Puentes de Igualdad" del Ministerio de Educación, acompañamos al Ministerio de Desarrollo, así como también lo haremos con todo lo que sean iniciativas que amplíen los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, sabemos que esta ley es muy ambiciosa y la vamos a monitorear y controlar, fundamentalmente en el territorio. Tenemos un área federal y estamos planificando viajar a la provincia de Salta, ahora que -aparentemente- están abiertos los vuelos, para acompañar en sus reivindicaciones a nuestros pueblos indígenas de esa zona y del Chaco salteño.
Como bien dijo la diputada Vessvessian, la idea de esta ley es optimizar lo que ya existe, pero creemos que debemos dar más visibilidad a algunas políticas, sobre todo a los centros de desarrollo infantil, porque ellos -también tienen algún sesgo las salitas de salud- tienen más que ver con los acompañamientos a las familias y a las mamás.
En tal sentido, ningún niño o niña ni sus mamás viven en "la Nación"; todos vivimos en una provincia, en un barrio, en un paraje o en un pueblo, y con esta ley debemos llegar a esos lugares, sobre todo a nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, nuestra misión será la de controlar y monitorear en forma propositiva.
En esta reunión estamos tratando de sugerirles algunas cosas relacionadas no solo con el cumplimiento de algunos artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que la idea también es satisfacer muchos de los requerimientos y las recomendaciones que para la República Argentina tiene el Comité de los Derechos del Niño.
Por lo tanto, si logramos avanzar en una buena articulación y en una buena ingeniería institucional que asegure la intersectorialidad y la interministerialidad -para decirlo de alguna manera-, también cumpliremos con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño que Naciones Unidas nos está reclamando.
Muchas gracias por la pregunta, señora diputada.
SR. PRESIDENTE YEDLIN No sé si la señora diputada Blanca Osuna quiere formular alguna pregunta en representación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SRA. OSUNA No he recibido de parte de la comisión ninguna pregunta. Gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias, señora defensora, por su participación.
Dado que se acerca la hora de convocatoria a sesión, continuaremos esta reunión sin un cuarto intermedio, con un invitado propuesto por la diputada Carmen Polledo. Me refiero al señor Pablo de la Torre, Secretario de Salud y Bienestar Familiar del Municipio de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Esta sería la última presentación y en ella relatará la experiencia local de un programa que creo va en el mismo sentido que la ley.
Dado que se acerca la hora de convocatoria a sesión, continuaremos esta reunión sin un cuarto intermedio, con un invitado propuesto por la diputada Carmen Polledo. Me refiero al señor Pablo de la Torre, Secretario de Salud y Bienestar Familiar del Municipio de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Esta sería la última presentación y en ella relatará la experiencia local de un programa que creo va en el mismo sentido que la ley.
SR. DE LA TORRE Buenos días. Muchas gracias por el espacio y la atención que me conceden.
Hace ya varios años que en el Municipio de San Miguel, en el segundo cordón del conurbano bonaerense, venimos trabajando una serie de políticas públicas relacionadas con la primera infancia y la maternidad vulnerada.
A partir de un estudio organizado con un equipo de fonoaudiólogos, en las salas de 4 y 5 años de nuestro distrito, detectamos que los chicos de los sectores más bajos hablaban 180 palabras, mientras que los de sectores medios utilizaban alrededor de 600 palabras.
Es decir que al momento de ingresar a la educación formal la brecha ya es tan profunda que no hay sistema educativo que pueda salvarla. En otras palabras, el Estado que recibe a un chico en preescolar, llega tarde. La brecha está abierta y las oportunidades no son las mismas.
Un niño que llega a la escuela bien preparado física, intelectual y afectivamente, tiene casi asegurado terminarla; en cambio, el que comienza en una situación de desventaja termina abandonando en el 50 por ciento de los casos.
Cabe señalar que, en la Argentina, uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Esta realidad fue la que nos abrió los ojos y nos hizo dar cuenta de que, si queremos terminar con la pobreza, hay que trabajar cuidando la primera infancia y la maternidad.
Por eso, quiero contarles en qué consiste nuestro Programa "Mil Días", que es distinto al que presentó el Poder Ejecutivo. El anunciado por el presidente se enfoca, en definitiva, en un subsidio, en poner plata en el bolsillo de la gente. Lamentablemente, todos sabemos que las políticas asistencialistas no resuelven las cuestiones de fondo, no sacan a nadie de la pobreza o de una situación de extrema vulnerabilidad. Pueden ser paliativos, pero no soluciones; sin embargo, es un recurso que el Estado gasta.
Mi propuesta no es negar el recurso a la gente, sino optimizarlo, utilizar ese dinero de forma más efectiva y transformar el gasto en inversión. Para que esto suceda, primero se debe cambiar el paradigma y pasar del modelo asistencial al de acompañamiento, abordando a cada persona de manera integral como un ser libre y responsable, dotado de inteligencia, voluntad y emociones, reconociendo que es capaz de ser protagonista de su propio destino y de autogestionarse una vida digna para él y su familia. Puedo garantizarles, por experiencia, que los resultados son sumamente positivos.
Además, en este esquema, el Programa "Mil Días" cobra su pleno significado. Sepan que este programa no es un invento mío ni de San Juan, sino que es un concepto avalado por numerosos estudios y publicaciones científicas de todo el mundo, que muestran que los primeros mil días de vida de un ser humano son prácticamente determinantes en su desarrollo posterior.
Entonces, lo primero que el Estado debe hacer, para que esos primeros mil días sean transitados de forma digna por todas las personas, es asumir un rol activo.
Actualmente, por distintas situaciones, muchas personas han perdido la capacidad de acercarse a los servicios que el Estado puede brindarles. Por eso, es necesario ir en búsqueda de las situaciones de vulnerabilidad, mediante la descentralización y con el firme objetivo de cambiar las historias de las familias.
Aquí hay una cuestión imposible de eludir ¿cuándo empiezan estos mil días? En este punto la ciencia es clara: comienzan desde el momento de la concepción hasta los dos años de vida. Sí, cada segundo es vital desde el primer instante en que comienza a formarse el embrión.
Por eso, la tarea del Programa "Mil Días" comienza con la búsqueda de las mujeres embarazadas. En ese sentido, es esencial generar dispositivos para buscar territorialmente a aquellas mujeres que, estando embarazadas, carecen de los controles médicos necesarios. Esto es así porque, para que el niño se desarrolle en forma adecuada, es necesario que la madre esté bien, cuidada y alimentada.
Por ejemplo, tengamos en cuenta que durante el embarazo se produce prácticamente el desarrollo total del cerebro y que las neuronas se dividen activamente a razón de 250.000 por minuto. Por lo tanto, no se trata solo de evitar la mortalidad materno-infantil, sino también de garantizar la calidad del embarazo para que este bebé pueda desarrollarse de la mejor manera.
Para eso creamos el programa "Camino de la Embarazada". Una vez que se registra y detecta la presencia de embarazadas, se les debe brindar asistencia para asegurar sus controles, y dar la información necesaria para su salud y la de sus hijos, junto con el acompañamiento profesional y cercano mientras esperan su nacimiento.
Sin embargo, el trabajo no termina allí porque no alcanza con el seguimiento del embarazo para evitar la muerte materna o neonatal. Una vez que ambos vuelven a su casa hay infinidad de circunstancias que hacen que la madre no pueda hacerse cargo de su hijo, como por ejemplo, la baja autoestima, el sufrir violencia, depresión, soledad, etcétera. Muchas veces es tan profunda esta crisis que no están en condiciones de acercarse a los distintos dispositivos estatales, ni tampoco de sostener un vínculo o adherencia con alguna institución. Por lo tanto, necesitan otro tipo de abordaje más personalizado.
Para ello creamos los programas de acompañamiento familiar, que consisten en un equipo de acompañantes familiares integrado por psicólogos, enfermeras o trabajadores sociales, quienes visitan periódicamente a las madres que atraviesan alguna situación difícil y las acompañan hasta que sus hijos cumplen los dos años de edad.
En esas visitas, se hace un seguimiento cuidadoso de la evolución del niño mediante controles médicos, se controla del esquema de vacunación, la alimentación y la estimulación. Pero, fundamentalmente, se hace un acompañamiento de la madre, brindando apoyo, contención y herramientas para que ella pueda hacerse cargo de su hijo.
Para ello, se las asiste en la gestión de trámites, turnos, se les enseña a jugar, a generar hábitos de crianza, hábitos de lactancia, etcétera. Son distintas cuestiones que ayudan a fortalecer la autoestima, a que se den cuenta de que ellas son importantes y pueden hacerse cargo de sus hijos y de su familia.
Estas visitas se completan y potencian con actividades fuera de la casa, como talleres y distintos programas enfocados en las mujeres embarazadas y madres con
hijos de 0 a 3 años, para que puedan elaborar y llevar adelante su proyecto de vida.
El foco está puesto en el desarrollo personal, la autovaloración, el fortalecimiento afectivo, la terminalidad educativa, la formación y la capacitación en oficios.
Para eso creamos el programa Proyecto de Vida. Sin embargo, la finalidad no es solamente capacitar y potenciar habilidades y talentos, sino generar verdaderas redes sociales y comunitarias entre mujeres en la misma situación, que logren alejarse de los círculos de violencia, que puedan terminar sus estudios, que se conviertan en el primer agente sanitario de su familia y que encuentren seguridad, autonomía y valor personal.
Además de identificar a las mujeres embarazadas y su posterior acompañamiento, para poder completar y garantizar el adecuado desarrollo de la primera infancia es preciso crear espacios de estimulación y desarrollo para niños de entre 45 días y 3 años, preparándolos para que puedan ingresar al sistema de educación formal con las herramientas necesarias para transitarlo de manera exitosa.
Deben trabajarse los cuatro ejes fundamentales de la niñez: juego, educación, nutrición y afectividad, y para eso creamos los centros de desarrollo infanto-familiar.
Resumidamente, estos son todos los elementos que componen el verdadero programa de los Mil Días, que tiene una mirada integral, y sobre todo, a largo plazo.
Si bien son políticas públicas cuyos resultados finales podremos verlos en algunos años, en San Miguel hemos logrado revertir algunos índices de manera positiva. Por ejemplo, cuando comenzamos, el 70 por ciento de las muertes infantiles en neonatología estaban asociadas a embarazos sin control. Hoy, solo representan el 18 por ciento. La mortalidad infantil, en nuestro distrito, era del 14 por mil. Hoy, es del 7,9 por mil, un punto por debajo de la provincia de Buenos Aires. La tasa de prematuros bajó al 6,8 por mil, cuando la media nacional es del 8,8. Además, con la entrega de catres disminuimos el 80 por ciento de la mortalidad por colecho.
El 73 por ciento de los niños que egresan de los centros de desarrollo infanto familiar, continúan en la escuela, llegando incluso varios de ellos a ser abanderados.
El Premio Nobel de Economía, James Heckman, en el año 2000, demostró que las inversiones en programas de primera infancia son las que mejor tasa de retorno tienen en el futuro, alcanzando un 13 por ciento. Un estudio realizado también por la Fundación (Richard) muestra que, quienes no alcanzaron el pleno desarrollo en la primera infancia, en la edad adulta suponen un gasto por parte del Estado del doble de aquellos que lograron desarrollarse en forma adecuada.
En cuanto a los salarios, los del primer grupo son, en promedio, un 25 por ciento más bajos que los del segundo.
Estos números no hacen más que ratificar que los primeros mil días son, sin duda, una etapa única en el desarrollo humano, en la que se tiene una oportunidad privilegiada para actuar en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el incremento de la calidad de vida.
Por eso, mi propuesta es invertir, apostar a la primera infancia, por el desarrollo y el crecimiento sano y fuerte de nuestra futura generación.
No olvidemos que el capital humano es el tesoro más grande que tiene una nación. No es utopía; es justicia. Muchas gracias.
Hace ya varios años que en el Municipio de San Miguel, en el segundo cordón del conurbano bonaerense, venimos trabajando una serie de políticas públicas relacionadas con la primera infancia y la maternidad vulnerada.
A partir de un estudio organizado con un equipo de fonoaudiólogos, en las salas de 4 y 5 años de nuestro distrito, detectamos que los chicos de los sectores más bajos hablaban 180 palabras, mientras que los de sectores medios utilizaban alrededor de 600 palabras.
Es decir que al momento de ingresar a la educación formal la brecha ya es tan profunda que no hay sistema educativo que pueda salvarla. En otras palabras, el Estado que recibe a un chico en preescolar, llega tarde. La brecha está abierta y las oportunidades no son las mismas.
Un niño que llega a la escuela bien preparado física, intelectual y afectivamente, tiene casi asegurado terminarla; en cambio, el que comienza en una situación de desventaja termina abandonando en el 50 por ciento de los casos.
Cabe señalar que, en la Argentina, uno de cada dos chicos no termina la escuela secundaria. Esta realidad fue la que nos abrió los ojos y nos hizo dar cuenta de que, si queremos terminar con la pobreza, hay que trabajar cuidando la primera infancia y la maternidad.
Por eso, quiero contarles en qué consiste nuestro Programa "Mil Días", que es distinto al que presentó el Poder Ejecutivo. El anunciado por el presidente se enfoca, en definitiva, en un subsidio, en poner plata en el bolsillo de la gente. Lamentablemente, todos sabemos que las políticas asistencialistas no resuelven las cuestiones de fondo, no sacan a nadie de la pobreza o de una situación de extrema vulnerabilidad. Pueden ser paliativos, pero no soluciones; sin embargo, es un recurso que el Estado gasta.
Mi propuesta no es negar el recurso a la gente, sino optimizarlo, utilizar ese dinero de forma más efectiva y transformar el gasto en inversión. Para que esto suceda, primero se debe cambiar el paradigma y pasar del modelo asistencial al de acompañamiento, abordando a cada persona de manera integral como un ser libre y responsable, dotado de inteligencia, voluntad y emociones, reconociendo que es capaz de ser protagonista de su propio destino y de autogestionarse una vida digna para él y su familia. Puedo garantizarles, por experiencia, que los resultados son sumamente positivos.
Además, en este esquema, el Programa "Mil Días" cobra su pleno significado. Sepan que este programa no es un invento mío ni de San Juan, sino que es un concepto avalado por numerosos estudios y publicaciones científicas de todo el mundo, que muestran que los primeros mil días de vida de un ser humano son prácticamente determinantes en su desarrollo posterior.
Entonces, lo primero que el Estado debe hacer, para que esos primeros mil días sean transitados de forma digna por todas las personas, es asumir un rol activo.
Actualmente, por distintas situaciones, muchas personas han perdido la capacidad de acercarse a los servicios que el Estado puede brindarles. Por eso, es necesario ir en búsqueda de las situaciones de vulnerabilidad, mediante la descentralización y con el firme objetivo de cambiar las historias de las familias.
Aquí hay una cuestión imposible de eludir ¿cuándo empiezan estos mil días? En este punto la ciencia es clara: comienzan desde el momento de la concepción hasta los dos años de vida. Sí, cada segundo es vital desde el primer instante en que comienza a formarse el embrión.
Por eso, la tarea del Programa "Mil Días" comienza con la búsqueda de las mujeres embarazadas. En ese sentido, es esencial generar dispositivos para buscar territorialmente a aquellas mujeres que, estando embarazadas, carecen de los controles médicos necesarios. Esto es así porque, para que el niño se desarrolle en forma adecuada, es necesario que la madre esté bien, cuidada y alimentada.
Por ejemplo, tengamos en cuenta que durante el embarazo se produce prácticamente el desarrollo total del cerebro y que las neuronas se dividen activamente a razón de 250.000 por minuto. Por lo tanto, no se trata solo de evitar la mortalidad materno-infantil, sino también de garantizar la calidad del embarazo para que este bebé pueda desarrollarse de la mejor manera.
Para eso creamos el programa "Camino de la Embarazada". Una vez que se registra y detecta la presencia de embarazadas, se les debe brindar asistencia para asegurar sus controles, y dar la información necesaria para su salud y la de sus hijos, junto con el acompañamiento profesional y cercano mientras esperan su nacimiento.
Sin embargo, el trabajo no termina allí porque no alcanza con el seguimiento del embarazo para evitar la muerte materna o neonatal. Una vez que ambos vuelven a su casa hay infinidad de circunstancias que hacen que la madre no pueda hacerse cargo de su hijo, como por ejemplo, la baja autoestima, el sufrir violencia, depresión, soledad, etcétera. Muchas veces es tan profunda esta crisis que no están en condiciones de acercarse a los distintos dispositivos estatales, ni tampoco de sostener un vínculo o adherencia con alguna institución. Por lo tanto, necesitan otro tipo de abordaje más personalizado.
Para ello creamos los programas de acompañamiento familiar, que consisten en un equipo de acompañantes familiares integrado por psicólogos, enfermeras o trabajadores sociales, quienes visitan periódicamente a las madres que atraviesan alguna situación difícil y las acompañan hasta que sus hijos cumplen los dos años de edad.
En esas visitas, se hace un seguimiento cuidadoso de la evolución del niño mediante controles médicos, se controla del esquema de vacunación, la alimentación y la estimulación. Pero, fundamentalmente, se hace un acompañamiento de la madre, brindando apoyo, contención y herramientas para que ella pueda hacerse cargo de su hijo.
Para ello, se las asiste en la gestión de trámites, turnos, se les enseña a jugar, a generar hábitos de crianza, hábitos de lactancia, etcétera. Son distintas cuestiones que ayudan a fortalecer la autoestima, a que se den cuenta de que ellas son importantes y pueden hacerse cargo de sus hijos y de su familia.
Estas visitas se completan y potencian con actividades fuera de la casa, como talleres y distintos programas enfocados en las mujeres embarazadas y madres con
hijos de 0 a 3 años, para que puedan elaborar y llevar adelante su proyecto de vida.
El foco está puesto en el desarrollo personal, la autovaloración, el fortalecimiento afectivo, la terminalidad educativa, la formación y la capacitación en oficios.
Para eso creamos el programa Proyecto de Vida. Sin embargo, la finalidad no es solamente capacitar y potenciar habilidades y talentos, sino generar verdaderas redes sociales y comunitarias entre mujeres en la misma situación, que logren alejarse de los círculos de violencia, que puedan terminar sus estudios, que se conviertan en el primer agente sanitario de su familia y que encuentren seguridad, autonomía y valor personal.
Además de identificar a las mujeres embarazadas y su posterior acompañamiento, para poder completar y garantizar el adecuado desarrollo de la primera infancia es preciso crear espacios de estimulación y desarrollo para niños de entre 45 días y 3 años, preparándolos para que puedan ingresar al sistema de educación formal con las herramientas necesarias para transitarlo de manera exitosa.
Deben trabajarse los cuatro ejes fundamentales de la niñez: juego, educación, nutrición y afectividad, y para eso creamos los centros de desarrollo infanto-familiar.
Resumidamente, estos son todos los elementos que componen el verdadero programa de los Mil Días, que tiene una mirada integral, y sobre todo, a largo plazo.
Si bien son políticas públicas cuyos resultados finales podremos verlos en algunos años, en San Miguel hemos logrado revertir algunos índices de manera positiva. Por ejemplo, cuando comenzamos, el 70 por ciento de las muertes infantiles en neonatología estaban asociadas a embarazos sin control. Hoy, solo representan el 18 por ciento. La mortalidad infantil, en nuestro distrito, era del 14 por mil. Hoy, es del 7,9 por mil, un punto por debajo de la provincia de Buenos Aires. La tasa de prematuros bajó al 6,8 por mil, cuando la media nacional es del 8,8. Además, con la entrega de catres disminuimos el 80 por ciento de la mortalidad por colecho.
El 73 por ciento de los niños que egresan de los centros de desarrollo infanto familiar, continúan en la escuela, llegando incluso varios de ellos a ser abanderados.
El Premio Nobel de Economía, James Heckman, en el año 2000, demostró que las inversiones en programas de primera infancia son las que mejor tasa de retorno tienen en el futuro, alcanzando un 13 por ciento. Un estudio realizado también por la Fundación (Richard) muestra que, quienes no alcanzaron el pleno desarrollo en la primera infancia, en la edad adulta suponen un gasto por parte del Estado del doble de aquellos que lograron desarrollarse en forma adecuada.
En cuanto a los salarios, los del primer grupo son, en promedio, un 25 por ciento más bajos que los del segundo.
Estos números no hacen más que ratificar que los primeros mil días son, sin duda, una etapa única en el desarrollo humano, en la que se tiene una oportunidad privilegiada para actuar en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el incremento de la calidad de vida.
Por eso, mi propuesta es invertir, apostar a la primera infancia, por el desarrollo y el crecimiento sano y fuerte de nuestra futura generación.
No olvidemos que el capital humano es el tesoro más grande que tiene una nación. No es utopía; es justicia. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Muchas gracias por su exposición señor Pablo de la Torre, y también agradezco a la diputada Polledo que lo invitó. Me parece que todas las voces suman y es muy importante que todos nos podamos escuchar.
Dado que tenemos una sesión exactamente en treinta minutos, voy a dar por concluido este encuentro, entendiendo que la próxima reunión dependerá un poco de si tenemos o no protocolo remoto.
Si tenemos protocolo remoto, la próxima reunión de comisión para dictaminar será convocada para el jueves a las 10 de la mañana. Si no tenemos protocolo remoto, es probable que la reunión para dictaminar en forma presencial se haga el miércoles de la semana que viene, ya que el jueves habría sesión.
Estas son cosas que se están decidiendo en un lugar que no nos corresponde a nosotros. Por eso les pido que nos mantengamos muy en contacto.
Además, mañana va a haber una reunión de asesores para que puedan escucharse algunas propuestas, ya que nada está escrito en piedra. Como siempre, la idea es que podamos elaborar el mejor proyecto.
Nos estamos viendo en un rato, en la sesión. Gracias a todos. No sé si el diputado Heller quiere decir algo.
Dado que tenemos una sesión exactamente en treinta minutos, voy a dar por concluido este encuentro, entendiendo que la próxima reunión dependerá un poco de si tenemos o no protocolo remoto.
Si tenemos protocolo remoto, la próxima reunión de comisión para dictaminar será convocada para el jueves a las 10 de la mañana. Si no tenemos protocolo remoto, es probable que la reunión para dictaminar en forma presencial se haga el miércoles de la semana que viene, ya que el jueves habría sesión.
Estas son cosas que se están decidiendo en un lugar que no nos corresponde a nosotros. Por eso les pido que nos mantengamos muy en contacto.
Además, mañana va a haber una reunión de asesores para que puedan escucharse algunas propuestas, ya que nada está escrito en piedra. Como siempre, la idea es que podamos elaborar el mejor proyecto.
Nos estamos viendo en un rato, en la sesión. Gracias a todos. No sé si el diputado Heller quiere decir algo.
SR. HELLER No, no; es un buen resumen. Nos vemos en un rato, en la sesión.
SR. PRESIDENTE YEDLIN Gracias a todos.
Queda levantada la reunión.
Queda levantada la reunión.
Es la hora 12 y 56.