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PRESUPUESTO Y HACIENDA
Comisión PermanenteOf. Administrativa: Piso P04 Oficina 418
Secretario Administrativo Dr. Seguí Ariel
Martes 17.00hs
Of. Administrativa: (054-11) 6075-2444 Internos 2416/2310
cpyhacienda@hcdn.gob.ar
- PRESUPUESTO Y HACIENDA
- ENERGIA Y COMBUSTIBLES
Reunión del día 18/05/2021
- MARCO REGULATORIO DE BIOCOMBUSTIBLES.
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de mayo de 2021, a la hora 15 y 29, comienza la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda, llevada a cabo bajo el formato de videoconferencia.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Buenas tardes a todas y todos.
Con quórum reglamentario, iniciamos la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto ingresado a esta Cámara referido al marco regulatorio de biocombustibles.
Como ustedes saben, hemos tenido dos reuniones informativas con la presencia del secretario de Energía y el aporte de los integrantes de distintas cámaras del sector, que han sido muy enriquecedoras y a partir de las que se han introducido diferentes modificaciones a lo que ha constituido el proyecto que hoy empieza a tratarse en esta comisión.
Este es un tema importante y estratégico para una actividad que ha tenido un desarrollo realmente virtuoso en la economía de la Argentina en varias de sus regiones.
En tal sentido, por vencimiento de los términos de la ley, era necesaria la presentación de un marco regulatorio que considerara las nuevas realidades del sector, más las coyunturas que se presentan, para dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que todos queremos que siga desarrollándose, generando trabajo, que contemple las nuevas diferencias y realidades que puede tener una actividad que no existía en la Argentina antes de la ley que hoy vence.
Dicho esto, es dejamos abierto el debate. Tiene la palabra el señor diputado De Marchi.
Con quórum reglamentario, iniciamos la reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto ingresado a esta Cámara referido al marco regulatorio de biocombustibles.
Como ustedes saben, hemos tenido dos reuniones informativas con la presencia del secretario de Energía y el aporte de los integrantes de distintas cámaras del sector, que han sido muy enriquecedoras y a partir de las que se han introducido diferentes modificaciones a lo que ha constituido el proyecto que hoy empieza a tratarse en esta comisión.
Este es un tema importante y estratégico para una actividad que ha tenido un desarrollo realmente virtuoso en la economía de la Argentina en varias de sus regiones.
En tal sentido, por vencimiento de los términos de la ley, era necesaria la presentación de un marco regulatorio que considerara las nuevas realidades del sector, más las coyunturas que se presentan, para dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que todos queremos que siga desarrollándose, generando trabajo, que contemple las nuevas diferencias y realidades que puede tener una actividad que no existía en la Argentina antes de la ley que hoy vence.
Dicho esto, es dejamos abierto el debate. Tiene la palabra el señor diputado De Marchi.
SR. DE MARCHI Muchas gracias, señor presidente.
Previo al inicio de la discusión del asunto de fondo, relacionado con el régimen de biocombustibles en la Argentina, quisiera dejar planteadas dos cuestiones que, si bien son formales y reglamentarias, no por ello son menos importantes.
La primera de ellas está relacionada con la aplicabilidad del protocolo de funcionamiento remoto, que de común acuerdo con los diferentes bloques fuera aprobado el día 7 de mayo pasado.
Nosotros entendemos con muy buena fe, en función de lo claramente establecido en el punto 2 del acta que se suscribió en el marco de la Comisión de Labor Parlamentaria, que esta reunión de comisión conjunta debió haberse convocado de manera presencial en forma plena y no en forma mixta presencial y remota -como evidentemente a juzgar por las pantallas lo estamos advirtiendo.
El acta dice de manera expresa en el punto 2: "Dejar constancia de que, con independencia de la vigencia del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la HCDN y en las cuales se proceda a tratar y despachar asuntos sometidos a su consideración, tendrán plena validez. En dichas reuniones podrán participar y firmar de forma remota los/las diputados/diputadas exceptuados, conforme lo establecido en el punto tres de la presente acta."
El punto en conflicto es el que sigue y en nuestra consideración no tiene ninguna alternativa de interpretarse de una manera distinta. Dice lo siguiente: "El despacho de los asuntos puestos a consideración podrá realizarse por el sistema remoto, previsto en el capítulo II del protocolo, si así lo acuerdan el presidente y vicepresidente de la comisión." Dicho por la inversa, si no hay consentimiento entre presidente y vicepresidente, no es aplicable el sistema remoto para el desarrollo o para el eventual dictamen. Es decir, sí podría aplicarse para las reuniones informativas, pero no para aquellas en las que se emita dictamen.
En el día de ayer el diputado Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en mi caso como vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, presentamos sendas notas no prestando el consentimiento para el desarrollo de esta reunión en forma mixta presencial-virtual como hoy advertimos que se está desarrollando.
Quiero dejar planteado este punto que consideramos central a los efectos de la eventual validez o invalidez del posible dictamen que pueda surgir de esta comisión. En ese sentido, lo hacemos con la reserva pertinente a los efectos futuros.
Asimismo, quiero plantear el segundo aspecto de manera sencilla y rápida. Quizás sí tiene que ver con la esencia del tema de fondo, que es la vigencia de la actual prórroga por solo 60 días dictada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 322/2021, de la ley 26.093 que actualmente reglamenta el marco de biocombustibles en la Argentina. Dicha prórroga rige desde el 12 de mayo, cuando venció la vigencia de la ley 26.093, hasta las 24 horas del día 11 de julio de 2021.
Nosotros consideramos que la ley 26.093 es suficientemente clara cuando en su artículo 1° otorga en forma expresa al Poder Ejecutivo -y leo- "la facultad de modificar la fecha de inicio del régimen y computar los 15 años de vigencia a partir de la fecha indicada en los artículos 7° y 8°."
Para ser concretos, la ley 26.093 establece una vigencia de ese régimen de 15 años contados a partir de la promulgación, es decir, a partir del día 12 de mayo de 2006. Por lo tanto, como hemos dicho, efectivamente venció el 11 de mayo del corriente año.
La ley 26.093 da una sola alternativa al Poder Ejecutivo que es diferir el inicio de los 15 años -o la contabilidad de los 15 años- a partir de la fecha de entrada en vigencia de los cortes de biocombustibles, esto es al 1° de enero de 2010.
Por lo tanto, la propia ley 26.093 contempla solo dos fechas de vencimiento del régimen a elección del Poder Ejecutivo: el 11 de mayo de 2021 o si se contabiliza el inicio del corte a partir del 1° de enero de 2010, el vencimiento se produce el 31 de diciembre de 2024.
Por lo tanto, dejamos planteada la observación y la reserva a todo evento para eventuales o futuras impugnaciones. Gracias, señor presidente.
Previo al inicio de la discusión del asunto de fondo, relacionado con el régimen de biocombustibles en la Argentina, quisiera dejar planteadas dos cuestiones que, si bien son formales y reglamentarias, no por ello son menos importantes.
La primera de ellas está relacionada con la aplicabilidad del protocolo de funcionamiento remoto, que de común acuerdo con los diferentes bloques fuera aprobado el día 7 de mayo pasado.
Nosotros entendemos con muy buena fe, en función de lo claramente establecido en el punto 2 del acta que se suscribió en el marco de la Comisión de Labor Parlamentaria, que esta reunión de comisión conjunta debió haberse convocado de manera presencial en forma plena y no en forma mixta presencial y remota -como evidentemente a juzgar por las pantallas lo estamos advirtiendo.
El acta dice de manera expresa en el punto 2: "Dejar constancia de que, con independencia de la vigencia del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la HCDN y en las cuales se proceda a tratar y despachar asuntos sometidos a su consideración, tendrán plena validez. En dichas reuniones podrán participar y firmar de forma remota los/las diputados/diputadas exceptuados, conforme lo establecido en el punto tres de la presente acta."
El punto en conflicto es el que sigue y en nuestra consideración no tiene ninguna alternativa de interpretarse de una manera distinta. Dice lo siguiente: "El despacho de los asuntos puestos a consideración podrá realizarse por el sistema remoto, previsto en el capítulo II del protocolo, si así lo acuerdan el presidente y vicepresidente de la comisión." Dicho por la inversa, si no hay consentimiento entre presidente y vicepresidente, no es aplicable el sistema remoto para el desarrollo o para el eventual dictamen. Es decir, sí podría aplicarse para las reuniones informativas, pero no para aquellas en las que se emita dictamen.
En el día de ayer el diputado Laspina, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y en mi caso como vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles, presentamos sendas notas no prestando el consentimiento para el desarrollo de esta reunión en forma mixta presencial-virtual como hoy advertimos que se está desarrollando.
Quiero dejar planteado este punto que consideramos central a los efectos de la eventual validez o invalidez del posible dictamen que pueda surgir de esta comisión. En ese sentido, lo hacemos con la reserva pertinente a los efectos futuros.
Asimismo, quiero plantear el segundo aspecto de manera sencilla y rápida. Quizás sí tiene que ver con la esencia del tema de fondo, que es la vigencia de la actual prórroga por solo 60 días dictada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 322/2021, de la ley 26.093 que actualmente reglamenta el marco de biocombustibles en la Argentina. Dicha prórroga rige desde el 12 de mayo, cuando venció la vigencia de la ley 26.093, hasta las 24 horas del día 11 de julio de 2021.
Nosotros consideramos que la ley 26.093 es suficientemente clara cuando en su artículo 1° otorga en forma expresa al Poder Ejecutivo -y leo- "la facultad de modificar la fecha de inicio del régimen y computar los 15 años de vigencia a partir de la fecha indicada en los artículos 7° y 8°."
Para ser concretos, la ley 26.093 establece una vigencia de ese régimen de 15 años contados a partir de la promulgación, es decir, a partir del día 12 de mayo de 2006. Por lo tanto, como hemos dicho, efectivamente venció el 11 de mayo del corriente año.
La ley 26.093 da una sola alternativa al Poder Ejecutivo que es diferir el inicio de los 15 años -o la contabilidad de los 15 años- a partir de la fecha de entrada en vigencia de los cortes de biocombustibles, esto es al 1° de enero de 2010.
Por lo tanto, la propia ley 26.093 contempla solo dos fechas de vencimiento del régimen a elección del Poder Ejecutivo: el 11 de mayo de 2021 o si se contabiliza el inicio del corte a partir del 1° de enero de 2010, el vencimiento se produce el 31 de diciembre de 2024.
Por lo tanto, dejamos planteada la observación y la reserva a todo evento para eventuales o futuras impugnaciones. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, señor diputado.
Quiero aclarar que en lo relativo a la convocatoria nosotros tenemos una interpretación diferente en lo que respecta al capítulo II del acta de protocolo. Creemos que el espíritu de la norma es facilitar el funcionamiento del Cuerpo y que existe una clara similitud con el funcionamiento del pleno de la Cámara.
El segundo párrafo del capítulo II tiene que ver con la necesidad del acuerdo entre presidente y vicepresidente para el funcionamiento ciento por ciento virtual de una comisión. En tal sentido, rechazamos esa interpretación y, justamente, interpretamos que es la norma que permite que tanto el Cuerpo como la Cámara puedan funcionar.
Tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
Quiero aclarar que en lo relativo a la convocatoria nosotros tenemos una interpretación diferente en lo que respecta al capítulo II del acta de protocolo. Creemos que el espíritu de la norma es facilitar el funcionamiento del Cuerpo y que existe una clara similitud con el funcionamiento del pleno de la Cámara.
El segundo párrafo del capítulo II tiene que ver con la necesidad del acuerdo entre presidente y vicepresidente para el funcionamiento ciento por ciento virtual de una comisión. En tal sentido, rechazamos esa interpretación y, justamente, interpretamos que es la norma que permite que tanto el Cuerpo como la Cámara puedan funcionar.
Tiene la palabra el señor diputado Germán Martínez.
SR. MARTÍNEZ Señor presidente: quiero hacer unas consideraciones iniciales en este encuentro conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda cuyo objetivo es emitir dictamen respecto del proyecto que hemos presentado.
Me gustaría hacer algunas reflexiones. En general, hay dos temas que me suelen gustar, como por desvío profesional. Primero, las cuestiones que tienen que ver con el análisis de políticas públicas, y con respecto a eso me parece que tenemos una muy buena oportunidad hoy, que venimos en algún lugar desarrollando a lo largo de estas últimas semanas. Segundo, cuál es el aporte y el rol del Congreso al respecto, especialmente de la Cámara de Diputados.
Me parece que en las reuniones informativas que tuvimos hubo mucho de esto: de la oportunidad de evaluar el camino recorrido, pero, al mismo tiempo, de proyectar lo que viene. Y como dije en algún momento, el camino recorrido hubiera sido imposible sin el aporte de lo que hoy nosotros conocemos como la ley 26.093. Hubiera sido imposible porque esta fue una ley que nos permitió poner en marcha una industria y darle cuerpo a un sector que, hasta el momento en que se aprobó esa norma, no existía como tal.
De hecho, revisando las versiones taquigráficas de cuando se aprobó esta cuestión en la Cámara de Diputados, el entonces presidente de nuestro bloque, Agustín Rossi, marcaba que en ese momento habían aparecido dos anuncios de inversiones importantes. Una hoy suena un tanto contradictoria, porque fue Vicentin con su planta; y otra fue YPF en manos de Repsol, que había desarrollado una serie de iniciativas al respecto, y todavía nosotros no teníamos el marco normativo suficiente.
Por lo tanto, sin lugar a dudas, este proyecto se apoya sobre todo lo que se hizo desde el año 2006 a esta parte, que no fue poco, sino mucho. Se hizo mucho en términos de configuración de un sector.
Cuando arrancó el debate en el año 2006, el proyecto que había tenido origen en el Senado -en realidad en el año 2004- se llamaba "Régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles". Hasta tal punto era tan poco lo que aún había desarrollado la Argentina al respecto, que se necesitaba investigación, desarrollo, generación y, obviamente, un marco legal de uso.
Después, cuando le hicimos fuertes modificaciones a ese texto en la Cámara de Diputados, quedó más claro que estábamos en busca de un régimen de regulación y promoción para la producción y el uso sustentable de biocombustibles. Y hoy estamos acá porque en aquel momento se tomó esa decisión estratégica.
A veces también se dan estas cuestiones; nosotros hoy estamos debatiendo este tema, y fue la presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles -comisión que en aquel momento junto a la diputada Alarcón llevó adelante este debate-, hoy presente en esta discusión, la diputada Rosana Bertone, quien llevó adelante este debate en comisiones y en el recinto. Recuerden lo que dijo mi compañera de bloque: "Tengo la profunda convicción de que estamos ante un tema estratégico para la Nación y las energías alternativas..." -fíjense esto, tiene algún nivel de premonición de lo que estamos viviendo- "...También se prevé un régimen que tendrá vigencia durante quince años, plazo que se estima idóneo para evaluar el desarrollo y fomento de la actividad".
Transcurrieron estos quince años, y hoy estamos aquí analizando un proyecto que obviamente trata de adecuar los tiempos para darnos cuenta de cuál es la actual composición de este sector, los distintos subsectores que existen a partir de esto y cómo se necesitan estímulos adicionales de acuerdo con el nivel de desarrollo que han tenido las distintas plantas en la República Argentina. Y lo hacemos con el convencimiento de que la ley 26.093 cumplió fuertemente los objetivos.
También hay que decir que, en aquel momento, la ley 26.093 fue durísimamente criticada, inclusive en las comisiones y en el recinto. Y se dijeron frases fuertes en relación con que esta ley no iba a servir. Los mismos que curiosamente en aquel momento decían que esta ley no iba a servir durante todo este tiempo no han hecho otra cosa que pedir su prórroga.
Nosotros pensamos que este proyecto claramente genera una situación de mayor ventaja a la hora de pensar el futuro del desarrollo de este sector. Un sector que hoy obviamente necesita cuidar y potenciar toda la capacidad instalada que ya existe y que no nos cabe la menor duda de que va a encontrar en este proyecto un especial impulso para el entramado productivo de pequeñas y medianas empresas que existe alrededor de la cuestión de los biocombustibles.
Prefiero terminar acá, señor presidente. Habrá otros compañeros y compañeras que defenderán este proyecto. Pero me parece que era importante situarnos y abrir esta nueva etapa con este texto que estamos poniendo en consideración, sabiendo que estamos recogiendo lo mejor del régimen preexistente y que estamos adecuando la normativa a los tiempos que vienen y a la actual composición de un sector. Un sector que -insisto- si no hubiera sido en aquel momento por el enorme esfuerzo de nuestro presidente Néstor Kirchner, no hubiéramos podido tener la ley que configuró al sector y, en función de eso, poder estar hoy debatiendo este tema.
Me gustaría hacer algunas reflexiones. En general, hay dos temas que me suelen gustar, como por desvío profesional. Primero, las cuestiones que tienen que ver con el análisis de políticas públicas, y con respecto a eso me parece que tenemos una muy buena oportunidad hoy, que venimos en algún lugar desarrollando a lo largo de estas últimas semanas. Segundo, cuál es el aporte y el rol del Congreso al respecto, especialmente de la Cámara de Diputados.
Me parece que en las reuniones informativas que tuvimos hubo mucho de esto: de la oportunidad de evaluar el camino recorrido, pero, al mismo tiempo, de proyectar lo que viene. Y como dije en algún momento, el camino recorrido hubiera sido imposible sin el aporte de lo que hoy nosotros conocemos como la ley 26.093. Hubiera sido imposible porque esta fue una ley que nos permitió poner en marcha una industria y darle cuerpo a un sector que, hasta el momento en que se aprobó esa norma, no existía como tal.
De hecho, revisando las versiones taquigráficas de cuando se aprobó esta cuestión en la Cámara de Diputados, el entonces presidente de nuestro bloque, Agustín Rossi, marcaba que en ese momento habían aparecido dos anuncios de inversiones importantes. Una hoy suena un tanto contradictoria, porque fue Vicentin con su planta; y otra fue YPF en manos de Repsol, que había desarrollado una serie de iniciativas al respecto, y todavía nosotros no teníamos el marco normativo suficiente.
Por lo tanto, sin lugar a dudas, este proyecto se apoya sobre todo lo que se hizo desde el año 2006 a esta parte, que no fue poco, sino mucho. Se hizo mucho en términos de configuración de un sector.
Cuando arrancó el debate en el año 2006, el proyecto que había tenido origen en el Senado -en realidad en el año 2004- se llamaba "Régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles". Hasta tal punto era tan poco lo que aún había desarrollado la Argentina al respecto, que se necesitaba investigación, desarrollo, generación y, obviamente, un marco legal de uso.
Después, cuando le hicimos fuertes modificaciones a ese texto en la Cámara de Diputados, quedó más claro que estábamos en busca de un régimen de regulación y promoción para la producción y el uso sustentable de biocombustibles. Y hoy estamos acá porque en aquel momento se tomó esa decisión estratégica.
A veces también se dan estas cuestiones; nosotros hoy estamos debatiendo este tema, y fue la presidenta de la Comisión de Energía y Combustibles -comisión que en aquel momento junto a la diputada Alarcón llevó adelante este debate-, hoy presente en esta discusión, la diputada Rosana Bertone, quien llevó adelante este debate en comisiones y en el recinto. Recuerden lo que dijo mi compañera de bloque: "Tengo la profunda convicción de que estamos ante un tema estratégico para la Nación y las energías alternativas..." -fíjense esto, tiene algún nivel de premonición de lo que estamos viviendo- "...También se prevé un régimen que tendrá vigencia durante quince años, plazo que se estima idóneo para evaluar el desarrollo y fomento de la actividad".
Transcurrieron estos quince años, y hoy estamos aquí analizando un proyecto que obviamente trata de adecuar los tiempos para darnos cuenta de cuál es la actual composición de este sector, los distintos subsectores que existen a partir de esto y cómo se necesitan estímulos adicionales de acuerdo con el nivel de desarrollo que han tenido las distintas plantas en la República Argentina. Y lo hacemos con el convencimiento de que la ley 26.093 cumplió fuertemente los objetivos.
También hay que decir que, en aquel momento, la ley 26.093 fue durísimamente criticada, inclusive en las comisiones y en el recinto. Y se dijeron frases fuertes en relación con que esta ley no iba a servir. Los mismos que curiosamente en aquel momento decían que esta ley no iba a servir durante todo este tiempo no han hecho otra cosa que pedir su prórroga.
Nosotros pensamos que este proyecto claramente genera una situación de mayor ventaja a la hora de pensar el futuro del desarrollo de este sector. Un sector que hoy obviamente necesita cuidar y potenciar toda la capacidad instalada que ya existe y que no nos cabe la menor duda de que va a encontrar en este proyecto un especial impulso para el entramado productivo de pequeñas y medianas empresas que existe alrededor de la cuestión de los biocombustibles.
Prefiero terminar acá, señor presidente. Habrá otros compañeros y compañeras que defenderán este proyecto. Pero me parece que era importante situarnos y abrir esta nueva etapa con este texto que estamos poniendo en consideración, sabiendo que estamos recogiendo lo mejor del régimen preexistente y que estamos adecuando la normativa a los tiempos que vienen y a la actual composición de un sector. Un sector que -insisto- si no hubiera sido en aquel momento por el enorme esfuerzo de nuestro presidente Néstor Kirchner, no hubiéramos podido tener la ley que configuró al sector y, en función de eso, poder estar hoy debatiendo este tema.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el señor diputado Heller.
SR. HELLER Señor presidente: lamento tener que volver un poco para atrás después de la excelente introducción del tema que vamos a debatir que acaba de hacer el diputado Martínez. En mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda me veo obligado a referirme al planteo hecho por el diputado De Marchi a fin de realizar un par de precisiones.
Primera precisión: el diputado De Marchi dijo que tanto él como el diputado Laspina habían elevado notas a las respectivas comisiones. Quiero decir que esto no fue así. Hice revisar de inmediato los correos electrónicos, tanto el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda como el mío personal y el de la Cámara. En ninguno de esos medios se ha recibido pedido alguno del diputado Laspina.
Quiero aclarar también que, si simplemente me hubiera llamado por teléfono, yo lo hubiera dado como válido, porque así hemos arreglado muchas veces hacer una reunión remota sin ningún tipo de controversia. Entonces, a los fines de dejar esto aclarado, en el caso de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tal pedido no existió.
Yendo al tema en sí, realmente me llama poderosamente la atención la interpretación que hizo el diputado De Marchi porque voy a volver a leer lo que él leyó.
El primer párrafo del punto 2 dice: "Dejar constancia de que, con independencia de la vigencia del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en las cuales se proceda a tratar y despachar asuntos sometidos a su consideración tendrán plena validez.
En dichas reuniones, podrán participar y firmar de forma remota los/las diputados/as exceptuados/as, conforme a lo establecido en el punto 3 de la presente acta.
El despacho de los asuntos puestos a consideración podrá realizarse por el sistema remoto previsto en el Capítulo II del Protocolo, si así lo acuerdan el/la presidente/a y vicepresidente/a de la comisión."
Claramente, está diferenciado el sistema presencial, con las excepciones previstas en el punto 3 correspondiente a reuniones remotas, que son reuniones donde no hay presencialidad. Esas son las que requieren el acuerdo del presidente y del vice.
Por lo tanto, dejo claro que -a mi juicio y a nuestro juicio- esta reunión está perfectamente convocada conforme a la letra y el espíritu de los acuerdos establecidos para el funcionamiento de las comisiones y del pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Señor presidente: esto es todo lo que quería aclarar. Muchísimas gracias.
Primera precisión: el diputado De Marchi dijo que tanto él como el diputado Laspina habían elevado notas a las respectivas comisiones. Quiero decir que esto no fue así. Hice revisar de inmediato los correos electrónicos, tanto el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda como el mío personal y el de la Cámara. En ninguno de esos medios se ha recibido pedido alguno del diputado Laspina.
Quiero aclarar también que, si simplemente me hubiera llamado por teléfono, yo lo hubiera dado como válido, porque así hemos arreglado muchas veces hacer una reunión remota sin ningún tipo de controversia. Entonces, a los fines de dejar esto aclarado, en el caso de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tal pedido no existió.
Yendo al tema en sí, realmente me llama poderosamente la atención la interpretación que hizo el diputado De Marchi porque voy a volver a leer lo que él leyó.
El primer párrafo del punto 2 dice: "Dejar constancia de que, con independencia de la vigencia del protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, las reuniones que realicen las distintas comisiones que conforman la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en las cuales se proceda a tratar y despachar asuntos sometidos a su consideración tendrán plena validez.
En dichas reuniones, podrán participar y firmar de forma remota los/las diputados/as exceptuados/as, conforme a lo establecido en el punto 3 de la presente acta.
El despacho de los asuntos puestos a consideración podrá realizarse por el sistema remoto previsto en el Capítulo II del Protocolo, si así lo acuerdan el/la presidente/a y vicepresidente/a de la comisión."
Claramente, está diferenciado el sistema presencial, con las excepciones previstas en el punto 3 correspondiente a reuniones remotas, que son reuniones donde no hay presencialidad. Esas son las que requieren el acuerdo del presidente y del vice.
Por lo tanto, dejo claro que -a mi juicio y a nuestro juicio- esta reunión está perfectamente convocada conforme a la letra y el espíritu de los acuerdos establecidos para el funcionamiento de las comisiones y del pleno de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Señor presidente: esto es todo lo que quería aclarar. Muchísimas gracias.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Gracias, señor diputado Heller.
Tiene la palabra la señora diputada Sapag.
Tiene la palabra la señora diputada Sapag.
SRA. SAPAG Señor presidente: agradezco muchísimo a todos...
SR. HELLER Perdón, diputada Sapag. Quiero decir que a las 15 y 45 entró una nota del diputado Laspina. Hago la aclaración porque si no, va a parecer una contradicción con lo que dije. Reitero: a las 15 y 45 entró la nota del diputado Laspina, es decir, bastante después de que el diputado De Marchi habló del tema.
Le pido disculpas, diputada Sapag, por haberla interrumpido, pero necesitaba hacer esta aclaración.
Le pido disculpas, diputada Sapag, por haberla interrumpido, pero necesitaba hacer esta aclaración.
SRA. SAPAG Por favor, diputado Heller, todo lo contrario. Es bueno aclarar las cosas.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señores presidentes de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
La verdad es que, yendo un poco para atrás, celebro la virtualidad porque algunos diputados -como es mi caso- no podríamos asistir a la comisión por problemas de salud. Creo que estamos viviendo una verdadera tragedia, que es la pandemia.
Lógicamente, algunos no tenemos la salud de otros, hacemos un gran esfuerzo por participar en la vida del país y la virtualidad ha logrado que lo podamos hacer desde nuestros lugares. Como soy la única diputada del Movimiento Popular Neuquino, tampoco podría llegar a tener un reemplazante.
Señor presidente de la Comisión de Energía y Combustibles: le voy a solicitar leer algunas modificaciones propuestas a algunos artículos. Adelanto que voy a votar el proyecto en general, pero quiero que figure en actas algunas de las modificaciones que propongo. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque voy a fundamentar cada artículo para que quede claro.
En primer lugar, propongo que se reemplace el segundo párrafo del artículo 5° por el siguiente texto: "Las empresas mezcladoras, productoras y/o comercializadoras de combustibles fósiles podrán asociarse y/o de cualquier otra forma vincularse con las empresas productoras alcanzadas en el presente régimen para instalar plantas de producción de biocombustibles de segunda generación, tercera generación y de avanzada, de aquí en más 'biocombustibles avanzados', para integrarlo como materia prima en sus procesos productivos y/o para comercializarlo en estado puro en el mercado local o integrarlo en la mezcla con los combustibles.
Asimismo, las empresas mezcladoras que produzcan biocombustibles avanzados podrán destinar la producción de los mismos para cumplir con los porcentajes de mezcla de biocombustibles respecto de los volúmenes incrementales existentes al momento de la presente ley."
La fundamentación del reemplazo del segundo párrafo del artículo 5° es que la propuesta que realizo consiste en permitir, en una primera instancia, la asociación de ambos sectores y, luego, el desarrollo autónomo.
El mundo dejó atrás los biocombustibles de primera generación. La Argentina solo produce este tipo de biocombustible en base a materias primas de alimentos. Los principales países del mundo y las grandes compañías a nivel internacional están instalando capacidad de producción de biocombustibles avanzados, utilizan materias primas que no se utilizan para la producción de alimentos, como aceite de cocina reciclado, sebo animal, residuos de la caña, residuos forestales, en línea con el Acuerdo de París.
Estas inversiones son de capital intensivas y, en general, acometidas por empresas de envergadura en el sector industrial, aportando conocimiento, empleo, una complementariedad racional con el fósil y, claramente, en línea con el futuro, la sustentabilidad y la economía circular.
Para su implementación, se propone la asociación, si la integración es sobre el cupo actual de biocombustibles obligatorios, y en cinco años poder hacerlo sobre el crecimiento vegetativo del mercado, sin necesidad de asociarse. Claramente, los productores actuales no debieran ver un riesgo en este sentido y podrían asociarse con una empresa de envergadura en un proyecto de magnitud.
En cuanto al artículo 8°, se modifica su redacción y se propone el siguiente texto: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diesel oil, conforme la normativa de calidad de combustible vigente o la que en el futuro la reemplace, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje de biodiesel del 5 por ciento en volumen medido sobre la cantidad total de producto final.
La autoridad de aplicación podrá elevar el referido porcentaje hasta un porcentaje nominal del 8 por ciento, en volumen, cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial y de divisas, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas; o bien, reducirlo hasta un porcentaje nominal del 3 por ciento en volumen cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último; o bien, ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras, autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado y/o por cualquier otra circunstancia que altere, tanto el mercado de biocombustibles como de combustibles fósiles en la República Argentina. Teniendo en cuenta el sector consumidor, la autoridad de aplicación podrá establecer porcentajes de mezcla diferentes y/o tratamientos particulares por región geográfica y/o para períodos o meses del año de consumo y/o tratamientos particulares."
¿Por qué digo esto? En el artículo 8° se establece el corte de biodiesel que debe contener el gasoil. El corte actual de biodiesel del 10 por ciento está entre los más altos del mundo -octavo, sobre casi setenta países-, que no son razonables para países con zonas frías como la Argentina.
La norma EURO V sugiere como límite máximo el 7 por ciento de biodiesel para los motores homologados en el territorio nacional.
La bibliografía técnica disponible, las pruebas de laboratorio y ensayos de campo realizados permiten observar que actualmente las mezclas del 10 por ciento y superiores presentan una inestabilidad creciente a medida que se aumenta el porcentaje de biodiesel, formando componentes insolubles y de carácter ácido que pueden conducir al taponamiento del filtro, a la generación de depósitos, corrosión y problemas de durabilidad, afectando las características fisicoquímicas del combustible y alterando el buen funcionamiento del motor. Esto se agrava con las bajas temperaturas; por eso, en la mayoría de los países fríos las mezclas no superan el 5 por ciento, cuya evidencia objetiva se ha observado en distintos casos de la Patagonia.
Se estima que de esta manera se brinda flexibilidad al marco regulatorio dentro de parámetros que lo harán más previsible, evitando una amplia discrecionalidad y generando una mayor estabilidad.
Por otro lado, la producción de biodiésel conlleva un fuerte costo fiscal, acumulando un déficit que supera los 4.000 millones de dólares. Ello se debe, fundamentalmente, a que deja de recaudarse en concepto de derechos de exportación por el aceite de soja utilizado como insumo, a la vez que el biodiésel ha estado exento del pago de impuestos internos a los combustibles.
En resumen, se suprime el concepto de mínimo obligatorio ya que la Autoridad de Aplicación puede subir hasta el límite técnico y/o disminuirlo cuando las condiciones macroeconómicas lo determinan.
Además, es contradictorio definir un mínimo obligatorio cuando no se permite la circunstancia de reducción ante el déficit de balanza comercial u otras condiciones de mercado.
En el artículo 9° propongo que se modifique su redacción, quedando de la siguiente forma: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como nafta conforme la normativa de calidad de combustible vigente, o la que en el futuro la reemplace, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje de bioetanol del 12 por ciento en volumen medido sobre la cantidad total del producto final. Teniendo en cuenta el sector consumidor podrá establecer porcentajes de mezclas diferentes y/o tratamientos particulares por región geográfica y/o para períodos o meses del año de consumo y/o tratamientos particulares".
El artículo 9° lo fundamento sobre la base de que se dispone el porcentaje de corte del bioetanol; subir los cortes más allá del 12 por ciento que se establece tiene un impacto muy significativo en el desarrollo industrial del crudo no convencional de Vaca Muerta.
El crudo de Vaca Muerta tiene características que favorecen la producción de gasolinas, posee 65 por ciento más de componentes livianos que el neuquino convencional, y el gasoil tiene el 20 por ciento más que el crudo neuquino convencional. Con esta perspectiva, no se vislumbra un problema de oferta competitiva de gasolinas en la Argentina que implique aumentar los cortes.
Asimismo, se estima que en menos de cinco años la Argentina exportará estructuralmente casi 700.000 metros cúbicos de gasolinas a la región con las inversiones, en curso y previstas, apalancadas en la industrialización del crudo no convencional.
En resumen, se suprime el concepto de mínimo obligatorio en los artículos 9°, 10, 11, 12 y 13, ya que la autoridad de aplicación puede subir hasta el límite técnico y/o disminuirlo cuando las condiciones macroeconómicas lo determinen.
Además, es contradictorio definir un mínimo obligatorio cuando se permite la circunstancia de reducción ante el déficit de balanza comercial u otras condiciones del mercado.
En el artículo 10, se elimina en el primer párrafo la palabra 'mínimas', quedando redactado de la siguiente forma: "Las empresas responsables de llevar a cabo las mezclas obligatorias de biocombustibles con combustibles fósiles deberán adquirir, sin excepción, las empresas elaboradoras autorizadas a tales efectos por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a los parámetros de precio y distribución de cantidades que se encuentran establecidos en la presente ley".
En el artículo 11 se eliminan de los párrafos primero, segundo y cuarto las palabras "mínima obligatoria", y en el párrafo tercero se elimina la frase final "contemplando una tolerancia del 10 por ciento, no pudiendo incorporarse nuevas empresas en el mercado hasta tanto no se agote la capacidad instalada de aquellas".
El artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "El abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para el cumplimiento de la mezcla con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que, ya sea en forma directa o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas, no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales, debiendo la Autoridad de Aplicación asignar dichas cantidades entre aquellas o a prorrata efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior.
"En los casos en que la distribución descripta precedentemente no resulte suficiente para satisfacer la demanda mensual de biodiésel para el cumplimiento del porcentaje de mezcla con gasoil y/o diésel oil, las cantidades faltantes serán abastecidas en partes iguales por las empresas elaboradoras de biodiésel que se encuentran comprendidas en el párrafo precedente y que cuentan con posibilidades de proveer a aquellas, estableciéndose como límite máximo la capacidad de elaboración de cada empresa.
"A los efectos del abastecimiento descripto precedentemente, se considerarán a las empresas que cumplan con las premisas establecidas en el presente artículo, que hayan sido autorizadas por la Autoridad de Aplicación en el marco de la ley 26.093 para el abastecimiento de biodiésel.
"La eventual reducción del porcentaje de las mezclas mencionadas en el artículo 8° de la presente ley será soportada por todas las empresas elaboradoras de biodiésel que abastezcan dicho mercado, de manera proporcional y de acuerdo a los mismos parámetros sobre los cuales se lleva acabo las asignaciones de biodiésel a cada uno de ellas."
En el artículo 12 se elimina el primer párrafo del artículo y, en los párrafos primero del inciso a) y primero del inciso b), las palabras "mínima obligatoria". Se modifica el segundo párrafo del inciso a) y el segundo párrafo del inciso b), quedando dicho artículo redactado de la siguiente forma: "El abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla con nafta será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible, bajo los siguientes parámetros:
a) Bioetanol elaborado a base de caña de azúcar. Los volúmenes de bioetanol equivalentes a un porcentaje nominal del 6 por ciento de la mezcla serán asignados por la Autoridad de Aplicación a las empresas elaboradoras de bioetanol a base de caña de azúcar, o a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de los cupos de bioetanol anuales vigentes a la fecha de vencimiento del régimen establecido por las leyes 26.093 y 26.344, estableciéndose como límite máximo la capacidad de elaboración de cada empresa.
"En caso de escasez general y comprobada, la Autoridad de Aplicación podrá reducir transitoriamente el porcentaje de bioetanol a base de caña de azúcar y podrá elevarlo cuando considere conveniente, en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial y de divisas, razones ambientales o técnicas y/o promoción de inversiones en economías regionales y/o por cualquier otra circunstancia que altere tanto el mercado de biocombustibles como de combustibles fósiles de la República Argentina.
"De igual forma, las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar y superar el porcentaje de corte establecido en el presente artículo, en función de las particularidades técnicas de sus respectivas plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos y del ahorro de divisas, hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímica del producto final.
"Los cupos de las adquisiciones obligatorias de bioetanol elaborados en base a caña de azúcar correspondientes a las empresas productoras con cupo otorgado en el marco de las leyes 26.093 y 26.334 serán asignados por la Autoridad de Aplicación manteniendo los volúmenes anuales establecidos oportunamente en el Anexo Único de la Resolución número 692/19, sin perjuicio de las ampliaciones que eventualmente se solicitaren, las que estarán sujetas a las condiciones generales y precedentemente establecidas.
b) Bioetanol elaborado a base de maíz. Los volúmenes de bioetanol equivalentes a un porcentaje nominal del 6 por ciento de la mezcla, serán asignados por la Autoridad de Aplicación a las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz, o a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de los cupos de bioetanol anuales vigentes a la fecha de vencimiento del régimen establecido por las leyes 26.093 y 26.344, estableciéndose como límite máximo la capacidad de elaboración de cada empresa.
"La Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje nominal cuando lo considere conveniente, en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial y de divisas, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal del 3 por ciento en volumen o cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último y/o ante situaciones de escasez de bioetanol a base de maíz, por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la Autoridad de Aplicación para el abastecimiento del mercado y/o por cualquier otra circunstancia que altere tanto el mercado de biocombustibles como el de combustibles fósiles en la República Argentina".
En el artículo 13 se elimina del primer párrafo las palabras "mínima obligatoria", quedando el artículo redactado de la siguiente forma: "La adquisición de las cantidades de biodiésel para el cumplimiento de la mezcla con gasoil y/o diésel oil, y de los volúmenes de bioetanol comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 12 de la presente ley, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.
"Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a los del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustible que no tenga por destino la mezcla obligatoria o con combustibles fósiles.
En el artículo 16, se reemplaza su texto por el siguiente: "Artículo 16: En los casos que se verifique fehacientemente que una mayor aditivación de biodiesel implica una mejora en la generación de divisas del país en virtud de la utilización de un producto producido localmente, la Autoridad de Aplicación podrá modificar de manera temporal el porcentaje de corte de biodiesel del volumen de importación de gasoil con destino al parque automotor de las empresas, sociedades o sujetos importadores.
"Las empresas mezcladoras arbitrarán los medios disponibles para obtener, de cualquiera de las elaboradoras de biocombustibles que cuenten con sus instalaciones habilitadas, el biodiesel sustituto de la forma más eficiente posible".
El artículo 17 se elimina. La fundamentación es que los artículos 16 y 17 incorporan al régimen la sustitución de la importación de combustibles fósiles por biocombustibles. En esta cuestión se debe tener en cuenta que el foco para la sustitución es el gasoil, donde la Argentina es neto importador y lo será durante un período de por lo menos cinco años más.
Por otra parte, el aumento de corte debe ser temporal por el período en que incorporar biodiesel al combustible genera más divisas que exportar el aceite de soja e importar gasoil. En general no conviene por la generación de divisas incorporar biodiesel como ocurre en la actualidad, pero puede darse una situación temporaria, y por eso se habilita hasta el límite técnico de los motores homologados en el país (norma Euro V o similar).
En cuanto a las naftas, no existe posibilidad técnica ni logística para aumentar el porcentaje de etanol dado que implicaría modificar toda la nafta base del mercado.
Por otra parte, el límite técnico de los motores es el E12 por limitación de oxígeno en las naftas.
En razón de ello se eliminan los actuales artículos 16 y 17 y se propone un incremento temporario en el porcentaje de corte biodiesel, contemplando las limitaciones técnicas de los motores con destino al parque automotor de las empresas o sociedades o sujetos importadores.
Por último -y agradezco que me hayan tenido paciencia-, se incorpora un artículo 20 como antepenúltimo, que dice así: "Ninguna de las disposiciones de la presente ley podrá ser interpretada y/o aplicada en detrimento de las demás normas nacionales que regulen los marcos legales relacionados con la industria hidrocarburífera y o energética".
¿Por qué? Porque se incorpora un nuevo artículo por el cual la aplicación o interpretación del presente marco regulatorio no se podrá hacer en detrimento de la normativa que regule la industria hidrocarburífera y/o energética.
Si bien resulta obvio, es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el gobierno nacional y que no deberían colisionar con esta propuesta de ley; lo que se espera de todas las normas que regulan al sector energético del país es su complementariedad.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señores presidentes de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda.
La verdad es que, yendo un poco para atrás, celebro la virtualidad porque algunos diputados -como es mi caso- no podríamos asistir a la comisión por problemas de salud. Creo que estamos viviendo una verdadera tragedia, que es la pandemia.
Lógicamente, algunos no tenemos la salud de otros, hacemos un gran esfuerzo por participar en la vida del país y la virtualidad ha logrado que lo podamos hacer desde nuestros lugares. Como soy la única diputada del Movimiento Popular Neuquino, tampoco podría llegar a tener un reemplazante.
Señor presidente de la Comisión de Energía y Combustibles: le voy a solicitar leer algunas modificaciones propuestas a algunos artículos. Adelanto que voy a votar el proyecto en general, pero quiero que figure en actas algunas de las modificaciones que propongo. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque voy a fundamentar cada artículo para que quede claro.
En primer lugar, propongo que se reemplace el segundo párrafo del artículo 5° por el siguiente texto: "Las empresas mezcladoras, productoras y/o comercializadoras de combustibles fósiles podrán asociarse y/o de cualquier otra forma vincularse con las empresas productoras alcanzadas en el presente régimen para instalar plantas de producción de biocombustibles de segunda generación, tercera generación y de avanzada, de aquí en más 'biocombustibles avanzados', para integrarlo como materia prima en sus procesos productivos y/o para comercializarlo en estado puro en el mercado local o integrarlo en la mezcla con los combustibles.
Asimismo, las empresas mezcladoras que produzcan biocombustibles avanzados podrán destinar la producción de los mismos para cumplir con los porcentajes de mezcla de biocombustibles respecto de los volúmenes incrementales existentes al momento de la presente ley."
La fundamentación del reemplazo del segundo párrafo del artículo 5° es que la propuesta que realizo consiste en permitir, en una primera instancia, la asociación de ambos sectores y, luego, el desarrollo autónomo.
El mundo dejó atrás los biocombustibles de primera generación. La Argentina solo produce este tipo de biocombustible en base a materias primas de alimentos. Los principales países del mundo y las grandes compañías a nivel internacional están instalando capacidad de producción de biocombustibles avanzados, utilizan materias primas que no se utilizan para la producción de alimentos, como aceite de cocina reciclado, sebo animal, residuos de la caña, residuos forestales, en línea con el Acuerdo de París.
Estas inversiones son de capital intensivas y, en general, acometidas por empresas de envergadura en el sector industrial, aportando conocimiento, empleo, una complementariedad racional con el fósil y, claramente, en línea con el futuro, la sustentabilidad y la economía circular.
Para su implementación, se propone la asociación, si la integración es sobre el cupo actual de biocombustibles obligatorios, y en cinco años poder hacerlo sobre el crecimiento vegetativo del mercado, sin necesidad de asociarse. Claramente, los productores actuales no debieran ver un riesgo en este sentido y podrían asociarse con una empresa de envergadura en un proyecto de magnitud.
En cuanto al artículo 8°, se modifica su redacción y se propone el siguiente texto: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diesel oil, conforme la normativa de calidad de combustible vigente o la que en el futuro la reemplace, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje de biodiesel del 5 por ciento en volumen medido sobre la cantidad total de producto final.
La autoridad de aplicación podrá elevar el referido porcentaje hasta un porcentaje nominal del 8 por ciento, en volumen, cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial y de divisas, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas; o bien, reducirlo hasta un porcentaje nominal del 3 por ciento en volumen cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiesel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último; o bien, ante situaciones de escasez de biodiesel por parte de las empresas elaboradoras, autorizadas por la autoridad de aplicación para el abastecimiento del mercado y/o por cualquier otra circunstancia que altere, tanto el mercado de biocombustibles como de combustibles fósiles en la República Argentina. Teniendo en cuenta el sector consumidor, la autoridad de aplicación podrá establecer porcentajes de mezcla diferentes y/o tratamientos particulares por región geográfica y/o para períodos o meses del año de consumo y/o tratamientos particulares."
¿Por qué digo esto? En el artículo 8° se establece el corte de biodiesel que debe contener el gasoil. El corte actual de biodiesel del 10 por ciento está entre los más altos del mundo -octavo, sobre casi setenta países-, que no son razonables para países con zonas frías como la Argentina.
La norma EURO V sugiere como límite máximo el 7 por ciento de biodiesel para los motores homologados en el territorio nacional.
La bibliografía técnica disponible, las pruebas de laboratorio y ensayos de campo realizados permiten observar que actualmente las mezclas del 10 por ciento y superiores presentan una inestabilidad creciente a medida que se aumenta el porcentaje de biodiesel, formando componentes insolubles y de carácter ácido que pueden conducir al taponamiento del filtro, a la generación de depósitos, corrosión y problemas de durabilidad, afectando las características fisicoquímicas del combustible y alterando el buen funcionamiento del motor. Esto se agrava con las bajas temperaturas; por eso, en la mayoría de los países fríos las mezclas no superan el 5 por ciento, cuya evidencia objetiva se ha observado en distintos casos de la Patagonia.
Se estima que de esta manera se brinda flexibilidad al marco regulatorio dentro de parámetros que lo harán más previsible, evitando una amplia discrecionalidad y generando una mayor estabilidad.
Por otro lado, la producción de biodiésel conlleva un fuerte costo fiscal, acumulando un déficit que supera los 4.000 millones de dólares. Ello se debe, fundamentalmente, a que deja de recaudarse en concepto de derechos de exportación por el aceite de soja utilizado como insumo, a la vez que el biodiésel ha estado exento del pago de impuestos internos a los combustibles.
En resumen, se suprime el concepto de mínimo obligatorio ya que la Autoridad de Aplicación puede subir hasta el límite técnico y/o disminuirlo cuando las condiciones macroeconómicas lo determinan.
Además, es contradictorio definir un mínimo obligatorio cuando no se permite la circunstancia de reducción ante el déficit de balanza comercial u otras condiciones de mercado.
En el artículo 9° propongo que se modifique su redacción, quedando de la siguiente forma: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como nafta conforme la normativa de calidad de combustible vigente, o la que en el futuro la reemplace, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje de bioetanol del 12 por ciento en volumen medido sobre la cantidad total del producto final. Teniendo en cuenta el sector consumidor podrá establecer porcentajes de mezclas diferentes y/o tratamientos particulares por región geográfica y/o para períodos o meses del año de consumo y/o tratamientos particulares".
El artículo 9° lo fundamento sobre la base de que se dispone el porcentaje de corte del bioetanol; subir los cortes más allá del 12 por ciento que se establece tiene un impacto muy significativo en el desarrollo industrial del crudo no convencional de Vaca Muerta.
El crudo de Vaca Muerta tiene características que favorecen la producción de gasolinas, posee 65 por ciento más de componentes livianos que el neuquino convencional, y el gasoil tiene el 20 por ciento más que el crudo neuquino convencional. Con esta perspectiva, no se vislumbra un problema de oferta competitiva de gasolinas en la Argentina que implique aumentar los cortes.
Asimismo, se estima que en menos de cinco años la Argentina exportará estructuralmente casi 700.000 metros cúbicos de gasolinas a la región con las inversiones, en curso y previstas, apalancadas en la industrialización del crudo no convencional.
En resumen, se suprime el concepto de mínimo obligatorio en los artículos 9°, 10, 11, 12 y 13, ya que la autoridad de aplicación puede subir hasta el límite técnico y/o disminuirlo cuando las condiciones macroeconómicas lo determinen.
Además, es contradictorio definir un mínimo obligatorio cuando se permite la circunstancia de reducción ante el déficit de balanza comercial u otras condiciones del mercado.
En el artículo 10, se elimina en el primer párrafo la palabra 'mínimas', quedando redactado de la siguiente forma: "Las empresas responsables de llevar a cabo las mezclas obligatorias de biocombustibles con combustibles fósiles deberán adquirir, sin excepción, las empresas elaboradoras autorizadas a tales efectos por la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a los parámetros de precio y distribución de cantidades que se encuentran establecidos en la presente ley".
En el artículo 11 se eliminan de los párrafos primero, segundo y cuarto las palabras "mínima obligatoria", y en el párrafo tercero se elimina la frase final "contemplando una tolerancia del 10 por ciento, no pudiendo incorporarse nuevas empresas en el mercado hasta tanto no se agote la capacidad instalada de aquellas".
El artículo quedaría redactado de la siguiente forma: "El abastecimiento de las cantidades de biodiesel mensuales para el cumplimiento de la mezcla con gasoil y/o diésel oil será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible que, ya sea en forma directa o indirecta a través de sus empresas controlantes y/o controladas, no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de biodiésel y/o de sus insumos principales, debiendo la Autoridad de Aplicación asignar dichas cantidades entre aquellas o a prorrata efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa, con un límite máximo de 50.000 toneladas anuales en el caso de las empresas con escala superior.
"En los casos en que la distribución descripta precedentemente no resulte suficiente para satisfacer la demanda mensual de biodiésel para el cumplimiento del porcentaje de mezcla con gasoil y/o diésel oil, las cantidades faltantes serán abastecidas en partes iguales por las empresas elaboradoras de biodiésel que se encuentran comprendidas en el párrafo precedente y que cuentan con posibilidades de proveer a aquellas, estableciéndose como límite máximo la capacidad de elaboración de cada empresa.
"A los efectos del abastecimiento descripto precedentemente, se considerarán a las empresas que cumplan con las premisas establecidas en el presente artículo, que hayan sido autorizadas por la Autoridad de Aplicación en el marco de la ley 26.093 para el abastecimiento de biodiésel.
"La eventual reducción del porcentaje de las mezclas mencionadas en el artículo 8° de la presente ley será soportada por todas las empresas elaboradoras de biodiésel que abastezcan dicho mercado, de manera proporcional y de acuerdo a los mismos parámetros sobre los cuales se lleva acabo las asignaciones de biodiésel a cada uno de ellas."
En el artículo 12 se elimina el primer párrafo del artículo y, en los párrafos primero del inciso a) y primero del inciso b), las palabras "mínima obligatoria". Se modifica el segundo párrafo del inciso a) y el segundo párrafo del inciso b), quedando dicho artículo redactado de la siguiente forma: "El abastecimiento de los volúmenes de bioetanol mensuales para el cumplimiento de la mezcla con nafta será llevado a cabo por las empresas elaboradoras de dicho biocombustible, bajo los siguientes parámetros:
a) Bioetanol elaborado a base de caña de azúcar. Los volúmenes de bioetanol equivalentes a un porcentaje nominal del 6 por ciento de la mezcla serán asignados por la Autoridad de Aplicación a las empresas elaboradoras de bioetanol a base de caña de azúcar, o a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de los cupos de bioetanol anuales vigentes a la fecha de vencimiento del régimen establecido por las leyes 26.093 y 26.344, estableciéndose como límite máximo la capacidad de elaboración de cada empresa.
"En caso de escasez general y comprobada, la Autoridad de Aplicación podrá reducir transitoriamente el porcentaje de bioetanol a base de caña de azúcar y podrá elevarlo cuando considere conveniente, en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial y de divisas, razones ambientales o técnicas y/o promoción de inversiones en economías regionales y/o por cualquier otra circunstancia que altere tanto el mercado de biocombustibles como de combustibles fósiles de la República Argentina.
"De igual forma, las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de caña de azúcar y superar el porcentaje de corte establecido en el presente artículo, en función de las particularidades técnicas de sus respectivas plantas y procesos, de la optimización de costos que se reflejen en el precio final, del costo de los sustitutos y del ahorro de divisas, hasta el límite que impongan las normas técnicas en vigencia sobre la calidad y composición fisicoquímica del producto final.
"Los cupos de las adquisiciones obligatorias de bioetanol elaborados en base a caña de azúcar correspondientes a las empresas productoras con cupo otorgado en el marco de las leyes 26.093 y 26.334 serán asignados por la Autoridad de Aplicación manteniendo los volúmenes anuales establecidos oportunamente en el Anexo Único de la Resolución número 692/19, sin perjuicio de las ampliaciones que eventualmente se solicitaren, las que estarán sujetas a las condiciones generales y precedentemente establecidas.
b) Bioetanol elaborado a base de maíz. Los volúmenes de bioetanol equivalentes a un porcentaje nominal del 6 por ciento de la mezcla, serán asignados por la Autoridad de Aplicación a las empresas elaboradoras de bioetanol a base de maíz, o a prorrata y efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de los cupos de bioetanol anuales vigentes a la fecha de vencimiento del régimen establecido por las leyes 26.093 y 26.344, estableciéndose como límite máximo la capacidad de elaboración de cada empresa.
"La Autoridad de Aplicación podrá elevar el referido porcentaje nominal cuando lo considere conveniente, en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial y de divisas, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas, o bien reducirlo hasta un porcentaje nominal del 3 por ciento en volumen o cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del bioetanol a base de maíz pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, por alterar la composición proporcional de aquel sobre este último y/o ante situaciones de escasez de bioetanol a base de maíz, por parte de las empresas elaboradoras autorizadas por la Autoridad de Aplicación para el abastecimiento del mercado y/o por cualquier otra circunstancia que altere tanto el mercado de biocombustibles como el de combustibles fósiles en la República Argentina".
En el artículo 13 se elimina del primer párrafo las palabras "mínima obligatoria", quedando el artículo redactado de la siguiente forma: "La adquisición de las cantidades de biodiésel para el cumplimiento de la mezcla con gasoil y/o diésel oil, y de los volúmenes de bioetanol comprendidos en los incisos a) y b) del artículo 12 de la presente ley, deberá ser llevada a cabo por las empresas encargadas de las mezclas a los precios que establezca la Autoridad de Aplicación de acuerdo a las metodologías de cálculo que ésta determine para cada uno de los productos en cuestión.
"Las empresas encargadas de llevar a cabo las referidas mezclas obligatorias podrán adquirir libremente biocombustibles para obtener mezclas superiores a los del porcentaje mínimo obligatorio vigente, pactando en tal caso el precio y el aprovisionamiento de los productos con las empresas elaboradoras de los mismos, al igual que en los casos en que se lleve a cabo la comercialización de biocombustible que no tenga por destino la mezcla obligatoria o con combustibles fósiles.
En el artículo 16, se reemplaza su texto por el siguiente: "Artículo 16: En los casos que se verifique fehacientemente que una mayor aditivación de biodiesel implica una mejora en la generación de divisas del país en virtud de la utilización de un producto producido localmente, la Autoridad de Aplicación podrá modificar de manera temporal el porcentaje de corte de biodiesel del volumen de importación de gasoil con destino al parque automotor de las empresas, sociedades o sujetos importadores.
"Las empresas mezcladoras arbitrarán los medios disponibles para obtener, de cualquiera de las elaboradoras de biocombustibles que cuenten con sus instalaciones habilitadas, el biodiesel sustituto de la forma más eficiente posible".
El artículo 17 se elimina. La fundamentación es que los artículos 16 y 17 incorporan al régimen la sustitución de la importación de combustibles fósiles por biocombustibles. En esta cuestión se debe tener en cuenta que el foco para la sustitución es el gasoil, donde la Argentina es neto importador y lo será durante un período de por lo menos cinco años más.
Por otra parte, el aumento de corte debe ser temporal por el período en que incorporar biodiesel al combustible genera más divisas que exportar el aceite de soja e importar gasoil. En general no conviene por la generación de divisas incorporar biodiesel como ocurre en la actualidad, pero puede darse una situación temporaria, y por eso se habilita hasta el límite técnico de los motores homologados en el país (norma Euro V o similar).
En cuanto a las naftas, no existe posibilidad técnica ni logística para aumentar el porcentaje de etanol dado que implicaría modificar toda la nafta base del mercado.
Por otra parte, el límite técnico de los motores es el E12 por limitación de oxígeno en las naftas.
En razón de ello se eliminan los actuales artículos 16 y 17 y se propone un incremento temporario en el porcentaje de corte biodiesel, contemplando las limitaciones técnicas de los motores con destino al parque automotor de las empresas o sociedades o sujetos importadores.
Por último -y agradezco que me hayan tenido paciencia-, se incorpora un artículo 20 como antepenúltimo, que dice así: "Ninguna de las disposiciones de la presente ley podrá ser interpretada y/o aplicada en detrimento de las demás normas nacionales que regulen los marcos legales relacionados con la industria hidrocarburífera y o energética".
¿Por qué? Porque se incorpora un nuevo artículo por el cual la aplicación o interpretación del presente marco regulatorio no se podrá hacer en detrimento de la normativa que regule la industria hidrocarburífera y/o energética.
Si bien resulta obvio, es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el gobierno nacional y que no deberían colisionar con esta propuesta de ley; lo que se espera de todas las normas que regulan al sector energético del país es su complementariedad.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la señora diputada Latorre.
SRA. LATORRE Señor presidente: en principio agradezco a los presidentes de ambas comisiones.
Cabe aclarar que no hemos tenido dos reuniones informativas anteriores porque en la primera reunión informativa a la que asistió el secretario de Energía no estaba formalizada la presentación del proyecto y se discutió sobre un borrador que la oposición no conocía. De forma que hemos tenido una sola reunión de debate sobre este proyecto que se llama Marco Regulatorio de los Biocombustibles y que viene a sustituir la ley 26.093, porque expresamente la deroga.
Esa norma, la ley 26.093, creaba el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
Fíjense cómo desde el nombre sinceran la intención. Acá no hay promoción, no hay sustentabilidad ni uso sustentable de las energías ni promoción de energías limpias. Lo que hay es un marco regulatorio, es decir, un régimen intervencionista donde un Estado poco eficiente viene a regular esta actividad después de once años en los que todos los contribuyentes argentinos -no un gobierno, sino todos los contribuyentes argentinos de provincias productoras de hidrocarburos y de provincias productoras de biocombustibles- han hecho un esfuerzo fiscal para poder promocionar y promover esta actividad.
Antes de entrar en el análisis del proyecto del oficialismo, ya que lamentablemente no vamos a discutir otros proyectos que se han presentado referidos a un régimen de biocombustibles, un régimen de promoción y el uso sustentable de biocombustibles -porque hay otros-, debemos destacar que este plenario lo conforman dos comisiones cuando debería estar constituido por tres. Así se lo pedí expresamente al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, en la que participo, y que es autor de este proyecto que hoy discutimos, y también se lo pedí al presidente de la comisión que entiendo debería intervenir en este debate, es decir, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Es imprescindible que en este proyecto tenga intervención y que los colegas que participan en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano estén discutiendo junto a nosotros, porque creo que nadie puede dudar ni discutir que los biocombustibles son una herramienta para un fin, que no es otro que la transición y el recambio de nuestra matriz energética.
Así que creo que es un sinsentido, y hace que este régimen nazca con un grosero vicio, el no tener participación de esa comisión, algo que después se va a ver reflejado en el contenido del texto.
Tampoco hay participación de la autoridad aplicación. Se prometió que íbamos a tener al funcionario del Poder Ejecutivo nacional a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participando, dando su opinión, reflexionando o por lo menos diciéndonos cuál es su planificación respecto a los biocombustibles y, lamentablemente, no vino ni creo que vayamos a conseguir su participación.
Ingresando al contenido concreto de este proyecto, hay varios puntos que creo que son los elementos o los presupuestos básicos sobre los que deberíamos discutir. Sin ellos no podemos hablar de que realmente vayamos a tener un régimen que permita preservar y fomentar -como he escuchado decir a algunos colegas del oficialismo que apoyan este proyecto- la continuidad de esta actividad.
Si queremos hablar de continuidad, si queremos hablar de crecimiento o de evolución de la industria de los biocombustibles, sin lugar a dudas hay cosas que en este proyecto tienen que cambiar. Si no, el corte y la naturaleza retrógrada que tiene la norma hacen que sea imposible que alguna actividad crezca y prospere.
En ese sentido debemos tener en cuenta que de lo que estamos hablando acá es de algunos pilares elementales y básicos, como la independencia energética, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de las importaciones -recién escuché algunas recomendaciones en cuanto al artículo 16-, el cambio climático y la sustentabilidad, y por eso la primera reflexión que hice.
Creo que es necesario que evaluemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de biocombustibles y esta no es una puja entre los lobbies de las provincias productoras de hidrocarburos, los petroleros y las provincias productoras de biocombustibles.
Acá, lo que tenemos que discutir y lo que debemos tener en cuenta, es de qué se trata. Recién dije que los biocombustibles son una herramienta para un fin. Los biocombustibles son una herramienta para ese recambio de la matriz energética, que no es una idea aislada ni es la idea de uno u otro gobierno. Tiene que ser una política de Estado.
¿Cuáles son las ventajas de los biocombustibles? Que la producción es renovable, que puede emplearse puro o combinado y que, en cualquiera de sus mezclas, reduce las emanaciones.
Tengamos cuidado con el tema de las emanaciones y con el cuidado del medioambiental y los compromisos de cambio climático que hemos asumido como país a través de los convenios internacionales que son normativa vigente de derecho positivo en la Argentina. No podemos ignorar ni dejar de cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país si pretendemos ser creíbles y generar certidumbre para, por ejemplo, renegociar deuda. No podemos incumplir los compromisos internacionales puesto que, de lo contrario, seríamos muy poco creíbles.
Algunos de los beneficios o ventajas de los biocombustibles son los siguientes: no contienen azufre, que es el responsable de las lluvias ácidas, por ejemplo; los derrames son menos contaminantes y letales para la flora y la fauna; los volcados al medio ambiente se degradan más rápidamente; su combustión genera menos elementos nocivos que la de los combustibles tradicionales reduciendo así las posibilidades de producir cáncer; los motores actuales no requieren adaptación para su uso; prolongan la vida útil de los motores; el transporte y el almacenamiento es más seguro y, por último, permiten a los países agrícolas independizarse de los productores de petróleo.
Más allá de lo expuesto, como dije recién, esto no tiene que ser una causa más de rivalidad entre distintos lobbies; por el contrario, como representantes del pueblo argentino pienso que tenemos que elevar un poco la vara de discusión y fijarnos hacia dónde vamos. Por eso es que en reiteradas oportunidades he pedido planificación, es decir, que los funcionarios del Poder Ejecutivo y los representantes del oficialismo nos muestren qué planificación existe en materia energética.
Este proyecto no puede estar descalzado de ese marco ni de esa planificación energética. Estamos diciendo que se trata de un medio para un fin, que es la transición hacia una reconversión de la matriz energética. Sin embargo, no conocemos cuál es la matriz energética que tenemos ni cuál es la que queremos, por lo que difícilmente podemos hablar de promover, sostener o ampliar la frontera productiva de una u otra actividad.
¿Por qué digo que hay cuestiones esenciales que deben modificarse en este proyecto? Porque en caso contrario, sin lugar a dudas, implicaría un retroceso importantísimo y tirar por la borda más de once años de esfuerzo fiscal de nuestro país.
Los argumentos del oficialismo para sostener este
proyecto son básicamente dos. Por un lado, menciona reiteradamente el impacto del precio en surtidor de los biocombustibles y, por el otro, la supuesta -porque no es real- defensa de este entramado de pymes o pequeñas empresas. Ninguno de los dos argumentos es cierto, ya que se rebaten con datos reales más allá de cualquier tipo de relato.
Los precios de los combustibles entre 2019 y 2021 -es decir, en lo que lleva este gobierno nacional- han aumentado diecisiete veces. Se han ajustado diecisiete veces. En los últimos doce meses ha habido una suba del 60 por ciento mientras que la inflación fue del 42,7 por ciento. O sea, el precio de los combustibles ya está desfasado respecto de la inflación, según los datos del INDEC. En los últimos seis meses, los combustibles han subido un 40 por ciento.
De los diecisiete ajustes del precio de los combustibles en nuestro país, ha habido siete desde enero hasta la fecha y solo uno ha estado relacionado con la actualización de los precios de los biocombustibles en diciembre del año pasado.
Para tener una idea de cómo se relacionan los precios de los combustibles en surtidores, debe tenerse en cuenta que se está esgrimiendo el argumento de cuidar el bolsillo de los argentinos a costa de una planificación a treinta y cinco años; es decir, la coyuntura se pretende solucionar cuestionando una planificación hasta 2035, porque son diez años más cinco de prórroga. Son quince años de planificación que vienen a sustituir o a solucionar un problema de coyuntura. Sin embargo, evidentemente, el problema coyuntural ha venido para quedarse.
Los precios de los combustibles líquidos, a grandes rasgos, se componen de un 12 por ciento de margen de comercialización, un 1,5 por ciento de fletes, un 21 por ciento de IVA, un 3 por ciento de ingresos brutos y un 20 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos.
Desde 2019 los impuestos a los combustibles líquidos han aumentado 115 por ciento en la nafta y 189 por ciento en el gasoil. Esto quiere decir que, de la composición del precio en surtidor -que pretenden solucionar destruyendo la industria de los biocombustibles, incumpliendo con los compromisos internacionales y retrotrayendo veinte años y sin futuro una política de recambio de la matriz energética-, el 44 por ciento corresponde a impuestos directos.
Si el Estado realmente fuese eficiente y en vez de cortar el hilo por lo más fino quisiera solucionar el problema utilizando las herramientas que tiene y le corresponden, ajustaría la variable más gravosa, que es la carga impositiva. Esta variable no solo es la que más influye en esta actividad sino también en todas las demás que se desarrollan en nuestro país.
Sin embargo, se presenta un proyecto retrógrado que realmente afecta a una industria que promovieron en 2006, como manifestaron nuestros colegas que hicieron uso de la palabra al inicio de la reunión, defendiendo el proyecto del oficialismo. Ya dijimos que este proyecto deja de ser de promoción y deja de lado la sustentabilidad. ¿Por qué?
Para ir concluyendo, me referiré a los presupuestos básicos o mínimos que no pueden obviarse si no queremos destruir esta actividad, tal como se están destruyendo otras en este país.
Acerca del plazo, ya dije que es demasiado extenso para no haber planificación. Es decir, no podemos aprobar un régimen que durará quince años si no sabemos cuál es el diagnóstico actual de lo que funcionó o cómo funcionó en estos quince años ese régimen que implicaba un esfuerzo fiscal importantísimo por parte de todos los contribuyentes. Por lo tanto, la primera modificación que tendría que introducirse está relacionada con el plazo.
Por otra parte, en el proyecto de ley del oficialismo se crea una comisión que estará integrada solamente por representantes del Poder Ejecutivo y de las provincias productoras de biocombustibles, pero únicamente de aquellos contemplados por la norma. No estarán representadas las potenciales provincias productoras de biocombustibles, cuestión que también se vincula con el tema de la planificación.
Si queremos ampliar la frontera productiva y las actividades que pueden ser parte de este régimen de biocombustibles, no podemos, por ejemplo, eliminar el biogás del artículo que determina el objeto de este régimen regulatorio cuando, de hecho, es una actividad que ya se está desarrollando.
Entonces, en vez de hacer un análisis para avanzar y para capitalizar el esfuerzo de todos los contribuyentes pensando cómo nos proyectamos hacia adelante, tiramos por la borda quince años de esfuerzo y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, incumplimos todo y nos atenemos a un proyecto retrógrado.
Obviamente, no solo es necesario ampliar el objeto de la norma incorporando al biogás sino también a los biocombustibles de segunda y tercera generación.
La otra modificación que considero imprescindible se vincula con la amplitud de las facultades discrecionales de la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley limita la autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía, pero consideramos que la autoridad de ambiente también tiene que ser parte de este régimen y de su autoridad de aplicación.
Por lo tanto, el contenido de las funciones y facultades -como, por ejemplo, las contempladas en los incisos g) y l) del artículo 3º- tiene que ser eliminado porque es representativo y expreso en cuanto a la arbitrariedad y la discrecionalidad que tiene la autoridad de aplicación.
Por otra parte, también es importante y elemental que se modifique la definición del artículo 4º en cuanto a la inclusión del biogás y el corte. ¿Por qué digo esto? Por el mismo motivo que tacho de retrógrado el proyecto y que digo que incumple con los acuerdos internacionales.
En materia ambiental existe el principio de progresividad, el cual se consagra en nuestra Ley General del Ambiente. Esto significa, nada más ni nada menos, que no hay que ir hacia atrás sino que hay que mirar hacia delante, planificar y evolucionar, como dije recién.
En este caso, la disminución de los cortes del 10 y del 12 por ciento al 5 por ciento, con la posibilidad de bajar hasta un 3, no tan solo es arbitraria y discrecional, sino que no soluciona la problemática de coyuntura ni hacia el futuro, y además va en contra de este principio de progresividad. Por lo tanto, en el artículo 8º debería mantenerse el mínimo del 10 por ciento actualmente vigente. Esa reducción, a la cual podría apelar la autoridad de aplicación en las circunstancias que propone el proyecto -que a mi criterio son demasiado amplias, poco concretas y arbitrarias-, debería acotarse al porcentaje nominal, que nunca podrá ser inferior al porcentaje mínimo obligatorio, es decir, este 10 por ciento. Solo debería permitirse una disminución en esos casos concretos, previo dictamen de la comisión y por un tiempo determinado porque, si no, ese retroceso es una solución que viene para quedarse.
La última modificación, que, como les decía, es un presupuesto mínimo como para pode analizar este proyecto, es la de la continuidad con el régimen de promoción. Incluso si aceptamos que es nuestra función como representantes del pueblo y como legisladores nacionales evaluar cuál ha sido el resultado de un régimen de fomento y proyectarlo al futuro de acuerdo con los resultados que hayamos podido verificar, ningún régimen de fomento puede ser efectivo si mantiene los mismos objetivos durante más de treinta años. Justamente, es nuestra función y obligación reevaluar esos objetivos. Tampoco es correcto que de un día para el otro, sin progresividad, estudios ni análisis previos, se quiten estos incentivos, echando por tierra el esfuerzo que han hecho los contribuyentes durante once años.
Por lo tanto, si no vamos hacia una transición ordenada, paulatina y progresiva, este esfuerzo, que equivale nada más y nada menos que a 7.400 millones de dólares, va a significar el quiebre de todas estas empresas que hoy están funcionando. En ese sentido, nuestra última propuesta es la modificación del artículo 22, conservando los artículos 13, 14 y 15 de la ley 26.093.
Cabe aclarar que no hemos tenido dos reuniones informativas anteriores porque en la primera reunión informativa a la que asistió el secretario de Energía no estaba formalizada la presentación del proyecto y se discutió sobre un borrador que la oposición no conocía. De forma que hemos tenido una sola reunión de debate sobre este proyecto que se llama Marco Regulatorio de los Biocombustibles y que viene a sustituir la ley 26.093, porque expresamente la deroga.
Esa norma, la ley 26.093, creaba el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
Fíjense cómo desde el nombre sinceran la intención. Acá no hay promoción, no hay sustentabilidad ni uso sustentable de las energías ni promoción de energías limpias. Lo que hay es un marco regulatorio, es decir, un régimen intervencionista donde un Estado poco eficiente viene a regular esta actividad después de once años en los que todos los contribuyentes argentinos -no un gobierno, sino todos los contribuyentes argentinos de provincias productoras de hidrocarburos y de provincias productoras de biocombustibles- han hecho un esfuerzo fiscal para poder promocionar y promover esta actividad.
Antes de entrar en el análisis del proyecto del oficialismo, ya que lamentablemente no vamos a discutir otros proyectos que se han presentado referidos a un régimen de biocombustibles, un régimen de promoción y el uso sustentable de biocombustibles -porque hay otros-, debemos destacar que este plenario lo conforman dos comisiones cuando debería estar constituido por tres. Así se lo pedí expresamente al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, en la que participo, y que es autor de este proyecto que hoy discutimos, y también se lo pedí al presidente de la comisión que entiendo debería intervenir en este debate, es decir, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
Es imprescindible que en este proyecto tenga intervención y que los colegas que participan en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano estén discutiendo junto a nosotros, porque creo que nadie puede dudar ni discutir que los biocombustibles son una herramienta para un fin, que no es otro que la transición y el recambio de nuestra matriz energética.
Así que creo que es un sinsentido, y hace que este régimen nazca con un grosero vicio, el no tener participación de esa comisión, algo que después se va a ver reflejado en el contenido del texto.
Tampoco hay participación de la autoridad aplicación. Se prometió que íbamos a tener al funcionario del Poder Ejecutivo nacional a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participando, dando su opinión, reflexionando o por lo menos diciéndonos cuál es su planificación respecto a los biocombustibles y, lamentablemente, no vino ni creo que vayamos a conseguir su participación.
Ingresando al contenido concreto de este proyecto, hay varios puntos que creo que son los elementos o los presupuestos básicos sobre los que deberíamos discutir. Sin ellos no podemos hablar de que realmente vayamos a tener un régimen que permita preservar y fomentar -como he escuchado decir a algunos colegas del oficialismo que apoyan este proyecto- la continuidad de esta actividad.
Si queremos hablar de continuidad, si queremos hablar de crecimiento o de evolución de la industria de los biocombustibles, sin lugar a dudas hay cosas que en este proyecto tienen que cambiar. Si no, el corte y la naturaleza retrógrada que tiene la norma hacen que sea imposible que alguna actividad crezca y prospere.
En ese sentido debemos tener en cuenta que de lo que estamos hablando acá es de algunos pilares elementales y básicos, como la independencia energética, la diversificación de la matriz energética, la sustitución de las importaciones -recién escuché algunas recomendaciones en cuanto al artículo 16-, el cambio climático y la sustentabilidad, y por eso la primera reflexión que hice.
Creo que es necesario que evaluemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de biocombustibles y esta no es una puja entre los lobbies de las provincias productoras de hidrocarburos, los petroleros y las provincias productoras de biocombustibles.
Acá, lo que tenemos que discutir y lo que debemos tener en cuenta, es de qué se trata. Recién dije que los biocombustibles son una herramienta para un fin. Los biocombustibles son una herramienta para ese recambio de la matriz energética, que no es una idea aislada ni es la idea de uno u otro gobierno. Tiene que ser una política de Estado.
¿Cuáles son las ventajas de los biocombustibles? Que la producción es renovable, que puede emplearse puro o combinado y que, en cualquiera de sus mezclas, reduce las emanaciones.
Tengamos cuidado con el tema de las emanaciones y con el cuidado del medioambiental y los compromisos de cambio climático que hemos asumido como país a través de los convenios internacionales que son normativa vigente de derecho positivo en la Argentina. No podemos ignorar ni dejar de cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país si pretendemos ser creíbles y generar certidumbre para, por ejemplo, renegociar deuda. No podemos incumplir los compromisos internacionales puesto que, de lo contrario, seríamos muy poco creíbles.
Algunos de los beneficios o ventajas de los biocombustibles son los siguientes: no contienen azufre, que es el responsable de las lluvias ácidas, por ejemplo; los derrames son menos contaminantes y letales para la flora y la fauna; los volcados al medio ambiente se degradan más rápidamente; su combustión genera menos elementos nocivos que la de los combustibles tradicionales reduciendo así las posibilidades de producir cáncer; los motores actuales no requieren adaptación para su uso; prolongan la vida útil de los motores; el transporte y el almacenamiento es más seguro y, por último, permiten a los países agrícolas independizarse de los productores de petróleo.
Más allá de lo expuesto, como dije recién, esto no tiene que ser una causa más de rivalidad entre distintos lobbies; por el contrario, como representantes del pueblo argentino pienso que tenemos que elevar un poco la vara de discusión y fijarnos hacia dónde vamos. Por eso es que en reiteradas oportunidades he pedido planificación, es decir, que los funcionarios del Poder Ejecutivo y los representantes del oficialismo nos muestren qué planificación existe en materia energética.
Este proyecto no puede estar descalzado de ese marco ni de esa planificación energética. Estamos diciendo que se trata de un medio para un fin, que es la transición hacia una reconversión de la matriz energética. Sin embargo, no conocemos cuál es la matriz energética que tenemos ni cuál es la que queremos, por lo que difícilmente podemos hablar de promover, sostener o ampliar la frontera productiva de una u otra actividad.
¿Por qué digo que hay cuestiones esenciales que deben modificarse en este proyecto? Porque en caso contrario, sin lugar a dudas, implicaría un retroceso importantísimo y tirar por la borda más de once años de esfuerzo fiscal de nuestro país.
Los argumentos del oficialismo para sostener este
proyecto son básicamente dos. Por un lado, menciona reiteradamente el impacto del precio en surtidor de los biocombustibles y, por el otro, la supuesta -porque no es real- defensa de este entramado de pymes o pequeñas empresas. Ninguno de los dos argumentos es cierto, ya que se rebaten con datos reales más allá de cualquier tipo de relato.
Los precios de los combustibles entre 2019 y 2021 -es decir, en lo que lleva este gobierno nacional- han aumentado diecisiete veces. Se han ajustado diecisiete veces. En los últimos doce meses ha habido una suba del 60 por ciento mientras que la inflación fue del 42,7 por ciento. O sea, el precio de los combustibles ya está desfasado respecto de la inflación, según los datos del INDEC. En los últimos seis meses, los combustibles han subido un 40 por ciento.
De los diecisiete ajustes del precio de los combustibles en nuestro país, ha habido siete desde enero hasta la fecha y solo uno ha estado relacionado con la actualización de los precios de los biocombustibles en diciembre del año pasado.
Para tener una idea de cómo se relacionan los precios de los combustibles en surtidores, debe tenerse en cuenta que se está esgrimiendo el argumento de cuidar el bolsillo de los argentinos a costa de una planificación a treinta y cinco años; es decir, la coyuntura se pretende solucionar cuestionando una planificación hasta 2035, porque son diez años más cinco de prórroga. Son quince años de planificación que vienen a sustituir o a solucionar un problema de coyuntura. Sin embargo, evidentemente, el problema coyuntural ha venido para quedarse.
Los precios de los combustibles líquidos, a grandes rasgos, se componen de un 12 por ciento de margen de comercialización, un 1,5 por ciento de fletes, un 21 por ciento de IVA, un 3 por ciento de ingresos brutos y un 20 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos.
Desde 2019 los impuestos a los combustibles líquidos han aumentado 115 por ciento en la nafta y 189 por ciento en el gasoil. Esto quiere decir que, de la composición del precio en surtidor -que pretenden solucionar destruyendo la industria de los biocombustibles, incumpliendo con los compromisos internacionales y retrotrayendo veinte años y sin futuro una política de recambio de la matriz energética-, el 44 por ciento corresponde a impuestos directos.
Si el Estado realmente fuese eficiente y en vez de cortar el hilo por lo más fino quisiera solucionar el problema utilizando las herramientas que tiene y le corresponden, ajustaría la variable más gravosa, que es la carga impositiva. Esta variable no solo es la que más influye en esta actividad sino también en todas las demás que se desarrollan en nuestro país.
Sin embargo, se presenta un proyecto retrógrado que realmente afecta a una industria que promovieron en 2006, como manifestaron nuestros colegas que hicieron uso de la palabra al inicio de la reunión, defendiendo el proyecto del oficialismo. Ya dijimos que este proyecto deja de ser de promoción y deja de lado la sustentabilidad. ¿Por qué?
Para ir concluyendo, me referiré a los presupuestos básicos o mínimos que no pueden obviarse si no queremos destruir esta actividad, tal como se están destruyendo otras en este país.
Acerca del plazo, ya dije que es demasiado extenso para no haber planificación. Es decir, no podemos aprobar un régimen que durará quince años si no sabemos cuál es el diagnóstico actual de lo que funcionó o cómo funcionó en estos quince años ese régimen que implicaba un esfuerzo fiscal importantísimo por parte de todos los contribuyentes. Por lo tanto, la primera modificación que tendría que introducirse está relacionada con el plazo.
Por otra parte, en el proyecto de ley del oficialismo se crea una comisión que estará integrada solamente por representantes del Poder Ejecutivo y de las provincias productoras de biocombustibles, pero únicamente de aquellos contemplados por la norma. No estarán representadas las potenciales provincias productoras de biocombustibles, cuestión que también se vincula con el tema de la planificación.
Si queremos ampliar la frontera productiva y las actividades que pueden ser parte de este régimen de biocombustibles, no podemos, por ejemplo, eliminar el biogás del artículo que determina el objeto de este régimen regulatorio cuando, de hecho, es una actividad que ya se está desarrollando.
Entonces, en vez de hacer un análisis para avanzar y para capitalizar el esfuerzo de todos los contribuyentes pensando cómo nos proyectamos hacia adelante, tiramos por la borda quince años de esfuerzo y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, incumplimos todo y nos atenemos a un proyecto retrógrado.
Obviamente, no solo es necesario ampliar el objeto de la norma incorporando al biogás sino también a los biocombustibles de segunda y tercera generación.
La otra modificación que considero imprescindible se vincula con la amplitud de las facultades discrecionales de la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley limita la autoridad de aplicación a la Secretaría de Energía, pero consideramos que la autoridad de ambiente también tiene que ser parte de este régimen y de su autoridad de aplicación.
Por lo tanto, el contenido de las funciones y facultades -como, por ejemplo, las contempladas en los incisos g) y l) del artículo 3º- tiene que ser eliminado porque es representativo y expreso en cuanto a la arbitrariedad y la discrecionalidad que tiene la autoridad de aplicación.
Por otra parte, también es importante y elemental que se modifique la definición del artículo 4º en cuanto a la inclusión del biogás y el corte. ¿Por qué digo esto? Por el mismo motivo que tacho de retrógrado el proyecto y que digo que incumple con los acuerdos internacionales.
En materia ambiental existe el principio de progresividad, el cual se consagra en nuestra Ley General del Ambiente. Esto significa, nada más ni nada menos, que no hay que ir hacia atrás sino que hay que mirar hacia delante, planificar y evolucionar, como dije recién.
En este caso, la disminución de los cortes del 10 y del 12 por ciento al 5 por ciento, con la posibilidad de bajar hasta un 3, no tan solo es arbitraria y discrecional, sino que no soluciona la problemática de coyuntura ni hacia el futuro, y además va en contra de este principio de progresividad. Por lo tanto, en el artículo 8º debería mantenerse el mínimo del 10 por ciento actualmente vigente. Esa reducción, a la cual podría apelar la autoridad de aplicación en las circunstancias que propone el proyecto -que a mi criterio son demasiado amplias, poco concretas y arbitrarias-, debería acotarse al porcentaje nominal, que nunca podrá ser inferior al porcentaje mínimo obligatorio, es decir, este 10 por ciento. Solo debería permitirse una disminución en esos casos concretos, previo dictamen de la comisión y por un tiempo determinado porque, si no, ese retroceso es una solución que viene para quedarse.
La última modificación, que, como les decía, es un presupuesto mínimo como para pode analizar este proyecto, es la de la continuidad con el régimen de promoción. Incluso si aceptamos que es nuestra función como representantes del pueblo y como legisladores nacionales evaluar cuál ha sido el resultado de un régimen de fomento y proyectarlo al futuro de acuerdo con los resultados que hayamos podido verificar, ningún régimen de fomento puede ser efectivo si mantiene los mismos objetivos durante más de treinta años. Justamente, es nuestra función y obligación reevaluar esos objetivos. Tampoco es correcto que de un día para el otro, sin progresividad, estudios ni análisis previos, se quiten estos incentivos, echando por tierra el esfuerzo que han hecho los contribuyentes durante once años.
Por lo tanto, si no vamos hacia una transición ordenada, paulatina y progresiva, este esfuerzo, que equivale nada más y nada menos que a 7.400 millones de dólares, va a significar el quiebre de todas estas empresas que hoy están funcionando. En ese sentido, nuestra última propuesta es la modificación del artículo 22, conservando los artículos 13, 14 y 15 de la ley 26.093.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Eduardo Fernández.
SR. FERNÁNDEZ (E.) Señor presidente: siguiendo el análisis que hizo el diputado Germán Martínez, valoro este proyecto de ley porque ha tomado la experiencia que ha dejado el rubro del biocombustible tanto en el Estado como en el empresariado pequeño y mediano, que se organizó a partir de esta ley y que creció. El sector cuenta con un total de cincuenta y cuatro plantas, y sesenta mil empleos en el país. Además, está el costo fiscal al que se refería la diputada preopinante, que fue de 7.600 millones de dólares.
Es por esto que, con responsabilidad, se ha elaborado este proyecto de ley. Lo hacemos presuponiendo que los plazos que otorga esta nueva ley son los que piden los empresarios permanentemente y contribuyen a la seguridad jurídica. En este sentido, la autorización que se le otorga al Estado para extender el plazo por cinco años más en los proyectos de inversión referidos a este rubro, resulta suficiente.
En las discusiones que hemos tenido en las provincias con otras fuerzas políticas, hemos escuchado repetidas veces que la principal crítica a este proyecto es su alto grado de intervencionismo. Y sin embargo piden continuar con algunas promociones y que ese intervencionismo sea para unos pocos actores de este universo de producción de biocombustibles.
En lo personal, cuando he hecho el análisis de este proyecto de ley y lo he defendido -y lo seguiré defendiendo, porque además creo en el Estado activo-, lo hice bajo la consideración de que se trataba de una ley equilibrada. Nosotros somos diputados nacionales y, por tanto, no actuamos en defensa de tal o cual sector industrial o económico. Por el contrario, creemos en un Estado que dé equilibrio, tanto en los precios como en la participación. Por eso llama la atención, como escuché recién, que critiquen la creación de la comisión especial que figura en el artículo 15 del proyecto de ley. Sin embargo, proponen la continuidad de la vigencia de la ley 26.093, que se sancionó cuando estaba la secretaría y no había Ministerio de Ambiente.
Por otra parte, es una lectura caprichosa decir que si otra región o provincia del país se incorporara a las zonas de producción de biocombustibles o nuevos biocombustibles no integraría la comisión, porque además de nombrar a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Desarrollo Productivo, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ciencia, Tecnología e Innovación, el texto plantea que la comisión sea asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles. Es decir que no se refiere solamente a las actuales provincias productoras de biocombustibles. Digo esto para ser justos, por la discusión que hemos dado en torno a este proyecto de ley, donde hemos tratado de preservar los equilibrios, no solo el económico sino también el ambiental, por el que también estamos preocupados.
Yo soy de la provincia de Córdoba, donde es evidente que quienes están preocupados por el medio ambiente advierten una ampliación sin control de las fronteras agrícolas y, sobre todo, del monocultivo, que nos llevó a la desaparición del bosque nativo y a los problemas de agua y de contaminación que tenemos a causa de los agroquímicos y los insecticidas. Ustedes saben que en Córdoba ha habido juicios con sentencia firme respecto de lo que ha ocasionado la fumigación sin control. También está el peligro que corremos los cordobeses por la falta de agua. Al mismo tiempo, cuando llueve, al haberse destruido el bosque nativo, tenemos inundaciones.
Cuando uno avanza en el estudio de los impactos ambientales, puede decir con seguridad que los biocombustibles contribuyen a morigerar la emisión de gases. Pero también es cierto que hay un equilibrio, porque el dióxido de carbono tomado por las plantas es el que a veces se equipara al dióxido de carbono que produce su combustión. Sin embargo, es menor que el de los combustibles fósiles. Hay grandes discusiones al respecto. Mientras escuchaba a la diputada Liliana Sapag recordé que en Neuquén existe un gran movimiento ambiental que, justamente, pide tener en cuenta que en el lugar donde se cultive antes haya habido vegetación. No están hechos todavía todos los estudios de equilibrio.
Para sembrar y cosechar, aparece el proceso de producción, abono, transporte y los pesticidas, que también afectan el medioambiente.
No se puede decir que no estamos cumpliendo con los acuerdos de París. El presidente de la Nación recordó hace pocas horas que somos acreedores ambientales en emisiones de gases respecto del universo de las naciones; esto no significa que estemos descuidando este asunto.
En el caso de Córdoba, una de las principales conclusiones de un largo estudio que hizo el INTI, el INTA, y también la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen -en Córdoba hay tres cámaras, por eso lo aclaro-, fue que producir etanol en miniusinas reduce 2,5 veces la emisión de carbono. Esto lo digo porque el equilibrio que proponemos para las pymes del sector también tiene una razón ambiental. El INTI y el INTA han determinado, por diversas razones, que son mucho más eficientes.
Entonces, cuando se habla del medioambiente y de la emisión de gases, también es necesario ver el equilibrio de producción de calorías, y hay un estudio que se refiere a la producción sustentable de la biomasa entre la relación de las calorías que produce el biocombustible obtenido y otros productos resultantes del proceso y las consumidas en ese proceso. Y ahí vemos que la relación -es un estudio largo, pero se los sintetizo en tres productos de biocombustible-, en el caso de la caña de azúcar, es de 6,95 y, mezclada con el combustible, otorga una ventaja total de calorías de 9,51, mientras que la proveniente del maíz, está entre 2,83 y 4,83, según el volumen de corte.
De este análisis se desprende que el bioetanol de caña presenta el balance energético más eficiente; tiene una relación de 1 a 7 entre la energía entregada y la energía obtenida. Entonces, hemos pensado en el ambiente.
En mi provincia se usa como argumento fundamental la preservación del medioambiente; en Córdoba tenemos una destrucción ambiental desastrosa, por lo que no se puede usar ese argumento. Por supuesto que hay derecho a hacerlo porque decimos que preservamos, y por eso en 2006 se promovió esta industria. Ese fue uno de los argumentos.
Una de las críticas que se hace a la iniciativa es la intervención del Estado; sin embargo, se plantea como contrapropuesta mantener vigentes las dos leyes que tienen varios años y que necesitan una actualización.
Se han agregado dos artículos específicos con respecto al aumento del corte de biocombustible a partir del aumento de la importación de combustible, que sucede en nuestro país cuando hay crecimiento, cuando hay consumo.
Pasa lo mismo que con muchos de los productos que nuestra industria requiere. Cuando crecemos, necesitamos más importaciones, y acá decimos "bueno, le vamos a poner un freno", y estamos pensando en las dos cosas: en la economía y en el medioambiente.
Además, estamos proponiendo esta norma. Se nos dice que la Secretaría de Energía debe tener una proyección a futuro, y yo les aseguro que, dentro de poco, vamos a estar discutiendo una ley de electromovilidad en nuestro país, y vamos a cuidar el ambiente, vamos a cuidar el bolsillo de los argentinos y vamos a tratar de que haya producción en nuestro país, con trabajo argentino, usando las potencialidades que tenemos también con el litio.
Se han mencionado los perjuicios que trae esta ley debido a la falta de planificación; sin embargo, consultadas las industrias automotrices respecto a las producciones de motores y qué es lo que hay planificado en el país, este proyecto de ley contempla los combustibles que estén en ese orden. Es decir, están incluidos los representantes de las provincias, están representados en una comisión de seguimiento todos los sectores interesados, incluso el Ministerio de Ambiente. Por eso, me parece que el principal argumento para no apoyar este proyecto -al que siempre se le puede agregar o corregir algunas cuestiones- es la discrecionalidad y la amplitud de facultades que se le dan al Estado para intervenir en el mercado, y lo vamos a sostener.
Esta ley establece una intervención del Estado; también dispone límites para esa intervención, y pretende que sea inteligente, en beneficio de todos los argentinos, no para perjudicar a alguien, sino para que una industria tenga un mayor equilibrio, dándoles a las pymes -en este caso, de hasta 50.000 toneladas de producción- la posibilidad de desarrollarse en el país.
Debemos decir que, cuando hablamos de las empresas de biocombustibles, no es posible igualarlas a todas. Económicamente, no son lo mismo las que tienen posibilidad de exportar, de recurrir a otros mercados, que las que están atadas al mercado interno.
Esta es una norma equilibrada. Discutámosla con la idea de preservar los intereses de todas y todos los argentinos. Estamos diseñando una norma para que este sector importante de la producción nacional, que agrega valor a la producción originaria, tenga sustentabilidad. En su seno están también los artículos que le posibilitan al Estado ir adecuándose a las innovaciones tecnológicas y económicas necesarias.
El Estado, como lo concebimos nosotros, no es discrecional; actúa en favor de la defensa de los valores que son de todos los argentinos y argentinas.
Es por esto que, con responsabilidad, se ha elaborado este proyecto de ley. Lo hacemos presuponiendo que los plazos que otorga esta nueva ley son los que piden los empresarios permanentemente y contribuyen a la seguridad jurídica. En este sentido, la autorización que se le otorga al Estado para extender el plazo por cinco años más en los proyectos de inversión referidos a este rubro, resulta suficiente.
En las discusiones que hemos tenido en las provincias con otras fuerzas políticas, hemos escuchado repetidas veces que la principal crítica a este proyecto es su alto grado de intervencionismo. Y sin embargo piden continuar con algunas promociones y que ese intervencionismo sea para unos pocos actores de este universo de producción de biocombustibles.
En lo personal, cuando he hecho el análisis de este proyecto de ley y lo he defendido -y lo seguiré defendiendo, porque además creo en el Estado activo-, lo hice bajo la consideración de que se trataba de una ley equilibrada. Nosotros somos diputados nacionales y, por tanto, no actuamos en defensa de tal o cual sector industrial o económico. Por el contrario, creemos en un Estado que dé equilibrio, tanto en los precios como en la participación. Por eso llama la atención, como escuché recién, que critiquen la creación de la comisión especial que figura en el artículo 15 del proyecto de ley. Sin embargo, proponen la continuidad de la vigencia de la ley 26.093, que se sancionó cuando estaba la secretaría y no había Ministerio de Ambiente.
Por otra parte, es una lectura caprichosa decir que si otra región o provincia del país se incorporara a las zonas de producción de biocombustibles o nuevos biocombustibles no integraría la comisión, porque además de nombrar a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Desarrollo Productivo, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ciencia, Tecnología e Innovación, el texto plantea que la comisión sea asistida por un Consejo de las Provincias Productoras de Biocombustibles. Es decir que no se refiere solamente a las actuales provincias productoras de biocombustibles. Digo esto para ser justos, por la discusión que hemos dado en torno a este proyecto de ley, donde hemos tratado de preservar los equilibrios, no solo el económico sino también el ambiental, por el que también estamos preocupados.
Yo soy de la provincia de Córdoba, donde es evidente que quienes están preocupados por el medio ambiente advierten una ampliación sin control de las fronteras agrícolas y, sobre todo, del monocultivo, que nos llevó a la desaparición del bosque nativo y a los problemas de agua y de contaminación que tenemos a causa de los agroquímicos y los insecticidas. Ustedes saben que en Córdoba ha habido juicios con sentencia firme respecto de lo que ha ocasionado la fumigación sin control. También está el peligro que corremos los cordobeses por la falta de agua. Al mismo tiempo, cuando llueve, al haberse destruido el bosque nativo, tenemos inundaciones.
Cuando uno avanza en el estudio de los impactos ambientales, puede decir con seguridad que los biocombustibles contribuyen a morigerar la emisión de gases. Pero también es cierto que hay un equilibrio, porque el dióxido de carbono tomado por las plantas es el que a veces se equipara al dióxido de carbono que produce su combustión. Sin embargo, es menor que el de los combustibles fósiles. Hay grandes discusiones al respecto. Mientras escuchaba a la diputada Liliana Sapag recordé que en Neuquén existe un gran movimiento ambiental que, justamente, pide tener en cuenta que en el lugar donde se cultive antes haya habido vegetación. No están hechos todavía todos los estudios de equilibrio.
Para sembrar y cosechar, aparece el proceso de producción, abono, transporte y los pesticidas, que también afectan el medioambiente.
No se puede decir que no estamos cumpliendo con los acuerdos de París. El presidente de la Nación recordó hace pocas horas que somos acreedores ambientales en emisiones de gases respecto del universo de las naciones; esto no significa que estemos descuidando este asunto.
En el caso de Córdoba, una de las principales conclusiones de un largo estudio que hizo el INTI, el INTA, y también la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen -en Córdoba hay tres cámaras, por eso lo aclaro-, fue que producir etanol en miniusinas reduce 2,5 veces la emisión de carbono. Esto lo digo porque el equilibrio que proponemos para las pymes del sector también tiene una razón ambiental. El INTI y el INTA han determinado, por diversas razones, que son mucho más eficientes.
Entonces, cuando se habla del medioambiente y de la emisión de gases, también es necesario ver el equilibrio de producción de calorías, y hay un estudio que se refiere a la producción sustentable de la biomasa entre la relación de las calorías que produce el biocombustible obtenido y otros productos resultantes del proceso y las consumidas en ese proceso. Y ahí vemos que la relación -es un estudio largo, pero se los sintetizo en tres productos de biocombustible-, en el caso de la caña de azúcar, es de 6,95 y, mezclada con el combustible, otorga una ventaja total de calorías de 9,51, mientras que la proveniente del maíz, está entre 2,83 y 4,83, según el volumen de corte.
De este análisis se desprende que el bioetanol de caña presenta el balance energético más eficiente; tiene una relación de 1 a 7 entre la energía entregada y la energía obtenida. Entonces, hemos pensado en el ambiente.
En mi provincia se usa como argumento fundamental la preservación del medioambiente; en Córdoba tenemos una destrucción ambiental desastrosa, por lo que no se puede usar ese argumento. Por supuesto que hay derecho a hacerlo porque decimos que preservamos, y por eso en 2006 se promovió esta industria. Ese fue uno de los argumentos.
Una de las críticas que se hace a la iniciativa es la intervención del Estado; sin embargo, se plantea como contrapropuesta mantener vigentes las dos leyes que tienen varios años y que necesitan una actualización.
Se han agregado dos artículos específicos con respecto al aumento del corte de biocombustible a partir del aumento de la importación de combustible, que sucede en nuestro país cuando hay crecimiento, cuando hay consumo.
Pasa lo mismo que con muchos de los productos que nuestra industria requiere. Cuando crecemos, necesitamos más importaciones, y acá decimos "bueno, le vamos a poner un freno", y estamos pensando en las dos cosas: en la economía y en el medioambiente.
Además, estamos proponiendo esta norma. Se nos dice que la Secretaría de Energía debe tener una proyección a futuro, y yo les aseguro que, dentro de poco, vamos a estar discutiendo una ley de electromovilidad en nuestro país, y vamos a cuidar el ambiente, vamos a cuidar el bolsillo de los argentinos y vamos a tratar de que haya producción en nuestro país, con trabajo argentino, usando las potencialidades que tenemos también con el litio.
Se han mencionado los perjuicios que trae esta ley debido a la falta de planificación; sin embargo, consultadas las industrias automotrices respecto a las producciones de motores y qué es lo que hay planificado en el país, este proyecto de ley contempla los combustibles que estén en ese orden. Es decir, están incluidos los representantes de las provincias, están representados en una comisión de seguimiento todos los sectores interesados, incluso el Ministerio de Ambiente. Por eso, me parece que el principal argumento para no apoyar este proyecto -al que siempre se le puede agregar o corregir algunas cuestiones- es la discrecionalidad y la amplitud de facultades que se le dan al Estado para intervenir en el mercado, y lo vamos a sostener.
Esta ley establece una intervención del Estado; también dispone límites para esa intervención, y pretende que sea inteligente, en beneficio de todos los argentinos, no para perjudicar a alguien, sino para que una industria tenga un mayor equilibrio, dándoles a las pymes -en este caso, de hasta 50.000 toneladas de producción- la posibilidad de desarrollarse en el país.
Debemos decir que, cuando hablamos de las empresas de biocombustibles, no es posible igualarlas a todas. Económicamente, no son lo mismo las que tienen posibilidad de exportar, de recurrir a otros mercados, que las que están atadas al mercado interno.
Esta es una norma equilibrada. Discutámosla con la idea de preservar los intereses de todas y todos los argentinos. Estamos diseñando una norma para que este sector importante de la producción nacional, que agrega valor a la producción originaria, tenga sustentabilidad. En su seno están también los artículos que le posibilitan al Estado ir adecuándose a las innovaciones tecnológicas y económicas necesarias.
El Estado, como lo concebimos nosotros, no es discrecional; actúa en favor de la defensa de los valores que son de todos los argentinos y argentinas.
SR. LÓPEZ Señor presidente: seré muy breve, ya que entiendo que tendremos luego la posibilidad de expresarnos en el recinto.
Entiendo que ya están los números y que este debate se va cerrando, se va cancelando.
Cuando vino el secretario de Energía la última vez, le solicité o señalé que acá lo que faltaba era un diagnóstico, que faltaban datos. No entendemos por qué de octubre del año pasado a hoy estamos cambiando un régimen que tiene quince años. No entendemos por qué se cambia ni de la manera en que se lo hace, a través de una prórroga del Poder Ejecutivo, llegando al vencimiento; algo pasó. No sabemos qué pasó y tal vez sea muy válido, pero sería bueno que las personas que invirtieron durante quince años tengan las razones y no sólo nosotros que tenemos que decidir.
Tal vez haya buenas razones, tal vez no, tal vez haya lobby. Hay muchas cosas que no se entienden y en verdad no pretendo acusar a nadie de nada, pero me hubiera gustado tener otro nivel de discusión, con otra profundidad.
El secretario me respondió que los datos están en la Secretaría, incluso, que algunos estaban online. Es cierto que hay muchos datos que están online y que hay mucha información disponible, pero ¿hay un diagnóstico o una evaluación de escenarios? ¿Cada uno de nosotros cree de buena fe que esto se dio? ¿O creemos que este proceso fue de los menos virtuosos que hemos tenido en el último tiempo para cambiar un régimen tan importante?
Yo creo que sucedió esto último. No es por atacar, pero pienso que hubo mucho más que improvisación. Hubo un trabajo que ocurrió en otras áreas, pero en energía debemos asumir que la improvisación es la regla, así como también la falta de claridad en el rumbo.
Estas son las razones por las que, en mi caso, como el de muchos otros diputados, vamos a votar en contra. Porque no pudimos tener un debate relevante y porque si queremos una Argentina distinta tenemos que empezar a darles certezas a quienes invirtieron en este régimen.
No es justo, pero además no nos va a llevar a ningún lado con respecto a los problemas que tenemos que resolver como argentinos. Nosotros necesitamos generar más riqueza, es así. Puede ser exportando, no es ninguna maldición exportar, todo lo contrario, es bastante oportuno decirlo hoy. Necesitamos generar más riqueza porque necesitamos distribuir riqueza, no la pobreza que tenemos.
Yo les diría que para invertir, para crecer, para desarrollarnos, para tener reglas democráticas básicas, en definitiva, para convivir, el problema de hoy en la Argentina son las reglas de juego.
Propongo que construyamos reglas, y en todo caso, esa es la base de nuestro rechazo. Si construimos reglas de juego, algo tan básico como eso, no tengo dudas de que este país saldrá adelante mucho más rápido de lo que pensamos.
Entiendo que ya están los números y que este debate se va cerrando, se va cancelando.
Cuando vino el secretario de Energía la última vez, le solicité o señalé que acá lo que faltaba era un diagnóstico, que faltaban datos. No entendemos por qué de octubre del año pasado a hoy estamos cambiando un régimen que tiene quince años. No entendemos por qué se cambia ni de la manera en que se lo hace, a través de una prórroga del Poder Ejecutivo, llegando al vencimiento; algo pasó. No sabemos qué pasó y tal vez sea muy válido, pero sería bueno que las personas que invirtieron durante quince años tengan las razones y no sólo nosotros que tenemos que decidir.
Tal vez haya buenas razones, tal vez no, tal vez haya lobby. Hay muchas cosas que no se entienden y en verdad no pretendo acusar a nadie de nada, pero me hubiera gustado tener otro nivel de discusión, con otra profundidad.
El secretario me respondió que los datos están en la Secretaría, incluso, que algunos estaban online. Es cierto que hay muchos datos que están online y que hay mucha información disponible, pero ¿hay un diagnóstico o una evaluación de escenarios? ¿Cada uno de nosotros cree de buena fe que esto se dio? ¿O creemos que este proceso fue de los menos virtuosos que hemos tenido en el último tiempo para cambiar un régimen tan importante?
Yo creo que sucedió esto último. No es por atacar, pero pienso que hubo mucho más que improvisación. Hubo un trabajo que ocurrió en otras áreas, pero en energía debemos asumir que la improvisación es la regla, así como también la falta de claridad en el rumbo.
Estas son las razones por las que, en mi caso, como el de muchos otros diputados, vamos a votar en contra. Porque no pudimos tener un debate relevante y porque si queremos una Argentina distinta tenemos que empezar a darles certezas a quienes invirtieron en este régimen.
No es justo, pero además no nos va a llevar a ningún lado con respecto a los problemas que tenemos que resolver como argentinos. Nosotros necesitamos generar más riqueza, es así. Puede ser exportando, no es ninguna maldición exportar, todo lo contrario, es bastante oportuno decirlo hoy. Necesitamos generar más riqueza porque necesitamos distribuir riqueza, no la pobreza que tenemos.
Yo les diría que para invertir, para crecer, para desarrollarnos, para tener reglas democráticas básicas, en definitiva, para convivir, el problema de hoy en la Argentina son las reglas de juego.
Propongo que construyamos reglas, y en todo caso, esa es la base de nuestro rechazo. Si construimos reglas de juego, algo tan básico como eso, no tengo dudas de que este país saldrá adelante mucho más rápido de lo que pensamos.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Casaretto.
SR. CASARETTO Señor presidente: venimos a tratar este marco regulatorio de biocombustibles que tiene un antecedente -como ya fue dicho- en la ley 26.093 de 2006, sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Es importante marcar este antecedente porque nosotros creamos este régimen que tuvo vigencia a lo largo de quince años. Digo esto porque aquellos que no acompañaron la sanción en su momento o no compartieron el proyecto político, a veces parece que se abrazan a esa ley y dicen que la prorroguemos tal cómo está porque ese es el modelo.
Aquella ley 26.093 establecía la posibilidad de ir, en materia energética, de combustibles fósiles hacia una mezcla, un corte con biocombustibles; la posibilidad de ir a una energía no renovable a una energía renovable. Este fue el concepto fundamental.
Aquella ley, -que recién repasaba- establecía en su artículo 7° un corte mínimo obligatorio que era del 5 por ciento para el caso del biodiesel y, de acuerdo al artículo 8°, de un 5 por ciento para el bioetanol, para las naftas. O sea que la ley vigente durante quince años tenía un corte de un 5 por ciento para el biodiesel y un 5 por ciento para el bioetanol. ¿Eso está claro? Porque escucho los debates y parece que los números fueran otros.
Por supuesto que la autoridad de aplicación tenía facultades para adecuar ese corte. Naturalmente, al analizar las cuestiones de mercado, se fue variando ese porcentaje. En el caso el biodiesel pasó al 7, al 10 por ciento, pero por vía de resoluciones y decretos, no por vía de una ley.
Lo mismo sucedió con el bioetanol: el corte que rondaba el 5 por ciento, luego, pasa alrededor del 10 por ciento para finalmente llegar al 12 por ciento. Repito, no porque la ley lo dijera, sino por las decisiones que tomó la autoridad aplicación. Tengamos esto en cuenta.
Claramente, lo que tenemos que ver es lo que pasó sintéticamente en los últimos años. Si nosotros miramos lo que pasó en la República Argentina, encontramos algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿hubo seguridad jurídica? Sí, la hubo durante quince años y por eso se habla de una inversión en el sector estimada en los 3.000 millones de dólares.
Cualquier proyecto de inversión que tenga una ley con un régimen especial habrá previsto el recupero de la inversión a lo largo del período de vigencia de dicha ley. Así que, seguramente, quienes invirtieron al principio del régimen habrán recuperado su inversión y ganado dinero. Tal vez, pueda haber alguno que haya entrado al fin del período y que tenga pendiente de amortización algunas de las inversiones.
Entonces, recibimos críticas desde el sector privado, pero a veces escuchamos a dirigentes políticos que cantan loas a la inversión e iniciativa privada y lo que es la creatividad el empresario. En realidad, en este sector, lo que hicieron fue utilizar un instrumento de promoción del Estado. No hubo tal creatividad sin que el Estado invirtiera millones de pesos o millones de dólares como costo fiscal representando recursos de todos los argentinos.
Escucho hablar en esta comisión a algunos representantes de las cámaras empresarias y digo: si son tan vivos, tan inteligentes, tan creativos, tan hombre de negocios, ¿a qué vienen acá? ¿Para qué vienen al Congreso de la Nación a pedir una ley, exenciones impositivas, cortes obligatorios o extensión de los plazos?
En realidad, veo que son inteligentes y vivos para obtener una renta, pero más que nada para captar una renta acá, en el Congreso de la Nación, para venir y que les consagremos y aseguremos que -además de lo que ya ganaron con este régimen de promoción vigente durante quince años- seguirán ganando, de acá en adelante, mucho más con los recursos de los argentinos. Todo esto a partir de lo que quieren ellos que pongamos como articulado en una ley que vote el Congreso.
En definitiva, de aquel esquema inicial de 2 plantas en 2006, que el diputado Martínez planteaba, hoy tenemos una realidad de 55 plantas: 36 de biodiesel de soja, 13 de bioetanol de caña de azúcar y 6 de bioetanol de maíz.
Todo esto fue producto de una política pública trazada en 2006 que dijo "este es el marco, esta es la seguridad jurídica que se da y estos son los incentivos que le damos a los que vengan a invertir". No fue el mercado con una generación espontánea el que género 55 plantas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Seguramente, alguno de mis colegas va a describir con mayor detalle lo que es el articulado de la ley y sus medidas.
Quisiera dar un par de datos acerca de lo que pasó en los años anteriores, ya que a veces veo que la oposición -que gobernó hasta hace un año y cuatro meses- nos cuestiona por qué no damos más beneficios. Yo entiendo que quieran más beneficios para ciertos sectores. Ahora, si yo miro lo que pasó en el período anterior, veo que hubo importaciones de gasoil por 4.200 millones de dólares durante el período de gobierno de Mauricio Macri. Hubo importaciones de naftas por 1.600 millones de dólares más. O sea que son 5.800 millones de dólares de diesel y de nafta que se importaron en la República Argentina.
Si había tanta preocupación por parte del gobierno de Juntos por el Cambio, cuando tuvieron la oportunidad, en aquel momento, hubieran invertido en mejorar la capacidad de refinación; creado mercados regionales; aumentado el corte y dado mejores precios a los que producían biocombustibles. Si hubiesen hecho todo eso nos hubiéramos ahorrado un montón de temas.
Sin embargo, cuando estuvieron en el gobierno, no prorrogaron el régimen vigente y tampoco promovieron una sustitución de importaciones que a la Argentina le permitiera ahorrar divisas tan necesarias en un contexto tan complicado.
Para ser didáctico, cuando vamos al surtidor a echar combustible, ya sea gasoil o nafta, nos encontramos con una mezcla de combustible fósiles derivados del petróleo y de lo que es soja, maíz y caña de azúcar, según el caso. En definitiva, con ese corte, que va a manejar la autoridad de aplicación en base a la evolución de los precios, uno puede mirar qué es lo que ha pasado con ellos.
Según el caso, hubo aumentos del 60 por ciento -en dólares- en el caso del maíz; del 111 por ciento en el del aceite de soja y del 63 por ciento en el de la soja. Naturalmente, el aumento de estos valores debe ser comparado con la evolución del precio del petróleo. Uno puede plantear lo siguiente: "Yo quiero que sí o sí esté garantizado tal porcentaje de corte de cada uno de estos productos en el surtidor cuando voy a cargar combustible". ¿Qué sentido tiene esto? Que cuando hay un mercado para esos commodities mundiales, cuando hay precio, nosotros queramos sí o sí meterlo en el surtidor para que lo paguen todos los argentinos en el mercado interno.
Escuché hablar a muchos empresarios acerca de la cuestión ecológica, del medio ambiente y de los tratados de París. Humildemente y con respeto, no creo que ninguno de los que invirtió 3.000 millones de dólares en estas plantas esté muy preocupado por el medio ambiente. Lo que hace es plantear claramente una cuestión ambiental para su lobby particular y la renta que trata de captar para su sector y su empresa, disfrazándose de empresario verde. En realidad, claramente no lo son. Lo que están buscando es condicionar la decisión que el Congreso de la Nación, como representante del pueblo argentino, tiene que tomar.
A mí no me eligieron para ser lobbista de ninguna empresa o sector económico. Tampoco me eligieron para venir acá a ser vocero de una o de un grupo de empresas, en beneficio de un sector. Por el contrario, me eligieron para tomar las decisiones más convenientes en base a lo que los argentinos necesitamos y creamos más conveniente.
Esta ley de promoción de biocombustibles venció y este marco regulatorio de biocombustibles que estamos proponiendo seguramente va a generar o ha generado algunas críticas. Pero veo que también ha generado adhesiones. La presentación del proyecto fue firmada por quince diputados. Lo hicieron diputados y diputadas del bloque del Frente de Todos y también, tal vez, alguno que hoy está en la oposición y nos acompañó porque entiende que esto es lo mejor para la Argentina.
Ahora están circulando dos dictámenes. Seguramente habrá algunos dirigentes de la oposición pertenecientes a provincias productoras de petróleo o de biocombustibles que van a firmar nuestro dictamen, es decir, el que estamos proponiendo desde el bloque del Frente de Todos. Eso es muy bueno.
Por eso, me parece que no es una cuestión de partidos políticos, sino de una política de Estado, que la cumplimos durante quince años y ahora planteamos proyectarla hacia 2030, con la posibilidad de prórroga por cinco años adicionales.
Yo fui uno de los firmantes de este proyecto. Propongo a este plenario de comisiones la firma del despacho favorable. Asimismo propondré la aprobación del proyecto en el recinto cuando sea tratado. (Aplausos.)
Es importante marcar este antecedente porque nosotros creamos este régimen que tuvo vigencia a lo largo de quince años. Digo esto porque aquellos que no acompañaron la sanción en su momento o no compartieron el proyecto político, a veces parece que se abrazan a esa ley y dicen que la prorroguemos tal cómo está porque ese es el modelo.
Aquella ley 26.093 establecía la posibilidad de ir, en materia energética, de combustibles fósiles hacia una mezcla, un corte con biocombustibles; la posibilidad de ir a una energía no renovable a una energía renovable. Este fue el concepto fundamental.
Aquella ley, -que recién repasaba- establecía en su artículo 7° un corte mínimo obligatorio que era del 5 por ciento para el caso del biodiesel y, de acuerdo al artículo 8°, de un 5 por ciento para el bioetanol, para las naftas. O sea que la ley vigente durante quince años tenía un corte de un 5 por ciento para el biodiesel y un 5 por ciento para el bioetanol. ¿Eso está claro? Porque escucho los debates y parece que los números fueran otros.
Por supuesto que la autoridad de aplicación tenía facultades para adecuar ese corte. Naturalmente, al analizar las cuestiones de mercado, se fue variando ese porcentaje. En el caso el biodiesel pasó al 7, al 10 por ciento, pero por vía de resoluciones y decretos, no por vía de una ley.
Lo mismo sucedió con el bioetanol: el corte que rondaba el 5 por ciento, luego, pasa alrededor del 10 por ciento para finalmente llegar al 12 por ciento. Repito, no porque la ley lo dijera, sino por las decisiones que tomó la autoridad aplicación. Tengamos esto en cuenta.
Claramente, lo que tenemos que ver es lo que pasó sintéticamente en los últimos años. Si nosotros miramos lo que pasó en la República Argentina, encontramos algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿hubo seguridad jurídica? Sí, la hubo durante quince años y por eso se habla de una inversión en el sector estimada en los 3.000 millones de dólares.
Cualquier proyecto de inversión que tenga una ley con un régimen especial habrá previsto el recupero de la inversión a lo largo del período de vigencia de dicha ley. Así que, seguramente, quienes invirtieron al principio del régimen habrán recuperado su inversión y ganado dinero. Tal vez, pueda haber alguno que haya entrado al fin del período y que tenga pendiente de amortización algunas de las inversiones.
Entonces, recibimos críticas desde el sector privado, pero a veces escuchamos a dirigentes políticos que cantan loas a la inversión e iniciativa privada y lo que es la creatividad el empresario. En realidad, en este sector, lo que hicieron fue utilizar un instrumento de promoción del Estado. No hubo tal creatividad sin que el Estado invirtiera millones de pesos o millones de dólares como costo fiscal representando recursos de todos los argentinos.
Escucho hablar en esta comisión a algunos representantes de las cámaras empresarias y digo: si son tan vivos, tan inteligentes, tan creativos, tan hombre de negocios, ¿a qué vienen acá? ¿Para qué vienen al Congreso de la Nación a pedir una ley, exenciones impositivas, cortes obligatorios o extensión de los plazos?
En realidad, veo que son inteligentes y vivos para obtener una renta, pero más que nada para captar una renta acá, en el Congreso de la Nación, para venir y que les consagremos y aseguremos que -además de lo que ya ganaron con este régimen de promoción vigente durante quince años- seguirán ganando, de acá en adelante, mucho más con los recursos de los argentinos. Todo esto a partir de lo que quieren ellos que pongamos como articulado en una ley que vote el Congreso.
En definitiva, de aquel esquema inicial de 2 plantas en 2006, que el diputado Martínez planteaba, hoy tenemos una realidad de 55 plantas: 36 de biodiesel de soja, 13 de bioetanol de caña de azúcar y 6 de bioetanol de maíz.
Todo esto fue producto de una política pública trazada en 2006 que dijo "este es el marco, esta es la seguridad jurídica que se da y estos son los incentivos que le damos a los que vengan a invertir". No fue el mercado con una generación espontánea el que género 55 plantas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Seguramente, alguno de mis colegas va a describir con mayor detalle lo que es el articulado de la ley y sus medidas.
Quisiera dar un par de datos acerca de lo que pasó en los años anteriores, ya que a veces veo que la oposición -que gobernó hasta hace un año y cuatro meses- nos cuestiona por qué no damos más beneficios. Yo entiendo que quieran más beneficios para ciertos sectores. Ahora, si yo miro lo que pasó en el período anterior, veo que hubo importaciones de gasoil por 4.200 millones de dólares durante el período de gobierno de Mauricio Macri. Hubo importaciones de naftas por 1.600 millones de dólares más. O sea que son 5.800 millones de dólares de diesel y de nafta que se importaron en la República Argentina.
Si había tanta preocupación por parte del gobierno de Juntos por el Cambio, cuando tuvieron la oportunidad, en aquel momento, hubieran invertido en mejorar la capacidad de refinación; creado mercados regionales; aumentado el corte y dado mejores precios a los que producían biocombustibles. Si hubiesen hecho todo eso nos hubiéramos ahorrado un montón de temas.
Sin embargo, cuando estuvieron en el gobierno, no prorrogaron el régimen vigente y tampoco promovieron una sustitución de importaciones que a la Argentina le permitiera ahorrar divisas tan necesarias en un contexto tan complicado.
Para ser didáctico, cuando vamos al surtidor a echar combustible, ya sea gasoil o nafta, nos encontramos con una mezcla de combustible fósiles derivados del petróleo y de lo que es soja, maíz y caña de azúcar, según el caso. En definitiva, con ese corte, que va a manejar la autoridad de aplicación en base a la evolución de los precios, uno puede mirar qué es lo que ha pasado con ellos.
Según el caso, hubo aumentos del 60 por ciento -en dólares- en el caso del maíz; del 111 por ciento en el del aceite de soja y del 63 por ciento en el de la soja. Naturalmente, el aumento de estos valores debe ser comparado con la evolución del precio del petróleo. Uno puede plantear lo siguiente: "Yo quiero que sí o sí esté garantizado tal porcentaje de corte de cada uno de estos productos en el surtidor cuando voy a cargar combustible". ¿Qué sentido tiene esto? Que cuando hay un mercado para esos commodities mundiales, cuando hay precio, nosotros queramos sí o sí meterlo en el surtidor para que lo paguen todos los argentinos en el mercado interno.
Escuché hablar a muchos empresarios acerca de la cuestión ecológica, del medio ambiente y de los tratados de París. Humildemente y con respeto, no creo que ninguno de los que invirtió 3.000 millones de dólares en estas plantas esté muy preocupado por el medio ambiente. Lo que hace es plantear claramente una cuestión ambiental para su lobby particular y la renta que trata de captar para su sector y su empresa, disfrazándose de empresario verde. En realidad, claramente no lo son. Lo que están buscando es condicionar la decisión que el Congreso de la Nación, como representante del pueblo argentino, tiene que tomar.
A mí no me eligieron para ser lobbista de ninguna empresa o sector económico. Tampoco me eligieron para venir acá a ser vocero de una o de un grupo de empresas, en beneficio de un sector. Por el contrario, me eligieron para tomar las decisiones más convenientes en base a lo que los argentinos necesitamos y creamos más conveniente.
Esta ley de promoción de biocombustibles venció y este marco regulatorio de biocombustibles que estamos proponiendo seguramente va a generar o ha generado algunas críticas. Pero veo que también ha generado adhesiones. La presentación del proyecto fue firmada por quince diputados. Lo hicieron diputados y diputadas del bloque del Frente de Todos y también, tal vez, alguno que hoy está en la oposición y nos acompañó porque entiende que esto es lo mejor para la Argentina.
Ahora están circulando dos dictámenes. Seguramente habrá algunos dirigentes de la oposición pertenecientes a provincias productoras de petróleo o de biocombustibles que van a firmar nuestro dictamen, es decir, el que estamos proponiendo desde el bloque del Frente de Todos. Eso es muy bueno.
Por eso, me parece que no es una cuestión de partidos políticos, sino de una política de Estado, que la cumplimos durante quince años y ahora planteamos proyectarla hacia 2030, con la posibilidad de prórroga por cinco años adicionales.
Yo fui uno de los firmantes de este proyecto. Propongo a este plenario de comisiones la firma del despacho favorable. Asimismo propondré la aprobación del proyecto en el recinto cuando sea tratado. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado De Marchi.
SR. DE MARCHI Señor presidente: me referiré a varias cosas, pero antes lo haré respecto de lo que acaba de decir el señor diputado Casaretto. Sin menospreciar lo que ha expresado en general, quiero decir que el ánimo de lucro es esencial al desarrollo empresario. Evidentemente hay empresas que ganan dinero preservando el ambiente. En el mismo contexto de combustibles, hay otras que ganan mucho más dinero contaminando el ambiente.
Dicho esto, en primer lugar quiero comenzar por el final. Por diversos motivos creemos que haber accedido a una prórroga de cuatro años, tal como lo planteara de manera unánime el Senado a partir de diversos proyectos -uno de ellos del Frente de Todos, hace solo seis meses atrás; el 30 de octubre obtuvo la correspondiente sanción de ese cuerpo-, es el camino correcto.
El primero de esos motivos es porque no estamos en épocas de serenidad macroeconómica ni macrolegal, e inclusive del contexto internacional. Este no es el mejor momento para alumbrar un nuevo régimen, independientemente de que sea bueno o malo. La pandemia genera desorden evidente en todas las variables de la economía, inclusive internacional.
El segundo es porque esto ha generado un movimiento importante en el precio de los granos a nivel internacional.
Por último, porque no conocemos cuál es el plan de desarrollo energético que el gobierno intenta llevar adelante en la Argentina. No conocemos tampoco el plan económico. Pero yendo un poco más abajo no conocemos el plan energético; no sabemos qué quiere hacer el gobierno con la energía en la Argentina.
Entonces, en este marco de pandemia, de precios descontrolados de los granos y de falta de un plan, el gobierno intenta generar un nuevo marco para el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina; esto no es razonable. Para colmo, este marco pretende sobrevivir diez años más, porque el proyecto que se discute plantea siete años más tres de prórroga. Estar diez años para generar un marco en este contexto es absolutamente inconducente.
Entonces, ¿por qué ocurre esto? Lo pregunto pensando siempre con buena fe y en que no hay intereses ocultos ni nada raro. ¿Por qué se hace? Porque están solamente concentrados en el precio final del surtidor. Entonces, creen que ese eventual "veranito" del precio de los granos a nivel internacional, que es circunstancial, genera un aumento del precio final de los combustibles, después de los cortes, en el surtidor.
Queremos decir que ello es falso, no es real. ¿Por qué no es real? Eso queda claro al contabilizar todo el dinero que hemos puesto y ponemos los argentinos en el sector de hidrocarburos, en petróleo y gas. No sé si ustedes conocen la cifra, ¿pero saben cuánta dinero ha invertido el Estado nacional entre 2010 y 2019? Me sorprendí cuando conocí la cifra general final. El Estado nacional ha puesto exactamente 97.308 millones de dólares en diferentes tipos de asistencia, ya sea por transferencias presupuestarias directas al sector de hidrocarburos, o bien, por exenciones impositivas. Es decir que la erogación directa o indirecta que el Estado ha venido haciendo en el sector fue a razón de 10.000 millones de dólares por año.
Esto lo hizo de diferentes maneras, por ejemplo, mediante subsidios al fuel oil para sostener a CAMMESA y el gas natural para los hogares. No digo que esté bien ni que esté mal, sino que manifiesto lo que nos cuesta el gas natural subsidiado para los hogares. Después podemos ver si está bien subsidiado, si los ricos también pagan -como dice Guzmán- o que eso no hay que tocarlo o bien aumentarlo solamente un 9 por ciento, como expresa Basualdo. En fin, no me quiero meter en ese otro tema.
También debemos mencionar el precio diferencial del gasoil para el transporte público y todas las compensaciones fiscales en GNC y GLP, pasando por el carbón. ¿Saben cuánto es lo que tuvo que gastar el Estado solamente en Yacimientos Carboníferos Fiscales, donde hoy tenemos sentado a Aníbal Fernández? En diez años el Estado -o sea, los argentinos a través de impuestos- ha gastado solamente en Yacimientos Carboníferos Fiscales 2.200 millones de dólares.
Si solo una muy pequeña parte de esa enorme masa de plata se la hubiéramos tirado al sector de biocombustibles -aparte de las exenciones que tienen-, evidentemente de la comparación entre biocombustibles y combustibles producidos en base a fósiles surge que casi con seguridad todavía sería más barato -y por supuesto, más sustentable ambientalmente- aumentar los cortes de biocombustibles que seguir sosteniendo los cortes, e inclusive bajarlos para seguir metiéndole más fósiles. Doy estos argumentos para desmitificar el supuesto costo real de unos y de otros.
Pero aparte, en el proyecto de ley que se envía hay otro tema que genera una fuerte discrecionalidad. Entre otras cosas, le damos al secretario de Energía -ni siquiera al ministro del área- la potestad absoluta para decidir quién vive y quién muere en el sector de los biocombustibles. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 11 del proyecto puede definir los volúmenes de venta. Según los artículos 3°, 13 y 14 puede definir el precio. Además, como autoridad máxima de aplicación puede sancionar aplicando multas. Una de ellas, la más grave, es de 450 millones de pesos. Esto significa que el secretario de Energía, aplicando una multa, puede eliminar una empresa del mercado. Al margen de esto, se limita la instalación de nuevas empresas, como lo plantea el artículo 11.
Indudablemente, el resultado de todo este esquema no va a ser la eliminación del sector -nadie está diciendo eso-, sino la cartelización y la monopolización en el mediano y corto plazo. Porque si nadie puede entrar y muchos pueden ir cayendo y saliendo, es evidente que el paso del tiempo va a generar la concentración de los cupos en muy pocas empresas.
A su vez es discrecional porque, por ejemplo, discrimina en los insumos para la generación de bioetanol. ¿Por qué el corte del 12 por ciento de bioetanol lo dividen en seis para caña de azúcar y seis para maíz, con la posibilidad que tiene el propio secretario de Energía de bajar un 3 por ciento, pero solo en el maíz? ¿Por qué solo en el maíz y no en la caña? ¿Cómo sabemos cuál puede ser el precio del maíz de aquí a uno, dos o tres años? ¿Por qué fijar un régimen de diez años solamente poniendo foco en el día de hoy? No es procedente.
Lo mismo sucede con el biodiesel orientado básicamente a la soja. Lo bajan del 10 por ciento al 5 por ciento, también con la posibilidad -siguiendo el marco de discrecionalidad- de que el propio secretario puede bajar del 5 por ciento al 3 por ciento. La discrecionalidad nunca es buena compañera del aliento a la inversión y al desarrollo.
Otro tema que mucho se ha mencionado aquí es el del ambiente. Se viola de manera expresa y taxativa, el principio de progresividad en materia ambiental que establece la Ley General del Ambiente y que está contemplado, a su vez, en el Acuerdo de París que se suscribió en 2016 y por el cual la Argentina se comprometió a contribuir con las metas de emisión de gases del efecto invernadero.
Es más: hace horas el presidente de la Nación se reunió con John Kerry en Europa para hablar no sé de qué. Porque evidentemente Kerry es el responsable de intentar avanzar con soluciones para evitar el calentamiento global. Se juntaron para eso. En ese mismo minuto nosotros aquí estábamos discutiendo acerca de meterle más combustible fósil y sacarle más combustible renovable a la mezcla final de combustibles en la Argentina. Esto no es serio.
Termino diciendo lo que es evidente y que en parte ya fue expresado: en el supuesto de que se siga avanzando con este régimen lo que se va a conseguir es desinvertir en el sector. Hoy las plantas de maíz trabajan al 71 por ciento de su capacidad instalada. Con este proyecto de ley la capacidad instalada real va a bajar al 41 por ciento. El trabajo que hoy se hace, por ejemplo, en las plantas de maíz va a disminuir un 30 por ciento.
No me interesa tanto el empresario en sí porque siempre va enfocar sus recursos a alguna otra actividad que le sea rentable, como corresponde y como cualquiera de los que está aquí lo haría. El problema es todo lo que queda en el camino, es decir, los miles de empleados que van a quedar desafectados en el sector, y evidentemente, una crisis fuerte respecto del desarrollo del sector en general.
Solamente les pido que tomemos conciencia de que no se está planteando una idea distinta, sino requiriéndose la prudencia y el tiempo necesarios para discutir un nuevo marco de biocombustibles en la Argentina, que sea sustentable en el tiempo y esté apoyado en variables económicas fijas, serenas y en armonía y no en el marco del desorden internacional que hoy existe a raíz de la pandemia.
Los llamo a la reflexión para que podamos repensar y aceptar modificaciones que eventualmente se puedan plantear. Obviamente, desde nuestro espacio sostenemos lo que expresó hace solo seis meses el bloque del Frente de Todos en el Senado, que es una prórroga de cuatro años al régimen. (Aplausos.)
Dicho esto, en primer lugar quiero comenzar por el final. Por diversos motivos creemos que haber accedido a una prórroga de cuatro años, tal como lo planteara de manera unánime el Senado a partir de diversos proyectos -uno de ellos del Frente de Todos, hace solo seis meses atrás; el 30 de octubre obtuvo la correspondiente sanción de ese cuerpo-, es el camino correcto.
El primero de esos motivos es porque no estamos en épocas de serenidad macroeconómica ni macrolegal, e inclusive del contexto internacional. Este no es el mejor momento para alumbrar un nuevo régimen, independientemente de que sea bueno o malo. La pandemia genera desorden evidente en todas las variables de la economía, inclusive internacional.
El segundo es porque esto ha generado un movimiento importante en el precio de los granos a nivel internacional.
Por último, porque no conocemos cuál es el plan de desarrollo energético que el gobierno intenta llevar adelante en la Argentina. No conocemos tampoco el plan económico. Pero yendo un poco más abajo no conocemos el plan energético; no sabemos qué quiere hacer el gobierno con la energía en la Argentina.
Entonces, en este marco de pandemia, de precios descontrolados de los granos y de falta de un plan, el gobierno intenta generar un nuevo marco para el desarrollo de los biocombustibles en la Argentina; esto no es razonable. Para colmo, este marco pretende sobrevivir diez años más, porque el proyecto que se discute plantea siete años más tres de prórroga. Estar diez años para generar un marco en este contexto es absolutamente inconducente.
Entonces, ¿por qué ocurre esto? Lo pregunto pensando siempre con buena fe y en que no hay intereses ocultos ni nada raro. ¿Por qué se hace? Porque están solamente concentrados en el precio final del surtidor. Entonces, creen que ese eventual "veranito" del precio de los granos a nivel internacional, que es circunstancial, genera un aumento del precio final de los combustibles, después de los cortes, en el surtidor.
Queremos decir que ello es falso, no es real. ¿Por qué no es real? Eso queda claro al contabilizar todo el dinero que hemos puesto y ponemos los argentinos en el sector de hidrocarburos, en petróleo y gas. No sé si ustedes conocen la cifra, ¿pero saben cuánta dinero ha invertido el Estado nacional entre 2010 y 2019? Me sorprendí cuando conocí la cifra general final. El Estado nacional ha puesto exactamente 97.308 millones de dólares en diferentes tipos de asistencia, ya sea por transferencias presupuestarias directas al sector de hidrocarburos, o bien, por exenciones impositivas. Es decir que la erogación directa o indirecta que el Estado ha venido haciendo en el sector fue a razón de 10.000 millones de dólares por año.
Esto lo hizo de diferentes maneras, por ejemplo, mediante subsidios al fuel oil para sostener a CAMMESA y el gas natural para los hogares. No digo que esté bien ni que esté mal, sino que manifiesto lo que nos cuesta el gas natural subsidiado para los hogares. Después podemos ver si está bien subsidiado, si los ricos también pagan -como dice Guzmán- o que eso no hay que tocarlo o bien aumentarlo solamente un 9 por ciento, como expresa Basualdo. En fin, no me quiero meter en ese otro tema.
También debemos mencionar el precio diferencial del gasoil para el transporte público y todas las compensaciones fiscales en GNC y GLP, pasando por el carbón. ¿Saben cuánto es lo que tuvo que gastar el Estado solamente en Yacimientos Carboníferos Fiscales, donde hoy tenemos sentado a Aníbal Fernández? En diez años el Estado -o sea, los argentinos a través de impuestos- ha gastado solamente en Yacimientos Carboníferos Fiscales 2.200 millones de dólares.
Si solo una muy pequeña parte de esa enorme masa de plata se la hubiéramos tirado al sector de biocombustibles -aparte de las exenciones que tienen-, evidentemente de la comparación entre biocombustibles y combustibles producidos en base a fósiles surge que casi con seguridad todavía sería más barato -y por supuesto, más sustentable ambientalmente- aumentar los cortes de biocombustibles que seguir sosteniendo los cortes, e inclusive bajarlos para seguir metiéndole más fósiles. Doy estos argumentos para desmitificar el supuesto costo real de unos y de otros.
Pero aparte, en el proyecto de ley que se envía hay otro tema que genera una fuerte discrecionalidad. Entre otras cosas, le damos al secretario de Energía -ni siquiera al ministro del área- la potestad absoluta para decidir quién vive y quién muere en el sector de los biocombustibles. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 11 del proyecto puede definir los volúmenes de venta. Según los artículos 3°, 13 y 14 puede definir el precio. Además, como autoridad máxima de aplicación puede sancionar aplicando multas. Una de ellas, la más grave, es de 450 millones de pesos. Esto significa que el secretario de Energía, aplicando una multa, puede eliminar una empresa del mercado. Al margen de esto, se limita la instalación de nuevas empresas, como lo plantea el artículo 11.
Indudablemente, el resultado de todo este esquema no va a ser la eliminación del sector -nadie está diciendo eso-, sino la cartelización y la monopolización en el mediano y corto plazo. Porque si nadie puede entrar y muchos pueden ir cayendo y saliendo, es evidente que el paso del tiempo va a generar la concentración de los cupos en muy pocas empresas.
A su vez es discrecional porque, por ejemplo, discrimina en los insumos para la generación de bioetanol. ¿Por qué el corte del 12 por ciento de bioetanol lo dividen en seis para caña de azúcar y seis para maíz, con la posibilidad que tiene el propio secretario de Energía de bajar un 3 por ciento, pero solo en el maíz? ¿Por qué solo en el maíz y no en la caña? ¿Cómo sabemos cuál puede ser el precio del maíz de aquí a uno, dos o tres años? ¿Por qué fijar un régimen de diez años solamente poniendo foco en el día de hoy? No es procedente.
Lo mismo sucede con el biodiesel orientado básicamente a la soja. Lo bajan del 10 por ciento al 5 por ciento, también con la posibilidad -siguiendo el marco de discrecionalidad- de que el propio secretario puede bajar del 5 por ciento al 3 por ciento. La discrecionalidad nunca es buena compañera del aliento a la inversión y al desarrollo.
Otro tema que mucho se ha mencionado aquí es el del ambiente. Se viola de manera expresa y taxativa, el principio de progresividad en materia ambiental que establece la Ley General del Ambiente y que está contemplado, a su vez, en el Acuerdo de París que se suscribió en 2016 y por el cual la Argentina se comprometió a contribuir con las metas de emisión de gases del efecto invernadero.
Es más: hace horas el presidente de la Nación se reunió con John Kerry en Europa para hablar no sé de qué. Porque evidentemente Kerry es el responsable de intentar avanzar con soluciones para evitar el calentamiento global. Se juntaron para eso. En ese mismo minuto nosotros aquí estábamos discutiendo acerca de meterle más combustible fósil y sacarle más combustible renovable a la mezcla final de combustibles en la Argentina. Esto no es serio.
Termino diciendo lo que es evidente y que en parte ya fue expresado: en el supuesto de que se siga avanzando con este régimen lo que se va a conseguir es desinvertir en el sector. Hoy las plantas de maíz trabajan al 71 por ciento de su capacidad instalada. Con este proyecto de ley la capacidad instalada real va a bajar al 41 por ciento. El trabajo que hoy se hace, por ejemplo, en las plantas de maíz va a disminuir un 30 por ciento.
No me interesa tanto el empresario en sí porque siempre va enfocar sus recursos a alguna otra actividad que le sea rentable, como corresponde y como cualquiera de los que está aquí lo haría. El problema es todo lo que queda en el camino, es decir, los miles de empleados que van a quedar desafectados en el sector, y evidentemente, una crisis fuerte respecto del desarrollo del sector en general.
Solamente les pido que tomemos conciencia de que no se está planteando una idea distinta, sino requiriéndose la prudencia y el tiempo necesarios para discutir un nuevo marco de biocombustibles en la Argentina, que sea sustentable en el tiempo y esté apoyado en variables económicas fijas, serenas y en armonía y no en el marco del desorden internacional que hoy existe a raíz de la pandemia.
Los llamo a la reflexión para que podamos repensar y aceptar modificaciones que eventualmente se puedan plantear. Obviamente, desde nuestro espacio sostenemos lo que expresó hace solo seis meses el bloque del Frente de Todos en el Senado, que es una prórroga de cuatro años al régimen. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez.
Luego de unos instantes:
SR. PRESIDENTE FÉLIX ¿Diputado Rodríguez?
SR. RODRÍGUEZ Perdón por la demora, señor presidente, pero no había escuchado que me había otorgado el uso de la palabra.
Le agradezco mucho, señor presidente, y a todos los miembros de ambas comisiones por permitirme hacer uso de la palabra brevemente.
En primer lugar, quiero insistir en la necesidad -estamos en momentos de definiciones- de que se reflexione acerca de la importancia de no bajar los porcentajes, los niveles de mezcla, tanto en el caso del biodiesel como en el del bioetanol. Lo reitero y llamo a la reflexión a quienes están trabajando en el proyecto, en el sentido de no bajar los niveles de mezcla.
En segundo lugar, quiero expresar, con todo respeto, que es una lástima que no están presentes aquí algunos miembros del Poder Ejecutivo nacional, pues seguramente tienen mucho para decir acerca de cómo evalúan este proyecto oficial. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, seguramente podría haber traído su mirada y opinión sincera acerca de cuál es la posición de ese ministerio respecto de este proyecto. Lo mismo que el ministro Basterra, quien me consta que ha hecho y hace de la industrialización de la ruralidad un vector fundamental de su gestión. También deberíamos conocer la opinión del canciller Felipe Solá acerca de cuál podría eventualmente ser el impacto de este proyecto en materia de los compromisos comerciales vinculados con cláusulas ambientales.
Tengo la sensación de que quizás no hubo tiempo de traerlos o que tenían otros compromisos. No quisiera creer que están en desacuerdo con la norma y no quieren decírnoslo o que no tienen información suficiente acerca de qué se está trabajando en el Congreso de la Nación. Creo que independientemente de eso, por supuesto, la autoridad del Congreso de la Nación está por encima de cualquier opinión y tenemos el derecho a plantear los proyectos que queremos.
Lo que pasa es que tenemos la experiencia de algunos proyectos que terminan siendo ley y luego son vetados por el Poder Ejecutivo nacional. Lo saben nuestros compatriotas de Misiones, ya que cuando se sancionó una ley referida al establecimiento de una zona franca especial, inmediatamente fue vetada por el Poder Ejecutivo nacional.
Dado que no hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí, sería importante que a la brevedad podamos saber públicamente cuál es la posición de esos ministros del Poder Ejecutivo nacional. Por supuesto, ya conocemos y agradecemos la claridad con que se ha manifestado la autoridad competente en la materia, que es la Secretaría de Energía.
Le agradezco mucho, señor presidente, y a todos los miembros de ambas comisiones por permitirme hacer uso de la palabra brevemente.
En primer lugar, quiero insistir en la necesidad -estamos en momentos de definiciones- de que se reflexione acerca de la importancia de no bajar los porcentajes, los niveles de mezcla, tanto en el caso del biodiesel como en el del bioetanol. Lo reitero y llamo a la reflexión a quienes están trabajando en el proyecto, en el sentido de no bajar los niveles de mezcla.
En segundo lugar, quiero expresar, con todo respeto, que es una lástima que no están presentes aquí algunos miembros del Poder Ejecutivo nacional, pues seguramente tienen mucho para decir acerca de cómo evalúan este proyecto oficial. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, seguramente podría haber traído su mirada y opinión sincera acerca de cuál es la posición de ese ministerio respecto de este proyecto. Lo mismo que el ministro Basterra, quien me consta que ha hecho y hace de la industrialización de la ruralidad un vector fundamental de su gestión. También deberíamos conocer la opinión del canciller Felipe Solá acerca de cuál podría eventualmente ser el impacto de este proyecto en materia de los compromisos comerciales vinculados con cláusulas ambientales.
Tengo la sensación de que quizás no hubo tiempo de traerlos o que tenían otros compromisos. No quisiera creer que están en desacuerdo con la norma y no quieren decírnoslo o que no tienen información suficiente acerca de qué se está trabajando en el Congreso de la Nación. Creo que independientemente de eso, por supuesto, la autoridad del Congreso de la Nación está por encima de cualquier opinión y tenemos el derecho a plantear los proyectos que queremos.
Lo que pasa es que tenemos la experiencia de algunos proyectos que terminan siendo ley y luego son vetados por el Poder Ejecutivo nacional. Lo saben nuestros compatriotas de Misiones, ya que cuando se sancionó una ley referida al establecimiento de una zona franca especial, inmediatamente fue vetada por el Poder Ejecutivo nacional.
Dado que no hemos tenido la oportunidad de tenerlos aquí, sería importante que a la brevedad podamos saber públicamente cuál es la posición de esos ministros del Poder Ejecutivo nacional. Por supuesto, ya conocemos y agradecemos la claridad con que se ha manifestado la autoridad competente en la materia, que es la Secretaría de Energía.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra la señora diputada Austin.
SRA. AUSTIN Señor presidente: voy a ser breve y simplemente traeré a colación algunas de las cosas que han dicho algunos de los diputados preopinantes del bloque oficialista respecto de la seguridad jurídica y las condiciones que se necesitan para la generación de empleo.
Obviamente, vemos con muchísima preocupación el proyecto que el oficialismo se apresta a dictaminar y posiblemente a llevar al recinto. En primer lugar, porque implica un retroceso y un cambio de decisión respecto de lo que el mismo oficialismo hizo, no en el anterior gobierno del Frente de Todos, sino hace apenas unos meses en el Senado.
Hablar de seguridad jurídica no solamente tiene que ver con los marcos normativos de las leyes que generan incentivos, sino también con decisiones estratégicas para promover la generación de empleo. Eso implica definir reglas de juego y el rumbo del gobierno, es decir, hacia dónde quiere ir; si hay algo que no está claro es eso.
Obviamente, eso dinamita profundamente las posibilidades de generación de empleo registrado en la Argentina y las decisiones de quienes quieren invertir en el desarrollo de economías regionales y de industrias, tanto pymes como grandes empresas.
Esto también me parece un sinsentido en un contexto en el que estamos viendo cómo esa falsa dicotomía a las que una y otra vez le gusta recurrir al oficialismo, la de salud o economía, termina finalmente golpeando con más fuerza a los que menos tienen. Veíamos ayer los datos que circularon sobre el crecimiento de la pobreza en la niñez de distintos rincones de la Argentina. Son números que realmente deberían hacernos reflexionar, ponernos de acuerdo y ponerlos en el centro de la escena para pensar de qué manera necesitamos cambiar las condiciones de desarrollo de la Argentina para crear empleo en el marco del cumplimiento de estos compromisos internacionales, como bien se ha dicho.
El gobierno no hizo ni está haciendo eso. De alguna manera fue corresponsable de no construir esa seguridad jurídica. El oficialismo acompañaba, impulsaba y empujaba desde el Senado y lograba esa sanción prácticamente por unanimidad, pero después llegamos a un camino -desde octubre a la fecha- con absolutas marchas y contramarchas, versiones y lobbies cruzados y actores que empezaban a tener capacidad de incidencia sobre el bloque oficialista, a tal punto que sobre el filo del vencimiento de la ley vigente llegaron a tener que establecer una prórroga por decreto porque ni siquiera pudieron expresar esa hoja de ruta y construir un consenso con los actores.
El modo de avanzar con esta ley es desacreditando a ese enorme sector productivo que en muchos lugares del país generó miles de puestos de trabajo, porque no podrían hacerlo de otra manera si no es desoyendo las críticas, reparos y señalamientos que esta misma comisión escuchó hace unos días. El único modo de avanzar que tienen es desacreditando a esos actores que han sido generadores de riqueza y que han multiplicado el empleo a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Algunas de las críticas ya las han planteado los diputados y diputadas de nuestro interbloque, en particular la señora diputada Jimena Latorre y el señor diputado Omar De Marchi, en torno a un proyecto que tiende a bajar los porcentajes de corte actuales. Es decir que esto no va claramente en línea a permitir que los biocombustibles sigan siendo una estrategia para diversificar la matriz energética y apostar a un esquema de transición hacia las energías renovables y más limpias. Así, se ignora por completo el hecho que los biocombustibles reducen la emisión de gases de efecto invernadero.
Además, lo dicen sin ponerse siquiera colorados y sostienen un doble discurso en materia ambiental. El propio presidente de la Nación, en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, dijo que quería que camináramos hacia una economía verde, a la par que justamente hablaba del impulso de los hidrocarburos, sin mencionar o ignorando el tema de los biocombustibles. Entonces, es muy difícil hacerlo así.
Quiero poner de relieve estos temas. Por supuesto que esto implica un incumplimiento por parte de la Argentina del Acuerdo de París y de todos aquellos marcos normativos donde nos comprometimos a receptar los principios de progresividad y de no regresividad -que es su contracara-, en el sentido de que en materia ambiental los compromisos siempre tienen que ser hacia adelante. Así lo ha entendido el mundo y así gran parte de los países han trabajado para aumentar los cortes en biocombustibles, algo que la Argentina está haciendo exactamente a contramarcha.
Además, también existe una suerte de ensañamiento con algunas provincias en particular de la Argentina, casi como si fuese un leitmotiv del kirchnerismo. Lo lamento mucho, porque en Córdoba hemos tenido la oportunidad de visitar gran parte de las empresas que hoy producen biocombustibles y vimos cómo se desarrolló un sector a la luz de una ley que marcó el rumbo, promoviendo una economía circular en muchos lugares y aprovechando absolutamente cada una de las oportunidades de generación con los propios residuos que iban produciendo, con ese compromiso de ir progresivamente dejando atrás el uso de combustibles fósiles.
Esas son las razones por las cuales no vamos a acompañar el dictamen que el oficialismo está promoviendo. El dictamen que estamos presentando tiene que ver con aquello mismo que ya sancionó el Senado.
No quiero entrar tampoco, y con esto cierro, a discutir sobre cuestiones reglamentarias. Fíjense el absurdo de arrancar hoy nuevamente con el tratamiento del tema cuando, en realidad, la Cámara de Diputados es la revisora, ya que este proyecto tiene sanción del Senado. Si fuésemos respetuosos del procedimiento de formación y sanción de las leyes, correspondería que nos abocáramos a su análisis y diéramos al Senado la chance de decidir si insiste o acepta las modificaciones que se están proponiendo. Pero, como ni siquiera se puede respetar algo tan básico como ese camino legislativo, arrancamos de nuevo como si fuésemos la Cámara de origen.
Lo lamento mucho; pero, sobre todo, lamento que nuestro país esté dando la espalda a la búsqueda de la diversificación de la matriz energética y, desde la generación de empleo, también cumplir con el cuidado del ambiente. Esto es, ni más ni menos, que desarrollo sostenible. (Aplausos.)
Obviamente, vemos con muchísima preocupación el proyecto que el oficialismo se apresta a dictaminar y posiblemente a llevar al recinto. En primer lugar, porque implica un retroceso y un cambio de decisión respecto de lo que el mismo oficialismo hizo, no en el anterior gobierno del Frente de Todos, sino hace apenas unos meses en el Senado.
Hablar de seguridad jurídica no solamente tiene que ver con los marcos normativos de las leyes que generan incentivos, sino también con decisiones estratégicas para promover la generación de empleo. Eso implica definir reglas de juego y el rumbo del gobierno, es decir, hacia dónde quiere ir; si hay algo que no está claro es eso.
Obviamente, eso dinamita profundamente las posibilidades de generación de empleo registrado en la Argentina y las decisiones de quienes quieren invertir en el desarrollo de economías regionales y de industrias, tanto pymes como grandes empresas.
Esto también me parece un sinsentido en un contexto en el que estamos viendo cómo esa falsa dicotomía a las que una y otra vez le gusta recurrir al oficialismo, la de salud o economía, termina finalmente golpeando con más fuerza a los que menos tienen. Veíamos ayer los datos que circularon sobre el crecimiento de la pobreza en la niñez de distintos rincones de la Argentina. Son números que realmente deberían hacernos reflexionar, ponernos de acuerdo y ponerlos en el centro de la escena para pensar de qué manera necesitamos cambiar las condiciones de desarrollo de la Argentina para crear empleo en el marco del cumplimiento de estos compromisos internacionales, como bien se ha dicho.
El gobierno no hizo ni está haciendo eso. De alguna manera fue corresponsable de no construir esa seguridad jurídica. El oficialismo acompañaba, impulsaba y empujaba desde el Senado y lograba esa sanción prácticamente por unanimidad, pero después llegamos a un camino -desde octubre a la fecha- con absolutas marchas y contramarchas, versiones y lobbies cruzados y actores que empezaban a tener capacidad de incidencia sobre el bloque oficialista, a tal punto que sobre el filo del vencimiento de la ley vigente llegaron a tener que establecer una prórroga por decreto porque ni siquiera pudieron expresar esa hoja de ruta y construir un consenso con los actores.
El modo de avanzar con esta ley es desacreditando a ese enorme sector productivo que en muchos lugares del país generó miles de puestos de trabajo, porque no podrían hacerlo de otra manera si no es desoyendo las críticas, reparos y señalamientos que esta misma comisión escuchó hace unos días. El único modo de avanzar que tienen es desacreditando a esos actores que han sido generadores de riqueza y que han multiplicado el empleo a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Algunas de las críticas ya las han planteado los diputados y diputadas de nuestro interbloque, en particular la señora diputada Jimena Latorre y el señor diputado Omar De Marchi, en torno a un proyecto que tiende a bajar los porcentajes de corte actuales. Es decir que esto no va claramente en línea a permitir que los biocombustibles sigan siendo una estrategia para diversificar la matriz energética y apostar a un esquema de transición hacia las energías renovables y más limpias. Así, se ignora por completo el hecho que los biocombustibles reducen la emisión de gases de efecto invernadero.
Además, lo dicen sin ponerse siquiera colorados y sostienen un doble discurso en materia ambiental. El propio presidente de la Nación, en oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, dijo que quería que camináramos hacia una economía verde, a la par que justamente hablaba del impulso de los hidrocarburos, sin mencionar o ignorando el tema de los biocombustibles. Entonces, es muy difícil hacerlo así.
Quiero poner de relieve estos temas. Por supuesto que esto implica un incumplimiento por parte de la Argentina del Acuerdo de París y de todos aquellos marcos normativos donde nos comprometimos a receptar los principios de progresividad y de no regresividad -que es su contracara-, en el sentido de que en materia ambiental los compromisos siempre tienen que ser hacia adelante. Así lo ha entendido el mundo y así gran parte de los países han trabajado para aumentar los cortes en biocombustibles, algo que la Argentina está haciendo exactamente a contramarcha.
Además, también existe una suerte de ensañamiento con algunas provincias en particular de la Argentina, casi como si fuese un leitmotiv del kirchnerismo. Lo lamento mucho, porque en Córdoba hemos tenido la oportunidad de visitar gran parte de las empresas que hoy producen biocombustibles y vimos cómo se desarrolló un sector a la luz de una ley que marcó el rumbo, promoviendo una economía circular en muchos lugares y aprovechando absolutamente cada una de las oportunidades de generación con los propios residuos que iban produciendo, con ese compromiso de ir progresivamente dejando atrás el uso de combustibles fósiles.
Esas son las razones por las cuales no vamos a acompañar el dictamen que el oficialismo está promoviendo. El dictamen que estamos presentando tiene que ver con aquello mismo que ya sancionó el Senado.
No quiero entrar tampoco, y con esto cierro, a discutir sobre cuestiones reglamentarias. Fíjense el absurdo de arrancar hoy nuevamente con el tratamiento del tema cuando, en realidad, la Cámara de Diputados es la revisora, ya que este proyecto tiene sanción del Senado. Si fuésemos respetuosos del procedimiento de formación y sanción de las leyes, correspondería que nos abocáramos a su análisis y diéramos al Senado la chance de decidir si insiste o acepta las modificaciones que se están proponiendo. Pero, como ni siquiera se puede respetar algo tan básico como ese camino legislativo, arrancamos de nuevo como si fuésemos la Cámara de origen.
Lo lamento mucho; pero, sobre todo, lamento que nuestro país esté dando la espalda a la búsqueda de la diversificación de la matriz energética y, desde la generación de empleo, también cumplir con el cuidado del ambiente. Esto es, ni más ni menos, que desarrollo sostenible. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Laspina.
SR. LASPINA Señor presidente: voy a ser breve.
Primero, quiero hacer una consideración respecto al fondo de esta discusión. Me cuesta a veces identificar en el debate, cuando escucho a los miembros del oficialismo, si estamos debatiendo sobre un proyecto de ley de promoción sectorial o sobre uno de medio ambiente. Creo que esta es la base de la confusión que presenta esta iniciativa que, a mi juicio, es regresiva en varios aspectos.
En verdad, es insólito que no participe en esta reunión la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; bien podría estar también la Comisión de Industria, básicamente para hacer alusión a lo que parece ser el objetivo de este proyecto, cual es, de alguna forma, tratar de ver de qué manera preservamos determinadas industrias.
Entonces, creo que esto lleva a estar en el peor de los mundos, ya que pone en riesgo no solo a esas industrias que fueron florecientes y apoyadas, sino también al medio ambiente propiamente dicho.
¿Por qué creo que esta iniciativa es regresiva? Básicamente, porque comienza bajando el corte de biocombustibles. Se supone que estaba hecha para promocionar el medio ambiente, pero baja del 10 al 5 por ciento, y eventualmente al 3, el corte de biodiesel, lo cual ya luce un poco contradictorio a los efectos no solo de la norma, sino también de la industria -esta es la paradoja de la discusión- y, fundamentalmente, del medio ambiente. En consecuencia, me uno al reclamo del señor diputado Rodríguez porque entiendo que esto debería ser revisado; creo que es perfectible.
Entiendo que esta medida responde a que hoy en día los precios de la soja están muy elevados, lo que provoca que el corte de biocombustibles encarezca mucho el precio al consumidor; pero, por una urgencia del momento, no podemos comprometer los objetivos generales de una ley.
Este proyecto es regresivo básicamente porque blinda a los actuales jugadores de la industria; no importa quiénes son ni dónde están ubicados geográficamente. Nosotros -digo "nosotros" porque hablo como representante de los consumidores, que son quienes pagan el precio en el surtidor de esta política de promoción industrial, porque en eso se ha convertido más que en una política de promoción del medio ambiente- necesitamos más jugadores en la industria, porque de esa manera habrá más competencia. Si hay más competencia, habrá mejoras tecnológicas; y si hay mejoras tecnológicas, bajarán los costos y los precios al consumidor.
Si nosotros decimos: te saco de acá, pero te mantengo el club cerrado para que nadie te moleste, quien termina pagando es, en definitiva, el consumidor, porque se crea una suerte de monopolio. Además, como ya sabemos, se produce una segunda distorsión al distinguir entre grandes y pequeñas empresas de manera muy arbitraria, ya que se generan distorsiones o arbitrajes impositivos solo con dividir societariamente una actividad. Por eso, creo que esa idea de blindar al sector contemplada en el artículo 11 es una de las cosas que deberíamos revisar.
Entonces, el primer punto a rever es el corte. Sé que eso puede generar un problema en los precios; pero, ya que se deja tanta discrecionalidad, al menos dejemos discrecionalidad hacia arriba para que cuando baje el precio de la soja podamos volver a un nivel más razonable.
Segundo, permitamos que haya más competencia en la industria; no menos. No blindemos necesariamente a los que están. Con esto quiero hacer notar que, cuando hablo del primer punto, afecto a otros intereses que cuando hablo del segundo punto; lo hago deliberadamente, porque creo que el objetivo de la ley no debe ser favorecer a uno u otro, sino proteger el bien común y, sobre todo, el medio ambiente.
Tercero, esta iniciativa es regresiva porque limita los incentivos no solo a la competencia, sino también a la investigación, al desarrollo y a la generación de biocombustibles de segunda y tercera generación, que bien podrían ser producidos por los mismos jugadores que producen biocombustibles de derivados de la soja, de la caña o de lo que sea. Podrían ser los mismos actores que innoven y aprovechen este beneficio; pero, sin embargo, los blindamos, porque el objetivo de este proyecto de ley no es ambiental, sino sectorial.
De este revoleo de ambiente versus sectores sale este híbrido, un caballo con dos jorobas y cinco patas que todavía estamos a tiempo de revisar porque no se firmó el dictamen; si hubiese sido firmado, también podríamos modificarlo aquí o en el recinto.
Entonces, si estamos preocupados por el medio ambiente debemos procurar que haya más investigación, más desarrollo, más tecnología y permitir que entren a la cancha todos los jugadores que puedan bajar los costos de generación de biocombustibles. Esto, por dos razones: primero, por el planeta; segundo, por los consumidores, que son los que pagan en el surtidor el sobrecosto de esta mejora ambiental. Si cerramos un club de jugadores, un nicho de mercado, no le hacemos un bien al planeta ni a los consumidores.
De más está decir que el campo argentino no necesita de esta cuestión de los biocombustibles para sobrevivir; ni los sojeros ni los chacareros. Lo que necesitan es que los dejen producir y exportar, justamente todo lo que no estamos haciendo, ya que ayer se cerraron las exportaciones de carne. No es un tema del campo argentino, sino una cuestión de medio ambiente, de un sector industrial pujante al cual tenemos que apoyar y, al mismo tiempo, hacer competir, porque crear un nicho cerrado de jugadores protegidos puede servir al secretario de Energía de turno para tener mucho más poder y discrecionalidad, pero al planeta ni a Santa Fe ni a la Nación ni al Neuquén ni a nadie, porque es el modelo de renta chiquita para unos pocos que queda ahí y no crece nunca más.
Me parece que un poco es esto lo que refleja el proyecto de ley en tratamiento que, insisto, es perfectible porque todavía estamos a tiempo de modificarlo.
Por último, básicamente es regresivo porque es el paroxismo de la discrecionalidad. Lo que necesita el sector son reglas; los empresarios, los mismos que están mirándonos por televisión, siempre dicen que necesitan reglas estables no solo para asegurar toda la plata que pusieron -que es cierto, como lo es también que obtuvieron una rentabilidad durante todos estos años-, sino también hacia adelante. El empresario, muchas veces prefiere reglas claras, aunque no lo favorezcan tanto, antes que la discrecionalidad, que lo obliga a estar todos los días mendigando en el despacho oficial de turno para ver qué le toca ese mes. A esto están acostumbrados todos los empresarios argentinos, por supuesto; y si seguimos creando estos regímenes de mayor discrecionalidad, cada día será peor.
También es regresivo porque no habrá más inversión en el sector; ni aun en este club de empresas grandes o chicas -algunas de las cuales están por debajo de su capacidad, aunque hasta hace poco estaban a pleno- en un marco de tanta discrecionalidad como el que implica este proyecto de ley.
Por todas estas razones, estamos en contra de esta iniciativa; pero, como insistimos en que algunos de estos aspectos pueden ser revisados para mejorar, dentro de los márgenes posibles, la propuesta del oficialismo -que, de alguna forma, ha tratado de encajar dentro de un proyecto un montón de restricciones que son entendibles, aunque han generado estas inconsistencias que he planteado-, damos este debate respecto al contenido y no la rechazamos absolutamente.
Primero, quiero hacer una consideración respecto al fondo de esta discusión. Me cuesta a veces identificar en el debate, cuando escucho a los miembros del oficialismo, si estamos debatiendo sobre un proyecto de ley de promoción sectorial o sobre uno de medio ambiente. Creo que esta es la base de la confusión que presenta esta iniciativa que, a mi juicio, es regresiva en varios aspectos.
En verdad, es insólito que no participe en esta reunión la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; bien podría estar también la Comisión de Industria, básicamente para hacer alusión a lo que parece ser el objetivo de este proyecto, cual es, de alguna forma, tratar de ver de qué manera preservamos determinadas industrias.
Entonces, creo que esto lleva a estar en el peor de los mundos, ya que pone en riesgo no solo a esas industrias que fueron florecientes y apoyadas, sino también al medio ambiente propiamente dicho.
¿Por qué creo que esta iniciativa es regresiva? Básicamente, porque comienza bajando el corte de biocombustibles. Se supone que estaba hecha para promocionar el medio ambiente, pero baja del 10 al 5 por ciento, y eventualmente al 3, el corte de biodiesel, lo cual ya luce un poco contradictorio a los efectos no solo de la norma, sino también de la industria -esta es la paradoja de la discusión- y, fundamentalmente, del medio ambiente. En consecuencia, me uno al reclamo del señor diputado Rodríguez porque entiendo que esto debería ser revisado; creo que es perfectible.
Entiendo que esta medida responde a que hoy en día los precios de la soja están muy elevados, lo que provoca que el corte de biocombustibles encarezca mucho el precio al consumidor; pero, por una urgencia del momento, no podemos comprometer los objetivos generales de una ley.
Este proyecto es regresivo básicamente porque blinda a los actuales jugadores de la industria; no importa quiénes son ni dónde están ubicados geográficamente. Nosotros -digo "nosotros" porque hablo como representante de los consumidores, que son quienes pagan el precio en el surtidor de esta política de promoción industrial, porque en eso se ha convertido más que en una política de promoción del medio ambiente- necesitamos más jugadores en la industria, porque de esa manera habrá más competencia. Si hay más competencia, habrá mejoras tecnológicas; y si hay mejoras tecnológicas, bajarán los costos y los precios al consumidor.
Si nosotros decimos: te saco de acá, pero te mantengo el club cerrado para que nadie te moleste, quien termina pagando es, en definitiva, el consumidor, porque se crea una suerte de monopolio. Además, como ya sabemos, se produce una segunda distorsión al distinguir entre grandes y pequeñas empresas de manera muy arbitraria, ya que se generan distorsiones o arbitrajes impositivos solo con dividir societariamente una actividad. Por eso, creo que esa idea de blindar al sector contemplada en el artículo 11 es una de las cosas que deberíamos revisar.
Entonces, el primer punto a rever es el corte. Sé que eso puede generar un problema en los precios; pero, ya que se deja tanta discrecionalidad, al menos dejemos discrecionalidad hacia arriba para que cuando baje el precio de la soja podamos volver a un nivel más razonable.
Segundo, permitamos que haya más competencia en la industria; no menos. No blindemos necesariamente a los que están. Con esto quiero hacer notar que, cuando hablo del primer punto, afecto a otros intereses que cuando hablo del segundo punto; lo hago deliberadamente, porque creo que el objetivo de la ley no debe ser favorecer a uno u otro, sino proteger el bien común y, sobre todo, el medio ambiente.
Tercero, esta iniciativa es regresiva porque limita los incentivos no solo a la competencia, sino también a la investigación, al desarrollo y a la generación de biocombustibles de segunda y tercera generación, que bien podrían ser producidos por los mismos jugadores que producen biocombustibles de derivados de la soja, de la caña o de lo que sea. Podrían ser los mismos actores que innoven y aprovechen este beneficio; pero, sin embargo, los blindamos, porque el objetivo de este proyecto de ley no es ambiental, sino sectorial.
De este revoleo de ambiente versus sectores sale este híbrido, un caballo con dos jorobas y cinco patas que todavía estamos a tiempo de revisar porque no se firmó el dictamen; si hubiese sido firmado, también podríamos modificarlo aquí o en el recinto.
Entonces, si estamos preocupados por el medio ambiente debemos procurar que haya más investigación, más desarrollo, más tecnología y permitir que entren a la cancha todos los jugadores que puedan bajar los costos de generación de biocombustibles. Esto, por dos razones: primero, por el planeta; segundo, por los consumidores, que son los que pagan en el surtidor el sobrecosto de esta mejora ambiental. Si cerramos un club de jugadores, un nicho de mercado, no le hacemos un bien al planeta ni a los consumidores.
De más está decir que el campo argentino no necesita de esta cuestión de los biocombustibles para sobrevivir; ni los sojeros ni los chacareros. Lo que necesitan es que los dejen producir y exportar, justamente todo lo que no estamos haciendo, ya que ayer se cerraron las exportaciones de carne. No es un tema del campo argentino, sino una cuestión de medio ambiente, de un sector industrial pujante al cual tenemos que apoyar y, al mismo tiempo, hacer competir, porque crear un nicho cerrado de jugadores protegidos puede servir al secretario de Energía de turno para tener mucho más poder y discrecionalidad, pero al planeta ni a Santa Fe ni a la Nación ni al Neuquén ni a nadie, porque es el modelo de renta chiquita para unos pocos que queda ahí y no crece nunca más.
Me parece que un poco es esto lo que refleja el proyecto de ley en tratamiento que, insisto, es perfectible porque todavía estamos a tiempo de modificarlo.
Por último, básicamente es regresivo porque es el paroxismo de la discrecionalidad. Lo que necesita el sector son reglas; los empresarios, los mismos que están mirándonos por televisión, siempre dicen que necesitan reglas estables no solo para asegurar toda la plata que pusieron -que es cierto, como lo es también que obtuvieron una rentabilidad durante todos estos años-, sino también hacia adelante. El empresario, muchas veces prefiere reglas claras, aunque no lo favorezcan tanto, antes que la discrecionalidad, que lo obliga a estar todos los días mendigando en el despacho oficial de turno para ver qué le toca ese mes. A esto están acostumbrados todos los empresarios argentinos, por supuesto; y si seguimos creando estos regímenes de mayor discrecionalidad, cada día será peor.
También es regresivo porque no habrá más inversión en el sector; ni aun en este club de empresas grandes o chicas -algunas de las cuales están por debajo de su capacidad, aunque hasta hace poco estaban a pleno- en un marco de tanta discrecionalidad como el que implica este proyecto de ley.
Por todas estas razones, estamos en contra de esta iniciativa; pero, como insistimos en que algunos de estos aspectos pueden ser revisados para mejorar, dentro de los márgenes posibles, la propuesta del oficialismo -que, de alguna forma, ha tratado de encajar dentro de un proyecto un montón de restricciones que son entendibles, aunque han generado estas inconsistencias que he planteado-, damos este debate respecto al contenido y no la rechazamos absolutamente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Tiene la palabra el señor diputado Zottos.
SR. ZOTTOS Señor presidente: no sé si me escucha bien.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Sí, señor diputado. Se lo escucha bien.
SR. ZOTTOS Señor presidente: agradezco tanto a usted como al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En estos momentos me encuentro en mi despacho; no he podido concurrir a la reunión porque no tengo aún el resultado del hisopado. Sin embargo, no quería dejar de participar.
Adelanto que voy a acompañar el dictamen de mayoría. En su momento, cuando vino el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, brindé mi postura cuando planteé que, lo que corresponde a nosotros en el norte del país respecto de la caña de azúcar, se ha cumplido. Debo reconocer que hemos trabajado en forma conjunta con usted, señor presidente, y también con el señor diputado Cleri en este tema. He enviado algunas sugerencias, que me las están aceptando, y otras que espero sean incorporadas de aquí hasta que el asunto sea tratado en el recinto.
Esos son los motivos por los cuales voy a acompañar esta iniciativa. Seguramente plantearé algunos puntos sobre los que tengo cierta disidencia, pero voy a acompañar el dictamen de mayoría.
Sin embargo, quiero resaltar algo. No reiteraré lo que ya dije en la sesión pasada y reservaré algunas opiniones para el momento en el que el proyecto sea tratado en el recinto. Yo escuché a todos, y me hubiera gustado que esta iniciativa sea fruto del consenso porque es una política de Estado, como dijeron algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Quiero apelar a la memoria. Tengo en mi poder -en este momento, no se ve mi imagen en pantalla- el detalle de la votación del proyecto de ley sancionado bajo el número 26.093; es decir, la norma cuya prórroga ahora se solicita.
En verdad, me sorprendo cuando escucho hablar a algunos diputados porque esta norma fue aprobada por 184 votos afirmativos, 11 abstenciones y un voto negativo; eran 60 los legisladores ausentes. Entre las abstenciones, está la del señor diputado Omar Bruno De Marchi; él se abstuvo de votar. No sé si esto ustedes lo saben; tengo acá cómo fue la votación de cada uno de los diputados y puedo decir que hasta Macri estuvo ausente. El señor diputado Ritondo también se abstuvo. No sé si ahora que se ve mi imagen pueden apreciar en esta lista cuál fue la posición del señor diputado De Marchi.
Me llena de orgullo que hoy hablen maravillas de esta ley y pidan la prórroga. ¡Los felicito! Bienvenido que se hayan dado cuenta; pero, nadie resiste un archivo.
No quiero extenderme más, pues me voy a reservar para el momento en que el tema sea tratado en sesión. Solo aclaro que en su momento yo trabajé sobre el proyecto.
Lo que ahora ocurre con esta iniciativa es lo mismo que pasa en muchas otras situaciones. Disculpen que traiga el tema aquí, pero lo mismo pasa con las vacunas; nos dijeron de todo, y hoy son muchos los grandes vacunadores. Dejémoslo ahí, porque es harina de otro costal.
Aquí, en esta planilla, está el pasado; vemos qué ocurrió cuando se sancionó aquel proyecto de ley. Yo invito a los señores legisladores a que se remitan. Esto fue algo novedoso e innovador para nuestro país y para Latinoamérica. Hemos sido pioneros y esto es lo bueno.
Adelanto que voy a acompañar el dictamen de mayoría. En su momento, cuando vino el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, brindé mi postura cuando planteé que, lo que corresponde a nosotros en el norte del país respecto de la caña de azúcar, se ha cumplido. Debo reconocer que hemos trabajado en forma conjunta con usted, señor presidente, y también con el señor diputado Cleri en este tema. He enviado algunas sugerencias, que me las están aceptando, y otras que espero sean incorporadas de aquí hasta que el asunto sea tratado en el recinto.
Esos son los motivos por los cuales voy a acompañar esta iniciativa. Seguramente plantearé algunos puntos sobre los que tengo cierta disidencia, pero voy a acompañar el dictamen de mayoría.
Sin embargo, quiero resaltar algo. No reiteraré lo que ya dije en la sesión pasada y reservaré algunas opiniones para el momento en el que el proyecto sea tratado en el recinto. Yo escuché a todos, y me hubiera gustado que esta iniciativa sea fruto del consenso porque es una política de Estado, como dijeron algunos diputados que me precedieron en el uso de la palabra.
Quiero apelar a la memoria. Tengo en mi poder -en este momento, no se ve mi imagen en pantalla- el detalle de la votación del proyecto de ley sancionado bajo el número 26.093; es decir, la norma cuya prórroga ahora se solicita.
En verdad, me sorprendo cuando escucho hablar a algunos diputados porque esta norma fue aprobada por 184 votos afirmativos, 11 abstenciones y un voto negativo; eran 60 los legisladores ausentes. Entre las abstenciones, está la del señor diputado Omar Bruno De Marchi; él se abstuvo de votar. No sé si esto ustedes lo saben; tengo acá cómo fue la votación de cada uno de los diputados y puedo decir que hasta Macri estuvo ausente. El señor diputado Ritondo también se abstuvo. No sé si ahora que se ve mi imagen pueden apreciar en esta lista cuál fue la posición del señor diputado De Marchi.
Me llena de orgullo que hoy hablen maravillas de esta ley y pidan la prórroga. ¡Los felicito! Bienvenido que se hayan dado cuenta; pero, nadie resiste un archivo.
No quiero extenderme más, pues me voy a reservar para el momento en que el tema sea tratado en sesión. Solo aclaro que en su momento yo trabajé sobre el proyecto.
Lo que ahora ocurre con esta iniciativa es lo mismo que pasa en muchas otras situaciones. Disculpen que traiga el tema aquí, pero lo mismo pasa con las vacunas; nos dijeron de todo, y hoy son muchos los grandes vacunadores. Dejémoslo ahí, porque es harina de otro costal.
Aquí, en esta planilla, está el pasado; vemos qué ocurrió cuando se sancionó aquel proyecto de ley. Yo invito a los señores legisladores a que se remitan. Esto fue algo novedoso e innovador para nuestro país y para Latinoamérica. Hemos sido pioneros y esto es lo bueno.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Continúa en la lista de oradores el señor diputado Cleri; pero, por haber sido aludido, pide la palabra el señor diputado De Marchi.
Tiene la palabra el señor diputado De Marchi.
Tiene la palabra el señor diputado De Marchi.
SR. DE MARCHI Seré muy breve, señor presidente.
Agradezco la referencia del diputado Zottos, quien en aquella época presidía el Partido Renovador de Salta. Teníamos mucha afinidad, antes de que votara a favor del paquete de democratización de la Justicia que lo transformó en kirchnerista de una semana a la otra por aquellos años.
En aquel momento nos abstuvimos porque queríamos una mejor ley, siempre apuntando a eliminar cualquier viso de discrecionalidad que eventualmente tuviera esa o cualquier otra norma. Ese fue el motivo central. En aquellos tiempos llevamos a cabo un trabajo denodado. Junto a otros diputados, entre ellos el colega Alfredo "Freddy" Fernández -quien falleció hace algunos años y en aquel entonces fue uno de los legisladores más comprometidos en el justicialismo- trabajamos en favor de esa iniciativa. Nosotros siempre buscamos una mayor competitividad para alentar el ingreso de más actores en el sector. De allí la abstención; no fue un voto en contra, sino un voto sostenido en la abstención para intentar mejorar algunos aspectos que finalmente no logramos. Si la ley 26.093, con los márgenes de discrecionalidad que obtuvo, fue buena, si se hubiera tomado en cuenta lo que planteamos en aquel momento, seguramente hubiera sido mejor. En mi caso, diputado Zottos, tengo la coherencia de haberme mantenido siempre en la misma vereda.
Agradezco la referencia del diputado Zottos, quien en aquella época presidía el Partido Renovador de Salta. Teníamos mucha afinidad, antes de que votara a favor del paquete de democratización de la Justicia que lo transformó en kirchnerista de una semana a la otra por aquellos años.
En aquel momento nos abstuvimos porque queríamos una mejor ley, siempre apuntando a eliminar cualquier viso de discrecionalidad que eventualmente tuviera esa o cualquier otra norma. Ese fue el motivo central. En aquellos tiempos llevamos a cabo un trabajo denodado. Junto a otros diputados, entre ellos el colega Alfredo "Freddy" Fernández -quien falleció hace algunos años y en aquel entonces fue uno de los legisladores más comprometidos en el justicialismo- trabajamos en favor de esa iniciativa. Nosotros siempre buscamos una mayor competitividad para alentar el ingreso de más actores en el sector. De allí la abstención; no fue un voto en contra, sino un voto sostenido en la abstención para intentar mejorar algunos aspectos que finalmente no logramos. Si la ley 26.093, con los márgenes de discrecionalidad que obtuvo, fue buena, si se hubiera tomado en cuenta lo que planteamos en aquel momento, seguramente hubiera sido mejor. En mi caso, diputado Zottos, tengo la coherencia de haberme mantenido siempre en la misma vereda.
SR. ZOTTOS Disculpe, señor presidente.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor diputado: no podemos polemizar...
SR. ZOTTOS Señor presidente: las verdades a medias son mentiras. Que el diputado De Marchi diga cuáles eran esos planteos que mejoraban el texto...
SR. PRESIDENTE FÉLIX Señor diputado Zottos: no podemos polemizar.
SR. ZOTTOS Además, él venía de "los gansos"; no era del partido de Macri.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Le repito que no podemos polemizar, señor diputado.
SR. ZOTTOS ¡Hablemos, diputado De Marchi!
SR. DE MARCHI Ya ha habido muchos kirchneristas hablando como usted, diputado Zottos.
SR. ZOTTOS Yo me refería a la ley...
SR. DE MARCHI Son varios los diputados kirchneristas defendiendo esa posición. No hace falta uno más.
SR. PRESIDENTE FÉLIX. Señor diputado Zottos: yo le pido...
SR. ZOTTOS Yo hablé de la ley y de cómo votó el diputado De Marchi. He sido claro. No he tocado nada político. No pasa por el kirchnerismo ni por el partido radical, sino por la postura de cada uno y por la forma como se trabaja. Son buenos de la boca para fuera...
SR. PRESIDENTE FÉLIX Corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Cleri.
SR. CLERI Señor presidente: creo que está pidiendo una interrupción el señor diputado Martínez.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Martínez.
SR. MARTÍNEZ Señor presidente: invita al debate y a la respuesta la intervención del diputado preopinante.
Antes de que haga uso de la palabra el compañero de bloque diputado Cleri, quiero referirme a algunos comentarios que se hicieron, que creo pueden servir.
Se está hablando de revisar el corte del 5 por ciento. Si nosotros aprobáramos el dictamen de minoría, que propone la prórroga de la ley 26.093, el corte del biodiesel sería del 5 por ciento. Ahora bien, si lo que se quiere es poner la vara en la dirección de las distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, tendría que presentarse otro proyecto tendiente a ese porcentaje de corte. Lo digo porque las dos iniciativas en discusión, es decir, esta propuesta y la prórroga de la ley 26.093, establecen el corte del 5 por ciento.
En segundo lugar, quiero mencionar lo siguiente. Escuché con atención la intervención del señor diputado Laspina. Nada imposibilita que podamos pensar más adelante en un proyecto que apunte a promociones de los combustibles de segunda y tercera generación. Esto no impide el camino futuro.
Así como venimos de un camino recorrido, hoy estamos planteando esto. ¿Qué impide que lo podamos hacer a futuro? Me parece que, inclusive, puede quedar como un desafío interesante de poder abordar.
En tercer lugar, respecto del corte de bioetanol a base de caña de azúcar, se cuestionó que se garantizase en todo momento el 6 por ciento. Pero, eso no es casual, ya que la caña no es un commodity; no tiene los vaivenes de la soja y el maíz.
Nosotros ya sabemos, y hoy está mucho más disparado que cuando en 2006 discutimos sobre la recuperación de YPF, que tanto en los hidrocarburos, como así también en la soja y el maíz, hay un componente que excede claramente la oferta y la demanda. En cambio, la caña necesita una previsibilidad a la hora de llevar adelante las tareas de producción y de siembra.
Por otro lado, sí escuchamos a los productores; si no, cada uno de los que vienen a la comisión hace el recorte que más le conviene. Hay productores que nos dijeron que la prórroga de la ley 26.093 así como está es la destrucción de las pymes productoras de biodiesel en Santa Fe. La prórroga corta es más de lo mismo, ya que las pymes no tienen espaldas suficientemente grandes.
Este proyecto de ley es un punto de partida. Si queremos seguir como estamos, votemos la prórroga; pero, van a quebrar todas las pymes. Esto también se dijo en el ámbito de discusión de las comisiones.
Por último, me parece que si hay un aprendizaje -no se dijo mucho hoy, si bien el diputado Casaretto, metódico en sus discursos como siempre, lo planteó- respecto al año 2006 es que más que nunca es necesario contemplar los dos factores al mismo tiempo: el porcentaje de corte y el precio. En el año 2006 pusimos mucho más énfasis en el porcentaje de corte que en el precio. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que ambos componentes tienen que ir juntos. Nosotros tuvimos momentos de un corte muy alto; pero, como no se fijaba precio, la industria no producía. Me parece que ahí vamos encontrando un camino donde precio y porcentaje de corte puedan caminar de la mano.
Antes de que haga uso de la palabra el compañero de bloque diputado Cleri, quiero referirme a algunos comentarios que se hicieron, que creo pueden servir.
Se está hablando de revisar el corte del 5 por ciento. Si nosotros aprobáramos el dictamen de minoría, que propone la prórroga de la ley 26.093, el corte del biodiesel sería del 5 por ciento. Ahora bien, si lo que se quiere es poner la vara en la dirección de las distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, tendría que presentarse otro proyecto tendiente a ese porcentaje de corte. Lo digo porque las dos iniciativas en discusión, es decir, esta propuesta y la prórroga de la ley 26.093, establecen el corte del 5 por ciento.
En segundo lugar, quiero mencionar lo siguiente. Escuché con atención la intervención del señor diputado Laspina. Nada imposibilita que podamos pensar más adelante en un proyecto que apunte a promociones de los combustibles de segunda y tercera generación. Esto no impide el camino futuro.
Así como venimos de un camino recorrido, hoy estamos planteando esto. ¿Qué impide que lo podamos hacer a futuro? Me parece que, inclusive, puede quedar como un desafío interesante de poder abordar.
En tercer lugar, respecto del corte de bioetanol a base de caña de azúcar, se cuestionó que se garantizase en todo momento el 6 por ciento. Pero, eso no es casual, ya que la caña no es un commodity; no tiene los vaivenes de la soja y el maíz.
Nosotros ya sabemos, y hoy está mucho más disparado que cuando en 2006 discutimos sobre la recuperación de YPF, que tanto en los hidrocarburos, como así también en la soja y el maíz, hay un componente que excede claramente la oferta y la demanda. En cambio, la caña necesita una previsibilidad a la hora de llevar adelante las tareas de producción y de siembra.
Por otro lado, sí escuchamos a los productores; si no, cada uno de los que vienen a la comisión hace el recorte que más le conviene. Hay productores que nos dijeron que la prórroga de la ley 26.093 así como está es la destrucción de las pymes productoras de biodiesel en Santa Fe. La prórroga corta es más de lo mismo, ya que las pymes no tienen espaldas suficientemente grandes.
Este proyecto de ley es un punto de partida. Si queremos seguir como estamos, votemos la prórroga; pero, van a quebrar todas las pymes. Esto también se dijo en el ámbito de discusión de las comisiones.
Por último, me parece que si hay un aprendizaje -no se dijo mucho hoy, si bien el diputado Casaretto, metódico en sus discursos como siempre, lo planteó- respecto al año 2006 es que más que nunca es necesario contemplar los dos factores al mismo tiempo: el porcentaje de corte y el precio. En el año 2006 pusimos mucho más énfasis en el porcentaje de corte que en el precio. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta de que ambos componentes tienen que ir juntos. Nosotros tuvimos momentos de un corte muy alto; pero, como no se fijaba precio, la industria no producía. Me parece que ahí vamos encontrando un camino donde precio y porcentaje de corte puedan caminar de la mano.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Pide otra interrupción la señora diputada Latorre.
SR. CLERI Sí, señor diputado.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Pido brevedad, porque ya estamos muy ajustados con el tiempo.
Tiene la palabra la señora diputada Latorre.
Tiene la palabra la señora diputada Latorre.
SRA. LATORRE Señor presidente: agradezco al señor diputado Cleri por concederme la interrupción.
Quiero hacer algunas aclaraciones antes del cierre, ya que estamos sobre el límite de tiempo. Como dije hace instantes, comparto que deberíamos haber dado una discusión más amplia y superadora. Soy autora de un proyecto para que la prórroga de los cuatro años que quedan -seamos conscientes de que el plazo de la promoción sancionada en 2006 era de quince años en total a contar desde la puesta en vigor en 2011, con lo cual queda la posibilidad de otros cuatro años-, la utilicemos para hacer nuestro trabajo como corresponde, sobre datos objetivos y con una planificación a futuro, en los próximos diez o quince años, en el marco de un plan integral y con miras a una reconversión de la matriz energética. Es decir, crecer, ir hacia adelante.
Este proyecto -que, como han dicho algunos colegas, se retrotrae a, por lo menos, veinte años y tira por la borda el esfuerzo realizado-, una vez más establece una dicotomía entre economía y crecimiento de las pymes. A esto debemos agregar la certidumbre con la discrecionalidad que ponen en el texto del proyecto; la previsibilidad con la arbitrariedad y las facultades discrecionales que le dan a la autoridad de aplicación, y el crecimiento con los límites en los que ya estamos respecto a la emisión.
Seamos conscientes de que no es una cuestión del lobby de las petroleras versus los lobbies de quienes se disfrazan de ambientalistas. El guante del ambientalismo lo tenemos que recoger todos los legisladores porque se trata de una política de Estado que debemos resguardar todos, más allá de cuál sea el sector al que pretendan defender unos u otros.
Entonces, como legisladores, es nuestra responsabilidad hacer un análisis de la promoción que estuvo vigente -si fue buena, bienvenida sea- y de hacia dónde vamos en los próximos años. Para eso es importante que, sin sacar el sostén a las actividades que hoy dan empleo y generan riqueza, podamos planificar sensata y responsablemente el crecimiento para ampliar la frontera productiva y las tecnologías, para que podamos producir más y mejor y, en lugar de repartir miseria, redistribuyamos riqueza en los próximos quince años.
Quiero hacer algunas aclaraciones antes del cierre, ya que estamos sobre el límite de tiempo. Como dije hace instantes, comparto que deberíamos haber dado una discusión más amplia y superadora. Soy autora de un proyecto para que la prórroga de los cuatro años que quedan -seamos conscientes de que el plazo de la promoción sancionada en 2006 era de quince años en total a contar desde la puesta en vigor en 2011, con lo cual queda la posibilidad de otros cuatro años-, la utilicemos para hacer nuestro trabajo como corresponde, sobre datos objetivos y con una planificación a futuro, en los próximos diez o quince años, en el marco de un plan integral y con miras a una reconversión de la matriz energética. Es decir, crecer, ir hacia adelante.
Este proyecto -que, como han dicho algunos colegas, se retrotrae a, por lo menos, veinte años y tira por la borda el esfuerzo realizado-, una vez más establece una dicotomía entre economía y crecimiento de las pymes. A esto debemos agregar la certidumbre con la discrecionalidad que ponen en el texto del proyecto; la previsibilidad con la arbitrariedad y las facultades discrecionales que le dan a la autoridad de aplicación, y el crecimiento con los límites en los que ya estamos respecto a la emisión.
Seamos conscientes de que no es una cuestión del lobby de las petroleras versus los lobbies de quienes se disfrazan de ambientalistas. El guante del ambientalismo lo tenemos que recoger todos los legisladores porque se trata de una política de Estado que debemos resguardar todos, más allá de cuál sea el sector al que pretendan defender unos u otros.
Entonces, como legisladores, es nuestra responsabilidad hacer un análisis de la promoción que estuvo vigente -si fue buena, bienvenida sea- y de hacia dónde vamos en los próximos años. Para eso es importante que, sin sacar el sostén a las actividades que hoy dan empleo y generan riqueza, podamos planificar sensata y responsablemente el crecimiento para ampliar la frontera productiva y las tecnologías, para que podamos producir más y mejor y, en lugar de repartir miseria, redistribuyamos riqueza en los próximos quince años.
SR. PRESIDENTE FÉLIX Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Cleri.
SR. CLERI Señor presidente: trataré de compartir una información que fuimos elaborando para enriquecer el debate y de sumar, a los distintos puntos de vista, los aspectos fuertes del actual régimen y la posibilidad de tener un nuevo marco normativo en el que cada uno de nosotros construyamos una política pública que trascienda al actual gobierno.
En el año 2006 tuvimos la posibilidad de marcar un camino y un horizonte; la generación de biocombustibles en la Argentina apuntaba principalmente a la exportación.
Como se puede ver, el nuevo marco normativo es producto de una ley consensuada con el sector productivo y con las economías regionales. Cuando decimos "sector productivo" nos referimos a cada una de las cámaras. Se ha dialogado, se ha consensuado, se ha podido avanzar en el entendimiento de que tenemos que apuntalar un proyecto de desarrollo nacional. Con cada una de ellas -la cámara de biocombustibles de Santa Fe, de Córdoba y de otras provincias, principalmente las del sector del azúcar- fuimos construyendo este nuevo marco normativo sabiendo que pedían más previsibilidad, ya que necesitaban una cantidad de tiempo mayor.
¿Por qué la previsibilidad requiere mayor cantidad tiempo y no sirve una prórroga corta y tampoco una hasta 2023? Principalmente porque, en la actualidad, para que les pueda dar crédito el sector financiero, necesitan de una ley con mucho más tiempo.
En segundo lugar, precisan adquirir los insumos que les permitan producir tanto biodiesel como bioetanol. Necesitan que se los vendan y, muchas veces, deben trabajar con el crédito que les da el mismo productor de esos insumos.
Atento a que el escenario fue modificándose de diciembre a la actualidad, junto con las cámaras, legisladores de distintos bloques pudimos ir construyendo este nuevo marco normativo. A lo mejor no se obtuvo el ciento por ciento de lo que quería cada una de ellas; pero, sí se obtuvo cerca del 80 por ciento, lo cual representa la posibilidad de tener un ciento por ciento a favor de un modelo de desarrollo nacional. ¿Qué significa esto? No es que cada uno consigue el ciento por ciento de lo que quiere; se pretende alcanzar el ciento por ciento de lo que resulta beneficioso para la Argentina.
Esto está representado en este marco normativo, en este proyecto que busca un equilibrio federal y evitar la judicialización. Esto es muy importante, porque el régimen de promoción de la ley 26.093 hoy está judicializado, principalmente por una empresa que sola se está quedando con el 10 por ciento del corte que debería ser para empresas de menor escala.
Con este nuevo marco normativo buscamos dejar atrás la judicialización, tener reglas claras y previsibilidad. La autoridad de aplicación ha llegado a acuerdos con cada una de las cámaras. En la actualidad, le han pedido una reunión para fijar precios y discutir el corte, de la misma manera que en diciembre y en enero de este año. La resolución 1/21, por ejemplo, baja el corte de biodiesel y garantiza el precio en una ecuación de previsibilidad, que es lo que permite generar empleo, mantener todas y cada una de las fuentes de trabajo y, principalmente, salir adelante en esta coyuntura compleja de precios muy altos de commodities, como veremos posteriormente.
Asimismo, este proyecto permite proteger el empleo. Nosotros necesitamos tener previsibilidad cuando se defina el corte, cuando se defina el precio, porque ello permitirá a las empresas de menor escala -popularmente llamadas pymes- trabajar. No comenzar y parar, comenzar y parar, sino tener todo el año la posibilidad de trabajar a un precio establecido, de conseguir los insumos necesarios para producir el biocombustible y, por supuesto, de venderlo después al precio fijado por la secretaría. Dicho valor debe generar a las pymes, a las empresas de menor escala, una rentabilidad determinada que, por supuesto, no impacte directamente en el surtidor en caso de que el commodity se dispare. También esto lo veremos posteriormente.
Asimismo, se crea una comisión especial asesora. La ley 26.093 contemplaba esta comisión especial, pero la nueva comisión especial incorpora a las provincias productoras como asesores y también al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Desarrollo Productivo, a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía. Además, tiene la obligación de elaborar una planificación estratégica para poder desarrollar los biocombustibles.
A partir de ahí, ingresa la posibilidad de pensar los biocombustibles de segunda y tercera generación. Pero para poder hacerlo necesitamos que nuestras pymes, nuestras empresas de menor escala, tengan arraigo, desarrollo y estén en funcionamiento para que puedan trabajar en la producción de los biocombustibles de segunda y de tercera generación, en asociación -esto será una discusión- con quienes lo deban comercializar.
Otro avance muy importante es que en la misma norma estamos estableciendo que el biodiesel y el bioetanol no tributen el impuesto a los combustibles líquidos ni tampoco el impuesto sobre el dióxido de carbono. Esto constituye una garantía muy importante para cumplir con el Acuerdo de París, porque además del corte -que lo mantenemos en el 5 por ciento, como lo establece la ley 26.093- existe un respaldo impositivo en este sentido porque no tributan.
Asimismo, incorporamos algo que no estaba en la legislación, ya que las leyes 26.344 y 26.093 necesitaban que incorporemos en este nuevo marco normativo el debate sobre la producción de bioetanol de maíz y bioetanol a base de caña de azúcar, incluido en el proyecto y tratado de manera diferencial, atento a que si bien se produce bioetanol en ambos sentidos, lo más importante es poder discernir el insumo, tanto en el aceite de soja para el biodiesel y en la caña de azúcar para el bioetanol, como en el bioetanol a base de maíz.
Además de la actualización de las sanciones, y principalmente observando el proyecto con una mirada integral, tenemos también un régimen de sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? En la actualidad, como posteriormente vamos a ver -aquí lo vamos a empezar a observar-, tenemos en los últimos doce meses un aumento del 111 por ciento en el insumo principal para hacer el biodiesel, que es el aceite de soja. En los últimos once meses, hubo un aumento del 63 por ciento en el maíz.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dotar de las herramientas suficientes para que el sector privado, junto con el sector público, tengan la posibilidad de planificar durante este año la inversión privada, y también la planificación estratégica en la transición energética de la Argentina, cuidando el bolsillo de los argentinos y argentinas, de manera adecuada y acorde.
Esto que se está planteando en este proyecto de ley es lo que aquí se ve que se hizo en este punto principal, entre la Secretaría de Energía en enero de este año y las cámaras productoras de biocombustibles.
Como se puede observar, empezó el corte en el 5 por ciento del biodiesel; luego, por resolución, se llevó a un corte del 10 por ciento. Durante cuatro años, desde 2016 hasta 2019 inclusive, el corte era del 10 por ciento; pero durante un año no fijaron precio, y durante tres años, cuando establecieron precio en la fórmula polinómica -precio que debía fijar la Secretaría de Energía-, este no alcanzaba a cubrir la rentabilidad de las empresas pymes. Con lo cual, hubo una empresa que antes de comenzar a funcionar y producir biocombustible, tuvo que cerrar. Dicha empresa estaba situada en la provincia de Santiago del Estero, se desmanteló y se vendió como chatarra. Entonces, había 55 plantas de biocombustible; hoy hay 54, y hay una que cerró durante los cuatro años del gobierno anterior.
Si vamos a hablar de números, de datos objetivos, de quiénes promocionaron este régimen, y principalmente de los resultados, estos están a la vista: entre 2006 y 2015 había un criterio de acompañamiento al sector, donde la Secretaría de Energía priorizaba la distribución del cupo de acuerdo con el corte para las empresas de menor escala. A partir de ahí se iba elevando, tanto para el bioetanol como para el biodiesel. Pero durante los años 2016 a 2019, directamente se quiso que los biocombustibles dejasen de tener el beneficio de no pagar el ICL. Esto lo decía Lopetegui.
Es decir que entre 2016 y 2019, después de la gestión de Aranguren, el secretario de Energía del gobierno anterior quería que los biocombustibles pagaran el impuesto a los combustibles líquidos, argumentando que esa era una exención que debía terminar. Querían que pagasen el ICO, diciendo que era una exención que debía terminar. Además, tenían un corte por resolución, pero no había precio.
Con la sanción de esta ley nosotros buscamos generar previsibilidad, estabilidad y cuidar las fuentes laborales, que es el objetivo principal.
Aquí podemos ver cómo desde diciembre de 2020 hasta la actualidad el corte, que venía en el 10 por ciento, baja al 5 por ciento. Cuando baja al 5 por ciento, lo primero que tenemos que ver es que fue un acuerdo entre todas las cámaras del sector productor de biocombustibles, específicamente el biodiesel, aunque también hubo una baja en el corte de bioetanol. Pero para actualizar cuatro años que no tuvieron precio, decidieron bajar el corte, tener precio para volver a trabajar y marcar un sendero de crecimiento, como lo establecía, para volver hasta el 10 por ciento.
En la actualidad, las tres cámaras productoras de biodiesel le pidieron una reunión de urgencia al secretario de Energía, atento que están las plantas paralizadas y necesitan precio.
Lo que estamos planteando en esta norma puede ser una solución innovadora, ya que en su momento ellos plantearon en enero bajar el corte y garantizar el precio.
Todo esto es posible gracias a que construimos un articulado en el que, como aquí se ve, el corte obligatorio del biodiesel es del 5 por ciento. Empezamos en el 5, al igual que en la ley 26.093.
Teniendo en cuenta que los precios de los commodities en la actualidad han subido muchísimo -como aquí se ve-, podemos decir que el articulado que estamos proponiendo busca dar respuestas claras, precisas y objetivas. Aquello que en enero de este año terminaron de consensuar la Secretaría de Energía con la cámara, ahora lo estamos poniendo como datos y parámetros objetivos en la ley. Por lo tanto, todo funcionario -secretario de Energía, autoridad de aplicación- de los futuros gobiernos y del actual, tiene los parámetros claros.
Cuando el aumento del commodity termina incidiendo en el precio del combustible para poder cumplimentar con el corte y con el precio generando una rentabilidad determinada, lo que puede hacer la autoridad de aplicación es aumentar el precio y bajar el corte para garantizar las fuentes laborales, de manera que esto no tenga un impacto en la micro y en la macroeconomía.
¿Puede ser esto coyuntural? Sí, puede serlo. Pero tenemos que hacer una previsión a dos años vista. Como se ve aquí, estamos en mayo de 2021, aún el proyectado a futuro del precio del aceite de soja va a seguir en precios muy altos. El proyectado futuro de lo que es el maíz va a seguir en precios muy altos. Con lo cual, con las herramientas que estamos construyendo con claros criterios objetivos, en donde la autoridad de aplicación tiene las facultades de hacerlo pero con el objetivo principal de que las empresas de biocombustibles funcionen, que las fuentes laborales se continúen manteniendo y, por supuesto, teniendo un horizonte de previsibilidad, cuidando las empresas de menor escala, buscando que el precio del combustible en el surtidor no aumente, consideramos que esta ley estará dando las respuestas necesarias.
Por supuesto, la norma también tiene un capítulo sobre sustitución de importaciones. Como muy bien han expresado los legisladores preopinantes de nuestro bloque, esto es parte del equilibrio de entender una ley de forma integral. Lo hacemos en el entendimiento de que este es el comienzo de un proyecto de acuerdo político, económico y social que venga a dar respuesta para tener un modelo de desarrollo que cuide las fuentes laborales y logre una transición energética en favor de la Argentina, teniendo en cuenta que los años 2016 a 2019 fueron aquellos en los que más se ha importado gasoil.
Si nos proyectarnos a aquel momento, podemos decir lo siguiente. Número uno: los biocombustibles tenían corte, pero no tenían precio; no estaban funcionando, no hubo sustitución de importaciones. Número dos: la economía no estaba en pleno desarrollo ni crecimiento. ¿Por qué se estaba importando tanto gasoil, si la economía no estaba en crecimiento? El gasoil se importaba porque no estaban cortando biocombustibles.
Podemos decir, entonces, que durante cuatro años -entre 2016 y 2019- no se cortaron biocombustibles, se importó el gasoil, y hoy están a favor de la prórroga de una ley para poder seguir en un camino, que no es el verdadero camino que debemos tomar para tener una transición energética en la Argentina.
Asimismo, a diferencia de lo que pasa este año, también se importó nafta durante tres años. Pero esto no pasó antes de 2015 y tampoco está pasando ahora en la Argentina con gobiernos que piensan en la producción nacional y en el desarrollo, como lo hizo el gobierno de 2003 a 2015 y lo hace el actual. Durante tres años se importó nafta por 1.600 millones y no se sustituyó por bioetanol, porque este también tenía corte, pero no tenía precio. Sin embargo, vemos que hoy desde la oposición están planteando una defensa a ultranza de este proyecto, o de la prórroga, a pesar de que no han podido resolver esta situación.
Entonces, creemos que este marco normativo es muy importante porque viene a dar respuestas para construir un proyecto superador en la nueva etapa; porque cuida lo mejor que ha desarrollado la ley de promoción de biocombustibles, 26.093; porque en esta nueva etapa debemos contar con mecanismos claros y precisos para que no se judicialice la norma y se dé respuesta al sector de empresas de menor escala y, por supuesto, porque se tiende al crecimiento. Asimismo, esta norma prevé cuidar todas y cada una de las fuentes laborarles.
Debemos pensar en esa comisión especial en cómo proyectamos los biocombustibles a futuro, incorporando los de segunda y tercera generación. Además, si en el futuro los commodities bajan y sube el precio internacional de la nafta, tenemos los artículos 16 y 17, que con claridad permiten, si el mercado así lo dispone y para tener parámetros objetivos, la sustitución de importaciones.
Señor presidente: quiero decir, además, que vamos a hacer unas modificaciones al proyecto de ley que se ha presentado. Haremos una modificación al artículo 14, por pedido de los legisladores de las provincias de San Luis y La Pampa. Entendíamos que el pedido ya estaba incorporado en el artículo 14, como se ve en la parte de abajo, pero para tener una visión general y mayor claridad, incorporamos el texto resaltado. Consecuentemente, el artículo 14 quedará redactado así: "Las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles que establezca la autoridad de aplicación, deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción."
Si logramos la sanción definitiva, seguramente más adelante el Poder Ejecutivo nacional trabajará en su reglamentación para clarificar la situación y llevar tranquilidad a las empresas instaladas en el interior del país, cumpliendo con el espíritu fundamental consagrado en la ley 26.093 de 2006, a partir de un proyecto propuesto, ideado e impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner.
Asimismo, para lograr mayor claridad en la redacción del proyecto y no tener ningún inconveniente en la judicialización que algunos están intentando plantear antes de que la ley se pueda plasmar, se eliminará la palabra "mínimo" de todos y cada uno de los artículos, sobre todo en los artículos 8° y 12. Consecuentemente, el texto del artículo 8° quedaría redactado así: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel -conforme a la normativa de calidad de combustible vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá tener un porcentaje obligatorio de biodiesel de cinco por ciento (5%), en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final." El resto del articulado queda redactado igual.
Lo mismo con respecto al artículo 9°, que quedaría redactado así: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como nafta -conforme a la normativa de calidad de combustible vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje obligatorio de bioetanol del doce por ciento (12%), en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final."
Por supuesto, seguiremos debatiendo todas las consideraciones con cada uno de los legisladores a los que les interesa este tema. También trabajaremos para que en la reglamentación de esta ley, si logramos la sanción definitiva, sea incorporada cada una de sus propuestas.
Sabemos que necesitamos de la "Vaca viva" y de la "Vaca Muerta", sabemos que necesitamos un proyecto de desarrollo productivo que incorpore valor agregado, arraigo, sustentabilidad y, principalmente, que cuide el ambiente. Este nuevo marco normativo irá en ese sentido. Por ello, es muy importante el amplio apoyo obtenido hoy en las dos comisiones. Entiendo que la propuesta recibió un apoyo transversal, ya que no se trató solo del respaldo de los legisladores del Frente de Todos, sino también de otros bloques políticos que hicieron propuestas para mejorarla. Por supuesto, seguiremos trabajando codo a codo porque, como dije al principio, lo más importante es tener una energía amigable con el ambiente y un motor de desarrollo social, regional y económico. Esos fueron los biocombustibles en 2006, y quince años después tenemos que iniciar una nueva etapa para seguir generando empleo, desarrollo, arraigo, transición energética y, principalmente, cuidando la producción nacional y las empresas de menor escala, popularmente llamadas pymes.
Señor presidente: hemos trabajado mucho juntos. Mantuvimos reuniones con todas y cada una de las cámaras y empresas, con legisladores, con abogados, con representantes de los sectores y las personas interesadas, y entre todos les dijimos siempre lo mismo: estamos reconstruyendo una ley para el futuro, comprendiendo la actual coyuntura y con un proyecto integral pensado en un ciento por ciento para la Argentina. Esta es nuestra propuesta para que el resto de los bloques nos acompañen. (Aplausos.)
En el año 2006 tuvimos la posibilidad de marcar un camino y un horizonte; la generación de biocombustibles en la Argentina apuntaba principalmente a la exportación.
Como se puede ver, el nuevo marco normativo es producto de una ley consensuada con el sector productivo y con las economías regionales. Cuando decimos "sector productivo" nos referimos a cada una de las cámaras. Se ha dialogado, se ha consensuado, se ha podido avanzar en el entendimiento de que tenemos que apuntalar un proyecto de desarrollo nacional. Con cada una de ellas -la cámara de biocombustibles de Santa Fe, de Córdoba y de otras provincias, principalmente las del sector del azúcar- fuimos construyendo este nuevo marco normativo sabiendo que pedían más previsibilidad, ya que necesitaban una cantidad de tiempo mayor.
¿Por qué la previsibilidad requiere mayor cantidad tiempo y no sirve una prórroga corta y tampoco una hasta 2023? Principalmente porque, en la actualidad, para que les pueda dar crédito el sector financiero, necesitan de una ley con mucho más tiempo.
En segundo lugar, precisan adquirir los insumos que les permitan producir tanto biodiesel como bioetanol. Necesitan que se los vendan y, muchas veces, deben trabajar con el crédito que les da el mismo productor de esos insumos.
Atento a que el escenario fue modificándose de diciembre a la actualidad, junto con las cámaras, legisladores de distintos bloques pudimos ir construyendo este nuevo marco normativo. A lo mejor no se obtuvo el ciento por ciento de lo que quería cada una de ellas; pero, sí se obtuvo cerca del 80 por ciento, lo cual representa la posibilidad de tener un ciento por ciento a favor de un modelo de desarrollo nacional. ¿Qué significa esto? No es que cada uno consigue el ciento por ciento de lo que quiere; se pretende alcanzar el ciento por ciento de lo que resulta beneficioso para la Argentina.
Esto está representado en este marco normativo, en este proyecto que busca un equilibrio federal y evitar la judicialización. Esto es muy importante, porque el régimen de promoción de la ley 26.093 hoy está judicializado, principalmente por una empresa que sola se está quedando con el 10 por ciento del corte que debería ser para empresas de menor escala.
Con este nuevo marco normativo buscamos dejar atrás la judicialización, tener reglas claras y previsibilidad. La autoridad de aplicación ha llegado a acuerdos con cada una de las cámaras. En la actualidad, le han pedido una reunión para fijar precios y discutir el corte, de la misma manera que en diciembre y en enero de este año. La resolución 1/21, por ejemplo, baja el corte de biodiesel y garantiza el precio en una ecuación de previsibilidad, que es lo que permite generar empleo, mantener todas y cada una de las fuentes de trabajo y, principalmente, salir adelante en esta coyuntura compleja de precios muy altos de commodities, como veremos posteriormente.
Asimismo, este proyecto permite proteger el empleo. Nosotros necesitamos tener previsibilidad cuando se defina el corte, cuando se defina el precio, porque ello permitirá a las empresas de menor escala -popularmente llamadas pymes- trabajar. No comenzar y parar, comenzar y parar, sino tener todo el año la posibilidad de trabajar a un precio establecido, de conseguir los insumos necesarios para producir el biocombustible y, por supuesto, de venderlo después al precio fijado por la secretaría. Dicho valor debe generar a las pymes, a las empresas de menor escala, una rentabilidad determinada que, por supuesto, no impacte directamente en el surtidor en caso de que el commodity se dispare. También esto lo veremos posteriormente.
Asimismo, se crea una comisión especial asesora. La ley 26.093 contemplaba esta comisión especial, pero la nueva comisión especial incorpora a las provincias productoras como asesores y también al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Desarrollo Productivo, a la Secretaría de Energía y al Ministerio de Economía. Además, tiene la obligación de elaborar una planificación estratégica para poder desarrollar los biocombustibles.
A partir de ahí, ingresa la posibilidad de pensar los biocombustibles de segunda y tercera generación. Pero para poder hacerlo necesitamos que nuestras pymes, nuestras empresas de menor escala, tengan arraigo, desarrollo y estén en funcionamiento para que puedan trabajar en la producción de los biocombustibles de segunda y de tercera generación, en asociación -esto será una discusión- con quienes lo deban comercializar.
Otro avance muy importante es que en la misma norma estamos estableciendo que el biodiesel y el bioetanol no tributen el impuesto a los combustibles líquidos ni tampoco el impuesto sobre el dióxido de carbono. Esto constituye una garantía muy importante para cumplir con el Acuerdo de París, porque además del corte -que lo mantenemos en el 5 por ciento, como lo establece la ley 26.093- existe un respaldo impositivo en este sentido porque no tributan.
Asimismo, incorporamos algo que no estaba en la legislación, ya que las leyes 26.344 y 26.093 necesitaban que incorporemos en este nuevo marco normativo el debate sobre la producción de bioetanol de maíz y bioetanol a base de caña de azúcar, incluido en el proyecto y tratado de manera diferencial, atento a que si bien se produce bioetanol en ambos sentidos, lo más importante es poder discernir el insumo, tanto en el aceite de soja para el biodiesel y en la caña de azúcar para el bioetanol, como en el bioetanol a base de maíz.
Además de la actualización de las sanciones, y principalmente observando el proyecto con una mirada integral, tenemos también un régimen de sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? En la actualidad, como posteriormente vamos a ver -aquí lo vamos a empezar a observar-, tenemos en los últimos doce meses un aumento del 111 por ciento en el insumo principal para hacer el biodiesel, que es el aceite de soja. En los últimos once meses, hubo un aumento del 63 por ciento en el maíz.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Dotar de las herramientas suficientes para que el sector privado, junto con el sector público, tengan la posibilidad de planificar durante este año la inversión privada, y también la planificación estratégica en la transición energética de la Argentina, cuidando el bolsillo de los argentinos y argentinas, de manera adecuada y acorde.
Esto que se está planteando en este proyecto de ley es lo que aquí se ve que se hizo en este punto principal, entre la Secretaría de Energía en enero de este año y las cámaras productoras de biocombustibles.
Como se puede observar, empezó el corte en el 5 por ciento del biodiesel; luego, por resolución, se llevó a un corte del 10 por ciento. Durante cuatro años, desde 2016 hasta 2019 inclusive, el corte era del 10 por ciento; pero durante un año no fijaron precio, y durante tres años, cuando establecieron precio en la fórmula polinómica -precio que debía fijar la Secretaría de Energía-, este no alcanzaba a cubrir la rentabilidad de las empresas pymes. Con lo cual, hubo una empresa que antes de comenzar a funcionar y producir biocombustible, tuvo que cerrar. Dicha empresa estaba situada en la provincia de Santiago del Estero, se desmanteló y se vendió como chatarra. Entonces, había 55 plantas de biocombustible; hoy hay 54, y hay una que cerró durante los cuatro años del gobierno anterior.
Si vamos a hablar de números, de datos objetivos, de quiénes promocionaron este régimen, y principalmente de los resultados, estos están a la vista: entre 2006 y 2015 había un criterio de acompañamiento al sector, donde la Secretaría de Energía priorizaba la distribución del cupo de acuerdo con el corte para las empresas de menor escala. A partir de ahí se iba elevando, tanto para el bioetanol como para el biodiesel. Pero durante los años 2016 a 2019, directamente se quiso que los biocombustibles dejasen de tener el beneficio de no pagar el ICL. Esto lo decía Lopetegui.
Es decir que entre 2016 y 2019, después de la gestión de Aranguren, el secretario de Energía del gobierno anterior quería que los biocombustibles pagaran el impuesto a los combustibles líquidos, argumentando que esa era una exención que debía terminar. Querían que pagasen el ICO, diciendo que era una exención que debía terminar. Además, tenían un corte por resolución, pero no había precio.
Con la sanción de esta ley nosotros buscamos generar previsibilidad, estabilidad y cuidar las fuentes laborales, que es el objetivo principal.
Aquí podemos ver cómo desde diciembre de 2020 hasta la actualidad el corte, que venía en el 10 por ciento, baja al 5 por ciento. Cuando baja al 5 por ciento, lo primero que tenemos que ver es que fue un acuerdo entre todas las cámaras del sector productor de biocombustibles, específicamente el biodiesel, aunque también hubo una baja en el corte de bioetanol. Pero para actualizar cuatro años que no tuvieron precio, decidieron bajar el corte, tener precio para volver a trabajar y marcar un sendero de crecimiento, como lo establecía, para volver hasta el 10 por ciento.
En la actualidad, las tres cámaras productoras de biodiesel le pidieron una reunión de urgencia al secretario de Energía, atento que están las plantas paralizadas y necesitan precio.
Lo que estamos planteando en esta norma puede ser una solución innovadora, ya que en su momento ellos plantearon en enero bajar el corte y garantizar el precio.
Todo esto es posible gracias a que construimos un articulado en el que, como aquí se ve, el corte obligatorio del biodiesel es del 5 por ciento. Empezamos en el 5, al igual que en la ley 26.093.
Teniendo en cuenta que los precios de los commodities en la actualidad han subido muchísimo -como aquí se ve-, podemos decir que el articulado que estamos proponiendo busca dar respuestas claras, precisas y objetivas. Aquello que en enero de este año terminaron de consensuar la Secretaría de Energía con la cámara, ahora lo estamos poniendo como datos y parámetros objetivos en la ley. Por lo tanto, todo funcionario -secretario de Energía, autoridad de aplicación- de los futuros gobiernos y del actual, tiene los parámetros claros.
Cuando el aumento del commodity termina incidiendo en el precio del combustible para poder cumplimentar con el corte y con el precio generando una rentabilidad determinada, lo que puede hacer la autoridad de aplicación es aumentar el precio y bajar el corte para garantizar las fuentes laborales, de manera que esto no tenga un impacto en la micro y en la macroeconomía.
¿Puede ser esto coyuntural? Sí, puede serlo. Pero tenemos que hacer una previsión a dos años vista. Como se ve aquí, estamos en mayo de 2021, aún el proyectado a futuro del precio del aceite de soja va a seguir en precios muy altos. El proyectado futuro de lo que es el maíz va a seguir en precios muy altos. Con lo cual, con las herramientas que estamos construyendo con claros criterios objetivos, en donde la autoridad de aplicación tiene las facultades de hacerlo pero con el objetivo principal de que las empresas de biocombustibles funcionen, que las fuentes laborales se continúen manteniendo y, por supuesto, teniendo un horizonte de previsibilidad, cuidando las empresas de menor escala, buscando que el precio del combustible en el surtidor no aumente, consideramos que esta ley estará dando las respuestas necesarias.
Por supuesto, la norma también tiene un capítulo sobre sustitución de importaciones. Como muy bien han expresado los legisladores preopinantes de nuestro bloque, esto es parte del equilibrio de entender una ley de forma integral. Lo hacemos en el entendimiento de que este es el comienzo de un proyecto de acuerdo político, económico y social que venga a dar respuesta para tener un modelo de desarrollo que cuide las fuentes laborales y logre una transición energética en favor de la Argentina, teniendo en cuenta que los años 2016 a 2019 fueron aquellos en los que más se ha importado gasoil.
Si nos proyectarnos a aquel momento, podemos decir lo siguiente. Número uno: los biocombustibles tenían corte, pero no tenían precio; no estaban funcionando, no hubo sustitución de importaciones. Número dos: la economía no estaba en pleno desarrollo ni crecimiento. ¿Por qué se estaba importando tanto gasoil, si la economía no estaba en crecimiento? El gasoil se importaba porque no estaban cortando biocombustibles.
Podemos decir, entonces, que durante cuatro años -entre 2016 y 2019- no se cortaron biocombustibles, se importó el gasoil, y hoy están a favor de la prórroga de una ley para poder seguir en un camino, que no es el verdadero camino que debemos tomar para tener una transición energética en la Argentina.
Asimismo, a diferencia de lo que pasa este año, también se importó nafta durante tres años. Pero esto no pasó antes de 2015 y tampoco está pasando ahora en la Argentina con gobiernos que piensan en la producción nacional y en el desarrollo, como lo hizo el gobierno de 2003 a 2015 y lo hace el actual. Durante tres años se importó nafta por 1.600 millones y no se sustituyó por bioetanol, porque este también tenía corte, pero no tenía precio. Sin embargo, vemos que hoy desde la oposición están planteando una defensa a ultranza de este proyecto, o de la prórroga, a pesar de que no han podido resolver esta situación.
Entonces, creemos que este marco normativo es muy importante porque viene a dar respuestas para construir un proyecto superador en la nueva etapa; porque cuida lo mejor que ha desarrollado la ley de promoción de biocombustibles, 26.093; porque en esta nueva etapa debemos contar con mecanismos claros y precisos para que no se judicialice la norma y se dé respuesta al sector de empresas de menor escala y, por supuesto, porque se tiende al crecimiento. Asimismo, esta norma prevé cuidar todas y cada una de las fuentes laborarles.
Debemos pensar en esa comisión especial en cómo proyectamos los biocombustibles a futuro, incorporando los de segunda y tercera generación. Además, si en el futuro los commodities bajan y sube el precio internacional de la nafta, tenemos los artículos 16 y 17, que con claridad permiten, si el mercado así lo dispone y para tener parámetros objetivos, la sustitución de importaciones.
Señor presidente: quiero decir, además, que vamos a hacer unas modificaciones al proyecto de ley que se ha presentado. Haremos una modificación al artículo 14, por pedido de los legisladores de las provincias de San Luis y La Pampa. Entendíamos que el pedido ya estaba incorporado en el artículo 14, como se ve en la parte de abajo, pero para tener una visión general y mayor claridad, incorporamos el texto resaltado. Consecuentemente, el artículo 14 quedará redactado así: "Las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles que establezca la autoridad de aplicación, deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción."
Si logramos la sanción definitiva, seguramente más adelante el Poder Ejecutivo nacional trabajará en su reglamentación para clarificar la situación y llevar tranquilidad a las empresas instaladas en el interior del país, cumpliendo con el espíritu fundamental consagrado en la ley 26.093 de 2006, a partir de un proyecto propuesto, ideado e impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner.
Asimismo, para lograr mayor claridad en la redacción del proyecto y no tener ningún inconveniente en la judicialización que algunos están intentando plantear antes de que la ley se pueda plasmar, se eliminará la palabra "mínimo" de todos y cada uno de los artículos, sobre todo en los artículos 8° y 12. Consecuentemente, el texto del artículo 8° quedaría redactado así: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel -conforme a la normativa de calidad de combustible vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá tener un porcentaje obligatorio de biodiesel de cinco por ciento (5%), en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final." El resto del articulado queda redactado igual.
Lo mismo con respecto al artículo 9°, que quedaría redactado así: "Establécese que todo combustible líquido clasificado como nafta -conforme a la normativa de calidad de combustible vigente o la que en el futuro la reemplace- que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje obligatorio de bioetanol del doce por ciento (12%), en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final."
Por supuesto, seguiremos debatiendo todas las consideraciones con cada uno de los legisladores a los que les interesa este tema. También trabajaremos para que en la reglamentación de esta ley, si logramos la sanción definitiva, sea incorporada cada una de sus propuestas.
Sabemos que necesitamos de la "Vaca viva" y de la "Vaca Muerta", sabemos que necesitamos un proyecto de desarrollo productivo que incorpore valor agregado, arraigo, sustentabilidad y, principalmente, que cuide el ambiente. Este nuevo marco normativo irá en ese sentido. Por ello, es muy importante el amplio apoyo obtenido hoy en las dos comisiones. Entiendo que la propuesta recibió un apoyo transversal, ya que no se trató solo del respaldo de los legisladores del Frente de Todos, sino también de otros bloques políticos que hicieron propuestas para mejorarla. Por supuesto, seguiremos trabajando codo a codo porque, como dije al principio, lo más importante es tener una energía amigable con el ambiente y un motor de desarrollo social, regional y económico. Esos fueron los biocombustibles en 2006, y quince años después tenemos que iniciar una nueva etapa para seguir generando empleo, desarrollo, arraigo, transición energética y, principalmente, cuidando la producción nacional y las empresas de menor escala, popularmente llamadas pymes.
Señor presidente: hemos trabajado mucho juntos. Mantuvimos reuniones con todas y cada una de las cámaras y empresas, con legisladores, con abogados, con representantes de los sectores y las personas interesadas, y entre todos les dijimos siempre lo mismo: estamos reconstruyendo una ley para el futuro, comprendiendo la actual coyuntura y con un proyecto integral pensado en un ciento por ciento para la Argentina. Esta es nuestra propuesta para que el resto de los bloques nos acompañen. (Aplausos.)
SR. PRESIDENTE FÉLIX No habiendo más oradores y teniendo dos dictámenes que ya han sido puestos a la firma a quienes están en forma presencial, sólo queda que se tome el apoyo de quienes están conectados en forma virtual.
No sé si le parece bien al diputado Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ambos secretarios de las comisiones tomen el apoyo de los diputados.
No sé si le parece bien al diputado Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ambos secretarios de las comisiones tomen el apoyo de los diputados.
SR. HELLER Adelante, presidente.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Gracias, presidente.
Procederé a tomar el acompañamiento a viva voz de los diputados de la Comisión de Energía y Combustibles conectados vía Webex.
Procederé a tomar el acompañamiento a viva voz de los diputados de la Comisión de Energía y Combustibles conectados vía Webex.
Manifiestan su acompañamiento al dictamen del señor diputado Félix los señores diputados Igon, Sapag, Caparrós, Carnaghi, Figueroa, Gioja, Lampreabe, López Rodríguez y Jorge Romero.
No se escucha manifestación alguna al solicitarse la opinión a la señora diputada Vallejos.
SR. HELLER La señora diputada Vallejos puede tener la revancha en la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque integra las dos comisiones.
SRA. SECRETARIA (FERREIRO) Paso la palabra al secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, doctor Seguí.
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) Procedo a tomar el acompañamiento a viva voz de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Acompañan el dictamen del señor diputado Félix los señores diputados Heller, Brue, Corpacci, Eduardo Fernández, Landriscini, Osuna, Pértile, Sartori y Vallejos.
SR. PRESIDENTE FÉLIX ¿Pueden informar por Secretaría la cantidad de firmas que obtuvo cada uno de los dictámenes?
SR. SECRETARIO (SEGUÍ) El dictamen de mayoría tiene veintiocho firmas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
SR. HELLER ¿Y en la Comisión de Energía y Combustibles?
SR. PRESIDENTE FÉLIX El dictamen tiene veintiún firmas en la Comisión de Energía y Combustibles.
No habiendo más asuntos que tratar, agradezco la presencia de todos y doy por finalizada la reunión.
No habiendo más asuntos que tratar, agradezco la presencia de todos y doy por finalizada la reunión.
Es la hora 18 y 22.