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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Comisión Permanente

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PROYECTO DE LEY

Expediente: 1829-D-2014

Sumario: REGIMEN DE PROMOCION DEL EMPLEO REGISTRADO PARA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Fecha: 03/04/2014

Publicado en: Trámite Parlamentario N° 20

Proyecto
REGIMEN DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO PARA
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Artículo 1º.- Régimen. Los empleadores que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 1º de la ley 25.300, sus modificaciones y complementarias, por toda nueva relación laboral o regularización de relación laboral preexistente no registrada conforme la legislación vigente, podrán acogerse al régimen que se instituye por la presente ley.
Artículo 2º.- Beneficio. Los sujetos comprendidos en el artículo anterior gozarán por las referidas relaciones laborales de una reducción en sus contribuciones con destino a los siguientes subsistemas de la Seguridad Social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Ley 24.241 y sus modificaciones;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley 19.032 y su modificaciones;
c) Fondo Nacional de Empleo, Ley 24.013 y sus modificaciones;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley 24.714 y sus modificaciones;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Ley 25.191.
No se encuentran comprendidas dentro del beneficio dispuesto las contribuciones con destino al Sistema de Seguro de Salud previstas en las Leyes 23.660 y 23.661 y sus respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las administradoras de Riesgos del Trabajo, Ley 24.557 y sus modificaciones.
En el caso de las microempresas, durante el primer año de acogimiento al presente régimen el empleador sólo deberá ingresar el veinticinco por ciento (25%) de las contribuciones comprendidas; durante el segundo año el cincuenta por ciento (50%); durante el tercer año el setenta y cinco por ciento (75%); y a partir del cuarto año el cien por ciento (100%).
En el caso de las pequeñas empresas, durante el primer año de acogimiento al presente régimen el empleador sólo deberá ingresar el treinta y tres por ciento (33%) de las contribuciones comprendidas; durante el segundo año el sesenta y seis por ciento (66%); y a partir del tercer año el cien por ciento (100%).
En el caso de las medianas empresas, durante el primer año de acogimiento al presente régimen el empleador sólo deberá ingresar el cincuenta por ciento (50%) de las contribuciones comprendidas; y a partir del segundo año el cien por ciento (100%).
El beneficio establecido por la presente ley y aquel establecido en virtud de la Ley Nº 26.476, Título II, Capítulo II, serán excluyentes entre sí.
Artículo 3º.- Excepciones. El empleador no podrá hacer uso del beneficio establecido en el artículo anterior en los siguientes casos:
a) trabajadores que hayan sido declarados en el régimen general de la Seguridad Social y luego de producido su distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de desvinculación.
b) nuevo dependiente que se contrate por cada extinción incausada de una relación laboral que haya estado comprendida en el régimen general de la Seguridad Social, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Se exceptúa de lo dispuesto en los incisos a y b del presente artículo a los trabajadores eventuales incorporados bajo el régimen de contratación previsto en el artículo 99 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976), los trabajadores contratados en el marco del régimen propio de la Industria de la Construcción conforme artículo 35 y concordantes de la Ley Nº 22.250, los trabajadores declarados según la figura prevista en el Capítulo II del Título III de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorias, y los trabajadores no permanentes del Régimen Nacional del Trabajo Agrario Ley Nº 22.248.
Artículo 4º.- Exclusiones. No podrán acogerse al presente régimen quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
b) Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
d) Las personas jurídicas -incluidas las cooperativas- en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos b), c) y d) del párrafo anterior, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del mismo.
Artículo 5º.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley producirá el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la Seguridad Social no realizadas, con más los intereses y multas correspondientes.
Artículo 6º.- Sustentabilidad. El Poder Ejecutivo adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación del presente régimen en orden a no afectar el financiamiento de la Seguridad Social.
Artículo 7º.- Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El presente proyecto es una representación de aquel que tramitó por Expte. 0787- D-2011, su autoría pertenece al entonces Diputado Gustavo A.H. Ferrari.
Entre los determinantes estructurales de los elevados niveles de pobreza que persistentemente pesan sobre nuestra economía, limitando su capacidad de crecimiento a largo plazo, sin lugar a dudas la precariedad de las relaciones laborales constituye un factor fundamental.
Aún en un contexto de alto crecimiento y caída de desempleo como el verificado durante los últimos años, resulta preocupante advertir cómo, más allá de algunas cifras oficiales, los avances en materia de registración laboral resultan insuficientes, particularmente en aquellos segmentos de trabajadores con menores ingresos, de mayor vulnerabilidad, empleados en su gran mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas.
Un informe recientemente difundido por la consultora privada SEL, elaborado sobre la base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares y Canasta Básica (INDEC), da cuenta palmariamente de este fenómeno.
De acuerdo al mismo, la caída de la tasa de informalidad desde el pico de 2003 se ha concentrado a partir del tercer quintil de ingreso, donde se ha agrupado preponderantemente la creación de empleo registrado, mientras que en los dos quintiles más bajos de ingreso la informalidad sigue siendo esencialmente la misma.
Asimismo, la evidencia empírica muestra que la mitad de los asalariados privados no registrados trabaja en unidades productivas pequeñas, de no más de 5 personas trabajadores, mientras tres de cada cuatro, lo hace en firmas de no más de 10 trabajadores.
Si bien la informalidad está disminuyendo claramente respecto del pico post-crisis (34,6%, último dato oficial), no parece aún haber un cambio en el patrón estructural, sobre todo en el amplio espectro de pequeñas unidades productivas, de relativa baja productividad, donde los niveles de informalidad se mantienen en niveles inaceptables.
El presente proyecto de ley apunta a mitigar esta problemática, instituyendo con carácter permanente un régimen especial a través del cual los empleadores que califiquen como micro, pequeñas y medianas empresas, gocen de ciertos beneficios por toda nueva relación laboral o regularización de relación laboral preexistente no registrada conforme la legislación vigente.
La agudización de la marginalidad y exclusión de vastos sectores de nuestra sociedad guarda estrecha relación con un modelo que sistemáticamente potencia a los sectores más dinámicos y concentrados de nuestra economía, con capacidad de lograr una inserción privilegiada en el sistema productivo, excluyendo a aquellos más postergados y vulnerables; y es el Estado, precisamente, a través de políticas inclusivas como ésta que proponemos, quien tiene la indelegable responsabilidad de intervenir.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de ley.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
DE NARVAEZ, FRANCISCO BUENOS AIRES UNION CELESTE Y BLANCO
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
LEGISLACION DEL TRABAJO (Primera Competencia)
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
PRESUPUESTO Y HACIENDA