Expresar su más enérgico repudio a la violenta represión realizada por la Policía Municipal de la Ciudad de Quilmes, el pasado 21 de febrero de 2017, a madres con sus hijos e hijas, vecinos y vecinas, del barrio Memoria, Verdad y Justicia que decidieron permanecer en el edificio municipal, ubicado en la calle Alberdi 500, cuando les cancelaron una reunión prevista con el intendente Martiniano Molina y con su secretaria de Desarrollo Social, María Ángeles Sotolano.

Señor presidente:

El barrio Memoria, Verdad y Justicia está ubicado en las calles Mozart y Hernández de la localidad de Quilmes Este. Lleva ese nombre en obvia conmemoración a los detenidos y desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, y fue construido en el marco del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios creado por el gobierno de la presidenta mandato cumplido Dra. Cristina Fernández de Kirchner a fines del año 2013. Para la realización de este proyecto el anterior gobierno nacional dispuso una inversión inicial de 21 millones de pesos.

La primera tanda de viviendas entregadas, 48 sobre un total de 192 previstas en total, constan cada una de tres dormitorios, estar-comedor, baño y cocina, y tienen una superficie de 55 metros cuadrados. Son seis bloques de ocho viviendas cada uno, divididos en tiras de departamentos de planta baja y tres pisos. Además, el barrio fue dotado de infraestructura: agua potable, cloacas, energía eléctrica, red de gas natural y cordón-cuneta. El acto de aquella primera entrega de llave en mano contó con la presencia de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Completar las obras demandaría, según el cálculo inicial, 84 millones de pesos.

Como se sabe, el cambio de gobierno del año 2015 fue absoluto para los vecinos de Quilmes, puesto que también se dio en el ámbito municipal lo que se vivió en Nación y en la provincia de Buenos Aires. Tampoco es un misterio para nadie las consecuencias preocupantes que esos recambios gubernamentales significaron para quienes dependen de la acción del Estado en materia de infraestructura, pues el parate en el rubro fue casi total durante el año 2016. El millón de créditos hipotecarios prometidos en campaña por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, se ha quedado apenas en proselitismo, como si anticipáramos por entonces, en lo que increíblemente se denominó campaña del miedo, y que terminó resultando un pronóstico exacto de esta triste coyuntura.

En lo que a este barrio en particular se refiere, en noviembre del año pasado se acordó la reanudación de las obras, y la finalización de un módulo de viviendas en un plazo de 120 días. Sin embargo, las familias adjudicatarias aseguran que los trabajos están detenidos, y que el cumplimiento de dicha promesa, en tal estado de cosas, es imposible.

Ana, una de las vecinas afectadas, aseguró al sitio de noticias local, Con los Pies en el Barrio (CPB) que las obras se encuentran paralizadas desde que se produjo el cambio de gestión: “Hay sólo 15 personas trabajando en todas las viviendas y la Municipalidad nos patea la pelota: primero decían que iban a estar para julio, después para diciembre y ahora para abril”, señaló. “Tenemos 30 pedidos de audiencias formales con el Intendente. Se acostumbró a no atender a los vecinos.”

En ese contexto, las madres de las familias adjudicatarias concurrieron, en compañía de sus hijos/as, el lunes 20 de febrero de 2017 a una nueva reunión acordada con el intendente, Martiniano Molina; y con su secretaria de Desarrollo Social, María Ángeles Sotolano para tratar este asunto. Una vez allí, les fue comunicado que, una vez más, se suspendía el encuentro. Las vecinas decidieron permanecer en el Municipio hasta recibir una respuesta, pero recién después de varias horas de espera tomó contacto con ellas con el secretario de Gobierno, Guillermo Galetto, quien les propuso reprogramar la reunión, propuesta que recibió la negativa de la mayoría debido a la gran cantidad de episodios similares acumulados, que revelan el desinterés del gobierno local en la resolución de este conflicto.

Ante ello, decidieron pasar la noche junto a sus hijos en el edificio de Alberdi 500, sede del gobierno municipal. La vecina antes citada dijo sobre esto, en declaraciones al sitio SN Online, que les fueron cerradas “todas la puertas, no nos dejaron entrar agua ni alimentos, estando con los chicos. Después cortaron la luz a las 3 de la mañana. Una insensibilidad total. Los funcionarios tienen que tener sensibilidad hacia los problemas de la gente y si no la tienen, deben dejarle el lugar a otro.”

Esa indiferencia por parte de las autoridades continuó durante la jornada del martes 21 de febrero hasta que, en horas de la tarde, decidieron finalmente responder a las vecinas, pero de la peor manera: fueron reprimidas por la Policía en el Palacio Municipal. Las mujeres golpeadas, apuntaron contra Diego Fernández, director de Custodia de Inmuebles y Edificios local, lo que ya ha motivado actuaciones judiciales por violencia de género. Este episodio importa un gesto doblemente repudiable, porque a la insensibilidad ante la necesidad social se suman las agresiones al género, especialmente en un marco como el actual, pues se han conocido investigaciones que revelan un alarmante agravamiento de la situación en materia de femicidios, lo cual debería convocar a un cuidado muy distinto por parte de funcionarios públicos.

Para peor, este hecho viene a sumarse a varios otros similares registrados en la ciudad de Quilmes, como los denunciados por las madres de Jóvenes Buscando Futuro; o el caso de Mónica Valdivieso --también vecina del barrio Mozart--, quien se prendió fuego en el edificio municipal tras varias horas de esperar respuestas ante el pedido de asistencia tanto para ella como para sus hijos. Otro tanto ocurre a nivel provincial y nacional, de los cuales el caso emblemático de Milagro Sala, encarcelada ilegalmente por representar un sector popular organizado que bajo su conducción no aceptaría el actual modelo de ajuste dictado desde Casa Rosada, es apenas un ejemplo.

El concepto que emerge de este tipo de episodios es claro: la decisión oficial de relegar las demandas del pueblo generan reacciones de protesta, las que son enfrentadas por el poder institucional de modo represivo. Dicho sencillo: un modelo que no cierra sin represión, porque ésa es, para el gobierno nacional y sus satélites provinciales y municipales, la única forma de lidiar con un pueblo que durante doce años tomó conciencia de que tenía derechos y de que debía pelear por ellos si ven que se pretende quitárselos, como sucede desde el 10 de diciembre de 2015. Es necesario un pronunciamiento de esta Cámara frente a una escalada que no frena: por el contrario, se acelera cada vez más. Éste es uno de los ámbitos en que pueden generarse las relaciones de fuerza necesarias para decir basta a tanto atropello.

Como representantes de ese pueblo estamos obligados alzar la voz en su defensa cuando se lo quiere avasallar y como integrantes de un poder del Estado estamos obligados a ejercer el control sobre otro cuando procede por fuera de la legalidad establecida.

Por las razones expuestas, les pido a mis colegas diputados y diputadas que me acompañen con el siguiente proyecto de Resolución.-