Rechazar y repudiar la aplicación del protocolo de seguridad sobre la referente sindical y política del Partido Obrero de Mendoza Raquel Blas, sobre el Secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho y sobre el Secretario General de Sitea Mendoza, Federico Lorite, en el marco de la movilización y paro convocado por ATE nacional el 24 de febrero pasado.

Señor presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de rechazo y repudio a la aplicación del protocolo de seguridad sobre la referente sindical y política del Partido Obrero Raquel Blas, sobre el Secretario General de Ate Mendoza, Roberto Macho y Federico Lorite, Secretario General de Sitea, ya que entendemos que lisa y llanamente constituye un acto de criminalización de la protesta social.

Se trata de la primera aplicación del protocolo de seguridad en el país, un día después de la multitudinaria movilización ante el paro nacional de ATE del 24 de febrero pasado, convocado frente al ataque brutal que descarga el gobierno en medio de una crisis económica nacional sobre los trabajadores estatales, los miles de despidos que se llevan adelante en el plano de la administración pública nacional, provincial (trabajadores del Casino de Mendoza) y municipal, la negativa de otorgar aumentos salariales acordes a la inflación y de pagar los salarios adeudados como por ejemplo a los municipales de Santa Rosa, entre los principales ataques.

Esta aplicación del protocolo sobre los dirigentes sindicales mencionados es un ataque a todo el movimiento obrero mendocino y del país. ATE Mendoza reclama un 40% de aumento retroactivo al mes de enero, y la reincorporación de los despedidos, entre las principales demandas. Las medidas que derivaron en la imputación de los dirigentes gremiales fueron votadas en una asamblea en la que participaron centenares de trabajadores.

Advertimos la arbitrariedad mayúscula que pesa sobre la imputación de Raquel Blas, a quien se la identifica como "referente". Se trata de quien actualmente es Secretaria de Acción Política de ATE Mendoza, que fue Secretaria General del mismo, militante del Partido Obrero y quien fuera candidata a Senadora Nacional por el Frente de Izquierda- Partido Obrero en las últimas elecciones de 2015.

Sobre su persona ya pesan otras causas por aplicación arbitraria, discriminatoria y forzada del artículo 194 del Código Penal bajo el gobierno anterior de Francisco Pérez (FPV) en ocasión de su participación en la movilización contra la megaminería y por realizar una asamblea frente a un hospital.

La justicia provincial se basa en la defensa de un genérico derecho a la circulación. Pero el mismo no ha sido aplicado en los actos políticos de los partidos gobernantes, en los actos del gobierno, o simples actos deportivos públicos o en actos religiosos que impiden la normal circulación. Lo cual delata el carácter arbitrario y discriminatorio del mismo, además de que su origen data de la época de la dictadura militar de Onganía, introducido en el Código Penal mediante una ley de "facto" reemplazando el antiguo artículo que penaba el levantamiento de rieles del ferrocarril.

La aplicación del artículo 194 del Código Penal, de parte de los jueces y fiscales constituye un forzamiento de aplicación de la ley penal para criminalizar las manifestaciones públicas que tienen como objetivo expresar reclamos de carácter sindical, social o político. Movilizaciones que tienen como destinatarios al gobierno nacional, provincial y municipal o a las patronales privadas.

Desde hace décadas existe una aplicación abusiva del código penal como instrumento de criminalización sobre miles de manifestantes de todo el país que terminan sometidos a un proceso penal donde se les imputa la comisión del artículo 194 u otros tipos penales por defender sus derechos.

El protocolo de seguridad, además, se aparta del principio de responsabilidad del hecho, por el derecho penal de autor al establecer la criminalización de los referentes o secretarios generales de los gremios, como es el caso de Roberto Macho y Federico Lorite.

Denunciamos que la adhesión de los gobiernos provinciales y de sus ministerios correspondientes al protocolo de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, como también la acción del Poder Judicial, va en la línea de establecer un "estado de sitio" para tener la libertad de descargar el ajuste sobre el pueblo, preparando los mecanismos institucionales para evitar manifestaciones públicas del descontento popular que generen las medidas gubernamentales.

La Fiscalía Nº 1 de la ciudad de Mendoza, a cargo de la Dra. Chaer ha imputado a Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE, y de Federico Lorite, del SITEA, sobre la base de pruebas ofrecidas por los medios de comunicación y del Ministerio de Seguridad, (fotos, videos). Alertamos sobre el carácter de espionaje que lleva adelante la justicia y el gobierno de la Provincia al estilo del cuestionado Proyecto X del gobierno de Cristina Fernández, Berni y Milani. Actualmente la situación de los imputados es de una libertad sujeta a condiciones.

No podemos dejar de mencionar que el ataque a los dirigentes de ATE prosiguió al finalizar la contramarcha de la vendimia, cuando el gobernador Cornejo lanzó una amenaza al movimiento de lucha de ATE y a la líder de la CTA local, Raquel Blas, señalando que se había pasado un límite y que esto no iba a quedar así. Luego, en este contexto, se daría la salvaje agresión de una patota contra Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, cuando los compañeros del sindicato realizaban una volanteada con el reclamo de reincorporación de los despedidos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. La patota estaba dirigida por personas presuntamente pertenecientes a la barra brava de Godoy Cruz y ligadas a esa Municipalidad. Personal policial de caballería se retiró facilitando su accionar.

Por todas las razones expuestas arriba, solicitamos a todos los bloques el acompañamiento de este proyecto de resolución en rechazo y repudio a la aplicación del protocolo de seguridad sobre la referente sindical y política del Partido Obrero Raquel Bas, y los Secretarios Generales Roberto Macho y Federico Lorite.

Llamamos a todos los diputados a que rechacen de plano el intento de menoscabar derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango constitucional mediante un mero acto administrativo ministerial.