Expresar su más enérgico repudio por el desalojo ilegal y violento llevado a cabo el 18/02/16 en la toma del barrio Nueva Esperanza, en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

La toma en Merlo comenzó el 20 de octubre del 2015, con la ocupación de aproximadamente 340 viviendas sociales del Plan Federal adjudicadas pero sin terminar.

Según algunos vecinos fue propiciada por el intendente Raúl Othacehé. Su sucesor Gustavo Menéndez sostiene que fue para complicarle las cosas y cubrirse por no haber terminado las viviendas, a pesar de haber recibido todos los fondos de la Nación. De allí se propagó al resto del predio, de 60 hectáreas, donde ahora acampan miles de familias.

En 2003 el impuesto inmobiliario proveía el 15 por ciento de los recursos propios de la provincia y hoy solo el 6 por ciento. Los precios del suelo aumentaron casi once veces en ese período y el impuesto al terreno baldío sólo 4 veces. Esto significa que la polí- tica tributaria es regresiva porque premia con una baja carga impositiva a quien retiene y especula con la tierra contribuyendo a la inflación artificial de sus precios.

Éste es el deprimente cuadro de situación que tiende a modificar la ley provincial 14.449 de acceso justo al hábitat, sancionada en 2012, reglamentada en 2013 y de lenta aplicación por el gobierno provincial y los municipios. El mercado inmobiliario resiste los instrumentos de redistribución de la ley, como el castigo impositivo a los baldíos especulativos, el cobro y redistribución de las valorizaciones de suelo originadas en decisiones públicas y la aplicación de las cesiones obligatorias a los clubes de campo y barrios privados.

El predio pertenece a la histórica inmobiliaria Merlo Gó- mez, cuyo deseo de lotear y vender chocaba con la reticencia municipal a aprobar la zonificación urbanística. Un encuentro entre ambos intendentes con el ex Ministro de Desarrollo Social de la pro- vincia Eduardo Aparicio, el ex Subsecretario de Urbanismo Social, Ricardo Spalletti, y un grupo de delegados del barrio, comenzó a explorar una solución, que comenzó por la realización de un censo.

Su resultado arrojó que participan de la toma unas dos mil familias. El gobierno provincial solicitó a los ocupantes que abandonaran el lugar, con el com- promiso de comprar, subdividir y luego asignar los lotes a las familias censadas. Los delegados recla- maron garantías de que eso se cumpliría. La presencia de la Infantería policial realizada por aquellos días de fines del 2015 no obedeció a ninguna orden judicial y fue dispuesta por el gobierno provincial para disuadir la instalación de más gente y el ingreso de materiales de construcción. No hubo inter- vención formal de la Nación, pero en las gestiones participó el subsecretario de abordaje territorial del ministerio de Desarrollo Social, Carlos Montaña.

La situación en el barrio fue siempre delicada y frágil, y el conflicto latente fue manejado hasta hace poco, por las autoridades electas del Municipio y la Pro- vincia, con una metodología de negociación sin desalojo violento.

El obispo de Merlo-Moreno, monseñor Fernando Maletti, denunciaba mientras tanto que no había voluntad política para resolver el conflicto por la toma de terrenos en Merlo, y apuntó al intendente saliente Raúl Othacehé y al electo Gustavo Menéndez, ambos del Frente para la Victoria.

El prelado recorrió el predio de 60 hectáreas sobre la ruta 1003, en el que se instalaron unas 3 mil familias, y aseguró que no hay una preocupación real por asistir a las personas que ocupan el lugar ni por garantizar la paz y la tranquilidad de los vecinos de los barrios adyacentes.

Luego de meses de mantener así esta situación incierta, el 18/02/2016 con la anuencia del Ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo , se llevó a cabo un violento desalojo , a pesar de que para el Ministro "se hizo un trabajo prolijo y ordenado en tierras que había que recuperar y volver a ocupar"; quien afirmó a los medios de comunicación que " había una usurpación y tuvimos que resolverla, gracias a la justicia y al trabajo que se pudo hacer con el Intendente de Merlo Gustavo Menéndez".

El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, recorrió esa tarde junto el Jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Comisario General Pablo Bressi, los predios que se encontraban tomados desde el mes de octubre pasado en Merlo, donde supervisó el operativo que efectivos de la fuerza desplegaron en el lugar.

Finalmente destacó que "los trabajadores de desarrollo social se encontraron con mucha gente que no es de Merlo, que vinieron del interior de la Provincia. Se desalojó sin heridos, sin balas de goma y gracias al trabajo en equipo entre Provincia y el Inten- dente Gustavo Menéndez".

Por su parte, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, dialogó con TN y justificó el desalojo y dijo la medida de fuerza se hizo en razón de una orden judicial que surgió a raíz del reclamo de los propietarios de las tierras, que piden que les sean devueltas.

Fuerzas de seguridad que ingresaron a la toma en el pre- dio de Merlo, desalojaron a las familias que estaban viviendo ahí, a pesar de que el día anterior se había firmado una orden que suspendía la medida por 180 días.

Según denuncian los vecinos del lugar, esa madrugada efectivos de la Policía Bonaerense desalojaron alrededor de 2 mil familias que vivían en el predio tomado.

Rodrigo Alonso, vecino del barrio "Nueva Esperanza", dijo a la prensa: "Entraron con las topadoras y volaron todo. Dijeron que creció la delincuencia en la zona, pero los narcos tuvieron zona liberada y sufrimos la violencia de ellos". Asimismo, sostuvo que el procedimiento fue ilegal porque existía una prórroga judicial de "180 días para el desalojo firmada ayer".

"Los vecinos que en octubre ocuparon el predio y comen- zaron a construir el barrio Nueva Esperanza vienen denunciado hace varias semanas la presencia de bandas ajenas a la toma que se instalaron en uno de los límites y comenzaron a protagonizar hechos de violencia cuyas primeras víctimas fueron precisamente los habitantes de Nueva Esperanza. Los grupos criminales se instalaron cuando la policía dejó de patrullar la zona, y las autoridades policiales no podían desconocer la presencia de estas bandas. Sin embargo no tomaron ninguna medida", afirma el CELS.

Según el referente local de Libres del Sur, Rosendo Mar- tinez, el desalojo no era el camino para resolver el deficit habitacional.

En un comunicado el Lic. R. Martinez afirmó "La toma no era nueva. Ya llevaba 4 meses. La falta de protección de la zona, con su consecuente ola de inseguri- dad y falta de propuestas que vayan ganando consenso por parte del estado Provincial y Municipal, vecinos y aquellos ocupantes que no tienen ninguna otra oportunidad de tener un pedazo de tierra para sus familias, fue degradando la situación. Esta tuvo su pico el domingo- anterior al desalojo-, con la tremenda tragedia de la muerte de un niño de 8 años por un enfrentamiento entre los históri- cos "traficantes de la muerte" que ya se movían con impunidad y asolaban a los vecinos y a los ocu- pantes del predio. Se ha perdido una gran oportunidad de empezar a abordar el grave problema de la falta de viviendas para cientos de miles en la provincia de Buenos Aires. En este sentido se pronun- cio el Juzgado de Garantías nro 4 de Moron accediendo al pedido de la Organización Madre Tierra, vinculada a la Mesa de Dialogo.

Nos ofrecimos a acompañar un plan de reordenamiento territorial que priorice la regularización dominial de nuestros vecinos y garantice el acceso a la tierra. Sin embargo, nos enteramos de la existencia de una orden de desalojo emitida en el día de ayer. Volvemos a foja cero en Merlo. El predio va a seguir improductivo, devuelto a sus dueños (quienes ya habían manifestado que querían venderlo) y los narcos buscarán nuevos territorios, los que aprove- charon la situación para lucrar irán a buscar otra oportunidad y las familias humildes volverán a haci- narse en el mismo lugar donde estaban antes."

En conclusión, dado que la orden de desalojo por la que las Fuerzas de seguridad ingresaron a la toma en el predio de Merlo , y desalojaron a las familias que estaban viviendo ahi, estaba suspendida (ya que el día anterior se había firmado una orden que sus- pendía la medida por 180 días), se desalojo fue ilegal; y hoy tenemos un gravísima situación de 1000 familias sin vivienda, ninguna estrategia de reubicación, ninguna estadística censal, ningún narco preso y un preocupante avance del negocio inmobiliario sobre los terrenos.

Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en este proyecto.