Solicitar al Poder Ejecutivo, que por medio de las autoridades que considere pertinentes, responda sobre los siguientes puntos referidos al funcionamiento de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y en especial al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego creado por ley 26.216, y prorrogado inicialmente por el decreto 560, de fecha 3 de abril de 2008, y consecutivamente por las leyes 26.520, 26.644, 26.792, 26.919 y 27.286:

1- Cuáles son los motivos por los cuales la Agencia Nacional de Material Controlados (ANMaC) luego de seis meses desde su promulgación sigue sin reactivar la implementación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, cuyo nuevo plazo de ejecución según la normativa vigente es a partir del 1° de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2017.

2- Explique cuál es el plan de gestión y presupuesto asignado de la Agencia Nacional de Materiales Controlados previsto para el año 2017, y en particular, cuál es el diagnóstico acerca del funcionamiento histórico del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. En caso de proponer modificaciones al mismo con el objetivo de su modernización, detalle cuales serían esos cambios propuestos.

Señor presidente:

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue creado por ley 26.216, y prorrogado inicialmente por el decreto 560, de fecha 3 de abril de 2008, y consecutivamente por las leyes 26.520, 26.644, 26.792, 26.919 y 27.286. Ésta última prórroga se produjo con demora, lo cual ha llevado a perder más de un año de vigencia formal y por lo tanto, también se ha perdido más de un año de la valiosa implementación de la entrega voluntaria de armas de fuego. Desde la sanción y promulgación de la última prórroga, en octubre de 2016, ya se han acumulado seis meses de demora en su implementación.

La institución pública responsable de la implementación del Programa nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego es la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), conforme lo establecido en el Art. 4° inc. 3 de la ley 27.192 sancionada en el año 2015: “El desarrollo de políticas tendientes a que, con la mayor celeridad, se proceda a la destrucción de los materiales controlados que sean entregados, secuestrados, incautados o decomisados en el marco de las leyes 20.429, 25.938 y 26.216”. La misma, es la responsable de la demora de más de seis meses desde la promulgación del nuevo plazo de ejecución, de su implementación.

A ello se le suma, la falta de presupuesto propio, ya que como denuncia la Red Argentina por el Desarme (RAD), la Agencia depende de la venta de formularios a los usuarios de armas, ya que aún no se han asignado los recursos operativos conforme lo establece el Art. 9° de la ley 27.192.

Este Programa, tal como informe la RAD, ha logrado la entrega de más de 175.000 armas de fuego en nuestro país, obteniendo reconocimiento internacional de Naciones Unidas por su contribución en el control de la proliferación de armas de fuego y prevención riesgos relacionados.

Consideramos que dado el estado de situación, resulta inaceptable la demora en la implementación de este Plan y en consecuencia, el incumplimiento del Estado en su responsabilidad de disminuir el circulante de armas de fuego.

Por todos estos motivos, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de este pedido de informes.