Dirigirse al Poder Ejecutivo, a través del organismo que corresponda, a fin de solicitar tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara información, en el marco de la Ley 25675, de un informe sobre la situación de emergencia ambiental por inundaciones que sufre nuestro país, en especial información sobre:

1. Si se está recabando información y llevando estudios sobre los daños que se están produciendo en distintas ciudades del país por los fenómenos ambientales, lluvias de infrecuente intensidad y crecimiento de ríos fuera de sus cauces, que han producido inundaciones, derrumbes, apertura del piso, ruptura de rutas, entre otras.

2. Si hay información sobre la relación entre la deforestación constante y el crecimiento de zonas de agricultura intensiva, con las consecuencias de los fenómenos meteorológicos producidos.

3. Si de la misma información recopilada hay un relevamiento sobre obras realizadas por emprendimientos privados, como terraplenados, canalizaciones y drenajes no declarados.

4. Si se están instrumentando políticas de evaluación, riesgos de recurrencia u otros riesgos potenciales derivados de la construcción de carreteras elevadas, terraplenes, urbanización en zonas bajas o sobre valles de inundación, urbanizaciones con cambio de la escorrentía pluvial, entre otras. En su caso, si de ello se están elaborando propuestas de obras o planes de reordenamiento territorial para paliar los efectos negativos en caso de producirse o reiterarse fenómenos meteorológicos no habituales.

5. Si existe una política de articulación entre Ministerios y con las Provincias para estudiar zonalmente los impactos ambientales de obras públicas o grandes emprendimientos privados que alteren el ecosistema, en particular la escorrentía hídrica.

6. Si hay un plan de manejo de la emergencia ambiental por inundaciones durante y a posteriori de los hechos.

Señor presidente:

Marco legal: Ley general del ambiente N° 25675 fija que debe existir políticas ambientales nacionales para el mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas. Asimismo, fija que debe promoverse el uso racional y sustentable de los recursos naturales, manteniendo el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; y que debe prevenirse los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para el desarrollo social.

Con esos objetivos establecer que debe haber un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional y establecer procedimientos y mecanismos para la minimización de riesgos, la prevención y la mitigación de emergencias ambientales.

Estado de situación de las emergencias ambientales:

Durante el mes de marzo se han visto numerosos desastres naturales que han afectado ciudades del norte al sur del país, con pérdidas millonarias.

Estos hechos no son una novedad, estudios del Banco Mundial ya citaban que en el año 2015 las precipitaciones afectaron 800.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, con pérdidas de más de 600 millones de dólares. Asimismo, informa que más del 50% de los desastres naturales son originados por causas de las inundaciones y que el daño causado por el agua oscila el 0,7% del PBI.

El riesgo de daños a la población por las inundaciones es grande pues existen millones de personas que viven en zonas ribereñas o cercanas a áreas que cada vez son más inundables.

Esta situación posiciona a la Argentina en uno de los países de mayor riesgo por inundaciones del mundo, como lo es Brasil, India, Rusia, China, entre otros.

Las causas tienen que ver con el cambio climático y el crecimiento de las precipitaciones, pero asimismo tienen que ver fundamentalmente con un crecimiento urbano desorganizado, el cambio del uso del suelo, zonas que antes eran bosques y ahora son agrícolas, la creciente deforestación, donde en los últimos 10 años ha perdido más del 10% de sus zonas forestales.

Otras causas son los malos sistemas de drenaje, más notable en la Provincia de Buenos Aires donde cada emprendimiento agropecuario va construyendo su propio sistema de drenaje que sumados al cambio en el sentido de escurrimiento natural genera nuevas áreas de inundaciones y afectaciones nuevas.

Por otro lado, existe constancia de que se realizan obras de terraplenado y rutas elevadas sin considerar la historia de las inundaciones. Un ejemplo ha sido que a fines de marzo del presente año, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunciaron que debido a las inundaciones del Gral. Villegas trabajaron contra reloj para abrir pasos en las Rutas 188, 226 y 33 para que pueda pasar el agua de una zona a la otra, hecho que causó preocupación a los intendentes de los Municipios de Trenque Lauquen y Carlos Tejedor que presentaron denuncias contra la Dirección de Hidráulica de la Provincia por poner en riesgo la seguridad pública.

Claramente, estas situaciones muestras la desplanificación en el crecimiento poblacional y en las obras de infraestructura urbana, desconectadas de una política ambiental sobre estudios de riesgos, prevención de emergencia ambientales.

Sobre la base de esto último párrafo es que vengo a presentar este Proyecto de Resolución a los fines de ahondar sobre reiterados y creciente problemas que están sufriendo distintas ciudades de norte al sur del país. Problemas que no se resuelven esperando que cesen las lluvias. Se han perdido viviendas y han acaecido muertes y pérdidas millonarias de infraestructura en ciudades y rutas, que llevará meses o años reparar. Obras que no deberían afrontarse para reconstruir lo mismo que fue destruido, sino para reconstruir sobre la base que, repetido el fenómeno ambiental, no vuelva a producir daños a la población. Hay que estudiar el problema para encarar soluciones largo plazo, con obras de canalizaciones y resguardos importantes.

Para ello, se necesita planificación nacional y provincial, estudios de riesgos, articulación de las políticas ministeriales con una presencia relevante de las áreas ambientales del país. Un plan de manejo de la emergencia y a posteriori de ella, fortalecimiento de las redes de información para una respuesta más rápida, inversiones en líneas de monitoreo de ríos y servicios de meteorología y alerta en todo el país, control de la deforestación y actividad agropecuaria respecto a los movimientos de suelo y drenaje privados.

El presente proyecto desea no sólo conocer si estas políticas se están instrumentando, sino contribuir a visibilizar y tomar de conciencia de del problema.

En síntesis, el cumplimiento de la Ley general del ambiente N° 25675, intervención de las áreas ambientales en el ordenamiento ambiental del territorio, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, el sistema de diagnóstico e información ambiental

Es por todo lo expuesto Sr. Presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Resolución.