Preocupación por la intervención ilegal de la Policía de la Provincia de Jujuy, que actualmente funciona en la órbita del Ministerio de Seguridad provincial, en el predio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), que terminó con la detención arbitraria de dos estudiantes de dicha casa.

Señor presidente:

Señor presidente, resultan lamentables los hechos ocurridos la madrugada del pasado 13 de abril del corriente año en la Universidad Nacional de Jujuy, que dan como saldo un accionar violento e ilegal de la Policía de Provincial y la detención arbitraria de dos estudiantes de dicha casa.

Resulta preocupante que las autoridades provinciales desconozcan la jurisdicción nacional de la Universidad Nacional, y que hayan avalado este operativo. La Policía de la Provincia de Jujuy no tiene jurisdicción para actuar en predios de la Universidad Nacional, sin embargo, esto fue cuestionado por el accionar policial el jueves pasado. La intromisión de personal policial en la Facultad de Ciencias Agrarias de dicha casa de estudios fue a todas voces ilegal, contrario a la Constitucional Nacional y violatorio de la ley de Educación Superior, Nº 24.521.

Nuestra Constitucional Nacional, con la reforma de 1994, eleva la autonomía y autarquía de las universidades nacionales a principio de jerarquía constitucional. Así lo establece el inciso 19 del artículo 75, que, entre otras atribuciones, le corresponde al Congreso: “Sancionar leyes de organización y de base de la educación, que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.

Hasta esta reforma, la noción y los alcances de la autonomía y la autarquía universitarias (no mencionadas en la constitución anterior) eran fijados discrecionalmente por el legislador. Pero el espíritu de la reforma constitucional de 1994 deja expresamente establecida la jerarquía y, en adelante, cualquier acción en detrimento de esta autonomía-autarquía puede ser impugnada invocando una posible violación de la garantía constitucional.

Por su parte la Ley de Educación Superior (Ley Nº 24.521), que en su artículo 31 referido a la autonomía universitaria, expresa que “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.

Lamentablemente ninguno de los requisitos expresados por dicha ley se cumplimentaron al momento del operativo llevado a cabo por la Policía Provincial, lo que deja al descubierto el accionar contrario al derecho que significan un claro avasallamiento a la comunidad académica de la Universidad Nacional Jujuy, que como legisladores no podemos dejar pasar, ni dejar de advertir la gravedad de los hechos. Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.