Expresar repudio y exigir la renuncia del Ministro de Seguridad de Jujuy, Ekel Meyer, por el ingreso ilegal de la Policía de Jujuy en la Facultad de Ciencias Agrarias de dicha provincia, violando la Autonomía Universitaria resguardada por la Ley de Educación Superior, y por la detención arbitraria de dos alumnos, entre ellos al presidente del centro de estudiantes Joaquín Quispe, la noche del 12 de abril de 2017.

Señor presidente:

La noche del 12 de abril de 2017, en la provincia de Jujuy, la Policía de la provincia ingresó de manera ilegal al predio de la Universidad Nacional mientras se realizaba una actividad del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, que contaba con la correspondiente autorización del Decano.

Con cinco móviles y un gran despliegue de efectivos en el predio de la Universidad, las fuerzas policiales desataron un violento accionar contra los jóvenes presentes. Cuando el Presidente del Centro de Estudiantes, Joaquín Quispe, de manera pacífica explicó que realizaban un asado con la autorización correspondiente, se lo llevaron detenido sin razón, junto a otro estudiante de primer año, Ignacio García.

Los estudiantes fueron golpeados y agredidos por la Policía local, según denunció el mismo Joaquín Quispe en un relato pormenorizado de su detención, y según informó el Decano de la Facultad, Mario Bonillo. Los detenidos fueron liberados a la mañana siguiente, ante la insistencia de las autoridades de la Universidad.

Este hecho no sólo es violatorio de la Autonomía Universitaria resguardada por la Ley de Educación Superior que, en su artículo 31, expresa que “la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada, de un juez competente, o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”. También deja en evidencia el desconocimiento más elemental de la cuestión de jurisdicciones y leyes vigentes o, lo que es más grave aún, la total impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad de la provincia, apañadas por un Ministerio de Seguridad que habilita la brutalidad al margen de la ley por parte de quienes paradójicamente debieran resguardarla.

Luego del episodio, el Ministerio de Seguridad de la provincia emitió un comunicado oficial argumentando que los efectivos policiales concurrieron al lugar tras haber recibido “llamados de vecinos que se quejaban de ruidos molestos", y que las detenciones se efectuaron por una contravención, al constatar que "no contaban con ningún permiso para la fiesta”.

Una vez más, como lamentablemente viene aconteciendo en los últimos meses, las fuerzas públicas protagonizan graves episodios de violencia institucional y cuando toman estado público buscan justificar su accionar en base a argumentos falsos que rápidamente son desmentidos por las evidencias y los diferentes testimonios. En este caso, la policía primero negó haber ingresado al predio de la universidad, hecho que quedó registrado en los videos filmados por los estudiantes, y luego sostuvieron que no contaban con autorización, cosa que el propio decano se encargó de desmentir.

Frente a los cada vez más frecuentes episodios de violencia institucional que se están registrando en nuestro país, y ante los crecientes esfuerzos que están llevando adelante los encargados de velar por la seguridad para hacer pasar a las víctimas por victimarios, es sumamente relevante denunciar y repudiar cada uno de los abusos de autoridad en los que incurren las fuerzas del orden. De la misma manera, si verdaderamente se pretende evitar que estos episodios de abuso de autoridad se sigan repitiendo en el futuro, es indispensable exigir el desplazamiento de los responsables políticos de la conducción de las fuerzas de seguridad, y no sólo de los agentes que participaron en el operativo.

Es por eso que solicito a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de resolución.