Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de la Ministra de Seguridad de la Nación Lic. Patricia Bullrich, y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Lic. Horacio Rodríguez Larreta, a fin de que brinden información precisa y detallada a esta Honorable Cámara de Diputados en relación a los diversos puntos vinculados a la tragedia acontecida el día 15 de Abril del corriente año en la fiesta electrónica Time Warp, llevada a cabo en el Complejo Costa Salguero y cuyos permisos para su realización los tenía la empresa Dell Producciones S.A., y en la cual fallecieron 5 jóvenes asistentes por presunta intoxicación e ingesta de drogas:

1) La habilitación del predio del Centro Costa Salguero para realizar eventos masivos y los términos del contrato para que la empresa Dell Producciones S.A. realice la fiesta electrónica Time Warp el día viernes 15 de Abril de 2016. Indicar cuáles fueron las medidas de seguridad acordadas en lo concerniente a: seguro de responsabilidad civil contratado; capacidad admitida; constancia de contratación de empresa de asistencia médica con servicio de ambulancia garantizado; constancia de contratación de servicio de seguridad privada (de acuerdo con la Ley n° 118); Copia certificada de contratación realizada ante la División Reuniones Públicas de la Policía Federal Argentina y/o Prefectura Naval Argentina y/o Gendarmería Nacional, en la modalidad de servicio adicional; constancia de contratación de un servicio de bomberos acompañado del informe donde se garantice que el servicio brindado cubre las condiciones de seguridad en caso de producirse un siniestro y que se ha verificado el correcto funcionamiento de las instalaciones de extinción con que cuenta el predio afectado al evento; certificado de la contratación de socorristas afectados al plan médico-sanitario; certificado firmado por profesional responsable del tratamiento ignífugo sobre las carpas, telas, alfombras, pisos, etcétera, a utilizar; y demás certificaciones de carácter obligatorio consignadas en los requisitos para eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires .

2) Informar si ya se ha iniciado una investigación interna sobre las posibles inconductas o conductas susceptibles de sanción penal en las que podrían haber incurrido los funcionarios dependientes del Ministerio de Seguridad, actuante en la noche de la tragedia de Costa Salguero. En ese caso indicar el número de expediente y nombre del funcionario sumariante.

3) Informar si se han iniciado acciones contra otros funcionarios públicos con responsabilidad en la habilitación y el control de las medidas socio sanitarias y de seguridad del evento. En ese caso indicar el número de expediente y nombre del funcionario sumariante.

4) Los controles llevados a cabo por la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina en las inmediaciones y en el evento propiamente dicho, ambas Fuerzas Federales dependientes el Ministerio de Seguridad de la Nación.

5) Informar si se han iniciado acciones tendientes a sancionar a los organizadores del evento.

Señor presidente:

Señor Presidente:

Motiva este pedido de informe la tragedia que ha consternado a la sociedad argentina en el marco del fallecimiento de al menos 5 jóvenes por presunta intoxicación e ingesta de drogas, que asistieron al evento de música electrónica Time Warp realizado en el Complejo Costa Salguero por la Empresa Dell Producciones S.A., el pasado 15 de Abril del corriente año y de la que todavía hay 4 participantes internados en estado crítico.

Durante esta semana la Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá una sesión especial durante tres días para debatir en profundidad, por primera vez en casi dos décadas, sobre las políticas de drogas y el narcotráfico. Fue convocada en 2012 por los presidentes de Colombia, México y Guatemala para instar a un cambio de paradigma en la materia debido al rotundo fracaso de la política de “guerra contra las drogas”. El debate tiene como soporte científico un documento elaborado por la Comisión de Estupefacientes, compuesta por 53 países que tiene sede en Viena. Muchos líderes mundiales se manifestaron para cambiar el paradigma punitivo por otro que haga eje en “la ciencia, salud pública, los derechos humanos y la compasión”.

Entendemos que estos trágicos hechos se enmarcan en una actitud desidiosa por parte del Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos viendo con preocupación cómo se está utilizando la excusa de “guerra contra las drogas” para justificar decretos de Emergencia en Seguridad Pública que fueron pensados en otras latitudes y que han tenido pésimos resultados, mientras se habilitan negocios millonarios que se cobran las vidas de los jóvenes.

Consideramos que para enfrentar estos problemas derivados del negocio del narcotráfico y del abuso de sustancias es necesario un trabajo en materia de prevención, información y reducción de daños que sea mancomunado y multiagencial.

Esto solo puede concretarse con diagnósticos serios, algo de lo que adolece el citado decreto de Emergencia en Seguridad Pública, que se basa en generalizaciones y no tiene un solo dato sobre los números del negocio del narcotráfico en nuestro país, no menciona la centralidad de la ruta del lavado de dinero, ni grafica sobre la incidencia del abuso de sustancias en la salud pública. Tampoco se basa en información sobre el pobre desempeño del servicio de justicia, que encarcela masiva y especialmente a mujeres, a jóvenes y a migrantes pertenecientes a los sectores más excluidos de nuestra sociedad, por delitos vinculados con la tenencia simple de estupefacientes cuyo valor económico resulta irrisorio y con nula perspectiva de salud pública, y nunca encuentra a los grandes narcotraficantes.

En nuestro país, al igual que en otros países de la región y del mundo, el paradigma punitivo y negacionista ha generado más violencia, daños y muertes que el consumo de sustancias ilícitas en sí. Y al mismo tiempo se ha expandido el negocio del narcotráfico.

No podemos entender estos hechos como un “accidente”. Aquí hubo personas que se enriquecieron cobrando entradas para un público con alto poder adquisitivo en una fiesta multitudinaria. Aquí hubo desidia y corrupción de agentes del estado que hicieron la vista gorda a cambio de algo. Aquí todo parece indicar que se priorizó un espectacular negocio a costa de la seguridad y la salud de los/as miles de jóvenes que participaron de la fiesta.

Hemos escuchado terribles palabras a través de los testimonios propinados por los/as sobrevivientes de la tragedia que se han conocido en estas últimas horas, donde se puede medir la gravedad del problema: “había droga y menores de edad”, "pasaban vendiendo droga cada dos minutos”, “estaba sobrepasado de gente”, “adentro no se podía estar”, “vi que pasaba un chico en la camilla muerto. Después veo a otro chico convulsionando. Siempre he visto chicos mal, pero no a este punto”, “cuando se murió la primera persona la fiesta siguió”, “cerraron todas las canillas de agua para que tengamos que comprar las botellitas a 80 pesos”, etc.

Todos estos testimonios desgarradores dan cuenta de la gravedad del problema y la negligencia estatal. Mientras existe una ausencia de políticas en materia de prevención, información y reducción de daños, se criminaliza la pobreza con mediáticos allanamientos en villas y barrios de emergencia, señalados constantemente como el escenario natural del narcotráfico y el hogar de los consumidores.

De esta forma, el gobierno encabezado por Mauricio Macri continua la misma línea política que tuvo durante ocho años en la Ciudad de Buenos Aires, y que tiene como fin último la implementación de prácticas policiales violentas y abusivas que solo lograron reproducir los agudos conflictos que genera el narcotráfico en los barrios más humildes de la Ciudad y que nada tienen que ver con el espectáculo sino con una situación de ausencia del Estado y falta de políticas públicas de inclusión.

El Centro Costa Salguero donde se realizan todo tipo de convenciones, el mismo que fue centro de cómputos electorales del partido gobernante, ha sido la sede de un descontrol que terminó en 5 muertes y 4 damnificados graves como consecuencia de la omisión por parte de la Prefectura Naval, la Policía Federal y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el cumplimiento de sus tareas.

Por último citamos los últimos dos párrafos del comunicado publicado por el grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia en el marco del decreto del Poder Ejecutivo que declaró la Emergencia de Seguridad Pública el pasado 21 de enero de 2016, los cuales se ajustan a la necesidad de diseñar e implementar políticas que brinden soluciones eficaces frente al problema de la inseguridad, desde una perspectiva respetuosa de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

“La declaración de emergencia no propone medidas capaces de afectar el funcionamiento de los mercados ilegales como por ejemplo fortalecer el control del lavado de activos provenientes del narcotráfico que atraviesan el sistema financiero. Al mismo tiempo, los nombramientos en la unidad encargada de elaborar estas políticas no parecen ir en el sentido de incrementar el control. Tampoco se han dado a conocer medidas para intervenir en la relación promiscua entre fútbol y política, fenómeno íntimamente vinculado al narcotráfico y a los crímenes mafiosos. Para promover una verdadera política de Estado para enfrentar los complejos fenómenos del delito y la violencia no es posible dejar de lado la necesidad de profesionalizar las instituciones policiales y el sistema de Inteligencia. Al mismo tiempo, debería jerarquizarse el trabajo preventivo territorial, en particular con los jóvenes y los niños.

Las políticas de seguridad en general y de drogas en particular, deben surgir de diagnósticos rigurosos y de un enfoque de seguridad democrática. La emergencia en seguridad declarada por el Poder Ejecutivo es otra oportunidad perdida para dar un debate serio sobre las formas en que un estado democrático debe abordar los problemas del delito y la violencia. Diversos espacios políticos, sociales y académicos, entre ellos el Acuerdo de Seguridad Democrática y el grupo Convergencia, venimos planteando que la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos debe realizarse en el marco de principios democráticos, a partir de acuerdos políticos y sociales amplios que eviten medidas demagógicas e ineficaces. Estos acuerdos deben avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad.

Grupo coordinador Acuerdo de Seguridad Democrática y Convergencia: León Carlos Arslanian, Alberto Binder, Gastón Chillier, Enrique Font, Gabriel Kessler, Gustavo Palmieri, María Victoria Pita, Marcelo Saín, Sofía Tiscornia, Paula Litvachky, Marcela Perelman, Manuel Tufró, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini, Enrique del Percio, Ernesto López, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti, Juan Gabriel Tokatlian, José María Vásquez Ocampo.

Horacio Verbitsky, Beatriz Sarlo, Nilda Garré, Adolfo Pérez Esquivel, Felipe Solá, Jorge Taiana, Eduardo Valdes, Hermes Binner, Rafael Gentili, Leonardo Grosso, Dante Caputo, Rut Diamint, Carlos Acuña, Victoria Donda, Gabriel Puricelli, Juan Manuel Abal Medina, Nito Artaza, Paula Alicia Ciciliani, Juan Pablo Cafiero, Roberto Gargarella, Germán Montenegro, Alicia Pierini, Manuel Garrido, Eduardo Rinesi, Ana Jaramillo, Hernán Patiño Mayer, Humberto Tumini, Juan Sasturain, Carlos Gabetta, Mempo Giardinelli, Maristella Svampa, Paula Canelo, Khatchik Derghougassian, Pablo Bergel, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Gabriel Anitua, Hugo Spinelli, Andrea Catenazzi, Silvia Guemureman, Virginia Manzano, Sebastián Pereyra, Máximo Sozzo, Esteban Rodríguez Alzueta, Alberto Schprejer, Mario Pecheny, José Garriga Zucal, Natalia Bermúdez, Alejandra Otamendi, Martín Becerra, Juan Tapia, Pablo Alabarces, Alberto Bovino, Ileana Arduino, Jorge Ceballos, Roberto Cipriano, Victor Mendibil, Gabriel Ganon, Alejandro Grimson, Lila Caimari, Diego Tatián, Susana Morales, Magdalena Brocca, Natalia Federman, Alfredo Lazzeretti, Graciela Cousinet, Federico Masso, Isaac Rudnik, Edy Binstock, Ángela Oyhandy, Juan Carlos Manoukian, Gabriel Bombini, Eduardo Tavani, Pablo Semán, Cecilia Ales, Daniel Lvovich, María Marta Bunge, Norberto Alayón, Daniel Badenes, Diego Sztulwark, Eva Muzzopappa, Mariano Ciafardini, Silvina Segundo, Roberto Pittaluga, José Massoni, Emilio Crenzel, Carla Villalta, María José Sarrabayrouse Oliveira, Brenda Canelo, Paula Abal Medina, Patricio Brodsky, Raquel Witis, Jorge Witis, Catalina Smulovitz, Leandro Halperin, Ana Natalucci, Valeria Barbuto, Leonor Arfuch, Julián Axat, Alejandra Oberti, Julio Maier, María Inés Peralta, Mariano Faraci, Alejandro Cattaruzza, Santiago Garaño, Mabel Grimberg, Luis Belloli, Horacio Alcuaz, Gabriela Seghezzo, Araceli Díaz, Mario Alberto Juliano, Mariana Silvina, Mariana Casullo Amado, Jorge Cernadas, Marcela Bonifacio, Dante Peralta, Laura Duarte, Carolina Mera, Horacio Javier Etchichury, Stella Onetto, Juan Carlos Radovich, Héctor Tri Heredia, Adrián Berardi, Jorge Bernetti, Nora Delia Rabotnikof, Dante Ganem, Alejandro Blanco Araujo, Mariano Perelman, Telma Luzzani, Adriana Rodríguez Pérsico, Ana Castellani, Jorge Rachid, Jorge Elbaum, Mónica Macha, Juan Piovani, Diego Galeano, Jaime Garreta, Eugenia Cozzi, Verónica Gago, Neka Jara, María Medrano, Alberto Spagnolo, Mario Santucho, Alejandra Rodríguez, Diego Skliar, Julio Burdman, Sandra Raggio, Rodrigo Pomares, Stella Martini, Paola Bergallo, Gabriel Bombini, Oscar Rovito, Carola Cóncaro, Vicente Palermo, Martín Plot, Marisa González de Oleaga, Verónica Heredia, Lucía Diforte, Aníbal Viguera, José Machain, Pablo Vommaro, Julián Bertranou, Diego Kantor, Guillemo Piccolini, Liliana Inés Cabrera, Melina Vazquez, Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, Pedro Pablo Curotto, Iván Schuliaquer, Amelia Rosa Baez, Daniela Slipak, Beatriz S. Diez, Philip Kitzberger, Pedro Núñez, Sergio Eissa, Jorge Pinedo, Raquel Castronovo, Cecilia Senen González, Déborah Daich, Claudio Cholakian, Raúl Gustavo Ferreyra, Miguel Talento, María del Carmen Bianchi, Ana Clement, Concepción Palumbo, María Cristina Alvite, Raúl Salinas, Pao Legay, Graciela Guilis, Guillermo Izaguirre, Verónica Devalle, Mónica Tarducci, Leandro Andrini, Pablo Valle, Joan Patrice Mc Sherry, Beatriz Garrido, Mercedes Roffe, Francisco Figueroa, Roberto Manuel Carlés, Silvia Renee Horne, Aída Loya, Adrián Martín, Patricia Sadovsky, Horacio Gárgano, Solange Novelle, Julia Risler.

Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), ANDHES, Asociación Pensamiento Penal (APP), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Colectivo Habitar Argentina, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Intercambios Asociación Civil, Programa Universidad y Cárcel (Universidad Nacional de Córdoba), Xumek, Organización Barrial Tupac Amaru, Instituto de Investigación y Experimentación Política (IIEP), Yo No Fui Asociación Política y Social, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, Colectiva de Antropólogas Feministas, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal, El Piojo Comunicación Infantil, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, Cladem Argentina – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, Casa de la Memoria y Resistencia Jorge Nono Lizaso, Asociación Civil Radio La Cantora, Corriente Política y Social La Colectiva, Atrapamuros – Colectivo de Educación Popular en Cárceles, El Agora, Asociación Civil Madre Tierra, Católicas por el Derecho a Decidir, Instituto Arturo Enrique Sampay, Encuentros para una Nueva Emancipación, Asociación Civil Movimiento de Profesionales para los Pueblos, Abogados por la Justicia Social (AJUS), Programa de Etica y Teoría Política – Universidad Nacional de Córdoba

Siguen las firmas…”

Por dichos motivos, solicitamos una urgente respuesta desde nuestro ámbito de contralor republicano para poder escuchar en primera persona a los principales responsables de esta tragedia, los funcionarios Bullrich y Larreta.

Queremos preguntarle sobre las diferentes responsabilidades de sus respectivas reparticiones en estas 5 muertes que pudieron perfectamente ser evitadas si los mecanismos institucionales hubieran funcionado como corresponde, y con la mitigación del daño una vez desatada la tragedia de la primera muerte.