Repudiar la grave represión y persecución contra los trabajadores de la provincia de Santa Cruz, que se encuentran en lucha por el pago de salarios adeudados y aumentos salariales acordes al costo de vida.

Rechazar los intentos de judicializar la protesta social, como así también el rechazo al envío, por parte del gobierno nacional, de una cantidad mayor de gendarmes a la provincia sureña.

Rechazar la política de ajuste del Gobierno Nacional y Provincial y exigir la resolución inmediata de los reclamos populares. Al mismo tiempo, denunciar la extorsión del Gobierno Nacional que pone como condición para girar los fondos nacionales aplicar un ajuste social de fondo, eliminando conquistas laborales históricas de los trabajadores.

Su rechazo a todo intento de intervención federal sobre la provincia de Santa Cruz.

Señor presidente:

La situación de los trabajadores de Santa Cruz se ha vuelto crítica. A las propuestas irrisorias de aumento salarial, como en el caso de los docentes (3%), se le suma el atraso del pago de salarios y jubilaciones de hasta casi dos meses, en numerosos casos. Al mismo tiempo los despidos se multiplican y hay un intento constante de avanzar contra derechos laborales y jubilatorios consagrados. La propuesta salarial a los docentes no sólo es una tomada de pelo a los trabajadores de la educación, en función del 40% de inflación que hubo el año pasado y del más de 25% proyectado para este año, sino que incluso está muy por debajo de la pauta salarial nacional del 17% –fijada a la baja- contra la cual se pronunció masivamente la docencia de nuestro país, en absoluto rechazo. Hay una franja importante de trabajadores de la provincia que cobran salarios de 12.000 pesos cuando la canasta familiar se ubica en los 26.000 pesos.

Frente a este cuadro, la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner, pretende imponer el silencio del hambre a través de la represión y la judicialización de la protesta salarial. Ha llegado a plantear una orden de restricción de acercamiento a edificios públicos para uno de los dirigentes sindicales de la CTA Autónoma. Por su lado, el Gobierno Nacional condiciona el envío de fondos a la provincia a una reforma integral laboral-jubilatoria que lleve adelante un profundo ajuste social y la eliminación de derechos adquiridos, que resisten los trabajadores santacruceños. Al mismo tiempo, han anunciado el envío de una cantidad mayor de gendarmes, que no significa otra cosa que reforzar el aparato represivo contra las luchas populares actuales. Tanto el gobierno nacional como el provincial se hallan alineados para llevar adelante una política de ajuste. El partido de gobierno nacional, Cambiemos, gobierna Río Gallegos y otros importantes municipios y son lugares donde también hay retraso salarial.

Hace unos días atrás, ante el reclamo espontáneo de miles de trabajadores que rodearon la residencia oficial para reclamar los salarios adeudados, entre otras demandas, el gobierno de Alicia Kirchner respondió con una fuerte represión que dejó un saldo de heridos. Dicha represión fue avalada por el presidente Mauricio Macri, a la vez que Nuevo Encuentro y otras fuerzas del kirchnerismo lanzaron una campaña macartista contra los manifestantes. Alrededor de 10 mil personas se movilizaron en Río Gallegos en repudio a esta represión.

Acá no se trata de un ´grupo minoritario´ ni de una lucha aislada, ni tampoco de un intento de golpe contra el gobierno provincial, como se lo ha acusado al Partido Obrero, de una “actitud golpista con el formato de los golpes modernos, en los que se arman escenarios supuestamente catastróficos para ser televisados y justificar intervenciones políticas” (…), tal como reza un comunicado que lanzó Oscar Parrilli, el ex secretario de Presidencia y ex jefe de Inteligencia de los gobiernos K, del Instituto Patria.

Acá se trata de decenas de miles de trabajadores docentes, judiciales, estatales provinciales, de la salud, docentes universitarios, y de los gremios industriales, que están en lucha, de pie, movilizándose y realizando huelgas desde hace meses por sus salarios y derechos laborales. La semana pasada se han realizado manifestaciones masivas de 10 y 15 mil santacruceños en la capital provincial, Río Gallegos. Los paros docentes –resueltos democráticamente en Asambleas por los trabajadores en lucha- tienen un acatamiento del 100%.

Son preocupantes los anuncios de los ministros del gobierno nacional de enviar más gendarmes a esta provincia, como así también los rumores de una posible intervención federal, que aquí, en este proyecto, planteamos rechazar. Al mismo tiempo, tanto el presidente de la Nación, como miembros de su gabinete han manifestado que es necesario que se aplique un fuerte ajuste social en Santa Cruz.

¿Se está preparando una nueva Patagonia Trágica?

La represión que se está aplicando es para imponer una política contra los trabajadores, en detrimento de sus condiciones de vida y laborales. Es necesario resolver en forma inmediata los reclamos de los obreros y empleados de Santa Cruz: pago de los salarios adeudados, aumento de salarios acorde al costo de vida, plenos derechos de sindicalización, manifestación, reunión, palabra y prensa. Apertura inmediata de las cuentas públicas de la provincia, control obrero de las finanzas provinciales, cese de los despidos y la creación de un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, como las mineras, petroleras, pesqueras y al gran comercio y casinos de la provincia.

Llamamos a los señores Diputados a elevar su voz en apoyo a los trabajadores santacruceños, adhiriendo a este Proyecto de Resolución.