Expresar su profundo repudio a las golpizas y detenciones arbitrarias realizadas el 18 de abril al dirigente indígena Agustín Santillán, a su esposa y a otros integrantes de la comunidad wichi de Formosa, por parte de la policía de la provincia de Formosa.

Señor presidente:

El pasado 18 de abril el dirigente indígena Agustín Santillán, fue detenido y golpeado salvajemente por la policía formoseña en la ciudad de Ingeniero Juárez. Junto a Santillán también fueron detenidos otros dos integrantes del pueblo Wichi, Roberto Frías y Juan José Grande, quien fue internado en el hospital Central de Formosa. Sin atenderlo ni operarlo, lo trasladaron a la alcaidía -en la misma celda que Santi-llán- con una bala aún alojada en su cuerpo.

Santillán, a quien le abrieron extorsivamente 28 causas judiciales, fue encarcelado primero en Ingeniero Juárez y trasladado a la cárcel de la ciudad de Formosa.

Recién en ese lugar, el viernes 21 de abril, pudo ser visitado por familiares y por la comitiva del Consejo Consultivo Participativo de Pueblos Indígenas quienes pudieron observar los golpes que Agustín presen-taba en varias partes de su cuerpo y en el rostro, como así la debilidad física de Roberto Frías y la ende-ble salud de Juan José Grande, con una bala alojada en su cuerpo y muy dolorido.

El día domingo 23 de abril, Santillán volvió a ser trasladado a la cárcel de Las Lomitas, lo cual genera enorme preocupación por su integridad física en sus familiares, compañeros y dirigentes de los pueblos indígenas.

También posteriormente fue detenida Gabriela Torres, esposa de Agustín Santillán, que había denun-ciado torturas contra su esposo y figuraba en la lista de pedido de captura para 14 integrantes de la comunidad wichí de Ingeniero Juárez, Formosa.

Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denuncian que el fiscal Diego González; el juez de Ins-trucción Marcelo López Picabea; y el gobernador Gildo Insfrán, son los motores de una campaña feroz de odio racial en la provincia de Formosa en general y en la ciudad de Juárez en particular. Además, los hacen responsables por la integridad física de los detenidos y exigen su inmediata liberación.

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, casi en el límite con Salta. Una de las localidades más pobres del norte y región ancestral del pueblo wichí. En las últimas décadas se aceleró el proceso de despojo territorial (por el avance agroganadero y petrolero), y las comunidades indígenas pasaron a engrosar los márgenes pobres de la ciudad.

Agustín Santillán era un joven docente bilingüe cuando, en 2007, comenzó a reclamar falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que nunca tuvieron respuesta. Sobrevinieron cortes de ruta y viajes a Buenos Aires para visibilizar las injusticias. Así se lo vio en el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y arti-culó luchas con otros referentes formoseños, como los qom Israel Alegre y Félix Díaz, y el pilagá Bárto-lo Fernández. Lo echaron de su trabajo en la escuela y comenzó a ser perseguido por el poder político provincial.

En 2014 fue entrevistado por Canal 13, en horario central, denunciando las escuelas rancho y la viola-ción de derechos. El ataque posterior fue sistemático. La policía de Ingeniero Juárez comenzó a ame-nazarlo con cárcel y muerte. El intendente Cristino Vidal Mendoza se expidió públicamente en Face-book: “Para ser prócer hay que matar indios? Sí. Y sobre todo si se llama Agustín”.

El 24 de marzo de 2015, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la policía de Formosa reprimió a las comunidades wichí de Ingeniero Juárez (Santillán estaba al frente del reclamo). Exigían agua, salud y educación, al costado de la ruta 81 (no la estaban cortando), pero igual fueron reprimi-dos.

Con el cambio de gobierno nacional y la reelección de Gildo Insfrán, gobernador desde 1995), Santillán siguió con los reclamos. En 2016 formó parte de una manifestación por nombramientos irregulares de maestros indígenas (la provincia había designado a familiares de funcionarios y punteros políticos). Ante la falta de respuesta, ocuparon de manera pacífica la delegación zonal. Santillán estuvo preso 15 días.

La última década hubo un cambio drástico en las comunidades indígenas urbanas del oeste de Formosa: se hizo frecuente la presencia de alcohol y paco, sobre todo en los jóvenes. Y comenzaron a ser reclu-tados como grupos de choque de los partidos políticos. En diciembre de 2015 ganó la intendencia Ra-fael “Pachanga” Nacif. Por sólo cuatro puntos, dejó segundo a Cristino Mendoza (intendente durante doce años). Y comenzó un enfrentamiento entre ambos (aunque los dos están alineados con Insfrán). Se valen de los jóvenes de comunidades wichí como fuerza de choque.

Desde hace más de un mes, Juárez padece inundaciones. Las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal y los reclamos fueron en ascenso. En ese contexto, y con el ingrediente del al-cohol, jóvenes robaron viviendas y saquearon un comercio.

En redes de WhatsApp comenzaron a circular audios (muchos de punteros del gildismo) pidiendo la detención de Santillán, aunque él no habría participado de los incidentes. El viernes la policía lo detuvo, lo golpeó y trasladó a Las Lomitas (a 160 kilómetros de su casa). “Agustín no estuvo en los disturbios. No son jóvenes que trabajan con él. Está todo armado. Lo apresaron porque no se calla ante los políti-cos”, lamentó su esposa, Gabriela Torres. Y cuestionó que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indí-genas) no le haya brindado asistencia legal.

Santillán no tiene abogado defensor (ante la imposibilidad de contratar un abogado de forma privada, el Estado debe proveer defensor público, pero aún no ha sucedido). Sólo se sabe que está golpeado.

Durante el fin de semana se replicaron los audios en WhatsApp que incitan a presionar a jueces y fisca-les para condenar a Santillán. Y piden cárcel para todos los wichís, a los que acusan de los males de Formosa. También hubo campaña de trolls en Facebook y Twitter. Los wichís explican que esos mismos criollos son los que venden alcohol y droga en las comunidades indígenas.

Daniel Cabrera es abogado de Las Lomitas, parte de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Es defensor de Santillán en una veintena de causas antiguas, todas por reclamar los derechos básicos de los pueblos indígenas. “Agustín cometió un pecado, mostrar y denunciar la reali-dad de Formosa, por eso está privado de su libertad”, afirmó Cabrera y precisó que el poder político y judicial inició siete nuevas causas contra Santillán.

Las acusaciones son tan diversas como insólitas: intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. Está a cargo el juez Mar-celo López Picabea.

La esposa de Santillán antes de ser detenida, incluso no pudo visitarlo porque temía ser detenida. “La policía le dijo a vecinos que van a encarcelar a toda la familia. Es injusto esto, sólo reclamamos nues-tros derechos”, afirmó Gabriela Torres por entonces. Cabrera resumió: “Está todo armado como para que esté preso mucho tiempo. Quieren aleccionar a los que luchan”.

Dado este atropello intolerable de los derechos humanos de los y las integrantes de estas comunidades indígenas solicitamos que se apruebe este proyecto de repudio a lo sucedido.