Su repudio a la agresión que sufrió el vicegobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Carlos Arcando, el pasado lunes 2 de mayo, en el marco del conflicto por una reforma jubilatoria en el distrito.

Señor presidente:

El pasado lunes 2 de mayo, durante un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas que se desarrollaba frente a la sede de la gobernación de Tierra del Fuego, el vicegobernador de dicha provincia fue agredido por un grupo de manifestantes que protestaban debido a un conflicto por las reformas a las leyes previsionales.

Según las versiones periodísticas, el vicegobernador Arcando descendió de una camioneta, e instantáneamente los manifestantes empezaron a increparlo, al tiempo que exigían que los atendiera para escuchar sus reclamos. “Arcando, ponete a laburar. No vas a poder caminar por la calle” eran algunos de los gritos que se escucharon en el lugar. Rodeado de policías y custodios, el vicegobernador intentó eludir al grupo que lo insultaba; pero en el momento de mayor tensión, llegaron a desabrocharle la camisa y le rompieron el traje, mientras otros manifestantes arrojaron huevos contra su persona y la de otros funcionarios que lo acompañaban.

Como consecuencia de estos lamentables hechos, el juez penal de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, ordenó la detención de cinco gremialistas estatales, acusados de haber sido los principales agresores. Hasta el momento, la lista de detenidos incluye a los dirigentes Roberto Camacho, de la CTA; José Gómez, de los empleados públicos de AFEP; y los municipales Horacio Gallego y Juan Stefoni; mientras que el quinto sindicalista todavía no pudo ser encontrado. La causa judicial que instruye De Gamas Soler investiga los presuntos delitos de resistencia y atentado a la autoridad, lesiones y daño agravado.

Si bien defendemos el legítimo derecho de los trabajadores a protestar y oponerse a una reforma previsional que puede perjudicarlos severamente, recordando lo que manifestaba el constitucionalista entrerriano Arturo Sampay de que “el derecho de huelga es un derecho natural del hombre en el campo del trabajo como lo es el de resistencia a la opresión en el campo político”; al mismo tiempo repudiamos que, en el marco de un estado de derecho, se llegue al límite intolerable del ejercicio de la violencia verbal y física contra un funcionario público elegido democráticamente.

Por dichos motivos, es que nos solidarizamos con el vicegobernador de la provincia de Tierra del Fuego, recordando que nuestro país pagó altísimos costos humanos, sociales y políticos cuando se intentó resolver sus conflictos a través de la violencia, y no por medio de las instituciones democráticas y republicanas.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente Declaración.