Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos competentes, tenga a bien informar a esta Honorable Cámara sobre cuestiones relacionadas a femicidios cometidos por integrantes o ex miembros de fuerzas armadas o de seguridad:

1- ¿Qué medidas dispuso para garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución 1515-2012 del Ministerio de Seguridad? ¿Cuáles para sancionar su eventual incumplimiento?

2- Informe y detalle resultados sobre verificación de cumplimiento de la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación por parte de personas integrantes de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad que hayan sido denunciadas por hechos de violencia familiar, lesiones y/o uso abusivo de armas.

3- Informe y detalle seguimiento respecto de la adecuación de normas y procedimientos internos de Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria respecto a la restricción de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación prevista en la Resolución 1515-2012.

4- Adjunte nombre y programa de las materias con perspectiva de género implementadas en la currícula del personal de las fuerzas armadas y de seguridad.

5- Adjunte copia del modelo o protocolo correspondiente a la evaluación y tratamiento que se aplica al personal de las fuerzas armadas y de seguridad, especificando mecanismo, responsables y periodicidad.

Señor presidente:

El Estado debe promover políticas públicas que fortalezcan el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones de ningún tipo.

El femicidio constituye una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres; es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Es una gravísima situación de violación de los derechos humanos de las mujeres.

La Asociación Civil La Casa del Encuentro registró, entre 2008 y 2015, 2094 femicidios. En esos 8 años 2.518 hijas e hijos quedaron sin madre, 1.617 son menores de edad.

En 2015, hubo al menos 286 femicidios, 17 de los cuales fueron cometidos por integrantes o ex miembros de fuerzas armadas o de seguridad. Estos 17 casos tienen una particularidad: los agresores mataron a su pareja con el arma que les provee el Estado.

Entre 2009 y 2015, al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados, de acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro. En la amplia mayoría de los hechos, los asesinatos fueron ejecutados con armas de fuego.

Actualmente 222 efectivos de fuerzas nacionales no pueden llevarse el arma a su casa porque están denunciados como violentos. Deben dejar a sus superiores su arma reglamentaria al finalizar su horario de servicio por estar denunciados por violencia contra sus parejas o ex. Para Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria rige la Resolución 1212-2015; pero en la mayoría de las provincias no hay ninguna reglamentación que les restrinja el uso del arma cuando regresan a su hogar.

Según consta en la nota de la periodista Mariana Carbajal del domingo 15 de mayo en Página 12: “En diez días, dos policías salteños quedaron detenidos acusados de matar a sus parejas con el arma reglamentaria. El 27 de abril, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, Axel Riquelme, un efectivo de la bonaerense del Comando de Patrullas Norte, asesinó a su esposa embarazada y también policía, Natalia Liva, y luego intentó suicidarse. Riquelme le disparó con su arma reglamentaria. Dos días después, otro policía, en Santiago del Estero, quedó preso luego de amenazar de muerte, con el arma reglamentaria, a su pareja y madre de sus tres hijos, y golpearla brutalmente, en su casa del barrio de Villa del Carmen. Un mes antes, el 21 de marzo, el policía de La Rioja Luis Alba, de 27 años, fue detenido por un hecho similar en el barrio Cochangasta, en la capital provincial, tras agredir a su esposa, Jesica Dubany, de 26. En Rosario, un suboficial de la policía asesinó a su esposa y luego se suicidó: a pesar de que tenía licencia psiquiátrica, nunca le habían retirado el arma, con la que terminó ejecutando el femicidio.” Y resalta: “Los casos se repiten y ponen en primer plano otra cara de la problemática de la violencia contra las mujeres: cuando los agresores son miembros de fuerzas armadas o de seguridad y ejercen violencia machista y hasta asesinan a su pareja, con el arma que les provee el propio Estado.”

En la nota también se hace mención a un extracto del informe anual 2016, próximo a publicarse, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En el capítulo en el que aborda la violencia institucional desde una perspectiva de género se advierte: “Las fuerzas de seguridad no están exentas de una cultura patriarcal en cuyo extremo se ejerce una violencia expresiva, con efectos disciplinadores. Sin embargo el propio carácter jerárquico de la fuerza, la permanente portación de armas de fuego, los altos niveles de impunidad político-jurídica del accionar policial, el privilegio de la fuerza física y determinadas destrezas por sobre otra forma de resolución de conflictos, los hechos de violencia laboral y sexual de los que fueron víctimas funcionarias policiales, los casos de femicidios en los que fueron policías los ejecutores, requieren de políticas específicas y comprometidas que tengan en cuenta los elementos institucionales que contribuyen a su prevención o a su incremento” y consideran necesario que “se registren y hagan públicos los casos de femicidios, lesiones y acoso por parte de agentes de seguridad”. Iniciativa que comparto.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos través de diferentes fallos y resoluciones, ha sentado los principios básicos sobre los que deben versar las “buenas prácticas”, en el tratamiento de cuestiones de género, siendo la mujer, un sujeto vulnerable, que merece protección. De ahí que la capacitación de los operadores intervinientes resulte un instrumento fundamental a la hora del reconocimiento y defensa de sus derechos.

Se indican a continuación algunos fallos y resoluciones en el sentido referenciado: “Kontrovà c. Eslovaquia (demanda n° 7510/04). (31.5.2007)”, “Bevacqua y S. c. Bulgaria (demanda n° 71127/01) (12.6.2008)”, “Branko Tomašić y otros c. Croacia (n° 46598/06)”. “Opuz c. Turquía (n° 33401/02). (9.6.2009)”, entre otros.

Las agresiones de las que son víctima las mujeres, no sólo tiene su origen en el acto concreto del atacante, sino también en la ineficacia o inacción institucional, donde la falta de procedimientos adecuados, prácticas que no son acordes al respeto de los derechos humanos, garantías procesales, integridad psicofísica, o al respeto a la vida privada y familiar, agravan aún más la situación de violencia padecida por las mujeres.

Estas situaciones se ven aún más agravadas en casos como los indicados en los que la violencia además proviene de una persona con “atribuciones específicas en el ámbito de

la seguridad”, munido de herramientas especiales de orden profesional para ejercer actos de coerción. En estas circunstancias, el Estado, en atención al principio de responsabilidad sobre sus agentes o funcionarios, y los elementos que se ponen bajo su guarda, resulta doblemente responsable por actos ejercidos en el ámbito familiar.

Fortalecer la democracia implica erradicar una cultura patriarcal que naturaliza la violencia machista; y promover el ejercicio pleno de los derechos por parte de las mujeres.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares de la Honorable Cámara acompañen el presente proyecto de resolución.-