El repudio a la violación de los derechos humanos expresado en las ilegales detenciones de cinco dirigentes de la Unión de Gremios Estatales y Jubilados de Tierra del Fuego que se encuentran enfrentando hace más de dos meses con paros y acampes el paquete de leyes de ajuste de la gobernadora del Frente para la Victoria, Rosana Bertone.

Solicitar el freno del pedido de exoneraciones que pesan sobre los 17 compañeros docentes, agremiados en el SUTEF, y del pedido del gobierno de la exclusión de la tutela sindical, los cuales constituyen un atropello a las garantías constitucionales y una violación de los derechos gremiales adquiridos.

Exigir el cierre de las causas abiertas y el cese de persecución contra los dirigentes sindicales y sus familias de Roberto Camacho, secretario adjunto de la CTA autónoma de Tierra del Fuego; Horacio Gallegos, secretario de organización del SOEM; José Gómez, secretario general de AFEP; Juan Manuel Stefoni, del ASEOM, Alejandro Gómez, secretario de organización del SUTEF, Horacio Catena, secretario general de la CTA Autónoma y del SUTEF, Antonio Delgado, secretario General de ASEOM, Marcela Zas, secretaria general del SUTEF (Ushuaia), Sandra Esperom, secretaria general del SOEM, entre muchos otros dirigentes sindicales, entendiendo que las mismas se enmarcan en una política de criminalización de la protesta social. La nómina se amplía a 77 dirigentes, según fuentes judiciales.

Solicitar el cese de persecución contra el conjunto de trabajadores que participan de las medidas llevadas adelante por la Unión de Gremios Estatales y Jubilados (paros, asambleas, acampes y movilizaciones) desde hace dos meses.

Repudiar el decreto 633/16 que plantea como objeto la apertura de sumarios sobre los trabajadores que se encuentran acampando frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego.

Señor presidente:

Entre las tres y cinco de la madrugada del día 3 de mayo de 2016, cinco dirigentes sindicales, miembros de la Unión de Gremios Estatales y Jubilados de Tierra del Fuego, Roberto Camacho, secretario adjunto de la CTA autónoma de Tierra del Fuego; Horacio Gallegos, secretario de organización del SOEM; José Gómez, secretario general de AFEP; Juan Manuel Stefoni, del ASEOM y Alejandro Gómez, secretario de organización del SUTEF, fueron detenidos en un procedimiento absolutamente irregular e ilegal.

Las detenciones se llevaron adelante irrumpiendo en los domicilios de los trabajadores y referentes sindicales con una violencia inusitada, al punto de infligir daños físicos contra familiares de los detenidos, como sucedió con el padre de José Gómez, a quien tiraron al piso, golpeándole la cara, y dejándolo semidesnudo tirado en el suelo, siendo una persona mayor.

Unas horas después de realizado un acto-homenaje a los caídos en el Crucero General Belgrano, donde un grupo de trabajadores se acercó al vicegobernador de la provincia y lo interpeló pidiéndole respuestas a las demandas de la Unión de Gremios, en la madrugada del 3 de mayo la Justicia, que actúa a cuenta y orden de la gobernación de la provincia, procedió a una caza de brujas sobre los domicilios de los dirigentes sindicales, allanando sus hogares y llevándoselos presos. Las imputaciones contra estos dirigentes no resisten el menor análisis. Los acusan de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones daños y robo”.

Es preciso señalar que el juez a cargo de la causa, Javier de Gama Soler, está imputado junto al ex juez Galeano en la causa AMIA y es quien llevó adelante el juicio que condenó a los 17 docentes del SUTEF. Esto muestra el montaje falso y persecutorio de los allanamientos y detenciones. Desde el momento de su detención, los referentes sindicales fueron incomunicados por más de 48 horas sin poder establecer contacto con sus abogados.

Esta persecución sindical y criminalización de la protesta forma parte de una seguidilla de ataques contra los trabajadores en lucha. Sin ir más lejos, el pasado 12 de abril se liberó la zona para que una patota sindical de camioneros agrediera físicamente a los manifestantes en las puertas de la planta de combustibles Orión. Como resultado de esta agresión varios trabajadores recibieron heridas, algunas de gravedad, y debieron ser hospitalizados. A través de este proyecto, denunciamos la complicidad de la burocracia del sindicato de Camioneros por actuar como fuerza de choque del gobierno de Bertone.

A esta altura, debemos señalar que estas detenciones ilegales constituyen con claridad un ataque al gran movimiento popular que, a través de piquetes, movilizaciones, paros y acampes frente a la Casa de Gobierno provincial, está enfrentando, desde hace dos meses, el duro paquete de leyes de ajuste, promovido por la gobernadora Rosana Bertone y que fue votado por todos los bloques políticos. Este paquete de ajuste ha impuesto sobre los trabajadores fueguinos reducciones de salario, jubilaciones y pensiones por discapacidad (RUPE), la injerencia del ejecutivo provincial en la caja del IPAUSS, aumentando la edad jubilatoria.

El gobierno provincial, que se ha negado sistemáticamente a cualquier negociación seria con los gremios en lucha, está dispuesto a recurrir a todos los métodos para derrotar la pelea de los trabajadores de Tierra del Fuego que rechazan el ajuste brutal contra sus salarios, condiciones de trabajo y sus jubilaciones. La semana pasada, mediante distintos artilugios se levantó la mesa negociadora. Esta semana el gobierno había invitado de manera irrestricta a todos los gremios a la mesa negociadora, sin embargo cuando la Unión de Gremios intentó entrar al lugar donde se dio cita la reunión se les cuartó la posibilidad de participar, negándoles la entrada. Algunos gremios, en rechazo a la discriminación, se retiraron de la reunión.

Actualmente, los dirigentes sindicales fueron liberados producto de una gran movilización y solidaridad nacional, pero pesan sobre ellos causas judiciales que les han abierto y una serie de prohibiciones que implican una pena anticipada: entre otras, el acercamiento a la gobernadora y vice y otros funcionarios públicos; la restricción de horario para circular en la calle (de 22 horas a 6 horas los dirigentes sindicales deben permanecer obligatoriamente en sus hogares); la prohibición de participar en actos públicos, la restricción de acercamiento a edificios públicos, impidiendo de esta forma desarrollar la tarea sindical o simplemente privando la libertad individual como ciudadanos, como es llevar los hijos/as a los establecimientos educativos.

Además, están en curso un pedido de parte del gobierno provincial de exclusión de la tutela sindical para aplicar exoneraciones sobre 17 compañeros docentes, agremiados en el SUTEF. Y un decreto, número 633/16, que plantea como objeto la apertura de sumarios sobre los trabajadores que se encuentran acampando frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego.

Por todas estas razones solicitamos a los señores diputados/as la aprobación del presente proyecto.