Expresar su preocupación ante el ingreso de la Prefectura Naval Argentina al Complejo Universitario General Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin orden judicial ni solicitud expresa de la autoridad universitaria legítima, circunstancia que se constituye violatoria del Artículo 31 de la Ley de Educación Superior N° 24.521.

Señor presidente:

El pasado 06 de junio de 2017, efectivos de la Prefectura Naval Argentina ingresaron al Complejo Universitario General Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sin una orden judicial ni pedido expreso de las autoridades institucionales, lo que como usted sabe, compone un acto violatorio del artículo 31 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, el cual expresamente afirma que “La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida.”

Efectivamente, los efectivos de prefectura ingresaron de manera sorpresiva, con el objeto de “patrullar” dentro del ámbito jurisdiccional de la UNMdP. En la Plaza de la Memoria del complejo, fueron interceptados por personal de la propia universidad, quienes les informaron que no podían permanecer en dicho establecimiento. Los prefectos aseguraron que estaban allí para “garantizar que estuviera todo en orden”. Llama la atención señor presidente esta afirmación, teniendo en cuenta que no ocurría al momento del ingreso ilegal de los efectivos, alguna circunstancia que hiciera suponer que se alteraría el normal desarrollo de las actividades diarias dentro de la Universidad.

Ante la negativa del personal y luego de un intercambio verbal sostenido, los prefectos se retiraron del complejo, aunque minutos más tarde otros dos efectivos volvieron a ingresar mientras un camión de Prefectura merodeaba por los distintos accesos del predio. Dado lo cual, el personal de la universidad tuvo que volver a pedirles que se retiraran.

No se trató de un hecho de represión ni de violencia. Es evidente. Pero no cabe dudas que el personal de las fuerzas de seguridad nacionales y de las demás jurisdicciones del país, desconocen ampliamente los límites de sus derechos y deberes como funcionarios públicos. Y esto no es una novedad señor Presidente.

Es por ello que todos los sectores políticos debemos expresarnos en preocupación y pedir el inmediato cese de este tipo de acciones que se vuelven cada vez más recurrentes y sistemáticas, cuando vemos que en el último año y medio las distintas fuerzas públicas de distintas jurisdicciones se encuentran actuando en el sentido que aquí consideramos.

Por este hecho se han expresado distintos ámbitos institucionales que forman parte de la UNMdP. Para el centro de estudiantes de humanidades y la Federación Universitaria de Mar del Plata, no se trató de un hecho aislado, sino que forma parte de “distintas violaciones a la autonomía universitaria que se vienen dando en distintas universidades del país”, afirmaron en referencia a los hechos ocurridos en abril en la Universidad Nacional de Jujuy, cuando efectivos policiales ingresaron en la Facultad de Ciencias Agrarias sin orden de allanamiento y detuvieron a dos estudiantes. “Consideramos que lo ocurrido es de altísima gravedad, ya que constituye una grave violación a la ley vigente y significa un peligro a la democracia y a las diversas formas de organización de lxs estudiantes”, afirmaron en un comunicado. También los gremios de docentes y no docentes de la Universidad de Mar del Plata expresaron su preocupación por el incidente.

En fin Señor Presidente, en el último tiempo hemos visto cómo las fuerzas de seguridad pública han protagonizado hechos de violencia y represión dentro y fuera de los ámbitos educativos. Ya mencionamos los acontecimientos en la Universidad de Jujuy. A esto se puede agregar los hechos de represión en la instalación de la carpa docente en Capital Federal, o los hechos protagonizados recientemente por la Policía Local y Provincial en una escuela de la Municipalidad de Berisso, Provincia de Buenos Aires, en la que fue violentamente reprimido un joven estudiante secundario de dicho establecimiento.

Además de las instituciones educativas también han ocurrido hechos de esta naturaleza en otros ámbitos y circunstancia sociales. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimiendo la marcha de mujeres del 8 de marzo de 2017 junto a la Policía Federal, la Policía Bonaerense reprimiendo a los trabajadores de la Línea Este de colectivos en La Plata en octubre de 2016, Gendarmería Nacional reprimiendo una murga de niños en el Bajo Flores de Ciudad de Buenos Aires en enero de 2016 o a los trabajadores de Cresta Roja en diciembre de 2015, son sólo algunos de los casos de represión durante el gobierno de la Alianza Cambiemos en diversos puntos del territorio nacional.

Es por ello que atendiendo a nuestras responsabilidades como legisladores y legisladoras elegidas por el voto popular, consideramos de vital importancia que esta cámara se exprese en preocupación ante la sistematicidad y recurrencia de este accionar que pone en peligro los principios democráticos del Estado Nacional.

En tal sentido, pido a mis colegas diputados y diputadas de la Nación, que me acompañen en este proyecto de Resolución.