Dirigirse al Poder Ejecutivo a los efectos de solicitarle a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich informe sobre:

- Fundamente las razones de la violenta represión y persecución a los manifestantes de las organizaciones sociales enroladas en el “Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala” durante la jornada del 28 de junio de 2017 frente al Ministerio de Desarrollo Social.

- Detallar las políticas y el fundamento legal que permitió la violencia contra las personas amparadas por el derecho a la protesta.

- Fundamentar las razones por las cuales fuerzas de seguridad de civil se encontraron presentes en el hecho y actuaron reprimiendo y apresando a los manifestantes. Realizando un servicio de inteligencia antes de la represión y una vez finalizado y desconcentrados los manifestantes.

- Especificar si se actuó bajo el paradigma del “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” avalando la presencia de efectivos de infantería y fuerzas de seguridad en condición de civil golpeando, persiguiendo y estigmatizando a los dirigentes y militantes de organizaciones sociales, en este caso del “Frente por el Trabajo y la Dignidad Milagro Sala”.

- Especificar las acciones y el amparo legal utilizado por el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Patricia Bullrich quien ejerce la conducción política del esfuerzo nacional de policía (conforme artículo 8 de la ley 24.059), que termino con la detención de 8 (ocho) personas, 2 (dos) menores y 6 (seis) mayores.

Señor presidente:

Sr. Presidente el presente proyecto expresa la necesidad imperiosa de explicar la situación de violenta represión, persecución y estigmatización política realizada durante la jornada de ayer 28 de junio de 2017 en la 9 de Julio y Av. Belgrano frente al Ministerio de Desarrollo Social contra manifestantes de distintas organizaciones sociales por parte de las fuerzas de seguridad.

Las organizaciones sociales son aquellas quienes sostienen los reclamos políticos, sociales y económicos de los sectores más empobrecidos de nuestro país, buscando mediante el diálogo institucional con el Estado Nacional, mejorar sus condiciones de vida. Bajo un gobierno democrático es el Estado quien debe garantizar el derecho a la vida, la libertad y la integridad de las personas, el derecho a un nivel de vida adecuado, y el derecho a manifestarse.

Basándonos en el Protocolo de Acción de las Fuerzas de Seguridad: “Tanto las FFSS federales, provinciales, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus respectivas jurisdicciones, deben garantizar la libre circulación de personas y bienes – sea en calles, avenidas, autopistas, rutas nacionales, corredores de transporte público y de los principales accesos y avenidas centrales de los ejidos urbanos y rurales – dicha numeración es ejemplificativa y no taxativa, disponiendo con criterio objetivo la táctica a utilizar, con atención preferencial de personas que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad”, durante la jornada del 28 de Junio no se realizó el cuidado de las personas, donde dos menores resultaron apresados y heridos y seis mayores sufrieron las mismas consecuencias.

Los hechos perpetrados contra los manifestantes no fueron menores y se prolongaron durante un compendio de horas donde las Fuerzas de Seguridad actuaron con brutal violencia. Una vez finalizada la represión y la desconcentración la persecución y la violencia continuaron. De esta manera y si utilizamos el presente Protocolo, el accionar va en contra de la presente norma: “El uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa”. El concepto mínimo posible no es respetado.

Por último, nada especifica el presente Protocolo bajo el cual autoridades y representantes del gobierno de turno, diputados y ministros, han utilizado para defender el paradigma represivo contra el derecho a manifestarse, sobre la actuación de Fuerzas de Seguridad “encubiertas” o de “civil” para controlar, encauzar o dialogar, y accionar mediante el uso de la violencia, contra manifestantes o dirigentes de las organizaciones sociales.

Habida cuenta del Plan de Infraestructura previsto por el Ministerio de Desarrollo Social para la construcción de viviendas para las familias de ingresos bajos, y la no ejecución del mismo hace 1 (un) año y medio, las organizaciones sociales se manifestaron de manera adecuada para recibir una respuesta. El mismo brindaría el trabajo a 40.000 (cuarenta mil) cooperativistas. Hace 17 meses los comedores de las localidades más pobres del conurbano se han incrementado, y la situación económica y alimentaria de las familias cada día es más difícil.

Mientras 18 integrantes de las organizaciones sociales llevaban adelante el diálogo institucional con el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, el gobierno nacional es partícipe del inicio de la represión contra los manifestantes que aguardaban en las puertas del Ministerio.

La violenta represión deja 8 manifestantes apresados. Dos de los mismos eran menores de edad (Alberto Rodriguez de 14 años y Ulises Coria de 17 años de edad), demorados en el Instituto Inchausti; mientras que los otros seis mayores fueron acusados de intimidación pública y resistencia a la autoridad, causa a cargo del juez federal Sergio Torres y la fiscal Alejandra Magnano. Tres personas: Clara Alarcon, Brian Antoni, Marcelo Barrera, resultaron heridas con balas de goma y debieron ser atendidas en el hospital Finocchieto. Mientras que una cuarta fue internada en el Hospital Argerich por sus heridas graves.

Durante la jornada del 28 de Junio, el gobierno nacional ha realizado un megaoperativo con fuerzas de seguridad, infantería, y la división de operaciones urbanas de contención y actividades deportivas (DUOCAD). Se utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma, efectivos de infantería, motos, camionetas y camiones hidrantes. Con mucha preocupación para la ciudadanía en general y para la protesta pacífica de las organizaciones sociales, políticas y gremiales, durante la represión participaron decenas de policías de civil que “marcaron”, golpearon y persiguieron una vez finalizado el hecho, a los manifestantes.