Expresar preocupación y repudio por la continuidad en su cargo de Secretario Académico de la Policía Local de Lanús del Juez Rubén Baca (titular del Juzgado correccional número 5 de Lomas de Zamora), quien fuera denunciado en el corriente año por la Fiscalía General ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense por obstruir las investigaciones que la Fiscalía 9 especializada en Trata de Personas realizaba en prostíbulos en el Partido de Lanús

Señor presidente:

Traemos a consideración el presente proyecto de resolución debido a la altísima preocupación que tenemos por la continuidad en su cargo de Secretario Académico de la Policía Local de Lanús del Juez Rubén Baca (titular del Juzgado correccional número 5 de Lomas de Zamora), quien fuera denunciado en el corriente año por la Fiscalía General ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense por obstruir las investigaciones que la Fiscalía 9 especializada en Trata de Personas realizaba en prostíbulos en el Partido de Lanús.

El 20 de enero de 2016 el Secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, anunció las reformas en la Policía Local, y en declaraciones al medio InfoRegión dijo: “Por otro lado, hemos puesto a cargo de la Secretaría Académica al juez Rubén Baca. Es un cargo que se agrega porque queremos que la Escuela tenga prestigio”.

La denuncia que investiga la Dra. Recalde, titula de la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, señala en la foja 6 que el juez "se superpuso en dos investigaciones Penales Preparatorias en curso iniciadas con antelación a su injerencia y de modo tal que, con su entrada en escena, ha tenido entidad como para condicionar negativamente el éxito de las pesquisas penales anteriores y ajenas".

También se indica que "el carácter de negativos de los allanamientos del Juez Baca impresionan como tendientes a advertir a los sospechados que el ojo de la justicia estaba puesto sobre ellos". Uno de los puntos que la denuncia señala como de cobertura a los prostíbulos indica que varios de los operativos ordenados por el Juez Baca se hacían por la tarde cuando la actividad "obviamente, en los prostíbulos, era nula".

Además, la denuncia de la Fiscalía General, advierte que "Hubo falsos allanamientos, mismos policías actuantes, un elenco estable, una puesta en escena". Y continúa diciendo que "De esa manera se cumplían las formas para malograr la sustancia". Otro dato que expresa la denuncia es que los allanamientos, que siempre daban negativo, eran ordenados por el juez "a partir de llamados anónimos". Mientras la Fiscalía realizaba las investigaciones preparatorias para realizar allanamientos el juzgado se adelantaba con investigaciones paralelas que arrojaban el resultado negativo.

A partir de estas circunstancias un amplio abanico de organizaciones sociales, estudiantiles, colectivos de mujeres, políticas, sindicales y de la sociedad civil han conformado un espacio común de unidad multisectorial desde el cual hicieron públicas sus preocupaciones a partir del conocimiento del caso. Elaboraron y presentaron un proyecto para que el Honorable Concejo Deliberante de Lanús solicite un pedido de informe sobre la situación de la denuncia hacia el Juez Rubén Baca y su rol en la Policía Local. Lamentablemente la propuesta no prospero y añade aun mas preocupación acerca de la respuesta política que el gobierno municipal ofrece ante la delicada situación.

En nuestro país, al carecer de estudios en profundidad, registros oficiales globales, estadísticas e informes cualitativos que permitan caracterizar la trata de personas, los datos disponibles han sido construidos, mayormente, a partir de casos aislados y puntuales. Lo mismo ocurre con la información sobre casos judicializados anteriores y posteriores a la sanción, en el 2008, de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas”. Tales circunstancias traen aparejadas numerosas dificultades al momento de conocer, prevenir y castigar el delito.

Según la información con que cuenta la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde la sanción de la Ley Nacional N° 26.364, en abril de 2008, hasta diciembre de 2011 se rescataron 2.753 víctimas (402 menores y 2.351 mayores de edad). Por consiguiente, el 80% fueron mayores y el 20% menores de edad. Esa distribución porcentual entre víctimas mayores y menores de edad se mantuvo cada año. Otro organismo gubernamental, la Procuración General de la Nación (PGN), comunicó en su “Informe Anual de2009”, que el Norte Argentino se presenta como la región de mayor captación o reclutamiento de personas (en su gran mayoría mujeres) con fines de explotación sexual; constituyéndose, a su vez, en área de paso o transporte de personas (principalmente hombres) destinadas a la explotación laboral. Por otra parte, la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación Argentina, en su “Informe anual 2010” estableció que durante ese año se iniciaron 107 Investigaciones Preliminares (en el período del Informe 2009 se iniciaron 102 investigaciones Preliminares) y 61 Expedientes de Colaboración en causas judiciales (en el período del Informe 2009 se iniciaron 48 Expedientes de Colaboración).

El accionar de Rubén Baca viene siendo investigado desde fines de 2014, advirtiéndose en la denuncia el modus operandi entre los oficiales de la policía y el Juez. Es inadmisible que una persona con una denuncia de semejante magnitud cumpla funciones de formación académica para una fuerza de seguridad.

A un año de las jornadas por Ni Una Menos y por las razones expuestas solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de resolución.